La democracia sobornada

Leyendo un artículo de Gabriel Albiac en ABC («La corrupción constituyente») sobre la división de poderes y la corrupción, me topé con una ingeniosa frase que define a la perfección la principal característica de cualquier democracia:

«La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto».

Los tres poderes clásicos de la democracia

Inmediatamente, me asaltó una pregunta: ¿qué contrapeso hay hoy a esos poderes que ejercen su influencia (cada vez mayor) al margen de los tres poderes clásicos de la democracia? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante instituciones ajenas como el FMI, que no sólo influyen en ella, sino que incluso pueden ser capaces de hacerla irreconocible? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante esos intereses económicos -supranacionales o mucho más particulares- que tantas veces acaban por someterla? ¿No estaremos ya ante poderes erigidos en absolutos por no haber existido contrapesos que lo evitaran?

Uno de los principales fallos (y así lo argumenta también Gabriel Albiac) que se le achacan a la democracia española es el déficit de independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes; estaríamos así ante un fallo interno del propio sistema achacable a decisiones de los otros dos poderes. El fallo, por lo tanto, sería subsanable con otras decisiones en sentido contrario. Yendo a lo concreto, el fallo está, según estas teorías ampliamente aceptadas en determinados sectores, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; la solución pasaría, por lo tanto, por una simple reforma legislativa.

Con esta simplificación del problema se matan dos pájaros de un tiro: los responsables de la corrupción española son los socialistas (así lo afirma rotundamente el propio Gabriel Albiac: «la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición» tuvo como consecuencia la promulgación de esa Ley Orgánica) y la solución la puede dar el propio sistema actual con una mínima modificación legislativa.

Sin restar importancia a una posible modificación de dicha Ley Orgánica que pudiera dar una mayor independencia al poder judicial (o, mejor dicho, a determinados órganos de dicho poder), no parece que la realidad confirme que la corrupción generalizada que vive nuestro país provenga de una deficiente configuración de ese pilar de la democracia; de hecho, es este poder el que está poniendo a los corruptos de los otros poderes en el lugar que les corresponde. O, lo que es lo mismo, el poder judicial sí cumple su función (controlar que los otros dos poderes se ajusten a la ley) cuando conoce los hechos; lo que sí confirma la realidad, en cambio, es que -además de otras cuestiones- el poder judicial tarda demasiado tiempo en conocer los hechos, y eso es algo que no va a arreglarse con una modificación -ni profunda ni superficial- de una Ley Orgánica.

De los tres poderes del Estado, el verdadero eslabón débil es el poder ejecutivo; no respecto a los otros dos poderes clásicos de la democracia, sino respecto a los poderes ajenos a la misma. Y ahí es donde reside el verdadero problema de la corrupción que está destruyendo al actual sistema democrático: el eslabón débil del sistema puede ejercer de contrapeso respecto a los otros dos poderes, pero ninguno de los tres tiene capacidad (no se le reconoce en la concepción clásica de la democracia) para contrapesar a poderes ajenos al propio sistema. Y la realidad nos demuestra que es ése (el poder ejecutivo, no el poder judicial) el que cede una y otra vez a los factores externos al sistema democrático.

Algunas democracias, tan representativas como la estadounidense (tan en boca de muchos como ejemplo de buen sistema democrático), han acabado por transigir ante esa debilidad y han legalizado e institucionalizado los sobornos empresariales a los poderes ejecutivo y legislativo bajo una definición amplia de la financiación de campañas electorales; lejos de impedir que los sistemas ajenos al democrático puedan manipular y tergiversar la esencia misma de la democracia (la voluntad del pueblo en contraposición a la voluntad de una oligarquía), la solución adoptada por algunas democracias ha sido, simplemente, publicar quién y cuánto ha sobornado a cada político en cada campaña electoral. Es decir: se ha optado por integrar dentro del sistema democrático a otros sistemas que no se rigen por las normas democráticas. En otras palabras: se han introducido agentes externos en un cuerpo sin que ambos sean compatibles entre sí; lo que vendría a ser un virus.

Actual correlación de poderes que influyen en el sistema democrático

Como decía, lo que la realidad nos está demostrando es que la corrupción se produce en la confluencia de dos sistemas que se rigen por normas totalmente distintas y, en muchas ocasiones, incompatibles entre sí; al menos en el ámbito nacional (referido al conjunto de las administraciones de nuestro propio país), son los partidos políticos -consciente o inconscientemente- los que facilitan la transmisión de conductas corruptas hacia los poderes ejecutivo y, en menor medida, legislativo.

La inmensa mayoría de las tramas de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos años han utilizado este sistema para llegar al corazón mismo del poder ejecutivo de ámbito autonómico y nacional; en el ámbito local, en cambio, se han utilizado indistintamente tanto esta vía indirecta para acceder al poder ejecutivo (alcaldes y concejales) como la directa (sin pasar por los partidos políticos).

La rígida estructura de los partidos políticos españoles, que, seguramente por razones históricas, han buscado más la estabilidad interna que la transparencia y la apertura hacia el exterior, ha permitido grandes concentraciones de poder en grupos muy reducidos de personas, que por lo general ejercían (y ejercen todavía) ese poder tanto hacia dentro del partido como hacia fuera (los presidentes o los secretarios generales de PP y de PSOE, respectivamente, han sido habitualmente los candidatos a presidentes o a alcaldes de sus respectivos partidos); al tratarse de grupos tan reducidos, el trasiego de cargos con duplicidad de funciones (en los partidos y en los poderes ejecutivo y legislativo) ha permitido que lo que podrían haber sido -recordemos que la financiación ilegal de los partidos políticos no es ni tan siquiera delito en nuestro país- simples ilícitos económicos de ámbito privado (entre una empresa y otra entidad privada) han acabado deviniendo en auténticos saqueos de las arcas públicas.

La red Gürtel, por ejemplo, empezó organizando actos electorales para el Partido Popular valenciano y acabó recibiendo contratos públicos de la misma Generalitat Valenciana, ampliando sus tentáculos de corrupción hasta Madrid; eso no hubiese sido posible si las mismas personas que contrataron para el PP los servicios de las empresas de la red corrupta no hubiesen sido al mismo tiempo diputados en el Congreso o en las Cortes Valencianas o consejeros y altos cargos de la propia Generalitat.

Esa concentración de poder en grupos reducidos de personas se traduce, una vez iniciadas las prácticas ilícitas, en una traba a la hora de denunciar los hechos y que éstos lleguen al poder judicial; por un lado, los funcionarios que puedan intuir la comisión de cualquier delito prefieren mirar hacia otra parte y conocer cuanto menos mejor de los asuntos turbios de sus superiores, a quienes saben capaces, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad -que se fía antes de los suyos que de un funcionario vividor-, de apartarles de su puesto o incluso de arruinarles la vida si ponen trabas a las actuaciones corruptas. Y, por otra parte, la prensa silenciosa, que ha entrado -por necesidades económicas- en un círculo vicioso que ha llevado a la profesión a ser una de las peor valoradas: los grandes financiadores de los partidos políticos son a su vez los grandes financiadores -a través de la publicidad, principalmente- de las editoriales periodísticas, y morder a quien te da de comer es poco recomendable. Yo mismo he sido testigo de los silencios cómplices de accidentes laborales con resultado de muerte en empresas que financian a radios y periódicos locales: aquel accidente laboral nunca ocurrió. Si incidentes de esta gravedad son ocultados por la prensa, qué no ocultarán los medios cuando conozcan de algún pequeño delito de corrupción en el que esté implicada una empresa que les financia o algún político con influencias sobre dicha empresa (y aquí habría que incluir también a los propios partidos políticos como financiadores: pensemos por un momento qué puede hacer un medio sin los recursos de la Cadena SER ante el boicot del propio Partido Popular tras destapar esa emisora de radio varios asuntos turbios de sus dirigentes).

Amordazados tanto el cuarto poder como la fiscalización de los empleados públicos (a quienes, además, se les quiere eliminar por completo esa función de fiscalización, sólo posible a través de su protección laboral frente a las arbitrariedades interesadas de sus jefes), el conocimiento de posibles delitos por parte del poder judicial se ralentiza considerablemente o, incluso, se anula por completo.

El sistema democrático clásico, como cualquier otro sistema, ha de tomar como base teórica un determinado estado de las cosas que le rodean y que puedan influir en él; llamémosle estado de reposo, estado perfecto o estado ideal. Los actores del sistema (como las partículas y las fuerzas en un sistema físico) interactúan con el sistema, cada cual empujando en una dirección; en ese sistema democrático perfecto, unos actores se anulan a otros, de forma que el resultado final siempre tiende hacia ese estado de reposo (el sistema se ha creado para que así sea). El problema surge cuando el sistema teórico y el sistema real discrepan: es necesario replantearse y mejorar el marco teórico para descubrir y corregir los desequilibrios o hay que aplicar medidas correctoras al sistema real para que vuelva hacia el estado de reposo que, según la teoría, lo hace estable.

El problema actual (y esto es algo normal en sistemas en los que existen factores -filias, fobias, prejuicios, simpatías, sentimientos...- que no pueden determinarse en la implementación teórica) es que las discrepancias entre el marco teórico y la realidad son cada vez más amplias: los sistemas de control y de contrapeso existentes en la teoría actual no parecen ser capaces de cerrar esa brecha que se ha abierto, al tiempo que desde dentro del propio sistema hay muchas reticencias para modificar el marco teórico.

