Buscando al ladrillo desesperadamente

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del tercer trimestre de 2013; en su nota de prensa, el INE remarcaba que dicho índice había subido, en tasa intertrimestral, por primera vez desde el segundo trimestre de 2010 (en tasa interanual había caído casi un 8%).

No deja de ser sorprendente que el precio de la vivienda suba el mismo trimestre que el precio del metro cuadrado haya seguido bajando (que alguien nos lo explique), y más teniendo en cuenta que ambos datos se publicaron con menos de 20 días de diferencia.

Aunque la explicación de esta aparente contradicción se escape a mis entendederas (he intentado buscar cambios en las ponderaciones del IPV y las he encontrado -ahora, las viviendas de segunda mano conforman más del 70% del índice cuando en 2010 suponían el 45%, un cambio de ponderación que tampoco alcanzo a entender, puesto que se venden un número similar de viviendas de ambos tipos-, pero si el precio del metro cuadrado ha disminuido tanto en las viviendas nuevas como en las de segunda mano es absurdo que el precio final de las viviendas de alguno de los dos tipos acabe yendo en sentido contrario al del precio del metro cuadrado), no es esto lo que más me ha chocado de ese dato puntualmente positivo (aunque contradictorio) publicado por el INE, sino el tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación.

Cualquiera diría que los medios de comunicación (y no sé si también el resto de la sociedad) tienen como única esperanza para salir de esta crisis que resurja de nuevo el sector del ladrillo; y vistos los movimientos en el Gobierno y en los organismos reguladores, todo parece indicar que estamos abocados a confirmar que el hombre (y, sobre todo, el español) es el único animal dispuesto a tropezar dos veces, y nunca mejor dicho, en la misma piedra.

Para quienes actualizamos periódicamente nuestras hojas de cálculo con los datos del sector inmobiliario en busca de algún rayo de luz para nuestro futuro laboral, tamaña avalancha de optimismo y esperanza nos parece estremecedora; y no porque no nos gustaría que estuviésemos ante el resurgimiento de este sector (con mayor o con menor fuerza, pero resurgimiento al fin y al cabo), sino porque estamos curados de espanto y los buenos datos estadísticos de 2010 y la posterior debacle hasta la fecha ya nos tienen más que prevenidos (o tal vez nos hayan convertido en acérrimos pesimistas tras haber pecado de un ligero optimismo).

Por suerte o por desgracia, los datos no muestran, de momento, ningún síntoma de recuperación en el sector del ladrillo.

Todo parece indicar, por lo tanto, que la recuperación económica, si se ha de producir realmente este año 2014 que acabamos de empezar, no vendrá de la mano del ladrillo.

Grecia nos marca el camino de salida

Estos últimos días, en los que ya se le está indicando a Grecia, sin ningún tipo de tapujo, por dónde está la puerta de salida del euro y de la Unión Europea, me ha asaltado una extraña sensación de tener ya marcado nuestro propio camino (el de España), pero no desde estos días, sino desde el mismo día en que la crisis financiera sacudió Estados Unidos y empezaron a caer bancos de inversión al otro lado del Atlántico. Nunca me imaginé que el pesimismo que me invade pudiera llegar a ser de estas dimensiones.

A Grecia se le han ido imponiendo condiciones económicas imposibles de cumplir desde que, a finales de 2009, el PASOK hiciese público que las cifras de deuda y de déficit públicos eran mucho mayores que las aireadas por el anterior gobierno heleno; en un cierre de año en el que parecía asomarse ya la recuperación de la crisis financiera de las hipotecas basura norteamericanas (la bolsa española cerró el año con un incremento de casi el 30%, siendo la crisis inmobiliaria y los aun secos créditos a la economía real los principales escollos a superar), aquel anuncio pareció despertar a algún tipo de fiera que había esperado adormecida que alguien le enviara una señal.

En Enero de 2010 el nuevo gobierno griego anunció el primer plan de ajustes para reducir el déficit y la deuda públicos; en Febrero de 2010 dio otra vuelta de tuerca a los ajustes ante las presiones de una Unión Europea encabezada por Ángela Merkel y ante unos mercados que, guiados por la rebaja en la calificación de la deuda griega realizada en Diciembre por las tres agencias de calificación (Fitch, S&P y Moody’s), empezaron a exigir mayores rentabilidades a los bonos griegos. Tras el anuncio de la segunda tanda de recortes en Grecia, la prima de riesgo española se disparó hasta los 100 puntos básicos y la griega y la portuguesa también se incrementaron notablemente: la fiera no se conformaba sólo con la presa fácil (sólo el 4 de Febrero de 2010, los fondos de inversión con sede en Chicago movieron más de 5.000 millones de euros en apuestas contra las deudas griega, portuguesa y española).

Grecia se vio obligada a implementar nuevas medidas durante los primeros días de Marzo, pero al cabo de un mes ya tenía que pagar por su deuda unos intereses superiores al 7%, al tiempo que las tres agencias de calificación rebajaban tanto su calificación como la de Portugal, España y también Italia. El día 23 Papandreu tuvo que solicitar la activación del rescate que la Unión Europea había aprobado el mes anterior para países en problemas; y el 7 de Mayo se aprobaron los primeros 110.000 millones de euros para rescatar a Grecia, un dinero que la Unión Europea (85.000 millones) tomaría prestado de los mismos mercados que estaban desestabilizando las deudas soberanas de sus Estados.

El 10 de Mayo se aprobaría también un nuevo fondo de 750.000 millones de euros para afrontar el posible rescate por contagio del resto de países que estaban sufriendo los ataques de los mercados; 500.000 millones de euros los tendría que tomar prestados la Unión Europea de esos mismos mercados. Mientras tanto, se conocía que el Deutsche Bank alemán estaba especulando con productos financieros para apostar a la baja por la economía española y la de los países periféricos.

Seis meses después (el 21 de Noviembre) cayó Irlanda al intentar rescatar a sus entidades financieras (recibiría 85.000 millones, de los cuales más de 40.000 serían aportados por la Unión Europea); el 16 de Mayo de 2011 (otros seis meses después) caería Portugal (78.000 millones de euros, de los cuales 52.000 millones corresponderían a la Unión Europea).

En Noviembre de 2011 (otros seis meses más) las tensiones sobre la deuda española llevarían a su prima de riesgo (y a la italiana) por encima de los 500 puntos porcentuales, aunque en este caso nuestro país aguantó la presión; seis meses más tarde (ayer y hoy) la prima de riesgo vuelve a los mismos niveles que en Noviembre e incluso los supera, batiendo todos los records, mientras al primer país rescatado le dan la espalda todas las instituciones europeas e internacionales porque los ciudadanos griegos (los que soportan todos los recortes sociales impuestos por la UE y el FMI) no les han dado la mayoría a los dos partidos que aplicaban religiosamente y sin rechistar esos recortes.

Y ahora, recopilemos y ordenemos todos los datos. Las crisis en las deudas soberanas europeas se producen reiterada y cíclicamente sobre los mismos objetivos cada seis meses desde las elecciones griegas de finales de 2009, y más concretamente desde que el nuevo gobierno aireó el engaño de sus cuentas anteriores (Noviembre de 2009). En los tres rescates europeos ejecutados hasta ahora (Grecia por partida doble, pues en Octubre de 2011 se le otorgó un nuevo préstamo de 130.000 millones de euros), la Unión Europea ha pedido prestados ya a los mercados más de 265.000 millones de euros.

