Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

Dejad que los borregos se acerquen a mí

España se rompe, si no está rota ya. Esta vez sí, pero no por los independentistas catalanes, sino por la crisis. Y no por la crisis económica (que ha ayudado al aumento de la conflictividad social), sino por la crisis ética generalizada. Y no sólo por la crisis ética de los políticos (que también), sino por la deriva que lleva tomando todo el sistema socioeconómico en el que hemos vivido durante largos años y que ha conseguido modificar y distorsionar nuestra percepción de la realidad, adaptándola a criterios estrictamente económicos. Y no sólo se rompe España, sino que también se rompe Europa, donde los socios parecen más enemigos que socios.

Nuestro presidente (Mariano Rajoy Brey, gallego y ex-Ministro del Interior como Manuel Fraga Iribarne) tuvo palabras de agradecimiento hacia los ciudadanos que no se manifestaron el 25-S (ni el 11-S, ni el 15-S, ni el 29-M, ni el 15-M…); a nuestro presidente le gustan la tranquilidad en las calles, la paz social… los ciudadanos-borrego: aquéllos que se toman unas cervezas con los amigos en el bar mientras cuentan (en la intimidad) cómo les han bajado el sueldo gracias a la abolición expresa de los convenios colectivos que permite la reforma laboral de nuestro presidente, a la vez que expresan su preocupación (en la intimidad) porque a su pareja la han echado a la calle al aplicarle uno de los nuevos expedientes de regulación de empleo de los permitidos en esa reforma laboral que iba a solucionar el problema del paro español, y que al acabar la charla con sus amigos se van a casa a compartir las penas con la abuela que les está pagando la hipoteca de una casa que ya no utilizan para no malgastar luz ni agua.

A nuestro presidente le gustan esos ciudadanos-borrego que tan pronto se aferran a la Constitución para evitar el aprendizaje de una lengua oficial que no es la suya como justifican la vulneración de la legislación por parte de unos agentes de la autoridad que, en cuanto se ponen el casco y la porra, esconden su obligatoria identificación para no ser castigados ante los más que evidentes abusos de poder grabados y publicados por testigos presenciales a quienes, por si fuera poco, se ignora reiteradamente en sede judicial para evitar que los delincuentes inidentificables puedan ser debidamente castigados.

Y como a nuestro presidente le gustan esos ciudadanos-borrego que agachan la cabeza o miran hacia los catalanes cuando sus medidas políticas no sólo no marchan bien, sino que arruinan económicamente y anulan socialmente a los ciudadanos, sean borregos o no, todas las instituciones parecen haber tomado buena nota de los dictatoriales gustos presidenciales y no han tardado en darle una agradable sorpresa al paisano de Manuel Fraga Iribarne: prohibir que los ciudadanos díscolos se descarríen del rebaño.

Primero fue la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, con la inestimable ayuda de la caverna mediática, la que acusó de golpistas a miles (6.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, 900.000 si comparamos las fotografías con otros actos organizados por las instituciones) de ciudadanos díscolos y desarmados hartos de que sus impuestos (un 50% –el IRPF y el IVA– más altos hoy que en 2010) vayan a parar íntegros a rescatar cajas de ahorros y bancos que manejaron a su antojo los enchufados de turno impuestos a dedo por quienes estaban al frente de este país de pandereta.

