La poca memòria i la incoherència d'alguns periodistes

La sessió de constitució de la Mesa del Congrés dels Diputats ha comportat comentaris de tot tipus: des dels què s'han limitat a traslladar a futurs pactes de govern els pactes per a elegir als membres de la Mesa, fins als què s'han distret amb els pèls i les xaquetes d'alguns diputats.

Però si alguna cosa m'ha xocat, eixa és la coincidència entre l'editorial que El País i El Mundo li han dedicat, quasi íntegrament, a Podemos («El show de Podemos» i «Reformar el Congreso sin convertirlo en un espectáculo»); resulta curiós, per a començar, que el director d'El País critique que Podemos presentara a una candidata pròpia a presidir la Mesa del Congrés. ¿La raó per a criticar eixa iniciativa? Després de criticar també el discurs d'Íñigo Errejón per considerar que el canvi en les majories del Congrés pot suposar un abans i un després per a la democràcia espanyola (per al director d'El País lo veritablement important era incorporar-se al mateix Parlament on també van estar Dolores Ibárruri o Rafael Alberti), trobem a l'editorial este raonament:

«¿Era realmente necesario obstaculizar la elección de Patxi López como presidente, por el procedimiento de presentar a una candidata propia, Carolina Bescansa? Evidentemente no tenía posibilidad alguna de prosperar, y sin embargo se empeñaron en hacerlo como parte del juego para la galería.»

I és que per als directors d'El País i d'El Mundo tot formava part d'un show televisiu, doncs els de Podemos (tots) confonen el Congrés amb un plató de televisió; haurem de suposar que els propis Dolores Ibárruri o Rafael Alberti que cita el director d'El País formaven part d'un altre show allà a 1977, quan el seu partit va presentar a un candidat a presidir la Mesa del Congrés que tampoc tenia possibilitat alguna de prosperar. Com el candidat presentat en aquella primera legislatura per Felipe González i Alfonso Guerra:

Este show s'ha anat repetint durant tota la nostra democràcia: a 1979 es van apuntar al show de presentar candidats sense possibilitat alguna de prosperar personatges tan televisius com Felipe González (per segona vegada consecutiva), Santiago Carrillo o Fernando Abril Martorell, a més dels diputats d'Herri Batasuna (¡si açò ho lligen Marhuenda o Federico ja tenim mantra per a tota la legislatura!). A 1986 també es va apuntar al show (a més dels sempre reincidents comunistes) Manuel Fraga Iribarne (que va presentar a Isabel Tocino per a presidir la Mesa i només es va votar ella mateixa); a 1989 ja va participar en el show també el nou PP de José María Aznar, que també va repetir a 1993 presentant a Federico Trillo («¡manda huevos!», que diria ell mateix una legislatura després, quan Felipe González va tornar a entrar en el show de presentar a candidats sense possibilitat alguna de prosperar per tercera vegada).

Potser no estiguera de més recordar-li al director d'El País que, més recentment (a 2008), el nostre President en funcions (este sí molt donat als televisors de plasma) també va formar part d'este show presentant com a candidata per a presidir la Mesa del Congrés a Ana María Pastor.

També crida l'atenció, ara per part del director d'El Mundo, que acabe l'editorial demanant una regeneració del Parlament, però seguint els actuals usos i costums del parlamentarisme (que tots sabem quins són fins ara, com molt bé s'encarrega de recordar ell mateix).

Van exigir al 15-M que es presentara a les eleccions, i ho han fet; ara volen que fagen una política distinta, però per a què tot seguisca igual. I, mentrestant, nosaltres parlant d'una mare que duu al seu fill a la feina.

La izquierda indigente

Hay comentarios que se pueden ignorar, otros que molestan, otros que indignan y, finalmente, hay algunos que aterran. La entrevista que Jordi Évole le hizo a José Antonio López Casas en el programa Salvados del día de la Inmaculada (08/12/2013) contiene algunos comentarios pertenecientes a la última categoría, entre ellos el referido (en un tono especialmente despectivo) a la "izquierda indigente" que afirma que la liberalizadora Ley del Suelo de 1998 es la principal responsable de la quiebra de algunas autopistas, entre ellas las dos que tiene concedidas la empresa Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. (las radiales R-3 y R-5), a quien representaba el Sr. López Casas, en calidad de Director General, en la citada entrevista.

«Eso [relacionar el sobrecoste de las expropiaciones con la Ley del Suelo de 1998] es algo que tiene mucha venta en determinados ámbitos culturales indigentes de la izquierda, pero es mentira. Está aquí explicado [le muestra un documento a Jordi Évole, que le pregunta sobre lo que acaba de decir]. Sí, la izquierda española, indigente culturalmente, dice que el incremento en el valor de los terrenos viene determinado por una Ley del Suelo del gobierno popular del año 1998; eso es pura, llana y lisamente mentira. Eso han sido decisiones de los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia aquí [en el documento entregado a Jordi Évole] que dice que un metro cuadrado de terreno en la M-40 valía el año 2000 3.000 €; el juez que firma eso, o no sabe de lo que habla o está contribuyendo al incremento del valor de los terrenos y a la especulación.»

Los juzgados y tribunales españoles, efectivamente, han sido los responsables de ese sobrecoste de las expropiaciones; de lo que se olvida el Sr. López Casas es de que los juzgados y tribunales españoles aplican la ley en sus decisiones. Y no sólo sí es la Ley del Suelo de 1998 la que han aplicado a aquellas expropiaciones, sino que esas decisiones han beneficiado sustancialmente a las concesionarias al reinterpretar la literalidad de esa Ley del Suelo, rectificando los expedientes de los jurados provinciales de expropiación elaborados en 2000 (jurados creados por el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, gobernando en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y en la capital de España José María Álvarez del Manzano, por lo que dichos expedientes -que tomaron la Ley del Suelo al pie de la letra y valoraron los terrenos a expropiar como si fuesen urbanizables- difícilmente podrían atribuirse a la izquierda indigente o a algo que se le pudiese parecer).

La Sentencia 6058/2008 del Tribunal Supremo realiza un seguimiento temporal completo del recorrido de aquellos expedientes de expropiación, cuyo sobrecoste es atribuido por el Sr. López Casas a «decisiones de los juzgados y tribunales españoles»; el error de origen (la causa del sobrecoste de las expropiaciones), sin embargo, no puede atribuirse a los juzgados y tribunales españoles (que rebajaron considerablemente los costes de expropiación inicialmente previstos), ni a ninguna interpretación torticera de la Ley del Suelo por parte de la izquierda indigente. El error (lo pongo en cursiva porque el error lo es sólo para las concesionarias de las autopistas) fue aplicar la Ley del Suelo de forma literal para elaborar los expedientes de expropiación, considerando como suelo urbanizable todos los terrenos a expropiar.

Aunque nadie lo diga ahora (y mucho menos lo va a decir el Sr. López Casas), los expedientes de expropiación se realizan siempre con la mínima valoración posible. Incluso, por desgracia demasiado a menudo, por debajo de lo que marca la legislación vigente en cada momento. Quien recurra la valoración ante los tribunales conseguirá el adecuado justiprecio, y quien no recurra se quedará con lo que el órgano de expropiación haya dictado; bajo esta hoja de ruta, muchos (una gran mayoría: ¿quién se mete a litigar contra una administración pública?) propietarios aceptan la dádiva que se le ofrece en el expediente inicial de expropiación. Sólo algunos (normalmente empresas y muy pocos particulares) recurren y consiguen una valoración ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia.

Pero en el caso de las radiales madrileñas ocurrió justo lo contrario: el jurado de expropiación (compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un arquitecto de Hacienda y un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana) realizó las valoraciones aplicando el máximo valor posible a todos los terrenos. Los propietarios (que vieron cómo sus suelos agrícolas eran considerados como urbanizables) no tenían que recurrir para obtener un mayor precio: ya se lo había otorgado el jurado de expropiación al aplicar literalmente la Ley del Suelo de 1998, que relegaba el suelo no urbanizable, exclusivamente y de forma subsidiaria (artículo 9), a aquéllos terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial" (es decir, que si no gozaban de un régimen especial de protección debían considerarse urbanizables).