¿Cuál es la sensación que me ha quedado tras estos días de nuevos ataques de los mercados a países enteros? Pues que, desde la caída de Lehman Brothers, allá por Septiembre de 2008, todas las políticas económicas del mundo desarrollado han ido destinadas a evitar que los grandes bancos de inversión cayeran uno tras otro por su exposición a mezclas de productos financieros (los famosos derivados, donde cabían desde hipotecas basura hasta deudas soberanas, incluidas las de los países rescatados) en los que nadie sabe exactamente con qué activos están respaldados (si es que lo están) ni cuánto valen realmente esos activos. La exposición de los 9 principales bancos estadounidenses a estos productos financieros (a los derivados) es aun hoy de unos 200 billones de dólares (más de 150 billones de euros).

Los pinchazos inmobiliarios de Estados Unidos, de Irlanda y de España están repartidos por todo el mundo a través de la división y reventa (eso es lo que hacían todos los bancos: conceder un préstamo, dividirlo, integrarlo junto a otros productos y revenderlo como una inversión) de los masivos préstamos hipotecarios que se concedieron durante la época de vacas gordas, que están hoy integrados en no se sabe cuántos productos derivados. Como la deuda soberana griega, portuguesa, irlandesa, española o italiana. El billón de euros que deben las familias españolas están ahí, y de los dos billones de euros que deben las empresas, una gran parte también está ahí: es decir, sólo en casas españolas, los inversores pueden tener hasta dos o tres billones de euros que no saben cuánto valen.

La sensación que tengo es que todas las políticas de austeridad en Europa (Estados Unidos es otro mundo, porque allí su banco central sí tiene capacidad para implementar medidas anticrisis) han sido promovidas y aplicadas para que sean los estados los que asuman las garantías (para que puedan pagarlas) que no tienen hoy los inversores por el invento de unos derivados de los que no se sabe cuál es su valor real, asumiéndose así que cuanto más tiempo pase más podrán maquillar sus pérdidas todos esos bancos de inversión, aprovechando asimismo las altas rentabilidades de las deudas soberanas para ir tapando el inmenso agujero en sus cuentas y evitando así un colapso mundial de todo el sistema financiero. Y si eso se hace a costa de arrasar uno o dos países, hágase.

Y ahora veamos alguna cosa más. La Unión Europea debe a los mercados más de 265.000 millones de euros por los rescates a Grecia, Portugal e Irlanda; los bancos centrales de todo el mundo desarrollado han inyectado desde 2008 más de 4 billones de euros al sistema financiero para evitar su colapso. Todas esas operaciones de salvamento a países y entidades financieras se convierten en ridículas si las comparamos con los 150 billones de euros en productos financieros que nadie sabe qué valor real tienen, puesto que nadie sabe qué es lo que se ofrece como garantía a ese valor contable (habrá muchos solares españoles, muchas promociones sin construir, muchas viviendas sin vender y muchas viviendas cuyo valor es un alto porcentaje indeterminado menos del inicial, igual que habrá deuda griega que ahora vale el 50% tras la reciente quita o deuda española que nadie sabe cuánto valdrá dentro de unas semanas o dentro de unos meses); porque no nos engañemos: la deuda española la están comprando los bancos españoles, pero los bancos españoles no se quedan con esa deuda hasta el vencimiento, sino que la colocan en productos derivados (los planes de pensiones, públicos o privados, están rebosantes de deuda española) a otros compradores de otros países o a nosotros mismos. Y el problema es que tan solo un 10% de devaluación de esos productos derivados de los que se desconoce su valor real nos llevaría (no “les”, sino “nos”) a unas pérdidas de 15 billones de euros, que es casi cuatro veces lo que ha costado hasta ahora esta crisis. Y aflorar esas pérdidas sí sería el fin del sistema.

Así que no queda otra que alargar la agonía sacrificando a actores secundarios para proteger a los actores principales (JP Morgan, que la semana pasada reconoció una pérdida de 2.000 millones de euros en una parte de estos derivados, tiene en cartera 55 billones de euros de este tipo de productos, es decir, 55 veces el valor del PIB de España). Todo sea para intentar salvar el sistema.

¿Y entonces? Pues está claro: España seguirá el mismo camino que Grecia. No sé si será este mismo mes cuando nos rescaten o será el próximo ciclo de turbulencias (en Noviembre), pero lo que sí está claro es que nuestro billón de euros es una auténtica minucia ante el monstruo de los derivados que tienen entre manos los grandes bancos de inversión. Nuestro rescate (que irá acompañado de objetivos económicos incumplibles, como los que se le han impuesto a Grecia) servirá para que el resto de actores económicos e inversores acaben de desinvertir en nuestro país (ya lo están haciendo de forma masiva, a razón de 200.000 millones sólo el mes de Febrero pasado) para evitar mayores pérdidas, mientras aprovechan las altas rentabilidades de nuestra deuda pública (asegurada entonces por el BCE y la Unión Europea) para empaquetarla junto a otros derivados y revenderla a los fondos más especulativos. ¿Expulsarnos del euro? Pues sí: una vez nuestra economía esté lo suficientemente raquítica por la austeridad y la ausencia de crecimiento (como le está pasando a Grecia) y se hayan agotado las posibilidades de asumir nuestras deudas (que ya estarán por completo en manos de nuestros bancos y en nuestros fondos de pensiones públicos y privados y, por lo tanto, la quiebra no afectará a otras economías), el camino será el mismo que el de Grecia (y el de Portugal, y no sé si también el de Irlanda).

Me uno, pues, a los agoreros del final del sistema. Y creo, además, que si adelantamos los acontecimientos sufriremos menos.

La construcción: un pozo sin fondo

Desde luego, mi futuro no lo tengo asegurado ejerciendo de adivino; mi optimismo pasado no tenía en cuenta la consabida Ley de Murphy, esa que afirma que si algo va mal, siempre tiende a ir peor.

Analizando los datos del sector de la construcción en Octubre de 2009 y en Junio de 2010 me pareció que se adivinaba, en aquel momento, el final de la sangría en el número de operaciones de compraventa y el de la caída de precios en las viviendas; nada más lejos de la realidad: si bien 2010 fue un buen año estadístico hasta el mes de Agosto (el número de compraventas subieron respecto a los mismos meses de 2009, mientras la caída en los precios parecía tender hacia una clara moderación), en Septiembre de ese año se inició un nuevo descalabro en el número de transmisiones de viviendas, tanto nuevas como usadas, que aun se mantiene a fecha de hoy (con descensos interanuales superiores al 20% y que llegaron incluso al 40% en el mes de Agosto), mientras los precios han alcanzado nuevos mínimos en el tercer trimestre de 2011.

Según los últimos datos disponibles (de Septiembre de 2011), el número de transmisiones de vivienda nueva ha caído más de un 65% en España y casi un 80% en Castellón desde sus máximos (en Enero de 2007 y en Enero de 2008, respectivamente), mientras que en el caso de la vivienda usada el descenso en el número de transmisiones ha sido, tanto en España como en Castellón, de un 75% desde sus máximos (en Enero de 2007 en ambos casos); asimismo, los precios de la vivienda nueva llevan un descenso acumulado del 16,58% en España y del 25,42% en Castellón desde sus máximos, habiéndose vuelto a los mismos niveles de precios existentes entre 2004 (en Castellón) y 2005 (en el conjunto de España).

Respecto a los precios de las viviendas nuevas, cabe recordar que éstos se llegaron a incrementar más del 200% en España y más del 340% en Castellón en apenas 12 años (entre 1995 y 2007), y que ahora mismo existen ofertas (no del sector de la construcción, sino de las entidades financieras) en Castellón cuyos precios están incluso por debajo de los 36.000 € que costaba de media una vivienda de segunda mano de 90 m² en 1995, por lo que si el sector financiero sigue acumulando viviendas con hipotecas ejecutadas, y los precios de venta se mantienen durante mucho tiempo entorno a los 350 €/m² (una reducción de más del 75% respecto a los precios máximos alcanzados en Castellón, cuando el mercado de la vivienda usada ha reducido sus precios apenas un 18%), al sector de la construcción sólo le quedará como alternativa la desaparición.

