La televisión que nos merecemos los valencianos

Cuando el cierre de la Radio Televisión Valenciana se haga efectivo (dicen que para finales de año o incluso puede que para finales de este mes de noviembre), los valencianos tendremos, por fin, la televisión autonómica que nos merecemos: ninguna.

Una sociedad que, mayoritariamente, se guía en sus tradiciones y en sus señas de identidad mirando con envidia y de reojo al norte y buscando temerosamente la aprobación mesetaria del oeste, no se merece tener una televisión pública propia, y menos aún si esa televisión es utilizada no con una función de servicio público, que es para lo que fue creada, sino como un instrumento de propaganda y manipulación del partido político de turno o, lo que es aún más grave, como un medio para ocultar la corrupción y la financiación ilegal de los dirigentes de la Generalitat Valenciana.

Los 1.217 millones de deuda que arrastra RTVV tras una pésima gestión económica desde que Eduardo Zaplana pusiese al frente de esta empresa pública a Juan José Bayona (allá por 1995) y a José Vicente Villaescusa (1996-2004) han sido la causa del cierre definitivo del único medio de comunicación de masas que ofertaba contenidos en valenciano; la excusa, sin embargo (¿cómo va a reconocer un político español, y mucho menos uno valenciano y de derechas, que lo han hecho tan mal que se han visto obligados a cerrar una televisión por su pésima gestión?), no han sido esos 1.200 millones de euros, sino la extraña manía que tienen los trabajadores de reclamar ante la justicia las injusticias impuestas por quienes se creen dueños y señores de su particular taifa autonómica: los responsables, según el Molt Honorable Alberto Fabra, son los 40 millones de euros que costaría readmitir a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente en un ERE que se quería cepillar a más del 60% de la plantilla.

Pero al margen del cierre en sí de esta televisión autonómica, el debate se ha ampliado a la necesidad o no de mantener la maraña de televisiones autonómicas públicas nacidas al albur del "café para todos" de los felices años 80 del siglo pasado; al echar un vistazo al actual panorama televisivo podrían realizarse, no sin falta de razón, las afirmaciones que muchos españoles (unos de forma interesada y otros por mero convencimiento de que sería hoy la mejor opción) hacen sobre las televisiones públicas: deberían cerrarlas todas.

Este debate acerca de la necesidad o no de las televisiones públicas proviene de los círculos neoliberales, ideología predominante entre las clases dirigentes (en las actuales y en las pasadas, aunque antaño tuviera otra denominación): lo público requiere de impuestos, y quienes más tienen suelen tener poca predisposición a facilitar (por obligación, a través de la fiscalidad) la vida de quienes menos tienen. El argumento tiene su atractivo: si existe una oferta suficiente de televisiones privadas, ¿por qué hemos de destinar nuestros impuestos a tener otra televisión más, cuando podríamos destinarlos a sanidad, a pensiones o a educación?

Y si mirásemos al principal conglomerado audiovisual de titularidad pública del país (TVE), que arrastra una deuda de más de 7.500 millones de euros, podríamos coincidir plenamente con ese argumento: si bien TVE pudo tener su justificación hace unos años, hoy, con la entrada y la consolidación de las televisiones privadas, empieza a carecer de sentido y es un lastre para el bolsillo de los españoles (un lastre que se verá notablemente acrecentado con la absurda prohibición, fruto de las presiones de los medios de comunicación privados, de la principal fuente de financiación de una televisión, sea pública o privada: la publicidad; una medida que, en manos de quienes abogan por la privatización de todo lo público, acabará resultando, más pronto o más tarde, en la justificación perfecta para echar el cierre de TVE).

En definitiva, las cuestiones a dilucidar serían si una televisión pública como TVE nos aporta algo a los españoles que no puedan aportarnos las numerosas televisiones privadas que emiten en la actualidad y si merece la pena destinar una parte de nuestros impuestos a ese algo si la primera cuestión es afirmativa; en el caso de TVE, como en el de cualquier otra televisión pública, podríamos responder a la primera cuestión con el derecho a estar informados objetiva e imparcialmente, pero personajes como Urdaci y su C-C-O-O no nos ayudan lo más mínimo a sostener ese argumento: la opinión más generalizada, responda ésta a la realidad o no, es que TVE, como Canal 9 a nivel autonómico, se ha convertido en un instrumento de propaganda política al servicio del partido gobernante. Se nos caería así, de buenas a primeras y por la vía de los hechos, el argumento del derecho a una información objetiva e imparcial.