Aquella interpretación de la Ley del Suelo de 1998 provocó una apresurada y atropellada modificación urgente del citado artículo 9 a través del Real Decreto Legislativo 4/2000, aprobado mientras se constituían los jurados provinciales de expropiación y que introdujo un nuevo párrafo que fue declarado inconstitucional, siendo modificado de nuevo por la Ley 10/2003. Baste indicar que el Tribunal Supremo tuvo que recurrir a la exposición de motivos de esta última Ley (de 2003) para reinterpretar la literalidad (beneficiándose de esa reinterpretación las propias concesionarias hoy en quiebra) de ese artículo 9 de la Ley de 1998, tal y como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia enlazada:

"La exposición de motivos de dicha Ley expresa que, para incrementar la oferta del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los productos inmobiliarios, se persigue «la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable», exigiendo, en la redacción que finalmente da al artículo 9, apartado 2, que el criterio clasificador de la inadecuación para el desarrollo urbano se sustente en el «imperativo del principio de utilización de los recursos naturales» o en «criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa» sectorial."

Estaríamos ahora en disposición de preguntarnos quién es en realidad el indigente cultural, pero la ocasión y la osadía de López Casas bien merecen que ahondemos un poco más en este jugoso plato.

Las decisiones judiciales beneficiaron a la empresa del Sr. López Casas

Las concesionarias (entre ellas Accesos de Madrid, que obtuvo la concesión en 1999, ya con la Ley del Suelo aprobada) se vieron ante la tesitura de admitir sin más ese sobrecoste (en la sentencia enlazada, el jurado provincial de expropiación valora el suelo agrícola a expropiar en 48,21 €/m²) o recurrir todos y cada uno de los expedientes en base al precio que considerasen correcto (en el caso de la sentencia, la concesionaria consideraba que éste estaba entre 0,9 €/m² y 1,67 €/m²); y como era de esperar, los tribunales tuvieron que revisar todos los expedientes, puesto que las concesionarias los recurrieron todos.

Pues bien, los tribunales (que iniciaron los procesos de revisión a partir de 2003) rebajaron considerablemente las valoraciones iniciales de los jurados de expropiación (que empezaron a modificar también sus propios criterios ese mismo año), pasando de considerar los terrenos como urbanizables a considerarlos de acuerdo con la normativa urbanística vigente al iniciarse los expedientes de expropiación; según se indica en el caso de la sentencia enlazada, el propio jurado de expropiación rebajó la valoración de otras fincas similares a aquélla a 11,25 €/m² a partir de diciembre de 2003, aplicando al suelo rústico las expectativas de revalorización (por su afectación por las radiales y por su cercanía a zonas ya urbanas) incluidas en el artículo 26 de (otra vez) la Ley del Suelo de 1998.

Podemos preguntarnos de nuevo por la indigencia cultural del Sr. López Casas, pero insistiremos un poco más en este jugoso asunto de la liberalización del suelo y de sus consecuencias.

La liberalización del suelo como falsa lucha contra la especulación

La Ley del Suelo anterior (de 1990/1992) eliminó esas valoraciones a futuro (expectativas) para evitar la especulación; las expropiaciones se realizaban por el precio del terreno expropiado en el momento de la expropiación. Habrá quien afirme (como hizo Francisco Álvarez Cascos en Salvados unos minutos antes de la entrevista al Sr. López Casas) que esas valoraciones a futuro (como el resto de la Ley del Suelo de 1998) se introdujeron para combatir la especulación; las evidencias afirman todo lo contrario (¿o hay quien niega aún hoy la especulación inmobiliaria que nos ha llevado hasta donde estamos?), pero la ideología neoliberal no parece estar dispuesta a renunciar a sus dogmas. Tal vez la indigencia cultural haya que buscarla mucho más lejos de la izquierda de lo que el Sr. López Casas pretende ubicarla.

La predicada muerte de las derechas y de las izquierdas ha resultado ser una simple forma de eliminar a éstas para erigir como único dogma al de aquéllas, ahora rebautizadas bajo el más amable término de "liberalismo" (se apropian ya hasta de los términos progesistas), puesto que "conservadurismo" se les está quedando corto y "neonovecentismo" no es una buena marca publicitaria.

De todas formas, podemos dejar las ideologías y los dogmas apartados para ceñirnos a un mero análisis de lógica y de sentido común: los bienes expropiados por una administración lo son para realizar una obra que pueda considerarse de interés general (por ejemplo, una autopista, como es el caso que nos ocupa). El interés particular del propietario de los terrenos expropiados viene determinado por el uso que dicho propietario les esté dando en el momento en el que se pretende realizar la expropiación; si es un campo de secano (como también es el caso), se le debería pagar como campo de secano que es.

A partir de aquí (de ese valor actual del terreno expropiado), podemos introducir todas las correcciones que se nos ocurran en función de si queremos proteger más o menos los intereses particulares de los propietarios expropiados, pero tengamos en cuenta que todas las correcciones que incrementen los valores reales van en detrimento del interés general (las obras de las que se trate incrementarán su coste) y, sobre todo, tengamos muy presente que pueden ser utilizadas para obtener de la administración un valor muy superior al que se pagaría por el terreno expropiado.

Pero lo más sangrante del caso es que ese criterio de las expectativas futuras para incrementar artificialmente el valor de un terreno expropiado se reintrodujo en la Ley del Suelo de 1998 tras las quejas de gran parte del sector de la construcción por haberse restringido en la ley de 1990/1992, a su entender en exceso, la libertad para la explotación económica del suelo.

«El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado).

La nueva Ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos. El Gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguró ayer el ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda». Editorial de El Mundo del 27/03/1998.

Veamos los argumentos de se exponían en el libro de Antón Costas Comesaña publicado por La Caixa en 1997, "Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos", en una apartado destinado específicamente a la construcción:

«El amplio abanico de reglamentaciones y normativas que gobiernan la industria de la construcción en Europa y Japón constituye un excelente ejemplo de la forma en que las restricciones del mercado de productos ahogan la producción. Un crecimiento más rápido de la producción, junto con un aumento más lento de la productividad, dieron como resultado una mayor creación de empleo en Estados Unidos. 

La industria de la construcción está sujeta a numerosas regulaciones relativas al uso del suelo, la calidad de los edificios, la seguridad, los arrendamientos y los impuestos. Por muy deseables que sean estas regulaciones, afectan negativamente al volumen de la construcción, y, por lo tanto, al empleo.

[...] 

Las estrictas reglamentaciones urbanísiticas son la causa básica de este retraso [en el crecimiento de la construcción], en el sentido de que restringen la oferta de suelo comercial y residencial. Ello conduce a precios de suelo más elevados y a altos costes de construcción, que limitan el crecimiento de la producción. Establecer códigos y normas también tiene un impacto negativo sobre la producción, porque incrementa los costes materiales y laborales. Las autoridades europeas y japonesas distorsionan aún más los mercados de viviendas a través del control de los arrendamientos y de incentivos fiscales. 

Para los políticos japoneses y europeos, la implicación es que si el entorno regulador se hace más flexible es probable que aumenten la producción y el empleo en la construcción. Ello introduce la posibilidad de conflictos con objetivos sociales más amplios. Los políticos tendrían que preguntarse cuándo las restricciones sirven al bien público o cuándo simplemente protegen intereses creados».

Este mismo autor, transcurridos los años y con la crisis ya en marcha, acabaría escribiendo algo bien distinto:

«La crisis ha roto lo que creíamos saber en este último cuarto de siglo acerca de cuáles debían ser los respectivos roles de las políticas y los mercados en el gobierno de la economía. [...] A los mercados desregulados se les otorgaba la función de orientar la asignación de los recursos hacia sus usos más eficientes para promover el crecimiento económico sostenido. Se daba por hecho que ese esquema donde la política económica se orientaba a la estabilidad y los mercados a la asignación y el crecimiento, generaría de forma automática empleo y una distribución equitativa de la riqueza.

[...]

La crisis [...] nos enseña que los mercados pueden fallar de forma estrepitosa en su papel de mecanismos eficientes para la asignación de recursos. La burbuja inmobiliaria, con su secuela de elevado endeudamiento del sector privado, es el mejor ejemplo de esa falacia de la eficiencia natural de los mercados» (La torre de la arrogancia, 2012).