Y si los datos propios del sector resultan alarmantes (con las empresas obligadas a vender ya por debajo del coste de construcción), no lo son menos los referentes a la fuente de financiación de las transacciones: las hipotecas inmobiliarias.

De las casi 125.000 viviendas hipotecadas en España en Enero de 2007 hemos pasado a las menos de 29.000 en Agosto de este año (el número de viviendas hipotecadas ha caído más de un 75%); si hablamos del montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas, el descenso es aun más escandaloso (superior al 80%), pasando de los casi 18.500 millones de euros concedidos en Enero de 2007 a los 3.125 millones de euros concedidos el pasado Agosto. Ambas caídas han hecho descender también, en consecuencia, la hipoteca media de las viviendas, que ha pasado de los 152.481,96 € (en Agosto de 2007) a los 106.888,70 € (en Agosto de este año), es decir, casi un 30% menos desde sus niveles más altos.

Si hablamos de los datos referentes a Castellón, los descensos son aun mayores, alcanzando las caídas el 86,23% en el número de viviendas hipotecadas (de 2.934 a 404), el 93,17% en el montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas (de más de 422 millones de euros a menos de 29) y el 52,17% en el caso de la hipoteca media de las viviendas (de casi 150.000 € a poco más de 71.000 €).

Mientras tanto, las tasas de paro del sector se mantienen entorno al 25% en España y al 30% en Castellón, representando los parados de la construcción entre un 8% y un 9% del total de parados tanto en España como en Castellón; asimismo, se sigue manteniendo en niveles disparatados la tasa de temporalidad (por encima del 40%).

Los 1.370.700 trabajadores que aun mantenemos un empleo en el sector en España ó los 18.000 en Castellón (llegamos a ser 2.717.500 en España y48.000 en Castellón) le estamos generando hoy al sector más del doble de ingresos por la venta de cada vivienda de lo que les generábamos en 2005 (cada trabajador empleado en todo el sector en Castellón contribuía en generar unos ingresos de 3,72 € por cada vivienda de 90 m² que se vendía, mientras que ahora genera 7,52 €); sin embargo, el efecto acumulado de la caída en el número de ventas y en el precio del metro cuadrado hace inviable el mantenimiento durante mucho más tiempo de estos niveles de ocupación (esos aparentes incrementos en la productividad son completamente irreales, puesto que la producción está tendiendo a cero), por lo que es de esperar que los ajustes empresariales en costes laborales se recrudezcan aun más a medio y largo plazo, al menos mientras el sector financiero siga ejerciendo de referente en cuanto a precios y mientras el número de visados y de certificaciones siga por debajo de los niveles de 1992, cifras que llevan irremisiblemente hacia la práctica desaparición del sector, al menos en cuanto a vivienda privada se refiere.

Y si a todos estos datos estadísticos añadimos la voracidad recaudatoria de todas las administraciones (aunque muy en especial la local y la autonómica, cuyos ingresos se basan en gran parte en el gravamen sobre las propiedades o las transacciones inmobiliarias) y la imperiosa necesidad de la banca de transformar en líquido los innumerables (e incalculables) préstamos hipotecarios concedidos en tiempos de vacas gordas, el futuro a corto plazo de las empresas del sector aparece en el horizonte con meridiana claridad: deshacerse cuanto antes de todos los activos y al precio que sea, si no es que ya es demasiado tarde incluso para regalarlos.

Carta abierta al Círculo de Empresarios

Estimados empresarios integrantes del Círculo de ídem; he leído atentamente su reciente documento Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura, y la conclusión es clara: son ustedes muy espabilados, además de unos hipócritas y unos caraduras.

Tras leerlo podría haberme acordado de sus familias; y no sólo por lo que proponen (que también), sino por esa sibilina autocrítica que impregna todo el documento.

“Debe flexibilizarse el marco laboral, en aras de asegurar la supervivencia de las empresas y la recuperación del empleo.

Se debe impulsar la acción de las mutuas privadas en el control del absentismo laboral”.

Es evidente que los trabajadores somos los máximos responsables de la situación de sus empresas; por nuestros salarios, por el despido que cobramos cuando nos dan la patada y por lo vagos e improductivos que somos cuando nos hacen el inmenso favor de contratarnos. También es evidente que los trabajadores más productivos y menos vagos son los familiares que ustedes ponen al frente del primer departamento en el que queda una plaza vacante (normalmente forzada, no por fuerza mayor, sino por sus cojones), cuyo despido pagan ustedes gustosamente (el de sus familiares, para contribuir solidariamente a la compra de ese coche que siempre han querido, no el del vago trabajador improductivo despedido) y cuyo salario nunca es suficiente para llegar a fin de mes. Además, al ser cargos de confianza, pueden abonarle parte del salario en negro, haciendo del puesto de trabajo el más productivo (contablemente, que no realmente) de la empresa (la de retenciones y seguros sociales que se ahorran, y la de dinero que se puede blanquear así cada año, ¿verdad?). Si al menos hubiese algún trabajador que se quedase una o dos horas más por la cara para sacar adelante esas gestiones urgentes que al mes siguiente siguen encima de su mesa (de la de usted, no de la del trabajador) no tendrían que proponer medidas de investigación privada contra el absentismo laboral; pero es lo que hay, así que no les queda a ustedes más remedio que proponerlo.

Además, sabiendo como sabemos que sólo les costamos a ustedes un 40% (ó 17.000,00 € al año) menos que los trabajadores alemanes a los competitivos empresarios germanos (seguros sociales y costes del despido incluidos), no puede entenderse cómo no nos damos cuenta de la insoportable carga en la competitividad que suponemos los trabajadores para sus empresas. Si en lugar de mirar a los alemanes mirásemos a los chinos otro gallo nos cantaría; pero no es así, y por eso se han visto obligados a proponer la reducción de la indemnización por despido y, ya de paso, también del salario mínimo interprofesional.

“La normalización del crédito es una condición necesaria para recuperar el ciclo económico y frenar la sangría del desempleo.

Las entidades [financieras] deben informar en detalle sobre su exposición potencialmente problemática, su estructura de financiación y su solvencia.

Existe un problema de exceso de estructuras comerciales y de reducido tamaño medio de las entidades [financieras], que redunda en una menor eficiencia y productividad, especialmente en las Cajas de Ahorros”.

También es obvio que las entidades financieras les engañaron a ustedes; y, vistas las cifras, les engañaron mucho: las empresas españolas tenían a finales de 2010 una deuda equivalente al 193% del PIB español, o lo que es lo mismo, estaban endeudadas por el equivalente a todo lo que se produce en nuestro país en dos años (hasta el cuello, vamos). Nada que ver con apuntarse a los pelotazos urbanísticos (es obvio que el único empresario que modificó los estatutos de su empresa para incluir la “Actividad inmobiliaria en general” fue El Pocero, conocido en el mundo entero), ni a crear una pequeña empresa con un par de solares como capital social (urbanizables, eso sí, e hipotecados, eso también); nada que ver con esa sana costumbre del “culo veo, culo quiero” en la que ustedes nunca jamás han caído, caen ni caerán. Por supuesto, también es obvio que lo firmado con la banca no es un lastre para sus empresas; por eso esos contratos financieros están para cumplirlos, no como los laborales, que hacen insoportable la rentabilidad, la liquidez y hasta la solvencia empresarial; y por eso también exigen un poco (o un mucho) más de crédito al sector financiero: aun hay margen para reducir plantilla (aun han de soportar la carga de 25 millones de trabajadores) y así poder pagar más intereses. Y es que, vista la idiocia del trabajador medio español, alguien ha de ser quien vea más allá del cortoplacismo imperante en nuestra clase obrera.

