La democracia sobornada

Leyendo un artículo de Gabriel Albiac en ABC («La corrupción constituyente») sobre la división de poderes y la corrupción, me topé con una ingeniosa frase que define a la perfección la principal característica de cualquier democracia:

«La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto».

Los tres poderes clásicos de la democracia

Inmediatamente, me asaltó una pregunta: ¿qué contrapeso hay hoy a esos poderes que ejercen su influencia (cada vez mayor) al margen de los tres poderes clásicos de la democracia? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante instituciones ajenas como el FMI, que no sólo influyen en ella, sino que incluso pueden ser capaces de hacerla irreconocible? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante esos intereses económicos -supranacionales o mucho más particulares- que tantas veces acaban por someterla? ¿No estaremos ya ante poderes erigidos en absolutos por no haber existido contrapesos que lo evitaran?

Uno de los principales fallos (y así lo argumenta también Gabriel Albiac) que se le achacan a la democracia española es el déficit de independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes; estaríamos así ante un fallo interno del propio sistema achacable a decisiones de los otros dos poderes. El fallo, por lo tanto, sería subsanable con otras decisiones en sentido contrario. Yendo a lo concreto, el fallo está, según estas teorías ampliamente aceptadas en determinados sectores, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; la solución pasaría, por lo tanto, por una simple reforma legislativa.

Con esta simplificación del problema se matan dos pájaros de un tiro: los responsables de la corrupción española son los socialistas (así lo afirma rotundamente el propio Gabriel Albiac: «la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición» tuvo como consecuencia la promulgación de esa Ley Orgánica) y la solución la puede dar el propio sistema actual con una mínima modificación legislativa.

Sin restar importancia a una posible modificación de dicha Ley Orgánica que pudiera dar una mayor independencia al poder judicial (o, mejor dicho, a determinados órganos de dicho poder), no parece que la realidad confirme que la corrupción generalizada que vive nuestro país provenga de una deficiente configuración de ese pilar de la democracia; de hecho, es este poder el que está poniendo a los corruptos de los otros poderes en el lugar que les corresponde. O, lo que es lo mismo, el poder judicial sí cumple su función (controlar que los otros dos poderes se ajusten a la ley) cuando conoce los hechos; lo que sí confirma la realidad, en cambio, es que -además de otras cuestiones- el poder judicial tarda demasiado tiempo en conocer los hechos, y eso es algo que no va a arreglarse con una modificación -ni profunda ni superficial- de una Ley Orgánica.

De los tres poderes del Estado, el verdadero eslabón débil es el poder ejecutivo; no respecto a los otros dos poderes clásicos de la democracia, sino respecto a los poderes ajenos a la misma. Y ahí es donde reside el verdadero problema de la corrupción que está destruyendo al actual sistema democrático: el eslabón débil del sistema puede ejercer de contrapeso respecto a los otros dos poderes, pero ninguno de los tres tiene capacidad (no se le reconoce en la concepción clásica de la democracia) para contrapesar a poderes ajenos al propio sistema. Y la realidad nos demuestra que es ése (el poder ejecutivo, no el poder judicial) el que cede una y otra vez a los factores externos al sistema democrático.

Algunas democracias, tan representativas como la estadounidense (tan en boca de muchos como ejemplo de buen sistema democrático), han acabado por transigir ante esa debilidad y han legalizado e institucionalizado los sobornos empresariales a los poderes ejecutivo y legislativo bajo una definición amplia de la financiación de campañas electorales; lejos de impedir que los sistemas ajenos al democrático puedan manipular y tergiversar la esencia misma de la democracia (la voluntad del pueblo en contraposición a la voluntad de una oligarquía), la solución adoptada por algunas democracias ha sido, simplemente, publicar quién y cuánto ha sobornado a cada político en cada campaña electoral. Es decir: se ha optado por integrar dentro del sistema democrático a otros sistemas que no se rigen por las normas democráticas. En otras palabras: se han introducido agentes externos en un cuerpo sin que ambos sean compatibles entre sí; lo que vendría a ser un virus.

Actual correlación de poderes que influyen en el sistema democrático

Como decía, lo que la realidad nos está demostrando es que la corrupción se produce en la confluencia de dos sistemas que se rigen por normas totalmente distintas y, en muchas ocasiones, incompatibles entre sí; al menos en el ámbito nacional (referido al conjunto de las administraciones de nuestro propio país), son los partidos políticos -consciente o inconscientemente- los que facilitan la transmisión de conductas corruptas hacia los poderes ejecutivo y, en menor medida, legislativo.

La inmensa mayoría de las tramas de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos años han utilizado este sistema para llegar al corazón mismo del poder ejecutivo de ámbito autonómico y nacional; en el ámbito local, en cambio, se han utilizado indistintamente tanto esta vía indirecta para acceder al poder ejecutivo (alcaldes y concejales) como la directa (sin pasar por los partidos políticos).

La rígida estructura de los partidos políticos españoles, que, seguramente por razones históricas, han buscado más la estabilidad interna que la transparencia y la apertura hacia el exterior, ha permitido grandes concentraciones de poder en grupos muy reducidos de personas, que por lo general ejercían (y ejercen todavía) ese poder tanto hacia dentro del partido como hacia fuera (los presidentes o los secretarios generales de PP y de PSOE, respectivamente, han sido habitualmente los candidatos a presidentes o a alcaldes de sus respectivos partidos); al tratarse de grupos tan reducidos, el trasiego de cargos con duplicidad de funciones (en los partidos y en los poderes ejecutivo y legislativo) ha permitido que lo que podrían haber sido -recordemos que la financiación ilegal de los partidos políticos no es ni tan siquiera delito en nuestro país- simples ilícitos económicos de ámbito privado (entre una empresa y otra entidad privada) han acabado deviniendo en auténticos saqueos de las arcas públicas.

La red Gürtel, por ejemplo, empezó organizando actos electorales para el Partido Popular valenciano y acabó recibiendo contratos públicos de la misma Generalitat Valenciana, ampliando sus tentáculos de corrupción hasta Madrid; eso no hubiese sido posible si las mismas personas que contrataron para el PP los servicios de las empresas de la red corrupta no hubiesen sido al mismo tiempo diputados en el Congreso o en las Cortes Valencianas o consejeros y altos cargos de la propia Generalitat.

Esa concentración de poder en grupos reducidos de personas se traduce, una vez iniciadas las prácticas ilícitas, en una traba a la hora de denunciar los hechos y que éstos lleguen al poder judicial; por un lado, los funcionarios que puedan intuir la comisión de cualquier delito prefieren mirar hacia otra parte y conocer cuanto menos mejor de los asuntos turbios de sus superiores, a quienes saben capaces, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad -que se fía antes de los suyos que de un funcionario vividor-, de apartarles de su puesto o incluso de arruinarles la vida si ponen trabas a las actuaciones corruptas. Y, por otra parte, la prensa silenciosa, que ha entrado -por necesidades económicas- en un círculo vicioso que ha llevado a la profesión a ser una de las peor valoradas: los grandes financiadores de los partidos políticos son a su vez los grandes financiadores -a través de la publicidad, principalmente- de las editoriales periodísticas, y morder a quien te da de comer es poco recomendable. Yo mismo he sido testigo de los silencios cómplices de accidentes laborales con resultado de muerte en empresas que financian a radios y periódicos locales: aquel accidente laboral nunca ocurrió. Si incidentes de esta gravedad son ocultados por la prensa, qué no ocultarán los medios cuando conozcan de algún pequeño delito de corrupción en el que esté implicada una empresa que les financia o algún político con influencias sobre dicha empresa (y aquí habría que incluir también a los propios partidos políticos como financiadores: pensemos por un momento qué puede hacer un medio sin los recursos de la Cadena SER ante el boicot del propio Partido Popular tras destapar esa emisora de radio varios asuntos turbios de sus dirigentes).

Amordazados tanto el cuarto poder como la fiscalización de los empleados públicos (a quienes, además, se les quiere eliminar por completo esa función de fiscalización, sólo posible a través de su protección laboral frente a las arbitrariedades interesadas de sus jefes), el conocimiento de posibles delitos por parte del poder judicial se ralentiza considerablemente o, incluso, se anula por completo.

