La izquierda será utópica o no será

Los resultados obtenidos por el PSOE y por Podemos en España en las últimas elecciones europeas, así como los sondeos posteriores que se están publicando, deberían hacer reflexionar a toda la izquierda política sobre su futuro.

El pragmatismo que ha encarnado el PSOE durante muchos años ha acabado por dañar, tal vez ya irremediablemente, una base electoral de clase trabajadora que ha visto cómo esa izquierda posibilista se ha visto abocada a arrodillarse ante los grandes poderes fácticos y económicos cuando ha tenido que gobernar; no es algo que pueda evitarse (esos poderes están ahí), pero sí es algo con lo que es peligroso jugar, sobre todo cuando empiezan a traspasarse líneas rojas como la congelación de las pensiones, el castigo a la parte débil de las relaciones laborales o dar prioridad absoluta a devolver las deudas con la banca, incluso por encima del cobro de las nóminas, mientras a esos poderes fácticos y económicos no sólo no se les exigen compensaciones como principales responsables de la crisis, sino que se les permite dirigir, por encima de gobiernos y ciudadanos, su propia salida de la crisis a costa de los demás. La persepectiva desde la que el PSOE ha estado interpretando la realidad tras su paso por el poder se ha ido distorsionando cada vez más y nadie (salvo tal vez Zapatero en sus primeros años de gobierno) ha sido capaz de parar esa distorsión; lo que era bueno para España (interpretación estadista de la realidad) era cada vez menos bueno para los españoles (para la mayoría de españoles), y el PSOE no supo o no quiso verlo así. Esa ha sido siempre la interpretación patriótica de España, encarnada perfectamente por la derecha: si el PSOE tenía que gobernar como la derecha, mejor que lo hiciera directamente la derecha, que tiene mucha más experiencia en esa forma de gobernarnos. Y así acabó ocurriendo, claro.

El discurso de la lucha de clases ha sido abandonado por el PSOE; y aunque es cierto que aparenta ser un discurso anticuado por cuanto la prosperidad económica permitió difuminar (sólo en apariencia) los límites entre esas clases con objetivos más enfrentados que confluyentes, lo cierto es que la base de ese discurso sigue estando, aunque con otra terminología, no sólo plenamente vigente, sino en el centro mismo de los sobresalientes resultados de Podemos.

En un país con numerosos pequeños empresarios y autónomos, el discurso tradicional de la lucha de clases (obreros - capital) ha dado paso a otro discurso con una misma base ideológica (los de abajo - los de arriba, pobres - ricos, 99% - 1%, la casta, la élite...), pero que incluye a esas otras partes de la sociedad a las que, sin ser obreros en el sentido histórico del término, les ha tocado sufrir también los abusos del poder financiero a través de leyes (y rescates) que han puesto el foco en las verdaderas fuerzas predominantes de nuestras sociedades.

Un discurso que hasta hace bien poco quedaba restringido a pequeños círculos ideológicos etiquetados como extrema izquierda y a quienes nadie quería escuchar; nadie quería reconocerse, en plena época de vacas gordas, como un simple obrero que podía ser explotado. Nadie quería perder la categoría de clase media cuando el banco le otorgaba préstamos por importes que hoy consideramos inabarcables.

El aumento de la desigualdad que ha traído aparejada esta crisis está acabando con la que se consideraba clase media española (lo fuese realmente o no), que es la que más esperanzas de futuro ha visto truncadas: puestos de trabajo supuestamente consolidados que han desaparecido o que han visto devaluada su remuneración, incremento de los costes en educación y en sanidad al tiempo que se recortaba el acceso a becas y a todo tipo de beneficios sociales, incierto futuro del sistema público de pensiones que obliga a destinar a las familias más recursos a contratos privados de jubilación mientras disminuyen sus ingresos...

Históricamente, las revoluciones (entendidas éstas como cambios bruscos en la forma de entender los sistemas de convivencia existentes hasta un determinado momento) han fracasado en España (y en tantos otros sitios: vean en qué ha quedado la Primavera Árabe) por la ausencia de clases medias; las posibilidades de una revolución (con violencia incluida: o la utilizan los revolucionarios o la utiliza el poder que se derrumba, o ambos) son hoy más altas que nunca en todo el mundo occidental, no sólo en España. Son las clases medias (o los que se consideraban a sí mismos dentro de éstas) las que se están arruinando (las clases bajas siempre lo han estado y han ido sobreviviendo como han podido, algo -la supervivencia bajo mínimos- que difícilmente podrán soportar las clases medias arruinadas si su situación se mantiene durante demasiado tiempo) y son éstas las que pueden dar soporte (económico, social, ideológico...) a los cambios sustanciales (y no superficiales, como ha venido ocurriendo hasta ahora) en nuestros actuales sistemas de convivencia.

Los apoyos de las otrora clases medias obtenidos por una fuerza revolucionaria (por cuanto propone un cambio urgente y radical del sistema) como Podemos son la confirmación de los temores expresados en la última Cumbre de Davos: existe un riesgo cierto de graves altercados sociales (el uso del lenguaje alarmista es una de las formas que tienen de desacreditar las reivindicaciones para la mejora de la vida del 99%) que podrían extenderse por todo el mundo occidental.

Pero lo cierto es que Podemos (sea considerada una fuerza política de izquierdas, de derechas, revolucionaria, reaccionaria, bolivariana, nazi, terrorista o lo que se quiera) ha triunfado por su discurso utópico: puede cambiarse a mejor el mundo en el que vivimos, puede modificarse el sistema de convivencia si se tiene la voluntad de hacerlo, pueden confluir los intereses de un 99% en contra de los intereses establecidos del 1%. Se puede, y se pueda ya.

Este es el discurso que ha abandonado una izquierda (sobre todo el PSOE) empeñada en considerar a la clase trabajadora como clase media, empeñada en convencernos de que la zanahoria ajena que nos pusieron en el palo en la época de vacas gordas era válida como utopía y empeñada en convencernos de que contra el sistema establecido nada se podía hacer y, en consecuencia, debíamos integrarnos en él aceptando con resignación sus fallos y corruptelas.

Ese centro político que tan buenos resultados le dio a UCD y que hoy se disputan el PSOE y el PP es cada vez más raquítico: hoy no hay margen para el "sí pero no" del que han vivido tanto tiempo los políticos centrados. Hoy se requieren soluciones urgentes al desastre provocado por los mercados financieros primero y por la banca española después; y para eso no sirven ni el "sí pero no" ni las políticas de "lo mejor para España" si no son también lo mejor para los españoles.

Hoy se necesita más que nunca la utopía, la esperanza, las políticas que permitan a los españoles ver un futuro mejor no sólo para ellos, sino también para sus hijos. Hoy se necesita más que nunca una reforma completa de un sistema con elementos enquistados que lo están (y nos están) llevando a la ruina no sólo económica, sino también ética y social. Y eso sólo será posible a través de la utopía: de saber que se puede cambiar el sistema para que esté al servicio del 99% y no sólo al del 1%, y que se puede cambiar ya.

