Esta Europa ya no sirve para nada

“No hay que confundir a un país con su Gobierno: la canciller Merkel lidera al partido más fuerte, pero por sí sola no tiene mayoría. Así que no son los alemanes: es ese Gobierno alemán quien impone esa política de austeridad a ultranza con la que no estoy de acuerdo: los recortes por sí solos no generan ni crecimiento ni confianza. Mi propuesta es combinar la necesaria disciplina con estímulos estratégicos para que vuelvan el crecimiento y el empleo. Esa política de cortar, cortar y cortar no es cosa solo de Merkel. El Consejo Europeo, unánimemente, está de acuerdo con la canciller. Hay 27 primeros ministros que aprueban esa receta. Sin fisuras. Ese es el drama.”

Son las primeras palabras de Martin Shulz (no he leído más: su opinión tiene, al parecer, el mismo peso que la mía) en una entrevista publicada por El País bajo un titular elocuente, aunque excesivamente optimista: “El proyecto europeo está amenazado”. En realidad, el proyecto europeo ya no existe, y esas palabras del Presidente del Parlamento Europeo (única institución a la que votamos los ciudadanos europeos cada cinco años) son la demostración de la muerte de esta Europa: su única institución democrática no sirve para nada; son otros quienes deciden el futuro de los ciudadanos europeos, son otros quienes tienen la sartén por el mango.

Las preguntas, por lo tanto, son muy claras: ¿para qué pagar a unos parlamentarios que no pueden decidir absolutamente nada? ¿Para qué pagar unas instituciones que lo único que pueden hacer es patalear como lo puede hacer cualquiera desde una cuenta de Facebook?

Háganse elecciones europeas si se quiere mantener esta mentira de la Europa de los ciudadanos. Pero que a esos parlamentarios se les haga trabajar desde su casa, de forma gratuita, simplemente abriéndoles una cuenta oficial en cualquier red social de su elección en la que puedan patalear todo lo que quieran. Si es eso lo único que pueden hacer, no necesitan ni una sede ni un sueldo: es lo que hacemos cualquier ciudadano indignado (o hasta los cojones) con lo que deciden quienes tienen la sartén por el mango.

Y otro tanto podríamos decir del resto de instituciones europeas; el Consejo Europeo es otra farsa más. Ya se hacen reuniones bilaterales entre los 26 y Alemania; reunirse los 27 en una sede para aceptar lo que diga Alemania no es más que otro gasto que nos podríamos ahorrar.

Y de la Comisión Europea, ¿qué decir de la Comisión Europea? Que les paguen las grandes escuelas de economía neoliberal, las empresas o los grandes bancos, que son quienes deciden sus directivas, sus recomendaciones y toda su normativa. Que el parlamento alemán o alguna universidad de élite les cedan alguna sala en la que reunirse y nos ahorraríamos otra sede más.

Como la del Banco Central Europeo, que ni es banco, ni es central, ni es europeo.

Para las próximas elecciones europeas, a nosotros, como a los parlamentarios que tenemos que elegir, sólo nos quedará el derecho al pataleo: el voto en blanco o un voto nulo repleto de insultos.

Menuda Europa han creado.

Fabra: ¿Dónde están las ayudas de la UE a la agricultura valenciana?

El jueves, la Unió de Llauradors se encerró en un despacho de la Conselleria de Agricultura que dirige Maritina Hernández Miñana; la titular de la Conselleria que gestiona las ayudas del único sector castellonense y valenciano con cierta relevancia que ha conseguido incrementar el nivel exportador durante estos años de crisis, no parece haberse dado por aludida (ni tan siquiera mereció una mísera nota de prensa). Tampoco nuestra televisión pública, Canal 9, se dio por enterada. El diario Levante-EMV fue el único que lo llevó a su portada; la edición local de El Mundo también se hizo eco, pero como noticia secundaria. El País ni se enteró.