En una época de crisis como la actual, donde los problemas más acuciantes afectan incluso a la alimentación de los hijos de muchos españoles o a los servicios sanitarios, mentar la cultura, más allá de la que pueda adquirirse en los también afectados centros educativos del país, para argumentar a favor de la necesidad de una televisión pública tampoco resulta fácil: ¿a quién le importan los animales de la sabana africana, los pueblos españoles recónditos o la arquitectura románica si la cuesta de Enero llega hasta Diciembre, si los medicamentos para la tos no los cubre la sanidad pública o si las becas y ayudas al estudio están desapareciendo casi por completo? La cultura y el resto de información que no cubren las televisiones privadas ha dejado de ser, para muchos, un elemento de desarrollo personal e intelectual, pasando a convertirse en un gasto superfluo que podría destinarse a mejorar otros aspectos vitales mucho más prioritarios. Y tampoco aquí podemos hacer nada: si es cuestión de prioridades, la alimentación, la salud y la educación son, sin duda, mucho más importantes que conocer las formas de vida de los aborígenes australianos.

Llegados a esta encrucijada de la línea argumental, ya estamos perfectamente encaminados hacia la dirección privatizadora o liquidadora; no voy a extenderme en los errores argumentales cometidos hasta llegar a este punto, porque en el caso de las televisiones autonómicas (y de la valenciana en particular) hay un argumento que he omitido conscientemente (también lo hacen quienes aplauden el cierre o abogan por la privatización) y que, como se verá, es la principal razón de ser de algunas (no todas) de las televisiones autonómicas que estamos manteniendo en España. Pero sí voy a citar brevemente, aunque sólo sea para que cada cual reflexione hasta qué punto los tiene interiorizados, dos de esos errores argumentales que nos han llevado hasta este punto (considerar como secundario el derecho a una información objetiva e imparcial): falsas dicotomías y confusión malintencionada de términos.

Empezaré por este último error: para eliminar de la ecuación el derecho a la información objetiva e imparcial se opta por la vía del descrédito, confundiendo de forma consciente la gestión de un medio con la necesidad o no de mantenerlo. Es decir, que si un medio de comunicación se gestiona como se ha gestionado Canal 9 (que, por qué no decirlo claramente, ha perdido toda su objetividad y se ha decantado descaradamente hacia una parte), se llega a la conclusión de que ese medio ya no es necesario; se evita de esta forma poner en un aprieto a los gestores, que acaban considerándose una especie de héroes que han intentado mantener el medio a pesar de no ser necesario.

Las falsas dicotomías vienen por otra parte, pero acaban confluyendo en esa confusión malintencionada de los términos; sin una época de crisis como la actual, esas falsas dicotomías habrían provocado seguramente otra reacción muy distinta entre los otros medios de comunicación que ahora han aplaudido el cierre de Canal 9, pero la realidad española de 2013 es la que es y los medios de comunicación han reaccionado como han reaccionado. La elección entre sanidad o información, entre educación o información o entre pensiones e información, argüidas por quien ha decidido cerrar la televisión autonómica valenciana, ponen el derecho a la información en un nivel de inferioridad respecto a otros derechos; es un derecho secundario y, por lo tanto, hemos de elegir entre ese derecho y otros derechos primarios. En definitiva, estamos aceptando que la información objetiva e imparcial, en épocas de crisis económica, deja de ser fundamental para el ciudadano; o, para ser más claros, estamos aceptando que la ignorancia o la información sesgada nos van a ayudar a salir de la crisis.

Pero retomemos el camino (ya teníamos prácticamente decidida la dirección que debíamos tomar) y miremos hacia atrás antes de dar el último paso.

Las tres primeras televisiones autonómicas que emitieron en España fueron la vasca (1982), la catalana (1983) y la gallega (1985); después (a partir de 1989) llegarían todas las demás. Repitamos las tres primeras: vasca, catalana y gallega. Sí, coinciden en singularidades no cubiertas por la hasta entonces única televisión pública española: la oferta de contenidos emitidos en las otras lenguas oficiales de nuestro país.

La televisión autonómica vasca se creó "como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del euskera" (preámbulo de la Ley 5/1982 del País Vasco) y para "la promoción de la Cultura y lengua vasca, estableciendo a efectos de la utilización del euskera, los principios básicos de programación teniendo presente la necesidad de equilibrio a nivel de oferta global de emisiones radiotelevisivas en lengua vasca en la Comunidad Autónoma" (artículo 3.h de la misma Ley); a la televisión autonómica gallega se le encomendó "la misión de servicio público consistente en la promoción, difusión e impulso de la lengua gallega" (artículo 1.1 de la Ley 9/1984 de Galicia).

