Debe ser indignante para un castellanohablante cruzar un cartel que diga “Benvingut a Catalunya” o “Benvingut a la Comunitat Valenciana” y empezar a perder derechos y libertades en materia lingüística; estas vulneraciones, convenientemente denunciadas por su periódico, deberían estar completamente erradicadas en esta España del siglo XXI, pero ahí se mantienen. Tras varias décadas de imposición lingüística del nacionalismo catalán y del regionalismo valenciano, tiempo durante el cual los castellanohablantes han visto cómo su lengua perdía su estatus de principal y predominante en algunas regiones españolas en favor de otras lenguas minoritarias, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo iniciaron la senda de la restitución de los derechos perdidos por una gran parte de los ciudadanos castellanohablantes que residen en regiones con otra lengua oficial. Hoy podemos decir que vuelve a regir el sentido común: las imposiciones legales deben establecerse sobre aquéllos ciudadanos que no hablan la lengua oficial del Estado, y jamás sobre quienes ya son castellanohablantes desde su nacimiento.
En aras a la unidad y a la estabilidad de nuestro país, la pérdida de derechos lingüísticos sólo puede tener una dirección; deben ser los ciudadanos no castellanohablantes los que vean anulados parte de sus derechos al cruzar un cartel que diga “Bienvenido a Castilla-La Mancha” o “Bienvenido a Aragón”. Sus libertades individuales no pueden equipararse a las libertades individuales de los castellanohablantes, puesto que nuestra Constitución y su máximo intérprete así lo han especificado con total claridad; no debe permitirse bajo ningún concepto que los nacionalismos y los regionalismos exijan contraprestaciones a la pérdida de derechos de algunos de sus ciudadanos cuando cruzan una frontera administrativa o impongan las mismas restricciones a los castellanohablantes que las que se les puedan imponer a los no castellanohablantes.
Así, el derecho a la libre elección de la lengua vehicular de los hijos de un castellanohablante debe ser exigible en todo el territorio nacional; que un no castellanohablante sólo pueda exigirlo dentro de un territorio perfectamente acotado no debe interpretarse como una vulneración de sus derechos, sino como una imposición legal sin la cual peligraría gravemente la unidad española, concepto éste de mucha mayor envergadura que cualquier derecho o libertad individual de un ciudadano no castellanohablante. Quedan aun muchas restituciones pendientes en este mismo sentido, como la toponimia en castellano, la señalización predominantemente en castellano e incluso, si se estimase económicamente necesario para nuestro país, la derogación de los abusivos derechos a que las administraciones se dirijan a los ciudadanos no castellanohablantes en un idioma distinto al castellano; pero garantizar la enseñanza en castellano y no en las otras lenguas regionales es un primer y primordial paso en la normalización lingüística de nuestro país.
En este sentido, las 125.000 familias valencianas que nos resignamos sin más a que nuestros hijos no puedan ser escolarizados en nuestra lengua materna mereceríamos un reconocimiento y deberíamos ser tenidos como ejemplo a seguir en otras comunidades autónomas más reaccionarias.
Tómenselo con toda la ironía del mundo.
(Texto íntegro de una Carta al Director del diario El Mundo remitida hoy).
Yo soy valenciano y español,me considero regionalista y estoy orgulloso de tener dos leguas.Nunca he visto ni oído que a un castellano parlante se les discrimine,al contrario si que he visto y leído en los medios discriminación por hablar valenciano.
ResponderEliminarsaludos
Tengo entendido que en la Comunidad se puede eligir en la lengua que estudian los hijos.No lo veo correcto ya que si vives aquí lo normal es que se aprenda una de las dos lenguas oficiales que tenemos.
ResponderEliminarSe llama ironía.
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