La agricultura y los agricultores hace mucho tiempo que no pintan nada; no fabrican alta tecnología, no tienen la exclusividad en la venta de medicamentos, no hay grandes magnates internacionales interesados en multimillonarias inversiones, su materia prima sólo ha sido socialmente útil para crear PAIs, urbanizaciones y proyectos faraónicos, sus productos pueden ser adquiridos mucho más baratos en el sur, en el este y en el oeste... La agricultura y los agricultores, hoy, son prescindibles; sirven para comentar la gran calidad de las hortalizas o de las frutas españolas de antaño, e incluso los hay que, bajo el genérico manto de lo ecológico, han aprovechado para vender productos pésimos a precios de oro (por si alguien pensaba que las burbujas no pueden existir en los sectores deprimidos).

El Fondo Europeo Agrícola de Garantía es la única institución pública que aun se acuerda de la existencia de la agricultura y de los agricultores; pero eso será sólo hasta el año que viene, cuando la PAC (Política Agrícola Común) dejará de estar en vigor en España tal y como la hemos conocido hasta ahora. España dejará de ser perceptora neta de ayudas europeas al perder los 7.500 millones de euros anuales que provienen de la PAC que finaliza el próximo año; de esos 7.500 millones de ayudas, entre 180 y 250 millones llegan anualmente a la Comunidad Valenciana, y de estos, el 53% se lo llevan las grandes empresas agroalimentarias (algunas de la propia Generalitat Valenciana, e incluso empresas ajenas al sector, tal y como denunció La Unió de Llauradors en mayo).

El incremento de los costes de producción (abonos, maquinaria, servicios externos...), coincidente en el tiempo con el desplome de los precios que se le pagan al agricultor (que debe adecuar sus precios a los de las importaciones, con una capacidad de negociación de sus precios nula, entre otras causas por el fracaso de las cooperativas agrícolas y por el oligopolio de las grandes distribuidoras), está llevando desde hace décadas al sector al abandono masivo de pequeñas y medianas explotaciones; es una crisis que algunos agricultores han conseguido aguantar gracias a la PAC, cuyas ayudas (aunque cada vez menos, y a partir de 2014 nada) también incluyen como parámetros de concesión esa función tradicional de los agricultores y de las tierras cultivadas de la que sólo nos acordamos cada verano cuando las llamas devoran cada vez más y más hectáreas de bosques y de lo que hasta hace muy poco aun no lo eran.

Pero si la desaparición de la PAC puede suponer un desastre para la agricultura y para los pequeños y medianos agricultores valencianos, que las ayudas agrícolas de la PAC que el gobierno de Alberto Fabra ha recibido de la Unión Europea desde 2010 se hayan utilizado para cubrir las deudas con Ecclestone, con Calatrava o con la constructora del aeropuerto fantasma de Castellón ya está suponiendo un auténtico rosario para miles de agricultores valencianos (25.000 según La Unió).

Pero Maritina Hernández y Alberto Fabra no parecen tener la más mínima vergüenza cuando el dinero que se han gastado tenía que ser destinado a un sector que no pinta nada; lo único a lo que puede aspirar un agricultor es a que en la Conselleria de Agricultura le afirmen que tardará poco en recibir sus ayudas de 2010 ó de 2011. De eso (en mi caso) hace ya nueve meses; los otros 24.999 es de suponer, vista la denuncia de La Unió de Llauradors, que habrán recibido la misma buena nueva.

Si preguntar en la Conselleria no sirve y encerrarse en sus dependencias tampoco, habrá que saltarse a ese departamento y preguntarle directamente a nuestro Molt Honorable President: Sr. Alberto Fabra, ¿dónde ha metido usted el dinero que le envió la Unión Europea para pagarnos a los agricultores?

Benafigos dins la nova agrupació de municipis del PP

No resulta gens fàcil plantejar-se el que vaig a plantejar a continuació, perquè la base des de la qual es parteix és la desaparició del poble on vaig viure cada dia de la meua infantesa i de la meua adolescència; però, tal i com es van desenvolupant els aconteixements, o prenem nosaltres la iniciativa o ens passaran per damunt i ens imposaran per decret llei un altre nom, una altra identitat i uns altres de tot, així que caldrà començar a pensar amb quins pobles ens volem integrar per a fer un conjunt econòmicament rendible.