El sistema democrático clásico, como cualquier otro sistema, ha de tomar como base teórica un determinado estado de las cosas que le rodean y que puedan influir en él; llamémosle estado de reposo, estado perfecto o estado ideal. Los actores del sistema (como las partículas y las fuerzas en un sistema físico) interactúan con el sistema, cada cual empujando en una dirección; en ese sistema democrático perfecto, unos actores se anulan a otros, de forma que el resultado final siempre tiende hacia ese estado de reposo (el sistema se ha creado para que así sea). El problema surge cuando el sistema teórico y el sistema real discrepan: es necesario replantearse y mejorar el marco teórico para descubrir y corregir los desequilibrios o hay que aplicar medidas correctoras al sistema real para que vuelva hacia el estado de reposo que, según la teoría, lo hace estable.

El problema actual (y esto es algo normal en sistemas en los que existen factores -filias, fobias, prejuicios, simpatías, sentimientos...- que no pueden determinarse en la implementación teórica) es que las discrepancias entre el marco teórico y la realidad son cada vez más amplias: los sistemas de control y de contrapeso existentes en la teoría actual no parecen ser capaces de cerrar esa brecha que se ha abierto, al tiempo que desde dentro del propio sistema hay muchas reticencias para modificar el marco teórico.

Determinados factores externos al propio sistema democrático, que debían quedar integrados en el mismo según el marco teórico vigente, han conseguido escapar, al menos parcialmente (FMI, paraísos fiscales, globalización financiera...), a las reglas que rigen la democracia; lo que debería ser un subsistema o un subconjunto del sistema democrático ha conseguido -muchas veces con el beneplácito de éste- regirse en parte (una parte cada vez mayor) por otras reglas totalmente distintas, al tiempo que su interacción con la democracia se ha mantenido intacta. Podríamos hablar de la escisión de una parte del marco teórico (para crear otro independiente) que sigue interactuando con la realidad democrática, pero con sus propias reglas; un sistema, en definitiva, intrusivo, puesto que intenta modificar las estructuras internas de los sistemas democráticos para adaptarlas a su propio marco teórico (y éste, por supuesto, no puede ser modificado por ningún otro sistema).

Como decía, ese intrusismo ejercido por el sistema económico está utilizando intensivamente al eslabón débil del sistema democrático (el poder ejecutivo) para conseguir sus fines; la actuación de otro de los poderes (el judicial), pese a la parálisis del tercero (el legislativo, influenciado y anulado en exceso por el ejecutivo a través de los partidos políticos) y al secuestro del cuarto (los medios de comunicación, más interesados hoy en que funcione bien el sistema económico que en que éste se someta a reglas democráticas), será una condición necesaria, pero no suficiente, para corregir las impredecibles consecuencias de la actual corrosión de las estructuras del sistema democrático. Son urgentes (pese a los mensajes contrarios que se lanzan desde el poder ejecutivo y desde los partidos políticos con capacidad para implementarlas) medidas que contrarresten la corrosión interna que puede derrumbar todo el sistema democrático, que sometan a las mismas reglas a todos los actores que interactúan con los sistemas democráticos y, en definitiva, que puedan ejercer efectivamente de contrapeso a las intrusiones de sistemas que pretenden someter las teorías democráticas a las suyas propias.

Y el primer paso (necesario, pero tampoco suficiente) lo han de dar los propios partidos políticos. Deben someterse, sin excepciones, al escrutinio de la realidad y aceptar que sus estructuras deben cambiar radicalmente para no intoxicar al propio sistema. Deben iniciar, en primer lugar, una modificación de sus estructuras internas para hacerlas mucho más transparentes, de forma que sea perfectamente posible no sólo expulsar a quien colabora con la corrosión del sistema, sino también hacer extremadamente fácil la puesta a disposición del poder judicial de toda conducta sospechosa que pueda ser detectada en el seno del propio partido.

Debe cambiar también el concepto de político que hoy predomina en los principales partidos: nadie es imprescindible para llevar a cabo un proyecto político. La rotación de líderes debe entenderse como algo normal, y debería institucionalizarse a través de normas que obliguen a esa rotación para evitar la perpetuación en el poder de grupos reducidos de personas; lo que debería importar a un partido (y a sus líderes y candidatos) es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto político (sea el que sea), no quién lo lleve a buen término.

Otra de las modificaciones urgentes que necesita el sistema es la implementación de un sistema electoral que descarte las actuales listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el político se deba antes a unas siglas que a los ciudadanos que le han votado; aunque esa modificación no eliminaría la corrupción, sí evitaría que unos políticos taparan las corruptelas de otros por la sensación de pertenencia a un grupo cerrado. Si al cometer un acto de dudosa legalidad se deben dar las explicaciones a los votantes, y no a los aparatos de un partido, esas negativas a dimitir que tanto se dan hoy serían mucho más difíciles de justificar.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario implementar los contrapesos necesarios que hagan posible la democratización, o bien de los propios sistemas ajenos al democrático, o bien de la toma de decisiones respecto a asuntos que provienen de esos sistemas; es decir, que todo lo que provenga de sistemas que se rigen por reglas que escapan al sistema democrático debe ser democratizado. Que organismos ajenos al sistema democrático (FMI, mercados financieros desregulados...) tomen decisiones que afecten o puedan afectar directamente al propio sistema, sin que deban responder por dichas decisiones -tengan las consecuencias que tengan- ante nadie, tiene como principal consecuencia que el ciudadano-votante acabe teniendo la sensación (tan real como la que hemos vivido en España estos últimos años) de que votar a un partido político que transige ante estos poderes descontrolados no sirve de nada. Y eso tiene consecuencias gravísimas para el sistema democrático, pues acaba convirtiéndose en una falacia teórica que nada tiene que ver con su aplicación en la vida real.

En definitiva, es urgente y necesario evitar que las injerencias de sistemas externos, regidos por otras reglas completamente distintas -y hasta opuestas- a las del sistema democrático, acaben por convertir la soberanía de las urnas en una simple distracción del pueblo soberano, mientras las decisiones que afectan a ese pueblo se toman en función de la capacidad de soborno -o incluso de extorsión- que puedan tener agentes ajenos a la propia democracia.

La izquierda indigente

Hay comentarios que se pueden ignorar, otros que molestan, otros que indignan y, finalmente, hay algunos que aterran. La entrevista que Jordi Évole le hizo a José Antonio López Casas en el programa Salvados del día de la Inmaculada (08/12/2013) contiene algunos comentarios pertenecientes a la última categoría, entre ellos el referido (en un tono especialmente despectivo) a la "izquierda indigente" que afirma que la liberalizadora Ley del Suelo de 1998 es la principal responsable de la quiebra de algunas autopistas, entre ellas las dos que tiene concedidas la empresa Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. (las radiales R-3 y R-5), a quien representaba el Sr. López Casas, en calidad de Director General, en la citada entrevista.

«Eso [relacionar el sobrecoste de las expropiaciones con la Ley del Suelo de 1998] es algo que tiene mucha venta en determinados ámbitos culturales indigentes de la izquierda, pero es mentira. Está aquí explicado [le muestra un documento a Jordi Évole, que le pregunta sobre lo que acaba de decir]. Sí, la izquierda española, indigente culturalmente, dice que el incremento en el valor de los terrenos viene determinado por una Ley del Suelo del gobierno popular del año 1998; eso es pura, llana y lisamente mentira. Eso han sido decisiones de los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia aquí [en el documento entregado a Jordi Évole] que dice que un metro cuadrado de terreno en la M-40 valía el año 2000 3.000 €; el juez que firma eso, o no sabe de lo que habla o está contribuyendo al incremento del valor de los terrenos y a la especulación.»

Los juzgados y tribunales españoles, efectivamente, han sido los responsables de ese sobrecoste de las expropiaciones; de lo que se olvida el Sr. López Casas es de que los juzgados y tribunales españoles aplican la ley en sus decisiones. Y no sólo sí es la Ley del Suelo de 1998 la que han aplicado a aquellas expropiaciones, sino que esas decisiones han beneficiado sustancialmente a las concesionarias al reinterpretar la literalidad de esa Ley del Suelo, rectificando los expedientes de los jurados provinciales de expropiación elaborados en 2000 (jurados creados por el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, gobernando en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y en la capital de España José María Álvarez del Manzano, por lo que dichos expedientes -que tomaron la Ley del Suelo al pie de la letra y valoraron los terrenos a expropiar como si fuesen urbanizables- difícilmente podrían atribuirse a la izquierda indigente o a algo que se le pudiese parecer).