Asimismo, es indiscutible que la estructura empresarial española, basada en pequeñas y medianas empresas, aprovecha mucho más las economías de escala que cualquier otra forma de organización empresarial y permite una mejor y más eficiente gestión de las productividades (¿no es esa misma estructura la que les exigen ustedes a las entidades financieras para mejorar sus productividades?); no obstante, si la productividad y la competitividad de las empresas españolas no se incrementan lo suficiente no es responsabilidad del sufrido empresario emprendedor, sino de otros factores como la rigidez del mercado laboral, la incompetencia de los organismos públicos, las excesivas cargas impositivas, la burocracia, los sindicatos, los convenios colectivos, el sistema financiero, el socialismo, la sanidad, el comunismo, la inseguridad jurídica, los nacionalismos, la deuda pública, el INEM, la mala educación… y, sobre todo y por encima de todo, unos trabajadores vagos y poco entregados a sus obligaciones laborales.

“Si no queda más remedio, y resulta del todo inevitable, los márgenes de subida [de impuestos] menos dañinos están en la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales).

Donde sí se pueden obtener ingresos es en la lucha contra el fraude, ya que parece claro que en la actual coyuntura se está registrando un aumento de la economía sumergida”.

No podemos olvidar tampoco la incuestionable afición del vago y pícaro trabajador español a defraudar al fisco o a obligar al sufrido emprendedor a emplearlo sin contrato para ahorrarse los seguros sociales; de ahí que en su documento se hayan visto obligados a denunciar el fraude fiscal y la contratación ilegal como medida para incrementar los ingresos necesarios para que el Estado promueva actividades empresariales más productivas y les pueda financiar de paso las campañas publicitarias en el exterior para poder vender sus productos fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, como muestra de su incuestionable voluntad de contribuir a las arcas del Estado, admitirían como ultimísimo recurso un incremento en los tipos de IVA que ustedes se desgravan y que sus clientes (nosotros los trabajadores) pagan; como igual de incuestionable es que un incremento en los impuestos sobre los beneficios empresariales serían perjudiciales para la sociedad en general y para ustedes en particular, y de ahí que se nieguen rotundamente en el documento a una contribución tan injusta a la caja común.

“Los convenios de empresa deberían ser siempre prevalentes sobre el resto de convenios.

Mayor flexibilidad en el recurso a las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos de ámbito superior, tanto en lo referente a salarios como al resto de parámetros.

Se debe eliminar la actual prohibición de los contratos parciales de hacer horas extraordinarias y liberalizar la distribución de las horas complementarias de los mismos”.

Irrebatible resulta asimismo el hecho de que la unión de los trabajadores a través de sindicatos demasiado fuertes ejerce una grave distorsión sobre el normal desarrollo del libre mercado, puesto que con ello se le resta autoridad al empresariado; de ahí que se hayan visto obligados a proponer la eliminación inmediata de esas uniones de trabajadores, reduciendo primero a la nada la siempre perjudicial negociación colectiva a cualquier nivel superior a la empresa y proponiendo como única solución la libre negociación de las condiciones laborales entre empresario y trabajador, así como la conversión de los sindicatos en meros despachos de abogados privados; irrebatible es también el perjuicio que supone para las empresas españolas contratar a un trabajador a tiempo parcial y no poder emplearlo a tiempo completo por las restricciones horarias de estos contratos, por lo que han tenido que plasmar en su documento una propuesta destinada a eliminar esas restricciones. Y es que, como todo el mundo sabe, las horas del día y de la noche que un trabajador destina a otros menesteres distintos a su trabajo es una de las principales causas de que las empresas españolas no sean competitivas, y de ahí que hayan ustedes pensado en el bien que le harían a nuestro país esas horas perdidas que el trabajador dedica a las amistades, a la familia o incluso a pensar, que es aun peor.

En definitiva, que me ha llenado de honda satisfacción ver cómo ustedes son capaces de reconocer sus propios errores; un ejercicio de autocrítica nos vendría a todos muy bien para intentar remontar esta interminable crisis, y son ustedes (¿quiénes si no?) los que han dado el primer paso.

Enhorabuena.

El PP gana las elecciones y se sube los sueldos

Cualquiera lo diría con esta propaganda diciendo justamente lo contrario, ¿verdad?

Bueno, pues la realidad es que se ha subido el sueldo un 2%. Él y todos los concejales del Ayuntamiento de Castellón, incluidos los del PSOE y los del Bloc (que se han abstenido ante esta propuesta “anticrisis”) y la de Izquierda Unida (que es la única que ha votado en contra de la subida).

“Es la segunda vez, pues hace un año lo rebajó un 15%”, reza el subtítulo; no cabe, por lo tanto, otra interpretación: hace un año se lo rebajó un 15% (de 90.000,00 € brutos al año pasó a cobrar 76.500,00 €) y este año se lo rebajará otro 13% (cobrará 66.555,00 €).

Claro, que si hacemos la división entre 12 meses nos salen 1.000,00 € menos de los 6.464,00 € que dice el segundo subtítulo, así que algo no cuadra aquí, y no cuadra por 12.000,00 €, por lo que no se trata de una pequeña discrepancia sin importancia.

La trampa está en que Alberto Fabra va a cobrar un 13% menos de lo que cobraba antes de la crisis; y claro, si ya cobraba un 15% menos y ahora va a cobrar un 13% menos (siempre en relación con su sueldo pre-crisis), lo que ha hecho en realidad es bajarse el suelo el año pasado un 15% y subírselo éste un 2%. Parece que algunos ya dan la crisis por finalizada, al menos en Castellón.

Y no olvidemos que PSOE y Bloc (aunque estén en minoría y sus votos no hubiesen servido para nada) se han abstenido; para que después haya quien quiera demostrar que “no todos los políticos son iguales”, ¿verdad? Pues ya va siendo hora de que se vaya demostrando, porque los hechos dan la razón a quienes dicen lo contrario.

Zapatero, responsable de todas las crisis

Bajo el prisma del Partido Popular, Zapatero parece ser el político más poderoso del planeta.

Zapatero es el principal responsable del petardazo financiero que se inició en Estados Unidos en 2007 y que obligó a la intervención posterior de bancos, cajas y hasta de países enteros como Grecia, Irlanda o Portugal; tan poderoso es Zapatero que, incluso antes de llegar a Presidente de España (es decir, desde los bancos de la oposición), conspiró para desregular el mercado financiero estadounidense para que Clinton, Bush y Obama pudiesen mirar hacia otro lado y no tuviesen que preocuparse por las hipotecas basura y su posterior empaquetado financiero opaco que infectó al resto de países capitalistas del globo terráqueo.

No contentos con que los tentáculos de Zapatero llegaran a Estados Unidos, el Partido Popular le hace responsable también de la liberalización del suelo que aprobó el mismísimo José María Aznar Pérez (hipnotizado tal vez por las prominentes cejas de su sucesor), por lo que la burbuja inmobiliaria, los pelotazos urbanísticos y el ladrillazo en la cabeza de todos los españoles tras el reiteradamente advertido derrumbe del sector de la construcción son también palabra y obra de Zapatero.

Por supuesto, Ángela Merkel y una tal Cornelia Prüfer-Storcks son meras marionetas manejadas al antojo de Zapatero, principal responsable de la crisis de los pepinos y hasta de la existencia de la bacteria asesina E.coli; la denuncia a Zapatero por parte de la clausurada empresa alemana productora de brotes de soja y del restaurante de Lübek que los sirvió es solo cuestión de tiempo, puesto que el responsable está plenamente identificado. La Ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, Leire Pajín y Bibiana Aído serán declaradas seguramente colaboradoras necesarias de tanto desaguisado, la primera por salir a defender a los pepinos (qué atrevimiento) y las otras dos porque sí.

