La poca memòria i la incoherència d'alguns periodistes

La sessió de constitució de la Mesa del Congrés dels Diputats ha comportat comentaris de tot tipus: des dels què s'han limitat a traslladar a futurs pactes de govern els pactes per a elegir als membres de la Mesa, fins als què s'han distret amb els pèls i les xaquetes d'alguns diputats.

Però si alguna cosa m'ha xocat, eixa és la coincidència entre l'editorial que El País i El Mundo li han dedicat, quasi íntegrament, a Podemos («El show de Podemos» i «Reformar el Congreso sin convertirlo en un espectáculo»); resulta curiós, per a començar, que el director d'El País critique que Podemos presentara a una candidata pròpia a presidir la Mesa del Congrés. ¿La raó per a criticar eixa iniciativa? Després de criticar també el discurs d'Íñigo Errejón per considerar que el canvi en les majories del Congrés pot suposar un abans i un després per a la democràcia espanyola (per al director d'El País lo veritablement important era incorporar-se al mateix Parlament on també van estar Dolores Ibárruri o Rafael Alberti), trobem a l'editorial este raonament:

«¿Era realmente necesario obstaculizar la elección de Patxi López como presidente, por el procedimiento de presentar a una candidata propia, Carolina Bescansa? Evidentemente no tenía posibilidad alguna de prosperar, y sin embargo se empeñaron en hacerlo como parte del juego para la galería.»

I és que per als directors d'El País i d'El Mundo tot formava part d'un show televisiu, doncs els de Podemos (tots) confonen el Congrés amb un plató de televisió; haurem de suposar que els propis Dolores Ibárruri o Rafael Alberti que cita el director d'El País formaven part d'un altre show allà a 1977, quan el seu partit va presentar a un candidat a presidir la Mesa del Congrés que tampoc tenia possibilitat alguna de prosperar. Com el candidat presentat en aquella primera legislatura per Felipe González i Alfonso Guerra:

Este show s'ha anat repetint durant tota la nostra democràcia: a 1979 es van apuntar al show de presentar candidats sense possibilitat alguna de prosperar personatges tan televisius com Felipe González (per segona vegada consecutiva), Santiago Carrillo o Fernando Abril Martorell, a més dels diputats d'Herri Batasuna (¡si açò ho lligen Marhuenda o Federico ja tenim mantra per a tota la legislatura!). A 1986 també es va apuntar al show (a més dels sempre reincidents comunistes) Manuel Fraga Iribarne (que va presentar a Isabel Tocino per a presidir la Mesa i només es va votar ella mateixa); a 1989 ja va participar en el show també el nou PP de José María Aznar, que també va repetir a 1993 presentant a Federico Trillo («¡manda huevos!», que diria ell mateix una legislatura després, quan Felipe González va tornar a entrar en el show de presentar a candidats sense possibilitat alguna de prosperar per tercera vegada).

Potser no estiguera de més recordar-li al director d'El País que, més recentment (a 2008), el nostre President en funcions (este sí molt donat als televisors de plasma) també va formar part d'este show presentant com a candidata per a presidir la Mesa del Congrés a Ana María Pastor.

També crida l'atenció, ara per part del director d'El Mundo, que acabe l'editorial demanant una regeneració del Parlament, però seguint els actuals usos i costums del parlamentarisme (que tots sabem quins són fins ara, com molt bé s'encarrega de recordar ell mateix).

Van exigir al 15-M que es presentara a les eleccions, i ho han fet; ara volen que fagen una política distinta, però per a què tot seguisca igual. I, mentrestant, nosaltres parlant d'una mare que duu al seu fill a la feina.

Ciudadanos ejemplares

«Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar; y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón».

Carlos Fabra Carreras es un ciudadano y un político ejemplar para mí; no lo digo yo, no. Lo dijo, ni más ni menos, el actual Presidente del Estado. Era julio de 2008, cuando Mariano Rajoy Brey visitó Castellón para visitar el puerto pesquero y pegarse un atracón con militantes de su partido en el Gran Casino de la ciudad.

En julio de 2009 (parece que el calor no les sienta muy bien a los políticos conservadores), el PP emitió un comunicado en el que afirmaban que Luis Bárcenas era «un ejemplo de profesionalidad y buen hacer». Otro ciudadano ejemplar.

