200.000 € en negro para el PP de Cospedal

Según Luis Bárcenas (primero verbalmente, ayer documentalmente ante el juez Ruz), Sacyr Vallehermoso aportó al PP 200.000 € para las elecciones de 2007 a cambio de un contrato multimillonario (de más de 6 millones de euros) de una de sus filiales en el Ayuntamiento de Toledo. Según María Dolores de Cospedal, el recibí de esos 200.000 € firmado por parte del gerente del PP de esa ciudad (y aportado ante el juez por Bárcenas) no significa nada: la contabilidad del PP está auditada, sometida al Tribunal de Cuentas y, por supuesto, es completamente legal. Todo en A; blanco nuclear; cualquier documento aportado por Bárcenas "no será la contabilidad del PP porque sólo hay una". La historia contada por Bárcenas es, en definitiva, "disparatada y mentirosa".

La transparencia (la tan manida transparencia) sirve, entre otras cosas, para que los caraduras no tapen sus mangoneos, estafas o delitos con mentiras; mentiras que, por supuesto, no pueden ser comprobadas por nadie ajeno a su secta, partido u organización opaca. Pero María Dolores de Cospedal tiene un problema en este caso: la contabilidad A, la que Cospedal le remite al Tribunal de Cuentas, la que les auditan... fue filtrada hace unos días en la red.

Y las cuentas cuadran o no cuadran. Y en este caso no cuadran. Y no cuadran por mucho.

Bajo el epígrafe Envíos de Tesorería Nacional, en el grupo de cuentas 552, la contabilidad consolidada (es decir, la acumulada de todas sus contabilidades regionales y provinciales) del PP de 2007 nos indica que la provincia de Toledo (cuenta 552038) tuvo unos movimientos ese año con la tesorería nacional de 51.609,00 €. Así consta en la página 69 del tomo 1 de la contabilidad del PP del año 2007 (dentro del agregado "Funcionamiento + Campañas").

La contabilidad oficial del PP distribuye las cuentas en tres niveles: nacional, regional y provincial. No existe el nivel municipal. Así pues, si las cifras de su contabilidad ya hablan por sí solas (las cuentas oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas no recogen esos 200.000 € que se recibieron en la capital de provincia), el hecho de que el receptor de esa suma (el gerente de una sede municipal) esté al margen de los tres niveles estructurales remitidos al Tribunal de Cuentas no hace más que elevar las sospechas sobre una contabilidad oculta y no auditada ni fiscalizada.

Pero no adelantemos acontecimientos; todo podría tener una explicación al margen de la expuesta por un presunto delincuente. Continuemos con la contabilidad oficial del PP.

En la página 119 de ese mismo tomo encontramos la contabilidad consolidada correspondiente a la provincia de Toledo (cuenta 0ZZ01552038), pero esta vez referida sólo al agregado de "Funcionamiento"; con 7.212,00 € cubren esos gastos de funcionamiento, por lo que debemos suponer que los otros 44.397,00 € corresponderán al agregado de "Campañas", algo que podremos comprobar en la página 232 de ese mismo tomo (cuenta 07M01552038), donde se recogen los gastos correspondientes a las elecciones municipales de 2007.

En el tomo 4 de la contabilidad oficial del PP encontraremos las cuentas correspondientes a la sede provincial de Toledo; en la página 135 de ese tomo podemos comprobar que la sede central (cuenta 551000, dentro del grupo 551  -Importes Recibidos de Sedes-) remitió los 51.609,00 € que constan en la contabilidad consolidada (y en la página 148 de ese mismo tomo encontraremos los 44.397,00 € correspondiente a las elecciones municipales de 2007). Efectivamente, cualquier auditor afirmaría, viendo la contabilidad oficial del PP, que las cuentas entre la tesorería de Génova, 13 y la sede provincial de Toledo son correctas.

Sin embargo, en Toledo se recibieron 200.000 € de la sede central (así lo firmó en su día el gerente del PP de la capital de provincia y lo sigue afirmando hoy Bárcenas); pero esos 200.000 € no constan ni como salida en Génova, 13 ni como entrada en Toledo. De haber tenido el auditor (o el Tribunal de Cuentas) ese recibí firmado y entregado hoy al juez, podríamos intuir que su reacción no hubiese sido la de dar por buenas las cuentas del PP para 2007; pero es lo que tiene la contabilidad en B: que no se le muestra ni al auditor ni al Tribunal de Cuentas. Es una contabilidad oculta, oscura, en negro.