Eso sí: los ciudadanos han comprendido que ese cambio sólo puede ser posible si lo llevan a cabo personas u organizaciones sin servidumbres heredadas que les aten las manos. La cúpula política debe estar libre para poder liberar a la democracia secuestrada que tenemos hoy. Otra utopía más. Pero que genera esperanza y promete un futuro mejor. Vale la pena al menos intentarlo (si el 1% nos deja).

Buscando al ladrillo desesperadamente

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del tercer trimestre de 2013; en su nota de prensa, el INE remarcaba que dicho índice había subido, en tasa intertrimestral, por primera vez desde el segundo trimestre de 2010 (en tasa interanual había caído casi un 8%).

No deja de ser sorprendente que el precio de la vivienda suba el mismo trimestre que el precio del metro cuadrado haya seguido bajando (que alguien nos lo explique), y más teniendo en cuenta que ambos datos se publicaron con menos de 20 días de diferencia.

Aunque la explicación de esta aparente contradicción se escape a mis entendederas (he intentado buscar cambios en las ponderaciones del IPV y las he encontrado -ahora, las viviendas de segunda mano conforman más del 70% del índice cuando en 2010 suponían el 45%, un cambio de ponderación que tampoco alcanzo a entender, puesto que se venden un número similar de viviendas de ambos tipos-, pero si el precio del metro cuadrado ha disminuido tanto en las viviendas nuevas como en las de segunda mano es absurdo que el precio final de las viviendas de alguno de los dos tipos acabe yendo en sentido contrario al del precio del metro cuadrado), no es esto lo que más me ha chocado de ese dato puntualmente positivo (aunque contradictorio) publicado por el INE, sino el tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación.

Cualquiera diría que los medios de comunicación (y no sé si también el resto de la sociedad) tienen como única esperanza para salir de esta crisis que resurja de nuevo el sector del ladrillo; y vistos los movimientos en el Gobierno y en los organismos reguladores, todo parece indicar que estamos abocados a confirmar que el hombre (y, sobre todo, el español) es el único animal dispuesto a tropezar dos veces, y nunca mejor dicho, en la misma piedra.

Para quienes actualizamos periódicamente nuestras hojas de cálculo con los datos del sector inmobiliario en busca de algún rayo de luz para nuestro futuro laboral, tamaña avalancha de optimismo y esperanza nos parece estremecedora; y no porque no nos gustaría que estuviésemos ante el resurgimiento de este sector (con mayor o con menor fuerza, pero resurgimiento al fin y al cabo), sino porque estamos curados de espanto y los buenos datos estadísticos de 2010 y la posterior debacle hasta la fecha ya nos tienen más que prevenidos (o tal vez nos hayan convertido en acérrimos pesimistas tras haber pecado de un ligero optimismo).

Por suerte o por desgracia, los datos no muestran, de momento, ningún síntoma de recuperación en el sector del ladrillo.

Todo parece indicar, por lo tanto, que la recuperación económica, si se ha de producir realmente este año 2014 que acabamos de empezar, no vendrá de la mano del ladrillo.

La izquierda indigente

Hay comentarios que se pueden ignorar, otros que molestan, otros que indignan y, finalmente, hay algunos que aterran. La entrevista que Jordi Évole le hizo a José Antonio López Casas en el programa Salvados del día de la Inmaculada (08/12/2013) contiene algunos comentarios pertenecientes a la última categoría, entre ellos el referido (en un tono especialmente despectivo) a la "izquierda indigente" que afirma que la liberalizadora Ley del Suelo de 1998 es la principal responsable de la quiebra de algunas autopistas, entre ellas las dos que tiene concedidas la empresa Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. (las radiales R-3 y R-5), a quien representaba el Sr. López Casas, en calidad de Director General, en la citada entrevista.

«Eso [relacionar el sobrecoste de las expropiaciones con la Ley del Suelo de 1998] es algo que tiene mucha venta en determinados ámbitos culturales indigentes de la izquierda, pero es mentira. Está aquí explicado [le muestra un documento a Jordi Évole, que le pregunta sobre lo que acaba de decir]. Sí, la izquierda española, indigente culturalmente, dice que el incremento en el valor de los terrenos viene determinado por una Ley del Suelo del gobierno popular del año 1998; eso es pura, llana y lisamente mentira. Eso han sido decisiones de los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia aquí [en el documento entregado a Jordi Évole] que dice que un metro cuadrado de terreno en la M-40 valía el año 2000 3.000 €; el juez que firma eso, o no sabe de lo que habla o está contribuyendo al incremento del valor de los terrenos y a la especulación.»

Los juzgados y tribunales españoles, efectivamente, han sido los responsables de ese sobrecoste de las expropiaciones; de lo que se olvida el Sr. López Casas es de que los juzgados y tribunales españoles aplican la ley en sus decisiones. Y no sólo sí es la Ley del Suelo de 1998 la que han aplicado a aquellas expropiaciones, sino que esas decisiones han beneficiado sustancialmente a las concesionarias al reinterpretar la literalidad de esa Ley del Suelo, rectificando los expedientes de los jurados provinciales de expropiación elaborados en 2000 (jurados creados por el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, gobernando en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y en la capital de España José María Álvarez del Manzano, por lo que dichos expedientes -que tomaron la Ley del Suelo al pie de la letra y valoraron los terrenos a expropiar como si fuesen urbanizables- difícilmente podrían atribuirse a la izquierda indigente o a algo que se le pudiese parecer).

La Sentencia 6058/2008 del Tribunal Supremo realiza un seguimiento temporal completo del recorrido de aquellos expedientes de expropiación, cuyo sobrecoste es atribuido por el Sr. López Casas a «decisiones de los juzgados y tribunales españoles»; el error de origen (la causa del sobrecoste de las expropiaciones), sin embargo, no puede atribuirse a los juzgados y tribunales españoles (que rebajaron considerablemente los costes de expropiación inicialmente previstos), ni a ninguna interpretación torticera de la Ley del Suelo por parte de la izquierda indigente. El error (lo pongo en cursiva porque el error lo es sólo para las concesionarias de las autopistas) fue aplicar la Ley del Suelo de forma literal para elaborar los expedientes de expropiación, considerando como suelo urbanizable todos los terrenos a expropiar.

Aunque nadie lo diga ahora (y mucho menos lo va a decir el Sr. López Casas), los expedientes de expropiación se realizan siempre con la mínima valoración posible. Incluso, por desgracia demasiado a menudo, por debajo de lo que marca la legislación vigente en cada momento. Quien recurra la valoración ante los tribunales conseguirá el adecuado justiprecio, y quien no recurra se quedará con lo que el órgano de expropiación haya dictado; bajo esta hoja de ruta, muchos (una gran mayoría: ¿quién se mete a litigar contra una administración pública?) propietarios aceptan la dádiva que se le ofrece en el expediente inicial de expropiación. Sólo algunos (normalmente empresas y muy pocos particulares) recurren y consiguen una valoración ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia.

Pero en el caso de las radiales madrileñas ocurrió justo lo contrario: el jurado de expropiación (compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un arquitecto de Hacienda y un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana) realizó las valoraciones aplicando el máximo valor posible a todos los terrenos. Los propietarios (que vieron cómo sus suelos agrícolas eran considerados como urbanizables) no tenían que recurrir para obtener un mayor precio: ya se lo había otorgado el jurado de expropiación al aplicar literalmente la Ley del Suelo de 1998, que relegaba el suelo no urbanizable, exclusivamente y de forma subsidiaria (artículo 9), a aquéllos terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial" (es decir, que si no gozaban de un régimen especial de protección debían considerarse urbanizables).

