La democracia sobornada

Leyendo un artículo de Gabriel Albiac en ABC («La corrupción constituyente») sobre la división de poderes y la corrupción, me topé con una ingeniosa frase que define a la perfección la principal característica de cualquier democracia:

«La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto».

Los tres poderes clásicos de la democracia

Inmediatamente, me asaltó una pregunta: ¿qué contrapeso hay hoy a esos poderes que ejercen su influencia (cada vez mayor) al margen de los tres poderes clásicos de la democracia? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante instituciones ajenas como el FMI, que no sólo influyen en ella, sino que incluso pueden ser capaces de hacerla irreconocible? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante esos intereses económicos -supranacionales o mucho más particulares- que tantas veces acaban por someterla? ¿No estaremos ya ante poderes erigidos en absolutos por no haber existido contrapesos que lo evitaran?

Uno de los principales fallos (y así lo argumenta también Gabriel Albiac) que se le achacan a la democracia española es el déficit de independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes; estaríamos así ante un fallo interno del propio sistema achacable a decisiones de los otros dos poderes. El fallo, por lo tanto, sería subsanable con otras decisiones en sentido contrario. Yendo a lo concreto, el fallo está, según estas teorías ampliamente aceptadas en determinados sectores, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; la solución pasaría, por lo tanto, por una simple reforma legislativa.

Con esta simplificación del problema se matan dos pájaros de un tiro: los responsables de la corrupción española son los socialistas (así lo afirma rotundamente el propio Gabriel Albiac: «la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición» tuvo como consecuencia la promulgación de esa Ley Orgánica) y la solución la puede dar el propio sistema actual con una mínima modificación legislativa.

Sin restar importancia a una posible modificación de dicha Ley Orgánica que pudiera dar una mayor independencia al poder judicial (o, mejor dicho, a determinados órganos de dicho poder), no parece que la realidad confirme que la corrupción generalizada que vive nuestro país provenga de una deficiente configuración de ese pilar de la democracia; de hecho, es este poder el que está poniendo a los corruptos de los otros poderes en el lugar que les corresponde. O, lo que es lo mismo, el poder judicial sí cumple su función (controlar que los otros dos poderes se ajusten a la ley) cuando conoce los hechos; lo que sí confirma la realidad, en cambio, es que -además de otras cuestiones- el poder judicial tarda demasiado tiempo en conocer los hechos, y eso es algo que no va a arreglarse con una modificación -ni profunda ni superficial- de una Ley Orgánica.

De los tres poderes del Estado, el verdadero eslabón débil es el poder ejecutivo; no respecto a los otros dos poderes clásicos de la democracia, sino respecto a los poderes ajenos a la misma. Y ahí es donde reside el verdadero problema de la corrupción que está destruyendo al actual sistema democrático: el eslabón débil del sistema puede ejercer de contrapeso respecto a los otros dos poderes, pero ninguno de los tres tiene capacidad (no se le reconoce en la concepción clásica de la democracia) para contrapesar a poderes ajenos al propio sistema. Y la realidad nos demuestra que es ése (el poder ejecutivo, no el poder judicial) el que cede una y otra vez a los factores externos al sistema democrático.

Algunas democracias, tan representativas como la estadounidense (tan en boca de muchos como ejemplo de buen sistema democrático), han acabado por transigir ante esa debilidad y han legalizado e institucionalizado los sobornos empresariales a los poderes ejecutivo y legislativo bajo una definición amplia de la financiación de campañas electorales; lejos de impedir que los sistemas ajenos al democrático puedan manipular y tergiversar la esencia misma de la democracia (la voluntad del pueblo en contraposición a la voluntad de una oligarquía), la solución adoptada por algunas democracias ha sido, simplemente, publicar quién y cuánto ha sobornado a cada político en cada campaña electoral. Es decir: se ha optado por integrar dentro del sistema democrático a otros sistemas que no se rigen por las normas democráticas. En otras palabras: se han introducido agentes externos en un cuerpo sin que ambos sean compatibles entre sí; lo que vendría a ser un virus.

Actual correlación de poderes que influyen en el sistema democrático

Como decía, lo que la realidad nos está demostrando es que la corrupción se produce en la confluencia de dos sistemas que se rigen por normas totalmente distintas y, en muchas ocasiones, incompatibles entre sí; al menos en el ámbito nacional (referido al conjunto de las administraciones de nuestro propio país), son los partidos políticos -consciente o inconscientemente- los que facilitan la transmisión de conductas corruptas hacia los poderes ejecutivo y, en menor medida, legislativo.