Pero mantengamos, de momento, el beneficio de la duda y prosigamos con la contabilidad oficial, por si finalmente encontrásemos algo no recogido en los saldos contables; en el tomo 9 (página 119) encontraremos los 11 movimientos correspondientes a la sede provincial de Toledo. El más importante de ellos tiene lugar al inicio de la campaña electoral por las municipales de 2007, el 26/04/2007: se tranfieren 42.500 € desde Génova, 13 a Toledo. Tras las elecciones, se transfieren otros 1.897 €.

Ni rastro de los 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo; pero sigamos manteniendo cierta prudencia. Comprobemos los movimientos entre Génova, 13 y la sede regional dirigida por María Dolores de Cospedal (página 114 de ese mismo tomo).

El 08/06/2007 (una vez pasadas las elecciones autonómicas) se transfieren 457.105,00 € desde la sede central a la sede regional de Castilla-La Mancha; si observamos la columna de las contrapartidas comprobaremos que hay otras cuentas que podemos consultar. Las transferencias a la sede provincial de Toledo se realizan con cargo (en contrapartida) a la cuenta 572057, que corresponde a una cuenta del Banco Popular (páginas 258 y siguientes del tomo 9), mientras las transferencias a la sede regional de Castilla-La Mancha se realizan desde una cuenta de crédito (la 52007) abierta en Banesto (página 66 del mismo tomo); tratándose de transferencias bancarias, el recibí firmado por el receptor carece por completo de sentido, por lo que tampoco puede argüirse que esos 200.000 € recibidos por el gerente del PP de Toledo formen parte de los 457.105,00 € transferidos a la sede regional de Castilla-La Mancha.

No existe, por lo tanto, una explicación contable a esos 200.000 € recibidos en 2007 en Toledo; al menos no es así en la contabilidad oficial del PP. Sólo queda una opción: esos 200.000 € se recibieron al margen de los cauces oficiales de pago y contabilización. Eso es lo que se conoce como dinero en negro; y, en el caso de un partido político, es lo que se conoce como financiación ilegal. Digan lo que digan los asesores de comunicación del Partido Popular.

Quedaría por dilucidar la razón por la cual el gerente del PP en Toledo quiso documentar la recepción de esos 200.000 firmando un recibí; en mi opinión -y esto sí es opinión- el celo por justificar todos los ingresos le llevó a documentar incluso los ingresos que no podían justificarse.

Y una última nota: la campaña electoral del PP para las elecciones municipales de 2007 en toda la provincia de Toledo costó oficialmente 44.397,00 €, pero el PP de Toledo recibió 200.000 € adicionales para esa campaña. Si la correlación entre contabilidad oficial y contabilidad en negro es la misma en Toledo que en el resto de España, el PP estaría manejando presupuestos 5,5 veces superiores a los declarados oficialmente; ese mismo año, por ejemplo, el PP declaró unos ingresos oficiales de más de 103 millones de euros. Con una simple regla de tres, las cifras en negro manejadas por el PP ese mismo año (año de elecciones) podrían llegar a ser más que escandalosas: casi 500 millones de euros conseguidos en el mercado negro de capitales. Con estas cifras podríamos entender muchas, muchísimas cosas entorno al funcionamiento y a los recursos del Partido Popular.

Capio Sanidad y las malas lenguas

Me llegó el mes de mayo un correo electrónico con la siguiente imagen adjunta y con el título “Que se sepan las cosas…”:

Hoy en Facebook me ha vuelto a llegar esta misma información, la primera con esta misma imagen y la segunda con una nueva composición, aunque con los mismos datos.