Aquel economista defensor de la liberalización del suelo en 1997 se ha convertido hoy en uno de esos indigentes culturales (no sé si de la izquierda, del centro o de la derecha) que tanto molestan al Sr. López Casas.

Las deudas que provocaron el concurso de acreedores de las concesionarias

Recordemos que, según su propio Director General, los principales accionistas de la empresa Accesos de Madrid, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, son cuatro: Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Sus principales deudas son a los bancos (650 millones de euros), a los constructores de las radiales (300 millones de euros) y a los propietarios a los que se les expropiaron sus fincas para construir las autopistas (600 millones).

«No se crea usted que esto lo van a pagar ni los accionistas de Abertis, ni los de ACS, ni los de Sacyr, ni los de Cajamadrid: lo vamos a pagar los españoles.»

Según el propio Director General de Accesos de Madrid, los únicos que han podido cobrar han sido los constructores de las radiales, que fueron ACS, Sacyr, FCC y OHL; además, según las noticias que se dieron en el momento de declarar el concurso de acreedores, de las 30 entidades financieras acreedoras, Bankia actuaba como agente de las demás, de lo que se desprende que este socio es el principal acreedor.

Así pues, tenemos que una parte sustancial de las deudas que han llevado a la quiebra a Accesos de Madrid corresponden a tres de sus cuatro socios y que al menos dos de ellos (tres si tenemos en cuenta que FCC también estuvo en el consejo de administración de Accesos de Madrid hasta marzo de 2010) ya han cobrado al menos 900 de los 1.200 millones de euros que costó (según su Director General) construir las autopistas.

Así pues, los accionistas de Accesos de Madrid no van a pagar "esto", pero sí lo han provocado. ¿Impunidad? ¿Poder? Veamos.

No sabemos con quién estamos hablando

José Antonio López Casas, Director General de Accesos de Madrid y castigador de indigentes culturales y comunistas, figura en los órganos de administración de al menos otras siete empresas concesionarias de otras tantas autopistas (Alazor Inversiones, Autopista del Henares, Infraestructuras y Radiales, Erredosa Infraestructuras, Ciralsa, Autopista Trados 45 y Castellana de Autopistas), además de haber estado también como apoderado de Iberpistas y como consejero de Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española.

Además, es socio único de Doñana de Silva Golf (gestora hasta 2033 del campo de golf de Matalascañas, en Almonte) y participa, cómo no, en empresas del sector inmobiliario como El Olivar de San José (también como socio único) o Domus Taller Inmobiliario y en al menos una empresa de inversiones llamada Taller de Gestión Empresarial.

Es obvio que es un señor importante o que, al menos, se codea con señores importantes. La indigencia (cultural, económica o de cualquier otra clase) ha de buscarla lejos de sus contactos y amistades, o al menos lejos de quienes pueden, como el alcalde popular de Almonte (Huelva), darle de comer con el dinero de los demás (la gestión del campo de golf de Matalascañas incluye seis años de carencia: vista su experiencia empresarial, lo que cabría preguntarse ahora es cómo confía un alcalde a este señor una concesión de veinte años sin hacerle pagar los primeros seis).

Por la supresión del delito de tráfico de influencias

«El acusado PRIM, en su condición de Senador por Castellón y con la finalidad de que no se produjera de nuevo un retraso en la tramitación, remitió en fecha 2 de septiembre de 1999 una carta al Ministro, con membrete del Senado y con el siguiente contenido: 

“Recordarás que el pasado 19 de julio, estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón, Juan Costa y Juan José Ortiz, y hablamos sobre la autorización de un pesticida (la “ABAMECTINA”) por parte de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios a la fábrica de pesticidas de Castellón, denominada “NARANJAX”.

Recordarás, asimismo, que en dicha reunión quedó clara la aprobación de dicho producto para la reunión del 22 de julio pasado, y para el mes de Septiembre la del “Metamidofos” y la del “Foretil-Al”.

Al finalizar el mes de Agosto, he sido informado de que sólo se aprobó en dicha reunión del 22 de julio, la materia activa de la “ABAMECTINA”, y NO el producto comercial preparado por NARANJAX, por lo que sigue dicha firma sin estar legalizada para venderlo. 

¿No se quedó en la reunión mantenida contigo que la “ABAMECTINA” sería aprobada, entendiéndose con ello que sería también el producto comercial de NARANJAX? 

Te solicito que a la mayor brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que he mencionado en este escrito. 

En espera de tus noticias, y agradeciendo tu interés por el tema aprovecho para saludarte muy cordialmente”. 

Dicha carta no fue contestada por el Ministro “ante su carácter poco pertinente”, aunque según Nota Informativa de 7 de septiembre, elaborada por el Jefe de Area de Defensa Vegetal, se interesaba ese mismo día por fax a la Dirección General de Salud Pública la emisión del informe correspondiente a la abamectina técnica y del correspondiente al formulado Abac, al tiempo que el Subdirector General de Medios de Producción Agrícolas informaba por teléfono de todo ello al Senador PRIM, haciéndole especial mención de que la intención de la Administración era siempre la de agilizar al máximo la resolución de los expedientes para recuperar en lo posible los retrasos experimentados. 

El preceptivo y vinculante informe de la Dirección General de Salud Pública se emitió finalmente con fecha 4 de octubre de 1999 y las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado se produjeron con fecha 18 de octubre de 1999». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado primero, páginas 12 y 13).

Esto no es (¡oh, sorpresa!) tráfico de influencias:

«Por lo que respecta a la carta de 2 de septiembre de 1999, no puede considerarse se ejerciera influencia en la terminología del art. 428 CP, si tenemos en cuenta que el Sr. Prim lo que pretendía en realidad era que se resolvieran definitivamente -se diera “luz verde”- las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado en los términos en que ya habían sido aprobadas en la referida Comisión de Evaluación de 14 de julio de 1999, sin que por ello el Ministro Sr. Posada se sintiera presionado, pues, independientemente de que “ante su carácter poco pertinente” cree recordar que no contestó a dicha carta, también indicó que el Sr. Prim “en absoluto” ha tratado de influenciarle o presionarle en relación a los productos de Naranjax (Tomo 34, f. 88). Hemos de recordar en ese sentido que aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a aceleración de expedientes, información sobre datos..., no son constitutivas del expresado delito». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado cuarto, apartado 2, página 44).

Yo juraría que el informe vinculante y las autorizaciones de la sustancia y del producto de Naranjax se produjeron apenas un mes después de la carta del Senador; si para condenar a un político por tráfico de influencias hemos de esperar que el político influenciado sea de otro partido político (para que no se tapen entre ellos: ¿había de afirmar el Sr. Posada que se sintió presionado para considerar tráfico de influencias esa carta de un senador de su propio partido?), podrían eliminar ese delito del código penal y nos quedaríamos igual.

Ciudadanos ejemplares

«Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar; y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón».

Carlos Fabra Carreras es un ciudadano y un político ejemplar para mí; no lo digo yo, no. Lo dijo, ni más ni menos, el actual Presidente del Estado. Era julio de 2008, cuando Mariano Rajoy Brey visitó Castellón para visitar el puerto pesquero y pegarse un atracón con militantes de su partido en el Gran Casino de la ciudad.

En julio de 2009 (parece que el calor no les sienta muy bien a los políticos conservadores), el PP emitió un comunicado en el que afirmaban que Luis Bárcenas era «un ejemplo de profesionalidad y buen hacer». Otro ciudadano ejemplar.

En septiembre de 2010 (parece que a algunos les duran más los efectos del calor veraniego), Esteban González Pons dijo lo mismo del entonces Presidente y candidato a la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una entrevista en Radio Nacional de España.

Con estos referentes de ejemplaridad en el partido que nos gobierna, lo que es milagroso es que aún queden españoles que paguen sus impuestos y que no sean unos chorizos; pero para esos españoles idiotas que no meten mano al primer billete que les pasa por delante también han tenido unas palabras nuestros políticos conservadores:

Tenemos, pues, los políticos que nos merecemos; son los que nos representan como sociedad. Son nuestro fiel reflejo. Son nuestros ciudadanos ejemplares.

Así sea.