La Sentencia 6058/2008 del Tribunal Supremo realiza un seguimiento temporal completo del recorrido de aquellos expedientes de expropiación, cuyo sobrecoste es atribuido por el Sr. López Casas a «decisiones de los juzgados y tribunales españoles»; el error de origen (la causa del sobrecoste de las expropiaciones), sin embargo, no puede atribuirse a los juzgados y tribunales españoles (que rebajaron considerablemente los costes de expropiación inicialmente previstos), ni a ninguna interpretación torticera de la Ley del Suelo por parte de la izquierda indigente. El error (lo pongo en cursiva porque el error lo es sólo para las concesionarias de las autopistas) fue aplicar la Ley del Suelo de forma literal para elaborar los expedientes de expropiación, considerando como suelo urbanizable todos los terrenos a expropiar.

Aunque nadie lo diga ahora (y mucho menos lo va a decir el Sr. López Casas), los expedientes de expropiación se realizan siempre con la mínima valoración posible. Incluso, por desgracia demasiado a menudo, por debajo de lo que marca la legislación vigente en cada momento. Quien recurra la valoración ante los tribunales conseguirá el adecuado justiprecio, y quien no recurra se quedará con lo que el órgano de expropiación haya dictado; bajo esta hoja de ruta, muchos (una gran mayoría: ¿quién se mete a litigar contra una administración pública?) propietarios aceptan la dádiva que se le ofrece en el expediente inicial de expropiación. Sólo algunos (normalmente empresas y muy pocos particulares) recurren y consiguen una valoración ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia.

Pero en el caso de las radiales madrileñas ocurrió justo lo contrario: el jurado de expropiación (compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un arquitecto de Hacienda y un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana) realizó las valoraciones aplicando el máximo valor posible a todos los terrenos. Los propietarios (que vieron cómo sus suelos agrícolas eran considerados como urbanizables) no tenían que recurrir para obtener un mayor precio: ya se lo había otorgado el jurado de expropiación al aplicar literalmente la Ley del Suelo de 1998, que relegaba el suelo no urbanizable, exclusivamente y de forma subsidiaria (artículo 9), a aquéllos terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial" (es decir, que si no gozaban de un régimen especial de protección debían considerarse urbanizables).

Aquella interpretación de la Ley del Suelo de 1998 provocó una apresurada y atropellada modificación urgente del citado artículo 9 a través del Real Decreto Legislativo 4/2000, aprobado mientras se constituían los jurados provinciales de expropiación y que introdujo un nuevo párrafo que fue declarado inconstitucional, siendo modificado de nuevo por la Ley 10/2003. Baste indicar que el Tribunal Supremo tuvo que recurrir a la exposición de motivos de esta última Ley (de 2003) para reinterpretar la literalidad (beneficiándose de esa reinterpretación las propias concesionarias hoy en quiebra) de ese artículo 9 de la Ley de 1998, tal y como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia enlazada:

"La exposición de motivos de dicha Ley expresa que, para incrementar la oferta del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los productos inmobiliarios, se persigue «la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable», exigiendo, en la redacción que finalmente da al artículo 9, apartado 2, que el criterio clasificador de la inadecuación para el desarrollo urbano se sustente en el «imperativo del principio de utilización de los recursos naturales» o en «criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa» sectorial."

Estaríamos ahora en disposición de preguntarnos quién es en realidad el indigente cultural, pero la ocasión y la osadía de López Casas bien merecen que ahondemos un poco más en este jugoso plato.

Las decisiones judiciales beneficiaron a la empresa del Sr. López Casas

Las concesionarias (entre ellas Accesos de Madrid, que obtuvo la concesión en 1999, ya con la Ley del Suelo aprobada) se vieron ante la tesitura de admitir sin más ese sobrecoste (en la sentencia enlazada, el jurado provincial de expropiación valora el suelo agrícola a expropiar en 48,21 €/m²) o recurrir todos y cada uno de los expedientes en base al precio que considerasen correcto (en el caso de la sentencia, la concesionaria consideraba que éste estaba entre 0,9 €/m² y 1,67 €/m²); y como era de esperar, los tribunales tuvieron que revisar todos los expedientes, puesto que las concesionarias los recurrieron todos.

Pues bien, los tribunales (que iniciaron los procesos de revisión a partir de 2003) rebajaron considerablemente las valoraciones iniciales de los jurados de expropiación (que empezaron a modificar también sus propios criterios ese mismo año), pasando de considerar los terrenos como urbanizables a considerarlos de acuerdo con la normativa urbanística vigente al iniciarse los expedientes de expropiación; según se indica en el caso de la sentencia enlazada, el propio jurado de expropiación rebajó la valoración de otras fincas similares a aquélla a 11,25 €/m² a partir de diciembre de 2003, aplicando al suelo rústico las expectativas de revalorización (por su afectación por las radiales y por su cercanía a zonas ya urbanas) incluidas en el artículo 26 de (otra vez) la Ley del Suelo de 1998.

Podemos preguntarnos de nuevo por la indigencia cultural del Sr. López Casas, pero insistiremos un poco más en este jugoso asunto de la liberalización del suelo y de sus consecuencias.

La liberalización del suelo como falsa lucha contra la especulación

La Ley del Suelo anterior (de 1990/1992) eliminó esas valoraciones a futuro (expectativas) para evitar la especulación; las expropiaciones se realizaban por el precio del terreno expropiado en el momento de la expropiación. Habrá quien afirme (como hizo Francisco Álvarez Cascos en Salvados unos minutos antes de la entrevista al Sr. López Casas) que esas valoraciones a futuro (como el resto de la Ley del Suelo de 1998) se introdujeron para combatir la especulación; las evidencias afirman todo lo contrario (¿o hay quien niega aún hoy la especulación inmobiliaria que nos ha llevado hasta donde estamos?), pero la ideología neoliberal no parece estar dispuesta a renunciar a sus dogmas. Tal vez la indigencia cultural haya que buscarla mucho más lejos de la izquierda de lo que el Sr. López Casas pretende ubicarla.

La predicada muerte de las derechas y de las izquierdas ha resultado ser una simple forma de eliminar a éstas para erigir como único dogma al de aquéllas, ahora rebautizadas bajo el más amable término de "liberalismo" (se apropian ya hasta de los términos progesistas), puesto que "conservadurismo" se les está quedando corto y "neonovecentismo" no es una buena marca publicitaria.

De todas formas, podemos dejar las ideologías y los dogmas apartados para ceñirnos a un mero análisis de lógica y de sentido común: los bienes expropiados por una administración lo son para realizar una obra que pueda considerarse de interés general (por ejemplo, una autopista, como es el caso que nos ocupa). El interés particular del propietario de los terrenos expropiados viene determinado por el uso que dicho propietario les esté dando en el momento en el que se pretende realizar la expropiación; si es un campo de secano (como también es el caso), se le debería pagar como campo de secano que es.

A partir de aquí (de ese valor actual del terreno expropiado), podemos introducir todas las correcciones que se nos ocurran en función de si queremos proteger más o menos los intereses particulares de los propietarios expropiados, pero tengamos en cuenta que todas las correcciones que incrementen los valores reales van en detrimento del interés general (las obras de las que se trate incrementarán su coste) y, sobre todo, tengamos muy presente que pueden ser utilizadas para obtener de la administración un valor muy superior al que se pagaría por el terreno expropiado.

Pero lo más sangrante del caso es que ese criterio de las expectativas futuras para incrementar artificialmente el valor de un terreno expropiado se reintrodujo en la Ley del Suelo de 1998 tras las quejas de gran parte del sector de la construcción por haberse restringido en la ley de 1990/1992, a su entender en exceso, la libertad para la explotación económica del suelo.

«El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado).

La nueva Ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos. El Gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguró ayer el ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda». Editorial de El Mundo del 27/03/1998.

Veamos los argumentos de se exponían en el libro de Antón Costas Comesaña publicado por La Caixa en 1997, "Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos", en una apartado destinado específicamente a la construcción:

«El amplio abanico de reglamentaciones y normativas que gobiernan la industria de la construcción en Europa y Japón constituye un excelente ejemplo de la forma en que las restricciones del mercado de productos ahogan la producción. Un crecimiento más rápido de la producción, junto con un aumento más lento de la productividad, dieron como resultado una mayor creación de empleo en Estados Unidos. 

La industria de la construcción está sujeta a numerosas regulaciones relativas al uso del suelo, la calidad de los edificios, la seguridad, los arrendamientos y los impuestos. Por muy deseables que sean estas regulaciones, afectan negativamente al volumen de la construcción, y, por lo tanto, al empleo.

[...] 