En septiembre de 2010 (parece que a algunos les duran más los efectos del calor veraniego), Esteban González Pons dijo lo mismo del entonces Presidente y candidato a la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una entrevista en Radio Nacional de España.

Con estos referentes de ejemplaridad en el partido que nos gobierna, lo que es milagroso es que aún queden españoles que paguen sus impuestos y que no sean unos chorizos; pero para esos españoles idiotas que no meten mano al primer billete que les pasa por delante también han tenido unas palabras nuestros políticos conservadores:

Tenemos, pues, los políticos que nos merecemos; son los que nos representan como sociedad. Son nuestro fiel reflejo. Son nuestros ciudadanos ejemplares.

Así sea.

200.000 € en negro para el PP de Cospedal

Según Luis Bárcenas (primero verbalmente, ayer documentalmente ante el juez Ruz), Sacyr Vallehermoso aportó al PP 200.000 € para las elecciones de 2007 a cambio de un contrato multimillonario (de más de 6 millones de euros) de una de sus filiales en el Ayuntamiento de Toledo. Según María Dolores de Cospedal, el recibí de esos 200.000 € firmado por parte del gerente del PP de esa ciudad (y aportado ante el juez por Bárcenas) no significa nada: la contabilidad del PP está auditada, sometida al Tribunal de Cuentas y, por supuesto, es completamente legal. Todo en A; blanco nuclear; cualquier documento aportado por Bárcenas "no será la contabilidad del PP porque sólo hay una". La historia contada por Bárcenas es, en definitiva, "disparatada y mentirosa".

La transparencia (la tan manida transparencia) sirve, entre otras cosas, para que los caraduras no tapen sus mangoneos, estafas o delitos con mentiras; mentiras que, por supuesto, no pueden ser comprobadas por nadie ajeno a su secta, partido u organización opaca. Pero María Dolores de Cospedal tiene un problema en este caso: la contabilidad A, la que Cospedal le remite al Tribunal de Cuentas, la que les auditan... fue filtrada hace unos días en la red.

Y las cuentas cuadran o no cuadran. Y en este caso no cuadran. Y no cuadran por mucho.

Bajo el epígrafe Envíos de Tesorería Nacional, en el grupo de cuentas 552, la contabilidad consolidada (es decir, la acumulada de todas sus contabilidades regionales y provinciales) del PP de 2007 nos indica que la provincia de Toledo (cuenta 552038) tuvo unos movimientos ese año con la tesorería nacional de 51.609,00 €. Así consta en la página 69 del tomo 1 de la contabilidad del PP del año 2007 (dentro del agregado "Funcionamiento + Campañas").

La contabilidad oficial del PP distribuye las cuentas en tres niveles: nacional, regional y provincial. No existe el nivel municipal. Así pues, si las cifras de su contabilidad ya hablan por sí solas (las cuentas oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas no recogen esos 200.000 € que se recibieron en la capital de provincia), el hecho de que el receptor de esa suma (el gerente de una sede municipal) esté al margen de los tres niveles estructurales remitidos al Tribunal de Cuentas no hace más que elevar las sospechas sobre una contabilidad oculta y no auditada ni fiscalizada.

Pero no adelantemos acontecimientos; todo podría tener una explicación al margen de la expuesta por un presunto delincuente. Continuemos con la contabilidad oficial del PP.

En la página 119 de ese mismo tomo encontramos la contabilidad consolidada correspondiente a la provincia de Toledo (cuenta 0ZZ01552038), pero esta vez referida sólo al agregado de "Funcionamiento"; con 7.212,00 € cubren esos gastos de funcionamiento, por lo que debemos suponer que los otros 44.397,00 € corresponderán al agregado de "Campañas", algo que podremos comprobar en la página 232 de ese mismo tomo (cuenta 07M01552038), donde se recogen los gastos correspondientes a las elecciones municipales de 2007.

En el tomo 4 de la contabilidad oficial del PP encontraremos las cuentas correspondientes a la sede provincial de Toledo; en la página 135 de ese tomo podemos comprobar que la sede central (cuenta 551000, dentro del grupo 551  -Importes Recibidos de Sedes-) remitió los 51.609,00 € que constan en la contabilidad consolidada (y en la página 148 de ese mismo tomo encontraremos los 44.397,00 € correspondiente a las elecciones municipales de 2007). Efectivamente, cualquier auditor afirmaría, viendo la contabilidad oficial del PP, que las cuentas entre la tesorería de Génova, 13 y la sede provincial de Toledo son correctas.