La maquinaria del Estado al completo inició, en público a través de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, pero en paralelo y bajo secreto sumarial también a través de la Audiencia Nacional, la ofensiva definitiva para acabar con el derecho de manifestación y de reunión de los ciudadanos díscolos al considerar que la actual regulación es excesivamente permisiva, por lo que se hace imprescindible limitarla (el eufemismo elegido fue “modularla”, que según el Diccionario de la RAE sería “modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados”). Así, al tiempo que se hacía pública la persecución y el intento de aterrorizar (bajo amenaza de ser acusados de atentar contra las altas instituciones del Estado, con penas de hasta 5 años de cárcel) a los organizadores y financiadores de la manifestación del 25-S, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, respaldaba esa misma limitación al derecho de manifestación, y en el mismo sentido se manifestaría incluso el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El derecho de manifestación, sobradamente modulado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, está en peligro. Y los ciudadanos-borrego que quiere nuestro presidente (y que ya tuvo Manuel Fraga Iribarne aplicando las mismas técnicas de violencia institucional y de terrorismo estatal) están de acuerdo en eliminarlo. Es cosa del siglo XIX, dicen. En el siglo XXI triunfa el silencio como forma de protesta ciudadana: las mayorías siempre son silenciosas, dicen. Será que el vasallaje y la esclavitud de la Edad Media vuelven a estar de moda. ¿O será el ganado ovino lo que se lleva hoy?

Miserables

Nuevas propuestas de la ortodoxia neoliberal para ayudarnos a salir de esta crisis sistémica, esta vez de parte del Banco Central Europeo; he de advertir que cada vez entiendo menos sus propuestas, no las que nos afectan a los trabajadores (éstas siempre han ido en la misma dirección: contención salarial cuando las cosas van bien, reducción salarial cuando las cosas no van tan bien y esclavismo laboral cuando las cosas van mal), sino las que van de comparsa.

Las propuestas de siempre en materia laboral para un sistema económico perfecto

Como punto de partida para intentar entender hacia dónde nos llevan (o hacia dónde quieren que nos lleven) las medidas propuestas por nuestro Banco Central, veamos en qué medida este organismo lanza las propuestas en función de la situación preexistente en cada país.

Con los datos anteriores a la crisis (2007), comprobamos que nuestro estado del bienestar no parecía estar sobredimensionado (destinábamos un 5% menos de nuestro P.I.B. a gastos sociales y educación que el resto de países de la Unión Europea y un 10% menos que países como Dinamarca, Francia o Suecia); trasladado a gasto social (esta vez sin incluir la educación) por habitante (España destinó 5.713,20 € a gasto social por cada español en 2008), las cifras aun se disparan más en nuestra contra: un 10,92% menos que la media europea (6.337,20 €) y más de un 50% menos que Dinamarca (8.700,80 €) o Suecia (8.850,70 €) y un 40% menos que Francia (7.913,50 €).

Vistos los gastos destinados a evitar los fallos del sistema capitalista que llevan a incrementar el riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestro país, la propuesta de reducción del Salario Mínimo Interprofesional (establecido en España en 748,30 € –catorce pagas de 641,40 €–) suena a chiste, aunque es una de las medidas estrella del neoliberalismo; sólo con las cifras comparativas del SMI sería suficiente para comprobar que España no tiene un problema de salarios excesivos (Irlanda, uno de los países rescatados, casi dobla nuestro SMI tras dos años bajo la tutela del FMI y del BCE), y si además unimos los datos de gasto social (un SMI bajo no permite afrontar a los trabajadores con sus propios recursos un colchón de seguridad ante posibles contingencias adversas, como es el despido), la medida propuesta parece una auténtica insensatez.

La reducción de las indemnizaciones por despido (medida ya implementada en la última reforma laboral, incluyendo el despido libre y sin indemnización para el primer año de contrato) es la otra medida estrella del neoliberalismo, reiteradamente exigida por esos organismos que tan educadamente nos aconsejan a los trabajadores que nos empobrezcamos un poco más cada año; asimismo, la absoluta libertad de la empresa para modificar a la baja los salarios o endurecer las condiciones laborales (otra medida también implementada ya por la última reforma laboral) también entra dentro de los últimos consejos que desinteresadamente nos da el BCE.