Las estrictas reglamentaciones urbanísiticas son la causa básica de este retraso [en el crecimiento de la construcción], en el sentido de que restringen la oferta de suelo comercial y residencial. Ello conduce a precios de suelo más elevados y a altos costes de construcción, que limitan el crecimiento de la producción. Establecer códigos y normas también tiene un impacto negativo sobre la producción, porque incrementa los costes materiales y laborales. Las autoridades europeas y japonesas distorsionan aún más los mercados de viviendas a través del control de los arrendamientos y de incentivos fiscales. 

Para los políticos japoneses y europeos, la implicación es que si el entorno regulador se hace más flexible es probable que aumenten la producción y el empleo en la construcción. Ello introduce la posibilidad de conflictos con objetivos sociales más amplios. Los políticos tendrían que preguntarse cuándo las restricciones sirven al bien público o cuándo simplemente protegen intereses creados».

Este mismo autor, transcurridos los años y con la crisis ya en marcha, acabaría escribiendo algo bien distinto:

«La crisis ha roto lo que creíamos saber en este último cuarto de siglo acerca de cuáles debían ser los respectivos roles de las políticas y los mercados en el gobierno de la economía. [...] A los mercados desregulados se les otorgaba la función de orientar la asignación de los recursos hacia sus usos más eficientes para promover el crecimiento económico sostenido. Se daba por hecho que ese esquema donde la política económica se orientaba a la estabilidad y los mercados a la asignación y el crecimiento, generaría de forma automática empleo y una distribución equitativa de la riqueza.

[...]

La crisis [...] nos enseña que los mercados pueden fallar de forma estrepitosa en su papel de mecanismos eficientes para la asignación de recursos. La burbuja inmobiliaria, con su secuela de elevado endeudamiento del sector privado, es el mejor ejemplo de esa falacia de la eficiencia natural de los mercados» (La torre de la arrogancia, 2012).

Aquel economista defensor de la liberalización del suelo en 1997 se ha convertido hoy en uno de esos indigentes culturales (no sé si de la izquierda, del centro o de la derecha) que tanto molestan al Sr. López Casas.

Las deudas que provocaron el concurso de acreedores de las concesionarias

Recordemos que, según su propio Director General, los principales accionistas de la empresa Accesos de Madrid, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, son cuatro: Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Sus principales deudas son a los bancos (650 millones de euros), a los constructores de las radiales (300 millones de euros) y a los propietarios a los que se les expropiaron sus fincas para construir las autopistas (600 millones).

«No se crea usted que esto lo van a pagar ni los accionistas de Abertis, ni los de ACS, ni los de Sacyr, ni los de Cajamadrid: lo vamos a pagar los españoles.»

Según el propio Director General de Accesos de Madrid, los únicos que han podido cobrar han sido los constructores de las radiales, que fueron ACS, Sacyr, FCC y OHL; además, según las noticias que se dieron en el momento de declarar el concurso de acreedores, de las 30 entidades financieras acreedoras, Bankia actuaba como agente de las demás, de lo que se desprende que este socio es el principal acreedor.

Así pues, tenemos que una parte sustancial de las deudas que han llevado a la quiebra a Accesos de Madrid corresponden a tres de sus cuatro socios y que al menos dos de ellos (tres si tenemos en cuenta que FCC también estuvo en el consejo de administración de Accesos de Madrid hasta marzo de 2010) ya han cobrado al menos 900 de los 1.200 millones de euros que costó (según su Director General) construir las autopistas.

Así pues, los accionistas de Accesos de Madrid no van a pagar "esto", pero sí lo han provocado. ¿Impunidad? ¿Poder? Veamos.

No sabemos con quién estamos hablando

José Antonio López Casas, Director General de Accesos de Madrid y castigador de indigentes culturales y comunistas, figura en los órganos de administración de al menos otras siete empresas concesionarias de otras tantas autopistas (Alazor Inversiones, Autopista del Henares, Infraestructuras y Radiales, Erredosa Infraestructuras, Ciralsa, Autopista Trados 45 y Castellana de Autopistas), además de haber estado también como apoderado de Iberpistas y como consejero de Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española.

Además, es socio único de Doñana de Silva Golf (gestora hasta 2033 del campo de golf de Matalascañas, en Almonte) y participa, cómo no, en empresas del sector inmobiliario como El Olivar de San José (también como socio único) o Domus Taller Inmobiliario y en al menos una empresa de inversiones llamada Taller de Gestión Empresarial.

Es obvio que es un señor importante o que, al menos, se codea con señores importantes. La indigencia (cultural, económica o de cualquier otra clase) ha de buscarla lejos de sus contactos y amistades, o al menos lejos de quienes pueden, como el alcalde popular de Almonte (Huelva), darle de comer con el dinero de los demás (la gestión del campo de golf de Matalascañas incluye seis años de carencia: vista su experiencia empresarial, lo que cabría preguntarse ahora es cómo confía un alcalde a este señor una concesión de veinte años sin hacerle pagar los primeros seis).

200.000 € en negro para el PP de Cospedal

Según Luis Bárcenas (primero verbalmente, ayer documentalmente ante el juez Ruz), Sacyr Vallehermoso aportó al PP 200.000 € para las elecciones de 2007 a cambio de un contrato multimillonario (de más de 6 millones de euros) de una de sus filiales en el Ayuntamiento de Toledo. Según María Dolores de Cospedal, el recibí de esos 200.000 € firmado por parte del gerente del PP de esa ciudad (y aportado ante el juez por Bárcenas) no significa nada: la contabilidad del PP está auditada, sometida al Tribunal de Cuentas y, por supuesto, es completamente legal. Todo en A; blanco nuclear; cualquier documento aportado por Bárcenas "no será la contabilidad del PP porque sólo hay una". La historia contada por Bárcenas es, en definitiva, "disparatada y mentirosa".

La transparencia (la tan manida transparencia) sirve, entre otras cosas, para que los caraduras no tapen sus mangoneos, estafas o delitos con mentiras; mentiras que, por supuesto, no pueden ser comprobadas por nadie ajeno a su secta, partido u organización opaca. Pero María Dolores de Cospedal tiene un problema en este caso: la contabilidad A, la que Cospedal le remite al Tribunal de Cuentas, la que les auditan... fue filtrada hace unos días en la red.

Y las cuentas cuadran o no cuadran. Y en este caso no cuadran. Y no cuadran por mucho.

Bajo el epígrafe Envíos de Tesorería Nacional, en el grupo de cuentas 552, la contabilidad consolidada (es decir, la acumulada de todas sus contabilidades regionales y provinciales) del PP de 2007 nos indica que la provincia de Toledo (cuenta 552038) tuvo unos movimientos ese año con la tesorería nacional de 51.609,00 €. Así consta en la página 69 del tomo 1 de la contabilidad del PP del año 2007 (dentro del agregado "Funcionamiento + Campañas").

La contabilidad oficial del PP distribuye las cuentas en tres niveles: nacional, regional y provincial. No existe el nivel municipal. Así pues, si las cifras de su contabilidad ya hablan por sí solas (las cuentas oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas no recogen esos 200.000 € que se recibieron en la capital de provincia), el hecho de que el receptor de esa suma (el gerente de una sede municipal) esté al margen de los tres niveles estructurales remitidos al Tribunal de Cuentas no hace más que elevar las sospechas sobre una contabilidad oculta y no auditada ni fiscalizada.

Pero no adelantemos acontecimientos; todo podría tener una explicación al margen de la expuesta por un presunto delincuente. Continuemos con la contabilidad oficial del PP.

En la página 119 de ese mismo tomo encontramos la contabilidad consolidada correspondiente a la provincia de Toledo (cuenta 0ZZ01552038), pero esta vez referida sólo al agregado de "Funcionamiento"; con 7.212,00 € cubren esos gastos de funcionamiento, por lo que debemos suponer que los otros 44.397,00 € corresponderán al agregado de "Campañas", algo que podremos comprobar en la página 232 de ese mismo tomo (cuenta 07M01552038), donde se recogen los gastos correspondientes a las elecciones municipales de 2007.

En el tomo 4 de la contabilidad oficial del PP encontraremos las cuentas correspondientes a la sede provincial de Toledo; en la página 135 de ese tomo podemos comprobar que la sede central (cuenta 551000, dentro del grupo 551  -Importes Recibidos de Sedes-) remitió los 51.609,00 € que constan en la contabilidad consolidada (y en la página 148 de ese mismo tomo encontraremos los 44.397,00 € correspondiente a las elecciones municipales de 2007). Efectivamente, cualquier auditor afirmaría, viendo la contabilidad oficial del PP, que las cuentas entre la tesorería de Génova, 13 y la sede provincial de Toledo son correctas.

