Wertgüenza de periodistas guerracivilistas

Empecemos por Pío Moa, no por su condición de periodista, sino por su actual visión de la Historia de España (otros antes, por convicción o para sobrevivir al régimen dictatorial, ya la tuvieron), y más en concreto de la Guerra Civil (una visión que está calando, por cuanto les exime de cualquier culpa, entre los herederos ideológicos de aquellos golpistas): el golpe de Estado del General Franco en 1936 no fue el inicio de aquella guerra, sino que fue la consecuencia –necesaria, inevitable– de las políticas izquierdistas anteriores, de la ilegitimidad de los gobiernos socialistas y, sobre todo, se trató de la reacción lógica y esperable al verdadero inicio de la Guerra Civil española. ¿Y cual fue el inicio real de aquella guerra según esta visión de la Historia? Pues las revueltas sociales de 1934.

Hoy (en realidad desde que Aznar perdió las elecciones en 2004), esos herederos ideológicos de los militares golpistas del 36 están intentando preparar el terreno para volver a justificar otro golpe de Estado y poder así responsabilizar del mismo no a los sublevados, sino a la intolerable progresía socialista o al inadmisible totalitarismo comunista: el orden, la paz social, el futuro de España, podría requerir un mandato –militar o civil– con restricción absoluta de las libertades democráticas, y estos periodistas están preparando las hemerotecas para que futuros historiadores de la talla de Pío Moa puedan comprobar cómo un posible golpe de Estado de ideología fascista sería siempre responsabilidad de las ideologías contrarias.

El Mundo, La Razón y La Gaceta, y también –aunque en menor medida– el ABC, están llevando a cabo verdaderos ejercicios de manipulación, de tergiversación, de peligrosas generalizaciones delictivas a cualquier masa social que se atreva a levantar la voz; y todo ello no en artículos de opinión interiores, sino en sus portadas, para dejar buena constancia de lo que pueda justificar un nuevo golpe de Estado.

Esta actitud guerracivilista, de ir preparando la justificación de una posible solución totalitaria ante la degradación de la convivencia interna, se inició tras los resultados electorales de 2004: la policía corrupta, absolutamente controlada por los socialistas en la oposición, había preparado, colaborado u ocultado información para que los atentados del 11-M pudiesen llevarse a cabo y variasen así los resultados de aquellas elecciones en favor de los propios socialistas. El gobierno socialista, por lo tanto, debería ser considerado ilegítimo: aquellos atentados supusieron un golpe de Estado socialista en toda regla, como también lo fue, según Pío Moa y un cada vez mayor número de ciudadanos ideológicamente conservadores, lo acaecido en 1934 en España. El Mundo, La Razón o La Gaceta siguieron esta premisa de la ilegitimidad del gobierno socialista durante los siete años de mandato del PSOE. Todas las semanas; casi todos los días. Cualquier iniciativa legislativa contraria a la ideología conservadora era motivo suficiente para recordar la ilegitimidad de aquel gobierno.

Ahora, con un gobierno conservador al frente de un país arruinado por unos bancos avaros, por el fraude fiscal de las grandes empresas, por la ególatra mentalidad de nuestros acreedores –y supuestamente socios– europeos y por una corrupción política de dimensiones vergonzosas, lo que debe transmitirse en las portadas de estos periódicos es la radicalidad de los parados vagos, de los estudiantes manipulados, de las familias obreras aburguesadas que vivieron por encima de sus posibilidades, de los trabajadores con sueldos devaluados, de los funcionarios con sueldos congelados, de los catalanes separatistas: las calles se llenan de violentos en cada manifestación. Debe transmitirse la idea de que la sociedad que se opone a los recortes sociales, educativos y sanitarios, a la transferencia de fondos públicos para salvar las pérdidas de las entidades financieras o a la corrupción política, es una sociedad violenta, antidemocrática, totalitaria: hay que transmitir que cualquier respuesta a esa violencia ciudadana puede –o incluso debe– ser también violenta, sea ésta policial, militar o de cualquier otro tipo. La violencia del Estado se justifica así con toda su amplitud, en cualquier momento, lugar o circunstancia; se ejerza con legitimidad o no.