Aquella interpretación de la Ley del Suelo de 1998 provocó una apresurada y atropellada modificación urgente del citado artículo 9 a través del Real Decreto Legislativo 4/2000, aprobado mientras se constituían los jurados provinciales de expropiación y que introdujo un nuevo párrafo que fue declarado inconstitucional, siendo modificado de nuevo por la Ley 10/2003. Baste indicar que el Tribunal Supremo tuvo que recurrir a la exposición de motivos de esta última Ley (de 2003) para reinterpretar la literalidad (beneficiándose de esa reinterpretación las propias concesionarias hoy en quiebra) de ese artículo 9 de la Ley de 1998, tal y como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia enlazada:

"La exposición de motivos de dicha Ley expresa que, para incrementar la oferta del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los productos inmobiliarios, se persigue «la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable», exigiendo, en la redacción que finalmente da al artículo 9, apartado 2, que el criterio clasificador de la inadecuación para el desarrollo urbano se sustente en el «imperativo del principio de utilización de los recursos naturales» o en «criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa» sectorial."

Estaríamos ahora en disposición de preguntarnos quién es en realidad el indigente cultural, pero la ocasión y la osadía de López Casas bien merecen que ahondemos un poco más en este jugoso plato.

Las decisiones judiciales beneficiaron a la empresa del Sr. López Casas

Las concesionarias (entre ellas Accesos de Madrid, que obtuvo la concesión en 1999, ya con la Ley del Suelo aprobada) se vieron ante la tesitura de admitir sin más ese sobrecoste (en la sentencia enlazada, el jurado provincial de expropiación valora el suelo agrícola a expropiar en 48,21 €/m²) o recurrir todos y cada uno de los expedientes en base al precio que considerasen correcto (en el caso de la sentencia, la concesionaria consideraba que éste estaba entre 0,9 €/m² y 1,67 €/m²); y como era de esperar, los tribunales tuvieron que revisar todos los expedientes, puesto que las concesionarias los recurrieron todos.

Pues bien, los tribunales (que iniciaron los procesos de revisión a partir de 2003) rebajaron considerablemente las valoraciones iniciales de los jurados de expropiación (que empezaron a modificar también sus propios criterios ese mismo año), pasando de considerar los terrenos como urbanizables a considerarlos de acuerdo con la normativa urbanística vigente al iniciarse los expedientes de expropiación; según se indica en el caso de la sentencia enlazada, el propio jurado de expropiación rebajó la valoración de otras fincas similares a aquélla a 11,25 €/m² a partir de diciembre de 2003, aplicando al suelo rústico las expectativas de revalorización (por su afectación por las radiales y por su cercanía a zonas ya urbanas) incluidas en el artículo 26 de (otra vez) la Ley del Suelo de 1998.

Podemos preguntarnos de nuevo por la indigencia cultural del Sr. López Casas, pero insistiremos un poco más en este jugoso asunto de la liberalización del suelo y de sus consecuencias.

La liberalización del suelo como falsa lucha contra la especulación

La Ley del Suelo anterior (de 1990/1992) eliminó esas valoraciones a futuro (expectativas) para evitar la especulación; las expropiaciones se realizaban por el precio del terreno expropiado en el momento de la expropiación. Habrá quien afirme (como hizo Francisco Álvarez Cascos en Salvados unos minutos antes de la entrevista al Sr. López Casas) que esas valoraciones a futuro (como el resto de la Ley del Suelo de 1998) se introdujeron para combatir la especulación; las evidencias afirman todo lo contrario (¿o hay quien niega aún hoy la especulación inmobiliaria que nos ha llevado hasta donde estamos?), pero la ideología neoliberal no parece estar dispuesta a renunciar a sus dogmas. Tal vez la indigencia cultural haya que buscarla mucho más lejos de la izquierda de lo que el Sr. López Casas pretende ubicarla.

La predicada muerte de las derechas y de las izquierdas ha resultado ser una simple forma de eliminar a éstas para erigir como único dogma al de aquéllas, ahora rebautizadas bajo el más amable término de "liberalismo" (se apropian ya hasta de los términos progesistas), puesto que "conservadurismo" se les está quedando corto y "neonovecentismo" no es una buena marca publicitaria.

De todas formas, podemos dejar las ideologías y los dogmas apartados para ceñirnos a un mero análisis de lógica y de sentido común: los bienes expropiados por una administración lo son para realizar una obra que pueda considerarse de interés general (por ejemplo, una autopista, como es el caso que nos ocupa). El interés particular del propietario de los terrenos expropiados viene determinado por el uso que dicho propietario les esté dando en el momento en el que se pretende realizar la expropiación; si es un campo de secano (como también es el caso), se le debería pagar como campo de secano que es.

A partir de aquí (de ese valor actual del terreno expropiado), podemos introducir todas las correcciones que se nos ocurran en función de si queremos proteger más o menos los intereses particulares de los propietarios expropiados, pero tengamos en cuenta que todas las correcciones que incrementen los valores reales van en detrimento del interés general (las obras de las que se trate incrementarán su coste) y, sobre todo, tengamos muy presente que pueden ser utilizadas para obtener de la administración un valor muy superior al que se pagaría por el terreno expropiado.

Pero lo más sangrante del caso es que ese criterio de las expectativas futuras para incrementar artificialmente el valor de un terreno expropiado se reintrodujo en la Ley del Suelo de 1998 tras las quejas de gran parte del sector de la construcción por haberse restringido en la ley de 1990/1992, a su entender en exceso, la libertad para la explotación económica del suelo.

«El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado).

La nueva Ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos. El Gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguró ayer el ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda». Editorial de El Mundo del 27/03/1998.

Veamos los argumentos de se exponían en el libro de Antón Costas Comesaña publicado por La Caixa en 1997, "Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos", en una apartado destinado específicamente a la construcción:

«El amplio abanico de reglamentaciones y normativas que gobiernan la industria de la construcción en Europa y Japón constituye un excelente ejemplo de la forma en que las restricciones del mercado de productos ahogan la producción. Un crecimiento más rápido de la producción, junto con un aumento más lento de la productividad, dieron como resultado una mayor creación de empleo en Estados Unidos. 

La industria de la construcción está sujeta a numerosas regulaciones relativas al uso del suelo, la calidad de los edificios, la seguridad, los arrendamientos y los impuestos. Por muy deseables que sean estas regulaciones, afectan negativamente al volumen de la construcción, y, por lo tanto, al empleo.

[...] 

Las estrictas reglamentaciones urbanísiticas son la causa básica de este retraso [en el crecimiento de la construcción], en el sentido de que restringen la oferta de suelo comercial y residencial. Ello conduce a precios de suelo más elevados y a altos costes de construcción, que limitan el crecimiento de la producción. Establecer códigos y normas también tiene un impacto negativo sobre la producción, porque incrementa los costes materiales y laborales. Las autoridades europeas y japonesas distorsionan aún más los mercados de viviendas a través del control de los arrendamientos y de incentivos fiscales. 