Determinados factores externos al propio sistema democrático, que debían quedar integrados en el mismo según el marco teórico vigente, han conseguido escapar, al menos parcialmente (FMI, paraísos fiscales, globalización financiera...), a las reglas que rigen la democracia; lo que debería ser un subsistema o un subconjunto del sistema democrático ha conseguido -muchas veces con el beneplácito de éste- regirse en parte (una parte cada vez mayor) por otras reglas totalmente distintas, al tiempo que su interacción con la democracia se ha mantenido intacta. Podríamos hablar de la escisión de una parte del marco teórico (para crear otro independiente) que sigue interactuando con la realidad democrática, pero con sus propias reglas; un sistema, en definitiva, intrusivo, puesto que intenta modificar las estructuras internas de los sistemas democráticos para adaptarlas a su propio marco teórico (y éste, por supuesto, no puede ser modificado por ningún otro sistema).

Como decía, ese intrusismo ejercido por el sistema económico está utilizando intensivamente al eslabón débil del sistema democrático (el poder ejecutivo) para conseguir sus fines; la actuación de otro de los poderes (el judicial), pese a la parálisis del tercero (el legislativo, influenciado y anulado en exceso por el ejecutivo a través de los partidos políticos) y al secuestro del cuarto (los medios de comunicación, más interesados hoy en que funcione bien el sistema económico que en que éste se someta a reglas democráticas), será una condición necesaria, pero no suficiente, para corregir las impredecibles consecuencias de la actual corrosión de las estructuras del sistema democrático. Son urgentes (pese a los mensajes contrarios que se lanzan desde el poder ejecutivo y desde los partidos políticos con capacidad para implementarlas) medidas que contrarresten la corrosión interna que puede derrumbar todo el sistema democrático, que sometan a las mismas reglas a todos los actores que interactúan con los sistemas democráticos y, en definitiva, que puedan ejercer efectivamente de contrapeso a las intrusiones de sistemas que pretenden someter las teorías democráticas a las suyas propias.

Y el primer paso (necesario, pero tampoco suficiente) lo han de dar los propios partidos políticos. Deben someterse, sin excepciones, al escrutinio de la realidad y aceptar que sus estructuras deben cambiar radicalmente para no intoxicar al propio sistema. Deben iniciar, en primer lugar, una modificación de sus estructuras internas para hacerlas mucho más transparentes, de forma que sea perfectamente posible no sólo expulsar a quien colabora con la corrosión del sistema, sino también hacer extremadamente fácil la puesta a disposición del poder judicial de toda conducta sospechosa que pueda ser detectada en el seno del propio partido.

Debe cambiar también el concepto de político que hoy predomina en los principales partidos: nadie es imprescindible para llevar a cabo un proyecto político. La rotación de líderes debe entenderse como algo normal, y debería institucionalizarse a través de normas que obliguen a esa rotación para evitar la perpetuación en el poder de grupos reducidos de personas; lo que debería importar a un partido (y a sus líderes y candidatos) es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto político (sea el que sea), no quién lo lleve a buen término.

Otra de las modificaciones urgentes que necesita el sistema es la implementación de un sistema electoral que descarte las actuales listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el político se deba antes a unas siglas que a los ciudadanos que le han votado; aunque esa modificación no eliminaría la corrupción, sí evitaría que unos políticos taparan las corruptelas de otros por la sensación de pertenencia a un grupo cerrado. Si al cometer un acto de dudosa legalidad se deben dar las explicaciones a los votantes, y no a los aparatos de un partido, esas negativas a dimitir que tanto se dan hoy serían mucho más difíciles de justificar.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario implementar los contrapesos necesarios que hagan posible la democratización, o bien de los propios sistemas ajenos al democrático, o bien de la toma de decisiones respecto a asuntos que provienen de esos sistemas; es decir, que todo lo que provenga de sistemas que se rigen por reglas que escapan al sistema democrático debe ser democratizado. Que organismos ajenos al sistema democrático (FMI, mercados financieros desregulados...) tomen decisiones que afecten o puedan afectar directamente al propio sistema, sin que deban responder por dichas decisiones -tengan las consecuencias que tengan- ante nadie, tiene como principal consecuencia que el ciudadano-votante acabe teniendo la sensación (tan real como la que hemos vivido en España estos últimos años) de que votar a un partido político que transige ante estos poderes descontrolados no sirve de nada. Y eso tiene consecuencias gravísimas para el sistema democrático, pues acaba convirtiéndose en una falacia teórica que nada tiene que ver con su aplicación en la vida real.

En definitiva, es urgente y necesario evitar que las injerencias de sistemas externos, regidos por otras reglas completamente distintas -y hasta opuestas- a las del sistema democrático, acaben por convertir la soberanía de las urnas en una simple distracción del pueblo soberano, mientras las decisiones que afectan a ese pueblo se toman en función de la capacidad de soborno -o incluso de extorsión- que puedan tener agentes ajenos a la propia democracia.

La izquierda indigente

Hay comentarios que se pueden ignorar, otros que molestan, otros que indignan y, finalmente, hay algunos que aterran. La entrevista que Jordi Évole le hizo a José Antonio López Casas en el programa Salvados del día de la Inmaculada (08/12/2013) contiene algunos comentarios pertenecientes a la última categoría, entre ellos el referido (en un tono especialmente despectivo) a la "izquierda indigente" que afirma que la liberalizadora Ley del Suelo de 1998 es la principal responsable de la quiebra de algunas autopistas, entre ellas las dos que tiene concedidas la empresa Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. (las radiales R-3 y R-5), a quien representaba el Sr. López Casas, en calidad de Director General, en la citada entrevista.

«Eso [relacionar el sobrecoste de las expropiaciones con la Ley del Suelo de 1998] es algo que tiene mucha venta en determinados ámbitos culturales indigentes de la izquierda, pero es mentira. Está aquí explicado [le muestra un documento a Jordi Évole, que le pregunta sobre lo que acaba de decir]. Sí, la izquierda española, indigente culturalmente, dice que el incremento en el valor de los terrenos viene determinado por una Ley del Suelo del gobierno popular del año 1998; eso es pura, llana y lisamente mentira. Eso han sido decisiones de los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia aquí [en el documento entregado a Jordi Évole] que dice que un metro cuadrado de terreno en la M-40 valía el año 2000 3.000 €; el juez que firma eso, o no sabe de lo que habla o está contribuyendo al incremento del valor de los terrenos y a la especulación.»

Los juzgados y tribunales españoles, efectivamente, han sido los responsables de ese sobrecoste de las expropiaciones; de lo que se olvida el Sr. López Casas es de que los juzgados y tribunales españoles aplican la ley en sus decisiones. Y no sólo sí es la Ley del Suelo de 1998 la que han aplicado a aquellas expropiaciones, sino que esas decisiones han beneficiado sustancialmente a las concesionarias al reinterpretar la literalidad de esa Ley del Suelo, rectificando los expedientes de los jurados provinciales de expropiación elaborados en 2000 (jurados creados por el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, gobernando en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y en la capital de España José María Álvarez del Manzano, por lo que dichos expedientes -que tomaron la Ley del Suelo al pie de la letra y valoraron los terrenos a expropiar como si fuesen urbanizables- difícilmente podrían atribuirse a la izquierda indigente o a algo que se le pudiese parecer).

La Sentencia 6058/2008 del Tribunal Supremo realiza un seguimiento temporal completo del recorrido de aquellos expedientes de expropiación, cuyo sobrecoste es atribuido por el Sr. López Casas a «decisiones de los juzgados y tribunales españoles»; el error de origen (la causa del sobrecoste de las expropiaciones), sin embargo, no puede atribuirse a los juzgados y tribunales españoles (que rebajaron considerablemente los costes de expropiación inicialmente previstos), ni a ninguna interpretación torticera de la Ley del Suelo por parte de la izquierda indigente. El error (lo pongo en cursiva porque el error lo es sólo para las concesionarias de las autopistas) fue aplicar la Ley del Suelo de forma literal para elaborar los expedientes de expropiación, considerando como suelo urbanizable todos los terrenos a expropiar.

Aunque nadie lo diga ahora (y mucho menos lo va a decir el Sr. López Casas), los expedientes de expropiación se realizan siempre con la mínima valoración posible. Incluso, por desgracia demasiado a menudo, por debajo de lo que marca la legislación vigente en cada momento. Quien recurra la valoración ante los tribunales conseguirá el adecuado justiprecio, y quien no recurra se quedará con lo que el órgano de expropiación haya dictado; bajo esta hoja de ruta, muchos (una gran mayoría: ¿quién se mete a litigar contra una administración pública?) propietarios aceptan la dádiva que se le ofrece en el expediente inicial de expropiación. Sólo algunos (normalmente empresas y muy pocos particulares) recurren y consiguen una valoración ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia.

Pero en el caso de las radiales madrileñas ocurrió justo lo contrario: el jurado de expropiación (compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un arquitecto de Hacienda y un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana) realizó las valoraciones aplicando el máximo valor posible a todos los terrenos. Los propietarios (que vieron cómo sus suelos agrícolas eran considerados como urbanizables) no tenían que recurrir para obtener un mayor precio: ya se lo había otorgado el jurado de expropiación al aplicar literalmente la Ley del Suelo de 1998, que relegaba el suelo no urbanizable, exclusivamente y de forma subsidiaria (artículo 9), a aquéllos terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial" (es decir, que si no gozaban de un régimen especial de protección debían considerarse urbanizables).

Aquella interpretación de la Ley del Suelo de 1998 provocó una apresurada y atropellada modificación urgente del citado artículo 9 a través del Real Decreto Legislativo 4/2000, aprobado mientras se constituían los jurados provinciales de expropiación y que introdujo un nuevo párrafo que fue declarado inconstitucional, siendo modificado de nuevo por la Ley 10/2003. Baste indicar que el Tribunal Supremo tuvo que recurrir a la exposición de motivos de esta última Ley (de 2003) para reinterpretar la literalidad (beneficiándose de esa reinterpretación las propias concesionarias hoy en quiebra) de ese artículo 9 de la Ley de 1998, tal y como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia enlazada:

"La exposición de motivos de dicha Ley expresa que, para incrementar la oferta del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los productos inmobiliarios, se persigue «la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable», exigiendo, en la redacción que finalmente da al artículo 9, apartado 2, que el criterio clasificador de la inadecuación para el desarrollo urbano se sustente en el «imperativo del principio de utilización de los recursos naturales» o en «criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa» sectorial."