La televisión que nos merecemos los valencianos

Cuando el cierre de la Radio Televisión Valenciana se haga efectivo (dicen que para finales de año o incluso puede que para finales de este mes de noviembre), los valencianos tendremos, por fin, la televisión autonómica que nos merecemos: ninguna.

Una sociedad que, mayoritariamente, se guía en sus tradiciones y en sus señas de identidad mirando con envidia y de reojo al norte y buscando temerosamente la aprobación mesetaria del oeste, no se merece tener una televisión pública propia, y menos aún si esa televisión es utilizada no con una función de servicio público, que es para lo que fue creada, sino como un instrumento de propaganda y manipulación del partido político de turno o, lo que es aún más grave, como un medio para ocultar la corrupción y la financiación ilegal de los dirigentes de la Generalitat Valenciana.

Los 1.217 millones de deuda que arrastra RTVV tras una pésima gestión económica desde que Eduardo Zaplana pusiese al frente de esta empresa pública a Juan José Bayona (allá por 1995) y a José Vicente Villaescusa (1996-2004) han sido la causa del cierre definitivo del único medio de comunicación de masas que ofertaba contenidos en valenciano; la excusa, sin embargo (¿cómo va a reconocer un político español, y mucho menos uno valenciano y de derechas, que lo han hecho tan mal que se han visto obligados a cerrar una televisión por su pésima gestión?), no han sido esos 1.200 millones de euros, sino la extraña manía que tienen los trabajadores de reclamar ante la justicia las injusticias impuestas por quienes se creen dueños y señores de su particular taifa autonómica: los responsables, según el Molt Honorable Alberto Fabra, son los 40 millones de euros que costaría readmitir a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente en un ERE que se quería cepillar a más del 60% de la plantilla.

Pero al margen del cierre en sí de esta televisión autonómica, el debate se ha ampliado a la necesidad o no de mantener la maraña de televisiones autonómicas públicas nacidas al albur del "café para todos" de los felices años 80 del siglo pasado; al echar un vistazo al actual panorama televisivo podrían realizarse, no sin falta de razón, las afirmaciones que muchos españoles (unos de forma interesada y otros por mero convencimiento de que sería hoy la mejor opción) hacen sobre las televisiones públicas: deberían cerrarlas todas.

Este debate acerca de la necesidad o no de las televisiones públicas proviene de los círculos neoliberales, ideología predominante entre las clases dirigentes (en las actuales y en las pasadas, aunque antaño tuviera otra denominación): lo público requiere de impuestos, y quienes más tienen suelen tener poca predisposición a facilitar (por obligación, a través de la fiscalidad) la vida de quienes menos tienen. El argumento tiene su atractivo: si existe una oferta suficiente de televisiones privadas, ¿por qué hemos de destinar nuestros impuestos a tener otra televisión más, cuando podríamos destinarlos a sanidad, a pensiones o a educación?

Y si mirásemos al principal conglomerado audiovisual de titularidad pública del país (TVE), que arrastra una deuda de más de 7.500 millones de euros, podríamos coincidir plenamente con ese argumento: si bien TVE pudo tener su justificación hace unos años, hoy, con la entrada y la consolidación de las televisiones privadas, empieza a carecer de sentido y es un lastre para el bolsillo de los españoles (un lastre que se verá notablemente acrecentado con la absurda prohibición, fruto de las presiones de los medios de comunicación privados, de la principal fuente de financiación de una televisión, sea pública o privada: la publicidad; una medida que, en manos de quienes abogan por la privatización de todo lo público, acabará resultando, más pronto o más tarde, en la justificación perfecta para echar el cierre de TVE).

En definitiva, las cuestiones a dilucidar serían si una televisión pública como TVE nos aporta algo a los españoles que no puedan aportarnos las numerosas televisiones privadas que emiten en la actualidad y si merece la pena destinar una parte de nuestros impuestos a ese algo si la primera cuestión es afirmativa; en el caso de TVE, como en el de cualquier otra televisión pública, podríamos responder a la primera cuestión con el derecho a estar informados objetiva e imparcialmente, pero personajes como Urdaci y su C-C-O-O no nos ayudan lo más mínimo a sostener ese argumento: la opinión más generalizada, responda ésta a la realidad o no, es que TVE, como Canal 9 a nivel autonómico, se ha convertido en un instrumento de propaganda política al servicio del partido gobernante. Se nos caería así, de buenas a primeras y por la vía de los hechos, el argumento del derecho a una información objetiva e imparcial.

En una época de crisis como la actual, donde los problemas más acuciantes afectan incluso a la alimentación de los hijos de muchos españoles o a los servicios sanitarios, mentar la cultura, más allá de la que pueda adquirirse en los también afectados centros educativos del país, para argumentar a favor de la necesidad de una televisión pública tampoco resulta fácil: ¿a quién le importan los animales de la sabana africana, los pueblos españoles recónditos o la arquitectura románica si la cuesta de Enero llega hasta Diciembre, si los medicamentos para la tos no los cubre la sanidad pública o si las becas y ayudas al estudio están desapareciendo casi por completo? La cultura y el resto de información que no cubren las televisiones privadas ha dejado de ser, para muchos, un elemento de desarrollo personal e intelectual, pasando a convertirse en un gasto superfluo que podría destinarse a mejorar otros aspectos vitales mucho más prioritarios. Y tampoco aquí podemos hacer nada: si es cuestión de prioridades, la alimentación, la salud y la educación son, sin duda, mucho más importantes que conocer las formas de vida de los aborígenes australianos.

Llegados a esta encrucijada de la línea argumental, ya estamos perfectamente encaminados hacia la dirección privatizadora o liquidadora; no voy a extenderme en los errores argumentales cometidos hasta llegar a este punto, porque en el caso de las televisiones autonómicas (y de la valenciana en particular) hay un argumento que he omitido conscientemente (también lo hacen quienes aplauden el cierre o abogan por la privatización) y que, como se verá, es la principal razón de ser de algunas (no todas) de las televisiones autonómicas que estamos manteniendo en España. Pero sí voy a citar brevemente, aunque sólo sea para que cada cual reflexione hasta qué punto los tiene interiorizados, dos de esos errores argumentales que nos han llevado hasta este punto (considerar como secundario el derecho a una información objetiva e imparcial): falsas dicotomías y confusión malintencionada de términos.

Empezaré por este último error: para eliminar de la ecuación el derecho a la información objetiva e imparcial se opta por la vía del descrédito, confundiendo de forma consciente la gestión de un medio con la necesidad o no de mantenerlo. Es decir, que si un medio de comunicación se gestiona como se ha gestionado Canal 9 (que, por qué no decirlo claramente, ha perdido toda su objetividad y se ha decantado descaradamente hacia una parte), se llega a la conclusión de que ese medio ya no es necesario; se evita de esta forma poner en un aprieto a los gestores, que acaban considerándose una especie de héroes que han intentado mantener el medio a pesar de no ser necesario.

Las falsas dicotomías vienen por otra parte, pero acaban confluyendo en esa confusión malintencionada de los términos; sin una época de crisis como la actual, esas falsas dicotomías habrían provocado seguramente otra reacción muy distinta entre los otros medios de comunicación que ahora han aplaudido el cierre de Canal 9, pero la realidad española de 2013 es la que es y los medios de comunicación han reaccionado como han reaccionado. La elección entre sanidad o información, entre educación o información o entre pensiones e información, argüidas por quien ha decidido cerrar la televisión autonómica valenciana, ponen el derecho a la información en un nivel de inferioridad respecto a otros derechos; es un derecho secundario y, por lo tanto, hemos de elegir entre ese derecho y otros derechos primarios. En definitiva, estamos aceptando que la información objetiva e imparcial, en épocas de crisis económica, deja de ser fundamental para el ciudadano; o, para ser más claros, estamos aceptando que la ignorancia o la información sesgada nos van a ayudar a salir de la crisis.

Pero retomemos el camino (ya teníamos prácticamente decidida la dirección que debíamos tomar) y miremos hacia atrás antes de dar el último paso.

Las tres primeras televisiones autonómicas que emitieron en España fueron la vasca (1982), la catalana (1983) y la gallega (1985); después (a partir de 1989) llegarían todas las demás. Repitamos las tres primeras: vasca, catalana y gallega. Sí, coinciden en singularidades no cubiertas por la hasta entonces única televisión pública española: la oferta de contenidos emitidos en las otras lenguas oficiales de nuestro país.

