La izquierda indigente

Hay comentarios que se pueden ignorar, otros que molestan, otros que indignan y, finalmente, hay algunos que aterran. La entrevista que Jordi Évole le hizo a José Antonio López Casas en el programa Salvados del día de la Inmaculada (08/12/2013) contiene algunos comentarios pertenecientes a la última categoría, entre ellos el referido (en un tono especialmente despectivo) a la "izquierda indigente" que afirma que la liberalizadora Ley del Suelo de 1998 es la principal responsable de la quiebra de algunas autopistas, entre ellas las dos que tiene concedidas la empresa Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. (las radiales R-3 y R-5), a quien representaba el Sr. López Casas, en calidad de Director General, en la citada entrevista.

«Eso [relacionar el sobrecoste de las expropiaciones con la Ley del Suelo de 1998] es algo que tiene mucha venta en determinados ámbitos culturales indigentes de la izquierda, pero es mentira. Está aquí explicado [le muestra un documento a Jordi Évole, que le pregunta sobre lo que acaba de decir]. Sí, la izquierda española, indigente culturalmente, dice que el incremento en el valor de los terrenos viene determinado por una Ley del Suelo del gobierno popular del año 1998; eso es pura, llana y lisamente mentira. Eso han sido decisiones de los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia aquí [en el documento entregado a Jordi Évole] que dice que un metro cuadrado de terreno en la M-40 valía el año 2000 3.000 €; el juez que firma eso, o no sabe de lo que habla o está contribuyendo al incremento del valor de los terrenos y a la especulación.»

Los juzgados y tribunales españoles, efectivamente, han sido los responsables de ese sobrecoste de las expropiaciones; de lo que se olvida el Sr. López Casas es de que los juzgados y tribunales españoles aplican la ley en sus decisiones. Y no sólo sí es la Ley del Suelo de 1998 la que han aplicado a aquellas expropiaciones, sino que esas decisiones han beneficiado sustancialmente a las concesionarias al reinterpretar la literalidad de esa Ley del Suelo, rectificando los expedientes de los jurados provinciales de expropiación elaborados en 2000 (jurados creados por el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, gobernando en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y en la capital de España José María Álvarez del Manzano, por lo que dichos expedientes -que tomaron la Ley del Suelo al pie de la letra y valoraron los terrenos a expropiar como si fuesen urbanizables- difícilmente podrían atribuirse a la izquierda indigente o a algo que se le pudiese parecer).

La Sentencia 6058/2008 del Tribunal Supremo realiza un seguimiento temporal completo del recorrido de aquellos expedientes de expropiación, cuyo sobrecoste es atribuido por el Sr. López Casas a «decisiones de los juzgados y tribunales españoles»; el error de origen (la causa del sobrecoste de las expropiaciones), sin embargo, no puede atribuirse a los juzgados y tribunales españoles (que rebajaron considerablemente los costes de expropiación inicialmente previstos), ni a ninguna interpretación torticera de la Ley del Suelo por parte de la izquierda indigente. El error (lo pongo en cursiva porque el error lo es sólo para las concesionarias de las autopistas) fue aplicar la Ley del Suelo de forma literal para elaborar los expedientes de expropiación, considerando como suelo urbanizable todos los terrenos a expropiar.

Aunque nadie lo diga ahora (y mucho menos lo va a decir el Sr. López Casas), los expedientes de expropiación se realizan siempre con la mínima valoración posible. Incluso, por desgracia demasiado a menudo, por debajo de lo que marca la legislación vigente en cada momento. Quien recurra la valoración ante los tribunales conseguirá el adecuado justiprecio, y quien no recurra se quedará con lo que el órgano de expropiación haya dictado; bajo esta hoja de ruta, muchos (una gran mayoría: ¿quién se mete a litigar contra una administración pública?) propietarios aceptan la dádiva que se le ofrece en el expediente inicial de expropiación. Sólo algunos (normalmente empresas y muy pocos particulares) recurren y consiguen una valoración ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia.

Pero en el caso de las radiales madrileñas ocurrió justo lo contrario: el jurado de expropiación (compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un arquitecto de Hacienda y un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana) realizó las valoraciones aplicando el máximo valor posible a todos los terrenos. Los propietarios (que vieron cómo sus suelos agrícolas eran considerados como urbanizables) no tenían que recurrir para obtener un mayor precio: ya se lo había otorgado el jurado de expropiación al aplicar literalmente la Ley del Suelo de 1998, que relegaba el suelo no urbanizable, exclusivamente y de forma subsidiaria (artículo 9), a aquéllos terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial" (es decir, que si no gozaban de un régimen especial de protección debían considerarse urbanizables).