La inmensa mayoría de las tramas de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos años han utilizado este sistema para llegar al corazón mismo del poder ejecutivo de ámbito autonómico y nacional; en el ámbito local, en cambio, se han utilizado indistintamente tanto esta vía indirecta para acceder al poder ejecutivo (alcaldes y concejales) como la directa (sin pasar por los partidos políticos).

La rígida estructura de los partidos políticos españoles, que, seguramente por razones históricas, han buscado más la estabilidad interna que la transparencia y la apertura hacia el exterior, ha permitido grandes concentraciones de poder en grupos muy reducidos de personas, que por lo general ejercían (y ejercen todavía) ese poder tanto hacia dentro del partido como hacia fuera (los presidentes o los secretarios generales de PP y de PSOE, respectivamente, han sido habitualmente los candidatos a presidentes o a alcaldes de sus respectivos partidos); al tratarse de grupos tan reducidos, el trasiego de cargos con duplicidad de funciones (en los partidos y en los poderes ejecutivo y legislativo) ha permitido que lo que podrían haber sido -recordemos que la financiación ilegal de los partidos políticos no es ni tan siquiera delito en nuestro país- simples ilícitos económicos de ámbito privado (entre una empresa y otra entidad privada) han acabado deviniendo en auténticos saqueos de las arcas públicas.

La red Gürtel, por ejemplo, empezó organizando actos electorales para el Partido Popular valenciano y acabó recibiendo contratos públicos de la misma Generalitat Valenciana, ampliando sus tentáculos de corrupción hasta Madrid; eso no hubiese sido posible si las mismas personas que contrataron para el PP los servicios de las empresas de la red corrupta no hubiesen sido al mismo tiempo diputados en el Congreso o en las Cortes Valencianas o consejeros y altos cargos de la propia Generalitat.

Esa concentración de poder en grupos reducidos de personas se traduce, una vez iniciadas las prácticas ilícitas, en una traba a la hora de denunciar los hechos y que éstos lleguen al poder judicial; por un lado, los funcionarios que puedan intuir la comisión de cualquier delito prefieren mirar hacia otra parte y conocer cuanto menos mejor de los asuntos turbios de sus superiores, a quienes saben capaces, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad -que se fía antes de los suyos que de un funcionario vividor-, de apartarles de su puesto o incluso de arruinarles la vida si ponen trabas a las actuaciones corruptas. Y, por otra parte, la prensa silenciosa, que ha entrado -por necesidades económicas- en un círculo vicioso que ha llevado a la profesión a ser una de las peor valoradas: los grandes financiadores de los partidos políticos son a su vez los grandes financiadores -a través de la publicidad, principalmente- de las editoriales periodísticas, y morder a quien te da de comer es poco recomendable. Yo mismo he sido testigo de los silencios cómplices de accidentes laborales con resultado de muerte en empresas que financian a radios y periódicos locales: aquel accidente laboral nunca ocurrió. Si incidentes de esta gravedad son ocultados por la prensa, qué no ocultarán los medios cuando conozcan de algún pequeño delito de corrupción en el que esté implicada una empresa que les financia o algún político con influencias sobre dicha empresa (y aquí habría que incluir también a los propios partidos políticos como financiadores: pensemos por un momento qué puede hacer un medio sin los recursos de la Cadena SER ante el boicot del propio Partido Popular tras destapar esa emisora de radio varios asuntos turbios de sus dirigentes).

Amordazados tanto el cuarto poder como la fiscalización de los empleados públicos (a quienes, además, se les quiere eliminar por completo esa función de fiscalización, sólo posible a través de su protección laboral frente a las arbitrariedades interesadas de sus jefes), el conocimiento de posibles delitos por parte del poder judicial se ralentiza considerablemente o, incluso, se anula por completo.

El sistema democrático clásico, como cualquier otro sistema, ha de tomar como base teórica un determinado estado de las cosas que le rodean y que puedan influir en él; llamémosle estado de reposo, estado perfecto o estado ideal. Los actores del sistema (como las partículas y las fuerzas en un sistema físico) interactúan con el sistema, cada cual empujando en una dirección; en ese sistema democrático perfecto, unos actores se anulan a otros, de forma que el resultado final siempre tiende hacia ese estado de reposo (el sistema se ha creado para que así sea). El problema surge cuando el sistema teórico y el sistema real discrepan: es necesario replantearse y mejorar el marco teórico para descubrir y corregir los desequilibrios o hay que aplicar medidas correctoras al sistema real para que vuelva hacia el estado de reposo que, según la teoría, lo hace estable.

