La iaia lluitadora

Li va tocar viure la seua infantesa al lloc equivocat en el moment equivocat; d'una família de dretes, li va pillar la Guerra Civil espanyola en territori republicà i va arribar a viure amagada a una cova entre Benafigos i Culla, alimentant-se de les mamelles d'una cabra.

A son pare el van enllistar a l'Exèrcit de la República i el van enviar al front de Madrid, a la 1ª Companyia 438 BON 108 B.M.; quan el General franquista Rafael García Valiño estava assetjant els pobles veïns de Benafigos, els va dir als seus superiors que se'n tornava al seu poble. El van afusellar per deserció a L'Escorial dos setmanes abans de què la 1ª Divisió Navarresa entrara a Benafigos, deixant orfa a una xiqueta de 10 anys.

Casualitats de la vida (o no), als 18 anys es va casar amb el fill d'un sindicalista de l'U.G.T. que va ser jutjat per roig a la Causa General i va estar empresonat a la presó de Borriana; alguna vegada ens van contar que, més endavant, en plena dictadura, escoltaven d'amagades els discursos a la BBC de La Passionària i de Carrillo gràcies a una ràdio que es van comprar.

Va viure una República, una Guerra Civil, dos dictadures i l'actual democràcia; va votar a Suárez, a Felipe González, a Aznar, a Zapatero i a Rajoy. Com m'auelo, ella pensava que els què manen han d'anar canviant de tant en tant. Això sí, mai li va perdonar a Zapatero -al President de la Memòria Històrica- que li negara la pensió d'orfandat que li corresponia per l'afusellament de son pare; tampoc jo ho vaig entendre mai.

Va dedicar tota la seua vida, sempre acompanyada pel seu marit, a l'agricultura i a dur endavant a la seua única filla; fa quasi 9 anys es va quedar vídua i va quedar molt tocada anímicament, però amb la seua força i la il·lusió de veure créixer als seus cinc besnéts es va sobreposar a un trencament de maluc, a una embòlia pulmonar, a la hipertensió i a tantes altres tecles que qualsevol altra persona no haguera pogut superar mai.

Ahir, i després d'un mes lluitant per la vida -un entollament de pulmó, una bronquitis i un ictus-, el cos li va dir prou; quan el dia 14 de maig va entrar a l'Hospital per enèsima vegada ja em va dir -m'ho diria més d'una vegada- que d'eixa no n'eixiria, tot i què jo li insistia en què totes les proves li estaven eixint bé i què, amb paciència, ho superaria una vegada més. Vaig intentar mantindre-la animada ajudant-la a alçar-se per a anar al vàter -em donava la sensació què ella pensava que mentres puguera anar al vàter hi havia esperança-, però jo també notava que les forces l'anaven abandonant a poc a poc.

El dilluns ens van dir els metges què esperarien una millora un dia més i, si no, la morfina; el dimarts de bon matí encara la vaig sentar al vàter, per a provar una última vegada si hi havia millora i, sobretot, per a intentar que ella -que ja no tenia forces ni per a parlar- mantinguera l'esperança. Però res. Encara va lluitar tres dies més, però ahir el seu cos va dir prou.

Avui l'hem enterrada junt al seu inseparable marit. Avui tornen a estar junts els meus iaios.

Vos trobarem a faltar, iaios.

Wertgüenza de periodistas guerracivilistas

Empecemos por Pío Moa, no por su condición de periodista, sino por su actual visión de la Historia de España (otros antes, por convicción o para sobrevivir al régimen dictatorial, ya la tuvieron), y más en concreto de la Guerra Civil (una visión que está calando, por cuanto les exime de cualquier culpa, entre los herederos ideológicos de aquellos golpistas): el golpe de Estado del General Franco en 1936 no fue el inicio de aquella guerra, sino que fue la consecuencia –necesaria, inevitable– de las políticas izquierdistas anteriores, de la ilegitimidad de los gobiernos socialistas y, sobre todo, se trató de la reacción lógica y esperable al verdadero inicio de la Guerra Civil española. ¿Y cual fue el inicio real de aquella guerra según esta visión de la Historia? Pues las revueltas sociales de 1934.

Hoy (en realidad desde que Aznar perdió las elecciones en 2004), esos herederos ideológicos de los militares golpistas del 36 están intentando preparar el terreno para volver a justificar otro golpe de Estado y poder así responsabilizar del mismo no a los sublevados, sino a la intolerable progresía socialista o al inadmisible totalitarismo comunista: el orden, la paz social, el futuro de España, podría requerir un mandato –militar o civil– con restricción absoluta de las libertades democráticas, y estos periodistas están preparando las hemerotecas para que futuros historiadores de la talla de Pío Moa puedan comprobar cómo un posible golpe de Estado de ideología fascista sería siempre responsabilidad de las ideologías contrarias.

El Mundo, La Razón y La Gaceta, y también –aunque en menor medida– el ABC, están llevando a cabo verdaderos ejercicios de manipulación, de tergiversación, de peligrosas generalizaciones delictivas a cualquier masa social que se atreva a levantar la voz; y todo ello no en artículos de opinión interiores, sino en sus portadas, para dejar buena constancia de lo que pueda justificar un nuevo golpe de Estado.

Esta actitud guerracivilista, de ir preparando la justificación de una posible solución totalitaria ante la degradación de la convivencia interna, se inició tras los resultados electorales de 2004: la policía corrupta, absolutamente controlada por los socialistas en la oposición, había preparado, colaborado u ocultado información para que los atentados del 11-M pudiesen llevarse a cabo y variasen así los resultados de aquellas elecciones en favor de los propios socialistas. El gobierno socialista, por lo tanto, debería ser considerado ilegítimo: aquellos atentados supusieron un golpe de Estado socialista en toda regla, como también lo fue, según Pío Moa y un cada vez mayor número de ciudadanos ideológicamente conservadores, lo acaecido en 1934 en España. El Mundo, La Razón o La Gaceta siguieron esta premisa de la ilegitimidad del gobierno socialista durante los siete años de mandato del PSOE. Todas las semanas; casi todos los días. Cualquier iniciativa legislativa contraria a la ideología conservadora era motivo suficiente para recordar la ilegitimidad de aquel gobierno.