La televisión autonómica vasca se creó "como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del euskera" (preámbulo de la Ley 5/1982 del País Vasco) y para "la promoción de la Cultura y lengua vasca, estableciendo a efectos de la utilización del euskera, los principios básicos de programación teniendo presente la necesidad de equilibrio a nivel de oferta global de emisiones radiotelevisivas en lengua vasca en la Comunidad Autónoma" (artículo 3.h de la misma Ley); a la televisión autonómica gallega se le encomendó "la misión de servicio público consistente en la promoción, difusión e impulso de la lengua gallega" (artículo 1.1 de la Ley 9/1984 de Galicia).

La emisión de contenidos en las otras lenguas oficiales de España sigue sin cubrirse hoy al margen de aquellas tres televisiones autonómicas públicas; hasta ahora, también Canal 9 suplía esa ausencia. Hay abierta una brecha (lo ha estado siempre) en la línea argumental que nos quiere llevar hasta la privatización o la desaparición de algunas televisiones públicas autonómicas: sigue sin existir esa cobertura por parte de la iniciativa privada. Pero los valencianos somos tan sumamente idiotas que vamos a aplaudir el cierre de Canal 9 y vamos a prohibir, con los mismos argumentos patéticos de siempre, que TV3 pueda emitir en nuestro territorio.

Como reza el título de esta entrada, los valencianos, todos unos artistas en el arte del "mesinfotisme" (que traducido sería algo así como "melarepamplismo"), vamos a tener por fin la televisión (y la lengua va a seguir sus mismos pasos) que nos merecemos: la que nos quieran otorgar las autoridades de la Meseta. Siempre que no sean, por supuesto, las mismas que tienen nuestros vecinos del norte.

200.000 € en negro para el PP de Cospedal

Según Luis Bárcenas (primero verbalmente, ayer documentalmente ante el juez Ruz), Sacyr Vallehermoso aportó al PP 200.000 € para las elecciones de 2007 a cambio de un contrato multimillonario (de más de 6 millones de euros) de una de sus filiales en el Ayuntamiento de Toledo. Según María Dolores de Cospedal, el recibí de esos 200.000 € firmado por parte del gerente del PP de esa ciudad (y aportado ante el juez por Bárcenas) no significa nada: la contabilidad del PP está auditada, sometida al Tribunal de Cuentas y, por supuesto, es completamente legal. Todo en A; blanco nuclear; cualquier documento aportado por Bárcenas "no será la contabilidad del PP porque sólo hay una". La historia contada por Bárcenas es, en definitiva, "disparatada y mentirosa".

La transparencia (la tan manida transparencia) sirve, entre otras cosas, para que los caraduras no tapen sus mangoneos, estafas o delitos con mentiras; mentiras que, por supuesto, no pueden ser comprobadas por nadie ajeno a su secta, partido u organización opaca. Pero María Dolores de Cospedal tiene un problema en este caso: la contabilidad A, la que Cospedal le remite al Tribunal de Cuentas, la que les auditan... fue filtrada hace unos días en la red.

Y las cuentas cuadran o no cuadran. Y en este caso no cuadran. Y no cuadran por mucho.

Bajo el epígrafe Envíos de Tesorería Nacional, en el grupo de cuentas 552, la contabilidad consolidada (es decir, la acumulada de todas sus contabilidades regionales y provinciales) del PP de 2007 nos indica que la provincia de Toledo (cuenta 552038) tuvo unos movimientos ese año con la tesorería nacional de 51.609,00 €. Así consta en la página 69 del tomo 1 de la contabilidad del PP del año 2007 (dentro del agregado "Funcionamiento + Campañas").

La contabilidad oficial del PP distribuye las cuentas en tres niveles: nacional, regional y provincial. No existe el nivel municipal. Así pues, si las cifras de su contabilidad ya hablan por sí solas (las cuentas oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas no recogen esos 200.000 € que se recibieron en la capital de provincia), el hecho de que el receptor de esa suma (el gerente de una sede municipal) esté al margen de los tres niveles estructurales remitidos al Tribunal de Cuentas no hace más que elevar las sospechas sobre una contabilidad oculta y no auditada ni fiscalizada.

Pero no adelantemos acontecimientos; todo podría tener una explicación al margen de la expuesta por un presunto delincuente. Continuemos con la contabilidad oficial del PP.

En la página 119 de ese mismo tomo encontramos la contabilidad consolidada correspondiente a la provincia de Toledo (cuenta 0ZZ01552038), pero esta vez referida sólo al agregado de "Funcionamiento"; con 7.212,00 € cubren esos gastos de funcionamiento, por lo que debemos suponer que los otros 44.397,00 € corresponderán al agregado de "Campañas", algo que podremos comprobar en la página 232 de ese mismo tomo (cuenta 07M01552038), donde se recogen los gastos correspondientes a las elecciones municipales de 2007.

En el tomo 4 de la contabilidad oficial del PP encontraremos las cuentas correspondientes a la sede provincial de Toledo; en la página 135 de ese tomo podemos comprobar que la sede central (cuenta 551000, dentro del grupo 551  -Importes Recibidos de Sedes-) remitió los 51.609,00 € que constan en la contabilidad consolidada (y en la página 148 de ese mismo tomo encontraremos los 44.397,00 € correspondiente a las elecciones municipales de 2007). Efectivamente, cualquier auditor afirmaría, viendo la contabilidad oficial del PP, que las cuentas entre la tesorería de Génova, 13 y la sede provincial de Toledo son correctas.

Sin embargo, en Toledo se recibieron 200.000 € de la sede central (así lo firmó en su día el gerente del PP de la capital de provincia y lo sigue afirmando hoy Bárcenas); pero esos 200.000 € no constan ni como salida en Génova, 13 ni como entrada en Toledo. De haber tenido el auditor (o el Tribunal de Cuentas) ese recibí firmado y entregado hoy al juez, podríamos intuir que su reacción no hubiese sido la de dar por buenas las cuentas del PP para 2007; pero es lo que tiene la contabilidad en B: que no se le muestra ni al auditor ni al Tribunal de Cuentas. Es una contabilidad oculta, oscura, en negro.

Pero mantengamos, de momento, el beneficio de la duda y prosigamos con la contabilidad oficial, por si finalmente encontrásemos algo no recogido en los saldos contables; en el tomo 9 (página 119) encontraremos los 11 movimientos correspondientes a la sede provincial de Toledo. El más importante de ellos tiene lugar al inicio de la campaña electoral por las municipales de 2007, el 26/04/2007: se tranfieren 42.500 € desde Génova, 13 a Toledo. Tras las elecciones, se transfieren otros 1.897 €.

Ni rastro de los 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo; pero sigamos manteniendo cierta prudencia. Comprobemos los movimientos entre Génova, 13 y la sede regional dirigida por María Dolores de Cospedal (página 114 de ese mismo tomo).

El 08/06/2007 (una vez pasadas las elecciones autonómicas) se transfieren 457.105,00 € desde la sede central a la sede regional de Castilla-La Mancha; si observamos la columna de las contrapartidas comprobaremos que hay otras cuentas que podemos consultar. Las transferencias a la sede provincial de Toledo se realizan con cargo (en contrapartida) a la cuenta 572057, que corresponde a una cuenta del Banco Popular (páginas 258 y siguientes del tomo 9), mientras las transferencias a la sede regional de Castilla-La Mancha se realizan desde una cuenta de crédito (la 52007) abierta en Banesto (página 66 del mismo tomo); tratándose de transferencias bancarias, el recibí firmado por el receptor carece por completo de sentido, por lo que tampoco puede argüirse que esos 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo formen parte de los 457.105,00 € transferidos a la sede regional de Castilla-La Mancha.

No existe, por lo tanto, una explicación contable a esos 200.000 € recibidos en 2007 en Toledo; al menos no es así en la contabilidad oficial del PP. Sólo queda una opción: esos 200.000 € se recibieron al margen de los cauces oficiales de pago y contabilización. Eso es lo que se conoce como dinero en negro; y, en el caso de un partido político, es lo que se conoce como financiación ilegal. Digan lo que digan los asesores de comunicación del Partido Popular.

