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| Resum de la modificació de competències dels consells escolars introduïdes per la LOMCE (Llei Wert) |
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| Nou sistema d'elecció del director establert per la LOMCE (llei Wert); l'Administració, amb majoria absoluta, és la que l'elegeix |
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| Resum de la modificació de competències dels consells escolars introduïdes per la LOMCE (Llei Wert) |
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| Nou sistema d'elecció del director establert per la LOMCE (llei Wert); l'Administració, amb majoria absoluta, és la que l'elegeix |
Empecemos por Pío Moa, no por su condición de periodista, sino por su actual visión de la Historia de España (otros antes, por convicción o para sobrevivir al régimen dictatorial, ya la tuvieron), y más en concreto de la Guerra Civil (una visión que está calando, por cuanto les exime de cualquier culpa, entre los herederos ideológicos de aquellos golpistas): el golpe de Estado del General Franco en 1936 no fue el inicio de aquella guerra, sino que fue la consecuencia –necesaria, inevitable– de las políticas izquierdistas anteriores, de la ilegitimidad de los gobiernos socialistas y, sobre todo, se trató de la reacción lógica y esperable al verdadero inicio de la Guerra Civil española. ¿Y cual fue el inicio real de aquella guerra según esta visión de la Historia? Pues las revueltas sociales de 1934.
Hoy (en realidad desde que Aznar perdió las elecciones en 2004), esos herederos ideológicos de los militares golpistas del 36 están intentando preparar el terreno para volver a justificar otro golpe de Estado y poder así responsabilizar del mismo no a los sublevados, sino a la intolerable progresía socialista o al inadmisible totalitarismo comunista: el orden, la paz social, el futuro de España, podría requerir un mandato –militar o civil– con restricción absoluta de las libertades democráticas, y estos periodistas están preparando las hemerotecas para que futuros historiadores de la talla de Pío Moa puedan comprobar cómo un posible golpe de Estado de ideología fascista sería siempre responsabilidad de las ideologías contrarias.
El Mundo, La Razón y La Gaceta, y también –aunque en menor medida– el ABC, están llevando a cabo verdaderos ejercicios de manipulación, de tergiversación, de peligrosas generalizaciones delictivas a cualquier masa social que se atreva a levantar la voz; y todo ello no en artículos de opinión interiores, sino en sus portadas, para dejar buena constancia de lo que pueda justificar un nuevo golpe de Estado.
Esta actitud guerracivilista, de ir preparando la justificación de una posible solución totalitaria ante la degradación de la convivencia interna, se inició tras los resultados electorales de 2004: la policía corrupta, absolutamente controlada por los socialistas en la oposición, había preparado, colaborado u ocultado información para que los atentados del 11-M pudiesen llevarse a cabo y variasen así los resultados de aquellas elecciones en favor de los propios socialistas. El gobierno socialista, por lo tanto, debería ser considerado ilegítimo: aquellos atentados supusieron un golpe de Estado socialista en toda regla, como también lo fue, según Pío Moa y un cada vez mayor número de ciudadanos ideológicamente conservadores, lo acaecido en 1934 en España. El Mundo, La Razón o La Gaceta siguieron esta premisa de la ilegitimidad del gobierno socialista durante los siete años de mandato del PSOE. Todas las semanas; casi todos los días. Cualquier iniciativa legislativa contraria a la ideología conservadora era motivo suficiente para recordar la ilegitimidad de aquel gobierno.
Ahora, con un gobierno conservador al frente de un país arruinado por unos bancos avaros, por el fraude fiscal de las grandes empresas, por la ególatra mentalidad de nuestros acreedores –y supuestamente socios– europeos y por una corrupción política de dimensiones vergonzosas, lo que debe transmitirse en las portadas de estos periódicos es la radicalidad de los parados vagos, de los estudiantes manipulados, de las familias obreras aburguesadas que vivieron por encima de sus posibilidades, de los trabajadores con sueldos devaluados, de los funcionarios con sueldos congelados, de los catalanes separatistas: las calles se llenan de violentos en cada manifestación. Debe transmitirse la idea de que la sociedad que se opone a los recortes sociales, educativos y sanitarios, a la transferencia de fondos públicos para salvar las pérdidas de las entidades financieras o a la corrupción política, es una sociedad violenta, antidemocrática, totalitaria: hay que transmitir que cualquier respuesta a esa violencia ciudadana puede –o incluso debe– ser también violenta, sea ésta policial, militar o de cualquier otro tipo. La violencia del Estado se justifica así con toda su amplitud, en cualquier momento, lugar o circunstancia; se ejerza con legitimidad o no.