Estaríamos ahora en disposición de preguntarnos quién es en realidad el indigente cultural, pero la ocasión y la osadía de López Casas bien merecen que ahondemos un poco más en este jugoso plato.

Las decisiones judiciales beneficiaron a la empresa del Sr. López Casas

Las concesionarias (entre ellas Accesos de Madrid, que obtuvo la concesión en 1999, ya con la Ley del Suelo aprobada) se vieron ante la tesitura de admitir sin más ese sobrecoste (en la sentencia enlazada, el jurado provincial de expropiación valora el suelo agrícola a expropiar en 48,21 €/m²) o recurrir todos y cada uno de los expedientes en base al precio que considerasen correcto (en el caso de la sentencia, la concesionaria consideraba que éste estaba entre 0,9 €/m² y 1,67 €/m²); y como era de esperar, los tribunales tuvieron que revisar todos los expedientes, puesto que las concesionarias los recurrieron todos.

Pues bien, los tribunales (que iniciaron los procesos de revisión a partir de 2003) rebajaron considerablemente las valoraciones iniciales de los jurados de expropiación (que empezaron a modificar también sus propios criterios ese mismo año), pasando de considerar los terrenos como urbanizables a considerarlos de acuerdo con la normativa urbanística vigente al iniciarse los expedientes de expropiación; según se indica en el caso de la sentencia enlazada, el propio jurado de expropiación rebajó la valoración de otras fincas similares a aquélla a 11,25 €/m² a partir de diciembre de 2003, aplicando al suelo rústico las expectativas de revalorización (por su afectación por las radiales y por su cercanía a zonas ya urbanas) incluidas en el artículo 26 de (otra vez) la Ley del Suelo de 1998.

Podemos preguntarnos de nuevo por la indigencia cultural del Sr. López Casas, pero insistiremos un poco más en este jugoso asunto de la liberalización del suelo y de sus consecuencias.

La liberalización del suelo como falsa lucha contra la especulación

La Ley del Suelo anterior (de 1990/1992) eliminó esas valoraciones a futuro (expectativas) para evitar la especulación; las expropiaciones se realizaban por el precio del terreno expropiado en el momento de la expropiación. Habrá quien afirme (como hizo Francisco Álvarez Cascos en Salvados unos minutos antes de la entrevista al Sr. López Casas) que esas valoraciones a futuro (como el resto de la Ley del Suelo de 1998) se introdujeron para combatir la especulación; las evidencias afirman todo lo contrario (¿o hay quien niega aún hoy la especulación inmobiliaria que nos ha llevado hasta donde estamos?), pero la ideología neoliberal no parece estar dispuesta a renunciar a sus dogmas. Tal vez la indigencia cultural haya que buscarla mucho más lejos de la izquierda de lo que el Sr. López Casas pretende ubicarla.

La predicada muerte de las derechas y de las izquierdas ha resultado ser una simple forma de eliminar a éstas para erigir como único dogma al de aquéllas, ahora rebautizadas bajo el más amable término de "liberalismo" (se apropian ya hasta de los términos progesistas), puesto que "conservadurismo" se les está quedando corto y "neonovecentismo" no es una buena marca publicitaria.

De todas formas, podemos dejar las ideologías y los dogmas apartados para ceñirnos a un mero análisis de lógica y de sentido común: los bienes expropiados por una administración lo son para realizar una obra que pueda considerarse de interés general (por ejemplo, una autopista, como es el caso que nos ocupa). El interés particular del propietario de los terrenos expropiados viene determinado por el uso que dicho propietario les esté dando en el momento en el que se pretende realizar la expropiación; si es un campo de secano (como también es el caso), se le debería pagar como campo de secano que es.

A partir de aquí (de ese valor actual del terreno expropiado), podemos introducir todas las correcciones que se nos ocurran en función de si queremos proteger más o menos los intereses particulares de los propietarios expropiados, pero tengamos en cuenta que todas las correcciones que incrementen los valores reales van en detrimento del interés general (las obras de las que se trate incrementarán su coste) y, sobre todo, tengamos muy presente que pueden ser utilizadas para obtener de la administración un valor muy superior al que se pagaría por el terreno expropiado.

Pero lo más sangrante del caso es que ese criterio de las expectativas futuras para incrementar artificialmente el valor de un terreno expropiado se reintrodujo en la Ley del Suelo de 1998 tras las quejas de gran parte del sector de la construcción por haberse restringido en la ley de 1990/1992, a su entender en exceso, la libertad para la explotación económica del suelo.

«El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado).

La nueva Ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos. El Gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguró ayer el ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda». Editorial de El Mundo del 27/03/1998.

Veamos los argumentos de se exponían en el libro de Antón Costas Comesaña publicado por La Caixa en 1997, "Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos", en una apartado destinado específicamente a la construcción:

«El amplio abanico de reglamentaciones y normativas que gobiernan la industria de la construcción en Europa y Japón constituye un excelente ejemplo de la forma en que las restricciones del mercado de productos ahogan la producción. Un crecimiento más rápido de la producción, junto con un aumento más lento de la productividad, dieron como resultado una mayor creación de empleo en Estados Unidos. 

La industria de la construcción está sujeta a numerosas regulaciones relativas al uso del suelo, la calidad de los edificios, la seguridad, los arrendamientos y los impuestos. Por muy deseables que sean estas regulaciones, afectan negativamente al volumen de la construcción, y, por lo tanto, al empleo.

[...] 

Las estrictas reglamentaciones urbanísiticas son la causa básica de este retraso [en el crecimiento de la construcción], en el sentido de que restringen la oferta de suelo comercial y residencial. Ello conduce a precios de suelo más elevados y a altos costes de construcción, que limitan el crecimiento de la producción. Establecer códigos y normas también tiene un impacto negativo sobre la producción, porque incrementa los costes materiales y laborales. Las autoridades europeas y japonesas distorsionan aún más los mercados de viviendas a través del control de los arrendamientos y de incentivos fiscales. 

Para los políticos japoneses y europeos, la implicación es que si el entorno regulador se hace más flexible es probable que aumenten la producción y el empleo en la construcción. Ello introduce la posibilidad de conflictos con objetivos sociales más amplios. Los políticos tendrían que preguntarse cuándo las restricciones sirven al bien público o cuándo simplemente protegen intereses creados».

Este mismo autor, transcurridos los años y con la crisis ya en marcha, acabaría escribiendo algo bien distinto:

«La crisis ha roto lo que creíamos saber en este último cuarto de siglo acerca de cuáles debían ser los respectivos roles de las políticas y los mercados en el gobierno de la economía. [...] A los mercados desregulados se les otorgaba la función de orientar la asignación de los recursos hacia sus usos más eficientes para promover el crecimiento económico sostenido. Se daba por hecho que ese esquema donde la política económica se orientaba a la estabilidad y los mercados a la asignación y el crecimiento, generaría de forma automática empleo y una distribución equitativa de la riqueza.

[...]

La crisis [...] nos enseña que los mercados pueden fallar de forma estrepitosa en su papel de mecanismos eficientes para la asignación de recursos. La burbuja inmobiliaria, con su secuela de elevado endeudamiento del sector privado, es el mejor ejemplo de esa falacia de la eficiencia natural de los mercados» (La torre de la arrogancia, 2012).

Aquel economista defensor de la liberalización del suelo en 1997 se ha convertido hoy en uno de esos indigentes culturales (no sé si de la izquierda, del centro o de la derecha) que tanto molestan al Sr. López Casas.

Las deudas que provocaron el concurso de acreedores de las concesionarias

Recordemos que, según su propio Director General, los principales accionistas de la empresa Accesos de Madrid, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, son cuatro: Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Sus principales deudas son a los bancos (650 millones de euros), a los constructores de las radiales (300 millones de euros) y a los propietarios a los que se les expropiaron sus fincas para construir las autopistas (600 millones).

«No se crea usted que esto lo van a pagar ni los accionistas de Abertis, ni los de ACS, ni los de Sacyr, ni los de Cajamadrid: lo vamos a pagar los españoles.»

Según el propio Director General de Accesos de Madrid, los únicos que han podido cobrar han sido los constructores de las radiales, que fueron ACS, Sacyr, FCC y OHL; además, según las noticias que se dieron en el momento de declarar el concurso de acreedores, de las 30 entidades financieras acreedoras, Bankia actuaba como agente de las demás, de lo que se desprende que este socio es el principal acreedor.

Así pues, tenemos que una parte sustancial de las deudas que han llevado a la quiebra a Accesos de Madrid corresponden a tres de sus cuatro socios y que al menos dos de ellos (tres si tenemos en cuenta que FCC también estuvo en el consejo de administración de Accesos de Madrid hasta marzo de 2010) ya han cobrado al menos 900 de los 1.200 millones de euros que costó (según su Director General) construir las autopistas.

Así pues, los accionistas de Accesos de Madrid no van a pagar "esto", pero sí lo han provocado. ¿Impunidad? ¿Poder? Veamos.

No sabemos con quién estamos hablando

José Antonio López Casas, Director General de Accesos de Madrid y castigador de indigentes culturales y comunistas, figura en los órganos de administración de al menos otras siete empresas concesionarias de otras tantas autopistas (Alazor Inversiones, Autopista del Henares, Infraestructuras y Radiales, Erredosa Infraestructuras, Ciralsa, Autopista Trados 45 y Castellana de Autopistas), además de haber estado también como apoderado de Iberpistas y como consejero de Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española.