Sin embargo, en Toledo se recibieron 200.000 € de la sede central (así lo firmó en su día el gerente del PP de la capital de provincia y lo sigue afirmando hoy Bárcenas); pero esos 200.000 € no constan ni como salida en Génova, 13 ni como entrada en Toledo. De haber tenido el auditor (o el Tribunal de Cuentas) ese recibí firmado y entregado hoy al juez, podríamos intuir que su reacción no hubiese sido la de dar por buenas las cuentas del PP para 2007; pero es lo que tiene la contabilidad en B: que no se le muestra ni al auditor ni al Tribunal de Cuentas. Es una contabilidad oculta, oscura, en negro.

Pero mantengamos, de momento, el beneficio de la duda y prosigamos con la contabilidad oficial, por si finalmente encontrásemos algo no recogido en los saldos contables; en el tomo 9 (página 119) encontraremos los 11 movimientos correspondientes a la sede provincial de Toledo. El más importante de ellos tiene lugar al inicio de la campaña electoral por las municipales de 2007, el 26/04/2007: se tranfieren 42.500 € desde Génova, 13 a Toledo. Tras las elecciones, se transfieren otros 1.897 €.

Ni rastro de los 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo; pero sigamos manteniendo cierta prudencia. Comprobemos los movimientos entre Génova, 13 y la sede regional dirigida por María Dolores de Cospedal (página 114 de ese mismo tomo).

El 08/06/2007 (una vez pasadas las elecciones autonómicas) se transfieren 457.105,00 € desde la sede central a la sede regional de Castilla-La Mancha; si observamos la columna de las contrapartidas comprobaremos que hay otras cuentas que podemos consultar. Las transferencias a la sede provincial de Toledo se realizan con cargo (en contrapartida) a la cuenta 572057, que corresponde a una cuenta del Banco Popular (páginas 258 y siguientes del tomo 9), mientras las transferencias a la sede regional de Castilla-La Mancha se realizan desde una cuenta de crédito (la 52007) abierta en Banesto (página 66 del mismo tomo); tratándose de transferencias bancarias, el recibí firmado por el receptor carece por completo de sentido, por lo que tampoco puede argüirse que esos 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo formen parte de los 457.105,00 € transferidos a la sede regional de Castilla-La Mancha.

No existe, por lo tanto, una explicación contable a esos 200.000 € recibidos en 2007 en Toledo; al menos no es así en la contabilidad oficial del PP. Sólo queda una opción: esos 200.000 € se recibieron al margen de los cauces oficiales de pago y contabilización. Eso es lo que se conoce como dinero en negro; y, en el caso de un partido político, es lo que se conoce como financiación ilegal. Digan lo que digan los asesores de comunicación del Partido Popular.

Quedaría por dilucidar la razón por la cual el gerente del PP en Toledo quiso documentar la recepción de esos 200.000 firmando un recibí; en mi opinión -y esto sí es opinión- el celo por justificar todos los ingresos le llevó a documentar incluso los ingresos que no podían justificarse.

Y una última nota: la campaña electoral del PP para las elecciones municipales de 2007 en toda la provincia de Toledo costó oficialmente 44.397,00 €, pero el PP de Toledo recibió 200.000 € adicionales para esa campaña. Si la correlación entre contabilidad oficial y contabilidad en negro es la misma en Toledo que en el resto de España, el PP estaría manejando presupuestos 5,5 veces superiores a los declarados oficialmente; ese mismo año, por ejemplo, el PP declaró unos ingresos oficiales de más de 103 millones de euros. Con una simple regla de tres, las cifras en negro manejadas por el PP ese mismo año (año de elecciones) podrían llegar a ser más que escandalosas: casi 500 millones de euros conseguidos en el mercado negro de capitales. Con estas cifras podríamos entender muchas, muchísimas cosas entorno al funcionamiento y a los recursos del Partido Popular.

De noticias indignantes

Cada día que pasa me cuesta más trabajo escribir algo sensato; la insensatez de las noticias de la vida cotidiana parece que se me está pegando. Empiezo una entrada y, mientras busco información con la que respaldar mis argumentos, me encuentro con un continuo goteo de noticias que me llevan primero a más indignación y, tras una avalancha de más y más noticias en el mismo sentido (recortes económicos, recortes de derechos, corrupción y más corrupción...), me acaban abocando al cabreo. Escribir bajo los efectos de la indignación suele dar como resultado razonamientos de más o menos sentido común; pero escribir cabreado no es una buena idea: la visceralidad no es una buena consejera.

Nuestros amigos los banqueros

Mientras por las calles de nuestras ciudades se ve a la gente, de todas las edades, caminando cabizbajos, a veces incluso aparentemente sin rumbo, las declaraciones que nos llegan de los grandes capitostes del sistema financiero (una de las últimas que he oído, la del presidente de Kutxa Bank, Mario Fernández Pelaz) nos muestran a un sector altivo, cínico, prepotente como nunca. Según Mario Fernández Pelaz, Kutxa Bank ha colaborado en la salvación de los españoles (rescató a una caja -Caja Sur- en quiebra; habrá que darles las gracias por el pastón que pagaron -2.000 millones de euros- para duplicar sus activos -48.800 millones de euros tras la adquisición- y recibir casi 400 millones de euros de ayudas de nuestros impuestos); pero no contento con predicar a los cuatro vientos las bondades de su entidad, se ha atrevido incluso a decir que la sentencia del Tribunal Supremo que considera nulas las cláusulas suelo (las de los demás: las suyas no las van a anular porque no se consideran obligados a anularlas) es «absolutamente desafortunada» y, jurídicamente, es un auténtico dislate. Por suerte, Mario Fernández Pelaz no es juez (porque es parte).

Pero si todo lo anterior debería servir para inhabilitarlo como gestor por estar viviendo al margen de la realidad de sus propios clientes, el ejemplo que ha dado sobre las cláusulas suelo no es que me haya parecido «absolutamente desafortunado», sino que me ha parecido un intento patético -y tal vez efectivo: si algo hemos demostrado los españoles es que nos dejamos engañar mansamente con cualquier argumento superficial si lo pronuncian desde algún altar- de demostrar por la vía de las mentiras su crítica a la sentencia del Tribunal Supremo. Según Mario Fernández Pelaz, resulta que a un español -ya saben todos que el español de a pie es idiota- es más fácil explicarle que va a pagar entre un 2,5% -cláusula suelo- y un 5% -cláusula techo- de interés por su hipoteca que intentar explicarle qué es el EURIBOR o dónde puede encontrar la página 45 de Bloomberg; el ejemplo podría pasar por válido si esas fuesen las condiciones -entre un 2,5% y un 5% de interés- de las hipotecas de los idiotas españoles que adquirieron una vivienda por encima de sus posibilidades. Sólo hay un pero: el tipo de interés máximo que aplicaban nuestros amigos los banqueros -referenciados, por cierto, al EURIBOR publicado en la página 45 de Bloomberg- no era del 5%, sino del 15%; y eso es, entre otras cosas, lo que los hacía susceptibles de ser abusivos.

Aunque tampoco es de extrañar esa altanería y ese cinismo entre nuestros amigos los banqueros si nos atenemos a lo ocurrido con Miguel Blesa, banquero amiguísimo del PP, a quien el Estado, a través de la fiscalía, no dudó en ayudarle a salir de la cárcel para evitarle un mal trago.

La coyuntura educativa está jodida

Pero dejemos comiendo aparte a nuestros amigos los banqueros (a quienes la Fiscalía General del Estado quiere salvar a toda costa) y vayamos a otras cuestiones más cercanas. Las reuniones de final de curso nos devuelven a la realidad de los recortes en la educación de nuestros hijos. Hace dos años había establecido un ratio de 25 niños por aula; el año pasado se colaron hasta 28 niños por aula (las autoridades educativas arguyeron medidas coyunturales -hermanos sin plaza en otros colegios, traslados forzosos por cuestiones laborales de los padres una vez iniciado el curso...-: jamás reconocieron que era una cuestión proveniente de la nueva política de masificación de aulas para reducir profesores); para el año que viene ya nos han anunciado que serán 31 niños por aula (eso a principios de curso: si todo va como este año, una vez iniciado serán 33 ó 34 por nuevas coyunturas desfavorables). Las autoridades educativas siguen arguyendo que se trata de algo coyuntural (otra vez las mismas excusas: hermanos sin plaza, gemelos inseparables...); son 6 niños (ampliables a 8) más por aula en apenas dos años -y estoy hablando de cursos ya iniciados, no de las aulas de los niños que entran por primera vez al colegio-. Como quien no quiere la cosa, llegaremos a los 40 niños por aula el año que viene por cuestiones meramente coyunturales. Las mentiras les salen gratis a nuestros políticos; como a nuestros amigos los banqueros.