Ayer, las asociaciones de madres y padres de alumnos decidieron secundar las jornadas de protestas por los brutales recortes en la educación pública convocadas por los estudiantes. «Así educan a sus hijos: Los padres de la CEAPA [Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos] defienden en un manual no repetir curso, quitar autoridad al profesor y prohibir la Religión en las aulas», «La izquierda más bestia de Europa: La CEAPA, plataforma socialista de padres de alumnos, […] queda inevitablemente manchada por sucesos tan siniestros como el de la otra tarde [el martes, jornada en la que la CEAPA no había convocado protesta alguna] en Mérida, con ese asalto a un colegio salesiano al grito de “¡Dónde están los curas, que los vamos a quemar!”. Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden [¿?] la barbarie de los nenes», «La huelga política en la educación pincha con un apoyo de sólo el 23% [según el Gobierno, que incluye a los centros concertados –el 40% de los colegios de infantil y primaria– en su contabilidad]: Las aulas apenas notaron los paros en Secundaria a pesar del apoyo de una asociación de padres [la mayoritaria]».

Salen a la calle y faltan a clase los descerebrados, los radicales, los analfabetos, los socialistas, los comunistas, los alteradores profesionales del orden público y de la paz social; los que salen a la calle, los violentos, tienen nombre y apellidos (El Mundo no duda en dar sus señas y mostrar su fotografía en portada –tal y como ya hiciese La Razón en su día con uno de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes– y sentenciarlo sumarísimamente como el instigador del asalto al colegio de los Salesianos de Mérida que cita La Gaceta en su portada), pero ayer cualquier padre o cualquier madre que secundara las protestas se convirtieron en posible objetivo de estos periodistas guerracivilistas: la depuración social y el escarnio público de los padres y estudiantes terroristas («Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna», dijo ayer Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso del partido en el gobierno) debe permanecer en las hemerotecas, para cuando corresponda justificar el necesario, el inevitable golpe de Estado que devuelva a los violentos, a los terroristas, a los radicales, a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los parados, a los trabajadores, a los padres, a las madres y a los estudiantes al lugar que les corresponde.

Las mayorías, hoy, se expresan con el silencio. Y si es eterno, mejor.

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El 11-M recauchutado

Escribía hace una semana Luis del Pino en Libertad Digital:

Que vivimos en un país extraño lo atestigua el hecho de que hayan tenido que pasar ocho años para que alguien pida un informe exhaustivo sobre la destrucción de los trenes del 11-M, como acaba de hacer el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Como también atestigua lo extraño de nuestro país el hecho de que esa noticia resulte tan llamativa.

Tantos años pidiendo, cualquiera diría que los periodistas que aun mantienen viva la llama del conspiracionismo son unos auténticos y experimentados mendigos; y hablo de mendicidad para que se me entienda, porque estos periodistas no piden por necesidad, sino porque no tienen otra cosa más edificante que hacer en su vida, que ya es triste.

Para centrarnos: vivir en un país extraño es pedir (siempre pidiendo) que se investigue por qué el propietario de una vivienda (de su vivienda, de la suya) en la cual se cometió un asesinato (que ya fue investigado, y donde la policía recogió las pruebas que quiso y consideró oportuno recoger) ha tirado el tabique del comedor, ha cambiado la taza del wáter rota, ha tirado a la basura (o al ecoparque) un aparador viejo o incluso ha vendido la casa a algún conocido o desconocido. Su casa. La suya. Aunque haya sido el escenario de un crimen. El escenario, repito. No la prueba del crimen.