Aquella interpretación de la Ley del Suelo de 1998 provocó una apresurada y atropellada modificación urgente del citado artículo 9 a través del Real Decreto Legislativo 4/2000, aprobado mientras se constituían los jurados provinciales de expropiación y que introdujo un nuevo párrafo que fue declarado inconstitucional, siendo modificado de nuevo por la Ley 10/2003. Baste indicar que el Tribunal Supremo tuvo que recurrir a la exposición de motivos de esta última Ley (de 2003) para reinterpretar la literalidad (beneficiándose de esa reinterpretación las propias concesionarias hoy en quiebra) de ese artículo 9 de la Ley de 1998, tal y como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia enlazada:

"La exposición de motivos de dicha Ley expresa que, para incrementar la oferta del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los productos inmobiliarios, se persigue «la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable», exigiendo, en la redacción que finalmente da al artículo 9, apartado 2, que el criterio clasificador de la inadecuación para el desarrollo urbano se sustente en el «imperativo del principio de utilización de los recursos naturales» o en «criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa» sectorial."

Estaríamos ahora en disposición de preguntarnos quién es en realidad el indigente cultural, pero la ocasión y la osadía de López Casas bien merecen que ahondemos un poco más en este jugoso plato.

Las decisiones judiciales beneficiaron a la empresa del Sr. López Casas

Las concesionarias (entre ellas Accesos de Madrid, que obtuvo la concesión en 1999, ya con la Ley del Suelo aprobada) se vieron ante la tesitura de admitir sin más ese sobrecoste (en la sentencia enlazada, el jurado provincial de expropiación valora el suelo agrícola a expropiar en 48,21 €/m²) o recurrir todos y cada uno de los expedientes en base al precio que considerasen correcto (en el caso de la sentencia, la concesionaria consideraba que éste estaba entre 0,9 €/m² y 1,67 €/m²); y como era de esperar, los tribunales tuvieron que revisar todos los expedientes, puesto que las concesionarias los recurrieron todos.

Pues bien, los tribunales (que iniciaron los procesos de revisión a partir de 2003) rebajaron considerablemente las valoraciones iniciales de los jurados de expropiación (que empezaron a modificar también sus propios criterios ese mismo año), pasando de considerar los terrenos como urbanizables a considerarlos de acuerdo con la normativa urbanística vigente al iniciarse los expedientes de expropiación; según se indica en el caso de la sentencia enlazada, el propio jurado de expropiación rebajó la valoración de otras fincas similares a aquélla a 11,25 €/m² a partir de diciembre de 2003, aplicando al suelo rústico las expectativas de revalorización (por su afectación por las radiales y por su cercanía a zonas ya urbanas) incluidas en el artículo 26 de (otra vez) la Ley del Suelo de 1998.

Podemos preguntarnos de nuevo por la indigencia cultural del Sr. López Casas, pero insistiremos un poco más en este jugoso asunto de la liberalización del suelo y de sus consecuencias.

La liberalización del suelo como falsa lucha contra la especulación

La Ley del Suelo anterior (de 1990/1992) eliminó esas valoraciones a futuro (expectativas) para evitar la especulación; las expropiaciones se realizaban por el precio del terreno expropiado en el momento de la expropiación. Habrá quien afirme (como hizo Francisco Álvarez Cascos en Salvados unos minutos antes de la entrevista al Sr. López Casas) que esas valoraciones a futuro (como el resto de la Ley del Suelo de 1998) se introdujeron para combatir la especulación; las evidencias afirman todo lo contrario (¿o hay quien niega aún hoy la especulación inmobiliaria que nos ha llevado hasta donde estamos?), pero la ideología neoliberal no parece estar dispuesta a renunciar a sus dogmas. Tal vez la indigencia cultural haya que buscarla mucho más lejos de la izquierda de lo que el Sr. López Casas pretende ubicarla.

La predicada muerte de las derechas y de las izquierdas ha resultado ser una simple forma de eliminar a éstas para erigir como único dogma al de aquéllas, ahora rebautizadas bajo el más amable término de "liberalismo" (se apropian ya hasta de los términos progesistas), puesto que "conservadurismo" se les está quedando corto y "neonovecentismo" no es una buena marca publicitaria.

De todas formas, podemos dejar las ideologías y los dogmas apartados para ceñirnos a un mero análisis de lógica y de sentido común: los bienes expropiados por una administración lo son para realizar una obra que pueda considerarse de interés general (por ejemplo, una autopista, como es el caso que nos ocupa). El interés particular del propietario de los terrenos expropiados viene determinado por el uso que dicho propietario les esté dando en el momento en el que se pretende realizar la expropiación; si es un campo de secano (como también es el caso), se le debería pagar como campo de secano que es.

A partir de aquí (de ese valor actual del terreno expropiado), podemos introducir todas las correcciones que se nos ocurran en función de si queremos proteger más o menos los intereses particulares de los propietarios expropiados, pero tengamos en cuenta que todas las correcciones que incrementen los valores reales van en detrimento del interés general (las obras de las que se trate incrementarán su coste) y, sobre todo, tengamos muy presente que pueden ser utilizadas para obtener de la administración un valor muy superior al que se pagaría por el terreno expropiado.