Además, es socio único de Doñana de Silva Golf (gestora hasta 2033 del campo de golf de Matalascañas, en Almonte) y participa, cómo no, en empresas del sector inmobiliario como El Olivar de San José (también como socio único) o Domus Taller Inmobiliario y en al menos una empresa de inversiones llamada Taller de Gestión Empresarial.

Es obvio que es un señor importante o que, al menos, se codea con señores importantes. La indigencia (cultural, económica o de cualquier otra clase) ha de buscarla lejos de sus contactos y amistades, o al menos lejos de quienes pueden, como el alcalde popular de Almonte (Huelva), darle de comer con el dinero de los demás (la gestión del campo de golf de Matalascañas incluye seis años de carencia: vista su experiencia empresarial, lo que cabría preguntarse ahora es cómo confía un alcalde a este señor una concesión de veinte años sin hacerle pagar los primeros seis).

Filósofos conservadores meando fuera de tiesto

Hablo en concreto de Guy Sorman, filósofo y ensayista francés si atendemos a cómo firmó su artículo de ABC del 24/07/2013, además de economista, periodista o comentarista de radio y televisión, entre otras muchas cosas, si hemos de hacer caso a Wikipedia.

Que otras personas, ajenas a los círculos elitistas en los que se mueven los intelectuales conservadores, tengan una visión distinta -o incluso contradictoria- a la que suelen oír de sí mismos estos individuos suele desembocar en furia, desprecio y menosprecio de estas élites hacia quienes osan cuestionar su autocomplaciente autoridad. Guy Sorman, en el citado artículo, afirma convencido que Internet (y pone como ejemplo la Wikipedia) es un continente con vida propia, antidemocrático y controlado por minorías populistas de ultraizquierda («la Red es antidemocrática, populista, extremista y de izquierdas la mayoría de las veces»).

Según este pensador francés, «nos quedamos estupefactos ante lo repletas de errores que están [las biografías de Wikipedia], lo sesgadas que están por el odio y lo impregnadas que están por la ideología, generalmente de izquierdas y a veces racista». Y pone como ejemplo la suya propia (en su versión francesa): «en mi biografía aparece que mis padres eran judíos y apátridas -lo que es verdad-, pero en Francia no tiene una connotación neutra», afirmando a continuación que «he tratado varias veces de restablecer la realidad en mi propia reseña».

Hace un tiempo, otra persona conservadora (en este caso menos internacional y dedicada a la política: Javier Moliner Gargallo, entonces vicealcalde de la ciudad de Castellón y hoy presidente de la Diputación en sustitución del famoso Carlos Fabra) ya metió sus narices en Wikipedia y salió trasquilado (su biografía acabó siendo eliminada); si las atrevidas afirmaciones de Guy Sorman fuesen ciertas, tendríamos la confirmación con la eliminación de las biografías de políticos conservadores emergentes. Sin embargo, ni la biografía de Guy Sorman ni la de Javier Moliner son las únicas con cierta controversia; también se eliminan o se bloquean las ediciones de las biografías de los políticos de izquierdas (como la de Leyre Pajín hace unos años).

Aunque en casi todos los casos ocurre lo mismo (las biografías de personas vivas -de políticos, de músicos, de pensadores...- tienden a convertirse en páginas de autopromoción), las causas que originan las controversias suelen ser dispares. En los políticos, habituados como están a despreocuparse de las opiniones de terceros durante períodos de cuatro en cuatro años, suelen ser sus asesores de comunicación quienes se encargan de su presencia en los medios (incluida Internet) y quienes, a la postre, meten la pata; en los otros casos de personajes públicos, más atentos a lo que pueda decirse a diario sobre ellos, son los propios interesados los que suelen meter mano a sus propias biografías para eliminar aquellos pasajes que menos les benefician.

Sin embargo, el liberal Guy Sorman no parece que haya actuado por su propio pie (o por su propia mano) si atendemos a lo que dice en su párrafo final (siempre que él mismo sea consecuente con lo que dice, que no lo sé):

«Los liberales no tienen tiempo para hacerlo porque están inmersos en unas actividades productivas que les impiden pasar el día en internet. Por lo general, los de izquierdas y otros extremistas ejercen en la sociedad unas funciones que les permiten vivir en lo virtual, o no ejercen ninguna, y la asimetría ideológica en la Red es un reflejo de esta asimetría social. Por otra parte, los liberales tienden a ver en la Red un espacio puramente funcional. Pero la Red no es solo funcional porque determina las ideas recibidas, más decisivas que los hechos y las pruebas. La Red no es ni una fuente de verdad ni una democracia, y la Wikipedia es lo contrario de la Enciclopedia de la Ilustración».

¿Queda claro? Los liberales -de derechas, claro- trabajan, producen e ilustran y no pueden perder el tiempo (bueno, en Estados Unidos, según Guy Sorman, sí: la Wikipedia no muestra tanto sesgo ideológico) en mostrarnos su verdad. "Los de izquierdas y otros extremistas" ni trabajan, ni producen ni, por supuesto, pueden ilustrar, así que sí tienen tiempo de manipularnos y de ocultarnos la verdad.

La rabieta desatada en la última afirmación (no hagamos caso de la red ni de lo que esté escrito en la Wikipedia, porque todo es mentira) pone de manifiesto que, efectivamente, el poder -los liberales de derechas generalmente- tiene un serio problema con los procesos democráticos que no están bajo su estricto y exclusivo control: las normas de la Wikipedia se han votado desde su fundación y sólo se pueden modificar votándolas otra vez. No sirve el "interés general", el "es lo mejor para el pueblo", el "yo sé mucho más que tú porque mi apellido es tal" o cualquier otra excusa de carácter caudillista o dictatorial.

Y eso les revienta a esas élites entre las que tan bien se encuentra Guy Sorman y acaban por desorientarse tanto -un mundo tan diferente al que ellos se han creado a semejanza de una burbuja paradisíaca- que su única reacción es ponerse a mear fuera de tiesto.

¿Cuánto tardarán en asaltar la Wikipedia? Guy Sorman tiene ganas. Y sus camaradas también. Sólo es cuestión de tiempo.

Benafigos es mor... ¿o l'estan matant?

Principis dels anys 80 del segle passat. Ens diuen que han de tancar l'escola de Benafigos. L'alcalde diu que no es pot fer res per a evitar-ho; els pares s'uneixen i aconsegueixen mantenir l'escola. El 1988 vaig acabar l'EGB (estes sigles potser ja no els diguen res a molts: significaven Educació General Bàsica) a Benafigos. La meua germana gran (nascuda quan van intentar tancar l'escola per primera vegada) ja no va poder acabar-la al poble: els anys 90 els van llevar la raó als nostres pares (com va dir l'alcalde, no es podia fer res: només era qüestió de temps) i van dur el tancament de l'escola de Benafigos, de manera que tindria que acabar els seus estudis primaris a Atzeneta (a 11 Km.). ¿Transport públic entre ambdos pobles? El dilluns i el divendres un autobus d'anada a les 6 del matí i un de tornada a les 5 de la vesprada. Alguns dels meus companys d'escola, davant les primeres amenaces de tancament, tampoc van acabar l'EGB a Benafigos: els seus pares van tindre que gastar-se diners en un internat a Benassal per a què acabaren els tres darrers cursos allà, a més de 40 Km. de sa casa. Els nostres pares van anar abandonant l'agricultura com a principal mitjà de vida per a buscar feina a les fàbriques de taulells dels voltants de l'Alcora (a quasi 40 Km. de Benafigos); però si treballes fora del poble i als teus fills els obliguen també a estudiar fora, ¿quin sentit té mantenir la residència a un poble com Benafigos? Els pares que no se'n van anar a Castelló de la Plana van buscar casa a l'Alcora o a poblacions veïnes de l'Alcora: buscaven un futur estable per als estudis dels seus fills, doncs si l'escola de Benafigos desapareixia, ningú podia assegurar que la següent no fós la d'Atzeneta (i estos darrers anys ja han amenaçat amb el seu tancament: donats els antecedents, només serà qüestió de temps que l'amenaça es fage realitat).

Aquell tancament de l'escola, ja amb dos germanes, i la sensació de què res era ja segur als pobles, ens van convertir en emigrants amb destí a la capital de la província: la meua germana gran va haver d'acabar els estudis a Castelló, i la meua germana menuda ja no va conéixer l'escola de Benafigos. Poc a poc, quasi tots els pares (i els seus fills, clar) van abandonar Benafigos, que es va anar convertint en un poble amb més d'un 50% de població jubilada (la mitjana de persones jubilades a la província de Castelló era el 2007 del 16%).

Moltes vegades, davant esta societat que tot s'ho mira baix l'aspecte de la rendibilitat econòmica, m'he preguntat quin futur els espera als pobles que, com Benafigos, es converteixen en el lloc de residència dels qui ja han acabat la seua vida laboral; és a dir, el futur dels pobles que no generen riquesa a l'Estat, sinó que són poblacions que només generen despeses. I esta crisi m'ha donat la resposta: l'Estat (siguen qui el dirigeixen de dretes o d'esquerres) no té reservat cap futur per als pobles com Benafigos: el seu destí, com a font generadora de despeses per a l'Estat, és el despoblament total i absolut.

Si amb l'eliminació de l'ensenyament van aconseguir deixar sense xiquets (una despesa massa gran per a l'Estat) als pobles menuts com Benafigos, ara toca deixar-los també sense jubilats (l'altra despesa, també massa gran, per a l'Estat). ¿Com? Si amb els xiquets els va funcionar eliminant la seua principal necessitat (l'ensenyament), eixe mateix escenari és el que hauria de funcionar també amb els jubilats: eliminar la seua principal necessitat.