Tant se val estar en contra de l’agrupació de municipis, perquè les coses avui en dia funcionen com funcionen i si la iniciativa ja s’ha presentat davant la Unió Europea serà difícil (quasi impossible) que, més prompte o més tard, l’agrupació de municipis no es fage realitat; primer, perquè avui són els criteris econòmics els que prevalen per damunt de qualsevol altre criteri, i els pobles de l’interior de Castelló, econòmicament, no seran mai rendibles perquè fa ja molt de temps que la seua principal força econòmica (el sector primari) ha quedat arrasada pels mercats externs. Temps hi haurà per a intentar que eixos criteris de rendibilitat econòmica deixen de ser no només prevalents sino inclús relevants en les decisions sobre identitats col·lectives; però ara mateix només té dret a existir qui demostre que té una rendibilitat econòmica, i el primer criteri que s’ha decidit aplicar per a aconseguir eixa rendibilitat són les economies d’escala. Així que ens haurem de posar a la feina fins que el món canvie.

Com podem observar al mapa de l’actual situació censal de l’interior de Castelló, això de les economies d’escala és una cosa completament desconeguda per a nosaltres; dels 48 pobles que he pintat al mapa, només hi ha un que supera eixe teòric límit dels 5.000 habitants que servirà per tindre la consideració de poble: L’Alcora (a l’Alcalatén), amb 10.856 habitants. Tots els altres pobles han de desaparéixer com a tals, perquè cap arribe, ni de bon tròs, a eixa xifra de tall (La Vall d’Alba i Cabanes, amb 3.036 i 3.019 habitants respectivament, són els que més s’apropen).

Si al mapa de dalt excloem els sis pobles pintats de morat (que estan fora de les quatre comarques analitzades i que s’han inclòs per a intentar quadrar les xifres d’habitants), tenim una mitja de 1.122 habitants per poble; i si contem només les tres comarques interiors (part de la Plana Alta –no estan els pobles de més de 5.000 habitants ni els que no tenen bones comunicacions amb Benafigos– s’ha inclòs també per a quadrar les xifres), la mitja és d’apenes 987 habitants per poble, o el que és el mateix, farien falta almenys sis pobles de mitja per a fer un municipi amb els nous criteris poblacionals.

Però el primer que haurem de considerar és que els pobles que superen la xifra de tall no estaran disposats, en un principi, a perdre eficiència dispersant territorialment (i a distàncies considerables) els serveis dels quals disfruten ara dins un nucli de població més o menys compacte; així doncs, L’Alcora (cap de la comarca en la qual està Benafigos avui) la descartarem i haurem d’acceptar que es mantindrà com a poble amb la seua actual extensió (així doncs, els pobles de la nostra comarca sumarien 5.759 habitants). La mitja de les tres comarques interiors sense l’Alcora passa a ser ara de 647 habitants per poble, és a dir, que farien falta vuit pobles per a fer un dels nous municipis econòmicament rendibles.

El mapa superior mostra els quinze municipis que, avui, tenen més de 1.000 habitants; estos pobles ens serviran com a referència per a anar creant agrupacions municipals als seus voltants. Així doncs, podem començar ja a plantejar-nos vàries possibilitats; la primera d’elles serà el retorn a la històrica Setena de Culla (Atzeneta, Benafigos, Benassal, Culla, La Torre d’En Besora, Vilar de Canes i Vistabella), però ens trobaríem amb el primer problema: entre els set pobles només arribem avui als 4.176 habitants, així que esta no és una opció vàlida.