Pero lo más sangrante del caso es que ese criterio de las expectativas futuras para incrementar artificialmente el valor de un terreno expropiado se reintrodujo en la Ley del Suelo de 1998 tras las quejas de gran parte del sector de la construcción por haberse restringido en la ley de 1990/1992, a su entender en exceso, la libertad para la explotación económica del suelo.

«El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado).

La nueva Ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos. El Gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguró ayer el ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda». Editorial de El Mundo del 27/03/1998.

Veamos los argumentos de se exponían en el libro de Antón Costas Comesaña publicado por La Caixa en 1997, "Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos", en una apartado destinado específicamente a la construcción:

«El amplio abanico de reglamentaciones y normativas que gobiernan la industria de la construcción en Europa y Japón constituye un excelente ejemplo de la forma en que las restricciones del mercado de productos ahogan la producción. Un crecimiento más rápido de la producción, junto con un aumento más lento de la productividad, dieron como resultado una mayor creación de empleo en Estados Unidos. 

La industria de la construcción está sujeta a numerosas regulaciones relativas al uso del suelo, la calidad de los edificios, la seguridad, los arrendamientos y los impuestos. Por muy deseables que sean estas regulaciones, afectan negativamente al volumen de la construcción, y, por lo tanto, al empleo.

[...] 

Las estrictas reglamentaciones urbanísiticas son la causa básica de este retraso [en el crecimiento de la construcción], en el sentido de que restringen la oferta de suelo comercial y residencial. Ello conduce a precios de suelo más elevados y a altos costes de construcción, que limitan el crecimiento de la producción. Establecer códigos y normas también tiene un impacto negativo sobre la producción, porque incrementa los costes materiales y laborales. Las autoridades europeas y japonesas distorsionan aún más los mercados de viviendas a través del control de los arrendamientos y de incentivos fiscales. 

Para los políticos japoneses y europeos, la implicación es que si el entorno regulador se hace más flexible es probable que aumenten la producción y el empleo en la construcción. Ello introduce la posibilidad de conflictos con objetivos sociales más amplios. Los políticos tendrían que preguntarse cuándo las restricciones sirven al bien público o cuándo simplemente protegen intereses creados».

Este mismo autor, transcurridos los años y con la crisis ya en marcha, acabaría escribiendo algo bien distinto:

«La crisis ha roto lo que creíamos saber en este último cuarto de siglo acerca de cuáles debían ser los respectivos roles de las políticas y los mercados en el gobierno de la economía. [...] A los mercados desregulados se les otorgaba la función de orientar la asignación de los recursos hacia sus usos más eficientes para promover el crecimiento económico sostenido. Se daba por hecho que ese esquema donde la política económica se orientaba a la estabilidad y los mercados a la asignación y el crecimiento, generaría de forma automática empleo y una distribución equitativa de la riqueza.

[...]

La crisis [...] nos enseña que los mercados pueden fallar de forma estrepitosa en su papel de mecanismos eficientes para la asignación de recursos. La burbuja inmobiliaria, con su secuela de elevado endeudamiento del sector privado, es el mejor ejemplo de esa falacia de la eficiencia natural de los mercados» (La torre de la arrogancia, 2012).

Aquel economista defensor de la liberalización del suelo en 1997 se ha convertido hoy en uno de esos indigentes culturales (no sé si de la izquierda, del centro o de la derecha) que tanto molestan al Sr. López Casas.

Las deudas que provocaron el concurso de acreedores de las concesionarias

Recordemos que, según su propio Director General, los principales accionistas de la empresa Accesos de Madrid, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, son cuatro: Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Sus principales deudas son a los bancos (650 millones de euros), a los constructores de las radiales (300 millones de euros) y a los propietarios a los que se les expropiaron sus fincas para construir las autopistas (600 millones).

«No se crea usted que esto lo van a pagar ni los accionistas de Abertis, ni los de ACS, ni los de Sacyr, ni los de Cajamadrid: lo vamos a pagar los españoles.»

Según el propio Director General de Accesos de Madrid, los únicos que han podido cobrar han sido los constructores de las radiales, que fueron ACS, Sacyr, FCC y OHL; además, según las noticias que se dieron en el momento de declarar el concurso de acreedores, de las 30 entidades financieras acreedoras, Bankia actuaba como agente de las demás, de lo que se desprende que este socio es el principal acreedor.

Así pues, tenemos que una parte sustancial de las deudas que han llevado a la quiebra a Accesos de Madrid corresponden a tres de sus cuatro socios y que al menos dos de ellos (tres si tenemos en cuenta que FCC también estuvo en el consejo de administración de Accesos de Madrid hasta marzo de 2010) ya han cobrado al menos 900 de los 1.200 millones de euros que costó (según su Director General) construir las autopistas.

Así pues, los accionistas de Accesos de Madrid no van a pagar "esto", pero sí lo han provocado. ¿Impunidad? ¿Poder? Veamos.