En el caso de los despidos (y en especial en el caso de los despidos procedentes), los trabajadores españoles sí disfrutamos de una mayor protección (si lo analizamos respecto a los meses de indemnización) que el resto de trabajadores europeos; tomados de forma aislada, estos datos podrían considerarse una rémora para nuestras empresas (y para la omnipresente competitividad), y eso es justo lo que afirma el BCE en su último informe mensual. Claro, que si lo tomamos en función del importe real de la indemnización (que depende de los salarios), de la capacidad de ahorro –y de habilitarse un colchón de seguridad ante contingencias imprevistas– de los trabajadores despedidos (que también depende de los salarios) y de los posteriores niveles de protección social para contrarrestar el riesgo de pobreza y de exclusión social (que ya hemos visto que en España eran en plena burbuja inmobiliaria cinco puntos inferiores a la media europea), las cosas cambiarían sustancialmente.

Obviamente, la primera gran conclusión a la que podemos llegar si queremos entender qué es lo que nos está aconsejando el BCE es que sus consejos sólo tienen en cuenta variables económicas puras, de forma que sus recomendaciones funcionarían si el sistema económico fuese perfecto o si sus imperfecciones no pudiesen crear miseria.

Como conclusión derivada de la anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sus consejos se basan en previsiones realizadas sobre modelos matemáticos en los que se introducen variables exclusivamente económicas, o en los que las variables no económicas pueden modificarse o minimizarse para corregir los efectos distorsionadores de un sistema económico con el que conviven personas de carne y hueso que no llegan a fin de mes. O lo que es lo mismo, que sus modelos matemáticos no son aplicables a una economía real, por lo que sus consejos sólo funcionarán por pura casualidad.

Para finalizar este apartado, una mención especial a uno de los gráficos del último informe: el que nos muestra la evolución de las remuneraciones por empleado respecto a la media de la Unión Europea; España consiguió reducir ligeramente la brecha existente en las remuneraciones por trabajador respecto a sus socios europeos hasta el año pasado. Con la aprobación de la última reforma laboral, el BCE espera (y se alegra de ello) que el resto de los trabajadores europeos incrementen la brecha existente respecto a lo que cobramos aquí; toda una declaración de intenciones sobre lo que esperan de España, y en especial de sus trabajadores.

Las nuevas propuestas

Sin embargo, merece la pena que nos paremos en algunas nuevas propuestas del último informe mensual del BCE, que son esas propuestas que no alcanzo a entender ni cómo las puede realizar una institución como el BCE ni cómo pueden llegar a aplicarse en las empresas reales.

La reducción de márgenes de beneficios en algunas empresas de algunos sectores dirigidos al público local; parece una adivinanza, y de hecho lo es, porque no dice absolutamente nada de a quién habría que reducirle los márgenes de beneficios, una medida que resulta de lo más absurdo para quien defiende las bondades de las teorías y los cálculos económicos neoliberales (¿alguien habrá llegado a pensar que el BCE quería decir que las empresas debían ganar menos, cuando el resto de las medidas propuestas iban en la dirección contraria mediante la reducción de los costes laborales empresariales?); sabiendo cual es la ideología económica del BCE (que no duda en utilizarla y aplicarla mientras algunos nos enzarzamos en discusiones sin sentido sobre si hoy existen o no existen las ideologías, repitiendo como un rebaño lo que pregonaban desde hace lustros quienes hoy están al frente del FMI o del BCE), habría que buscar algún sector que aun perciba subvenciones públicas. Así que habrá que esperar a que el Gobierno aplique la recomendación para salir de dudas, aunque el sector de las energías renovables ya ha sido señalado y tiene muchas papeletas para ser el candidato elegido.

Otra propuesta chocante es la de la relajación de las normas jurídicas que penalizan las ilegalidades empresariales; es decir, la legalización de los desmanes empresariales. O la vida al margen de la Ley de las personas jurídicas. Es difícil saber si el BCE se refiere a delitos económicos de evasión de capitales o si se refiere a alguna protección del empresario frente a los desmanes de sus trabajadores; o si se trata de dejar al empresario la libre interpretación de las normas tributarias para pagar los impuestos cuando lo considere oportuno. Habrá que esperar también a que el Gobierno actúe para salir de dudas, pero no parece nada bueno que los delitos puedan dejar de ser delitos por razones económicas.