Sin embargo, en Toledo se recibieron 200.000 € de la sede central (así lo firmó en su día el gerente del PP de la capital de provincia y lo sigue afirmando hoy Bárcenas); pero esos 200.000 € no constan ni como salida en Génova, 13 ni como entrada en Toledo. De haber tenido el auditor (o el Tribunal de Cuentas) ese recibí firmado y entregado hoy al juez, podríamos intuir que su reacción no hubiese sido la de dar por buenas las cuentas del PP para 2007; pero es lo que tiene la contabilidad en B: que no se le muestra ni al auditor ni al Tribunal de Cuentas. Es una contabilidad oculta, oscura, en negro.

Pero mantengamos, de momento, el beneficio de la duda y prosigamos con la contabilidad oficial, por si finalmente encontrásemos algo no recogido en los saldos contables; en el tomo 9 (página 119) encontraremos los 11 movimientos correspondientes a la sede provincial de Toledo. El más importante de ellos tiene lugar al inicio de la campaña electoral por las municipales de 2007, el 26/04/2007: se tranfieren 42.500 € desde Génova, 13 a Toledo. Tras las elecciones, se transfieren otros 1.897 €.

Ni rastro de los 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo; pero sigamos manteniendo cierta prudencia. Comprobemos los movimientos entre Génova, 13 y la sede regional dirigida por María Dolores de Cospedal (página 114 de ese mismo tomo).

El 08/06/2007 (una vez pasadas las elecciones autonómicas) se transfieren 457.105,00 € desde la sede central a la sede regional de Castilla-La Mancha; si observamos la columna de las contrapartidas comprobaremos que hay otras cuentas que podemos consultar. Las transferencias a la sede provincial de Toledo se realizan con cargo (en contrapartida) a la cuenta 572057, que corresponde a una cuenta del Banco Popular (páginas 258 y siguientes del tomo 9), mientras las transferencias a la sede regional de Castilla-La Mancha se realizan desde una cuenta de crédito (la 52007) abierta en Banesto (página 66 del mismo tomo); tratándose de transferencias bancarias, el recibí firmado por el receptor carece por completo de sentido, por lo que tampoco puede argüirse que esos 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo formen parte de los 457.105,00 € transferidos a la sede regional de Castilla-La Mancha.

No existe, por lo tanto, una explicación contable a esos 200.000 € recibidos en 2007 en Toledo; al menos no es así en la contabilidad oficial del PP. Sólo queda una opción: esos 200.000 € se recibieron al margen de los cauces oficiales de pago y contabilización. Eso es lo que se conoce como dinero en negro; y, en el caso de un partido político, es lo que se conoce como financiación ilegal. Digan lo que digan los asesores de comunicación del Partido Popular.

Quedaría por dilucidar la razón por la cual el gerente del PP en Toledo quiso documentar la recepción de esos 200.000 firmando un recibí; en mi opinión -y esto sí es opinión- el celo por justificar todos los ingresos le llevó a documentar incluso los ingresos que no podían justificarse.

Y una última nota: la campaña electoral del PP para las elecciones municipales de 2007 en toda la provincia de Toledo costó oficialmente 44.397,00 €, pero el PP de Toledo recibió 200.000 € adicionales para esa campaña. Si la correlación entre contabilidad oficial y contabilidad en negro es la misma en Toledo que en el resto de España, el PP estaría manejando presupuestos 5,5 veces superiores a los declarados oficialmente; ese mismo año, por ejemplo, el PP declaró unos ingresos oficiales de más de 103 millones de euros. Con una simple regla de tres, las cifras en negro manejadas por el PP ese mismo año (año de elecciones) podrían llegar a ser más que escandalosas: casi 500 millones de euros conseguidos en el mercado negro de capitales. Con estas cifras podríamos entender muchas, muchísimas cosas entorno al funcionamiento y a los recursos del Partido Popular.

Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

Dejad que los borregos se acerquen a mí

España se rompe, si no está rota ya. Esta vez sí, pero no por los independentistas catalanes, sino por la crisis. Y no por la crisis económica (que ha ayudado al aumento de la conflictividad social), sino por la crisis ética generalizada. Y no sólo por la crisis ética de los políticos (que también), sino por la deriva que lleva tomando todo el sistema socioeconómico en el que hemos vivido durante largos años y que ha conseguido modificar y distorsionar nuestra percepción de la realidad, adaptándola a criterios estrictamente económicos. Y no sólo se rompe España, sino que también se rompe Europa, donde los socios parecen más enemigos que socios.