No sabemos con quién estamos hablando

José Antonio López Casas, Director General de Accesos de Madrid y castigador de indigentes culturales y comunistas, figura en los órganos de administración de al menos otras siete empresas concesionarias de otras tantas autopistas (Alazor Inversiones, Autopista del Henares, Infraestructuras y Radiales, Erredosa Infraestructuras, Ciralsa, Autopista Trados 45 y Castellana de Autopistas), además de haber estado también como apoderado de Iberpistas y como consejero de Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española.

Además, es socio único de Doñana de Silva Golf (gestora hasta 2033 del campo de golf de Matalascañas, en Almonte) y participa, cómo no, en empresas del sector inmobiliario como El Olivar de San José (también como socio único) o Domus Taller Inmobiliario y en al menos una empresa de inversiones llamada Taller de Gestión Empresarial.

Es obvio que es un señor importante o que, al menos, se codea con señores importantes. La indigencia (cultural, económica o de cualquier otra clase) ha de buscarla lejos de sus contactos y amistades, o al menos lejos de quienes pueden, como el alcalde popular de Almonte (Huelva), darle de comer con el dinero de los demás (la gestión del campo de golf de Matalascañas incluye seis años de carencia: vista su experiencia empresarial, lo que cabría preguntarse ahora es cómo confía un alcalde a este señor una concesión de veinte años sin hacerle pagar los primeros seis).

La construcción: un pozo sin fondo

Desde luego, mi futuro no lo tengo asegurado ejerciendo de adivino; mi optimismo pasado no tenía en cuenta la consabida Ley de Murphy, esa que afirma que si algo va mal, siempre tiende a ir peor.

Analizando los datos del sector de la construcción en Octubre de 2009 y en Junio de 2010 me pareció que se adivinaba, en aquel momento, el final de la sangría en el número de operaciones de compraventa y el de la caída de precios en las viviendas; nada más lejos de la realidad: si bien 2010 fue un buen año estadístico hasta el mes de Agosto (el número de compraventas subieron respecto a los mismos meses de 2009, mientras la caída en los precios parecía tender hacia una clara moderación), en Septiembre de ese año se inició un nuevo descalabro en el número de transmisiones de viviendas, tanto nuevas como usadas, que aun se mantiene a fecha de hoy (con descensos interanuales superiores al 20% y que llegaron incluso al 40% en el mes de Agosto), mientras los precios han alcanzado nuevos mínimos en el tercer trimestre de 2011.

Según los últimos datos disponibles (de Septiembre de 2011), el número de transmisiones de vivienda nueva ha caído más de un 65% en España y casi un 80% en Castellón desde sus máximos (en Enero de 2007 y en Enero de 2008, respectivamente), mientras que en el caso de la vivienda usada el descenso en el número de transmisiones ha sido, tanto en España como en Castellón, de un 75% desde sus máximos (en Enero de 2007 en ambos casos); asimismo, los precios de la vivienda nueva llevan un descenso acumulado del 16,58% en España y del 25,42% en Castellón desde sus máximos, habiéndose vuelto a los mismos niveles de precios existentes entre 2004 (en Castellón) y 2005 (en el conjunto de España).

Respecto a los precios de las viviendas nuevas, cabe recordar que éstos se llegaron a incrementar más del 200% en España y más del 340% en Castellón en apenas 12 años (entre 1995 y 2007), y que ahora mismo existen ofertas (no del sector de la construcción, sino de las entidades financieras) en Castellón cuyos precios están incluso por debajo de los 36.000 € que costaba de media una vivienda de segunda mano de 90 m² en 1995, por lo que si el sector financiero sigue acumulando viviendas con hipotecas ejecutadas, y los precios de venta se mantienen durante mucho tiempo entorno a los 350 €/m² (una reducción de más del 75% respecto a los precios máximos alcanzados en Castellón, cuando el mercado de la vivienda usada ha reducido sus precios apenas un 18%), al sector de la construcción sólo le quedará como alternativa la desaparición.

Y si los datos propios del sector resultan alarmantes (con las empresas obligadas a vender ya por debajo del coste de construcción), no lo son menos los referentes a la fuente de financiación de las transacciones: las hipotecas inmobiliarias.

De las casi 125.000 viviendas hipotecadas en España en Enero de 2007 hemos pasado a las menos de 29.000 en Agosto de este año (el número de viviendas hipotecadas ha caído más de un 75%); si hablamos del montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas, el descenso es aun más escandaloso (superior al 80%), pasando de los casi 18.500 millones de euros concedidos en Enero de 2007 a los 3.125 millones de euros concedidos el pasado Agosto. Ambas caídas han hecho descender también, en consecuencia, la hipoteca media de las viviendas, que ha pasado de los 152.481,96 € (en Agosto de 2007) a los 106.888,70 € (en Agosto de este año), es decir, casi un 30% menos desde sus niveles más altos.