También resulta extraña la referencia a la toma de decisiones valientes frente a los lobbies de grupos privilegiados y con intereses creados. Siendo hoy el BCE el principal lobby de presión en nuestro país, podríamos pensar que se tratar de un llamamiento al Gobierno a desobedecer todas sus recomendaciones anteriores, pero sería demasiado bonito para ser cierto; viendo esas recomendaciones, casi todas referidas a generalizar la miseria entre los trabajadores y librar de la cárcel a los empresarios, tendremos que mirar hacia las organizaciones de trabajadores como destinatarios finales de esa acusación de ser un grupo privilegiado y con intereses creados. Algo habitual entre el neoliberalismo despótico, muy dado a considerar que la participación de los trabajadores en las decisiones políticas que les afectan no es un derecho, sino un privilegio a eliminar.

¿Y hacia dónde vamos con estas medidas?

Pues aquí es donde entra el título de esta entrada.

Las medidas miserables de las acepciones 3 y 4 del Diccionario de la Real Academia nos llevan a los trabajadores a ser unos miserables de las acepciones 1 y 2; estamos abocados a ser desdichados e infelices, al abatimiento y a no tener relevancia ni valor alguno ni para nuestros gobernantes ni para nadie.

Siguiendo las recomendaciones del BCE y del FMI, Grecia ha reducido su SMI un 22% este mismo año, lo que trasladado a nuestro SMI (si hemos de seguir esas recomendaciones en base a lo que han hecho otros países de nuestro entorno) nos llevaría a un salario mínimo de 500 € (583 € con las pagas extraordinarias prorrateadas si se mantienen las 14 pagas); y no olvidemos que el salario mínimo se utiliza para referenciar una multitud de percepciones dinerarias máximas, como el salario máximo que se puede recibir del FOGASA (el doble del SMI tras la última reforma laboral), pero también mínimas, como por ejemplo los ingresos considerados inembargables.

Irlanda, vecina de la neoliberal Gran Bretaña, ha sido la alumna aventajada de los consejos del BCE y del FMI; el paro pasó del 4,5% en 2006 y 2007 al 14,8% desde 2010. Ni el rescate (hace casi dos años ya) ni su ortodoxa política laboral han tenido efecto alguno en las cifras de paro, que se ha mantenido por encima del 14% (el último dato iguala su máximo histórico del 14,8%) a pesar de que el país ha perdido a 100.000 trabajadores (el 2,2% de la población activa irlandesa, que ha huido del país) y ha prohibido la entrada a trabajadores búlgaros y rumanos. Si España aspira a seguir los pasos de Irlanda, más de 500.000 españoles en activo deberían ser expulsados forzosamente del país en busca de mejores oportunidades laborales y sobre 1 millón de extranjeros comunitarios en activo deberían abandonar sus trabajos y volver a su país; la tasa de paro española pasaría entonces al 18% y, con toda probabilidad, la Comisión Europea, el BCE y el FMI aplaudirían de nuevo la seriedad en la aplicación de las políticas laborales por parte del Gobierno español, tal y como hicieron el mes pasado con los decepcionantes datos de la economía irlandesa, y hablarían de sus grandes esfuerzos por proteger a los más desfavorecidos (como hipócritamente publicaron tras el informe de Irlanda, con cada vez más irlandeses en la miseria gracias a las políticas de austeridad auspiciadas por ellos mismos, tal y como está ocurriendo con Letonia o Lituania –con gobiernos neoliberales– , cuyos datos macroeconómicos reflejan datos positivos, pero a costa de incrementar las tasas de pobreza de su población por encima del 30% y dejar a ambos países en los últimos puestos europeos del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU).

Si las míseras políticas neoliberales que pretenden que nos apliquemos son las mismas que ya se han aplicado en estos países, la experiencia nos demuestra que a lo único a lo que podemos aspirar es a acompañar a Grecia, Irlanda, Letonia o Lituania en sus niveles de miseria.

Miserables unos, miserables otros y miserables nosotros.