En las reuniones de final de curso, padres y profesores compartimos nuestra preocupación por cómo están afectando los recortes educativos en la enseñanza de nuestros hijos y sus alumnos. La última huelga educativa fue la primera que llevé a mis hijos al colegio en día de huelga. Ningún profesor hacía huelga. Ningún padre más quería hacer huelga. Ese día mis hijos recuperaron todo lo que perderán durante los próximos años por las nuevas políticas educativas de masificación y recortes. Estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, qué duda cabe; al menos por la educación que pierden en un día de huelga. Lo que puedan dejar de aprender durante sus próximos diez años con recortes... son problemas coyunturales.

Por curiosidad, intenté comparar la inversión por alumno en distintos países europeos. En 2007, Finlandia invertía 7.100 € por alumno de ESO; España 6.010 €. Intento corroborar los datos en el Ministerio de Educación (informe de 2011, datos de 2007): en España, 7.258 € por alumno de secundaria; en Finlandia 6.509 €. No entiendo nada. Lo intento corroborar en el Banco Mundial, según los datos de la UNESCO: Finlandia invirtió un 30,7% de su PIB per cápita (más alto que en España) en 2007 en educación secundaria; España, un 24,1%. Lo intento trasladar a euros según los datos de renta per cápita de ese año (34.000 € para Finlandia, 23.500 € para España): me salen 10.438 € para Finlandia y 5.663,50 € para España. Sigo sin entender nada. Será un problema coyuntural con los datos. Lo dejo estar para no cabrearme más con el único organismo que afirma que en España invertimos en educación más que Finlandia; lo dice nuestro Ministro estrella con apellido alemán, Wert, que está empeñado en españolizar a los catalanes y en mantener en la inopia a todos los españoles. Amén pues.

Alcaldes metidos en "fregaos"

No es noticia en este país de corruptos que a un alcalde le requiera un juez para que se explique por alguna actuación con clara apariencia de delito; en Castellón, como en el resto de esta comunidad autónoma -con una multitud de políticos imputados en varias causas por haber repartido el dinero público entre sus amigos, familiares y compadres- repleta de caciques políticos que han campado a sus anchas sin que el sistema democrático al que decían servir pudiese (o quisiese) pararles los pies antes de vaciar los bolsillos de sus apesebrados y complacientes administrados, no podíamos ser menos. Y ahí tenemos -como en Alicante y como, seguramente en pocos días, en Valencia- a nuestro alcalde imputado en un caso de corrupción .

Sin embargo, la novedad es que nuestro alcalde ha renunciado (aunque sea temporalmente) a uno de sus cargos políticos; eso sí: ha renunciado al cargo (presidente del Partido Popular en Castellón) del que (salvo que medie algún sobre) no cobra de nuestros impuestos, manteniéndose (como imputado) al frente de la alcaldía (de donde cobra más de 80.000 € al año de nuestro dinero). Y he aquí el futuro de nuestros políticos imputados (de los que se preocupan por lo que podamos decir sus administrados: los hay que lo que digan los demás les trae al pairo): anunciar la renuncia de un cargo menor y seguir llevándose el dinero de todos a su casa.

Así que vayan olvidándose ustedes de una regeneración de la política de nuestro país, porque los políticos ya han encontrado la forma de purgar sus delitos ante sus administrados sin que ello suponga renunciar a vivir de ellos: seguirán llevándose nuestro dinero a sus casas (el que les corresponde y el que no), pero tendrán un cargo al que renunciar. Y saldrá en prensa su renuncia, y los administrados aplaudirán... y el político seguirá metiendo las manos en nuestra caja como si nada hubiese pasado.

¿Y saben lo peor de todo? Que en este país, los políticos creen que sus administrados son idiotas, y la realidad es que es así: los que no son idiotas se lo hacen; y el resto son antisistemas, terroristas y nazis.

El gran problema de nuestra política no son, en definitiva, los políticos, sino los políticos que se creen imprescindibles y los administrados que les hacen creer imprescindibles. ¿O creen que un Castellón sin Alfonso Bataller, una Comunidad Valenciana sin Alberto Fabra o una España sin Mariano Rajoy dejarían de funcionar? Ningún político es imprescindible; deberían recordarlo en voz alta al tomar su cargo y jurar sobre la Constitución. Y deberían recordárselo en cada reunión sus propios compañeros de partido en el momento en que un juez le imputara un delito de corrupción. Este es el primer paso, imprescindible, para acabar con la extendida corrupción política que está afectando a este país.

Corrupción, pobreza y conflictividad social

España está que trina con (¿o contra?) la corrupción, pero no nos engañemos: aquí siempre nos hemos quejado por todo y de todos y nunca ha pasado nada o casi nada salvo en contadas excepciones (e incluso en esas excepciones los resultados han sido muy limitados). Siempre hemos preferido dedicarnos a nuestros vicios y dejar que los de arriba (siempre hay alguien que sube arriba) se las apañen para arreglar o empeorar lo que van destrozando los que les preceden; eso sí, a los de arriba hay que criticarlos siempre, sean del color que sean, porque aquí no somos de derechas ni de izquierdas: sólo queremos que las cosas se hagan bien (o, mejor dicho, que las hagan bien) y a nuestro gusto. Y si no, a criticar, que de eso sabemos mucho; pero pasar de ahí ya... que se las apañen los de arriba, o que los cambien si no valen.

Cuando los franceses se hartaron sacaron las guillotinas a las plazas y acabaron con todo un régimen; aquí salieron algunos asturianos armados en 1934 y los demás, mientras decidían si salir o no salir de las acaloradas tertulias de las tabernas, vieron cómo se las apañaban los de arriba para meter a los asturianos en la cárcel. Así que a criticar otra vez: los unos a los represores de arriba y los otros a los inútiles que querían subir.

Pero para no faltar a la verdad, a los asturianos les acompañaron en 1934 otros españoles; pero a estos españoles los consideramos españoles raros: los catalanes, a quienes siempre les atribuimos el egoísmo como motor que mueve sus almas. Las guerras carlistas fueron catalanas y vascas; cuando España perdió Cuba la rebelión interna fue catalana; y fueron los catalanes quienes declararon su independencia en la pobre II República heredera de la Gran Depresión. Siempre los egoístas catalanes dando la nota en esta España de críticas tabernarias a diestro y siniestro. Y los vascos, claro, los otros españoles raros, capaces incluso de armarse hasta los dientes para rebelarse contra el opresor.

Así pues, los catalanes son unos egoístas y nosotros unos cobardes; aunque algunos dirán que lo que nos caracteriza a los españoles es nuestra responsabilidad cívica por restringir nuestro malestar a nuestra más recóndita intimidad (y, consecuentemente, lo que caracteriza a los egoístas catalanes y vascos es la irresponsabilidad por hacer público su malestar). Para gustos e interpretaciones, los colores, por supuesto.

Volviendo a nuestros tiempos, la corrupción (la de los de arriba: por abajo también hay corrupción, pero de esa corrupción no se vive: se sobrevive -y se acepta socialmente-) está acelerando la conflictividad social; de esto no cabe ninguna duda. Muchos ciudadanos se están organizando por la indignación que les provocan las maneras de gobernar de los de arriba; se están empezando a rebelar. Pero, de nuevo, no podemos equivocarnos tampoco en esto: esas maneras de gobernar, esa corrupción, ha estado siempre ahí. Y era fuente de acaloradas tertulias tabernarias, y de dudas sobre si salir de la taberna o no; pero para eso estaban ahí los de arriba, para arreglar las cosas y darnos un trabajo, así que para qué salir si ahí afuera hace frío. Pero ahora hay algo más.