Quedaría por dilucidar la razón por la cual el gerente del PP en Toledo quiso documentar la recepción de esos 200.000 firmando un recibí; en mi opinión -y esto sí es opinión- el celo por justificar todos los ingresos le llevó a documentar incluso los ingresos que no podían justificarse.

Y una última nota: la campaña electoral del PP para las elecciones municipales de 2007 en toda la provincia de Toledo costó oficialmente 44.397,00 €, pero el PP de Toledo recibió 200.000 € adicionales para esa campaña. Si la correlación entre contabilidad oficial y contabilidad en negro es la misma en Toledo que en el resto de España, el PP estaría manejando presupuestos 5,5 veces superiores a los declarados oficialmente; ese mismo año, por ejemplo, el PP declaró unos ingresos oficiales de más de 103 millones de euros. Con una simple regla de tres, las cifras en negro manejadas por el PP ese mismo año (año de elecciones) podrían llegar a ser más que escandalosas: casi 500 millones de euros conseguidos en el mercado negro de capitales. Con estas cifras podríamos entender muchas, muchísimas cosas entorno al funcionamiento y a los recursos del Partido Popular.

De noticias indignantes

Cada día que pasa me cuesta más trabajo escribir algo sensato; la insensatez de las noticias de la vida cotidiana parece que se me está pegando. Empiezo una entrada y, mientras busco información con la que respaldar mis argumentos, me encuentro con un continuo goteo de noticias que me llevan primero a más indignación y, tras una avalancha de más y más noticias en el mismo sentido (recortes económicos, recortes de derechos, corrupción y más corrupción...), me acaban abocando al cabreo. Escribir bajo los efectos de la indignación suele dar como resultado razonamientos de más o menos sentido común; pero escribir cabreado no es una buena idea: la visceralidad no es una buena consejera.

Nuestros amigos los banqueros

Mientras por las calles de nuestras ciudades se ve a la gente, de todas las edades, caminando cabizbajos, a veces incluso aparentemente sin rumbo, las declaraciones que nos llegan de los grandes capitostes del sistema financiero (una de las últimas que he oído, la del presidente de Kutxa Bank, Mario Fernández Pelaz) nos muestran a un sector altivo, cínico, prepotente como nunca. Según Mario Fernández Pelaz, Kutxa Bank ha colaborado en la salvación de los españoles (rescató a una caja -Caja Sur- en quiebra; habrá que darles las gracias por el pastón que pagaron -2.000 millones de euros- para duplicar sus activos -48.800 millones de euros tras la adquisición- y recibir casi 400 millones de euros de ayudas de nuestros impuestos); pero no contento con predicar a los cuatro vientos las bondades de su entidad, se ha atrevido incluso a decir que la sentencia del Tribunal Supremo que considera nulas las cláusulas suelo (las de los demás: las suyas no las van a anular porque no se consideran obligados a anularlas) es «absolutamente desafortunada» y, jurídicamente, es un auténtico dislate. Por suerte, Mario Fernández Pelaz no es juez (porque es parte).

Pero si todo lo anterior debería servir para inhabilitarlo como gestor por estar viviendo al margen de la realidad de sus propios clientes, el ejemplo que ha dado sobre las cláusulas suelo no es que me haya parecido «absolutamente desafortunado», sino que me ha parecido un intento patético -y tal vez efectivo: si algo hemos demostrado los españoles es que nos dejamos engañar mansamente con cualquier argumento superficial si lo pronuncian desde algún altar- de demostrar por la vía de las mentiras su crítica a la sentencia del Tribunal Supremo. Según Mario Fernández Pelaz, resulta que a un español -ya saben todos que el español de a pie es idiota- es más fácil explicarle que va a pagar entre un 2,5% -cláusula suelo- y un 5% -cláusula techo- de interés por su hipoteca que intentar explicarle qué es el EURIBOR o dónde puede encontrar la página 45 de Bloomberg; el ejemplo podría pasar por válido si esas fuesen las condiciones -entre un 2,5% y un 5% de interés- de las hipotecas de los idiotas españoles que adquirieron una vivienda por encima de sus posibilidades. Sólo hay un pero: el tipo de interés máximo que aplicaban nuestros amigos los banqueros -referenciados, por cierto, al EURIBOR publicado en la página 45 de Bloomberg- no era del 5%, sino del 15%; y eso es, entre otras cosas, lo que los hacía susceptibles de ser abusivos.

Aunque tampoco es de extrañar esa altanería y ese cinismo entre nuestros amigos los banqueros si nos atenemos a lo ocurrido con Miguel Blesa, banquero amiguísimo del PP, a quien el Estado, a través de la fiscalía, no dudó en ayudarle a salir de la cárcel para evitarle un mal trago.

La coyuntura educativa está jodida

Pero dejemos comiendo aparte a nuestros amigos los banqueros (a quienes la Fiscalía General del Estado quiere salvar a toda costa) y vayamos a otras cuestiones más cercanas. Las reuniones de final de curso nos devuelven a la realidad de los recortes en la educación de nuestros hijos. Hace dos años había establecido un ratio de 25 niños por aula; el año pasado se colaron hasta 28 niños por aula (las autoridades educativas arguyeron medidas coyunturales -hermanos sin plaza en otros colegios, traslados forzosos por cuestiones laborales de los padres una vez iniciado el curso...-: jamás reconocieron que era una cuestión proveniente de la nueva política de masificación de aulas para reducir profesores); para el año que viene ya nos han anunciado que serán 31 niños por aula (eso a principios de curso: si todo va como este año, una vez iniciado serán 33 ó 34 por nuevas coyunturas desfavorables). Las autoridades educativas siguen arguyendo que se trata de algo coyuntural (otra vez las mismas excusas: hermanos sin plaza, gemelos inseparables...); son 6 niños (ampliables a 8) más por aula en apenas dos años -y estoy hablando de cursos ya iniciados, no de las aulas de los niños que entran por primera vez al colegio-. Como quien no quiere la cosa, llegaremos a los 40 niños por aula el año que viene por cuestiones meramente coyunturales. Las mentiras les salen gratis a nuestros políticos; como a nuestros amigos los banqueros.

En las reuniones de final de curso, padres y profesores compartimos nuestra preocupación por cómo están afectando los recortes educativos en la enseñanza de nuestros hijos y sus alumnos. La última huelga educativa fue la primera que llevé a mis hijos al colegio en día de huelga. Ningún profesor hacía huelga. Ningún padre más quería hacer huelga. Ese día mis hijos recuperaron todo lo que perderán durante los próximos años por las nuevas políticas educativas de masificación y recortes. Estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, qué duda cabe; al menos por la educación que pierden en un día de huelga. Lo que puedan dejar de aprender durante sus próximos diez años con recortes... son problemas coyunturales.

Por curiosidad, intenté comparar la inversión por alumno en distintos países europeos. En 2007, Finlandia invertía 7.100 € por alumno de ESO; España 6.010 €. Intento corroborar los datos en el Ministerio de Educación (informe de 2011, datos de 2007): en España, 7.258 € por alumno de secundaria; en Finlandia 6.509 €. No entiendo nada. Lo intento corroborar en el Banco Mundial, según los datos de la UNESCO: Finlandia invirtió un 30,7% de su PIB per cápita (más alto que en España) en 2007 en educación secundaria; España, un 24,1%. Lo intento trasladar a euros según los datos de renta per cápita de ese año (34.000 € para Finlandia, 23.500 € para España): me salen 10.438 € para Finlandia y 5.663,50 € para España. Sigo sin entender nada. Será un problema coyuntural con los datos. Lo dejo estar para no cabrearme más con el único organismo que afirma que en España invertimos en educación más que Finlandia; lo dice nuestro Ministro estrella con apellido alemán, Wert, que está empeñado en españolizar a los catalanes y en mantener en la inopia a todos los españoles. Amén pues.

Alcaldes metidos en "fregaos"

No es noticia en este país de corruptos que a un alcalde le requiera un juez para que se explique por alguna actuación con clara apariencia de delito; en Castellón, como en el resto de esta comunidad autónoma -con una multitud de políticos imputados en varias causas por haber repartido el dinero público entre sus amigos, familiares y compadres- repleta de caciques políticos que han campado a sus anchas sin que el sistema democrático al que decían servir pudiese (o quisiese) pararles los pies antes de vaciar los bolsillos de sus apesebrados y complacientes administrados, no podíamos ser menos. Y ahí tenemos -como en Alicante y como, seguramente en pocos días, en Valencia- a nuestro alcalde imputado en un caso de corrupción .