Nuestro presidente (Mariano Rajoy Brey, gallego y ex-Ministro del Interior como Manuel Fraga Iribarne) tuvo palabras de agradecimiento hacia los ciudadanos que no se manifestaron el 25-S (ni el 11-S, ni el 15-S, ni el 29-M, ni el 15-M…); a nuestro presidente le gustan la tranquilidad en las calles, la paz social… los ciudadanos-borrego: aquéllos que se toman unas cervezas con los amigos en el bar mientras cuentan (en la intimidad) cómo les han bajado el sueldo gracias a la abolición expresa de los convenios colectivos que permite la reforma laboral de nuestro presidente, a la vez que expresan su preocupación (en la intimidad) porque a su pareja la han echado a la calle al aplicarle uno de los nuevos expedientes de regulación de empleo de los permitidos en esa reforma laboral que iba a solucionar el problema del paro español, y que al acabar la charla con sus amigos se van a casa a compartir las penas con la abuela que les está pagando la hipoteca de una casa que ya no utilizan para no malgastar luz ni agua.

A nuestro presidente le gustan esos ciudadanos-borrego que tan pronto se aferran a la Constitución para evitar el aprendizaje de una lengua oficial que no es la suya como justifican la vulneración de la legislación por parte de unos agentes de la autoridad que, en cuanto se ponen el casco y la porra, esconden su obligatoria identificación para no ser castigados ante los más que evidentes abusos de poder grabados y publicados por testigos presenciales a quienes, por si fuera poco, se ignora reiteradamente en sede judicial para evitar que los delincuentes inidentificables puedan ser debidamente castigados.

Y como a nuestro presidente le gustan esos ciudadanos-borrego que agachan la cabeza o miran hacia los catalanes cuando sus medidas políticas no sólo no marchan bien, sino que arruinan económicamente y anulan socialmente a los ciudadanos, sean borregos o no, todas las instituciones parecen haber tomado buena nota de los dictatoriales gustos presidenciales y no han tardado en darle una agradable sorpresa al paisano de Manuel Fraga Iribarne: prohibir que los ciudadanos díscolos se descarríen del rebaño.

Primero fue la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, con la inestimable ayuda de la caverna mediática, la que acusó de golpistas a miles (6.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, 900.000 si comparamos las fotografías con otros actos organizados por las instituciones) de ciudadanos díscolos y desarmados hartos de que sus impuestos (un 50% –el IRPF y el IVA– más altos hoy que en 2010) vayan a parar íntegros a rescatar cajas de ahorros y bancos que manejaron a su antojo los enchufados de turno impuestos a dedo por quienes estaban al frente de este país de pandereta.

La maquinaria del Estado al completo inició, en público a través de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, pero en paralelo y bajo secreto sumarial también a través de la Audiencia Nacional, la ofensiva definitiva para acabar con el derecho de manifestación y de reunión de los ciudadanos díscolos al considerar que la actual regulación es excesivamente permisiva, por lo que se hace imprescindible limitarla (el eufemismo elegido fue “modularla”, que según el Diccionario de la RAE sería “modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados”). Así, al tiempo que se hacía pública la persecución y el intento de aterrorizar (bajo amenaza de ser acusados de atentar contra las altas instituciones del Estado, con penas de hasta 5 años de cárcel) a los organizadores y financiadores de la manifestación del 25-S, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, respaldaba esa misma limitación al derecho de manifestación, y en el mismo sentido se manifestaría incluso el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El derecho de manifestación, sobradamente modulado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, está en peligro. Y los ciudadanos-borrego que quiere nuestro presidente (y que ya tuvo Manuel Fraga Iribarne aplicando las mismas técnicas de violencia institucional y de terrorismo estatal) están de acuerdo en eliminarlo. Es cosa del siglo XIX, dicen. En el siglo XXI triunfa el silencio como forma de protesta ciudadana: las mayorías siempre son silenciosas, dicen. Será que el vasallaje y la esclavitud de la Edad Media vuelven a estar de moda. ¿O será el ganado ovino lo que se lleva hoy?