Ahora, con un gobierno conservador al frente de un país arruinado por unos bancos avaros, por el fraude fiscal de las grandes empresas, por la ególatra mentalidad de nuestros acreedores –y supuestamente socios– europeos y por una corrupción política de dimensiones vergonzosas, lo que debe transmitirse en las portadas de estos periódicos es la radicalidad de los parados vagos, de los estudiantes manipulados, de las familias obreras aburguesadas que vivieron por encima de sus posibilidades, de los trabajadores con sueldos devaluados, de los funcionarios con sueldos congelados, de los catalanes separatistas: las calles se llenan de violentos en cada manifestación. Debe transmitirse la idea de que la sociedad que se opone a los recortes sociales, educativos y sanitarios, a la transferencia de fondos públicos para salvar las pérdidas de las entidades financieras o a la corrupción política, es una sociedad violenta, antidemocrática, totalitaria: hay que transmitir que cualquier respuesta a esa violencia ciudadana puede –o incluso debe– ser también violenta, sea ésta policial, militar o de cualquier otro tipo. La violencia del Estado se justifica así con toda su amplitud, en cualquier momento, lugar o circunstancia; se ejerza con legitimidad o no.

Ayer, las asociaciones de madres y padres de alumnos decidieron secundar las jornadas de protestas por los brutales recortes en la educación pública convocadas por los estudiantes. «Así educan a sus hijos: Los padres de la CEAPA [Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos] defienden en un manual no repetir curso, quitar autoridad al profesor y prohibir la Religión en las aulas», «La izquierda más bestia de Europa: La CEAPA, plataforma socialista de padres de alumnos, […] queda inevitablemente manchada por sucesos tan siniestros como el de la otra tarde [el martes, jornada en la que la CEAPA no había convocado protesta alguna] en Mérida, con ese asalto a un colegio salesiano al grito de “¡Dónde están los curas, que los vamos a quemar!”. Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden [¿?] la barbarie de los nenes», «La huelga política en la educación pincha con un apoyo de sólo el 23% [según el Gobierno, que incluye a los centros concertados –el 40% de los colegios de infantil y primaria– en su contabilidad]: Las aulas apenas notaron los paros en Secundaria a pesar del apoyo de una asociación de padres [la mayoritaria]».

Salen a la calle y faltan a clase los descerebrados, los radicales, los analfabetos, los socialistas, los comunistas, los alteradores profesionales del orden público y de la paz social; los que salen a la calle, los violentos, tienen nombre y apellidos (El Mundo no duda en dar sus señas y mostrar su fotografía en portada –tal y como ya hiciese La Razón en su día con uno de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes– y sentenciarlo sumarísimamente como el instigador del asalto al colegio de los Salesianos de Mérida que cita La Gaceta en su portada), pero ayer cualquier padre o cualquier madre que secundara las protestas se convirtieron en posible objetivo de estos periodistas guerracivilistas: la depuración social y el escarnio público de los padres y estudiantes terroristas («Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna», dijo ayer Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso del partido en el gobierno) debe permanecer en las hemerotecas, para cuando corresponda justificar el necesario, el inevitable golpe de Estado que devuelva a los violentos, a los terroristas, a los radicales, a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los parados, a los trabajadores, a los padres, a las madres y a los estudiantes al lugar que les corresponde.

Las mayorías, hoy, se expresan con el silencio. Y si es eterno, mejor.

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Cómo justificar un Golpe de Estado a una democracia europea (I)

La justificación del Golpe de Estado como respuesta al asesinato de Calvo Sotelo

«Julio de 1936. Es asesinado uno de los líderes de la oposición, Calvo Sotelo, mientras el otro, Gil-Robles, se libra por no hallarle en casa los criminales. Las últimas dudas de los conspiradores se disipan y una parte del ejército se subleva contra el Frente Popular. El gobierno reacciona, tras algunas resistencias, armando a los sindicatos. Con ello acaba de arrasar la Constitución y cede a la presión revolucionaria».

Este párrafo resume a la perfección el sentir y el pensar de los defensores del alzamiento nacional del 18 de Julio de 1936; el párrafo lo encontraremos, cómo no, en uno de los libros de Pío Moa (“Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas”, página 17).

El día 12 de Julio de 1936 los conspiradores aun tenían dudas; el 13 dejaron de tenerlas y el 17 llevaron a cabo un Golpe de Estado contra… ¿el Frente Popular? ¿No querrá decir Pío Moa que el ejército se sublevó contra el Gobierno elegido en las urnas cinco meses antes? No, es evidente que no es eso lo que quieren decir los defensores de Francisco Franco Bahamonde; se hace imprescindible nivelar la legitimidad democrática de las urnas y de las armas, y la balanza se desnivela demasiado si en una parte hay un Gobierno democrático y en la otra un ejército armado. Es necesario elegir otro contrapeso al que sea mucho más fácil ir restándole legitimidad hasta al menos dejarla equilibrada con la de unos golpistas; y el Frente Popular (una mezcla de tendencias ideológicas, la fórmula perfecta para aislar y destacar a la facción con menor legitimidad democrática –los anarquistas, a quienes es relativamente fácil unir otros líderes a través de declaraciones convenientemente aisladas y descontextualizadas– para acabar extendiendo sus desmanes a la totalidad de la coalición) cumple a la perfección con ese objetivo.

Paralelamente, todo lo que reste legitimidad al Gobierno elegido en las urnas servirá también para restar legitimidad al conjunto de la coalición que ganó las elecciones; así, según los defensores de la sublevación, es el propio Gobierno quien arrasa la Constitución al armar a quienes no se habían sublevado contra el orden constitucional, obviando que los primeros y los únicos que arrasaron la Constitución fueron quienes se enfrentaron a ella a través de un Golpe de Estado. El Gobierno no cede, como afirma Pío Moa, ante ninguna presión revolucionaria: el Gobierno se limita a defender el orden constitucional intentando suplir a quienes estaban obligados a hacerlo, que no eran otros que Francisco Franco Bahamonde y el resto de militares que se le unieron para aniquilar esa Constitución, que fue la que les habilitó para disponer del armamento que utilizaron después contra ella.

Pero vayamos a los datos concretos. El asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de Julio de 1936 se produjo unas horas después del asesinato del Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Heredia, activo militante del Partido Socialista, y pocas semanas después de varios discursos parlamentarios incendiarios del propio Calvo Sotelo en los que llegó a decir que «sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera»; sus palabras (pronunciadas el 16 de Junio de 1936) toman pleno significado si atendemos tanto a los hechos anteriores como al resto de su línea argumental parlamentaria: «No existe garantía para la vida en la calle, y amenaza la disolución social, y muchedumbres uniformadas gritan ‘¡Patria, no! ¡Patria, no!’; a los vivas a España se contesta con vivas a Rusia, y se falta al honor del Ejército, y se escarnece a España. […] Desde el 16 de febrero al 2 de abril se han producido los siguientes asaltos y destrozos; en centro políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. Centros políticos incendiados, 12; establecimientos públicos y privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias, 106, de las cuales 56 quedaron completamente destrozadas; huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74…». La anarquía ya se estaba produciendo, según el discurso de José Calvo Sotelo, varios meses antes (esta última cita es del 7 de Abril de 1936) de que pronunciara aquella invitación a la sublevación militar.