Sin embargo, la novedad es que nuestro alcalde ha renunciado (aunque sea temporalmente) a uno de sus cargos políticos; eso sí: ha renunciado al cargo (presidente del Partido Popular en Castellón) del que (salvo que medie algún sobre) no cobra de nuestros impuestos, manteniéndose (como imputado) al frente de la alcaldía (de donde cobra más de 80.000 € al año de nuestro dinero). Y he aquí el futuro de nuestros políticos imputados (de los que se preocupan por lo que podamos decir sus administrados: los hay que lo que digan los demás les trae al pairo): anunciar la renuncia de un cargo menor y seguir llevándose el dinero de todos a su casa.

Así que vayan olvidándose ustedes de una regeneración de la política de nuestro país, porque los políticos ya han encontrado la forma de purgar sus delitos ante sus administrados sin que ello suponga renunciar a vivir de ellos: seguirán llevándose nuestro dinero a sus casas (el que les corresponde y el que no), pero tendrán un cargo al que renunciar. Y saldrá en prensa su renuncia, y los administrados aplaudirán... y el político seguirá metiendo las manos en nuestra caja como si nada hubiese pasado.

¿Y saben lo peor de todo? Que en este país, los políticos creen que sus administrados son idiotas, y la realidad es que es así: los que no son idiotas se lo hacen; y el resto son antisistemas, terroristas y nazis.

El gran problema de nuestra política no son, en definitiva, los políticos, sino los políticos que se creen imprescindibles y los administrados que les hacen creer imprescindibles. ¿O creen que un Castellón sin Alfonso Bataller, una Comunidad Valenciana sin Alberto Fabra o una España sin Mariano Rajoy dejarían de funcionar? Ningún político es imprescindible; deberían recordarlo en voz alta al tomar su cargo y jurar sobre la Constitución. Y deberían recordárselo en cada reunión sus propios compañeros de partido en el momento en que un juez le imputara un delito de corrupción. Este es el primer paso, imprescindible, para acabar con la extendida corrupción política que está afectando a este país.

Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

Por qué las empresas delinquían con las donaciones al PP

La estrategia del partido que nos gobierna es muy clara: Bárcenas, su gerente, era un chanchullero. Hacía y deshacía cuanto quería en las cuentas del Partido Popular sin que nadie en la dirección del partido se preocupara lo más mínimo de si las donaciones anónimas eran o no eran conformes con la normativa sobre financiación de partidos. Es decir, que Bárcenas delinquía a las espaldas de su partido.

Ahora bien, aquí no hay dos partes en conflicto (Bárcenas -un bala perdida- y el partido al que financiaba ilegalmente -el tonto de la película-), sino tres; a esos dos actores hay que añadir el tercero en discordia: las empresas que financiaban al Partido Popular con cantidades consideradas completamente ilegales por superar con creces el límite de 60.000 € que marcaba la Ley para las donaciones.

Y aquí es donde se desmorona toda la estrategia del PP: ¿por qué o para qué las empresas realizaban donaciones ilegales al Partido Popular? ¿Qué tipo de empresarios tenemos en este país que delinquen a conciencia por el mero hecho de delinquir sin obtener nada a cambio? ¿Tenemos dos tontos en la misma película?

Capio Sanidad y las malas lenguas

Me llegó el mes de mayo un correo electrónico con la siguiente imagen adjunta y con el título “Que se sepan las cosas…”:

Hoy en Facebook me ha vuelto a llegar esta misma información, la primera con esta misma imagen y la segunda con una nueva composición, aunque con los mismos datos.

Esto de los mensajes que te llegan a través de algún amigo, compañero de trabajo o conocido no sabes muy bien si tomártelo en serio y reenviarlo, si contrastar primero la información y actuar en consecuencia una vez realizado este contraste o si, directamente, lo mejor es ignorar el mensaje y dedicar el ancho de banda y tu tiempo a otros menesteres mientras esperas que algún medio de comunicación acabe publicándolo (o no, que es lo más habitual); y es que siempre recuerdo el mensaje que recibí el día siguiente a los atentados del 11-M afirmando que el Ministerio del Interior había difundido las caras de los terroristas y que lo enviaban para que, con la colaboración ciudadana, pudiese detenerse a los autores de aquella masacre:

Sea como fuere, en aquel caso contrastar la información no fue demasiado difícil: con entrar en la Web del Ministerio del Interior y comparar el contenido de los terroristas más buscados con las fotografías que me enviaron fue suficiente para comprobar que unos y otros no coincidían (en la Web había rusos, sudamericanos y árabes, además de algunos de los etarras del mensaje con fotografías más actualizadas); algún día llamaré al teléfono o enviaré un mensaje al Club Náutico de Valencia (aun conservo el mensaje), por si el tal Enrique que inició la cadena que me llegó a mí tiene algún detalle más de su origen (el texto del mensaje decía “Me mandan esto: El Ministerio del Interior ha difundido las fotos de miembros activistas de ETA, que muy posiblemente sean los ejecutores de la matanza de esta mañana. Por favor, máxima difusión”, y el título era “Urgente: Fotos de los terroristas del 11 de marzo”).

Pero volvamos a Capio Sanidad. Este caso en concreto me ha chocado porque tiene todas las características de uno de esos bulos que se extiende rápidamente a través de Internet mediante cadenas de mensajes, gracias sobre todo a la escasa simpatía que se les tiene a los personajes a los que se implica; era un tanto escéptico respecto a la veracidad de la información cuando recibí el correo (no logré comprobar ninguna de las relaciones citadas, por lo que no continué la cadena) y hoy he podido comprobar que, efectivamente, el escepticismo estaba justificado.

Pasemos a la exposición de los datos sobre Capio Sanidad y sus relaciones con Rodrigo Rato, con Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla La Mancha) y con Teresa Echániz Salgado (hermana del Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado).

Lo primero que descubrimos es que Capio Sanidad salió en prensa en 2008 cuando varios proveedores se negaron a seguir sirviendo al hospital privado de Valdemoro porque la propietaria del mismo (Capio Sanidad) no les pagaba las facturas; además, incumplió los precontratos firmados con sus trabajadores (les rebajó unilateralmente el sueldo más de un 10% al firmar el contrato) y tuvo que afrontar la salida en bloque de todo el equipo de medicina externa ante el incumplimiento de múltiples promesas a los propios facultativos. A todos estos enemigos de dentro del propio sector cabe añadir que ese hospital privado fue el abanderado de la política sanitaria de gestión privada de Esperanza Aguirre, por lo que los enemigos se amplían también a lo político.

Empiezan a ser demasiados los enemigos como para tomar como cierta cualquier información anónima que aparezca por la red, así que el escepticismo sobre la veracidad de esas supuestas relaciones empresariales empieza a ser claramente predominante.

Un mes después de la anterior aparición en prensa vuelve Capio Sanidad a los periódicos: Esperanza Aguirre adjudicó sin publicidad la atención hospitalaria de la Fundación Jiménez Díaz a Capio Sanidad (hasta entonces  con 200.000 personas en su zona de influencia, que debían ampliarse a 400.000 según un acuerdo que aun no había entrado en vigor en aquella fecha), además de otorgarle la gestión de dos grandes ambulatorios de Madrid y la realización de pruebas diagnósticas que hasta entonces se realizaban con recursos públicos. En esta ocasión nos dan una pista sobre los accionistas de Capio Sanidad: se menciona a un único accionista, se llama Apax Partners y se trata de un fondo de capital riesgo norteamericano; se complica sobremanera la forma de relacionar de forma directa a Rodrigo Rato con Capio Capital, aunque sí podría existir una relación indirecta. Habrá que seguir investigando.