La emisión de contenidos en las otras lenguas oficiales de España sigue sin cubrirse hoy al margen de aquellas tres televisiones autonómicas públicas; hasta ahora, también Canal 9 suplía esa ausencia. Hay abierta una brecha (lo ha estado siempre) en la línea argumental que nos quiere llevar hasta la privatización o la desaparición de algunas televisiones públicas autonómicas: sigue sin existir esa cobertura por parte de la iniciativa privada. Pero los valencianos somos tan sumamente idiotas que vamos a aplaudir el cierre de Canal 9 y vamos a prohibir, con los mismos argumentos patéticos de siempre, que TV3 pueda emitir en nuestro territorio.

Como reza el título de esta entrada, los valencianos, todos unos artistas en el arte del "mesinfotisme" (que traducido sería algo así como "melarepamplismo"), vamos a tener por fin la televisión (y la lengua va a seguir sus mismos pasos) que nos merecemos: la que nos quieran otorgar las autoridades de la Meseta. Siempre que no sean, por supuesto, las mismas que tienen nuestros vecinos del norte.

Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

¿La absolución de Capio Sanidad? (I)

Ha levantado cierto revuelo mi anterior entrada sobre Capio Sanidad, en la que intentaba desmontar un bulo que circula por Internet en el cual se relacionaban con esta empresa a Rodrigo Rato como accionista, al marido de María Dolores de Cospedal como gestor de sus hospitales y a la hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha como Subdirectora de Investigación; ninguna de las tres relaciones era exacta, aunque la última de las personas implicadas (Teresa Echániz Salgado) sí formaba parte del organigrama de una de las múltiples fundaciones patrocinadas por la empresa (la Fundación Jiménez Díaz), aunque como Secretaria de la Junta Directiva y no como Subdirectora de Investigación (cargo ocupado desde 2004 por Carmen Ayuso García), por mucho que otra fundación (CONFIAS) le asignase en la Web de un Congreso ese cargo en enero de 2012 (la Memoria 2011 de la Fundación Jiménez Díaz, impresa tres meses después, seguía manteniendo a Carmen Ayuso García en el cargo que CONFIAS le había asignado a Teresa Echániz Salgado). (Actualización importante 11/01/2013: ver primer comentario de esta entrada).

El principal revuelo se ha producido, por supuesto, entre quienes creyeron que esas relaciones existían; en algunos comentarios se me acusaba de hacer el trabajo sucio de quienes pretenden saquear nuestra sanidad pública, en otros se me tachaba de ingenuo por absolver sin pruebas a los sospechosos... Nada fuera de lo previsible en un caso como este.

Mi principal argumento para defender aquella entrada es que disparar a ojo y demasiado alto suele dar como resultado un indeseable efecto boomerang: el desmentido de los dos peces gordos podría tapar por completo la comprobada relación de la hermana de José Ignacio Echániz Salgado (Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha) con la empresa que optará a la privatización de la sanidad pública en aquella comunidad autónoma. Es decir, que un escándalo en la adjudicación de la gestión de hospitales públicos acabaría por pasar desapercibido por intentar implicar en el escándalo a las personas equivocadas.

El pasado 10 de diciembre, Capio Sanidad publicó un desmentido sobre los "insistentes rumores que circulan en forma de panfleto, a través de internet y en las redes sociales"; en aquel desmentido, la empresa se limitó a negar su relación con los nombres de los políticos más conocidos, obviando por completo el nombre del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha:

«Ni Rodrigo Rato, ni Esperanza Aguirre, ni Dolores de Cospedal, ni Ignacio López de Hierro, ni ningún otro político tienen ni han tenido nunca relación alguna con el Grupo.»

Tan fácil y tan simple como eso para desacreditar por completo toda la información, tanto la falsa, como la inexacta, como la cierta; ahora vayan ustedes a convencer a alguien de que es escandaloso o vergonzoso que Capio Sanidad no hable en su desmentido de un tal José Ignacio Echániz Salgado ni de su hermana.