Esto de los mensajes que te llegan a través de algún amigo, compañero de trabajo o conocido no sabes muy bien si tomártelo en serio y reenviarlo, si contrastar primero la información y actuar en consecuencia una vez realizado este contraste o si, directamente, lo mejor es ignorar el mensaje y dedicar el ancho de banda y tu tiempo a otros menesteres mientras esperas que algún medio de comunicación acabe publicándolo (o no, que es lo más habitual); y es que siempre recuerdo el mensaje que recibí el día siguiente a los atentados del 11-M afirmando que el Ministerio del Interior había difundido las caras de los terroristas y que lo enviaban para que, con la colaboración ciudadana, pudiese detenerse a los autores de aquella masacre:

Sea como fuere, en aquel caso contrastar la información no fue demasiado difícil: con entrar en la Web del Ministerio del Interior y comparar el contenido de los terroristas más buscados con las fotografías que me enviaron fue suficiente para comprobar que unos y otros no coincidían (en la Web había rusos, sudamericanos y árabes, además de algunos de los etarras del mensaje con fotografías más actualizadas); algún día llamaré al teléfono o enviaré un mensaje al Club Náutico de Valencia (aun conservo el mensaje), por si el tal Enrique que inició la cadena que me llegó a mí tiene algún detalle más de su origen (el texto del mensaje decía “Me mandan esto: El Ministerio del Interior ha difundido las fotos de miembros activistas de ETA, que muy posiblemente sean los ejecutores de la matanza de esta mañana. Por favor, máxima difusión”, y el título era “Urgente: Fotos de los terroristas del 11 de marzo”).

Pero volvamos a Capio Sanidad. Este caso en concreto me ha chocado porque tiene todas las características de uno de esos bulos que se extiende rápidamente a través de Internet mediante cadenas de mensajes, gracias sobre todo a la escasa simpatía que se les tiene a los personajes a los que se implica; era un tanto escéptico respecto a la veracidad de la información cuando recibí el correo (no logré comprobar ninguna de las relaciones citadas, por lo que no continué la cadena) y hoy he podido comprobar que, efectivamente, el escepticismo estaba justificado.

Pasemos a la exposición de los datos sobre Capio Sanidad y sus relaciones con Rodrigo Rato, con Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla La Mancha) y con Teresa Echániz Salgado (hermana del Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado).

Lo primero que descubrimos es que Capio Sanidad salió en prensa en 2008 cuando varios proveedores se negaron a seguir sirviendo al hospital privado de Valdemoro porque la propietaria del mismo (Capio Sanidad) no les pagaba las facturas; además, incumplió los precontratos firmados con sus trabajadores (les rebajó unilateralmente el sueldo más de un 10% al firmar el contrato) y tuvo que afrontar la salida en bloque de todo el equipo de medicina externa ante el incumplimiento de múltiples promesas a los propios facultativos. A todos estos enemigos de dentro del propio sector cabe añadir que ese hospital privado fue el abanderado de la política sanitaria de gestión privada de Esperanza Aguirre, por lo que los enemigos se amplían también a lo político.

Empiezan a ser demasiados los enemigos como para tomar como cierta cualquier información anónima que aparezca por la red, así que el escepticismo sobre la veracidad de esas supuestas relaciones empresariales empieza a ser claramente predominante.

Un mes después de la anterior aparición en prensa vuelve Capio Sanidad a los periódicos: Esperanza Aguirre adjudicó sin publicidad la atención hospitalaria de la Fundación Jiménez Díaz a Capio Sanidad (hasta entonces  con 200.000 personas en su zona de influencia, que debían ampliarse a 400.000 según un acuerdo que aun no había entrado en vigor en aquella fecha), además de otorgarle la gestión de dos grandes ambulatorios de Madrid y la realización de pruebas diagnósticas que hasta entonces se realizaban con recursos públicos. En esta ocasión nos dan una pista sobre los accionistas de Capio Sanidad: se menciona a un único accionista, se llama Apax Partners y se trata de un fondo de capital riesgo norteamericano; se complica sobremanera la forma de relacionar de forma directa a Rodrigo Rato con Capio Capital, aunque sí podría existir una relación indirecta. Habrá que seguir investigando.