Pero, además, sus palabras ya estaban avaladas por los hechos; así, antes de las Elecciones de Febrero de 1936 (cuyas perspectivas para la derecha eran poco halagüeñas) se entrevistó con Francisco Franco Bahamonde para instarle a llevar a cabo el Golpe de Estado antes de Febrero en base a esas desastrosas previsiones electorales. No podemos olvidar que Calvo Sotelo llegó a ser Ministro de Hacienda durante la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera y que mantenía muy buenas relaciones con el estamento militar y con las organizaciones de extrema derecha; su entrada en Falange fue vetada por José Antonio Primo de Rivera (el hijo del dictador que le nombró Ministro), recelando que la figura de Calvo Sotelo pudiese eclipsar la suya.

Abierto defensor del fascismo (que en Italia ya había anulado el Parlamento y prohibido los partidos políticos desde 1928) en varias ocasiones en el propio Parlamento («Su Señoría [Santiago Casares Quiroga, Ministro de la Guerra desde Mayo de 1936] ha dicho que frente al fascismo el Gobierno es beligerante. Yo me he aterrado un poco al oír la frialdad con que lo decía y el calor con que los señores diputados que acompañan al señor Presidente del Consejo acogían tal afirmación de que el Gobierno se siente beligerante frente a un grupo de ciudadanos españoles»), José Calvo Sotelo era, por lo tanto, parte de la propia conspiración militar en ciernes; como afirmaría el historiador franquista Ricardo de la Cierva en 1969, los «desmandados del Frente Popular que lo eliminaron sabían muy bien lo que hacían y a dónde apuntaban».

La posterior etapa histórica de España distorsionó considerablemente tanto la relevancia política de José Calvo Sotelo durante la II República (el partido político Renovación Española, al cual pertenecía, era una fuerza minoritaria que representaba a la aristocracia, no siendo ni tan siquiera Calvo Sotelo su líder) como la relevancia real de aquel asesinato respecto a otros; aquel crimen supuso para los golpistas la excusa perfecta para adelantar sus planes y para tener una justificación ante la opinión pública, pero el asesinato de José Calvo Sotelo debe entenderse circunscrito a un continuo goteo de crímenes políticos con víctimas y verdugos tanto de derechas como de izquierdas. De hecho, los crímenes del Teniente Castillo y de Calvo Sotelo tuvieron en su día la misma relevancia mediática, como puede observarse en la portada del diario La Voz del mismo 13 de Julio de 1936 (este periódico se publicaba por la noche, por lo que recogió ambos crímenes en una misma portada).

Para entender aquella permanente situación de conflictos no puede obviarse que tanto España como el resto de países occidentales estaban pasando por la mayor crisis económica del sistema capitalista (el crack del 29 se produjo apenas 18 meses antes de instaurarse la II República) y que el principal problema social era la pobreza; la carestía, unida a la reducida protección de la que gozaban los trabajadores, explica las situaciones de violencia que afectaron a un gran número de huelgas. No hay que olvidar que fue esa carestía la que hizo triunfar las políticas extremistas en el resto de Europa, como el fascismo en Italia, el comunismo en Rusia o el nacionalsocialismo en Alemania.

La justificación del Golpe de Estado como respuesta a Octubre de 1934

Visto que el asesinato de José Calvo Sotelo no es un argumento suficientemente robusto para justificar un Golpe de Estado, los defensores del alzamiento nacional de 1936 se remontan a las revueltas revolucionarias de Octubre de 1934 para ampliar su argumentación:

«El golpe de Estado de Largo Caballero y el PSOE es considerado como el inicio de la Guerra Civil de 1936-1939». Eduardo Palomar Baró en el artículo Biografía de Largo Caballero de la Web Generalísimo Franco.

El 3 de Diciembre de 1933 la derecha (integrada en parte en la CEDA) gana las Elecciones; muere un comunista por un disparo desde la sede de Acción Nacionalista Vasca en Baracaldo, asesinan al Presidente del gremio de vaqueros de Puente de Vallecas, queda gravemente herido un socialista de Pego (Alicante) por un disparo realizado por el derechista José Ortola Alcina, acuchillan a un socialista en Paracuellos del Jarama… Se siguen clausurando locales de la C.N.T. y de la Falange, hacen explosión tres bombas en Madrid y se detiene al Comité de Huelga de Camareros. En Madrid ganan las Elecciones los socialistas, quienes acusan a la derecha de fraude electoral en los pueblos y ciudades pequeñas del resto de España mediante la compra de votos. Estas eran las noticias (pueden consultarse El Socialista o El Debate de las dos jornadas posteriores a aquellas Elecciones) de cada día en la España de 1933; en España, pero también en el resto del mundo, en una época en la que las diferencias personales se solventaban, con demasiada asiduidad, a cuchillazos, a tiros o a bombazos.

Hitler ya estaba en el poder aprovechando el sistema electoral alemán, Mussolini gobernaba en Italia desde hacía una década y la función de los campos de concentración nazis ya era conocida (ver el Editorial de El Socialista del 6 de Diciembre de 1933, en el que se habla de las condiciones extremas, las torturas y las muertes en extrañas circunstancias en el campo de concentración de Dachau, con 2.500 judíos, socialistas y comunistas detenidos en aquellas fechas); por otra parte, la dictadura del proletariado implantada en la U.R.S.S. amenazaba con extenderse al resto de Europa, sobre todo tras el cataclismo capitalista de la Gran Depresión de 1929, si bien la sustitución del expansionismo internacional de Lenin por la burocratización en clave interna de Stalin rebajó notablemente esta amenaza. La radicalización de las posturas políticas de los partidos que quedaban fuera de ambos extremos se produjo como consecuencia de las mutuas acusaciones a sus rivales políticos de querer instaurar en España bien una dictadura fascista o bien una dictadura comunista.