Para los políticos japoneses y europeos, la implicación es que si el entorno regulador se hace más flexible es probable que aumenten la producción y el empleo en la construcción. Ello introduce la posibilidad de conflictos con objetivos sociales más amplios. Los políticos tendrían que preguntarse cuándo las restricciones sirven al bien público o cuándo simplemente protegen intereses creados».

Este mismo autor, transcurridos los años y con la crisis ya en marcha, acabaría escribiendo algo bien distinto:

«La crisis ha roto lo que creíamos saber en este último cuarto de siglo acerca de cuáles debían ser los respectivos roles de las políticas y los mercados en el gobierno de la economía. [...] A los mercados desregulados se les otorgaba la función de orientar la asignación de los recursos hacia sus usos más eficientes para promover el crecimiento económico sostenido. Se daba por hecho que ese esquema donde la política económica se orientaba a la estabilidad y los mercados a la asignación y el crecimiento, generaría de forma automática empleo y una distribución equitativa de la riqueza.

[...]

La crisis [...] nos enseña que los mercados pueden fallar de forma estrepitosa en su papel de mecanismos eficientes para la asignación de recursos. La burbuja inmobiliaria, con su secuela de elevado endeudamiento del sector privado, es el mejor ejemplo de esa falacia de la eficiencia natural de los mercados» (La torre de la arrogancia, 2012).

Aquel economista defensor de la liberalización del suelo en 1997 se ha convertido hoy en uno de esos indigentes culturales (no sé si de la izquierda, del centro o de la derecha) que tanto molestan al Sr. López Casas.

Las deudas que provocaron el concurso de acreedores de las concesionarias

Recordemos que, según su propio Director General, los principales accionistas de la empresa Accesos de Madrid, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, son cuatro: Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Sus principales deudas son a los bancos (650 millones de euros), a los constructores de las radiales (300 millones de euros) y a los propietarios a los que se les expropiaron sus fincas para construir las autopistas (600 millones).

«No se crea usted que esto lo van a pagar ni los accionistas de Abertis, ni los de ACS, ni los de Sacyr, ni los de Cajamadrid: lo vamos a pagar los españoles.»

Según el propio Director General de Accesos de Madrid, los únicos que han podido cobrar han sido los constructores de las radiales, que fueron ACS, Sacyr, FCC y OHL; además, según las noticias que se dieron en el momento de declarar el concurso de acreedores, de las 30 entidades financieras acreedoras, Bankia actuaba como agente de las demás, de lo que se desprende que este socio es el principal acreedor.

Así pues, tenemos que una parte sustancial de las deudas que han llevado a la quiebra a Accesos de Madrid corresponden a tres de sus cuatro socios y que al menos dos de ellos (tres si tenemos en cuenta que FCC también estuvo en el consejo de administración de Accesos de Madrid hasta marzo de 2010) ya han cobrado al menos 900 de los 1.200 millones de euros que costó (según su Director General) construir las autopistas.

Así pues, los accionistas de Accesos de Madrid no van a pagar "esto", pero sí lo han provocado. ¿Impunidad? ¿Poder? Veamos.

No sabemos con quién estamos hablando

José Antonio López Casas, Director General de Accesos de Madrid y castigador de indigentes culturales y comunistas, figura en los órganos de administración de al menos otras siete empresas concesionarias de otras tantas autopistas (Alazor Inversiones, Autopista del Henares, Infraestructuras y Radiales, Erredosa Infraestructuras, Ciralsa, Autopista Trados 45 y Castellana de Autopistas), además de haber estado también como apoderado de Iberpistas y como consejero de Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española.

Además, es socio único de Doñana de Silva Golf (gestora hasta 2033 del campo de golf de Matalascañas, en Almonte) y participa, cómo no, en empresas del sector inmobiliario como El Olivar de San José (también como socio único) o Domus Taller Inmobiliario y en al menos una empresa de inversiones llamada Taller de Gestión Empresarial.

Es obvio que es un señor importante o que, al menos, se codea con señores importantes. La indigencia (cultural, económica o de cualquier otra clase) ha de buscarla lejos de sus contactos y amistades, o al menos lejos de quienes pueden, como el alcalde popular de Almonte (Huelva), darle de comer con el dinero de los demás (la gestión del campo de golf de Matalascañas incluye seis años de carencia: vista su experiencia empresarial, lo que cabría preguntarse ahora es cómo confía un alcalde a este señor una concesión de veinte años sin hacerle pagar los primeros seis).

La televisión que nos merecemos los valencianos

Cuando el cierre de la Radio Televisión Valenciana se haga efectivo (dicen que para finales de año o incluso puede que para finales de este mes de noviembre), los valencianos tendremos, por fin, la televisión autonómica que nos merecemos: ninguna.

Una sociedad que, mayoritariamente, se guía en sus tradiciones y en sus señas de identidad mirando con envidia y de reojo al norte y buscando temerosamente la aprobación mesetaria del oeste, no se merece tener una televisión pública propia, y menos aún si esa televisión es utilizada no con una función de servicio público, que es para lo que fue creada, sino como un instrumento de propaganda y manipulación del partido político de turno o, lo que es aún más grave, como un medio para ocultar la corrupción y la financiación ilegal de los dirigentes de la Generalitat Valenciana.

Los 1.217 millones de deuda que arrastra RTVV tras una pésima gestión económica desde que Eduardo Zaplana pusiese al frente de esta empresa pública a Juan José Bayona (allá por 1995) y a José Vicente Villaescusa (1996-2004) han sido la causa del cierre definitivo del único medio de comunicación de masas que ofertaba contenidos en valenciano; la excusa, sin embargo (¿cómo va a reconocer un político español, y mucho menos uno valenciano y de derechas, que lo han hecho tan mal que se han visto obligados a cerrar una televisión por su pésima gestión?), no han sido esos 1.200 millones de euros, sino la extraña manía que tienen los trabajadores de reclamar ante la justicia las injusticias impuestas por quienes se creen dueños y señores de su particular taifa autonómica: los responsables, según el Molt Honorable Alberto Fabra, son los 40 millones de euros que costaría readmitir a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente en un ERE que se quería cepillar a más del 60% de la plantilla.

Pero al margen del cierre en sí de esta televisión autonómica, el debate se ha ampliado a la necesidad o no de mantener la maraña de televisiones autonómicas públicas nacidas al albur del "café para todos" de los felices años 80 del siglo pasado; al echar un vistazo al actual panorama televisivo podrían realizarse, no sin falta de razón, las afirmaciones que muchos españoles (unos de forma interesada y otros por mero convencimiento de que sería hoy la mejor opción) hacen sobre las televisiones públicas: deberían cerrarlas todas.

Este debate acerca de la necesidad o no de las televisiones públicas proviene de los círculos neoliberales, ideología predominante entre las clases dirigentes (en las actuales y en las pasadas, aunque antaño tuviera otra denominación): lo público requiere de impuestos, y quienes más tienen suelen tener poca predisposición a facilitar (por obligación, a través de la fiscalidad) la vida de quienes menos tienen. El argumento tiene su atractivo: si existe una oferta suficiente de televisiones privadas, ¿por qué hemos de destinar nuestros impuestos a tener otra televisión más, cuando podríamos destinarlos a sanidad, a pensiones o a educación?