Si hablamos de los datos referentes a Castellón, los descensos son aun mayores, alcanzando las caídas el 86,23% en el número de viviendas hipotecadas (de 2.934 a 404), el 93,17% en el montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas (de más de 422 millones de euros a menos de 29) y el 52,17% en el caso de la hipoteca media de las viviendas (de casi 150.000 € a poco más de 71.000 €).

Mientras tanto, las tasas de paro del sector se mantienen entorno al 25% en España y al 30% en Castellón, representando los parados de la construcción entre un 8% y un 9% del total de parados tanto en España como en Castellón; asimismo, se sigue manteniendo en niveles disparatados la tasa de temporalidad (por encima del 40%).

Los 1.370.700 trabajadores que aun mantenemos un empleo en el sector en España ó los 18.000 en Castellón (llegamos a ser 2.717.500 en España y48.000 en Castellón) le estamos generando hoy al sector más del doble de ingresos por la venta de cada vivienda de lo que les generábamos en 2005 (cada trabajador empleado en todo el sector en Castellón contribuía en generar unos ingresos de 3,72 € por cada vivienda de 90 m² que se vendía, mientras que ahora genera 7,52 €); sin embargo, el efecto acumulado de la caída en el número de ventas y en el precio del metro cuadrado hace inviable el mantenimiento durante mucho más tiempo de estos niveles de ocupación (esos aparentes incrementos en la productividad son completamente irreales, puesto que la producción está tendiendo a cero), por lo que es de esperar que los ajustes empresariales en costes laborales se recrudezcan aun más a medio y largo plazo, al menos mientras el sector financiero siga ejerciendo de referente en cuanto a precios y mientras el número de visados y de certificaciones siga por debajo de los niveles de 1992, cifras que llevan irremisiblemente hacia la práctica desaparición del sector, al menos en cuanto a vivienda privada se refiere.

Y si a todos estos datos estadísticos añadimos la voracidad recaudatoria de todas las administraciones (aunque muy en especial la local y la autonómica, cuyos ingresos se basan en gran parte en el gravamen sobre las propiedades o las transacciones inmobiliarias) y la imperiosa necesidad de la banca de transformar en líquido los innumerables (e incalculables) préstamos hipotecarios concedidos en tiempos de vacas gordas, el futuro a corto plazo de las empresas del sector aparece en el horizonte con meridiana claridad: deshacerse cuanto antes de todos los activos y al precio que sea, si no es que ya es demasiado tarde incluso para regalarlos.

Carta abierta al Círculo de Empresarios

Estimados empresarios integrantes del Círculo de ídem; he leído atentamente su reciente documento Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura, y la conclusión es clara: son ustedes muy espabilados, además de unos hipócritas y unos caraduras.

Tras leerlo podría haberme acordado de sus familias; y no sólo por lo que proponen (que también), sino por esa sibilina autocrítica que impregna todo el documento.

“Debe flexibilizarse el marco laboral, en aras de asegurar la supervivencia de las empresas y la recuperación del empleo.

Se debe impulsar la acción de las mutuas privadas en el control del absentismo laboral”.

Es evidente que los trabajadores somos los máximos responsables de la situación de sus empresas; por nuestros salarios, por el despido que cobramos cuando nos dan la patada y por lo vagos e improductivos que somos cuando nos hacen el inmenso favor de contratarnos. También es evidente que los trabajadores más productivos y menos vagos son los familiares que ustedes ponen al frente del primer departamento en el que queda una plaza vacante (normalmente forzada, no por fuerza mayor, sino por sus cojones), cuyo despido pagan ustedes gustosamente (el de sus familiares, para contribuir solidariamente a la compra de ese coche que siempre han querido, no el del vago trabajador improductivo despedido) y cuyo salario nunca es suficiente para llegar a fin de mes. Además, al ser cargos de confianza, pueden abonarle parte del salario en negro, haciendo del puesto de trabajo el más productivo (contablemente, que no realmente) de la empresa (la de retenciones y seguros sociales que se ahorran, y la de dinero que se puede blanquear así cada año, ¿verdad?). Si al menos hubiese algún trabajador que se quedase una o dos horas más por la cara para sacar adelante esas gestiones urgentes que al mes siguiente siguen encima de su mesa (de la de usted, no de la del trabajador) no tendrían que proponer medidas de investigación privada contra el absentismo laboral; pero es lo que hay, así que no les queda a ustedes más remedio que proponerlo.

Además, sabiendo como sabemos que sólo les costamos a ustedes un 40% (ó 17.000,00 € al año) menos que los trabajadores alemanes a los competitivos empresarios germanos (seguros sociales y costes del despido incluidos), no puede entenderse cómo no nos damos cuenta de la insoportable carga en la competitividad que suponemos los trabajadores para sus empresas. Si en lugar de mirar a los alemanes mirásemos a los chinos otro gallo nos cantaría; pero no es así, y por eso se han visto obligados a proponer la reducción de la indemnización por despido y, ya de paso, también del salario mínimo interprofesional.