El fallido Golpe de Estado del 10 de Agosto de 1932 encabezado por José Sanjurjo Sacanell (condenado a cadena perpetua por esa sublevación) y su posterior amnistía (dictada por el Gobierno de derechas que saldría de las Elecciones de 1933) radicalizó aun más las posturas de los partidos de izquierdas, que vieron en esa amnistía algo más que un compadreo inadmisible entre las derechas y los elementos más reaccionarios contra el orden constitucional de la II República. De hecho, las previsiones de los partidos de izquierda se vieron plenamente cumplidas: José Sanjurjo era quien debía asumir la Jefatura del Estado tras el Golpe del 18 de Julio de 1936 (murió en un accidente de aviación dos días después de la sublevación y el general Emilio Mola lo tuvo que sustituir por Francisco Franco Bahamonde) y otros militares amnistiados junto a él (como Manuel Goded Llopis) participaron activamente en el alzamiento militar que dio origen a la Guerra Civil.

Por supuesto, los defensores del Golpe de Estado de 1936 minimizan aquel Golpe de Estado de 1932, ya que, como veremos, aceptar la relevancia histórica del mismo supondría el desmoronamiento irremisible de la línea argumental que lleva a culpabilizar a los movimientos revolucionarios de 1934 de la Guerra Civil:

«Sanjurjo había contribuido al advenimiento de la República en mucha mayor medida que los líderes republicanos, empezando por Azaña. Estando al cargo de la Guardia Civil de la Monarquía [Pío Moa evita referirse a la dictadura militar de Primo de Rivera], se había negado a emplearla contra las incipientes manifestaciones, y enseguida se había puesto a las órdenes de los republicanos.

[…]

Tampoco puede hablarse, en relación con la sanjurjada, de un golpe “de la derecha”, sino de un sector mínimo de ella, siendo repudiado por el sector principal». Pío Moa, en el artículo “El golpe de Sanjurjo” de la serie “Una visión crítica de la República y la Guerra Civil”, publicado en Libertad Digital.

Ya tenemos una visión de conjunto de la situación social y política de la II República tras el triunfo de la derecha en los últimos días de 1933; podemos entrar ahora en los hechos detallados que acaecieron los días y los meses posteriores a aquellas Elecciones.

Entre los días 8 y 11 de Diciembre de 1933 se producen graves altercados, con varios muertos y numerosos heridos, iniciados unilateralmente por la FAI; los partidos de derecha no dudan en hacer responsables de dichos altercados a toda la izquierda, incluidos el PSOE y la UGT, argumentando que se trataba de una reacción a la pérdida de las Elecciones. Las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT emitieron un comunicado conjunto (publicado en El Socialista del día 12) en el que negaban cualquier relación con aquella llamada a la revolución:

«Reunidas conjuntamente las Comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, han examinado la situación política y social del actual momento ateniéndose a las informaciones que poseen. La gravedad de dicha situación no sólo no se les oculta ni pretenden silenciarla, sino que la reconocen y subrayan.

Al hacerlo así declaran que los organismos nacionales a quienes estas Comisiones ejecutivas representan no han tenido ni tienen participación alguna en el movimiento iniciado en diversas poblaciones de España por determinado sector obrero, y consideran que la responsabilidad de que se haya producido el antedicho movimiento corresponde plenamente al Gobierno y a las personalidades y partidos políticos que, por su menosprecio de las reivindicaciones sociales, han desviado la República de aquellos cauces en que la voluntad del pueblo la situó.

Las Ejecutivas reiteran a la clase trabajadora afecta a nuestros organismos, y a la opinión pública en general, su firme decisión de cumplir, cuando la hora sea llegada, los deberes que nuestros representados y nuestros ideales nos imponen». Nota de prensa de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de UGT, extraída de la portada de El Socialista del 12 de Diciembre de 1933.

Con motivo de esa revuelta anarquista se suscitó un debate interno que clarifica las intenciones tanto del PSOE como de la UGT tras la pérdida de las Elecciones; en el Comité Nacional de UGT del día 13, que dio su pleno respaldo a la nota de prensa conjunta de las Comisiones Ejecutivas, surgieron los dos conceptos de revolución que se barajaban en las filas socialistas en aquellas fechas:

«Besteiro: Las Comisiones ejecutivas, como ustedes saben, se han reunido y han dado una nota y en ella se dice que la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista están dispuestos a una acción para oponerse resueltamente a cualquier intento que trate de salirse de los cauces constitucionales. Yo estoy completamente de acuerdo y el Comité ejecutivo de la Unión General de Trabajadores está completamente de acuerdo con esta posición y a mí me parece que cualquiera otra es una posición endeble y que tiene los mayores peligros para nuestra organización. (…) Si hay alguna perspectiva de que tengamos un ambiente favorable, no puede consistir en otra cosa sino en decir que nosotros estamos dispuestos a hacer una defensa todo lo arriesgada que sea preciso para mantener la República con su fisonomía y con la Constitución tal como la hemos trazado.

[…]

Ya saben ustedes que acaso yo sería uno de los que estarían menos conformes con muchas partes de la Constitución, la cual se ha redactado en muchos puntos de una manera hasta opuesta a mi modo de ver las cosas. Sin embargo, creo que una vez que la Constitución se ha votado y que la tenemos y que la Constitución marca el procedimiento por el cual únicamente puede reformarse, nosotros debemos procurar que esa garantía subsista.

[…]

Pero si podemos en este instante tener algún arma para defendernos, ésta es el arma de las garantías que nos ofrece el Estado democrático más o menos puro que hemos creado. Tendremos que pasar por momentos difíciles y tendremos, dentro de este marco de democracia republicana, luchas tremendas. Ya sabemos cuales son los aspectos de esa lucha: una lucha parlamentaria y una lucha sindical. ¿Que la lucha sindical puede ser muy fuerte? Todo lo que se quiera. Habrá Federaciones, habrá Secciones que tengan conflictos graves, y puede ser que en algunos momentos se extiendan los c0nflictos y sean batallas sindicales enormes. Debemos estar dispuestos a arrostrarlas. No renunciamos a ninguna de nuestras armas, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas conquistas que hemos logrado mediante nuestro esfuerzo de muchos años y de muchos sacrificios se mantengan.

[…]

En cuanto a la posición nuestra y nuestros propósitos, éstos son oponernos resueltamente a todo intento de rebasar los límites de la Constitución.

[…]

Amaro Rosal: El compañero Besteiro dice que tenemos una garantía con la Constitución. Eso de la garantía de la Constitución, a estas alturas, me parece que no se ajusta a la realidad. Los alemanes eran tan cándidos que cuatro días antes de caer discutían si uno de los Gobiernos había sido destituido legal o ilegalmente, y cuatro días después de eso subía al poder Hitler. De modo que eso de la garantía de la Constitución no puede existir para nosotros.