El vagón supuestamente descubierto por Libertad Digital (y digo supuestamente porque no hay vagón, sino los restos desechados tras la reparación de un vagón que sigue en servicio, el CM-190, la cual costó 475.175,36 €) está incluido en el informe remitido por RENFE a la Audiencia Nacional en 2007, consta como reparado y en dicho informe se especifica con total claridad que en ese vagón estalló una bomba.

Desconozco las razones que han llevado al Fiscal General del Estado a solicitar un informe exhaustivo que ya consta en la propia causa del 11-M, aunque me puedo imaginar alguna de esas razones. Y se equivoca. Se equivoca porque estos periodistas mendicantes no piden que se investigue todo lo relativo al 11-M; estos periodistas mendicantes piden (suplican, necesitan, quieren) que el 11-M sea otra cosa distinta a lo que fue. Y si llegar al final de las investigaciones significa concluir lo que ya todos sabemos (porque ya lo han dicho la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo e incluso también varios juzgados de instrucción), lo único que va a conseguir Torres-Dulce (que alguien se apiade de él) es que estos periodistas mendicantes, en su constante, reiterada y demasiado conocida (para quien quiera conocerla) insatisfacción obsesiva respecto a las investigaciones oficiales, acaben metiéndolo en el saco de esas cloacas que, de tanto delinquir, un día (algún día) van a acabar abarrotando las cárceles españolas y las de medio mundo mundial.

Estos periodistas mendicantes, por pedir, han pedido la condena de dos personas que no cometieron delito alguno:

Sí, se trata de las acusaciones a Sánchez Manzano y a la perito química de los TEDAX por falso testimonio, ocultación de pruebas y omisión de perseguir delitos, recientemente archivadas por la Audiencia Provincial de Madrid por tratarse de una cuestión ya juzgada (y que tanto la juez instructora, Coro Cillán, como la fiscalía se negaron a aceptar incomprensiblemente como tal desde que las defensas lo solicitaron, allá por Diciembre de 2009).

Curiosamente (o no tan curiosamente, que es lo más triste), este Auto que se reproduce arriba (y que puede consultarse completo aquí) fue dictado el 19/06/2009; se trata del sobreseimiento libre de una denuncia presentada unos días antes (el 04/06/2009) de que la conspiración más mediatizada (la de El Mundo o Libertad Digital) aprovechase el mismo libro (publicado por El Mundo, por supuesto) para querellarse contra las mismas personas, por los mismos delitos y por los mismos teóricos nuevos datos súper-mega-novedosos (los contenidos en el susodicho libro). Eso sí,  como viene siendo habitual, la querella no se interpuso directamente por los medios que todo lo saben, sino a través de una de las asociaciones de víctimas, a las que parecen mantener permanentemente secuestradas y torturadas –intelectualmente– con falsas promesas de esclarecer no se sabe muy bien qué hechos.

Pues bien, como va a ocurrir con las investigaciones que ahora va a iniciar (o no) el Fiscal General del Estado, los medios de comunicación más éticos del periodismo español y de parte del extranjero desoyeron (ignoraron, ocultaron, omitieron) por completo esa denuncia, el archivo de esa denuncia, el recurso a ese archivo y el archivo del recurso porque la exclusiva de la denuncia escapaba de sus contubernios (la denuncia la presentó Alternativa Española) y porque las conclusiones del juez (que “por imperativo legal, quien resuelve ha tenido que leerse el libro”) eran justamente las contrarias a las suyas (piden, suplican, necesitan, quieren que exista un delito de algún funcionario policial para justificarse ante la masa amorfa y disforme de zombies que han creado entre sus crédulos lectores). Y eso es lo que va a ocurrir: habrá portadas aplaudiendo al Fiscal General del Estado hasta que el Fiscal General del Estado archive (otra vez) una investigación sobre quién ordenó devolver los escenarios del crimen a su legítimo dueño (RENFE) tras finalizar las investigaciones; y en ese momento, o desoirán, ignorarán, ocultarán u omitirán el archivo de las investigaciones o Torres-Dulce pasará a engrosar la interminable lista de integrantes de las cloacas al servicio de… ¿Rubalcaba? Quién sabe.