Y si mirásemos al principal conglomerado audiovisual de titularidad pública del país (TVE), que arrastra una deuda de más de 7.500 millones de euros, podríamos coincidir plenamente con ese argumento: si bien TVE pudo tener su justificación hace unos años, hoy, con la entrada y la consolidación de las televisiones privadas, empieza a carecer de sentido y es un lastre para el bolsillo de los españoles (un lastre que se verá notablemente acrecentado con la absurda prohibición, fruto de las presiones de los medios de comunicación privados, de la principal fuente de financiación de una televisión, sea pública o privada: la publicidad; una medida que, en manos de quienes abogan por la privatización de todo lo público, acabará resultando, más pronto o más tarde, en la justificación perfecta para echar el cierre de TVE).

En definitiva, las cuestiones a dilucidar serían si una televisión pública como TVE nos aporta algo a los españoles que no puedan aportarnos las numerosas televisiones privadas que emiten en la actualidad y si merece la pena destinar una parte de nuestros impuestos a ese algo si la primera cuestión es afirmativa; en el caso de TVE, como en el de cualquier otra televisión pública, podríamos responder a la primera cuestión con el derecho a estar informados objetiva e imparcialmente, pero personajes como Urdaci y su C-C-O-O no nos ayudan lo más mínimo a sostener ese argumento: la opinión más generalizada, responda ésta a la realidad o no, es que TVE, como Canal 9 a nivel autonómico, se ha convertido en un instrumento de propaganda política al servicio del partido gobernante. Se nos caería así, de buenas a primeras y por la vía de los hechos, el argumento del derecho a una información objetiva e imparcial.

En una época de crisis como la actual, donde los problemas más acuciantes afectan incluso a la alimentación de los hijos de muchos españoles o a los servicios sanitarios, mentar la cultura, más allá de la que pueda adquirirse en los también afectados centros educativos del país, para argumentar a favor de la necesidad de una televisión pública tampoco resulta fácil: ¿a quién le importan los animales de la sabana africana, los pueblos españoles recónditos o la arquitectura románica si la cuesta de Enero llega hasta Diciembre, si los medicamentos para la tos no los cubre la sanidad pública o si las becas y ayudas al estudio están desapareciendo casi por completo? La cultura y el resto de información que no cubren las televisiones privadas ha dejado de ser, para muchos, un elemento de desarrollo personal e intelectual, pasando a convertirse en un gasto superfluo que podría destinarse a mejorar otros aspectos vitales mucho más prioritarios. Y tampoco aquí podemos hacer nada: si es cuestión de prioridades, la alimentación, la salud y la educación son, sin duda, mucho más importantes que conocer las formas de vida de los aborígenes australianos.

Llegados a esta encrucijada de la línea argumental, ya estamos perfectamente encaminados hacia la dirección privatizadora o liquidadora; no voy a extenderme en los errores argumentales cometidos hasta llegar a este punto, porque en el caso de las televisiones autonómicas (y de la valenciana en particular) hay un argumento que he omitido conscientemente (también lo hacen quienes aplauden el cierre o abogan por la privatización) y que, como se verá, es la principal razón de ser de algunas (no todas) de las televisiones autonómicas que estamos manteniendo en España. Pero sí voy a citar brevemente, aunque sólo sea para que cada cual reflexione hasta qué punto los tiene interiorizados, dos de esos errores argumentales que nos han llevado hasta este punto (considerar como secundario el derecho a una información objetiva e imparcial): falsas dicotomías y confusión malintencionada de términos.

Empezaré por este último error: para eliminar de la ecuación el derecho a la información objetiva e imparcial se opta por la vía del descrédito, confundiendo de forma consciente la gestión de un medio con la necesidad o no de mantenerlo. Es decir, que si un medio de comunicación se gestiona como se ha gestionado Canal 9 (que, por qué no decirlo claramente, ha perdido toda su objetividad y se ha decantado descaradamente hacia una parte), se llega a la conclusión de que ese medio ya no es necesario; se evita de esta forma poner en un aprieto a los gestores, que acaban considerándose una especie de héroes que han intentado mantener el medio a pesar de no ser necesario.

Las falsas dicotomías vienen por otra parte, pero acaban confluyendo en esa confusión malintencionada de los términos; sin una época de crisis como la actual, esas falsas dicotomías habrían provocado seguramente otra reacción muy distinta entre los otros medios de comunicación que ahora han aplaudido el cierre de Canal 9, pero la realidad española de 2013 es la que es y los medios de comunicación han reaccionado como han reaccionado. La elección entre sanidad o información, entre educación o información o entre pensiones e información, argüidas por quien ha decidido cerrar la televisión autonómica valenciana, ponen el derecho a la información en un nivel de inferioridad respecto a otros derechos; es un derecho secundario y, por lo tanto, hemos de elegir entre ese derecho y otros derechos primarios. En definitiva, estamos aceptando que la información objetiva e imparcial, en épocas de crisis económica, deja de ser fundamental para el ciudadano; o, para ser más claros, estamos aceptando que la ignorancia o la información sesgada nos van a ayudar a salir de la crisis.

Pero retomemos el camino (ya teníamos prácticamente decidida la dirección que debíamos tomar) y miremos hacia atrás antes de dar el último paso.

Las tres primeras televisiones autonómicas que emitieron en España fueron la vasca (1982), la catalana (1983) y la gallega (1985); después (a partir de 1989) llegarían todas las demás. Repitamos las tres primeras: vasca, catalana y gallega. Sí, coinciden en singularidades no cubiertas por la hasta entonces única televisión pública española: la oferta de contenidos emitidos en las otras lenguas oficiales de nuestro país.

La televisión autonómica vasca se creó "como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del euskera" (preámbulo de la Ley 5/1982 del País Vasco) y para "la promoción de la Cultura y lengua vasca, estableciendo a efectos de la utilización del euskera, los principios básicos de programación teniendo presente la necesidad de equilibrio a nivel de oferta global de emisiones radiotelevisivas en lengua vasca en la Comunidad Autónoma" (artículo 3.h de la misma Ley); a la televisión autonómica gallega se le encomendó "la misión de servicio público consistente en la promoción, difusión e impulso de la lengua gallega" (artículo 1.1 de la Ley 9/1984 de Galicia).

La emisión de contenidos en las otras lenguas oficiales de España sigue sin cubrirse hoy al margen de aquellas tres televisiones autonómicas públicas; hasta ahora, también Canal 9 suplía esa ausencia. Hay abierta una brecha (lo ha estado siempre) en la línea argumental que nos quiere llevar hasta la privatización o la desaparición de algunas televisiones públicas autonómicas: sigue sin existir esa cobertura por parte de la iniciativa privada. Pero los valencianos somos tan sumamente idiotas que vamos a aplaudir el cierre de Canal 9 y vamos a prohibir, con los mismos argumentos patéticos de siempre, que TV3 pueda emitir en nuestro territorio.