[…]

También dice que una de las garantías para nosotros es el Estado moderno democrático que habíamos creado. Me parece que no haría falta andar en disquisiciones históricas para demostrar que a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive.

[…]

Yo hago una proposición concreta de que acordemos ir a un movimiento revolucionario para defender los intereses de la clase trabajadora que están en peligro.

Saborit: No hay acuerdo de implantar la dictadura del proletariado. El acuerdo unánime es hacer un movimiento contra todo intento de aplicación en España del fascismo.

[…]

El acuerdo de las Ejecutivas es éste: organizar desde ahora mismo, sin perder detalle, un movimiento de la Unión General y del Partido para hacer frente al fascismo en España, para impedir que puedan realizar aquí lo que ha sucedido en Alemania, para salvaguardar nuestras garantías de la Constitución y de la República. (…) Lo que ocurre es que no se va a decir que el movimiento es para implantar la dictadura del proletariado, porque no es para eso: es para hacer frente al fascismo. (…) A un movimiento para implantar la dictadura del proletariado, yo no voy porque no creo en eso. Para un movimiento contra el fascismo yo sí voy. Y porque, además, en ningún Congreso ha acordado el Partido Socialista defender la dictadura del proletariado, ni acabar con la democracia, ni con el Parlamento. En ninguno, ni nacional ni internacional.

[…]

Besteiro: Yo no tengo inconveniente en participar a ustedes que a mí la idea de que podamos hacer un movimiento para implantar el socialismo mediante la dictadura del proletariado, ni siquiera para gobernar los socialistas por su propia cuenta en burgués o en socialista, reformista o en socialista totalitario, me parece un absurdo imposible en las circunstancias actuales.

[…]

Amaro Rosal: Yo me ratifico en mi posición, que está, naturalmente, encajada en la concepción de que tenemos que prepararnos para la ofensiva, por la lucha, la amenaza o el ataque.

[…]

Muiño: Creo que nos separa al compañero Amaro Rosal y a mí una cuestión ideológica, no de táctica, porque lo que acabo de oír es la concepción comunista maximalista». Acta del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores del 13 de Diciembre de 1933.

La propuesta de Amaro Rosal sólo fue votada favorablemente por su propia Federación (la de Banca y Bolsa) y por la de Empleados de Oficina (representada por Félix Beltrán), siendo rechazada por las otras 34 Federaciones presentes en el Comité Nacional y por la Ejecutiva; el 94,45% de la UGT estaba, por lo tanto, totalmente en contra de saltarse la Constitución para llegar a la implantación real del socialismo. Puesto que estamos ante un foro de debate interno, cuyas deliberaciones quedaban restringidas al ámbito de la propia UGT, habremos de considerar que la postura de este sindicato tras la pérdida de las Elecciones de 1933 es la reflejada en esa Acta; y no hay que olvidar que Julián Besteiro Fernández formaba parte también de la Comisión Ejecutiva del PSOE, siendo cabeza de lista del Partido Socialista en aquellas Elecciones.

¿Qué ocurrió para que cambiase la postura del entorno socialista respecto a ese concepto de revolución desde finales de 1933 hasta Octubre de 1934? ¿Qué hechos ocurrieron para que cambiase el socialismo desde la claramente mayoritaria postura de Besteiro –revolución defensiva para salvar la Constitución a toda costa– a la minoritaria de Amaro Rosal –revolución ofensiva para tomar el poder aun en contra de la Constitución y de la República– en esos diez meses?

En el Comité Nacional de la UGT del 27 de Enero de 1934 (poco más de un mes después de aquella derrota de las tesis más revolucionarias) se discutió y votó de nuevo el camino que debía tomar el sindicalismo socialista: la ofensiva revolucionaria para instaurar la dictadura del proletariado (propuesta por la Comisión Ejecutiva del PSOE) o la oposición, frontal pero defensiva, a cualquier avance del fascismo en España (propuesta por la Comisión Ejecutiva de la UGT). Los resultados de la votación mostraron un vuelco completo a las posiciones socialistas de un mes antes: 33 votos a favor de la propuesta revolucionaria del PSOE y 2 votos en contra.

La respuesta la encontramos ante las similitudes entre el ascenso de Hitler al poder (el 30 de Enero de 1933 fue nombrado Canciller con el 34% de los parlamentarios) y las veladas pretensiones de algunos líderes de la derecha española («Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. (…) Queremos una patria totalitaria; (…) la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición», José María Gil-Robles y Quiñones de León, líder de la CEDA, en un discurso pronunciado el 15 de Octubre de 1933, unas semanas antes de las Elecciones que ganaría dicha formación política con el 24,3% de los escaños); Hitler suspendió, en apenas un mes desde su llegada al poder, la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas y la libertad de reunión y asociación, además de ilegalizar la principal fuerza comunista (la KPD) y enviar a sus dirigentes a los recientemente creados campos de concentración. Para el 5 de Marzo de 1933 convocó nuevas Elecciones para aprovechar los resortes del poder, pero sólo obtuvo el 44% de los escaños; para lograr la mayoría que necesitaba para modificar la Constitución, arrestó a todos los diputados comunistas y a algunos socialistas, dictando a continuación (el 23 de Marzo) una Ley que anulaba temporalmente (obviamente, esa temporalidad no finalizó nunca) al Parlamento. Finalmente, el 2 de Mayo fueron disueltos todos los sindicatos obreros alemanes (un referente para los sindicalistas españoles) y enviados sus líderes a campos de concentración, el 10 de Mayo se confiscaron todas las propiedades del Partido Socialdemócrata y se cerraron sus periódicos (y sus líderes, como era de esperar, acompañaron a los líderes comunistas a los campos de concentración) y el 14 de Julio se aprobó la Ley del partido único.