Ayer, las asociaciones de madres y padres de alumnos decidieron secundar las jornadas de protestas por los brutales recortes en la educación pública convocadas por los estudiantes. «Así educan a sus hijos: Los padres de la CEAPA [Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos] defienden en un manual no repetir curso, quitar autoridad al profesor y prohibir la Religión en las aulas», «La izquierda más bestia de Europa: La CEAPA, plataforma socialista de padres de alumnos, […] queda inevitablemente manchada por sucesos tan siniestros como el de la otra tarde [el martes, jornada en la que la CEAPA no había convocado protesta alguna] en Mérida, con ese asalto a un colegio salesiano al grito de “¡Dónde están los curas, que los vamos a quemar!”. Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden [¿?] la barbarie de los nenes», «La huelga política en la educación pincha con un apoyo de sólo el 23% [según el Gobierno, que incluye a los centros concertados –el 40% de los colegios de infantil y primaria– en su contabilidad]: Las aulas apenas notaron los paros en Secundaria a pesar del apoyo de una asociación de padres [la mayoritaria]».
Salen a la calle y faltan a clase los descerebrados, los radicales, los analfabetos, los socialistas, los comunistas, los alteradores profesionales del orden público y de la paz social; los que salen a la calle, los violentos, tienen nombre y apellidos (El Mundo no duda en dar sus señas y mostrar su fotografía en portada –tal y como ya hiciese La Razón en su día con uno de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes– y sentenciarlo sumarísimamente como el instigador del asalto al colegio de los Salesianos de Mérida que cita La Gaceta en su portada), pero ayer cualquier padre o cualquier madre que secundara las protestas se convirtieron en posible objetivo de estos periodistas guerracivilistas: la depuración social y el escarnio público de los padres y estudiantes terroristas («Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna», dijo ayer Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso del partido en el gobierno) debe permanecer en las hemerotecas, para cuando corresponda justificar el necesario, el inevitable golpe de Estado que devuelva a los violentos, a los terroristas, a los radicales, a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los parados, a los trabajadores, a los padres, a las madres y a los estudiantes al lugar que les corresponde.
Las mayorías, hoy, se expresan con el silencio. Y si es eterno, mejor.
Mientras el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, se dedica a jugar al despiste con palabras y frases sacadas de la Junta de Defensa Nacional del bando sublevado contra la legalidad democrática de la II República, la escalofriante realidad de las cifras de la educación pública contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 va pasando paulatinamente a un segundo o incluso a un tercer plano.
Hoy los padres de los alumnos de la educación pública estamos secundando una jornada de protesta por los gravísimos recortes en las partidas de educación que contienen los Presupuestos de 2013; pero no sólo por estos Presupuestos. Si echamos la vista atrás, a los Presupuestos de 2010, y realizamos una comparativa, comprobaremos cómo esta jornada de protesta no sólo está plenamente justificada, sino que es una medida de carácter urgente y necesario: las partidas presupuestarias para la educación de nuestros hijos se han reducido, por los efectos directos de la crisis, un 35,24% en tres años (1.044 millones de euros menos presupuestados en 2013 respecto a 2010).
De los datos comparados de 2010 y 2013, podemos observar cómo las escasas partidas cuyos gastos se han incrementado desde que España pasara a la primera línea de fuego de la crisis financiera corresponden a los suministros (casi 10 millones de euros nos ha costado el aumento de los precios de la electricidad) y a una partida de incentivos salariales que suelen ir a parar íntegramente a los asesores (es la forma que suelen utilizar todas las administraciones públicas para salvar de los recortes a sus afines).
Además, las autonomías han perdido 775 millones de euros de financiación y las familias han perdido 175 millones de euros de ayudas, mientras que las inversiones reales en educación han caído un 61% (15,5 millones de euros menos); por partidas concretas, la formación al profesorado se ha reducido en más de 4 millones de euros (un 54% menos que hace tres años), en educación infantil y primaria hay 484 millones de euros menos para el año que viene que en 2010 (un 75% de reducción), en educación secundaria, FP e idiomas la reducción es del 50% (109 millones menos) y en la universitaria del 67% (250 millones de euros menos).
Pero si las cifras globales causan inquietud a los padres, la desaparición de partidas presupuestarias completas debe ponernos en alerta sobre el negro futuro que le espera a la educación pública: desaparecen las asignaciones para la educación especial y para la educación a distancia no universitaria, así como los 108 millones de euros destinados en 2010 a dotar a las escuelas de las herramientas necesarias para formar a nuestros hijos en el uso de las nuevas tecnologías.
Así, mientras sólo a Bankia le vamos a destinar 24 veces lo que el Gobierno ha recortado en educación, el Ministro Wert insiste en que las protestas estudiantiles y de los padres de esta semana corresponden a manifestaciones radicales y antisistema.
Obviamente, cuando nos quieren tomar el pelo de esta forma tan descarada nos vamos radicalizando contra quien nos acusa de ser idiotas; y, por supuesto, si el sistema nos ha de llevar por este camino (a este ritmo, en 2019 los gastos en educación pública desaparecerían por completo de los Presupuestos Generales del Estado), habremos de declararnos obligatoriamente antisistemas.
Señor Wert, vire usted en otra dirección o lo mejor que puede hacer para servir a sus ciudadanos es dimitir; y lo mismo sirve también para el resto del Gobierno si no es capaz de encauzar convenientemente esta estocada mortal a la educación pública.