“La normalización del crédito es una condición necesaria para recuperar el ciclo económico y frenar la sangría del desempleo.

Las entidades [financieras] deben informar en detalle sobre su exposición potencialmente problemática, su estructura de financiación y su solvencia.

Existe un problema de exceso de estructuras comerciales y de reducido tamaño medio de las entidades [financieras], que redunda en una menor eficiencia y productividad, especialmente en las Cajas de Ahorros”.

También es obvio que las entidades financieras les engañaron a ustedes; y, vistas las cifras, les engañaron mucho: las empresas españolas tenían a finales de 2010 una deuda equivalente al 193% del PIB español, o lo que es lo mismo, estaban endeudadas por el equivalente a todo lo que se produce en nuestro país en dos años (hasta el cuello, vamos). Nada que ver con apuntarse a los pelotazos urbanísticos (es obvio que el único empresario que modificó los estatutos de su empresa para incluir la “Actividad inmobiliaria en general” fue El Pocero, conocido en el mundo entero), ni a crear una pequeña empresa con un par de solares como capital social (urbanizables, eso sí, e hipotecados, eso también); nada que ver con esa sana costumbre del “culo veo, culo quiero” en la que ustedes nunca jamás han caído, caen ni caerán. Por supuesto, también es obvio que lo firmado con la banca no es un lastre para sus empresas; por eso esos contratos financieros están para cumplirlos, no como los laborales, que hacen insoportable la rentabilidad, la liquidez y hasta la solvencia empresarial; y por eso también exigen un poco (o un mucho) más de crédito al sector financiero: aun hay margen para reducir plantilla (aun han de soportar la carga de 25 millones de trabajadores) y así poder pagar más intereses. Y es que, vista la idiocia del trabajador medio español, alguien ha de ser quien vea más allá del cortoplacismo imperante en nuestra clase obrera.

Asimismo, es indiscutible que la estructura empresarial española, basada en pequeñas y medianas empresas, aprovecha mucho más las economías de escala que cualquier otra forma de organización empresarial y permite una mejor y más eficiente gestión de las productividades (¿no es esa misma estructura la que les exigen ustedes a las entidades financieras para mejorar sus productividades?); no obstante, si la productividad y la competitividad de las empresas españolas no se incrementan lo suficiente no es responsabilidad del sufrido empresario emprendedor, sino de otros factores como la rigidez del mercado laboral, la incompetencia de los organismos públicos, las excesivas cargas impositivas, la burocracia, los sindicatos, los convenios colectivos, el sistema financiero, el socialismo, la sanidad, el comunismo, la inseguridad jurídica, los nacionalismos, la deuda pública, el INEM, la mala educación… y, sobre todo y por encima de todo, unos trabajadores vagos y poco entregados a sus obligaciones laborales.

“Si no queda más remedio, y resulta del todo inevitable, los márgenes de subida [de impuestos] menos dañinos están en la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales).

Donde sí se pueden obtener ingresos es en la lucha contra el fraude, ya que parece claro que en la actual coyuntura se está registrando un aumento de la economía sumergida”.

No podemos olvidar tampoco la incuestionable afición del vago y pícaro trabajador español a defraudar al fisco o a obligar al sufrido emprendedor a emplearlo sin contrato para ahorrarse los seguros sociales; de ahí que en su documento se hayan visto obligados a denunciar el fraude fiscal y la contratación ilegal como medida para incrementar los ingresos necesarios para que el Estado promueva actividades empresariales más productivas y les pueda financiar de paso las campañas publicitarias en el exterior para poder vender sus productos fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, como muestra de su incuestionable voluntad de contribuir a las arcas del Estado, admitirían como ultimísimo recurso un incremento en los tipos de IVA que ustedes se desgravan y que sus clientes (nosotros los trabajadores) pagan; como igual de incuestionable es que un incremento en los impuestos sobre los beneficios empresariales serían perjudiciales para la sociedad en general y para ustedes en particular, y de ahí que se nieguen rotundamente en el documento a una contribución tan injusta a la caja común.

“Los convenios de empresa deberían ser siempre prevalentes sobre el resto de convenios.

Mayor flexibilidad en el recurso a las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos de ámbito superior, tanto en lo referente a salarios como al resto de parámetros.

Se debe eliminar la actual prohibición de los contratos parciales de hacer horas extraordinarias y liberalizar la distribución de las horas complementarias de los mismos”.