Dilluns, dimecres i divendres poden anar els jubilats de Benafigos al metge (puja des d'Atzeneta, igual que passa a Xodos); la resta de dies han de desplaçar-se a Atzeneta si es posen malalts. Fins ara, junt al metge pujava algun ATS que atenia qüestions que no requerien la presència del metge, de manera que les dos hores que estava obert el consultori donava per a atendre a tots els malalts.

Esta setmana ja ha deixat de pujar l'ATS perquè la Conselleria ha deixat de rellevar-los per a poder donar este servei fora del centre de salut d'Atzeneta. A ningú, ni a València ni a Madrid, els interessa el més mínim un poblet com Benafigos generador de despeses.

Així doncs, morim com a poble abans que ens maten: no ens ho agraïran, però serem una despesa menys per a Madrid i per a València.

"És l'economia, idiota", que diria Bill Clinton.

Esta Europa ya no sirve para nada

“No hay que confundir a un país con su Gobierno: la canciller Merkel lidera al partido más fuerte, pero por sí sola no tiene mayoría. Así que no son los alemanes: es ese Gobierno alemán quien impone esa política de austeridad a ultranza con la que no estoy de acuerdo: los recortes por sí solos no generan ni crecimiento ni confianza. Mi propuesta es combinar la necesaria disciplina con estímulos estratégicos para que vuelvan el crecimiento y el empleo. Esa política de cortar, cortar y cortar no es cosa solo de Merkel. El Consejo Europeo, unánimemente, está de acuerdo con la canciller. Hay 27 primeros ministros que aprueban esa receta. Sin fisuras. Ese es el drama.”

Son las primeras palabras de Martin Shulz (no he leído más: su opinión tiene, al parecer, el mismo peso que la mía) en una entrevista publicada por El País bajo un titular elocuente, aunque excesivamente optimista: “El proyecto europeo está amenazado”. En realidad, el proyecto europeo ya no existe, y esas palabras del Presidente del Parlamento Europeo (única institución a la que votamos los ciudadanos europeos cada cinco años) son la demostración de la muerte de esta Europa: su única institución democrática no sirve para nada; son otros quienes deciden el futuro de los ciudadanos europeos, son otros quienes tienen la sartén por el mango.

Las preguntas, por lo tanto, son muy claras: ¿para qué pagar a unos parlamentarios que no pueden decidir absolutamente nada? ¿Para qué pagar unas instituciones que lo único que pueden hacer es patalear como lo puede hacer cualquiera desde una cuenta de Facebook?

Háganse elecciones europeas si se quiere mantener esta mentira de la Europa de los ciudadanos. Pero que a esos parlamentarios se les haga trabajar desde su casa, de forma gratuita, simplemente abriéndoles una cuenta oficial en cualquier red social de su elección en la que puedan patalear todo lo que quieran. Si es eso lo único que pueden hacer, no necesitan ni una sede ni un sueldo: es lo que hacemos cualquier ciudadano indignado (o hasta los cojones) con lo que deciden quienes tienen la sartén por el mango.

Y otro tanto podríamos decir del resto de instituciones europeas; el Consejo Europeo es otra farsa más. Ya se hacen reuniones bilaterales entre los 26 y Alemania; reunirse los 27 en una sede para aceptar lo que diga Alemania no es más que otro gasto que nos podríamos ahorrar.

Y de la Comisión Europea, ¿qué decir de la Comisión Europea? Que les paguen las grandes escuelas de economía neoliberal, las empresas o los grandes bancos, que son quienes deciden sus directivas, sus recomendaciones y toda su normativa. Que el parlamento alemán o alguna universidad de élite les cedan alguna sala en la que reunirse y nos ahorraríamos otra sede más.

Como la del Banco Central Europeo, que ni es banco, ni es central, ni es europeo.

Para las próximas elecciones europeas, a nosotros, como a los parlamentarios que tenemos que elegir, sólo nos quedará el derecho al pataleo: el voto en blanco o un voto nulo repleto de insultos.

Menuda Europa han creado.

Economistas y sinvergüenzas manipulando hojas de cálculo

El National Bureau of Economic Research publicó en 2010 una de las grandes demostraciones económicas del siglo XXI: la deuda pública excesiva (a partir del 90% del P.I.B.) provoca recesión según los datos históricos disponibles. Consecuencias inmediatas: el neoliberalismo, la teoría económica dominante en los grandes centros de decisión y cuya mayor prioridad es reducir los estados a la mínima expresión, veía confirmadas sus teorías en base a experiencias pasadas.

Por lo tanto, la prioridad absoluta para evitar las recesiones económicas quedaba perfectamente definida: la deuda pública debía estar controlada en todo momento. Se acabaron las políticas de gasto público para reactivar el crecimiento: quedaba demostrado empíricamente que esas políticas socialistas provocaban el efecto contrario al deseado.

Tabla contenida en el informe del National Bureau of Economic Research. Los neoliberales demostraron en 2010 que la deuda pública por encima del 90% provoca recesión según los datos disponibles (1946-2009) para los países occidentales.

En España incluso aprobamos una modificación de nuestra Constitución para prohibir déficits públicos excesivos (la deuda pública se utiliza para cubrir los déficits públicos ante caídas de la recaudación o para acometer gastos públicos de cierta envergadura cuya rentabilidad económica tiene un retorno a largo plazo); y todas las políticas de contención del déficit público (los recortes) impuestas en Europa a los países rescatados (Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y, por supuesto, España) provenían de la misma teoría.

Todo era mentira.

Los datos reales muestran que de la supuesta recesión (-0,1%) provocada por el excesivo nivel de deuda pública pasamos a un crecimiento medio del 2,2%.

Los datos históricos no demuestran una correlación entre deuda pública y recesión. Ni para niveles de deuda pública del 90%, ni para niveles del 120% y ni tan siquiera para niveles superiores al 150%. Carmen R. Reinhart y Kenneth S. Rogoff (los autores del informe) hicieron trampas para demostrar que sus teorías eran ciertas. Ese -0,1% que se muestra en la primera línea de la tabla anterior (esa es la demostración empírica del efecto contraproducente de las deudas públicas excesivas en los países desarrollados) es en realidad un 2,2%; Carmen y Kenneth se olvidaron de incluir algunos datos, omitieron otros y utilizaron las medias según la fórmula más beneficiosa para demostrar sus prejuicios, tal y como han demostrado los estudiantes Herndon, Ash y Pollin en el estudio enlazado.

Todas las grandes teorías de la conspiración funcionan de la misma forma: se presuponen unas conclusiones (el intervencionismo estatal en la economía es perjudicial para el bienestar de las personas) y se intentan demostrar esas conclusiones a costa de lo que sea. Y las teorías neoliberales se están mostrando muy cercanas a una teoría de la conspiración cualquiera: los autores del informe admitieron los errores empíricos en el Wall Street Journal, pero se negaron a admitir que las conclusiones a las que llegaron puedan ser, en consecuencia, erróneas:

"Do Herndon et al. get dramatically different results on the relatively short post war sample they focus on?  Not really.  They, too, find lower growth associated with periods when debt is over 90%".

No olvidemos que, en el mundo económico neoliberal, este es el segundo de los datos empíricos en los que se sostienen las teorías económicas predominantes que se desmorona en pocos meses; primero fue el índice que se utilizaba para demostrar el limitado (o incluso nulo) efecto de los recortes presupuestarios en el Estado sobre el resto de la economía (se utilizaba un índice que minimizaba dichos efectos) y ahora nos encontramos con esta burda manipulación en los datos estadísticos que han servido para limitar la maniobrabilidad de los estados ante las crisis económicas del sistema capitalista.

Tomando aisladamente cualquiera de los dos errores podríamos pensar que se trata simplemente de eso: dos errores. Sin embargo, desde los grandes centros de decisión económica se siguen manteniendo las mismas políticas de recortes presupuestarios y reducción de los estados antes y después de comprobarse los errores: las conclusiones, demostradas con dos errores, permanecen invariables.

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que estamos siendo dirigidos hoy por una especie de secta económica totalmente irracional y obsesionada con un enemigo (los estados) al que pretenden aniquilar a costa de lo que sea y llevando a la ruina, si fuese necesario para conseguirlo, a millones de trabajadores.

Atentado terrorista en las sedes del FMI, de la OCDE y de los principales bancos centrales occidentales

Se busca el cuerpo de Christine Lagarde entre los escombros de la sede central del FMI.

Son cientos los muertos y miles los desaparecidos en un atentado perpetrado en pleno horario de trabajo.

Agencias. A primera hora de esta mañana, hora de Washington, se ha llevado a cabo una acción terrorista coordinada a nivel mundial contra las sedes de los principales centros financieros del mundo occidental; el balance provisional, según fuentes oficiales, habla de más de 150 víctimas mortales y unos 2.000 desaparecidos entre los escombros de un número muy elevado de edificios oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa.

La sede del FMI en Washington ha sido alcanzada por tres bombas lanzadas desde tres aparatos distintos, aunque testigos presenciales han hablado de un número más elevado (hasta diez) de avionetas de pequeño tamaño, algunas de ellas abatidas por cazas del ejército estadounidense; al menos otra bomba lanzada por este mismo sistema habría alcanzado la sede de la OCDE en la capital estadounidense, aunque el alcance habría sido en este caso reducido al ala norte del edificio.

Las sedes de estas dos instituciones en Francia han sido atacadas también por varias bombas utilizando el mismo sistema; dos aparatos han sido ya localizados en las afueras de París tras ser abatidos por cazas franceses, aunque fuentes oficiales no han podido confirmar si se trataba de los aparatos que habían lanzado las bombas o si se trataba de otros aparatos distintos.