Capaces como son incluso de presionar a testigos de los atentados para intentar (instándoles a que cambien su declaración) que nuestro terrorista más sanguinario (Jamal Zougham) quede en libertad, mucho me temo que no tendrán demasiado problema en cargar con virulencia contra Torres-Dulce si éste no accede a sus absurdas ocurrencias.

La dignidad del ciudadano de a pie

El jueves se publicó un Editorial conjunto en doce periódicos editados en Cataluña bajo el título “La dignidad de Cataluña” que ha causado un gran revuelo social y mediático; ni me gustó el tono ni me gustó el momento, pero fue una respuesta más que previsible.

La caverna mediática, harta de insultar, presionar, vilipendiar, deslegitimar y atacar en días anteriores al Estatut, a Cataluña, a los catalanes y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, no tardaron en salir en manada en mensajes televisivos, radiados y escritos… ¡¡¡en defensa del Tribunal Constitucional!!!

No voy a hacer ahora una recopilación de las barbaridades que Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos y otros periodistas de la misma tribu han dejado plasmadas, en papel o en las ondas, respecto a la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del Estatut (las hemerotecas hablan por sí solas).

Esos periodistas cavernícolas saben perfectamente que el editorial conjunto no es más que la respuesta a sus anteriores desmanes; es la reacción legítima de una sociedad y de una opinión maltratadas sin escrúpulos con editoriales, columnas y artículos manipuladores y generadores de odio hacia esa sociedad que ahora ha respondido. Esos cavernícolas saben perfectamente que ese editorial conjunto no es más que la respuesta que intenta equilibrar las presiones de los cavernícolas sobre el Tribunal Constitucional.

Pero con el editorial hay otro problema. Si el Tribunal Constitucional ya estaba completamente deslegitimado para la opinión pública que sigue habitualmente a los cavernícolas, ahora también lo está para gran parte de los catalanes. Deslegitimado para unos y deslegitimado para otros, sea cual sea el resultado de la próxima sentencia no va a ser aceptada por ninguna de las dos partes; ese va a ser el único resultado al que van a contribuir unos y otros con sus presiones y sus deslegitimaciones.

¿Y qué hacemos el resto de ciudadanos que consideramos que los miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por sus conocimientos jurídicos siguen teniendo esos conocimientos por los que fueron elegidos? Porque por mucha batalla mediática que haya por deslegitimar al Tribunal Constitucional, sus miembros lo siguen siendo por sus conocimientos jurídicos.

El resto de ciudadanos podemos optar por unirnos a la deslegitimáción del Tribunal Constitucional (esta es la opción más cómoda, puesto que así les damos la razón a unos y a otros), por descojonarnos ante las rabietas de ambas partes al dictarse la sentencia (también es una opción cómoda, y además la risa es más saludable que la indignación) o por decirles a ambas partes que dejen trabajar al Tribunal Constitucional y que dejen de utilizar su deslegitimación para preparar a sus fieles ante una sentencia que no les va a dar la razón al 100% ni a unos ni a otros.

Hubiese sido todo un triunfo para la democracia que la aprobación del Estatut hubiese servido para abrir un debate en la sociedad acerca de sus propuestas más conflictivas; pero con la caverna encerrada en su cueva dando continuos alaridos ha sido misión imposible. Y al final, alaridos desde la cueva y alaridos desde fuera de la cueva.

Triste realidad la de esta España que nos ha tocado vivir.

Gürtel o la nueva causa de El Mundo contra Garzón

Es de sobra conocida la animadversión del Director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, por el juez Baltasar Garzón; las campañas mediáticas de desprestigio hacia el juez son una característica distintiva del periodismo al que nos tiene acostumbrados el segundo periódico generalista de España. Y el caso Gürtel, instruido por Garzón y con un impacto mediático impresionante, no podía ser desaprovechado para continuar con esa particular causa de El Mundo.