En Diciembre de 2008 hay otra aparición en prensa de Capio Sanidad (en la que se notifica que se ha hecho efectivo uno de los traspasos de gestión que había pendientes); aquí vuelven a citarse a los accionistas de esta empresa sanitaria, pero ahora se afirma que es una multinacional sueca (Citicorp Venture Capital Partners) y que Apax Partners es sólo uno de los varios fondos de inversión propietarios de Capio. Por si quedaba enrevesada la cosa con un fondo de inversión, ahora resulta que son varios. Lo de Rodrigo Rato como accionista se aleja cada vez más de ser una relación en la que el defenestrado Presidente de Bankia pueda tener algún tipo de poder de decisión o que incluso pueda verse sustancialmente recompensado económicamente a través de los dividendos repartidos por Capio Sanidad.

La mejor opción para averiguar los entresijos accionariales de cualquier sociedad cuando la información pública y gratuita no ofrece los datos que esperamos es recurrir al Registro Mercantil, pero ni la cuestión me reconcome tanto la curiosidad como para pagar por saber un poco más, ni me parece muy adecuado para mi bolsillo iniciar una búsqueda en fondos de inversión hasta encontrar alguna relación, por remota que sea, con el Sr. Rodrigo Rato, así que aparcamos de momento la búsqueda accionarial esperando que nos topemos con ella al buscar las otras supuestas relaciones de Capio Sanidad con el PP castellano-manchego.

La decepción de esta primera relación fallida debe llevarnos hacia fuentes de información más directa, así que vayamos a consultar la Web de la propia empresa en busca de algo relativo a las supuestas relaciones directivas de Ignacio López del Hierro y de Teresa Echániz Salgado con Capio Sanidad; en su apartado de Equipos Directivos no encontramos a ninguno de los dos al frente de ninguno de los departamentos de ninguno de los hospitales gestionados por esta empresa, pero en el apartado de Investigación nos remite a la Fundación Jiménez Díaz, una institución que ya conocemos por el traspaso (sin publicidad) de la atención sanitaria que ofrecía ésta a Capio Sanidad; estas operaciones con fundaciones (a quienes se le asignan algunos servicios, que después son traspasados a sus patrocinadores –Capio lo es de esta fundación–) siempre levantan sospechas, aunque finalmente se trate de actuaciones totalmente legales. Pero no es este el cometido de esta entrada, así que lo dejaremos estar (al menos de momento).

Vayamos, pues, a la Web de esa fundación que, al parecer, ofrece los servicios de investigación a su patrocinador; encontraremos aquí también un apartado dedicado a su Estructura de Dirección, pero tampoco allí aparecen ninguno de esos dos nombres. Sin embargo, sí aparece el cargo que se le asigna a Teresa Echániz Salgado (el de Subsecretaria de Investigación), pero la titular es otra: Carmen Ayuso García. Esta directiva de la fundación nos permite consultar su historial, que nos ofrecerá la primera rotunda decepción a esa supuesta relación de Teresa Echániz Salgado con Capio Sanidad: Carmen Ayuso ejerce ese cargo directivo desde octubre de 2004. Mal andamos con la credibilidad de esas supuestas relaciones que nos muestra la imagen si podemos comprobar por nosotros mismos que el cargo coincide, pero la persona no; de todas formas, si indagamos un poco más en el organigrama de la fundación sí comprobaremos que el nombre de Teresa Echániz figura entre las personas contratadas por la misma, aunque con un cargo inferior que no tiene nada que ver con la subdirección que se le asigna en la imagen (es vocal invitada para Gestión de Proyectos y OTRI dentro de la Comisión de Investigación de la fundación), si bien, por el contrario, sí la podemos encontrar ejerciendo de Secretaria de la Junta Directiva. Por desgracia, a Ignacio López del Hierro no lo encontramos por ninguna parte, por lo que no parece que el origen de la información sea la propia la empresa.

Estos errores de bulto son demasiado típicos en opiniones o artículos de prensa que utilizan fuentes que han oído algo al respecto, pero cuyo receptor de la información no puede o no quiere confirmar los datos que se le ofrecen; y, por qué no decirlo también, cuando el receptor de la información no quiere confirmar esos datos suele haber más un interés por el descrédito de las personas citadas por las fuentes que un interés por transmitir una noticia a los lectores.