A pesar de todo, algunos de los que participaron en los comentarios a mi anterior entrada insistieron (y aun insisten) en dar por válida, por ejemplo, la relación accionarial de Rodrigo Rato con Capio Sanidad, basándose en la política opaca de la empresa a la hora de dar los nombres de sus consejeros en los órganos de gestión y dando por supuesto que el perfil empresarial de la familia Rato (al igual que el del marido de Dolores de Cospedal) sólo podía desembocar en una alta probabilidad de su participación de alguna forma en el organigrama directivo de Capio; como ya dije en mi anterior entrada sobre esta empresa, mi curiosidad al respecto no alcanza para desembolsar una importante suma de dinero a los registros mercantiles, sobre todo porque demostrar la no existencia de una relación determinada es lo que se llama una prueba diabólica y en casos como este ese tipo de prueba jamás dejaría satisfechas las dudas de los acusadores sobre esa ausencia de relación alguna. No obstante, y puesto que alguno de los comentaristas de mi anterior entrada afirmó que no era posible llegar a averiguar quién estaba realmente detrás de Capio Sanidad (por esa política oscurantista), me he permitido seguir investigando un poco más y he averiguado que ya ha habido quien ha logrado poner nombres y apellidos no sólo a sus consejeros, sino también a sus accionistas.

Sí quisiera dejar claro, antes de seguir con la información detallada de Capio, que este debate sólo desvía el verdadero problema que tenemos hoy con la sanidad pública, que no es la empresa Capio Sanidad (si no estuviese Capio estaría otra), sino la puesta en venta de la propia sanidad pública, ésta sí responsabilidad de políticos con todo el renombre que se quiera (con el Presidente a la cabeza), a la que acuden como buitres los fondos de capital riesgo, obviamente porque el negocio de la sanidad les sale muy rentable. No obstante, sí parece necesario poner a disposición de quien quiera entrar en más detalles (para facilitar una investigación más amplia) algunos datos referentes al mayor entramado privado del sector sanitario que opera en España, primero para evitar malentendidos y palos de ciego, pero sobre todo para recopilar mucha información dispersa que, consultada por separado, introduce en demasiadas ocasiones opiniones parciales y sesgadas que llevan a conclusiones argumentalmente poco robustas y que acaban por desacreditar toda la información, incluso la contrastada.

Capio Sanidad, S.L. tiene desde noviembre de 2011 a un único accionista (desde marzo de ese mismo año el accionista mayoritario ya fue CVC Capital Partners, pero no desembolsó la totalidad del capital en aquella primera operación), que fue quien compró el 100% de las acciones que tenía la empresa sueca Capio por 900 millones de euros: CVC Capital Partners. Esta empresa de capital-riesgo pertenece a un grupo empresarial por el cual responde Poitiers Develop, S.L., propiedad a su vez de CVC Capital Partners a través de una empresa holandesa; pero antes de entrar en los entramados empresariales opacos que podamos encontrarnos por el camino, vaya por delante la lista de consejeros, representantes y/o apoderados de Capio Sanidad (aviso: es larga, muy larga), primero los que estaban cuando era propiedad de la empresa sueca Capio (los datos de libre acceso están disponibles desde diciembre de 2008 en adelante) y después todos los demás.

Consejeros, apoderados y representantes nombrados por la empresa sueca Capio y que cesaron cuando la empresa fue adquirida por CVC Capital Partners o antes:

1. Carmen Farré Guerrero (antes de 2009 - 29/01/2009).
2. Laura Fernández Castro (antes de 2009 - 02/12/2009). Vicesecretaria.
3. Agustí Llop Vilanova (antes de 2009 - 13/05/2009).
4. Herve Descazeaux (antes de 2009 - 18/03/2011).
5. María Sierra Sánchez Crespo Rodríguez (antes de 2009 - 18/03/2011).
6. Khawar Mann (06/03/2009 - 18/03/2011).
7. Jones Fredrik Naslund Erik (13/05/2009 - 18/03/2011).
8. José Manuel Corona Álvarez (13/05/2009 - 06/08/2010).

Consejeros, apoderados y representantes nombrados por la empresa sueca Capio y que mantuvieron sus cargos temporalmente tras la adquisición por CVC Capital Partners:

1. Xosé Carlos Abal López Valeiras (antes de 2009 - 09/02/2012).
2. Robert Andreen Bernt (antes de 2009 - 09/02/2012).
3. Nicolás Bonilla Villalonga (antes de 2009 - 09/02/2012).
4. Marcelo Gigliani Uriarte (antes de 2009 - 09/02/2012).
5. Eric Johansson Lars (antes de 2009 - 09/02/2012).
6. Laurent Ganem (antes de 2009 - 09/02/2012).
7. Natividad Comes Górriz (06/10/2009 - 09/02/2012).
8. Marta Bajo Barrio (06/10/2009 - 09/02/2012).
9. Luis Guinea Esquerdo (06/10/2009 - 09/02/2012).
10. Nuria Savall Franco (06/08/2010 - 05/09/2012).