La CEDA cedió el poder en Diciembre de 1933 al Partido Radical de Alejandro Lerroux (entre ambos sumaban el 45,9% de los escaños), segunda fuerza política en escaños (21,6%) y tercera en votos (8,20% frente al 20,18% del PSOE); los primeros pasos dados por el nuevo Gobierno fueron la derogación provisional de la Ley de Términos Municipales (que había permitido a los campesinos aprovechar tierras hasta entonces desaprovechadas), la modificación de los Juzgados Mixtos (una especie de juntas de arbitraje laboral integradas por empresarios y trabajadores), la supresión de los salarios mínimos en el campo y en la industria, el desahucio de miles de pequeños arrendatarios del campo, la devolución a los aristócratas de parte de las tierras expropiadas por la Ley de Reforma Agraria… El estado de alarma (con restricciones a la libertad de prensa, de reunión, de huelga y de otros derechos fundamentales) fue impuesta desde el primer momento por el nuevo Gobierno, censurando y confiscando numerosa prensa izquierdista (como El Socialista, intervenido en 51 ocasiones durante los primeros meses del nuevo Gobierno, o Avance, intervenido en más de 90 ocasiones); la represión sobre los huelguistas quedaba silenciada por la censura, incrementando la rumorología y las inevitables exageraciones; el paro había alcanzado cifras récord en Abril con más de 700.000 parados forzosos…

La sensación entre la izquierda era que la CEDA pretendía imponer un Estado fascista desde la sombra, dirigiendo a su antojo a un Gobierno que necesitaba de sus votos para poder gobernar, evitando de esa forma el inevitable desgaste producido por los continuos retrocesos legislativos, sociales y laborales gubernamentales: la República surgió como la solución a la sociedad semi-feudal que aun pervivía en España a principios de siglo (siendo los terratenientes los principales herederos de los señores feudales, con el caciquismo ampliamente instaurado en toda España y con la aristocracia, el estamento militar y la Iglesia copando permanentemente el poder) y el triunfo de la derecha el 3 de Diciembre de 1933 suponía que esa misma República que debía romper con el arcaico sistema anterior iba a servir para volver a dar el poder a los terratenientes, a la aristocracia, al ejército y al clero. En definitiva, que aquella frase del minoritario Amaro Rosal en el Comité Nacional de la UGT del 13 de Diciembre de 1933 («a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive») acabó siendo asumida plenamente también por el moderado Indalecio Prieto, quien en el verano de 1933 había pedido a las Juventudes Socialistas que calmaran los ánimos.

Ese temor a que la CEDA de Gil-Robles acabara convirtiendo la democracia republicana en un régimen fascista, como los casos de Italia y del más reciente de Alemania (cuyos regímenes eran visitados asiduamente por los líderes derechistas como el propio Gil-Robles –acudió a las celebraciones del 1 de Mayo de 1933 a Alemania, el día antes de la ilegalización de todos los sindicatos obreros alemanes– o Calvo Sotelo –en Febrero de 1933 se entrevistó con diversas personalidades políticas y eclesiásticas italianas–), llevaron al PSOE a aceptar la radicalización de su discurso para agitar a las masas y crear el clima necesario para tomar el poder ilegalmente y evitar así la transformación de un estado democrático en otro estado fascista; aquella primera radicalización del socialismo se fue asentando conforme se iban sucediendo hechos que no hacían más que confirmar aquellos temores, como la ilegalización del partido socialista y de los sindicatos también en Austria el 17 de Febrero de 1934.

La inclusión, el 4 de Octubre de 1934, de tres ministros de la CEDA en las carteras de Justicia, Trabajo y Agricultura fueron el detonante definitivo de la creciente radicalización de las izquierdas.

¿Había motivos suficientes para levantarse contra la propia República en Octubre de 1934? Evidentemente, desde nuestra perspectiva histórica, no. ¿Dio inicio ese levantamiento a la Guerra Civil española? Pues, por mucho que se quiera repetir lo contrario, lo cierto es que ese fue uno más (y el único protagonizado por las fuerzas de izquierda) de los múltiples intentos de Golpe de Estado que se produjeron durante la República (la Sanjurjada de 1932, otro intento militar a finales de 1935 –con el apoyo de una parte de la CEDA, el partido mayoritario de derechas que estaba en el gobierno–, otro en Febrero de 1936 –ya con Franco y Goded como protagonistas, siendo avisado de ello el gobierno saliente de derechas– y el que resultaría definitivo en Julio de 1936, en el que participaron todos los más destacados militares de los intentos anteriores); achacar a esa intentona golpista de la izquierda el inicio de la Guerra Civil e ignorar los numerosos y reiterados intentos militares de tomar el poder por las armas parece responder más a una cuestión de tozudería en intentar demostrar una imposible exculpación de los responsables del golpe militar que dio origen a la Guerra Civil que en un ejercicio de interpretación histórica de los hechos. De hecho, esos reiterados intentos golpistas del ejército (alentados por los medios de derechas como ABC, que en su editorial del 30 de Noviembre de 1932, apenas tres meses después de la Sanjurjada, llamaba “figura gloriosa” al golpista Sanjurjo) ponen de manifiesto que los militares y una parte importante de la derecha intentaron derrocar la democracia republicana desde principio a fin, hasta que lo consiguieron en 1936, por lo que la Guerra Civil sólo se hubiese podido evitar si la izquierda hubiese aceptado sin más cualquiera de los golpes de estado que intentó la derecha política y militar.

La pregunta que cabría hacerse es la misma que la que se ha planteado para el intento golpista de Octubre de 1934: ¿había motivos suficientes para levantarse en armas contra la República en 1932, en 1935 y en 1936? Y la respuesta ha de ser obligadamente la misma, aunque haya quien pretenda buscar una justificación (como la buscan aun a día de hoy a la intentona golpista del 23-F, o como sin duda habrá quien la quiera buscar a la actual situación política, económica y social) a lo injustificable.

¿Monumento a todos los caídos?

El Valle de los Caídos siempre ha estado envuelto de un elevado grado de secretismo, sólo rebajado hasta fechas muy recientes por los artículos que, insistentemente, hablaban de ese monumento como un símbolo de reconciliación nacional, aportando como argumentos datos incontrastables (que no es lo mismo que incontestables) como éstos:

«No se convierte en limitación, ni mucho menos en motivo de exclusión, el haber combatido en bando republicano, como algunos están empeñados en mantener. Éste fue y es un monumento para todos los españoles» (Del apartado «Enterramientos» de la Web Cuelgamuros, El Valle de los Caídos).

«Allí, por piadosa y patriótica iniciativa de Franco, permanecen recogidos los restos de millares de combatientes de ambos bandos en la guerra civil» (Del artículo «La verdad sobre la construcción del Valle de los Caídos», del Boletín nº 101 de la Fundación Nacional Francisco Franco, Enero-Marzo de 2005).

Hablan erróneamente, en el primer artículo citado, de una Orden promulgada el 11 de Julio 1946 (Orden por la que se prorrogan indefinidamente los enterramientos temporales de los restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de Julio siguiente) por una cuestión bien distinta a esa pretendida reconciliación nacional de la que tanto les gusta alardear a los halagadores de la figura de nuestro más reciente dictador.