Pero los atentados no se han limitado a estas dos instituciones, sino que han afectado también a varios bancos centrales, entre ellos el Banco de España; los métodos utilizados han sido distintos en estos casos, desde una furgoneta bomba (que ha sido el método utilizado en Madrid) hasta terroristas suicidas (en en el Banco de Italia), pasando por el método de las avionetas (en Berlín y en Frankfurt, en Alemania). Londres ha cerrado por completo sus comunicaciones con el exterior y no ha facilitado datos de los atentados ocurridos en esta ciudad; los escasos datos que llegan hablan de un auténtico caos en la capital británica.

Las autoridades estadounidenses sospechan que el régimen iraní y Al-Qaeda estén detrás de estos atentados coordinados en todo el mundo, a quienes se habrían unido algunos grupos terroristas locales ya existentes o de nueva creación, posiblemente cercanos ideológicamente a la extrema izquierda; la OTAN ha convocado una reunión urgente de todos sus miembros para estudiar la situación.

Este golpe al mundo financiero internacional ha provocado el cierre de todos los mercados bursátiles mundiales, cuya apertura no tiene una fecha prevista al cierre de esta edición.

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Y ahora, volviendo a la realidad... ¿De verdad tenemos que esperar a que a algún loco se le ocurra algo similar, aunque sea mucho menos global? ¿De verdad creemos que no hay locos que puedan justificar masacres de este tipo? ¿Es que a nadie se le ha ocurrido pensar que la forma de solventar esta crisis nos está llevando a un abismo desconocido?

Paren esto antes de que lo paren otros por otros métodos mucho más directos y sangrientos. Reaccionen, señores, reaccionen. Torres más altas han caído.

La cifra equivocada del neoliberalismo

Pues sí, resulta que, según el último informe del FMI, las teorías neoliberales se han equivocado en una cifra; el problema es que esa cifra errónea les ha servido durante décadas para demostrar lo contraproducentes que resultan las inversiones públicas, o lo que es lo mismo, les ha servido durante décadas para atacar cualquier intervención estatal que intentara corregir los desequilibrios de aquella mano invisible de los mercados que nunca parece haber funcionado más allá de los modelos numéricos de los economistas neoliberales.

Tampoco es que el error haya sido de varios ceros, no vayan ustedes a creer; se equivocaron de un 0,5 a un 1,7, aunque la actual crisis europea parece haber demostrado que el error alcanza al 2,5. Tranquilos, que es muy fácil de saber cómo nos han estado engañando con un ejemplo práctico.

La cifra en cuestión es la que mide el efecto real (efecto multiplicador) en las economías cuando se realiza un recorte en el gasto público; para centrarnos un poco, esa cifra se utiliza para contabilizar el efecto que podía tener en la economía real un recorte en la sanidad de 10.000 millones de euros.

Aplicando las teorías económicas neoliberales, se preveía que ese recorte en los gastos de sanidad de 10.000 millones de euros podía resultar en una contracción en la economía real de 10.000 x 0,5 = 5.000 millones de euros; de esta forma, la cuestión consistía en que si por una parte se consigue un ahorro de 10.000 millones de euros y por la otra la economía se retrae en sólo 5.000 millones, el ahorro siempre es mayor y podrá destinarse, en un futuro, a contrarrestar la caída de la economía a través de inversiones públicas. Es decir, que para cubrir los 5.000 millones de retracción de la economía habrá siempre dinero, puesto que el ahorro en el gasto público será siempre superior (exactamente el doble) a la contracción (en cualquier caso, si los gobiernos socialdemócratas decidieran destinar la mitad del ahorro a contrarrestar la contracción económica, siempre quedaría un ahorro de la otra mitad, por lo que las políticas de austeridad son siempre beneficiosas para la sociedad en su conjunto).

Pues bien, ahora apliquemos el ejemplo con las nuevas cifras estimadas por el FMI, que se han reformulado en una horquilla que va desde el 0,9 al 1,7 (aunque, como se ha dicho, parece haberse comprobado que en la actual crisis europea se ha alcanzado un coeficiente del 2,5).

Tomando el valor mínimo de esa cifra (el 0,9), tendríamos que el ahorro de 10.000 millones de euros en la sanidad pública produce una contracción de la economía de 9.000 millones de euros, por lo que el ahorro real (si el gobierno quisiera destinar ese ahorro a inversiones públicas, que tampoco es el caso) sería de 1.000 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, porque si tomamos la cifra más alta de la horquilla, resulta que el ahorro de 10.000 millones de euros en sanidad no sólo ha dejado sin cobertura a miles de españoles, sino que además ha supuesto una contracción en la economía de 17.000 millones de euros (o lo que es lo mismo, el coste económico real de la medida ha sido de 7.000 millones de euros).

Pero el problema es que esa cifra del 1,7 es en realidad del 2,5 en Europa, por lo que al ahorrarnos 10.000 millones de euros en la sanidad pública hemos provocado una contracción de la economía productiva de 25.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: nos ahorramos 10.000 millones de euros para perder 25.000 millones por otro lado.

Y no sólo eso, sino que teniendo un gobierno que aplica medidas neoliberales para salir de la crisis (es decir, que ahorra en los presupuestos pero no reinvierte en nada), el ahorro de la sanidad pública nos ha costado 35.000 millones de euros: 10.000 millones de euros que ahora tenemos que pagar nosotros por los medicamentos y por la caída en la calidad de la sanidad y 25.000 millones de euros más por la gracia del ajuste.

¿Y Rajoy, va a hacer algo para evitar que los nuevos recortes incluidos en los PGE de 2013 nos acaben de hundir en la miseria? Pues me temo que, con la cintura que tiene este hombre, va a ser que no.

Conspiraciones para todos los gustos: el oro de la Reserva Federal

Las grandes conspiraciones mundiales abarcan la práctica totalidad de la vida real, desde el terrorismo (como el 11-S y el 11-M) hasta el poder político (con la omnipresente masonería como máximo exponente) y pasando, sobre todo, por el poder económico; de este último tipo de gran conspiración me llegó hace un tiempo un delirante vídeo titulado “El robo de oro más grande de la Historia” y publicado, cómo no, en Youtube.

El robo de oro más grande de la Historia

Para no crear demasiadas expectativas para los excesivamente crédulos, advertir que esta conspiración se basa en la supuesta falsificación de cuatro lingotes de oro (serían en realidad lingotes de tungsteno recubierto de oro) teóricamente provenientes de un banco de los Estados Unidos (del cual nunca se llega a citar el nombre) que fue descubierta por el siempre transparente gobierno Chino; la conclusión a la que llega esta teoría es que no fueron cuatro los lingotes de oro falsificados, sino que todo el oro de la Reserva Federal americana es falso. El hilo conductor de toda la trama, para quien no quiera perder el tiempo con los casi quince minutos que dura el vídeo, está recogido en este documento de Word con todo el texto transcrito literalmente.

Como cualquier teoría conspirativa que se precie, se aportan un buen número de datos que se van intercalando con impresiones subjetivas del autor, en gran parte imposibles de comprobar y en menor medida consecuencia de una interpretación sesgada o incompleta de los datos.

El vídeo se inicia con lo que se ha denominado “Antecedentes”, el primero de los cuales es una reunión en 1910 de “los banqueros de la Élite”, entre los que se citan nombres famosos como Rockefeller, J.P. Morgan o Rotschild; dicha reunión secreta, en la Isla de Jekill, es conocida y reconocida como parte de la creación de la Reserva Federal, aunque el verdadero antecedente de ésta no sea ni tan secreto ni tan misterioso, puesto que se originó en el Congreso de los Estados Unidos en 1908 a iniciativa de un senador republicano llamado Nelson W. Aldrich (presente en la citada reunión secreta de 1910) como respuesta a una serie de crisis financieras puntuales en Estados Unidos que llevó a la quiebra de varios bancos en 1907, creándose la Comisión Monetaria Nacional con el fin de estudiar las necesidades financieras del país y la imposición de normas y organismos que permitiesen evitar más colapsos como los acaecidos en los años anteriores; dicha comisión permaneció activa desde 1909 hasta 1912, año en el que los demócratas, contrarios a la creación de un banco central en los términos expuestos por el llamado Plan Aldrich, arrebataron el control del Congreso y del Senado a los republicanos.

Esta ruptura política es ignorada por el vídeo, puesto que reconocerla restaría credibilidad a la reunión secreta de banqueros illuminati como origen directo de la Reserva Federal, dando al traste en consecuencia con las posteriores afirmaciones sobre la relación directa de esta sociedad opaca y las razones últimas de la creación de la Reserva Federal.

De hecho, de los cuatro banqueros que se citan como asistentes a aquella reunión de 1910, uno de ellos ni tan siquiera lo era (Rockefeller), mientras que otro (Rothschild) era un banquero inglés totalmente ajeno a aquella reunión, a la que en realidad asistieron el senador Aldrich, Paul Warburg (un abogado especializado en temas financieros) y A. Piatt Andrew (secretario de la citada Comisión Monetaria Nacional), siendo los únicos banqueros presentes en la reunión Frank Vanderlip (presidente del National City Bank), Harry P. Davison (uno de los socios de J.P. Morgan) y Benjamin Strong (vicepresidente de Bankers Trust Co.).

El siguiente paso es introducir a los illuminati en el ajo; basta con introducir en Google el nombre de referencia (un tal Daniel Payseur, supuesto hijo de María Antonieta) y nos encontramos con este enrevesado artículo. Sin embargo, algo empieza a tambalearse en la teoría cuando los supuestos fideicomisarios del tal Daniel Payseur (Rockefeller o J.P. Morgan) no llegaron ni tan siquiera a conocerle, puesto que ambos eran unos donnadies cuando supuestamente murió aquél (en 1860); la única forma de relacionarlos es a través del recurso utilizado en el último artículo enlazado: la ocultación del nacimiento de hijos que aparentemente no tienen relación con los illuminati pero que en realidad son hijos ilegítimos de la familia que nos interese implicar en la gran conspiración (de hecho, María Antonieta tuvo cuatro hijos, ninguno de ellos con ese nombre).