Consejeros, apoderados y representantes nombrados por CVC Capital Partners y que ya no están activos:

1. Juan Picón García de Leániz (18/03/2011 - 21/03/2011). Administrador único durante los días del traspaso de poderes.

Consejeros, apoderados y representantes actuales:

1. Víctor Madera Núñez (antes de 2009). Presidente. Nombrado por la empresa sueca Capio. Fue Presidente hasta 18/03/2011 y lo vuelve a ser desde 21/03/2011.
2. Álvaro Sáinz Martín (antes de 2009). Secretario. Nombrado por la empresa sueca Capio. Fue Secretario hasta 18/03/2011 y lo vuelve a ser desde 21/03/2011.
3. Ignacio Echenagusia López (02/12/2009). Vicesecretario. Nombrado por la empresa sueca Capio. Fue Vicesecretario hasta 18/03/2011 y lo vuelve a ser desde 21/03/2011.
4. Luis Javier García Muñoz (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
5. Juan Carlos González Acebes (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
6. María Luisa Espinós Sánchez (antes de 2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
7. José Ignacio García Bernís (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
8. Luis Emilio Villazón Friera (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
9. Ignacio Montes García (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
10. Javier Mate García (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
11. Francisco Navarro Valiente (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
12. Nieves Elena Arias Menéndez (antes de 2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
13. José Salgado Herrera (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
14. Jorge Mon García (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
15. Eduardo Ortega Casado (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
16. José Javier de la Calzada Carrillero (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio, cesado el 18/03/2011 y nombrado de nuevo el 10/01/2012.
17. María Luisa Lajara Rodríguez (28/07/2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
18. Cristina Sánchez Gómez (06/10/2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
19. Ana Posada Pérez (06/10/2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
20. Juan Antonio Álvaro de la Parra (02/12/2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
21. Luis Ortega Alba (04/02/2010). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
22. Theatre Directorship Services Gama S.A.R.L. (18/03/2011). Consejero.
23. Theatre Directorship Services Beta S.A.R.L. (18/03/2011). Consejero.
24. Theatre Directorship Services Alfa S.A.R.L. (18/03/2011). Consejero.
25. Francisco Javier de Jaime Guijarro (21/03/2011). Representante.
26. Pablo Julián Costi Ruiz (21/03/2011). Representante.
27. Ignacio Cobo Bachiller (21/03/2011). Representante.
28. Marcos Fernández Rico Núñez (17/06/2011). Apoderado.
29. Saray Alen Gobernado (10/01/2012). Apoderada.
30. Sonia Cortés García (10/01/2012). Apoderada.
31. María Cecilia Gras Balaguer (10/01/2012). Apoderada.
32. Jesús Antonio Ezquerra Serrano (10/01/2012). Apoderado.
33. Adolfo Jesús Fernández Valmayor Ruiz de Alegría (09/02/2012). Apoderado. También es Consejero desde 06/09/2012.
34. Jesús María Rodríguez Alejandre (09/02/2012). Apoderado.
35. Ismael López de la Osa (10/03/2012). Apoderado.
36. Héctor Ciria Suárez (05/09/2012). Apoderado.

Cualquiera que quisiese investigar las vinculaciones políticas de esta empresa se echaría atrás ante esta lista de 55 nombres (en el Registro Mercantil aparecen, desde diciembre de 2008, 124 nombramientos, puesto que gran parte de los cargos fueron renovados una o más veces desde ese año), de los cuales sólo 3 aparecen bajo la aparente opacidad de sociedades interpuestas; este es otro de esos datos que, durante el curso de esta investigación, han ido apareciendo de forma recurrente: los consejeros de Capio Sanidad (es lo que se indica constantemente en los artículos críticos) son desconocidos, puesto que se ocultan tras siglas empresariales y la empresa se niega a facilitar sus nombres y sus apellidos. Nos acabamos de llevar otra decepción más: otra de esas leyendas urbanas que repiten acríticamente unos y otros y que nadie parece haberse esforzado en comprobarlo jamás.

¿De verdad con tanta basura informativa se pretende desacreditar a la empresa por sus relaciones con políticos interesados personal o ideológicamente en la privatización de la sanidad pública? Ante tanto ruido y tanta información sesgada, errónea o directamente falsa, más de uno se preguntará si no estaremos ante una estrategia de intoxicación interesada para desviar la atención sobre las verdaderas vinculaciones políticas de la empresa; personalmente, dudo mucho que sea así, pero no estaría nada mal intentar clarificar algo más sobre Capio Sanidad, aparte de lo que sí sabemos que es cierto hasta ahora: que el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, sí tiene interés personal en que la empresa en la que trabaja su hermana sea la adjudicataria de la gestión de los hospitales públicos de su propia comunidad autónoma.