Irrebatible resulta asimismo el hecho de que la unión de los trabajadores a través de sindicatos demasiado fuertes ejerce una grave distorsión sobre el normal desarrollo del libre mercado, puesto que con ello se le resta autoridad al empresariado; de ahí que se hayan visto obligados a proponer la eliminación inmediata de esas uniones de trabajadores, reduciendo primero a la nada la siempre perjudicial negociación colectiva a cualquier nivel superior a la empresa y proponiendo como única solución la libre negociación de las condiciones laborales entre empresario y trabajador, así como la conversión de los sindicatos en meros despachos de abogados privados; irrebatible es también el perjuicio que supone para las empresas españolas contratar a un trabajador a tiempo parcial y no poder emplearlo a tiempo completo por las restricciones horarias de estos contratos, por lo que han tenido que plasmar en su documento una propuesta destinada a eliminar esas restricciones. Y es que, como todo el mundo sabe, las horas del día y de la noche que un trabajador destina a otros menesteres distintos a su trabajo es una de las principales causas de que las empresas españolas no sean competitivas, y de ahí que hayan ustedes pensado en el bien que le harían a nuestro país esas horas perdidas que el trabajador dedica a las amistades, a la familia o incluso a pensar, que es aun peor.

En definitiva, que me ha llenado de honda satisfacción ver cómo ustedes son capaces de reconocer sus propios errores; un ejercicio de autocrítica nos vendría a todos muy bien para intentar remontar esta interminable crisis, y son ustedes (¿quiénes si no?) los que han dado el primer paso.

Enhorabuena.

¿Se mueven las baldosas de tu acera?

El pasado viernes cedió una parte del pavimento de la recién remodelada Plaza Fadrell de Castellón (se hizo un boquete en el suelo de unos dos metros de diámetro y unos 50 centímetros de profundidad); no, no cedió ante un golpe virulento ni por un excesivo peso. Cedió al paso de un viandante.

En estos mismos momentos hay cuatro trabajadores del Ayuntamiento reparando el boquete; independientemente del número de operarios necesarios para realizar la reparación (con dos sería más que suficiente, puesto que hay uno mezclando la arena, el cemento y el agua, otro colocando las nuevas bladosas y los otros mirándose entre ellos), en estas épocas de crisis no parece que algunas administraciones públicas estén por la labor ya no sólo de ahorrar en gastos (que también), sino tampoco de hacer las cosas más o menos bien para que no haya que estar haciendo reparaciones cada dos por tres.

Vayamos al origen del problema: tenemos, en general (y no sólo las administraciones públicas) unos oficiales de pacotilla. A pocos oficiales con dos dedos de frente y/o con algo de experiencia se les ocurriría rellenar con 50 centímetros de cemento el firme sobre el que han de sostenerse las baldosas, porque justo esa ha sido la causa de que se produjera el boquete que ahora están reparando.

Primera razón para no hacerlo así: el derroche de dinero público en cemento. Segunda razón para no hacerlo así: el derroche de dinero público en reparaciones contínuas por la deficiente construcción de las aceras. Tercera razón para no hacerlo así: la seguridad de los viandantes.

¿Y cómo habría que hacerlo, se preguntarán algunos? Pues con algo tan simple, tan abundante y tan barato como las piedras.

Introducir piedras entre el cemento ahorra cemento. Introducir piedras entre el cemento evita que se formen burbujas de aire entre el cemento, que son las que han causado ese boquete. E introducir piedras entre el cemento evita que ante el peso de un viandante pueda ceder el piso de las aceras.

El problema es que en ninguna obra de las muchas que se han realizado durante este pasado año con el Plan-E he visto a ningún operario poner piedras entre el cemento. Todas las aceras de Castellón son susceptibles de ceder ante el paso de un viandante cualquiera.

Se compra cemento a mansalva, se mezcla bien y se echa tal cual en las aceras; y con pegarle cuatro golpes con el martillo a las baldosas se acabó el trabajo… hasta que las baldosas empiezan a moverse (porque se forman bolsas de aire en el cemento) y hay que volver a levantar el suelo para cambiarlas por otras nuevas.

Viva la crisis, viva los oficiales de pacotilla y vivan nuestras administraciones públicas.

Maceteros a la basura

Hace algo más de un mes publiqué un artículo en esta misma bitácora criticando la instalación de unos maceteros que, unida a la ampliación de la zona azul (la ORA), aparentaba formar parte de una estrategia del Ayuntamiento de Castellón para eliminar un buen número de aparcamientos públicos y gratuitos, aprovechando para ello una genialidad de un Alcalde que un día se levantó ecologista.

Pues bien, los dichosos maceteros se van directamente a la basura.

Unos días después publiqué otro artículo, también en esta misma bitácora, criticando las palabras de Marta Gallén al referirse al Plan-E que inunda las calles de Castellón y que copa la totalidad de la obra pública de nuestra querida ciudad, recordándole a la concejal del Partido Popular que si no había proyectos sostenibles financiados por ese Plan-E era porque el Ayuntamiento, de la que ella es miembro, no había sido capaz de aprobarlos.

Pues bien, el único proyecto del Ayuntamiento de Castellón que podría considerarse sostenible se va directamente a la basura.

Pero hay algo más grave en todo esto que la simple falta de planificación del Ayuntamiento de Castellón. Decía el señor Javier Moliner en una nota de prensa que «la retirada de estos maceteros no les costará ni un solo euro a los ciudadanos»; y eso es falso por partida doble.