Las contradicciones temporales de la trama se acrecientan con la inclusión en la gran conspiración de los Windsor, ya que nunca pudieron poner al frente de la Compañía de Virginia (disuelta en 1624) al tal Daniel Payseur (nacido en 1785).

La posterior referencia a la muerte en el Titanic de tres supuestos detractores de la creación de la Reserva Federal obvia la muerte de otras personas muy cercanas a los incluidos como illuminati en otros párrafos, como pueda ser el caso del Mayor Archibald Willingham Butt, mano derecha de Theodore Roosevelt; más allá de la cancelación de su pasaje por parte de J.P. Morgan (que por otra parte ha dado lugar a las más variopintas teorías sobre las razones que le llevaron a no realizar la fatal travesía), el resto de datos son completamente falsos (ninguna expedición suiza ha encontrado agujeros hechos con láser en el Titanic).

El siguiente paso es restar legitimidad a la creación de la Reserva Federal, introduciendo para ello una completa falsedad, puesto que, lejos de haber sido aprobada bajo un aura de secretismo, su creación fue votada el 22 de Diciembre de 1913 por 434 de los 435 miembros del Congreso (con 298 votos a favor, 60 en contra y 76 abstenciones) y el 23 de Diciembre por 95 de los 98 miembros del Senado (con 43 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones), que al parecer ni estaban aun en sus casas celebrando la Navidad ni fueron sorprendidos por una ley que llevaba meses debatiéndose en ambas cámaras.

Toda la gran conspiración que viene después no tendría sentido sin ese halo de falso secretismo que se ha ido introduciendo en los hechos más lejanos en el tiempo (y, por lo tanto, más difíciles de contrastar); así, la caída del patrón oro instaurado en Bretton Woods en 1944 tuvo varias causas, y no sólo la petición de Francia (Gran Bretaña también lo pidió el mismo año) de cambiar sus sobrantes de oro en dólares en 1971. La Guerra de Vietnam (varios años antes) supuso para Estados Unidos el envío de miles de millones de dólares para sufragar los costes de aquella guerra, lo que provocó que la balanza comercial de Estados Unidos fuese perdiendo su habitual superávit; aquel gasto bélico inmenso, que se inició en 1964, no pudo ser respaldado con oro, por lo que muchos países (plenamente conscientes de esta falta de respaldo) empezaron a cambiar los dólares sobrevalorados por otras monedas como el marco alemán o por oro. Dentro de este proceso de caída del dólar como moneda refugio y de los problemas en la balanza comercial de Estados Unidos se produce la petición de Francia y de Gran Bretaña de cambiar sus sobrantes de dólares por oro y la consiguiente caída en las reservas de este metal precioso en las instalaciones de la Reserva Federal en Fort Knox; el 15 de agosto de 1971, Nixon toma la decisión de suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro, pero ya en anteriores ocasiones durante ese mismo año se intentaron, bajo la amenaza de una devaluación interna del dólar, otras medidas menos drásticas que no fructificaron (todas ellas destinadas a recuperar el superávit en la balanza comercial estadounidense).

Estados Unidos consiguió con aquella medida que fuesen los demás países los que tuviesen que realizar un ajuste al alza de sus monedas, evitando de esa forma una devaluación interna del dólar que Richard Nixon se negaba a llevar a cabo.

Por supuesto, la historia de las cámaras vacías de oro de Fort Knox son completamente falsas, puesto que aun se mantiene a día de hoy en esas instalaciones (según las cifras oficiales) oro por valor de más de 200.000 millones de dólares (muy por debajo, eso sí, del billón de dólares -a precios equivalentes hoy- que se llegaron a almacenar durante la II Guerra Mundial); la leyenda del robo de todo el oro de Fort Knox por parte de la familia Rockefeller (que se lo habría llevado a Gran Bretaña, según esa leyenda, a través de la vicepresidencia de Nelson Rockefeller durante el mandato de Gerald Ford) proviene de las trabas que se pusieron desde 1960 y las continuas negativas (por motivos de seguridad, como es habitual en ese país) para que una comisión de civiles realizase un inventario del oro existente en esas instalaciones. Aquella Comisión del Oro creada por Ronald Reagan en 1981 de la que se habla en esta teoría de la conspiración no tenía encomendado realizar ningún inventario; de hecho, su trabajo no consistía en comprobar la existencia de oro en Fort Knox, y ni tan siquiera tenía que visitar aquellas instalaciones: aquella comisión (creada en 1980 por Jimmy Carter, aunque constituida durante los primeros meses del mandato de Ronald Reagan) tenía encomendado un informe para decidir, por una parte, si debían revisarse las cuotas que Estados Unidos aportaba al FMI (creado en Bretton Woods junto a la convertibilidad del dólar en oro), y por otra parte si se retomaba el patrón oro abandonado en 1971 o si se abandonaba definitivamente aquel sistema iniciado en 1944. Un resumen de aquel informe (que se dio por finalizado el 31 de marzo de 1981), elaborado por una de las comisionadas (Anna Schwartz, fallecida recientemente), está disponible aquí; cabe destacar que entre la minoría de comisionados a favor de restablecer el patrón oro estaba un tal Ron Paul, uno de los creadores del Tea Party, por lo que siguen existiendo testigos vivos de aquella comisión que, supuestamente, vio vacías las cámaras de oro de la Reserva Federal.

Otra gran conspiración que aprovecha Internet para relanzarse; por suerte, también la información disponible en Internet puede matarla.

Los renegados

La derecha reniega de sí misma, y no es para menos. Ahora se autoproclama progresista y social, a la vez que intenta convencernos de que el progresismo es conservador y que las izquierdas son una reliquia del pasado que dejaron de estar vigentes con la caída del Muro de Berlín.

Es muy complicado hoy encontrar a una persona conservadora que acepte que lo es; los conservadores siempre han tendido, en las sociedades abiertas y democráticas, a ocultar su ideología ególatra; hace un tiempo se delataban cuando decían que no eran ni de derechas ni de izquierdas, pero ahora esa fórmula se ha extendido también entre otros renegados (los progresistas que no quieren ser confundidos con los antisistema o con el comunismo leninista), por lo que, aun cuando estemos en cualquier caso ante un renegado, no podemos asegurar sin más hacia qué lado carga. Pero centrémonos en los renegados conservadores, los que cargan hacia la derecha o muy hacia la derecha...

Resulta curioso discutir con uno de estos renegados porque tiende compulsivamente a tildarte de conservador (o hasta de fascista, pero eso con otros argumentos); hasta cierto punto, te hace gracia, porque tiene lógica: en una época en la cual la única política vigente y previsible consiste en la austeridad y en los recortes de derechos, defender los derechos laborales alcanzados a lo largo de dos siglos es intentar conservarlos, por lo que, efectivamente, eres semánticamente conservador. Sin embargo, el interlocutor renegado no lo entiende como un concepto lingüísticamente lógico, sino como un concepto plenamente ideológico: el progresista es él (quiere cambiar la sociedad tal y como la conocemos, quiere hacerla progresar), por lo que tú, que te opones a ese progreso, eres el conservador.

Esta perversión del lenguaje (retrotraer los derechos laborales a los existentes hace 30, 50 ó 100 años no es progresar, por mucha lógica que se le quiera aplicar a la semántica) es muy común entre los conservadores renegados, conscientes de que las políticas de privilegios hacia las minorías pudientes como medida de progreso de un territorio es la forma en la que se organizaban las sociedades feudales, cuya principal preocupación era disponer del mayor número de vasallos o de esclavos para progresar más que el señor feudal de al lado, limitándose todo progreso social (de la sociedad) a la mayor seguridad que podía otorgarles el señor a sus vasallos; así pues, para evitar las acusaciones de pensar única y exclusivamente en sí mismos (como hacían los señores feudales, los aristócratas y los cortesanos en la Edad Media), los conservadores han decidido renegar de sus principios ideológicos y, pervirtiendo el lenguaje, autoproclamarse grandes progresistas.

Por supuesto, semánticamente podemos darles la razón: los conservadores buscan el progreso económico, que se consigue otorgando facilidades, privilegios y derechos a las empresas (o a los emprendedores, como les gusta decir ahora a los neoliberales) y a las clases capitalistas (que pueden destinar su dinero a la creación de empresas), y éstas se encargarán de traer el progreso al resto de la sociedad; es decir, que el progreso económico de la minoría traerá por sí solo el progreso social de la mayoría. Obviamente, para conseguir que esto sea una realidad, la mayoría ha de renunciar a gran parte de sus derechos (que no son tenidos como tales, sino como privilegios otorgados temporalmente por las clases dirigentes) para que la minoría tenga plena capacidad para destinar todos sus recursos (y los de los demás) al progreso económico (a su progreso económico) para que, una vez saciados de beneficios, éstos repercutan en la mayoría. Efectivamente, es la teoría que dio lugar a aquel capitalismo que explotaba incluso a los niños, cuyos únicos derechos consistían en poder dar las gracias al emprendedor que le dejaba trabajar a cambio de ahorrarle su comida a su familia. "Pero la explotación infantil no se puede dar hoy, porque tenemos leyes que los protegen", dirán algunos; sí, cierto: igual que existían leyes que protegían la explotación laboral y que no permitían trabajar 84 horas semanales ó 132 horas en once días consecutivos, algo derogado por la actual reforma laboral cuando la empresa pueda demostrar (a través de su propia contabilidad, sin controles externos de ningún tipo) circunstancias económicas negativas. Todo por el progreso económico.