Empecemos por lo ya investigado por otros y fácilmente contrastable. ¿Tiene Capio Sanidad otras vinculaciones políticas con el Partido Popular más allá de las falsedades vistas hasta ahora? Y la respuesta es que sí.

La mujer de Juan Picón García de Leániz, nombrado Administrador Único de Capio Sanidad, S.L. para realizar el traspaso de poderes a los nuevos propietarios de la empresa, es amiga personal de José María Aznar López: el que tres años después sería Presidente de España fue testigo en la boda de María Torralba Agud con Juan Picón García de Leániz, celebrada en noviembre de 1993.

Como curiosidad (aunque también demostraría que estamos ante personajes de la alta sociedad madrileña), también podemos encontrar otra reseña en ABC de la boda de otro de los dirigentes de Capio Sanidad, S.L. dos años antes (en abril de 1991), aunque en esta ocasión entre los testigos no encontramos a personajes de tanta relevancia pública:

La empresa de CVC Capital Partners que, oficialmente, tiene el 100% de las acciones de Capio Sanidad, S.L. se llama Desarrollos Empresariales Piera, S.L., que es el socio único desde el 04/11/2011 según el Registro Mercantil; a su vez, el propietario del 100% de esta empresa es Poitiers Develops, S.L. al menos desde el 23/12/2010; y el propietario del 100% de Poitiers Develops, S.L. es la empresa holandesa HC Investments BV desde al menos el 21/12/2010. Curiosamente, tanto Poitiers Develops, S.L. como Desarrollos Empresariales Piera, S.L. iniciaron sus actividades el mismo día según el Registro Mercantil (el 11/11/2010) y tuvieron en sus inicios el mismo domicilio social (Paseo de la Castellana, 164 Entreplanta 1 de Madrid), el mismo capital social (3.006,00 €), el mismo objeto social (comercio al por mayor, al por menor, importación, exportación y fabricación de todo tipo de artículos de regalo) y la misma administradora única (Rosario Pérez Gómez).

Ahora tomemos las fechas del párrafo anterior en orden inverso: el 11/11/2010 se constituyen las dos empresas que van a ser las propietarias de Capio Sanidad, S.L. con el capital mínimo y con una administradora que cuenta con más de 400 movimientos en los registros mercantiles españoles desde diciembre de 2008; un mes después HC Investments BV adquiere Poitiers Develops, S.L. y ésta adquiere Desarrollos Empresariales Piera, S.L., se cesa en ambas a Rosario Pérez Gómez y se nombra a Juan Picón García de Leániz como administrador único, trasladándose el domicilio social de ambas empresas al número 35, segunda planta de la misma calle. Poco antes de la adquisición de Capio Sanidad, S.L. se amplían los capitales de ambas empresas (por el mismo importe tanto en Poitiers Develops, S.L. como en Desarrollos Empresariales Piera, S.L., en una operación en cascada de más de 22 millones de euros iniciada desde HC Investments BV), se cesa a Juan Picón García de Leániz y desembarcan en ambas empresas los nuevos cargos (Theatre Directorship Services Alpha, Beta y Gama, S.A.R.L., Ignacio Cobo Bachiller, Francisco Javier de Jaime Guijarro, Pablo Julián Costi Ruiz y el propio Juan Picón García de Leániz), que son los mismos que entraron en los órganos directivos de Capio Sanidad, S.L. unos días más tarde.

Las cuatro personas físicas de los nuevos órganos directivos de las tres empresas corresponden a personal de CVC Capital Partners, según consta en sus perfiles en la red LinkedIn (en la cual encontraremos los perfiles de Pablo Costi Ruiz, de Javier de Jaime y de Iñaki Cobo, así como los de otro personal de CVC que no participa en este entramado, como Juan Arbide, José Torre de Silva o Cristina Fernández González-Granda); casi todos ellos tienen en común sus estudios en la Universidad Pontificia de Comillas y su paso por grupos bancarios o financieros como el Santander, Citigroup o BNP Paribas.

Pero en Capio Sanidad, S.L. se mantienen en los cargos principales del consejo de administración (presidente, vicepresidente y secretario) las mismas personas que ya estaban nombradas por los anteriores propietarios; hagamos una pausa en el texto para recopilar gráficamente el origen de los 36 cargos orgánicos que configuran hoy Capio Sanidad.

Reestructuración del grupo empresarial sueco en España en 2006

Coincidencia de cargos directivos tras la compra de la empresa por CVC Capital Partners

Evolución de la entrada de CVC Capital Partners en Capio Sanidad, S.L.