Dicha Orden, firmada por Luis Carrero Blanco, fue promulgada porque la legislación establecía un plazo máximo de 10 años para dar traslado a los restos mortales desde una sepultura temporal a una fosa común (pasados esos 10 años se debía –y aun hoy se debe– comprar a perpetuidad una sepultura si no se querían perder los restos); como dice la Orden:

«De no llevarse a cabo la adquisición a perpetuidad de un enterramiento, y muy adelantados ya los trabajos de construcción de la cripta que en el Valle de los Caídos ofrecerá digna sepultura a los restos de los héroes y mártires de la Cruzada, se hace preciso evitar que, por falta de medios o por descuido de sus familiares, pudieran perderse algunos de los que dieron su vida por la Patria.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer:

El plazo de diez años, señalado para la duración de los enterramientos temporales, se considerará prorrogado indefinidamente, cuando se trate de enterramientos de restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas en el período comprendido entre el 18 de Julio de 1936 y el 1º de Abril de 1939; o aun en fecha posterior, en el caso de que la defunción fuese a consecuencia directa de heridas de guerra o sufrimientos de prisión».

Como queda meridianamente claro, el Valle de los Caídos sigue estando reservado en 1946, como en sus orígenes, a los «héroes y mártires de la Cruzada», entre los que sólo quedan incluidos los que «perecieron en las filas del Ejército Nacional» (es decir, los soldados) y los que «sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas»; en 1952 seguimos encontrando esas mismas restricciones: «En el Valle de los Caídos serán perpetuados cual merecieron por su muerte en los campos de batalla o en cualquier checa».

En el segundo artículo citado se hace referencia a un anuncio del Gobernador Civil de Madrid publicado en la prensa el 30 de Junio de 1958; dicho anuncio (lo podemos encontrar en la página 37 del ABC de ese día) es una nota informativa sin reflejo alguno en el Boletín Oficial del Estado, manteniéndose invariable por lo tanto el destino original del monumento:

«Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.

A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada» (Decreto de 1 de Abril de 1940 disponiendo se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelga-muros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de Abril de 1940).

La nota informativa del Gobernador Civil de Madrid no es en realidad más que una exigencia del Vaticano, cuyo máximo representante (Pío XII) debía declarar oficialmente como Basílica la Iglesia de la Santa Cruz erigida junto a la cripta, hecho que acaecería dos años después de esa nota, en 1960 (siendo Papa Juan XXIII); aunque es evidente que el Vaticano no podía aceptar una cripta en la que sólo podían ser enterrados unos determinados católicos, el texto de la propia nota –mentira piadosa mediante– no deja lugar a ninguna duda:

«Uno de los principales fines que determinaron la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros (Guadarrama), fue el de dar en él sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal que fueran de nacionalidad española y de religión católica».

Así pues, no es cierto, como se afirma en el segundo artículo citado, que la apertura de la cripta a las víctimas del bando republicano fuese una «piadosa y patriótica iniciativa de Franco», quien nunca rectificaría sus órdenes iniciales respecto al verdadero destino del Valle de los Caídos.

Ese hermetismo que ha envuelto siempre todo lo relacionado con el Valle de los Caídos ha servido, sin embargo, para afirmar sin ningún pudor que se trataba de un monumento a todos los caídos porque allí «permanecen recogidos los restos de millares de combatientes de ambos bandos en la guerra civil»; aquella nota informativa del Gobernador Civil servía de argumento, puesto que el anuncio rezaba lo siguiente:

«Próximas a su total terminación las obras de dicho Monumento, se pone en conocimiento de los parientes de personas en quienes concurrieran aquellas circunstancias, invitándoles a que manifiesten, en el plazo de quince días y mediante escrito dirigido a este Gobierno Civil, si desean o consienten que los restos de sus familiares sean trasladados al enterramiento del Valle de los Caídos.

En caso afirmativo, en el escrito en que así lo hagan constar, deberán expresarse:

a) Nombre y apellidos y domicilio del solicitante y su parentesco con la persona cuyo traslado de restos se interesa.

b) Nombre y apellidos del fallecido, con expresión de la fecha, lugar y circunstancias de su muerte, si fueran conocidas.

c) Lugar en que actualmente esté enterrado, con el mayor número de indicaciones posibles para su exacta localización».

El censo detallado de los enterrados en el Valle de los Caídos ha permanecido en secreto hasta el pasado 27 de Marzo, de forma que tanto las cifras que se barajaban como lo que se esperaba encontrar en dicho censo no eran más que especulaciones; por supuesto, podían haber enterrados allí combatientes de ambos bandos. Pero el censo detallado ha revelado alguna sorpresa al respecto.

De las 33.833 personas enterradas en el Valle de los Caídos (muy lejos de las más de 50.000 personas que se suponían enterradas allí), sólo hay identificadas 21.423; las otras 12.410 personas no tienen en ese censo ningún dato que las identifique más allá, en el mejor de los casos, del municipio en el que yacían sus cuerpos.

En la Web de la que se ha extraído la primera cita de este artículo se puede leer:

«Unos en camión, otros en coches fúnebres, van llegando hasta la Cripta, donde los Padres Benedictinos levantan testimonio de cada inhumación».

Nada más lejos de la realidad; casi el 40% de los enterrados en el Valle de los Caídos no se sabe quiénes son. No hubo, por lo tanto, consentimiento alguno de familiares, ni identificación de ningún tipo, en 12.410 casos.

Por supuesto, en el Valle de los Caídos puede haber caídos de ambos bandos; unos, perfectamente identificados, yacen ahora al lado de su particular salvador. Otros, sin embargo, fueron sacados de unas fosas comunes para enterrarlos en otra fosa común junto a su verdugo, siendo vilmente utilizados para afirmar que el Valle de los Caídos es un símbolo de reconciliación nacional porque allí yacen combatientes de ambos bandos.

El Valle de los Caídos, como dictaminó con total claridad el Régimen, es un monumento a los «caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas».

El espíritu de reconciliación impuesto por el Vaticano tuvo que ser asumido a la fuerza por ese Régimen; una imposición que intentó utilizar el franquismo para tapar su revanchismo vengativo sin límites, recurriendo incluso al enterramiento forzoso de asesinados republicanos para intentar demostrar ante la opinión pública lo que era (y sigue siendo, ahora más que nunca con los verdaderos datos encima de la mesa) completamente indemostrable.