Y, efectivamente, buscando en fuentes de información alternativas, encontramos dos artículos (uno en Crónica Popular, firmado por un tal Marcel Félix de Andrés, y el otro en ATTAC Castilla La Mancha, firmado por José Andrés Guijarro Ponce) en los que aparecen esos tres nombres y esas tres relaciones, por lo que ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hemos encontrado la información con la que se han creado las imágenes que van rondando por correos electrónicos y redes sociales. Dentro del primero de los dos artículos encontramos el párrafo del delito:

«Entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, actual presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta castellanomanchega y muy aficionado a los lucrativos consejos de administración, reparte sus inversiones en multitud de empresas y, según fuentes consultadas, alguna de  las cuales también gestiona hospitales. Para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad».

Ahí están los tres nombres en un mismo párrafo; en el segundo de los artículos (el de ATTAC) no se indica el cargo de Teresa Echániz, por lo que es algún lector de este artículo quien creó las imágenes. Sin embargo, este texto también nos indica que el autor de las imágenes interpretó el texto de una forma, por decirlo suavemente, bastante peculiar: es conocido que Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, invierte en muchas empresas, e incluso (según algunas fuentes del periodista que firma la noticia) tiene inversiones en alguna empresa que gestiona hospitales. De ahí a asignarle el cargo de gestor de los hospitales de Capio Sanidad hay varios pasos que nos hemos saltado: lo primero, confirmar que, efectivamente, ha invertido en alguna empresa que gestiona algún hospital; lo segundo, confirmar que esa empresa gestora de hospitales opera en alguna ciudad en la que opera Capio Sanidad; y tercero, confirmar que Capio Sanidad le ha nombrado gestor o algún cargo similar (algo que ya hemos comprobado que no es así).

Ya tenemos los datos de dos de los tres nombres: una de las relaciones es cierta con matices y la otra es una interpretación argumentalmente insostenible de una frase que no dice lo que las imágenes virales dicen.

Nos quedaba por encontrar la relación del tercer nombre, y ésta la he encontrado hoy mediante un enlace que me han facilitado al comentar la posibilidad de que una de esas imágenes, que estaban rondando por Facebook, fuese un completo bulo. Se trata de una carta publicada en La Mancha Obrera en enero de este mismo año, así que parece que este es el origen de los otros dos artículos (publicados ambos en abril, primero el de ATTAC y dos días después el de Crónica Popular); encontramos también aquí otro párrafo del delito:

«El grupo empresarial Capio-Sanidad está participado por el grupo de inversores de capital-riesgo CVC Partnerts (Citicorp Venture Capital), en la que tienen un brazo la mayoría de las grandes compañías farmacéuticas a través de CVC-Capio (afirmado a través de FristWord Pharma en septiembre de 2009 como una buena oportunidad de negocio abierta). El capital lo aporta Bankia (Rodrigo Rato, todavía vigente y que suena como ministrable, y Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, exgestor de la sanidad pública madrileña y actual empresario privado del mismo sector, formando parte del Consejo Directivo de Bankia y del grupo Capio) y la CAM, recientemente intervenida y “lo peor de lo peor de las Cajas de Ahorro”, según afirmaciones del Banco de España».

Cuando en ese párrafo se afirma que el capital lo aporta Bankia (asignándole el capital a Rodrigo Rato), no se trata del capital correspondiente a las acciones (las acciones las tiene CVC Partners, como afirma esa carta justo en la frase inmediatamente anterior), sino de la entidad financiera que, junto a la CAM, financian los proyectos de Capio Sanidad; es evidente que ser acreedor de una empresa no es lo mismo que ser accionista, por lo que el primero de los dos autores de los artículos de abril que leyó esta carta (posiblemente José Andrés Guijarro Ponce) realizó otra interpretación igual o más peculiar que la del autor de las imágenes virales que nos han llegado a través de Facebook y del correo electrónico.

No hay, por lo tanto, relación directa entre Rodrigo Rato o María Dolores de Cospedal con Capio Sanidad; sí la hay, no obstante, con el Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, que tiene a su hermana en la Junta Directiva de la Fundación Jiménez Díaz (cuyo promotor es Capio Sanidad); claro, que implicar a un tal José Ignacio Echániz Salgado no hubiese tenido tanto éxito como implicar a los peces gordos de la política española.