Si comprobamos las coincidencias entre los dirigentes de Capio Sanidad en 2006 y los actuales, comprobaremos que se mantienen en las actuales estructuras de la empresa cuatro de sus miembros (Víctor Madera Núñez, Álvaro Sáinz Martín, Luis Javier García Muñoz y Juan Carlos González Acebes); asimismo, de los dirigentes existentes justo antes de la compra de la empresa por parte de CVC Partners Capital se han mantenido 17 tras el cambio de propietarios, entre ellos, como ya se ha dicho, los principales cargos del Consejo de Administración (Víctor Madera Núñez, Álvaro Sáinz Martín e Ignacio Echenagusia López). Por último, cabe indicar que algunos de los cargos de la filial (Capio Sanidad, S.L.) han sido nombrados también cargos tanto en la matriz de ésta (Desarrollos Empresariales Piera, S.L.) como en la sucursal en España de HC Investments BV (Poitiers Develops, S.L.): José Salgado Herrera, Jorge Mon García, Juan Carlos González Acebes y el propio Víctor Madera Núñez.

Habrá que distinguir, por lo tanto, dos núcleos claramente diferenciados dentro del actual entramado empresarial existente alrededor de Capio Sanidad, S.L.: por una parte, el núcleo de CVC Capital Partners, que podríamos denominar el núcleo financiero o capitalista, y por otra parte el núcleo proveniente de la anterior etapa de la empresa, que podríamos llamar el núcleo histórico (otra posible denominación podría ser la de núcleo profesional, pero, como veremos, hay piezas que no encajan dentro del mismo). Ya sabemos algunas cosas sobre los orígenes del primer grupo y sus relaciones con la alta sociedad madrileña o incluso con dirigentes de la derecha española; nos centraremos ahora en el estudio del segundo grupo y los posibles motivos de su incorporación a las estructuras de decisión de las empresas matrices de Capio Sanidad.

Víctor Manuel Madera Núñez

Este es, sin duda, el dirigente histórico de la actual Capio Sanidad del que más información encontraremos; una de las noticias más recientes en las que figura como protagonista, aparecida en El País el 06/01/2013, incluye un detallado repaso a su trayectoria profesional. Sin entrar en la verificación de todos los datos, y teniendo siempre en cuenta que al menos uno de ellos sí es erróneo (se le atribuye a Víctor Madera un 40% del capital de Capio Sanidad, empresa declarada unipersonal en el Registro Mercantil), tomaremos ese artículo como base para averiguar algunos entresijos empresariales de este médico asturiano especialista en medicina deportiva y autoproclamado defensor de la sanidad pública e ideológicamente progresista.

No empezaré, sin embargo, con el sector de la sanidad, puesto que su actividad empresarial es más amplia: a finales de 2011 inició una serie de compras de inmuebles asturianos con valor histórico y artístico a través de otra de sus empresas (Paisajes de Asturias, S.L.), entre los cuales se encontraban Villa Excelsior (Luarca), Cuatro Torres (Barres) y Figueras (Castropol, donde tiene su sede social la mercantil), además de La Torre de los Moreno (éste en Ribadeo, en la provincia de Lugo). Esta empresa amplió su capital en más de 6 millones de euros en diciembre de 2010 y en otros 21 millones en febrero de 2012, teniendo en la actualidad un capital social de 27.505.680,00 €, y participa en los órganos de gestión de Inabol Ahorro, S.L. (ostenta la vicepresidencia y es uno de sus tres consejeros), donde Víctor Madera es representante junto a Celso González García (otro de los cargos históricos de Capio Sanidad -fue secretario, como en Catalana de Diagnòstic i Cirurgia, S.L.-, aunque sin continuidad directiva conocida en la empresa desde la fusión del grupo en 2006, aunque sí en la gestión de algunos de sus centros hospitalarios), siendo ésta otra de las empresas relacionadas con este empresario que ha ampliado su capital desde que se iniciaran los movimientos de CVC Capital Partners para adquirir Capio Sanidad, S.L. (se amplió su capital en casi 1,5 millones en marzo de 2011, en 2.250.000 euros en junio de ese mismo año y en casi 5,3 millones en agosto de 2012, dando como resultado un capital social de 9.049.998,00 €).