Publicaba el sábado El Mundo en portada, como noticia principal, que «Garzón grabó a abogados de Gürtel con la ley antiterrorista»; adicionalmente, el Editorial rezaba: «Garzón, otra vez enemigo de la Justicia». Nos detendremos, por el momento, en estos dos artículos.

Todo se inicia con unas declaraciones de José Antonio Choclán, actual abogado defensor de Francisco Correa (el anterior abogado está imputado por formar parte de la trama de su defendido), tras hacerse eco de algunas noticias que reproducían parte de las conversaciones en la cárcel del líder de esa banda mafiosa que ha sido bautizada con su propio apellido; en dichas declaraciones, el abogado defensor instaba al Colegio de Abogados de Madrid a cargar contra el juez por haber vulnerado el secreto profesional del abogado y el derecho a la legítima defensa de Francisco Correa.

La reacción no se hizo esperar, y el Consejo General de la Abogacía Española cargó furiosamente contra el juez en una dura nota de prensa, solicitando incluso la nulidad del sumario (petición que sería rectificada por la tarde). Al día siguiente sería cuando El Mundo publicaría su noticia del día en base a este asunto.

El titular de esa noticia no parece, en un principio, incorrecto, aunque sí introduce una cierta confusión en el lector, que puede (como pretende El Mundo) llegar a la conclusión de que el juez Garzón trata como terroristas a quienes no lo son para aplicarles una legislación que permite investigar delitos con técnicas, por decirlo de alguna manera, que no les serían de aplicación. De hecho, el texto que figura en la portada del periódico así lo expresa: Garzón intervino esas conversaciones «invocando un precepto que permite intervenir las comunicaciones con los abogados en supuestos de terrorismo».

Empecemos por advertir que no existe en España ninguna Ley bajo el nombre de antiterrorista: nos solemos referir a este nombre cuando hablamos de las modificaciones introducidas en el Código Penal en el año 2000 (Ley Orgánica 7/2000, de 22 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo); sin embargo, no es a esa Ley a la que se refiere El Mundo, sino, como se especifica en el texto interior de la noticia, a la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria, cuyo artículo 51.2 (el utilizado por el juez Baltasar Garzón para intervenir las comunicaciones con los abogados defensores de tres de los imputados en el caso Gürtel) especifica:

Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

Podría sin duda entenderse, como hace El Mundo, que las comunicaciones de los presos con sus abogados defensores sólo pueden intervenirse cuando los presos están acusados o condenados por terrorismo y media una orden judicial (es decir, sólo cuando se cumplen ambos requisitos); sin embargo, no podemos olvidar que la Ley en la que está incluido ese artículo regula el funcionamiento interno de las prisiones. De hecho, el desarrollo reglamentario de esa Ley General Penitenciaria (el Real Decreto 190/1996, de 9 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario) nos aclara el significado exacto de ese texto de la Ley y a quién va dirigido:

Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa. La suspensión o la intervención de estas comunicaciones sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial.

Lo que dice la Ley es que se pueden intervenir, por decisión administrativa (sin autorización judicial), las comunicaciones de los abogados defensores con sus defendidos imputados o condenados por terrorismo; para el resto de presos (como en este caso) se requiere la autorización judicial previa, pudiendo ser entonces también intervenidas (como ha ocurrido en este caso). Y es que el destinatario de esa Ley y, en consecuencia, de esas restricciones, es la administración penitenciaria.

Nótese que he expuesto los antecedentes y el origen del artículo de El Mundo (redactado por María Peral) porque podría entenderse perfectamente que la periodista sólo se limita a reflejar lo expresado por otros entendidos en la materia (un abogado defensor de renombre y, ni más ni menos, que el Consejo General de la Abogacía Española); nada que alegar respecto al abogado defensor, puesto que es libre de defender a su cliente utilizando todos los recursos a su alcance (incluso los mediáticos).