Les possibles opcions per a arribar a la xifra de tall teòrica dels 5.000 habitants passarien per què es juntés també o bé Vilafranca (2.527 habitants), o bé Albocàsser i algun altre poble (un mínim de 1.443 habitants), o que Costur, Les Useres i Xodos en formaren part també (en conjunt sumarien 1.719 habitants); l’opció de Vilafranca no seria viable en un principi per quant l’actual comarca de l’Alt Maestrat es quedaria (sense Benassal, Culla, La Torre d’En Besora ni Vilar de Canes) amb 3.059 habitants; no obstant, sí que seria vàlida si Ares i Catí passaren a la comarca encapçalada per Morella (que podria arribar així als 6.229 habitants) i Albocàsser i Tírig (2.003 habitants en total) se sumaren a una possible unió amb Les Coves de Vinromà, Sarratella i La Serra d’En Galceran (3.206 habitants), ampliable a Vilanova d’Alcolea i a La Torre d’En Doménech (968 habitants més).

Les agrupacions entorn als municipis de més de 1.000 habitants pareix que fan massa complicada la configuració dels nous municipis entorn a algun nucli fort, així que provarem amb els municipis de més de 1.500 habitants, que es redueixen avui a vuit pobles.

El resultat de les agrupacions entorn a estos vuit pobles podria ser la reducció de 50 pobles a només 6:

He deixat com a nom de cada poble el nom del que més habitants té avui dins de cadascuna de les agrupacions proposades; a més, donada la disminució constant de la població a totes estes zones, pareix convenient deixar un marge suficient d’habitants per a què no es tinga que fer una reestructuració en pocs anys, de manera que tots els nous pobles tenen un mínim de 6.000 habitants.

Tot i que este darrer mapa podria ser la possibilitat més probable, no podem oblidar que, a més dels criteris poblacionals, pesaran també (potser més que els poblacionals) els criteris econòmics (a més d’alguns altres, com els històrics, però segurament amb molt poc de pes), de manera que haurem de comprovar quina viabilitat té cadascun dels municipis de l’interior nord de la nostra província; dins dels vuit municipis de més de 1.500 habitants que es mostren al mapa, potser Llucena siga la que menys viabilitat futura tinga (a més de ser un poble que pot perdre en breu la condició de major de 1.500 habitants), de manera que els pobles que he integrat dins de la seua delimitació podrien tindre que passar a alguna de les altres agrupacions (la de Sant Joan de Moró i la de Vilafranca, o potser inclús passar a formar part de l’Alcora).

Els criteris històrics, com he dit, crec que tindran poc de pes; així, que Vilafamés passe a dir-se Sant Joan de Moró o que Cabanes passe a dir-se La Vall d’Alba no pareix que vage a ser un problema vist des de la perspectiva de Madrid o d’Europa, tot i que internament puga sorgir algun tipus de malestar patriòtic.

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Wertgüenza de periodistas guerracivilistas

Empecemos por Pío Moa, no por su condición de periodista, sino por su actual visión de la Historia de España (otros antes, por convicción o para sobrevivir al régimen dictatorial, ya la tuvieron), y más en concreto de la Guerra Civil (una visión que está calando, por cuanto les exime de cualquier culpa, entre los herederos ideológicos de aquellos golpistas): el golpe de Estado del General Franco en 1936 no fue el inicio de aquella guerra, sino que fue la consecuencia –necesaria, inevitable– de las políticas izquierdistas anteriores, de la ilegitimidad de los gobiernos socialistas y, sobre todo, se trató de la reacción lógica y esperable al verdadero inicio de la Guerra Civil española. ¿Y cual fue el inicio real de aquella guerra según esta visión de la Historia? Pues las revueltas sociales de 1934.

Hoy (en realidad desde que Aznar perdió las elecciones en 2004), esos herederos ideológicos de los militares golpistas del 36 están intentando preparar el terreno para volver a justificar otro golpe de Estado y poder así responsabilizar del mismo no a los sublevados, sino a la intolerable progresía socialista o al inadmisible totalitarismo comunista: el orden, la paz social, el futuro de España, podría requerir un mandato –militar o civil– con restricción absoluta de las libertades democráticas, y estos periodistas están preparando las hemerotecas para que futuros historiadores de la talla de Pío Moa puedan comprobar cómo un posible golpe de Estado de ideología fascista sería siempre responsabilidad de las ideologías contrarias.