La II República no llegó por obra y arte de birlibirloque; ni tampoco la dictadura que la precedió. España era un país pobre; muy pobre. La pobreza, junto a los casos de corrupción de los de arriba, crea inestabilidad social, y ésta se solventa con mano dura; pero la mano dura de Primo de Rivera no evitó los efectos de la Gran Depresión, y la pobreza siguió incrementándose. Aquello no lo solucionaban ni la dictadura ni la dictablanda. Y la República llegó sin grandes baños de sangre y con muchas esperanzas. Y cambió el régimen, pero no la pobreza: no todos estaban dispuestos a "repartir la pobreza", así que lo que se avanzaba en dos años se retrocedía los otros dos. Y algunos españoles se indignaron, se rebelaron de nuevo; pero la inmensa mayoría (la mayoría silenciosa, como hoy) seguía discutiendo en las tabernas. Casi ni se enteraron de que desde África venían a salvar España otra vez con mano dura; y cuando se dieron cuenta de que aquellos salvadores uniformados iban en serio ya fue demasiado tarde.

Hoy, la pobreza sigue avanzando en España; y el futuro no es muy halagüeño. La corrupción está instalada en todas las instituciones del Estado. Y la indignación que provoca la corrupción en un país pobre es lo que rebela a los ciudadanos, lo que les hace salir de las tabernas: dicen que no hay pan para todos, pero los que sí tienen pan lo tiran a la basura, lo reparten entre las palomas o incluso enferman por indigestión. Sí hay pan; pero aun hoy siguen sin querer "repartir la pobreza".

Pasar de ser pobre a ser aun más pobre debió indignar a la España de los años 20-30 del siglo pasado; la debió indignar mucho porque los de abajo se rebelaron contra los de arriba y crearon una creciente conflictividad social, hasta que los de arriba dijeron basta y echaron mano de la mano dura.

En esta España del siglo XXI no hemos pasado de pobres a más pobres; aquí hemos pasado de acomodados a pobres (y aun nos quedan escalones por bajar). La cuestión es saber hasta qué punto de pobreza nos podremos permitir seguir con las tertulias tabernarias mientras miramos el frío invierno que hay tras la puerta; ya no es una cuestión de salir o no salir, sino de cuándo va a llegar el momento en que esta España de corrupciones y miserias saque las guillotinas a las plazas, si lo haremos todos a la vez como los franceses o si la inmensa mayoría silenciosa, como suele pasar en este país, nos mantendremos refugiados en las tabernas mirando hacia arriba y criticando si la guillotina debería estar mirando hacia el este o hacia el oeste.

Otra vez, los egoístas catalanes han dado el primer puñetazo sobre la mesa: los de arriba, arrastrados por los de abajo, se han rebelado. No se sabe muy bien si para construir otra taberna (las malas costumbres se pegan y el futuro no lo sabe nadie) o para salir al frío invierno; y ahora le toca el turno a la mano dura. Falta por saber si nos quedaremos mirando el espectáculo, aplazando el momento de salir hasta que llegue el calor de un verano que nadie sabe cuándo llegará (ni si llegará). Y me temo que sí: volveremos a darnos cuenta de la oportunidad perdida cuando ya sea demasiado tarde. Otra vez.

Propostes per al Fòrum contra la corrupción del PSPV-PSOE

Vaig rebre la setmana passada una invitació del PSPV-PSOE per a participar en un Fòrum contra la corrupció i per la transparència que s’ha de celebrar a València del 6 al 9 d’este mes; com que a mi m’és impossible anar en eixos horaris intempestius, però sí que m’agradaria aportar algunes propostes al debat, els les he enviades per correu electrònic. Ja vos contaré què em diuen (si em diuen alguna cosa, clar). Allà van les propostes contra la corrupció que els he enviat:

1. Problema: Els ciutadans es veuen impotents i acaben indignant-se davant els escassos resultats de la persecució de la corrupció (pactes a última hora per a evitar sentències judicials condemnatòries o per a aconseguir rebaixes en les responsabilitats pecuniàries, prescripció dels delictes, persecució i desprotecció dels denunciants o dels propis jutges que persegueixen estos delictes, entrebancs continus als processos judicials gràcies a la contractació dels millors advocats –i per a major escarni dels ciutadans i de la justícia, contractats gràcies als recursos provinents de la pròpia corrupció–, etc.).
   1. Solució: A tots els delictes de corrupció política, sense excepció, caldria prohibir qualsevol pacte pre o extra judicial: caldria determinar sempre la responsabilitat jurídica mitjançant sentència o arxiu judicial.
      1. Efecte no desitjable: Podria argumentar-se com a efecte contrari a esta mesura la saturació dels jutjats, però en realitat els pactes extrajudicials només es produeixen actualment en les parts finals dels processos (o quan acabe la instrucció judicial o quan el juí ja està en la seua part final i els corruptes intueixen la condemna), de manera que la càrrega als jutjats d’instrucció o als de primera instància no es veuria tan afectada com en un principi podria parèixer; a més, sent la corrupció un problema de primer ordre, la pitjor manera de solucionar-lo és excusant-se en la manca de recursos per a fer-li front (al contrari, caldria posar tots els recursos necessaris per a tallar-la des de l’arrel).
      2. Efecte no desitjable: Es podria argumentar també que allargar els processos (per les garanties processals inherents a la nostra justícia) és una de les argúcies dels corruptes amb més recursos per a què els ciutadans s’obliden, amb el transcurs del temps, del delicte comés; això és cert en part (el cas de finançament il·legal de CiU és un dels exemples més recents), però també és cert que eixe transcurs del temps facilita els pactes extrajudicials i, finalment, que el corrupte puga tindre beneficis jurídics dels quals no gaudeixen la resta de delinqüents.
   2. Solució: Els terminis de prescripció dels delictes de corrupció (tots, també sense excepció) haurien d’ampliar-se substancialment; el fet que molts polítics tinguen accés privilegiat als ressorts del poder fa encara més difícil no només que les investigacions judicials siguen àgils (pels entrebancs habituals entre poders que persegueixen distints objectius), sinó sobretot que puguen posar-se de manifest els fets delictius, pas sense el qual no és possible –excepte per casualitats– iniciar cap investigació. Açò no només hauria d’aplicar-se a l’àmbit estrictament penal, sinó que hauria de fer-se extensiu també als delictes fiscals. En este mateix sentit, tal i com s’exposarà en un altre punt, caldria plantejar-se obertament la possibilitat de fer imprescriptibles determinats casos en els quals podria parlar-se d’organitzacions criminals amb mera aparença política.
      
   3. Solució: Els jutges amb casos de corrupció política entre els seus assumptes haurien de gaudir d’una especial immunitat fins què els processos judicials determinen la responsabilitat penal dels encausats, bé sigue per sentència o per arxiu definitiu de cada cas; és a dir, que els jutges que estiguen investigant o hagen investigat un cas de corrupció no podran ser jutjats per eixes investigacions fins que no es dicte sentència condemnatòria (i en este cas s’hauria d’intentar que només es pogueren interposar denúncies per delictes lleus) o l’arxiu definitiu (en este cas sí que es podrien interposar contra el jutge les denúncies per qualsevol dels delictes que estan vigents avui). Tanmateix, d’eixa manera als corruptes els interessaria molt menys posar traves al transcurs de les investigacions i del propi juí.
      1. Efecte no desitjable: Els jutges gosarien d’un poder excessiu front als altres poders de l’Estat; és cert, però la situació actual és que el poder judicial té un clar dèficit de poder front a l’executiu, i ahi està l’únic condemnat pel major cas de corrupció política de la curta història de la nostra democràcia per a demostrar este dèficit de poder: el jutge que va investigar inicialment tota la trama no podrà tornar a investigar a més polítics corruptes, mentre cada dia es va sabent que eixa trama de corrupció política arribava a ben bé tots els racons del poder executiu.
         
      2. Efecte no desitjable: Els excessos del jutge no podrien ser denunciats en el moment de produir-se i generarien una clara indefensió en les persones jutjades en cas d’una actuació judicial il·legal; també és cert, però estem tractant un assumpte excepcional i, per tant, les mesures per a solucionar-lo haurien de ser també excepcionals. Per a contrarestar este efecte no desitjable, hauria de modificar-se també l’inici del termini de prescripció de les possibles actuacions delictives dels jutges, que començaria a comptar des del moment de dictar-se la sentència o l’arxiu definitiu de cada cas; a més, totes les actuacions judicials haurien de quedar registrades per mitjans fàcilment recuperables si es volguera interposar una denúncia contra el jutge, de manera que la inicial indefensió no poguera convertir-se en definitiva per absència de material probatori pel transcurs normal del temps.
         