Los conservadores renegados (a quienes les da vergüenza aceptar públicamente que en esta vida les guía única y exclusivamente su avaricia económica) no dudarán en poner a Estados Unidos o al Reino Unido como ejemplos a seguir en estas teorías del progreso económico como fuente del progreso social; no cabe duda que ambos países son dos potencias económicas, por lo que también aquí deberemos darles la razón: las teorías neoliberales consiguen que las economías progresen más que bajo otras ideologías. Ahora bien, los ejemplos de progreso social generado por el progreso económico que conocen estos renegados (o al menos los que transmiten en público) son los de las grandes fotografías que podemos observar en pleno centro de la City londinense o en los alrededores de Wall Street, no de las otras que ponen de manifiesto (como los datos sobre pobreza de estos dos países símbolos del capitalismo) que el progreso social no llega por sí solo con el progreso económico de las minorías capitalistas (y por eso existen suburbios cada vez más amplios de excluidos sociales en ambas ciudades o diferencias cada vez más escandalosas entre el nivel de vida de las minorías capitalistas y el de la mayoría de la población).

Pero para comprobar los efectos reales del progreso económico de las minorías como fuente de progreso social de las mayorías no hay nada como acudir a los ejemplos de países cuya sociedad ha estado siempre inmersa en la pobreza (los países del tercer mundo o en vías de desarrollo); la adopción de medidas neoliberales en estos países ha sido siempre unánimemente aplaudida por estos conservadores renegados como un primer paso para el progreso social y la consiguiente salida de la pobreza de la mayoría social. Todos ellos han fracasado.

Al aplicar esas teorías neoliberales del progreso económico a la realidad nos encontramos con una completa ausencia de plazos en los que, supuestamente, debería trasladarse la riqueza sobrante de la minoría al progreso social de la mayoría; esto significa que las minorías capitalistas no tienen plazos para saciar su avaricia de beneficios y las mayorías pobres no tienen perspectivas temporales para disfrutar de una parte del maná capitalista. Fue el caso, por ejemplo, del Zimbabwe de Mugabe (ver este artículo en el diario Expansión publicado en 1999): se aplaudió que el 90% de la formación bruta de capital fuese de carácter privado (comparándolo con el 44% de Kenya), que el PIB per cápita doblara al de otros países de su entorno (al de Kenya, por ejemplo) y otras muchas cifras macroeconómicas comparadas (teléfonos por habitante, ordenadores por habitante... siempre en comparación con Kenya). En definitiva (concluía el artículo publicado en Expansión a modo de dogma): "Estos hechos prueban que los africanos son capaces de mejorar sus vidas si se da vía libre a la iniciativa privada y a la economía de mercado". Pero, ¿cuál era la realidad social de aquel país africano, aplicado discípulo desde 1991 de aquel progreso económico que había de traer por sí solo el progreso social?

La riqueza de Zimbabwe provenía en 1999 (año de los aplausos neoliberales a aquel país), principalmente, de los cultivos de maíz, de soja y de tabaco; aquella tierra cultivada estaba en manos de unos 4.000 terratenientes ingleses (la población de Zimbabwe es de 12 millones de personas). Por contra, más de la mitad de la población de aquel ejemplo de país capitalista necesitaba en 1999 ayuda alimentaria que proveían las organizaciones humanitarias, mientras que las tasas para acceder a la enseñanza impedían el acceso a la misma a la mayoría de la población; ¿saben ustedes algo de Zimbabwe desde que apareciese como ejemplo de lo que habían de hacer el resto de países africanos? Tranquilos, que se lo explico.

Al año siguiente de aquel aplauso generalizado entre los teóricos del progreso económico como fuente del progreso social se tuvo que ordenar la expulsión de los terratenientes coloniales porque la riqueza generada por estos no repercutía en mejoras para la población (qué extraño, ¿verdad?) y se realizó una redistribución de la tierra a través de la reforma agraria aprobada en 1991; sin embargo, el gobierno de Mugabe no retomó las políticas socialistas que había abandonado en 1991, sino que siguió abrazado a las enseñanzas capitalistas que le aplaudían los grandes países desarrollados u organismos como el FMI. La ONU tuvo que advertirle de que debían eliminarse las tasas para el acceso a la enseñanza, único progreso social que se ha producido desde entonces a esta parte (están escolarizados hoy más del 90% de los niños en edad escolar); el resto de datos macroeconómicos han ido decayendo debido a las crisis típicas de los desajustes cíclicos del capitalismo, de forma que hoy el PIB per cápita de Zimbabwe está un 30% por debajo del de Kenya, la inflación ha llegado a suponer más de un 150.000% (el punto corresponde al separador de miles, no al separador de decimales), su moneda ha sido sustituida por el dólar estadounidense, el paro afecta al 80% de sus habitantes... Los datos sociales (los que afectan a la mayoría de la población) son completamente desastrosos: la esperanza de vida ha bajado desde los 39 a los 36 años, el IDH (Índice de Desarrollo Humano) está 30 puestos por debajo de Kenya, la mortalidad infantil hasta los 10 años es del 65%, los infectados por SIDA suponen el 30% de los adultos... Lo que se dice un paraíso de progreso social, vamos.

Pero el capitalismo, como los conservadores renegados que lo adulan como ideología, olvida muy rápido a los aplicados discípulos a quienes una coyuntura puntual les hizo merecedores de todo tipo de elogios por las cifras macroeconómicas que esgrimían al mundo a tutiplén; tan repentinas son las apariciones en la prensa económica ante cifras coyunturales milagrosas como las desapariciones en esa misma prensa en cuanto las cifras empiezan a torcerse. Eso sí, la responsabilidad de los desastres sociales en los países que abrazan la ideología neoliberal son siempre ajenos a la propia ideología; sólo las otras ideologías pueden causar desastres sociales: el neoliberalismo económico debe ser entendido siempre como una ciencia exacta, por lo que no puede provocar desastre social alguno. Son la corrupción o las prácticas intervencionistas las que desvían a los discípulos hacia políticas que llevan al desastre social; como si el neoliberalismo eliminase la corrupción, o como si las prácticas intervencionistas no se aplicaran para contrarrestar el nulo progreso social que provoca el milagroso progreso económico de las minorías capitalistas.

Así pues, ante los flagrantes fracasos para traer el progreso social a las mayorías, no es de extrañar que los conservadores (y la derecha en general, que suele abrazar sin demasiados paliativos el elitismo y la egolatría infinita del neoliberalismo económico de las minorías) renieguen de sí mismos para autoerigirse en los nuevos progresistas del siglo XXI; al fin y al cabo, semánticamente lo son. Eso sí, que nadie espere que su progreso económico nos traiga progreso social, porque lo que vivimos hoy en España (la debacle del milagro español, como el de Zimbabwe, como el irlandés o como el estadounidense, milagros basados en la explotación laboral o en el colonialismo -en el caso de Zimbabwe-, en la creación artificial de burbujas económicas y especulativas o en la sustitución de la repercusión de los beneficios capitalistas en la sociedad por productos financieros generadores de endeudamiento -lo que estamos viviendo hoy, consecuencia directa de no haber repercutido los beneficios societarios, a través del incremento salarial o del sistema fiscal, en el progreso social, sustituyéndose por la creación de crédito al consumo-) es lo mismo que han vivido todos los países que han confiado en el progreso económico de las minorías para alcanzar el progreso social de la mayoría: las grandes cifras macroeconómicas han resultado ser un completo espejismo, un progreso económico que ha hipotecado el progreso social de varias generaciones.

Pero ahora los progresistas son los conservadores renegados y los conservadores somos los que no queremos perder los derechos adquiridos durante la etapa en la que el progreso económico sació de beneficios a las minorías que habían de traernos el progreso social.

Y para cerrar esta entrada, no quisiera dejarme en el tintero el recurso al fascismo que utilizan asiduamente estos renegados, tal y como ya he mencionado al principio. La cuestión es bien simple: imponer las condiciones de las minorías al resto de la sociedad es fascismo en estado puro (nótese la contradicción con la teoría del progreso económico de las minorías); ese recurso fácil al fascismo es el argumento preferido contra las políticas de igualdad (habitualmente destinadas a contrarrestar la posición desfavorable de algunas capas sociales, normalmente minoritarias y discriminadas por las más variopintas razones), unas políticas que resultan incomprensibles e injustificables para quienes tienen una concepción clasista y elitista de la sociedad: así, son fascistas las políticas de igualdad de la mujer (ha surgido incluso el término feminazismo para referirse a dichas políticas porque, dicen, buscan la destrucción del varón), son fascistas las políticas lingüísticas de apoyo a las lenguas minoritarias (porque vulneran los derechos de los castellanoparlantes, cuya lengua, sorprendentemente, han de aprender obligatoriamente los no castellanoparlantes)...

¿Y cómo se puede llegar a la conclusión de que las políticas de igualdad son fascistas? Pues por la misma razón por la que el progreso económico de las minorías debe traer, por arte de birlibirloque, el progreso y el bienestar social de las mayorías: porque las élites capitalistas, las clases pudientes, las capas emprendedoras de la sociedad, lo son por derecho propio, mientras que las mayorías sociales deben ser guiadas por el buen camino que marquen aquéllas y deben tomar conciencia de su inferioridad natural y de los errores a los que les llevan los líderes populistas y demagogos que hablan de las masas como algo dotado de la misma inteligencia que las élites. Al fin y al cabo, las desigualdades, las discriminaciones y la selección natural son algo innato en el ser humano, por lo que su erradicación sería antinatural, y mantenerse en esas circunstancias es única y exclusivamente responsabilidad de las personas vagas y poco dadas al esfuerzo personal.

Como es obvio, los renegados conservadores jamás reconocerán que piensan así, porque esa forma de pensar no tiene buena imagen; prefieren empobrecer, analfabetizar, indignificar a las mayorías sociales mediante políticas de recortes de derechos para que éstas se dediquen a su propia supervivencia. Una vez conseguido ese objetivo, la vía estará libre para evitar redistribuciones de la riqueza que sólo perjudican al progreso económico de las minorías.