No tardaremos mucho en saber quién ha estado detrás de las crisis matrimoniales de Álvarez Cascos o de la Infanta Elena, e incluso de la de Felipe González; sí, sí, han acertado: detrás de toda crisis está Zapatero (está incluso detrás de los indignados acampados en las ciudades españolas). Tan mala persona es que incluso Francisco Camps sabe ya que Correa y su “amiguito del alma” El Bigotes eran dos mercenarios enviados por Zapatero para crear una crisis en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, resulta curioso que el Partido Popular se haya olvidado ya de criticar, e incluso de mencionar, las medidas neoliberales aplicadas por Zapatero para salvar a este país de la quiebra a costa de enviar a la quiebra a miles de familias desahuciadas por los voraces mercados financieros, expulsadas del mercado laboral por multinacionales con cada vez más beneficios y menos trabajadores, y estupefactas (e indignadas) por ser ellas las que siempre pagan el pato de los desmanes inapelables de los avaros especuladores de turno.

Claro, que visto que quien ha de ser el sucesor de Zapatero en el cargo (Mariano Rajoy) aplaude con regocijo las medidas ultraliberales aplicadas en el Reino Unido por la nueva ortodoxia económica gobernante, lo normal es no criticar demasiado lo que va a acabar aplicando él mismo, aunque multiplicado por equis; eso sí, siempre le quedará culpar a Zapatero.

El Banco de Valencia engaña a sus clientes

Para empezar, deberíamos saber lo que es un bono hipotecario: cuando tu banco firma la hipoteca de tu casa sabe que va a ingresar mensualmente los intereses que tú le vas a pagar religiosamente; pero además, tu banco también sabe que no va a tener que esperar 30 años a que le devuelvas el dinero, porque esa hipoteca que tú pagas puede revenderla a otros al estar garantizada con tu casa. A esa reventa de la hipoteca de tu casa se le llama bono hipotecario; así, los bancos obtienen beneficios mensuales con tus intereses y, además, recuperan rápidamente el dinero que te han prestado.

Puesto que ese fue el inicio de la actual crisis financiera (se revendían hipotecas por un importe superior al valor de las viviendas que las garantizaban, a lo que se unió el impago de muchas de ellas y la consiguiente cancelación de las mismas –aquellos bonos hipotecarios sólo podían devolverse a los clientes tras vender o subastar la vivienda en un mercado con precios a la baja y con cada vez menor demanda–), el Banco de España ha ido endureciendo las condiciones para que un banco pueda revender las hipotecas que firma.

El Real Decreto 716/2009 regula en detalle esas condiciones; así, sólo pueden revenderse en forma de bono hipotecario las hipotecas cuyo importe no supere el 80% del valor de tasación de la vivienda (en algunos casos, como ocurre con los locales comerciales, no puede superar el 60%), cuando la vivienda haya sido previamente tasada por una entidad homologada y, lo que más nos interesa en este caso, cuando la vivienda esté asegurada contra daños e incendio:

«Artículo 3. Préstamos y créditos elegibles.

Se considerarán préstamos y créditos elegibles a efectos de servir de cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios […] los préstamos y créditos hipotecarios […] que cumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo.

[…]

Artículo 10. Seguros de daños.

1. Los bienes sobre los que se constituya la garantía hipotecaria deberán contar con un seguro contra daños adecuado a la naturaleza de los mismos. Los riesgos cubiertos deberán ser, al menos, los incluidos en los ramos de seguro 8 y 9 [incendio y daños].»

La inmensa mayoría de entidades bancarias (entre ellas el Banco de Valencia) andan detrás de sus clientes exigiéndoles que les presenten en sus oficinas no sólo el recibo del seguro del hogar, sino también las condiciones detalladas de ese seguro, entre las cuales exigen que conste una cláusula ilegal según la cual el banco debe constar en la póliza como beneficiario del seguro. Aunque no es este el tema principal del artículo, merece la pena que nos detengamos en esta exigencia (generalizada entre las entidades bancarias y admitida sin más por las compañías de seguros, que no dudan en introducir dicha cláusula abusiva entre las condiciones de los seguros del hogar).

En primer lugar, la entidad bancaria no puede exigirnos unos datos que no tienen nada que ver con nuestra relación comercial con ellos (ni la cuota que hayamos pactado con la compañía de seguros, ni las condiciones particulares de dicha póliza, ni el exceso de valor del continente respecto al importe hipotecado, ni el valor del contenido declarado a la compañía de seguros, afectan lo más mínimo a la hipoteca), porque esas exigencias están prohibidas expresamente por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales («Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido»). Pero es que, además, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones viene declarando desde 2008 que en los seguros del hogar «sólo tiene derecho a percibir la indemnización el propietario del bien asegurado», ya que indemnizar a un tercero (como es la entidad hipotecaria) «produciría un enriquecimiento injusto, puesto que dicha persona no ha sufrido menoscabo o quebranto económico», por lo que se declararon estas cláusulas «contrarias al carácter indemnizatorio de los seguros de daños y al equilibrio contractual».

No parece que esta forma de perseguir a los clientes para que contraten un seguro del hogar que les permita a su entidad bancaria revender sus hipotecas sea muy efectiva, puesto que el Banco de Valencia (no sé si otras entidades también) ha decidido dar un paso más allá y han optado por mentir directamente a sus clientes bajo un aparente manto de legalidad.

El Banco de Valencia, al parece demasiado acuciado por la necesidad urgente de liquidez, pasa directamente de las oficinas de sus clientes a los Directores de la entidad bancaria: el Director General Adjunto y el Director del Área de Clientes se atreven a remitir una misiva atribuyendo una obligación a sus clientes cuando en realidad se trata de una condición que debe cumplir la entidad bancaria para poder revender las hipotecas que ha firmado.

¿Recuerdan el artículo 10 del Real Decreto 716/2009 que hemos citado más arriba? ¿Aquel que exigía que la vivienda hipotecada estuviese asegurada si la entidad bancaria quería que sirviese de cobertura para emitir sus bonos hipotecarios? Pues según el Banco de Valencia, ese artículo 10 no dice eso, sino esto:

«Nos permitimos informarle que el Real Decreto 716/2009 obliga a que las operaciones hipotecarias lleven asociado un seguro de daños sobre el bien hipotecado.

Si usted ya dispone de este seguro, debe pasar por su oficina con la documentación y completaremos la información de su hipoteca.

Si aún no posee este seguro, le invitamos a que pase por su oficina habitual y compruebe lo poco que cuesta estar bien asegurado y disfrutar de una amplia protección, con máxima calidad a un coste reducido.»

Sobra cualquier otro comentario.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (V)

El huevo o la gallina

Tal vez la demonización (a veces merecida, aunque no siempre) del sector inmobiliario (es evidente que han existido las estafas inmobiliarias o que los especuladores han campado a sus anchas en el sector para alterar al alza unos precios a los que rápidamente se han apuntado el resto de empresarios inmobiliarios) haya contribuido a buscar dentro del propio sector la principal causa de la debacle que aun hoy (y parece que durante un largo tiempo más) sigue su curso; mucho se ha hablado del exceso de oferta (el sector construyó muy por encima de lo que teóricamente la demanda podía absorber) como causa principal de la crisis inmobiliaria, y no hay que minimizar el hecho de que se construyera a un ritmo vertiginoso y, muy posiblemente, excesivo.

Pero lo cierto es que el stock de viviendas nuevas sin vender se calcula, en numerosos estudios (los más alarmistas), en base a los proyectos visados por los Colegios de Aparejadores, que en 2006 constituyeron la friolera de 865.561 viviendas a construir (una media de 72.130 viviendas al mes); como hemos visto en el primero de los artículos de esta serie, las compraventas de vivienda nueva alcanzaron su máximo (desde que se tienen datos mensuales) en Enero de 2007, con 33.480 viviendas nuevas transmitidas. Se construía, por lo tanto, a un ritmo de 40.000 viviendas en exceso cada mes (más de 450.000 viviendas se querdarían sin comprador cada año de seguir ese ritmo), si bien esas cifras de 2006 fueron ciertamente excepcionales (las cifras estuvieron en los años precedentes en torno a las 15.000 viviendas mensuales o las 200.000 anuales de más); es evidente que, con esas cifras, debía realizarse un ajuste en la oferta.

