Empecemos por Pío Moa, no por su condición de periodista, sino por su actual visión de la Historia de España (otros antes, por convicción o para sobrevivir al régimen dictatorial, ya la tuvieron), y más en concreto de la Guerra Civil (una visión que está calando, por cuanto les exime de cualquier culpa, entre los herederos ideológicos de aquellos golpistas): el golpe de Estado del General Franco en 1936 no fue el inicio de aquella guerra, sino que fue la consecuencia –necesaria, inevitable– de las políticas izquierdistas anteriores, de la ilegitimidad de los gobiernos socialistas y, sobre todo, se trató de la reacción lógica y esperable al verdadero inicio de la Guerra Civil española. ¿Y cual fue el inicio real de aquella guerra según esta visión de la Historia? Pues las revueltas sociales de 1934.
Hoy (en realidad desde que Aznar perdió las elecciones en 2004), esos herederos ideológicos de los militares golpistas del 36 están intentando preparar el terreno para volver a justificar otro golpe de Estado y poder así responsabilizar del mismo no a los sublevados, sino a la intolerable progresía socialista o al inadmisible totalitarismo comunista: el orden, la paz social, el futuro de España, podría requerir un mandato –militar o civil– con restricción absoluta de las libertades democráticas, y estos periodistas están preparando las hemerotecas para que futuros historiadores de la talla de Pío Moa puedan comprobar cómo un posible golpe de Estado de ideología fascista sería siempre responsabilidad de las ideologías contrarias.
El Mundo, La Razón y La Gaceta, y también –aunque en menor medida– el ABC, están llevando a cabo verdaderos ejercicios de manipulación, de tergiversación, de peligrosas generalizaciones delictivas a cualquier masa social que se atreva a levantar la voz; y todo ello no en artículos de opinión interiores, sino en sus portadas, para dejar buena constancia de lo que pueda justificar un nuevo golpe de Estado.
Esta actitud guerracivilista, de ir preparando la justificación de una posible solución totalitaria ante la degradación de la convivencia interna, se inició tras los resultados electorales de 2004: la policía corrupta, absolutamente controlada por los socialistas en la oposición, había preparado, colaborado u ocultado información para que los atentados del 11-M pudiesen llevarse a cabo y variasen así los resultados de aquellas elecciones en favor de los propios socialistas. El gobierno socialista, por lo tanto, debería ser considerado ilegítimo: aquellos atentados supusieron un golpe de Estado socialista en toda regla, como también lo fue, según Pío Moa y un cada vez mayor número de ciudadanos ideológicamente conservadores, lo acaecido en 1934 en España. El Mundo, La Razón o La Gaceta siguieron esta premisa de la ilegitimidad del gobierno socialista durante los siete años de mandato del PSOE. Todas las semanas; casi todos los días. Cualquier iniciativa legislativa contraria a la ideología conservadora era motivo suficiente para recordar la ilegitimidad de aquel gobierno.
Ahora, con un gobierno conservador al frente de un país arruinado por unos bancos avaros, por el fraude fiscal de las grandes empresas, por la ególatra mentalidad de nuestros acreedores –y supuestamente socios– europeos y por una corrupción política de dimensiones vergonzosas, lo que debe transmitirse en las portadas de estos periódicos es la radicalidad de los parados vagos, de los estudiantes manipulados, de las familias obreras aburguesadas que vivieron por encima de sus posibilidades, de los trabajadores con sueldos devaluados, de los funcionarios con sueldos congelados, de los catalanes separatistas: las calles se llenan de violentos en cada manifestación. Debe transmitirse la idea de que la sociedad que se opone a los recortes sociales, educativos y sanitarios, a la transferencia de fondos públicos para salvar las pérdidas de las entidades financieras o a la corrupción política, es una sociedad violenta, antidemocrática, totalitaria: hay que transmitir que cualquier respuesta a esa violencia ciudadana puede –o incluso debe– ser también violenta, sea ésta policial, militar o de cualquier otro tipo. La violencia del Estado se justifica así con toda su amplitud, en cualquier momento, lugar o circunstancia; se ejerza con legitimidad o no.
Ayer, las asociaciones de madres y padres de alumnos decidieron secundar las jornadas de protestas por los brutales recortes en la educación pública convocadas por los estudiantes. «Así educan a sus hijos: Los padres de la CEAPA [Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos] defienden en un manual no repetir curso, quitar autoridad al profesor y prohibir la Religión en las aulas», «La izquierda más bestia de Europa: La CEAPA, plataforma socialista de padres de alumnos, […] queda inevitablemente manchada por sucesos tan siniestros como el de la otra tarde [el martes, jornada en la que la CEAPA no había convocado protesta alguna] en Mérida, con ese asalto a un colegio salesiano al grito de “¡Dónde están los curas, que los vamos a quemar!”. Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden [¿?] la barbarie de los nenes», «La huelga política en la educación pincha con un apoyo de sólo el 23% [según el Gobierno, que incluye a los centros concertados –el 40% de los colegios de infantil y primaria– en su contabilidad]: Las aulas apenas notaron los paros en Secundaria a pesar del apoyo de una asociación de padres [la mayoritaria]».
Salen a la calle y faltan a clase los descerebrados, los radicales, los analfabetos, los socialistas, los comunistas, los alteradores profesionales del orden público y de la paz social; los que salen a la calle, los violentos, tienen nombre y apellidos (El Mundo no duda en dar sus señas y mostrar su fotografía en portada –tal y como ya hiciese La Razón en su día con uno de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes– y sentenciarlo sumarísimamente como el instigador del asalto al colegio de los Salesianos de Mérida que cita La Gaceta en su portada), pero ayer cualquier padre o cualquier madre que secundara las protestas se convirtieron en posible objetivo de estos periodistas guerracivilistas: la depuración social y el escarnio público de los padres y estudiantes terroristas («Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna», dijo ayer Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso del partido en el gobierno) debe permanecer en las hemerotecas, para cuando corresponda justificar el necesario, el inevitable golpe de Estado que devuelva a los violentos, a los terroristas, a los radicales, a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los parados, a los trabajadores, a los padres, a las madres y a los estudiantes al lugar que les corresponde.
Las mayorías, hoy, se expresan con el silencio. Y si es eterno, mejor.
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