El Mundo, La Razón y La Gaceta, y también –aunque en menor medida– el ABC, están llevando a cabo verdaderos ejercicios de manipulación, de tergiversación, de peligrosas generalizaciones delictivas a cualquier masa social que se atreva a levantar la voz; y todo ello no en artículos de opinión interiores, sino en sus portadas, para dejar buena constancia de lo que pueda justificar un nuevo golpe de Estado.

Esta actitud guerracivilista, de ir preparando la justificación de una posible solución totalitaria ante la degradación de la convivencia interna, se inició tras los resultados electorales de 2004: la policía corrupta, absolutamente controlada por los socialistas en la oposición, había preparado, colaborado u ocultado información para que los atentados del 11-M pudiesen llevarse a cabo y variasen así los resultados de aquellas elecciones en favor de los propios socialistas. El gobierno socialista, por lo tanto, debería ser considerado ilegítimo: aquellos atentados supusieron un golpe de Estado socialista en toda regla, como también lo fue, según Pío Moa y un cada vez mayor número de ciudadanos ideológicamente conservadores, lo acaecido en 1934 en España. El Mundo, La Razón o La Gaceta siguieron esta premisa de la ilegitimidad del gobierno socialista durante los siete años de mandato del PSOE. Todas las semanas; casi todos los días. Cualquier iniciativa legislativa contraria a la ideología conservadora era motivo suficiente para recordar la ilegitimidad de aquel gobierno.

Ahora, con un gobierno conservador al frente de un país arruinado por unos bancos avaros, por el fraude fiscal de las grandes empresas, por la ególatra mentalidad de nuestros acreedores –y supuestamente socios– europeos y por una corrupción política de dimensiones vergonzosas, lo que debe transmitirse en las portadas de estos periódicos es la radicalidad de los parados vagos, de los estudiantes manipulados, de las familias obreras aburguesadas que vivieron por encima de sus posibilidades, de los trabajadores con sueldos devaluados, de los funcionarios con sueldos congelados, de los catalanes separatistas: las calles se llenan de violentos en cada manifestación. Debe transmitirse la idea de que la sociedad que se opone a los recortes sociales, educativos y sanitarios, a la transferencia de fondos públicos para salvar las pérdidas de las entidades financieras o a la corrupción política, es una sociedad violenta, antidemocrática, totalitaria: hay que transmitir que cualquier respuesta a esa violencia ciudadana puede –o incluso debe– ser también violenta, sea ésta policial, militar o de cualquier otro tipo. La violencia del Estado se justifica así con toda su amplitud, en cualquier momento, lugar o circunstancia; se ejerza con legitimidad o no.

Ayer, las asociaciones de madres y padres de alumnos decidieron secundar las jornadas de protestas por los brutales recortes en la educación pública convocadas por los estudiantes. «Así educan a sus hijos: Los padres de la CEAPA [Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos] defienden en un manual no repetir curso, quitar autoridad al profesor y prohibir la Religión en las aulas», «La izquierda más bestia de Europa: La CEAPA, plataforma socialista de padres de alumnos, […] queda inevitablemente manchada por sucesos tan siniestros como el de la otra tarde [el martes, jornada en la que la CEAPA no había convocado protesta alguna] en Mérida, con ese asalto a un colegio salesiano al grito de “¡Dónde están los curas, que los vamos a quemar!”. Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden [¿?] la barbarie de los nenes», «La huelga política en la educación pincha con un apoyo de sólo el 23% [según el Gobierno, que incluye a los centros concertados –el 40% de los colegios de infantil y primaria– en su contabilidad]: Las aulas apenas notaron los paros en Secundaria a pesar del apoyo de una asociación de padres [la mayoritaria]».