Caso resuelto.

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Dejad que los borregos se acerquen a mí

España se rompe, si no está rota ya. Esta vez sí, pero no por los independentistas catalanes, sino por la crisis. Y no por la crisis económica (que ha ayudado al aumento de la conflictividad social), sino por la crisis ética generalizada. Y no sólo por la crisis ética de los políticos (que también), sino por la deriva que lleva tomando todo el sistema socioeconómico en el que hemos vivido durante largos años y que ha conseguido modificar y distorsionar nuestra percepción de la realidad, adaptándola a criterios estrictamente económicos. Y no sólo se rompe España, sino que también se rompe Europa, donde los socios parecen más enemigos que socios.

Nuestro presidente (Mariano Rajoy Brey, gallego y ex-Ministro del Interior como Manuel Fraga Iribarne) tuvo palabras de agradecimiento hacia los ciudadanos que no se manifestaron el 25-S (ni el 11-S, ni el 15-S, ni el 29-M, ni el 15-M…); a nuestro presidente le gustan la tranquilidad en las calles, la paz social… los ciudadanos-borrego: aquéllos que se toman unas cervezas con los amigos en el bar mientras cuentan (en la intimidad) cómo les han bajado el sueldo gracias a la abolición expresa de los convenios colectivos que permite la reforma laboral de nuestro presidente, a la vez que expresan su preocupación (en la intimidad) porque a su pareja la han echado a la calle al aplicarle uno de los nuevos expedientes de regulación de empleo de los permitidos en esa reforma laboral que iba a solucionar el problema del paro español, y que al acabar la charla con sus amigos se van a casa a compartir las penas con la abuela que les está pagando la hipoteca de una casa que ya no utilizan para no malgastar luz ni agua.

A nuestro presidente le gustan esos ciudadanos-borrego que tan pronto se aferran a la Constitución para evitar el aprendizaje de una lengua oficial que no es la suya como justifican la vulneración de la legislación por parte de unos agentes de la autoridad que, en cuanto se ponen el casco y la porra, esconden su obligatoria identificación para no ser castigados ante los más que evidentes abusos de poder grabados y publicados por testigos presenciales a quienes, por si fuera poco, se ignora reiteradamente en sede judicial para evitar que los delincuentes inidentificables puedan ser debidamente castigados.

Y como a nuestro presidente le gustan esos ciudadanos-borrego que agachan la cabeza o miran hacia los catalanes cuando sus medidas políticas no sólo no marchan bien, sino que arruinan económicamente y anulan socialmente a los ciudadanos, sean borregos o no, todas las instituciones parecen haber tomado buena nota de los dictatoriales gustos presidenciales y no han tardado en darle una agradable sorpresa al paisano de Manuel Fraga Iribarne: prohibir que los ciudadanos díscolos se descarríen del rebaño.

Primero fue la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, con la inestimable ayuda de la caverna mediática, la que acusó de golpistas a miles (6.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, 900.000 si comparamos las fotografías con otros actos organizados por las instituciones) de ciudadanos díscolos y desarmados hartos de que sus impuestos (un 50% –el IRPF y el IVA– más altos hoy que en 2010) vayan a parar íntegros a rescatar cajas de ahorros y bancos que manejaron a su antojo los enchufados de turno impuestos a dedo por quienes estaban al frente de este país de pandereta.

La maquinaria del Estado al completo inició, en público a través de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, pero en paralelo y bajo secreto sumarial también a través de la Audiencia Nacional, la ofensiva definitiva para acabar con el derecho de manifestación y de reunión de los ciudadanos díscolos al considerar que la actual regulación es excesivamente permisiva, por lo que se hace imprescindible limitarla (el eufemismo elegido fue “modularla”, que según el Diccionario de la RAE sería “modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados”). Así, al tiempo que se hacía pública la persecución y el intento de aterrorizar (bajo amenaza de ser acusados de atentar contra las altas instituciones del Estado, con penas de hasta 5 años de cárcel) a los organizadores y financiadores de la manifestación del 25-S, el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, respaldaba esa misma limitación al derecho de manifestación, y en el mismo sentido se manifestaría incluso el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El derecho de manifestación, sobradamente modulado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, está en peligro. Y los ciudadanos-borrego que quiere nuestro presidente (y que ya tuvo Manuel Fraga Iribarne aplicando las mismas técnicas de violencia institucional y de terrorismo estatal) están de acuerdo en eliminarlo. Es cosa del siglo XIX, dicen. En el siglo XXI triunfa el silencio como forma de protesta ciudadana: las mayorías siempre son silenciosas, dicen. Será que el vasallaje y la esclavitud de la Edad Media vuelven a estar de moda. ¿O será el ganado ovino lo que se lleva hoy?