En Diciembre de 2008 hay otra aparición en prensa de Capio Sanidad (en la que se notifica que se ha hecho efectivo uno de los traspasos de gestión que había pendientes); aquí vuelven a citarse a los accionistas de esta empresa sanitaria, pero ahora se afirma que es una multinacional sueca (Citicorp Venture Capital Partners) y que Apax Partners es sólo uno de los varios fondos de inversión propietarios de Capio. Por si quedaba enrevesada la cosa con un fondo de inversión, ahora resulta que son varios. Lo de Rodrigo Rato como accionista se aleja cada vez más de ser una relación en la que el defenestrado Presidente de Bankia pueda tener algún tipo de poder de decisión o que incluso pueda verse sustancialmente recompensado económicamente a través de los dividendos repartidos por Capio Sanidad.

La mejor opción para averiguar los entresijos accionariales de cualquier sociedad cuando la información pública y gratuita no ofrece los datos que esperamos es recurrir al Registro Mercantil, pero ni la cuestión me reconcome tanto la curiosidad como para pagar por saber un poco más, ni me parece muy adecuado para mi bolsillo iniciar una búsqueda en fondos de inversión hasta encontrar alguna relación, por remota que sea, con el Sr. Rodrigo Rato, así que aparcamos de momento la búsqueda accionarial esperando que nos topemos con ella al buscar las otras supuestas relaciones de Capio Sanidad con el PP castellano-manchego.

La decepción de esta primera relación fallida debe llevarnos hacia fuentes de información más directa, así que vayamos a consultar la Web de la propia empresa en busca de algo relativo a las supuestas relaciones directivas de Ignacio López del Hierro y de Teresa Echániz Salgado con Capio Sanidad; en su apartado de Equipos Directivos no encontramos a ninguno de los dos al frente de ninguno de los departamentos de ninguno de los hospitales gestionados por esta empresa, pero en el apartado de Investigación nos remite a la Fundación Jiménez Díaz, una institución que ya conocemos por el traspaso (sin publicidad) de la atención sanitaria que ofrecía ésta a Capio Sanidad; estas operaciones con fundaciones (a quienes se le asignan algunos servicios, que después son traspasados a sus patrocinadores –Capio lo es de esta fundación–) siempre levantan sospechas, aunque finalmente se trate de actuaciones totalmente legales. Pero no es este el cometido de esta entrada, así que lo dejaremos estar (al menos de momento).

Vayamos, pues, a la Web de esa fundación que, al parecer, ofrece los servicios de investigación a su patrocinador; encontraremos aquí también un apartado dedicado a su Estructura de Dirección, pero tampoco allí aparecen ninguno de esos dos nombres. Sin embargo, sí aparece el cargo que se le asigna a Teresa Echániz Salgado (el de Subsecretaria de Investigación), pero la titular es otra: Carmen Ayuso García. Esta directiva de la fundación nos permite consultar su historial, que nos ofrecerá la primera rotunda decepción a esa supuesta relación de Teresa Echániz Salgado con Capio Sanidad: Carmen Ayuso ejerce ese cargo directivo desde octubre de 2004. Mal andamos con la credibilidad de esas supuestas relaciones que nos muestra la imagen si podemos comprobar por nosotros mismos que el cargo coincide, pero la persona no; de todas formas, si indagamos un poco más en el organigrama de la fundación sí comprobaremos que el nombre de Teresa Echániz figura entre las personas contratadas por la misma, aunque con un cargo inferior que no tiene nada que ver con la subdirección que se le asigna en la imagen (es vocal invitada para Gestión de Proyectos y OTRI dentro de la Comisión de Investigación de la fundación), si bien, por el contrario, sí la podemos encontrar ejerciendo de Secretaria de la Junta Directiva. Por desgracia, a Ignacio López del Hierro no lo encontramos por ninguna parte, por lo que no parece que el origen de la información sea la propia la empresa.

Estos errores de bulto son demasiado típicos en opiniones o artículos de prensa que utilizan fuentes que han oído algo al respecto, pero cuyo receptor de la información no puede o no quiere confirmar los datos que se le ofrecen; y, por qué no decirlo también, cuando el receptor de la información no quiere confirmar esos datos suele haber más un interés por el descrédito de las personas citadas por las fuentes que un interés por transmitir una noticia a los lectores.

Y, efectivamente, buscando en fuentes de información alternativas, encontramos dos artículos (uno en Crónica Popular, firmado por un tal Marcel Félix de Andrés, y el otro en ATTAC Castilla La Mancha, firmado por José Andrés Guijarro Ponce) en los que aparecen esos tres nombres y esas tres relaciones, por lo que ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hemos encontrado la información con la que se han creado las imágenes que van rondando por correos electrónicos y redes sociales. Dentro del primero de los dos artículos encontramos el párrafo del delito:

«Entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, actual presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta castellanomanchega y muy aficionado a los lucrativos consejos de administración, reparte sus inversiones en multitud de empresas y, según fuentes consultadas, alguna de  las cuales también gestiona hospitales. Para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad».

Ahí están los tres nombres en un mismo párrafo; en el segundo de los artículos (el de ATTAC) no se indica el cargo de Teresa Echániz, por lo que es algún lector de este artículo quien creó las imágenes. Sin embargo, este texto también nos indica que el autor de las imágenes interpretó el texto de una forma, por decirlo suavemente, bastante peculiar: es conocido que Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, invierte en muchas empresas, e incluso (según algunas fuentes del periodista que firma la noticia) tiene inversiones en alguna empresa que gestiona hospitales. De ahí a asignarle el cargo de gestor de los hospitales de Capio Sanidad hay varios pasos que nos hemos saltado: lo primero, confirmar que, efectivamente, ha invertido en alguna empresa que gestiona algún hospital; lo segundo, confirmar que esa empresa gestora de hospitales opera en alguna ciudad en la que opera Capio Sanidad; y tercero, confirmar que Capio Sanidad le ha nombrado gestor o algún cargo similar (algo que ya hemos comprobado que no es así).

Ya tenemos los datos de dos de los tres nombres: una de las relaciones es cierta con matices y la otra es una interpretación argumentalmente insostenible de una frase que no dice lo que las imágenes virales dicen.

Nos quedaba por encontrar la relación del tercer nombre, y ésta la he encontrado hoy mediante un enlace que me han facilitado al comentar la posibilidad de que una de esas imágenes, que estaban rondando por Facebook, fuese un completo bulo. Se trata de una carta publicada en La Mancha Obrera en enero de este mismo año, así que parece que este es el origen de los otros dos artículos (publicados ambos en abril, primero el de ATTAC y dos días después el de Crónica Popular); encontramos también aquí otro párrafo del delito:

«El grupo empresarial Capio-Sanidad está participado por el grupo de inversores de capital-riesgo CVC Partnerts (Citicorp Venture Capital), en la que tienen un brazo la mayoría de las grandes compañías farmacéuticas a través de CVC-Capio (afirmado a través de FristWord Pharma en septiembre de 2009 como una buena oportunidad de negocio abierta). El capital lo aporta Bankia (Rodrigo Rato, todavía vigente y que suena como ministrable, y Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, exgestor de la sanidad pública madrileña y actual empresario privado del mismo sector, formando parte del Consejo Directivo de Bankia y del grupo Capio) y la CAM, recientemente intervenida y “lo peor de lo peor de las Cajas de Ahorro”, según afirmaciones del Banco de España».

Cuando en ese párrafo se afirma que el capital lo aporta Bankia (asignándole el capital a Rodrigo Rato), no se trata del capital correspondiente a las acciones (las acciones las tiene CVC Partners, como afirma esa carta justo en la frase inmediatamente anterior), sino de la entidad financiera que, junto a la CAM, financian los proyectos de Capio Sanidad; es evidente que ser acreedor de una empresa no es lo mismo que ser accionista, por lo que el primero de los dos autores de los artículos de abril que leyó esta carta (posiblemente José Andrés Guijarro Ponce) realizó otra interpretación igual o más peculiar que la del autor de las imágenes virales que nos han llegado a través de Facebook y del correo electrónico.

No hay, por lo tanto, relación directa entre Rodrigo Rato o María Dolores de Cospedal con Capio Sanidad; sí la hay, no obstante, con el Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, que tiene a su hermana en la Junta Directiva de la Fundación Jiménez Díaz (cuyo promotor es Capio Sanidad); claro, que implicar a un tal José Ignacio Echániz Salgado no hubiese tenido tanto éxito como implicar a los peces gordos de la política española.

Caso resuelto.

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