Salen a la calle y faltan a clase los descerebrados, los radicales, los analfabetos, los socialistas, los comunistas, los alteradores profesionales del orden público y de la paz social; los que salen a la calle, los violentos, tienen nombre y apellidos (El Mundo no duda en dar sus señas y mostrar su fotografía en portada –tal y como ya hiciese La Razón en su día con uno de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes– y sentenciarlo sumarísimamente como el instigador del asalto al colegio de los Salesianos de Mérida que cita La Gaceta en su portada), pero ayer cualquier padre o cualquier madre que secundara las protestas se convirtieron en posible objetivo de estos periodistas guerracivilistas: la depuración social y el escarnio público de los padres y estudiantes terroristas («Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna», dijo ayer Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso del partido en el gobierno) debe permanecer en las hemerotecas, para cuando corresponda justificar el necesario, el inevitable golpe de Estado que devuelva a los violentos, a los terroristas, a los radicales, a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los parados, a los trabajadores, a los padres, a las madres y a los estudiantes al lugar que les corresponde.

Las mayorías, hoy, se expresan con el silencio. Y si es eterno, mejor.

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Miserables

Nuevas propuestas de la ortodoxia neoliberal para ayudarnos a salir de esta crisis sistémica, esta vez de parte del Banco Central Europeo; he de advertir que cada vez entiendo menos sus propuestas, no las que nos afectan a los trabajadores (éstas siempre han ido en la misma dirección: contención salarial cuando las cosas van bien, reducción salarial cuando las cosas no van tan bien y esclavismo laboral cuando las cosas van mal), sino las que van de comparsa.

Las propuestas de siempre en materia laboral para un sistema económico perfecto

Como punto de partida para intentar entender hacia dónde nos llevan (o hacia dónde quieren que nos lleven) las medidas propuestas por nuestro Banco Central, veamos en qué medida este organismo lanza las propuestas en función de la situación preexistente en cada país.

Con los datos anteriores a la crisis (2007), comprobamos que nuestro estado del bienestar no parecía estar sobredimensionado (destinábamos un 5% menos de nuestro P.I.B. a gastos sociales y educación que el resto de países de la Unión Europea y un 10% menos que países como Dinamarca, Francia o Suecia); trasladado a gasto social (esta vez sin incluir la educación) por habitante (España destinó 5.713,20 € a gasto social por cada español en 2008), las cifras aun se disparan más en nuestra contra: un 10,92% menos que la media europea (6.337,20 €) y más de un 50% menos que Dinamarca (8.700,80 €) o Suecia (8.850,70 €) y un 40% menos que Francia (7.913,50 €).

Vistos los gastos destinados a evitar los fallos del sistema capitalista que llevan a incrementar el riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestro país, la propuesta de reducción del Salario Mínimo Interprofesional (establecido en España en 748,30 € –catorce pagas de 641,40 €–) suena a chiste, aunque es una de las medidas estrella del neoliberalismo; sólo con las cifras comparativas del SMI sería suficiente para comprobar que España no tiene un problema de salarios excesivos (Irlanda, uno de los países rescatados, casi dobla nuestro SMI tras dos años bajo la tutela del FMI y del BCE), y si además unimos los datos de gasto social (un SMI bajo no permite afrontar a los trabajadores con sus propios recursos un colchón de seguridad ante posibles contingencias adversas, como es el despido), la medida propuesta parece una auténtica insensatez.

La reducción de las indemnizaciones por despido (medida ya implementada en la última reforma laboral, incluyendo el despido libre y sin indemnización para el primer año de contrato) es la otra medida estrella del neoliberalismo, reiteradamente exigida por esos organismos que tan educadamente nos aconsejan a los trabajadores que nos empobrezcamos un poco más cada año; asimismo, la absoluta libertad de la empresa para modificar a la baja los salarios o endurecer las condiciones laborales (otra medida también implementada ya por la última reforma laboral) también entra dentro de los últimos consejos que desinteresadamente nos da el BCE.