Primero, porque la instalación de los maceteros ya estaba en marcha, y la empresa a la que se adjudicó esa instalación va a tener que cobrar por las horas trabajadas (incluidas las horas que tengan que trabajar en la desinstalación), aunque al señor Javier Moliner no le guste.

Y segundo, porque la instalación de esos maceteros era parte del mismo Plan-E que criticaba su compañera de partido y de Ayuntamiento Marta Gallén. ¿Y qué coste tenía que ser subvencionado por el Estado? Pues 898.890,68 €. Y esa subvención la van a perder todos los castellonenses, incluido el señor Javier Moliner.

Un negocio redondo para los ciudadanos, sí señor; casi un millón de euros, a la basura. Y todo por las estupendas ocurrencias del señor Alberto Fabra, bien aderezadas con las absurdas disquisiciones de Marta Gallén y con las flagrantes mentiras del señor Javier Moliner.

Y ahora, que vengan a hablarnos de la crisis o a exigir dinero (o planificación) a las demás Administraciones Públicas.

No te compres el garaje, que se inunda

Hace ahora dos años (en Septiembre de 2007) presentamos un recurso ante el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón (del cual era responsable ya entonces el Sr. Javier Moliner) porque nuestra vivienda, a nuestro entender, podía verse afectada por las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 24-UE-R; nuestra preocupación venía porque en el propio Plan General de Ordenación Urbana (aquel que acabó anulando el Tribunal Supremo), aprobado por el Ayuntamiento de Castellón en el año 2000, se posponían las obras de urbanización de esa Unidad de Ejecución hasta la «resolución de los problemas de inundabilidad» de la zona y, estando casi finalizadas las obras en esas fechas, no conseguíamos adivinar cómo se habían resuelto esos problemas.

En el punto 8 del recurso que interpusimos ante el Ayuntamiento advertíamos:

Que, ante la inminente llegada de la estación otoñal y la más que probable existencia, durante esta época del año, de las características lluvias torrenciales que afectan al litoral mediterráneo, y sin que se tenga constancia del inicio de las obras correspondientes a la resolución de los problemas de inundabilidad de la zona, el riesgo de inundaciones que puedan afectar a las viviendas existentes con anterioridad, al quedar ahora encerradas por el nuevo vial y haberse modificado sustancialmente la orografía del terreno (incluyendo el taponamiento de las posibles filtraciones subterráneas existentes con anterioridad), podría considerarse muy elevado.

La cuestión es que las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 24-UE-R consistían en la apertura de un vial, elevado más de un metro sobre el nivel del suelo existente hasta entonces, que rodeaba por el Norte, por el Este y por el Sur a nuestra vivienda, situada (como reconocía el propio PGOU) en una zona con problemas de inundabilidad.

Allá por el año 1973 se solicitó la licencia de obras mayores de la que ahora es nuestra casa al Ayuntamiento de Castellón, que puso como requisito la construcción ligeramente elevada de la vivienda para evitar, en la medida de lo posible, que esos problemas de inundabilidad afectaran a la construcción.

Treinta y cuatro años después, en pleno siglo XXI y con 45.000 arquitectos más que en 1973 (cuando apenas habían 4.000 arquitectos en toda España), el Ayuntamiento de Castellón tiene la excelente ocurrencia de urbanizar casi un metro por encima de las viviendas de una zona con problemas de inundabilidad.

Y claro, llegó el Otoño (no el de 2007, pero sí el de 2009) y el panorama en el jardín de nuestra casa, con el flamante nuevo vial al fondo (más de un metro por encima del desierto y hoy anegado solar que se ha quedado frente a nuestra vivienda) y con previsiones de más lluvias torrenciales para la noche y el día siguientes, era este:

Obviamente, o el Sr. Javier Moliner (de quien aun estamos esperando respuesta por escrito a nuestro recurso) no sabe lo que es un problema de inundabilidad o es que a alguien, como ya advertíamos en nuestro recurso, se le olvidó instalar las bombas de achique (y aquí no sirve la excusa de que se fue la luz y las bombas no funcionaban, porque aquí no hay ni bombas ni ningún otro sistema de achique que no sean los cubos de agua que pueda tener yo en mi casa).

Decía en una entrada anterior que, vista la política de convulsiva eliminación de aparcamientos libres en las calles de Castellón, la única opción que nos dejaba el Sr. Javier Moliner era comprarnos un garaje (así animamos de paso el sector inmobiliario); sin embargo, a la hora de comprarnos el garaje habrá que tener en cuenta también que el actual urbanismo de Castellón no entiende de inundaciones (o si entiende lo disimula muy bien), así que, el garaje, que esté en un altillo.

Crucemos los dedos y esperemos que los hombres y mujeres del tiempo (todos) se equivoquen en sus previsiones, porque si hemos de esperar que el Ayuntamiento de Castellón haya previsto algo podemos esperar sentados en una barca.