Pocos comentarios merece la nota de prensa del Consejo General de la Abogacía Española, dado que se han puesto en evidencia ellos mismos al exponer ante la sociedad el más absoluto desconocimiento de la legislación que les afecta de forma directa (prefiero no imaginarme cual es el nivel de conocimiento de la legislación que no les afecta); teniendo todo esto en cuenta, tendremos que ir con pies de plomo a la hora de atribuir una intencionalidad determinada al hecho de publicar a cuatro columnas la falsa noticia de una autorización de escuchas ilegales por parte del juez Garzón.

Los antecedentes no juegan muy en favor de El Mundo, especialista en hacerse eco (o incluso crearlas) de las más extravagantes teorías que pudieran beneficiar a los terroristas más sanguinarios que ha conocido España (recordemos el 11-M); no obstante, el Editorial que acompañaba a la noticia nos va a dar una pauta de comportamiento muy clara en cuanto al tratamiento informativo que puedan tener todas las noticias en las que esté involucrado el juez Garzón:

La carrera de Baltasar Garzón está plagada de irregularidades, arbitrariedades y abusos en la interpretación de la Justicia. […] Garzón vulneró la legalidad en un auto fechado el 19 de febrero de 2009 en el que ordena la escucha y grabación de las conversaciones de Correa y Crespo con sus abogados en prisión. […] Es muy probable que Garzón acabe en los tribunales por este asunto, pero lo más grave es que su negligente actuación pone en peligro la instrucción del caso Gürtel. […] Habrá que ver hasta qué punto está contaminada la investigación por la grabación ilegal a sus abogados. Pero si la actuación de Garzón en este asunto ha sido impresentable, la Fiscalía ha contraído también una grave responsabilidad al hacer dejación de su obligación de velar por las garantías legales del proceso, que han quedado pisoteadas.

Quedémonos, de momento, con este último inciso en el que se refieren a la dejación de funciones de la Fiscalía, porque al día siguiente las cuatro columnas de portada iban destinadas justo a criticar lo que se le exigía a la Fiscalía en ese Editorial del día anterior: «El fiscal pidió sacar del Sumario diálogos favorables a Camps». Y en el texto interior encontramos esto:

El 20 de marzo, cuando conocieron el informe policial que recogía el contenido de esas transcripciones, las fiscales encargadas del caso, Miriam Segura y Concepción Sabadell, dirigieron un escrito al juzgado en el que reclamaban que se eliminasen seis conversaciones concretas entre los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados porque «se refieren en exclusiva a las estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento».

Parece, pues, que el sábado no tuvieron un buen día en El Mundo, puesto que ni las acusaciones a Garzón ni la acusación a la Fiscalía eran ciertas; pero, puesto que un buen periodista nunca se equivoca y chafarse entre compañeros está feo, en la noticia del domingo, redactada por Joaquín Manso, encontramos también esto:

Como publicó ayer EL MUNDO, el juez Garzón se valió de un artículo que sólo se puede aplicar en casos de terrorismo para ordenar, el pasado 19 de febrero, que se grabasen las reuniones que mantuvieran en prisión los cabecillas de la red Gürtel con sus abogados, en lo que puede significar una vulneración del derecho fundamental a la legítima de defensa y una causa de nulidad del proceso.

Son sin duda persistentes en el error, sobre todo si con ese error se puede desacreditar al juez Baltasar Garzón: El Mundo no va a rectificar (puesto que, en última instancia, serían el abogado defensor o el Consejo General de la Abogacía Española quienes deberían hacerlo en primer lugar), así que las acusaciones nunca van a ser desmentidas, pudiendo ser repetidas una y otra vez hasta que el error sea considerado una certeza consolidada.

Así ha funcionado siempre este tipo de periodismo revanchista y así seguirá haciéndolo, puesto que no parece haberles ido tan mal.