En el caso de los despidos (y en especial en el caso de los despidos procedentes), los trabajadores españoles sí disfrutamos de una mayor protección (si lo analizamos respecto a los meses de indemnización) que el resto de trabajadores europeos; tomados de forma aislada, estos datos podrían considerarse una rémora para nuestras empresas (y para la omnipresente competitividad), y eso es justo lo que afirma el BCE en su último informe mensual. Claro, que si lo tomamos en función del importe real de la indemnización (que depende de los salarios), de la capacidad de ahorro –y de habilitarse un colchón de seguridad ante contingencias imprevistas– de los trabajadores despedidos (que también depende de los salarios) y de los posteriores niveles de protección social para contrarrestar el riesgo de pobreza y de exclusión social (que ya hemos visto que en España eran en plena burbuja inmobiliaria cinco puntos inferiores a la media europea), las cosas cambiarían sustancialmente.

Obviamente, la primera gran conclusión a la que podemos llegar si queremos entender qué es lo que nos está aconsejando el BCE es que sus consejos sólo tienen en cuenta variables económicas puras, de forma que sus recomendaciones funcionarían si el sistema económico fuese perfecto o si sus imperfecciones no pudiesen crear miseria.

Como conclusión derivada de la anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sus consejos se basan en previsiones realizadas sobre modelos matemáticos en los que se introducen variables exclusivamente económicas, o en los que las variables no económicas pueden modificarse o minimizarse para corregir los efectos distorsionadores de un sistema económico con el que conviven personas de carne y hueso que no llegan a fin de mes. O lo que es lo mismo, que sus modelos matemáticos no son aplicables a una economía real, por lo que sus consejos sólo funcionarán por pura casualidad.

Para finalizar este apartado, una mención especial a uno de los gráficos del último informe: el que nos muestra la evolución de las remuneraciones por empleado respecto a la media de la Unión Europea; España consiguió reducir ligeramente la brecha existente en las remuneraciones por trabajador respecto a sus socios europeos hasta el año pasado. Con la aprobación de la última reforma laboral, el BCE espera (y se alegra de ello) que el resto de los trabajadores europeos incrementen la brecha existente respecto a lo que cobramos aquí; toda una declaración de intenciones sobre lo que esperan de España, y en especial de sus trabajadores.

Las nuevas propuestas

Sin embargo, merece la pena que nos paremos en algunas nuevas propuestas del último informe mensual del BCE, que son esas propuestas que no alcanzo a entender ni cómo las puede realizar una institución como el BCE ni cómo pueden llegar a aplicarse en las empresas reales.

La reducción de márgenes de beneficios en algunas empresas de algunos sectores dirigidos al público local; parece una adivinanza, y de hecho lo es, porque no dice absolutamente nada de a quién habría que reducirle los márgenes de beneficios, una medida que resulta de lo más absurdo para quien defiende las bondades de las teorías y los cálculos económicos neoliberales (¿alguien habrá llegado a pensar que el BCE quería decir que las empresas debían ganar menos, cuando el resto de las medidas propuestas iban en la dirección contraria mediante la reducción de los costes laborales empresariales?); sabiendo cual es la ideología económica del BCE (que no duda en utilizarla y aplicarla mientras algunos nos enzarzamos en discusiones sin sentido sobre si hoy existen o no existen las ideologías, repitiendo como un rebaño lo que pregonaban desde hace lustros quienes hoy están al frente del FMI o del BCE), habría que buscar algún sector que aun perciba subvenciones públicas. Así que habrá que esperar a que el Gobierno aplique la recomendación para salir de dudas, aunque el sector de las energías renovables ya ha sido señalado y tiene muchas papeletas para ser el candidato elegido.

Otra propuesta chocante es la de la relajación de las normas jurídicas que penalizan las ilegalidades empresariales; es decir, la legalización de los desmanes empresariales. O la vida al margen de la Ley de las personas jurídicas. Es difícil saber si el BCE se refiere a delitos económicos de evasión de capitales o si se refiere a alguna protección del empresario frente a los desmanes de sus trabajadores; o si se trata de dejar al empresario la libre interpretación de las normas tributarias para pagar los impuestos cuando lo considere oportuno. Habrá que esperar también a que el Gobierno actúe para salir de dudas, pero no parece nada bueno que los delitos puedan dejar de ser delitos por razones económicas.