2. Problema: La corrupció política és un fenomen que s’ha convertit en recurrent; els innumerables casos de corrupció, que apareixen quasi tots els dies als mitjans de comunicació hauria de ser una prova suficient de què els interessos particulars (per altra banda, completament legítims) dels partits polítics (els interessos electorals) es posen quasi sempre per damunt de qualsevol altre interès; açò fa que els sistemes de control intern de la corrupció (que existeixen sobre el paper a quasi tots els partits) acaben per perdre operativitat i efectivitat, donant la sensació que la primera reacció és sempre mirar cap a un altre lloc, la segona reacció és sempre tirar balons fora i només com a últim recurs s’utilitzen eixos sistemes de control intern preexistents, de manera que un mateix cas de corrupció acabe per omplir durant mesos o durant anys les portades dels mitjans de comunicació i la sensació d’una corrupció generalitzada segueix augmentant en l’opinió pública.
   
   1. Solució: El conflicte d’interessos entre els partits polítics i la societat a la qual volen representar necessita una solució urgent i d’aplicació universal; cal establir per llei sistemes que faciliten que qualsevol càrrec polític imputat en un cas de corrupció pergue (primer temporal i després, si la sentència és condemnatòria, definitivament) la legitimitat atorgada per les urnes, independentment dels sistemes interns que puguen establir les pròpies organitzacions polítiques. Açò ha d’incloure necessàriament la pèrdua dels escons (siguen de l’administració que siguen), el cessament immediat de qualsevol càrrec públic i la prohibició de percebre qualsevol sou públic, directe o indirecte, durant el transcurs de les investigacions que determinen la seua responsabilitat.
      
      1. Efecte no desitjable: Es podrien crear casos falsos de corrupció per a desfer-se de determinats polítics, sobretot de cara a cada procés electoral; en realitat, açò ja es podria fer ara, però els partits polítics podrien (i de fet ho fan) argüir conceptes de l’àmbit penal (la presumpció d’innocència) per a mantindre dins l’àmbit polític als seus candidats imputats. Des d’un punt de vista de servei públic, allunyar temporalment a un imputat de la política no hauria de ser vist com un càstig per a un partit determinat, sinó com una garantia per a la societat que ha de ser administrada per eixe partit; fent-lo extensiu per llei a tots els partits polítics i a tots els polítics inclosos en una llista electoral, no hauria d’utilitzar-se este argument per a mantindre els actuals sistemes interns, que sí que s’han demostrat font de desigualtat entre partits a l’hora d’aplicar-los.
         
      2. Efecte no desitjable: El cost polític podria ser molt elevat per a partits amb poca capacitat de reclutament, doncs els polítics que destacaren a eixos podrien ser atacats per les forces amb més capacitat mediàtica amb acusacions aparentment sòlides que pogueren iniciar procediments judicials que tallarien per complet l’evolució política de molts candidats; també en este cas estem davant una qüestió que es pot dur a terme avui mateix. Tant en este punt com en l’anterior podrien establir-se, també per llei, càstigs penals majors per a les falses denúncies en l’àmbit de la corrupció, tot i que açò podria ser contraproduent a l’hora de denunciar comportaments corruptes, de manera que este contrapunt no pareix una bona opció.
   2. Solució: La política com a servei públic hauria de ser l’únic criteri a l’hora d’afrontar la corrupció política; cap polític pot considerar-se a sí mateix ni ser considerat per ningú imprescindible per a servir a la societat. Cal habilitar sistemes per a adequar la política a persones amb vocació de servei públic i facilitar l’expulsió del sistema democràtic de les persones que entenen que la política és el seu únic mitjà de vida; l’actual problema consisteix en què se dona per suposat que qualsevol persona que està en política ho està per vocació i no per interessos, però la societat no té eixa percepció, entre altres coses pels propis efectes de la corrupció. Tot el sistema electoral hauria de reformular-se per a què l’especial protecció que s’atorgue als càrrecs polítics front a la justícia o front a altres maneres de fiscalització siguen una excepció, i no una generalitat com en l’actualitat, o si més no, almenys habilitar sistemes per a retirar l’actual protecció quan a un polític se’l investigue per delictes de corrupció.
3. Problema: L’actual sistema electoral i de partits polítics fa que estes organitzacions funcionen d’una manera molt poc transparent de cara a la societat; molts partits s’han obert en certa mesura, però encara amb moltes limitacions, en part degudes a la necessària privacitat de les estratègies electorals de caràcter intern. Estes estratègies electorals són actualment (o almenys així ho pareix) una adaptació que fa cada partit en funció de cada candidat en particular, de manera que la caiguda d’un candidat o d’algun membre important d’una candidatura suposa haver de repensar tota l’estratègia electoral; esta és una de les raons per les quals els partits polítics intenten evitar actuacions directes, ràpides i contundents davant les primeres notícies dels casos de corrupció que afecten a algun dels principals integrants de cada candidatura.
   
   1. Solució: Si al punt 2.b parlava de casos individuals, ara toca fer-ho de l’organització política al complet: cap partit polític, per molta història que dugue al darrere o per molta legitimitat que puga obtindre a unes eleccions, pot ser considerat ni pot considerar-se a sí mateix portador únic o valedor necessari dels valors democràtics. La llei de partits atorga a una sala especial del Tribunal Suprem la potestat per a decidir la il·legalització d’una organització que s’autoproclama política però que en realitat és una organització criminal utilitzada per a finançar al·legalment (aprofitant buits legals anteriors) activitats de caràcter delictiu; és evident que el finançament d’una activitat terrorista no és equiparable al robatori de béns o diners públics, però la corrupció reiterada dins els partits polítics no deixa de ser un delicte de conseqüències (com s’està veient avui) tant o més desastroses per a qualsevol sistema democràtic. Potser caldria habilitar una sala especial del Tribunal Suprem per a declarar il·legals a les organitzacions aparentment polítiques que, de manera reiterada (per exemple, 10 sentències condemnatòries durant un període de quatre anys), utilitzen mètodes corruptes per a benefici propi.
      
   2. Solució: Cal pensar en reformar la llei electoral per a fer dependre menys als candidats i a les candidatures dels partits polítics; les llistes obertes podrien ser una solució a esta excessiva dependència. Per una banda, els partits haurien de pensar estratègies electorals que serviren per a qualsevol dels candidats proposats, de manera que la caiguda d’un d’ells no suposaria tant de perjudici per al propi partit i els mecanismes interns de control de la corrupció podrien ser aplicats sense por a desbaratar tota l’estratègia electoral; i, per altra banda, els candidats tindrien una major dependència dels electors respecte del partit.
   3. Solució: Seguint este últim raonament, caldria habilitar també mètodes de revocació directa d’un candidat a iniciativa dels propis electors (a banda dels sistemes d’expulsió directa en cas d’imputació que he citat abans), però també a iniciativa del partit pel qual s’hage presentat. És a dir, que qualsevol candidat puga ser sotmès a un procés de revàlida quan així ho demanen un percentatge dels electors de la demarcació per la qual s’hage presentat o quan així ho demane el partit baix el qual hage estat elegit. D’esta manera es tallaria d’arrel eixa sensació de què qualsevol polític amb pocs escrúpols pot aguantar els quatre anys de cada legislatura fent i desfent baix el paraigües de la impunitat per a assegurar-se una bona pensió pública.
4. Problema: La manca de transparència en el destí final dels diners públics s’ha convertit en una qüestió que requereix una solució global que no pot afectar només als partits polítics.
   
   1. Solució: Potser és hora de considerar que les raons històriques per les quals se’ls va permetre als sindicats no haver de fer públics els seus comptes han quedat ja obsoletes.
      
   2. Solució: Les empreses que s’adjudiquen serveis i obres públiques haurien de ser sotmeses també a la presentació pública de determinades dades sobre el cost d’eixos serveis i d’eixes obres; la protecció de dades personals o el secret empresarial no pot utilitzar-se com a excusa per a colar els escandalosos sobrecosts d’alguns contractes públics.
   3. Solució: A les fundacions que perceben subvencions públiques o que col·laboren directa o indirectament amb les administracions cal exigir-los una total transparència; donats els entramats empresarials opacs descoberts al voltant d’este tipus d’organitzacions, tots els projectes relacionats amb obres o serveis públics que duguen a terme les fundacions haurien d’incloure la publicació de les empreses proveïdores i de les persones físiques que estan al darrere d’estes per a evitar que es creen facturacions unflades per a enriquir a les mateixes persones que estan al davant d’una suposada organització sense ànim de lucre. A més, les fundacions també haurien d’estar sotmeses als mateixos requisits que s’han citat per a les empreses al punt anterior.