El problema es que los proyectos visados no son más que eso: proyectos. Muchos de esos proyectos se convertirían en promociones, pero otros muchos nunca llegarían a materializarse; las cifras correspondientes a las certificaciones de obras finalizadas así lo ponen de manifiesto: de las 8.112.724 viviendas proyectadas desde 1992, sólo se han materializado 5.251.381. Así, el máximo de viviendas construidas se alcanzó en 2007, con 547.285 (una media de 45.607 viviendas al mes, que son 12.127 más que las compraventas que se produjeron en Enero de 2007).

Si tomamos el número de viviendas finalizadas desde Enero de 2007 vemos que según las certificaciones son 1.434.102, mientras que según los visados (teniendo en cuenta que han de transcurrir entre 18 y 24 meses hasta que puedan finalizarse los proyectos) serían 2.319.530; el número de viviendas nuevas transmitidas desde Enero de 2007 es de 901.285, por lo que el desajuste entre la oferta y la demanda sería, según se tomase uno u otro dato, de 532.817 ó de 1.418.245 viviendas. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, el stock acumulado en 2009 (que incluye los cálculos acumulados desde 2004) sería de 688.044 viviendas (34.366 correspondientes a Castellón), más acorde con los datos de las certificaciones que con los de visados (utilizados asiduamente por determinados medios ultraliberales como Libertad Digital, como puede observarse en este artículo de 2008 o en éste de esta misma semana).

Como ya vimos también en el segundo artículo de la serie, los precios de la vivienda nueva han experimentado caídas máximas del 10,73% en el conjunto de España y del 15,49% en Castellón, muy lejos del 30% ó del 40% que se manejan en ciertos círculos; por supuesto, con las cifras de stock que manejan algunos expertos y al ritmo de ventas y de construcción actuales, las viviendas nuevas sin vender no se podrían absorber hasta que transcurrieran entre 10 ó 15 años, por lo que es evidente que el ajuste de los precios habría de ser acorde con aquellas cifras o incluso mayor. Sin embargo, las cifras del stock de viviendas basadas en los visados es completamente irreal, por lo que el descenso de precios previsto en base a dichos datos también lo es, como de hecho parecen demostrar las últimas cifras oficiales sobre precios (ver la actualización de datos de esta serie de artículos).

Aunque las actuales cifras de compraventas rondan las 225.000 viviendas nuevas al año (unas 19.000 viviendas al mes), en 2005 se registraron más de 430.000 compraventas (unas 36.000 mensuales) y no fue hasta 2008 cuando las operaciones bajaron de las 300.000 anuales; recordemos que la crisis financiera estalló en Agosto de 2007 y que el número de hipotecas concedidas empezó su descenso en picado (con descensos interanuales superiores al 30%) justo ese mes, como puede observarse en el gráfico siguiente (en Marzo de 2008 se concedieron casi 50.000 hipotecas menos que en Marzo de 2007).

¿El descenso en el número de compraventas fue consecuencia del exceso de oferta? Con toda probabilidad, incidió en el descenso en el número de compraventas de 2006 y 2007 (hasta el estallido de la crisis financiera se produjeron descensos interanuales puntuales cercanos al 10% en el número de hipotecas concedidas), sobre todo cuando empezaron a aparecer los informes que hablaban de descensos en los precios de hasta un 40% por el teóricamente desorbitado stock de viviendas que se estaba acumulando; aquellos descensos interanuales en el número de compraventas de entre el 10% y el 20% podían responder a la propia crisis del sector inmobiliario, pero tiene difícil explicación su extensión en el tiempo (éste será el cuarto año consecutivo de crisis en el sector) si no tenemos en cuenta que en el momento en el que se tuvo que iniciar la recuperación (es difícil encontrar crisis sectoriales superiores a los dos años, por lo que a mediados de 2008 se debería haber iniciado una ligera remontada que nunca llegó) estaba en pleno auge la crisis financiera.

Puesto que la demanda de vivienda necesita de una fuente de financiación, y ésta no estaba disponible (en Enero de 2009 se concedían un 58% de hipotecas menos –unas 72.000 menos– que dos años antes), la razón del estancamiento y del descenso en el número de operaciones de compraventa a partir de 2008 la hemos de establecer en la inexistente demanda (por falta de financiación debido a la crisis de liquidez del sector financiero), y no exclusivamente (ni principalmente) al exceso de oferta; no es, por lo tanto, una crisis de oferta del sector inmobiliario lo que estamos observando en estos momentos, sino una crisis de demanda por la concatenación de la crisis financiera a la crisis del sector de la construcción.

¿Deben bajar más los precios de la vivienda nueva por un exceso de oferta? En una situación de crisis sectorial, posiblemente fuese una solución para reanimar las ventas; pero si la demanda no existe por la existencia de una crisis financiera paralela, la variación en los precios de venta no tiene efecto alguno en el mercado, puesto que cualquier atractivo que pudiesen tener para la demanda unos precios ajustados quedaría completamente cercenado por la imposibilidad manifiesta de acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo la operación de compraventa.

Los importes medios de las hipotecas nos ayudarán a poner de manifiesto la principal contradicción de las teorías que afirman que los precios de las viviendas han de seguir bajando; el descenso en el valor medio de las hipotecas concedidas ha llegado al 26,71% desde sus niveles más altos, mientras que los precios han descendido poco más del 10% (según los datos referidos al conjunto de España). Mayo de 2007 supone el punto de inflexión tanto en el número de hipotecas como en el importe medio, iniciándose en Agosto las caídas más acusadas en ambas variables; lo esperable sería que el número de hipotecas condedidas acompañase al número de compraventas de viviendas y que los importes medios de las hipotecas acompañasen a los precios de venta de las viviendas. Sin embargo, no es eso lo que ocurrió.

El número de compraventas ya descendió en 2006 y continuó haciéndolo en 2007, mientras que el número de hipotecas no alcanzó su máximo hasta Mayo de 2007; totalmente ajenas a las cifras de ventas del sector de la construcción, las entidades financieras siguieron concediendo más y más hipotecas hasta que, en Mayo de 2007, Lehman-Brothers e inversores similares empiezan a huir de los fondos hipotecarios y la falta de liquidez empieza a notarse en el mercado financiero. Se inicia ese mes un ligero descenso en el número y en el importe de las hipotecas concedidas, que acabaría siendo un auténtico descalabro a partir de Agosto, justo tras el anuncio de la quiebra de las norteamericanas Blackstone, American Home Mortgage y National City Home Equity y del banco alemán IKB y tras las posteriores, a la vez que urgentes y multimillonarias, inyecciones de liquidez coordinadas entre la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Canadá y el Banco Central de Japón. No obstante, el acusado descenso en el número de hipotecas concedidas (un 58% desde Mayo de 2007) se corresponde aproximadamente con el descenso en el número de compraventas (un 53,16%), habiéndose equiparado aproximadamente ambas variables, aunque los ritmos de las caídas han sido muy desiguales (mucho más acusados en el número de hipotecas, que se desplomaron más tarde y cuya caída ha sido mucho mayor).