Pío Moa, todo un artista

Un artista de la manipulación, claro.

En sendos artículos suyos a cuenta de la memoria histórica, Pío Moa (poco amigo de las leyes, de la justicia y de todo lo que huela a democracia) nos muestra su particular modo de ver la realidad.

En el primero de sus artículos (Aclarando ideas al señor Carrillo) nos dice:

Los crímenes del Frente Popular, que no del "campo republicano", no fueron mucho menores que los contrarios, sino prácticamente iguales en número, mayores proporcionalmente a la extensión y población sometidas a ellos, y acompañados de un sadismo que no se alcanzó en el bando nacional. Todo eso está hoy suficientemente documentado, le recomiendo que lea, entre otros, a R. Salas Larrazábal, a A. D. Martín Rubio, o mi Los crímenes de la guerra civil.

Pocos párrafos pueden contener tanta cantidad de mentiras.

Los crímenes cometidos en zona republicana (cometidos por el Frente Popular, pero también por personas ajenas al mismo cuya motivación era, como ocurrió en la zona nacional, estrictamente personal) ascienden a unos 50.000; los cometidos en zona nacional ascienden a unos 150.000. El número de crímenes en una y otra zona difieren notablemente, aun cuando en ambos casos deba considerarse que estamos ante una represión brutal.

Pío Moa toma los datos aportados por Ramón Salas Larrazábal en 1977 (y utilizados también por A. D. Martín Rubio) en base a un estudio elaborado a partir de los datos obrantes en los Registros Civiles; según ese autor (militar franquista, para más señas) todos los asesinados por la represión en ambos bandos estaban correctamente registrados. Sus conclusiones: los sublevados cometieron casi 60.000 asesinatos y los republicanos casi 75.000.

Esas disparatadas conclusiones (que Pío Moa toma como ciertas asumiendo alguna rectificación) tienen su explicación en la duplicidad de asesinados por los republicanos, muchas de cuyas víctimas aparecen registradas tanto en su lugar de origen como en el lugar donde fueron ejecutadas; la Causa General (que juzgó los crímenes del bando republicano) determinó que fueron casi 40.000 los ejecutados por la represión marxista, aunque se estima que fueron unos 50.000 los realmente represaliados.

Por otra parte, Ramón Salas Larrazábal aportó datos que se han demostrado completamente erróneos a través de estudios parciales; así, según este militar franquista fueron 2.964 las personas ejecutadas en la provincia de Badajoz por parte de los nacionales (eso es lo que consta registrado oficialmente), aunque algunos estudios posteriores han demostrado que las ejecuciones ascendieron en realidad (a falta de los datos de 73 municipios de la zona oriental de esa provincia) a más de 8.000.

Pío Moa no sólo obvia a conveniencia los estudios de Julián Casanova o de Francisco Espinosa Maestre que demuestran los errores de Ramón Salas Larrazábal, sino que además pretende realizar una comparación proporcional para relativizar el número de víctimas de la represión franquista. Es como si pretendiéramos extrapolar los datos de las víctimas de la organización terrorista GRAPO durante sus dos primeros años de vida (que es cuando Pío Moa estuvo integrado en ella como fundador bajo el alias de Verdú) y concluyéramos que los seis asesinados y los dos secuestrados son mayores proporcionalmente que los casi 1.000 asesinados y secuestrados por ETA teniendo en cuenta el período de tiempo estudiado y el número de militantes de cada grupo terrorista. Es de esperar que tamaña muestra de manipulación no le hiciera ni pizca de gracia al arrepentido fundador de los GRAPO, aunque él la utilice sin vergüenza alguna para intentar vanamente demostrar algo que es indemostrable por ser completamente falso.

Respecto al nivel de sadismo empleado por unos y otros, baste reproducir algunos textos de oficiales franquistas como el General Emilio Mola («Es necesario propagar una imagen de terror; cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del
Frente Popular debe ser fusilado») o el General Queipo de Llano («Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará») para entender que el nivel de sadismo entre los envalentonados nacionales no debía andar muy lejos del que debía imperar en el otro bando.

Sigue Pío Moa el artículo culpabilizando de los fusilamientos de republicanos a los líderes del Frente Popular (tal cual) y justificando la represión de inocentes en base a que la mayoría sí eran culpables. Pero nos detendremos en este otro párrafo:

Los franquistas autores de crímenes no fueron juzgados, como pasa en todas las guerras con los vencedores. En la II Guerra Mundial también los aliados cometieron numerosos crímenes, pero no se juzgaron a sí mismos.

Resulta curioso (por decir algo) que Pío Moa compare a los aliados en la II Guerra Mundial (que lucharon contra el levantamiento en armas de Hitler) con los golpistas que cambiaron el régimen democrático (más o menos perfecto para aquellas épocas) existente en España a través de un alzamiento armado. Esta ridícula comparación dice mucho sobre su forma de entender la Historia; después publica lo que publica y se ofende cuando los historiadores lo ponen en ridículo.

En su otro artículo (La justicia según el New York Times) critica la injerencia de ese diario en el caso seguido contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, acusando al periódico estadunidense de ignorante, entre otras muchas lindezas; detengámonos en este párrafo:

Hay más que suficiente material publicado que prueba, sin lugar a dudas, que lo más próximo a un genocidio cometido en España fue, sin duda, la persecución religiosa, de la que sus autores y quienes se consideran herederos de sus autores jamás han mostrado el más ligero indicio de autocrítica.

Ese material publicado más que suficiente son, por supuesto, sus libros y los del militar franquista Ramón Salas Larrazábal; en el artículo niega que el franquismo pueda ser acusado de genocida o de cometer crímenes imprescriptibles de acuerdo con la legislación internacional suscrita por España y que, por el contrario, sí podrían ser juzgados por ello los líderes del Frente Popular (que, recordemos, no fueron quienes se alzaron en armas contra el Gobierno elegido en las urnas unos meses antes).

El problema es que nadie niega (aunque Pío Moa intente hacer parecer lo contrario) que se asesinó a religiosos (unos 7.000); sin embargo, y a pesar de lo escandaloso de la cifra (reconocida de forma casi unánime por todos los historiadores), los dirigentes de sindicatos obreros o de partidos políticos de izquierdas que fueron represaliados constituyeron el grueso de los 150.000 asesinados por el bando nacional.

Si, según el argumento utilizado por Pío Moa, 7.000 asesinados está muy próximo a un genocidio, la cifra de 150.000, ¿a qué se debe aproximar según esa particular forma de argumentar?