También resulta extraña la referencia a la toma de decisiones valientes frente a los lobbies de grupos privilegiados y con intereses creados. Siendo hoy el BCE el principal lobby de presión en nuestro país, podríamos pensar que se tratar de un llamamiento al Gobierno a desobedecer todas sus recomendaciones anteriores, pero sería demasiado bonito para ser cierto; viendo esas recomendaciones, casi todas referidas a generalizar la miseria entre los trabajadores y librar de la cárcel a los empresarios, tendremos que mirar hacia las organizaciones de trabajadores como destinatarios finales de esa acusación de ser un grupo privilegiado y con intereses creados. Algo habitual entre el neoliberalismo despótico, muy dado a considerar que la participación de los trabajadores en las decisiones políticas que les afectan no es un derecho, sino un privilegio a eliminar.

¿Y hacia dónde vamos con estas medidas?

Pues aquí es donde entra el título de esta entrada.

Las medidas miserables de las acepciones 3 y 4 del Diccionario de la Real Academia nos llevan a los trabajadores a ser unos miserables de las acepciones 1 y 2; estamos abocados a ser desdichados e infelices, al abatimiento y a no tener relevancia ni valor alguno ni para nuestros gobernantes ni para nadie.

Siguiendo las recomendaciones del BCE y del FMI, Grecia ha reducido su SMI un 22% este mismo año, lo que trasladado a nuestro SMI (si hemos de seguir esas recomendaciones en base a lo que han hecho otros países de nuestro entorno) nos llevaría a un salario mínimo de 500 € (583 € con las pagas extraordinarias prorrateadas si se mantienen las 14 pagas); y no olvidemos que el salario mínimo se utiliza para referenciar una multitud de percepciones dinerarias máximas, como el salario máximo que se puede recibir del FOGASA (el doble del SMI tras la última reforma laboral), pero también mínimas, como por ejemplo los ingresos considerados inembargables.

Irlanda, vecina de la neoliberal Gran Bretaña, ha sido la alumna aventajada de los consejos del BCE y del FMI; el paro pasó del 4,5% en 2006 y 2007 al 14,8% desde 2010. Ni el rescate (hace casi dos años ya) ni su ortodoxa política laboral han tenido efecto alguno en las cifras de paro, que se ha mantenido por encima del 14% (el último dato iguala su máximo histórico del 14,8%) a pesar de que el país ha perdido a 100.000 trabajadores (el 2,2% de la población activa irlandesa, que ha huido del país) y ha prohibido la entrada a trabajadores búlgaros y rumanos. Si España aspira a seguir los pasos de Irlanda, más de 500.000 españoles en activo deberían ser expulsados forzosamente del país en busca de mejores oportunidades laborales y sobre 1 millón de extranjeros comunitarios en activo deberían abandonar sus trabajos y volver a su país; la tasa de paro española pasaría entonces al 18% y, con toda probabilidad, la Comisión Europea, el BCE y el FMI aplaudirían de nuevo la seriedad en la aplicación de las políticas laborales por parte del Gobierno español, tal y como hicieron el mes pasado con los decepcionantes datos de la economía irlandesa, y hablarían de sus grandes esfuerzos por proteger a los más desfavorecidos (como hipócritamente publicaron tras el informe de Irlanda, con cada vez más irlandeses en la miseria gracias a las políticas de austeridad auspiciadas por ellos mismos, tal y como está ocurriendo con Letonia o Lituania –con gobiernos neoliberales– , cuyos datos macroeconómicos reflejan datos positivos, pero a costa de incrementar las tasas de pobreza de su población por encima del 30% y dejar a ambos países en los últimos puestos europeos del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU).

Si las míseras políticas neoliberales que pretenden que nos apliquemos son las mismas que ya se han aplicado en estos países, la experiencia nos demuestra que a lo único a lo que podemos aspirar es a acompañar a Grecia, Irlanda, Letonia o Lituania en sus niveles de miseria.

Miserables unos, miserables otros y miserables nosotros.