Lamiéndole el culo a Esperanza Aguirre

No, la primera imagen para ilustrar este artículo no es un error; el 14 de Julio de 2011, Libertad Digital abría su edición con una noticia que aparecería de forma reiterada durante los días siguientes. Eran las facturas en el cajón de una Castilla-La Mancha gobernada hasta entonces por un PSOE que había falseado las cuentas autonómicas.

Al día siguiente, el Editorial no dejaba lugar a dudas: ocultar las cuentas es un acto de “rapiña”, y el máximo responsable de tal ocultación (José María Barreda, socialista para más señas) era un “gobernante manirroto y derrochador que se había pulido el dinero de los contribuyentes” y que “decidió mentir” al ocultar que “las facturas sin pagar se hayan multiplicado por más de dos”. Cospedal había descubierto 1.742 millones de facturas sin pagar, y la situación era “extremadamente grave” en esa comunidad autónoma.

Tres días después aun aumentaría ese importe de facturas ocultas, hasta llegar a los 2.600 millones de euros, aunque la cifra definitiva, según se ha publicado hoy mismo en La Razón, se ha quedado en un desfase de 1.545 millones de euros sobre lo presupuestado por el anterior gobierno autonómico.

En el polo opuesto estaría la Comunidad de Madrid gobernada por la neoliberal Esperanza Aguirre; el 28 de Febrero pasado no quedaba ninguna duda: “Sólo Madrid cumple”, “Madrid ha sido la única que ha cumplido el objetivo de déficit (del 1,3%)”, habiéndose quedado en el 1,13% (unos 2.100 millones de euros).

Tres semanas más tarde (el 20 de Marzo), la Comunidad de Madrid admitía que en realidad su déficit era de 1.000 millones de euros más que los anunciados; no, no se me ha colado sin querer una noticia de El País entre las noticias del periódico de Federico Jiménez Losantos, es que en Libertad Digital andaban ese día calculando la deuda pública de Cataluña y no les dio tiempo de publicar la noticia de la corrección al déficit de su política preferida (bajo estas líneas hay un pantallazo con las principales noticias de ese día, pero en el enlace anterior puede observarse cómo esa noticia no fue noticia para ese periódico digital, ni ese día ni los siguientes).

Hoy parece que han encontrado facturas debajo del cajón (como dirían ellos) en Madrid (1.000 millones más), en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular. Madrid deja de ser no sólo la única que cumple con el déficit (ya dejó de cumplirlo el 20 de Marzo, aunque los lectores de Libertad Digital no lo supieran), sino también la que mejor cumplió con las exigencias de ese déficit: el 2,2% lleva a Madrid fuera del podio.

Vaya, lo duplicó. Como el socialista Barreda. ¿Y qué dice Libertad Digital? Pues lo explica así, tan normal: “los más de 2.000 millones de euros de diferencia entre el déficit previsto y el real se achacan a una caída muy fuerte de ingresos por la parálisis económica, algo que tanto Aguirre como el consejero de Hacienda, Percival Manglano, habían advertido hace semanas. A ello se suma la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (facturas que había previsto imputar a 2012 se sacan ahora para que puedan favorecerse del plan del Gobierno)”. ¡Vaya! Las facturas en el cajón, de las que ya “habían advertido hace semanas”, aunque al parecer no en Libertad Digital.

Pero claro, no podían dejar así de chafados a sus lectores, así que había que dar alguna noticia que no equiparara a Esperanza Aguirre con el socialista Barreda.

Visto lo visto, será déficit cero si no se vuelven a equivocar en otros 2.000 millones de euros más. Digo yo.