Celso González García

En Inabol Ahorro, S.L. ostentan el resto de cargos del Consejo de Administración otras dos empresas: Zen Capital, S.L. (empresa sevillana cuyo administrador único es José María González de Caldas Muñoz, dedicado a las inversiones en energías renovables y en el sector turístico tras pasar por el sector inmobiliario) y Elanos Cartera, S.L., antiguo accionista mayoritario del Real Oviedo, C.F.; este hilo conductor nos lleva de nuevo a Celso González, al que se responsabiliza (era el representante de Elanos Cartera, S.L., puesto que se le consideraba máximo accionista del club asturiano -ahora aun mantiene el 14% de las acciones-) de la gestión que llevó al Oviedo a su práctica desaparición. Y tirando de este hilo llegamos a la vida profesional de uno de los principales socios de Víctor Madera: Celso González García regenta el bufete Legalia Abogados, S.L.

La práctica totalidad de actividades empresariales de Víctor Madera son compartidas con Celso González, a quien se le atribuyen buenas relaciones con el PSOE asturiano (Eugenio Prieto Álvarez, quien fuera presidente del Oviedo desde 1988 hasta 2002 -cuando Elanos Cartera, S.L. era el accionista mayoritario del club-, disputó internamente la candidatura a la alcaldía de Oviedo al socialista Leopoldo Tolivar Alas en 2002, aunque salió derrotado).

Los orígenes remotos de Capio Sanidad también tienen más relación con el PSOE que con el PP; el Centro de Diagnóstico Recoletas, S.A. fue una especie de franquicia que nació en 1988 en Valladolid, aunque su división en clínicas privadas jurídicamente independientes propició que en las provincias de Toledo y de Albacete (allí se fundaron en 1994) se desarrollara con mayor rapidez el negocio. A esas clínicas familiares, creadas para descongestionar las listas de espera de la sanidad pública, se incorporó en 1996 el cardiólogo Fernando Largo, Director del INSALUD de Toledo y Subdirector General de Conciertos del Ministerio de Sanidad en la última legislatura de Felipe González; en 1998, cuando ya disponían de unos 700 trabajadores y se encargaban de reducir las listas de espera de cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, decidieron buscar un comprador, y para ello contactaron con un treintañero llamado Víctor Madera, que por entonces se dedicaba, gracias a su formación en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias y a Fernando Lamata (ex-Consejero de Salud de Castilla-La Mancha), a la gestión de centros de Cruz Roja. Y no tardaron en encontrar un comprador: CVC Capital Partners, ya entonces dirigido en España por Francisco Javier de Jaime Guijarro. Así nacería Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC).

Durante los ocho años que CVC Capital Partners estuvo al frente de IDC el grupo iría creciendo, sobre todo por la adjudicación en 2001 de la gestión del Hospital General de Cataluña y con la entrada en 2002 en la maltrecha Fundación Jiménez Díaz; en enero de 2005 fue cuando se produjo la venta (por 330 millones de euros) de IDC al grupo sueco Capio y cuando el nombre cambiaría al actual tras varias operaciones de escisiones, fusiones y absorciones. Al año siguiente, la empresa sueca Capio AB, que cotizaba en la Bolsa de Estocolmo, fue adquirida por dos fondos de capital riesgo (Apax y Nordic Capital), constituyéndose así la estructura societaria (con Overseas Healthcare AB en la cúspide de la pirámide) que se mantendría hasta 2011. Víctor Madera ha sobrevivido a todos esos cambios, manteniéndose al frente del principal grupo sanitario privado que actúa en España.

Su nombre ha ido apareciendo de forma intermitente en prensa o en los más diversos boletines oficiales. En 2007 constituyó la Fundación Recover, Hospitales para África junto a otros directivos de Capio Sanidad, algo que conllevó una petición de información del PP asturiano por la presencia de Nieves Elena Arias Menéndez (en aquellas fechas Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias) entre los patronos de la fundación y como apoderada en varias empresas del grupo empresarial; en 2009 se le denegó un recurso contencioso-administrativo con el que intentó evitar que se demoliese una vivienda de su propiedad en Tapia de Casariego; en marzo de 2012 fue noticia al responsabilizarle del fracaso de las negociaciones para la fusión de Capio Sanidad con Ribera Salud; y en la recta final de 2012, con las redes sociales echando humo con las supuestas relaciones de Rato y Cospedal con la empresa, ha sido fuente de numerosos artículos en la prensa escrita.

Independientemente del posible lavado de cara (pretendido o casual) con el reciente artículo de El País, sus relaciones políticas podrían estar tan cercanas al PSOE como al PP, aunque la balanza se decanta claramente, vista su trayectoria, por el primero; un equilibrio lógico en quien está al frente de una empresa con una estrategia de negocio que le obliga a sobrevivir exclusivamente de unos fondos públicos que pueden cambiar de manos cada cuatro años.