Como reza el título de esta entrada, los valencianos, todos unos artistas en el arte del "mesinfotisme" (que traducido sería algo así como "melarepamplismo"), vamos a tener por fin la televisión (y la lengua va a seguir sus mismos pasos) que nos merecemos: la que nos quieran otorgar las autoridades de la Meseta. Siempre que no sean, por supuesto, las mismas que tienen nuestros vecinos del norte.

Benafigos es mor... ¿o l'estan matant?

Principis dels anys 80 del segle passat. Ens diuen que han de tancar l'escola de Benafigos. L'alcalde diu que no es pot fer res per a evitar-ho; els pares s'uneixen i aconsegueixen mantenir l'escola. El 1988 vaig acabar l'EGB (estes sigles potser ja no els diguen res a molts: significaven Educació General Bàsica) a Benafigos. La meua germana gran (nascuda quan van intentar tancar l'escola per primera vegada) ja no va poder acabar-la al poble: els anys 90 els van llevar la raó als nostres pares (com va dir l'alcalde, no es podia fer res: només era qüestió de temps) i van dur el tancament de l'escola de Benafigos, de manera que tindria que acabar els seus estudis primaris a Atzeneta (a 11 Km.). ¿Transport públic entre ambdos pobles? El dilluns i el divendres un autobus d'anada a les 6 del matí i un de tornada a les 5 de la vesprada. Alguns dels meus companys d'escola, davant les primeres amenaces de tancament, tampoc van acabar l'EGB a Benafigos: els seus pares van tindre que gastar-se diners en un internat a Benassal per a què acabaren els tres darrers cursos allà, a més de 40 Km. de sa casa. Els nostres pares van anar abandonant l'agricultura com a principal mitjà de vida per a buscar feina a les fàbriques de taulells dels voltants de l'Alcora (a quasi 40 Km. de Benafigos); però si treballes fora del poble i als teus fills els obliguen també a estudiar fora, ¿quin sentit té mantenir la residència a un poble com Benafigos? Els pares que no se'n van anar a Castelló de la Plana van buscar casa a l'Alcora o a poblacions veïnes de l'Alcora: buscaven un futur estable per als estudis dels seus fills, doncs si l'escola de Benafigos desapareixia, ningú podia assegurar que la següent no fós la d'Atzeneta (i estos darrers anys ja han amenaçat amb el seu tancament: donats els antecedents, només serà qüestió de temps que l'amenaça es fage realitat).

Aquell tancament de l'escola, ja amb dos germanes, i la sensació de què res era ja segur als pobles, ens van convertir en emigrants amb destí a la capital de la província: la meua germana gran va haver d'acabar els estudis a Castelló, i la meua germana menuda ja no va conéixer l'escola de Benafigos. Poc a poc, quasi tots els pares (i els seus fills, clar) van abandonar Benafigos, que es va anar convertint en un poble amb més d'un 50% de població jubilada (la mitjana de persones jubilades a la província de Castelló era el 2007 del 16%).

Moltes vegades, davant esta societat que tot s'ho mira baix l'aspecte de la rendibilitat econòmica, m'he preguntat quin futur els espera als pobles que, com Benafigos, es converteixen en el lloc de residència dels qui ja han acabat la seua vida laboral; és a dir, el futur dels pobles que no generen riquesa a l'Estat, sinó que són poblacions que només generen despeses. I esta crisi m'ha donat la resposta: l'Estat (siguen qui el dirigeixen de dretes o d'esquerres) no té reservat cap futur per als pobles com Benafigos: el seu destí, com a font generadora de despeses per a l'Estat, és el despoblament total i absolut.

Si amb l'eliminació de l'ensenyament van aconseguir deixar sense xiquets (una despesa massa gran per a l'Estat) als pobles menuts com Benafigos, ara toca deixar-los també sense jubilats (l'altra despesa, també massa gran, per a l'Estat). ¿Com? Si amb els xiquets els va funcionar eliminant la seua principal necessitat (l'ensenyament), eixe mateix escenari és el que hauria de funcionar també amb els jubilats: eliminar la seua principal necessitat.

Dilluns, dimecres i divendres poden anar els jubilats de Benafigos al metge (puja des d'Atzeneta, igual que passa a Xodos); la resta de dies han de desplaçar-se a Atzeneta si es posen malalts. Fins ara, junt al metge pujava algun ATS que atenia qüestions que no requerien la presència del metge, de manera que les dos hores que estava obert el consultori donava per a atendre a tots els malalts.

Esta setmana ja ha deixat de pujar l'ATS perquè la Conselleria ha deixat de rellevar-los per a poder donar este servei fora del centre de salut d'Atzeneta. A ningú, ni a València ni a Madrid, els interessa el més mínim un poblet com Benafigos generador de despeses.

Així doncs, morim com a poble abans que ens maten: no ens ho agraïran, però serem una despesa menys per a Madrid i per a València.

"És l'economia, idiota", que diria Bill Clinton.

De noticias indignantes

Cada día que pasa me cuesta más trabajo escribir algo sensato; la insensatez de las noticias de la vida cotidiana parece que se me está pegando. Empiezo una entrada y, mientras busco información con la que respaldar mis argumentos, me encuentro con un continuo goteo de noticias que me llevan primero a más indignación y, tras una avalancha de más y más noticias en el mismo sentido (recortes económicos, recortes de derechos, corrupción y más corrupción...), me acaban abocando al cabreo. Escribir bajo los efectos de la indignación suele dar como resultado razonamientos de más o menos sentido común; pero escribir cabreado no es una buena idea: la visceralidad no es una buena consejera.

Nuestros amigos los banqueros

Mientras por las calles de nuestras ciudades se ve a la gente, de todas las edades, caminando cabizbajos, a veces incluso aparentemente sin rumbo, las declaraciones que nos llegan de los grandes capitostes del sistema financiero (una de las últimas que he oído, la del presidente de Kutxa Bank, Mario Fernández Pelaz) nos muestran a un sector altivo, cínico, prepotente como nunca. Según Mario Fernández Pelaz, Kutxa Bank ha colaborado en la salvación de los españoles (rescató a una caja -Caja Sur- en quiebra; habrá que darles las gracias por el pastón que pagaron -2.000 millones de euros- para duplicar sus activos -48.800 millones de euros tras la adquisición- y recibir casi 400 millones de euros de ayudas de nuestros impuestos); pero no contento con predicar a los cuatro vientos las bondades de su entidad, se ha atrevido incluso a decir que la sentencia del Tribunal Supremo que considera nulas las cláusulas suelo (las de los demás: las suyas no las van a anular porque no se consideran obligados a anularlas) es «absolutamente desafortunada» y, jurídicamente, es un auténtico dislate. Por suerte, Mario Fernández Pelaz no es juez (porque es parte).