Con estos datos en la mano, es muy aventurado afirmar que los precios de las viviendas han de seguir bajando, puesto que actualmente el principal problema del sector no es el exceso de oferta, sino que estamos ante un problema común al resto de la economía: el sector financiero no concede créditos y, por lo tanto, la demanda no existe. Siendo éste el principal problema, el ajuste de precios a la baja en el sector de la construcción sólo sería efectivo si alcanzasen un nivel tal que los compradores no necesitasen un préstamo para comprar una vivienda; como esta situación es completamente inviable, las teóricas rebajas en los precios de las viviendas van a continuar siendo mínimas (de hecho, los precios están empezando a remontar), puesto que las empresas promotoras saben que la demanda no va a poder reaccionar (el número de hipotecas que concede el sector financiero está a niveles inferiores a los de 2003) por mucho que bajen los precios.

Además, si añadimos los datos del importe medio de las hipotecas condecidas (que pasó de 152.481,96 € en Agosto de 2007 a los 111.753,36 € en Agosto de 2009, lo cual supone una bajada de casi el 30%) podemos llegar a entender el actual comportamiento de la demanda: sólo pueden acceder a una hipoteca quienes tienen una determinada capacidad de ahorro, de forma que las escasas hipotecas que se conceden tienen como prestatarios a personas que no necesitan financiación más allá del 60% ó del 70% del precio de cada vivienda o que, en cualquier caso, su futuro económico inmediato no se va a ver oscurecido por las circunstancias de los mercados.

Así, mientras los precios de las viviendas se han ajustado apenas un 10% en cuatro años de crisis inmobiliaria, los datos de la crisis financiera (un descenso de casi un 30% en el importe medio de las hipotecas y de un 70% en el total concedido –de más de 18.000 millones de euros mensuales concedidos en Enero de 2007 se ha pasado a menos de 6.000 millones de euros–) ponen completamente en entredicho las teorías que defienden casi como única opción válida la crisis de oferta en el sector de la construcción, cuando lo que hay en realidad es una crisis galopante de demanda debida a la crisis del sector financiero.

En definitiva, que podemos señalar al huevo (el exceso de oferta) como origen inicial de la crisis del sector inmobiliario, pero no podemos seguir señalando al huevo desde el mismo momento en que la gallina (la ausencia de demanda por la falta de financiación para la compra) aparece como clara y preponderante protagonista de la actual situación del sector de la construcción.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (IV)

El mercado laboral

Como hemos visto en las anteriores entregas de esta serie (la primera sobre el número de operaciones de compraventa de viviendas y la segunda sobre la evolución del precio del metro cuadrado tanto en inmuebles de este tipo nuevos como usados), existe un elevado grado de rigidez (poca capacidad de reacción) en los precios de las viviendas ante un descalabro de la demanda como el que tuvo lugar en 2006; lo que vamos a ver ahora es si esa rigidez en los ingresos es una característica estructural del sector o si, por el contrario, se trata de una mera actuación de oportunidad.

Empezaremos por la característica más destacada de este sector, que es la alta temporalidad en los contratos laborales; el Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos desagregados por provincias respecto a la temporalidad, pero nos servirán los datos globales correspondientes al conjunto de España. Hay que tener en cuenta que tanto el sector de la construcción clásico (cuyos datos ya figuraban individualmente en las anteriores estadísticas del INE) como el de la promoción y el de los comerciales inmobiliarios (APIs) han quedado integrados, con la nueva clasificación del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) dentro del sector de la construcción.

Como podemos observar en el gráfico superior, la temporalidad media estuvo en España entre el 30% y el 35% hasta el primer trimestre de 2008 (no bajó de los 5 millones de trabajadores hasta el segundo trimestre de 2008), aunque empezó a estar en la parte baja de esa horquilla ya desde el primer trimestre de 2007 tras haber alcanzado su máximo (34,59%) en el tercer trimestre de 2006; aun siendo una temporalidad elevada en comparación con los países de nuestro entorno, el sector de la construcción llegó hasta el 56,98% de temporalidad en el tercer trimestre de 2006.

Desde el tercer trimestre de 2006 (cuando había 5.661.400 trabajadores con contratos temporales) hasta el primer trimestre de 2010 han desaparecido 1.940.900 contratos temporales, a la vez que el paro se ha incrementado en 2.960.900 personas (han entrado en el mercado laboral otras 1.346.200 personas, se han incrementado los contratos indefinidos en 828.200 y el resto –otros 500.000 puestos de trabajo perdidos– corresponden a personal no asalariado –trabajadores por cuenta propia, empleadores, empresarios…–); sólo en el sector de la construcción han desaparecido 710.000 puestos de trabajo temporales desde que se alzanzara su máximo en cifras absolutas (1.218.500 contratos en el segundo trimestre de 2007), mientras que el paro ha llegado a incrementarse en más de 600.000 personas (antes de que el Plan-E y el descenso de la población activa –476.800 trabajadores de la construcción han dejado de buscar trabajo en el sector o han pasado a engrosar la abultada lista de parados de larga duración, que no tienen asignado un sector concreto– diesen un cierto respiro a las terribles cifras de las estadísticas).

Tanto de las cifras de temporalidad como de las de parados (a partir del segundo trimestre de 2007 la tasa de paro en la construcción se dispara, tanto en España como, sobre todo, en Castellón), observamos que aquella rigidez para adaptar los precios de venta de las viviendas no se da aparentemente a la hora de reducir los costes laborales; no obstante, no hay que olvidar que son las empresas promotoras (último eslabón de la cadena de costes), y no las constructoras (que al ser el primer eslabón fueron las primeras en no renovar sus contratos temporales ante la creciente inactividad del sector, aunque sí repercutieron sus costes al siguiente eslabón), las que establecen esos precios, por lo que los ajustes difícilmente pueden ser inmediatos.

La situación del mercado laboral del sector inmobiliario en Castellón es mucho más crítica que en el resto de España; de ser el sector castellonense con una menor tasa de paro (llegó a tener apenas el 1,64% en el segundo trimestre de 2007) ha pasado a batir todas las cifras conocidas, llegando en la actualidad a tener una tasa de paro del 32,92%; aunque las cifras del sector en España están también disparadas (del 5,50% de tasa de paro en el sector en el tercer trimestre de 2005 se ha llegado hasta el 27,32% durante el primer trimestre de 2009), el peso del sector en Castellón ha hecho que la provincia pase de ser una de las que mejores cifras globales de desempleo presentaba (habitualmente dos o tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional) a ser una de las que presenta unas tasas de paro más desbocadas (por encima del 26% en la actualidad, casi cinco puntos porcentuales por encima de las cifras globales de España).

La importancia del sector de la construcción en la provincia de Castellón lo podemos observar en el último gráfico, en el que se observa cómo el peso relativo (respecto al total de trabajadores con contrato en todos los sectores) del número de ocupados en esta actividad era superior entre dos a seis puntos (llegando hasta cerca del 18% de todos los ocupados en la provincia) al peso del sector a nivel nacional (que nunca llegó a suponer el 14%); en la actualidad, ese peso relativo de las personas ocupadas en el sector de la construcción respecto al total de ocupados se ha igualado a la baja tanto en España como en Castellón, suponiendo ahora alrededor del 10% de los trabajadores asalariados. Por el contrario, el número de trabajadores parados ha pasado de representar alrededor de un 8% del total de parados (tanto en España como en Castellón, aunque con mayores altibajos en este caso) a superar el 16% de peso relativo, representando en la actualidad entre el 12% y el 14% del total de parados. No hay que olvidar que la contribución de este sector al P.I.B. nacional ha estado en torno al 10% desde el año 2005 (acercándose al 11% durante 2006), aunque en la actualidad se encuentra ligeramente por debajo (9,44% en el primer trimestre de 2010).

En resumen, la alta temporalidad laboral del sector de la construcción ha permitido ajustar los costes laborales de las empresas a través de despidos masivos de trabajadores (hay un 58,27% de contratos temporales menos en el sector, habiendo pasado a engrosar las listas del paro el 97,40% de los trabajadores con este tipo de contrato, sin olvidar que también hay un 29,85% de contratos indefinidos menos); a pesar del bajo peso relativo del sector en el conjunto de la economía (un 10% del P.I.B. y un 12% de los trabajadores), la contribución del sector al incremento del paro nacional ha sido del 20% y a la destrucción de trabajos temporales del 37%, mientras que en Castellón la contribución directa al incremento del paro ha sido del 33% (la indirecta sería mucho mayor, puesto que el sector industrial –con la cerámica a la cabeza– se ha visto gravemente afectado por la crisis de la construcción). La tan reivindicada (por parte de las asociaciones de empresarios) flexibilidad del mercado laboral en el sector de la construcción es, por lo tanto, altísima; sin embargo, esa flexibilidad en los costes no se ve reflejada en una flexibilidad similar a la hora de hacer frente a retoques en los ingresos, que muestran una extremada rigidez poco acorde con un mercado competitivo en costes (al menos en los laborales).

El sector de la construcción no necesitaba, por lo tanto, retoques competitivos en cuanto a su estructura laboral (en cualquier caso, lo que necesitaba era una mayor estabilidad laboral, como demuestra la alta siniestralidad del sector); por el contrario, lo que sí hubiese necesitado la construcción habría sido una política empresarial menos especulativa, menos oportunista y menos rígida. La virulenta corrección a estos déficits en las políticas empresariales ha tenido que venir, por desgracia, en forma de innumerables concursos de acreedores, con la consiguiente repercusión, de nuevo, en los puestos de trabajo.

Veremos en la próxima entrega de esta serie los orígenes del descalabro del sector, cuyo principal motivo no puede achacarse al exceso de oferta (que también ha podido contribuir a la crisis del sector, aunque no en los términos primordiales que parecen haberse establecido entre la opinión pública).

Nota metodológica: Las cifras de paro que he utilizado incluyen a las personas que buscan su primer trabajo (323.900 en España y 3.300 en Castellón en el último trimestre), por lo que las tasas de paro serán ligeramente superiores (entre un 1% y un 1,5%) a las reconocidas oficialmente en la Encuesta de Población Activa, que es la fuente desde la que se han tomado los datos.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (III)

Actualización de datos

En Octubre del año pasado traté los datos de compraventa de viviendas y los precios de las mismas referidos a España y a Castellón; respecto al número de compraventas nacionales, decía que estábamos en mínimos, tanto en vivienda nueva como usada (globalmente por debajo de las 40.000 compraventas mensuales y por debajo de las 20.000 en ambos tipos de viviedas), al igual que en Castellón, aunque en este caso con un comportamiento más errático (teniendo siempre en cuenta que los datos interanuales de nuestra provincia mostraban la continuidad de la crisis, aunque con una cada vez menor sangría en las compraventas, sobre todo en vivienda nueva).

Los precios mostraban, tanto en España como en Castellón, una destacada falta de flexibilidad ante los cambios en la demanda (las caídas de las operaciones de compraventa en 2006 –mucho más acusadas en Castellón, con una caída del 41% frente al 10% del conjunto de España– no fueron reflejadas en los precios hasta el segundo y el tercer trimestre de 2008); además, las caídas interanuales de los precios (tanto en vivienda nueva como usada) hasta el tercer trimestre de 2009 (último trimestre con datos en aquella fecha) no ofrecían expectativas de mejora ni para Castellón ni para el conjunto de España. Como dato a tener en cuenta, el precio del metro cuadrado a nivel nacional mostraba una extraña equiparación entre la vivienda nueva y la usada, algo que no ocurría, como dicta la lógica, en Castellón.

Los últimos datos mostrados en Octubre se referían al mes de Julio de 2009 y al tercer trimestre de ese año, mientras que en estos momentos están disponibles ya los datos del mes del primer trimestre y de Abril de 2010, por lo que, antes de continuar con la serie, creo conveniente actualizar los datos y comentar las evoluciones más destacables.

El número de compraventas de viviendas en el conjunto de España se ha mantenido más o menos estable (entre las 32.000 y las 40.000 operaciones mensuales) con ligeras variaciones; como decía en Octubre, los tres datos consecutivos al alza (de Mayo a Julio de 2009) no podían ser tomados con demasiado optimismo, puesto que partían del nivel más bajo de operaciones (el mes de Abril no llegaron a las 30.000) de toda la serie. Y en efecto, en Agosto se registró una nueva caída, aunque en los meses posteriores se han dado oscilaciones tanto al alza como a la baja que han mantenido los niveles, como he dicho con anterioridad, dentro de una cierta estabilidad. El número de compraventas, en cualquier caso, es muy similar (casi al 50%) para ambos tipos de viviendas (nueva y usada); asimismo, las tres caídas consecutivas hasta Abril de 2010 tampoco pueden tomarse ahora en sentido pesimista, como comprobaremos en los gráficos correspondientes a las variaciones interanuales.

Los datos erráticos que ya mencioné en Octubre se mantienen en Castellón en los meses siguientes; así, de las poco más de 200 viviendas nuevas vendidas en Diciembre de 2009 (el peor dato corresponde a Diciembre de 2008, por lo que este mes parece ser el peor para las operaciones de compraventa en Castellón) pasamos a las más de 700 en Agosto de 2009 o a las casi 500 de Octubre, bajando de nuevo a las poco más de 200 en Marzo de 2010. Ese mismo comportamiento errático lo encontramos en la vivienda usada, aunque con caídas y remontadas menos virulentas (desde Enero de 2008, las operaciones en este tipo de viviendas se han mantenido entre las 300 y las 500 mensuales).

Aunque todavía con ciertas reservas (sobre todo en el caso de Castellón), las variaciones interanuales en las operaciones de compraventa parecen mostrar una clara inflexión de la tendencia, sobre todo en la vivienda usada (con cinco subidas consecutivas, las tres últimas por encima del 20%); la vivienda nueva todavía mantiene descensos, aunque ya intercalados con pequeños repuntes en el número de operaciones respecto al año anterior, sin olvidar, no obstante, que el nivel desde el que se partía era el más bajo de la serie.

Los precios nacionales mantienen la tendencia a la baja iniciada en el segundo trimestre de 2008; asimismo, se mantiene también la equiparación de precios entre la vivienda nueva y la usada.

En Castellón se manteniene la tendencia a la baja de los precios de la vivienda usada, aunque la diferencia respecto al de la vivienda nueva se ha visto reducida por el acusado descenso de éste en el primer trimestre de 2009; los dos últimos trimestres han visto un repunte en el precio del metro cuadrado de la vivienda nueva respecto a los trimestres precedentes, aunque las tasas interanuales siguen siendo todavía negativas, por lo que no puede hablarse todavía de una tendencia al alza de estos precios.

Aunque los precios empezaron a moderarse de forma clara desde el primer trimestre de 2006 (año en el que se produjo un acusado descenso en las operaciones de compraventa de viviendas, sobre todo en Castellón), el descenso en los precios del metro cuadrado no se produce hasta el primer trimestre de 2008 en Castellón y hasta el cuarto en el conjunto de España; los últimos datos interanuales muestran lo que parece un claro cambio de tendencia (más acelerado en Castellón), aunque todavía con descenso en los precios del metro cuadrado.

Con esta actualización de los datos podemos continuar con esta serie, cuya próxima entrega versará, como ya había anunciado en Octubre, sobre el mercado laboral.

Para acabar con las dos primeras entregas más esta actualización, mencionar que los datos utilizados hasta ahora provienen íntegramente del Instituto Nacional de Estadística (de su serie Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, cuya fuente primaria es el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España; y de su serie Estadísticas de la Construcción, subserie Precio de las Viviendas, cuya fuente primaria es la Dirección General de Programación Económica del Ministerior de Fomento).