Pero si todo lo anterior debería servir para inhabilitarlo como gestor por estar viviendo al margen de la realidad de sus propios clientes, el ejemplo que ha dado sobre las cláusulas suelo no es que me haya parecido «absolutamente desafortunado», sino que me ha parecido un intento patético -y tal vez efectivo: si algo hemos demostrado los españoles es que nos dejamos engañar mansamente con cualquier argumento superficial si lo pronuncian desde algún altar- de demostrar por la vía de las mentiras su crítica a la sentencia del Tribunal Supremo. Según Mario Fernández Pelaz, resulta que a un español -ya saben todos que el español de a pie es idiota- es más fácil explicarle que va a pagar entre un 2,5% -cláusula suelo- y un 5% -cláusula techo- de interés por su hipoteca que intentar explicarle qué es el EURIBOR o dónde puede encontrar la página 45 de Bloomberg; el ejemplo podría pasar por válido si esas fuesen las condiciones -entre un 2,5% y un 5% de interés- de las hipotecas de los idiotas españoles que adquirieron una vivienda por encima de sus posibilidades. Sólo hay un pero: el tipo de interés máximo que aplicaban nuestros amigos los banqueros -referenciados, por cierto, al EURIBOR publicado en la página 45 de Bloomberg- no era del 5%, sino del 15%; y eso es, entre otras cosas, lo que los hacía susceptibles de ser abusivos.

Aunque tampoco es de extrañar esa altanería y ese cinismo entre nuestros amigos los banqueros si nos atenemos a lo ocurrido con Miguel Blesa, banquero amiguísimo del PP, a quien el Estado, a través de la fiscalía, no dudó en ayudarle a salir de la cárcel para evitarle un mal trago.

La coyuntura educativa está jodida

Pero dejemos comiendo aparte a nuestros amigos los banqueros (a quienes la Fiscalía General del Estado quiere salvar a toda costa) y vayamos a otras cuestiones más cercanas. Las reuniones de final de curso nos devuelven a la realidad de los recortes en la educación de nuestros hijos. Hace dos años había establecido un ratio de 25 niños por aula; el año pasado se colaron hasta 28 niños por aula (las autoridades educativas arguyeron medidas coyunturales -hermanos sin plaza en otros colegios, traslados forzosos por cuestiones laborales de los padres una vez iniciado el curso...-: jamás reconocieron que era una cuestión proveniente de la nueva política de masificación de aulas para reducir profesores); para el año que viene ya nos han anunciado que serán 31 niños por aula (eso a principios de curso: si todo va como este año, una vez iniciado serán 33 ó 34 por nuevas coyunturas desfavorables). Las autoridades educativas siguen arguyendo que se trata de algo coyuntural (otra vez las mismas excusas: hermanos sin plaza, gemelos inseparables...); son 6 niños (ampliables a 8) más por aula en apenas dos años -y estoy hablando de cursos ya iniciados, no de las aulas de los niños que entran por primera vez al colegio-. Como quien no quiere la cosa, llegaremos a los 40 niños por aula el año que viene por cuestiones meramente coyunturales. Las mentiras les salen gratis a nuestros políticos; como a nuestros amigos los banqueros.

En las reuniones de final de curso, padres y profesores compartimos nuestra preocupación por cómo están afectando los recortes educativos en la enseñanza de nuestros hijos y sus alumnos. La última huelga educativa fue la primera que llevé a mis hijos al colegio en día de huelga. Ningún profesor hacía huelga. Ningún padre más quería hacer huelga. Ese día mis hijos recuperaron todo lo que perderán durante los próximos años por las nuevas políticas educativas de masificación y recortes. Estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, qué duda cabe; al menos por la educación que pierden en un día de huelga. Lo que puedan dejar de aprender durante sus próximos diez años con recortes... son problemas coyunturales.

Por curiosidad, intenté comparar la inversión por alumno en distintos países europeos. En 2007, Finlandia invertía 7.100 € por alumno de ESO; España 6.010 €. Intento corroborar los datos en el Ministerio de Educación (informe de 2011, datos de 2007): en España, 7.258 € por alumno de secundaria; en Finlandia 6.509 €. No entiendo nada. Lo intento corroborar en el Banco Mundial, según los datos de la UNESCO: Finlandia invirtió un 30,7% de su PIB per cápita (más alto que en España) en 2007 en educación secundaria; España, un 24,1%. Lo intento trasladar a euros según los datos de renta per cápita de ese año (34.000 € para Finlandia, 23.500 € para España): me salen 10.438 € para Finlandia y 5.663,50 € para España. Sigo sin entender nada. Será un problema coyuntural con los datos. Lo dejo estar para no cabrearme más con el único organismo que afirma que en España invertimos en educación más que Finlandia; lo dice nuestro Ministro estrella con apellido alemán, Wert, que está empeñado en españolizar a los catalanes y en mantener en la inopia a todos los españoles. Amén pues.

Alcaldes metidos en "fregaos"

No es noticia en este país de corruptos que a un alcalde le requiera un juez para que se explique por alguna actuación con clara apariencia de delito; en Castellón, como en el resto de esta comunidad autónoma -con una multitud de políticos imputados en varias causas por haber repartido el dinero público entre sus amigos, familiares y compadres- repleta de caciques políticos que han campado a sus anchas sin que el sistema democrático al que decían servir pudiese (o quisiese) pararles los pies antes de vaciar los bolsillos de sus apesebrados y complacientes administrados, no podíamos ser menos. Y ahí tenemos -como en Alicante y como, seguramente en pocos días, en Valencia- a nuestro alcalde imputado en un caso de corrupción .

Sin embargo, la novedad es que nuestro alcalde ha renunciado (aunque sea temporalmente) a uno de sus cargos políticos; eso sí: ha renunciado al cargo (presidente del Partido Popular en Castellón) del que (salvo que medie algún sobre) no cobra de nuestros impuestos, manteniéndose (como imputado) al frente de la alcaldía (de donde cobra más de 80.000 € al año de nuestro dinero). Y he aquí el futuro de nuestros políticos imputados (de los que se preocupan por lo que podamos decir sus administrados: los hay que lo que digan los demás les trae al pairo): anunciar la renuncia de un cargo menor y seguir llevándose el dinero de todos a su casa.

Así que vayan olvidándose ustedes de una regeneración de la política de nuestro país, porque los políticos ya han encontrado la forma de purgar sus delitos ante sus administrados sin que ello suponga renunciar a vivir de ellos: seguirán llevándose nuestro dinero a sus casas (el que les corresponde y el que no), pero tendrán un cargo al que renunciar. Y saldrá en prensa su renuncia, y los administrados aplaudirán... y el político seguirá metiendo las manos en nuestra caja como si nada hubiese pasado.

¿Y saben lo peor de todo? Que en este país, los políticos creen que sus administrados son idiotas, y la realidad es que es así: los que no son idiotas se lo hacen; y el resto son antisistemas, terroristas y nazis.

El gran problema de nuestra política no son, en definitiva, los políticos, sino los políticos que se creen imprescindibles y los administrados que les hacen creer imprescindibles. ¿O creen que un Castellón sin Alfonso Bataller, una Comunidad Valenciana sin Alberto Fabra o una España sin Mariano Rajoy dejarían de funcionar? Ningún político es imprescindible; deberían recordarlo en voz alta al tomar su cargo y jurar sobre la Constitución. Y deberían recordárselo en cada reunión sus propios compañeros de partido en el momento en que un juez le imputara un delito de corrupción. Este es el primer paso, imprescindible, para acabar con la extendida corrupción política que está afectando a este país.

Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

Esta Europa ya no sirve para nada

“No hay que confundir a un país con su Gobierno: la canciller Merkel lidera al partido más fuerte, pero por sí sola no tiene mayoría. Así que no son los alemanes: es ese Gobierno alemán quien impone esa política de austeridad a ultranza con la que no estoy de acuerdo: los recortes por sí solos no generan ni crecimiento ni confianza. Mi propuesta es combinar la necesaria disciplina con estímulos estratégicos para que vuelvan el crecimiento y el empleo. Esa política de cortar, cortar y cortar no es cosa solo de Merkel. El Consejo Europeo, unánimemente, está de acuerdo con la canciller. Hay 27 primeros ministros que aprueban esa receta. Sin fisuras. Ese es el drama.”

Son las primeras palabras de Martin Shulz (no he leído más: su opinión tiene, al parecer, el mismo peso que la mía) en una entrevista publicada por El País bajo un titular elocuente, aunque excesivamente optimista: “El proyecto europeo está amenazado”. En realidad, el proyecto europeo ya no existe, y esas palabras del Presidente del Parlamento Europeo (única institución a la que votamos los ciudadanos europeos cada cinco años) son la demostración de la muerte de esta Europa: su única institución democrática no sirve para nada; son otros quienes deciden el futuro de los ciudadanos europeos, son otros quienes tienen la sartén por el mango.

Las preguntas, por lo tanto, son muy claras: ¿para qué pagar a unos parlamentarios que no pueden decidir absolutamente nada? ¿Para qué pagar unas instituciones que lo único que pueden hacer es patalear como lo puede hacer cualquiera desde una cuenta de Facebook?

Háganse elecciones europeas si se quiere mantener esta mentira de la Europa de los ciudadanos. Pero que a esos parlamentarios se les haga trabajar desde su casa, de forma gratuita, simplemente abriéndoles una cuenta oficial en cualquier red social de su elección en la que puedan patalear todo lo que quieran. Si es eso lo único que pueden hacer, no necesitan ni una sede ni un sueldo: es lo que hacemos cualquier ciudadano indignado (o hasta los cojones) con lo que deciden quienes tienen la sartén por el mango.

Y otro tanto podríamos decir del resto de instituciones europeas; el Consejo Europeo es otra farsa más. Ya se hacen reuniones bilaterales entre los 26 y Alemania; reunirse los 27 en una sede para aceptar lo que diga Alemania no es más que otro gasto que nos podríamos ahorrar.

Y de la Comisión Europea, ¿qué decir de la Comisión Europea? Que les paguen las grandes escuelas de economía neoliberal, las empresas o los grandes bancos, que son quienes deciden sus directivas, sus recomendaciones y toda su normativa. Que el parlamento alemán o alguna universidad de élite les cedan alguna sala en la que reunirse y nos ahorraríamos otra sede más.

Como la del Banco Central Europeo, que ni es banco, ni es central, ni es europeo.

Para las próximas elecciones europeas, a nosotros, como a los parlamentarios que tenemos que elegir, sólo nos quedará el derecho al pataleo: el voto en blanco o un voto nulo repleto de insultos.

Menuda Europa han creado.

Economistas y sinvergüenzas manipulando hojas de cálculo

El National Bureau of Economic Research publicó en 2010 una de las grandes demostraciones económicas del siglo XXI: la deuda pública excesiva (a partir del 90% del P.I.B.) provoca recesión según los datos históricos disponibles. Consecuencias inmediatas: el neoliberalismo, la teoría económica dominante en los grandes centros de decisión y cuya mayor prioridad es reducir los estados a la mínima expresión, veía confirmadas sus teorías en base a experiencias pasadas.

Por lo tanto, la prioridad absoluta para evitar las recesiones económicas quedaba perfectamente definida: la deuda pública debía estar controlada en todo momento. Se acabaron las políticas de gasto público para reactivar el crecimiento: quedaba demostrado empíricamente que esas políticas socialistas provocaban el efecto contrario al deseado.

Tabla contenida en el informe del National Bureau of Economic Research. Los neoliberales demostraron en 2010 que la deuda pública por encima del 90% provoca recesión según los datos disponibles (1946-2009) para los países occidentales.

En España incluso aprobamos una modificación de nuestra Constitución para prohibir déficits públicos excesivos (la deuda pública se utiliza para cubrir los déficits públicos ante caídas de la recaudación o para acometer gastos públicos de cierta envergadura cuya rentabilidad económica tiene un retorno a largo plazo); y todas las políticas de contención del déficit público (los recortes) impuestas en Europa a los países rescatados (Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y, por supuesto, España) provenían de la misma teoría.

Todo era mentira.

Los datos reales muestran que de la supuesta recesión (-0,1%) provocada por el excesivo nivel de deuda pública pasamos a un crecimiento medio del 2,2%.

Los datos históricos no demuestran una correlación entre deuda pública y recesión. Ni para niveles de deuda pública del 90%, ni para niveles del 120% y ni tan siquiera para niveles superiores al 150%. Carmen R. Reinhart y Kenneth S. Rogoff (los autores del informe) hicieron trampas para demostrar que sus teorías eran ciertas. Ese -0,1% que se muestra en la primera línea de la tabla anterior (esa es la demostración empírica del efecto contraproducente de las deudas públicas excesivas en los países desarrollados) es en realidad un 2,2%; Carmen y Kenneth se olvidaron de incluir algunos datos, omitieron otros y utilizaron las medias según la fórmula más beneficiosa para demostrar sus prejuicios, tal y como han demostrado los estudiantes Herndon, Ash y Pollin en el estudio enlazado.

Todas las grandes teorías de la conspiración funcionan de la misma forma: se presuponen unas conclusiones (el intervencionismo estatal en la economía es perjudicial para el bienestar de las personas) y se intentan demostrar esas conclusiones a costa de lo que sea. Y las teorías neoliberales se están mostrando muy cercanas a una teoría de la conspiración cualquiera: los autores del informe admitieron los errores empíricos en el Wall Street Journal, pero se negaron a admitir que las conclusiones a las que llegaron puedan ser, en consecuencia, erróneas:

"Do Herndon et al. get dramatically different results on the relatively short post war sample they focus on?  Not really.  They, too, find lower growth associated with periods when debt is over 90%".

No olvidemos que, en el mundo económico neoliberal, este es el segundo de los datos empíricos en los que se sostienen las teorías económicas predominantes que se desmorona en pocos meses; primero fue el índice que se utilizaba para demostrar el limitado (o incluso nulo) efecto de los recortes presupuestarios en el Estado sobre el resto de la economía (se utilizaba un índice que minimizaba dichos efectos) y ahora nos encontramos con esta burda manipulación en los datos estadísticos que han servido para limitar la maniobrabilidad de los estados ante las crisis económicas del sistema capitalista.

Tomando aisladamente cualquiera de los dos errores podríamos pensar que se trata simplemente de eso: dos errores. Sin embargo, desde los grandes centros de decisión económica se siguen manteniendo las mismas políticas de recortes presupuestarios y reducción de los estados antes y después de comprobarse los errores: las conclusiones, demostradas con dos errores, permanecen invariables.

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que estamos siendo dirigidos hoy por una especie de secta económica totalmente irracional y obsesionada con un enemigo (los estados) al que pretenden aniquilar a costa de lo que sea y llevando a la ruina, si fuese necesario para conseguirlo, a millones de trabajadores.