El problema actual (y esto es algo normal en sistemas en los que existen factores -filias, fobias, prejuicios, simpatías, sentimientos...- que no pueden determinarse en la implementación teórica) es que las discrepancias entre el marco teórico y la realidad son cada vez más amplias: los sistemas de control y de contrapeso existentes en la teoría actual no parecen ser capaces de cerrar esa brecha que se ha abierto, al tiempo que desde dentro del propio sistema hay muchas reticencias para modificar el marco teórico.

Determinados factores externos al propio sistema democrático, que debían quedar integrados en el mismo según el marco teórico vigente, han conseguido escapar, al menos parcialmente (FMI, paraísos fiscales, globalización financiera...), a las reglas que rigen la democracia; lo que debería ser un subsistema o un subconjunto del sistema democrático ha conseguido -muchas veces con el beneplácito de éste- regirse en parte (una parte cada vez mayor) por otras reglas totalmente distintas, al tiempo que su interacción con la democracia se ha mantenido intacta. Podríamos hablar de la escisión de una parte del marco teórico (para crear otro independiente) que sigue interactuando con la realidad democrática, pero con sus propias reglas; un sistema, en definitiva, intrusivo, puesto que intenta modificar las estructuras internas de los sistemas democráticos para adaptarlas a su propio marco teórico (y éste, por supuesto, no puede ser modificado por ningún otro sistema).

Como decía, ese intrusismo ejercido por el sistema económico está utilizando intensivamente al eslabón débil del sistema democrático (el poder ejecutivo) para conseguir sus fines; la actuación de otro de los poderes (el judicial), pese a la parálisis del tercero (el legislativo, influenciado y anulado en exceso por el ejecutivo a través de los partidos políticos) y al secuestro del cuarto (los medios de comunicación, más interesados hoy en que funcione bien el sistema económico que en que éste se someta a reglas democráticas), será una condición necesaria, pero no suficiente, para corregir las impredecibles consecuencias de la actual corrosión de las estructuras del sistema democrático. Son urgentes (pese a los mensajes contrarios que se lanzan desde el poder ejecutivo y desde los partidos políticos con capacidad para implementarlas) medidas que contrarresten la corrosión interna que puede derrumbar todo el sistema democrático, que sometan a las mismas reglas a todos los actores que interactúan con los sistemas democráticos y, en definitiva, que puedan ejercer efectivamente de contrapeso a las intrusiones de sistemas que pretenden someter las teorías democráticas a las suyas propias.

Y el primer paso (necesario, pero tampoco suficiente) lo han de dar los propios partidos políticos. Deben someterse, sin excepciones, al escrutinio de la realidad y aceptar que sus estructuras deben cambiar radicalmente para no intoxicar al propio sistema. Deben iniciar, en primer lugar, una modificación de sus estructuras internas para hacerlas mucho más transparentes, de forma que sea perfectamente posible no sólo expulsar a quien colabora con la corrosión del sistema, sino también hacer extremadamente fácil la puesta a disposición del poder judicial de toda conducta sospechosa que pueda ser detectada en el seno del propio partido.

Debe cambiar también el concepto de político que hoy predomina en los principales partidos: nadie es imprescindible para llevar a cabo un proyecto político. La rotación de líderes debe entenderse como algo normal, y debería institucionalizarse a través de normas que obliguen a esa rotación para evitar la perpetuación en el poder de grupos reducidos de personas; lo que debería importar a un partido (y a sus líderes y candidatos) es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto político (sea el que sea), no quién lo lleve a buen término.

Otra de las modificaciones urgentes que necesita el sistema es la implementación de un sistema electoral que descarte las actuales listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el político se deba antes a unas siglas que a los ciudadanos que le han votado; aunque esa modificación no eliminaría la corrupción, sí evitaría que unos políticos taparan las corruptelas de otros por la sensación de pertenencia a un grupo cerrado. Si al cometer un acto de dudosa legalidad se deben dar las explicaciones a los votantes, y no a los aparatos de un partido, esas negativas a dimitir que tanto se dan hoy serían mucho más difíciles de justificar.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario implementar los contrapesos necesarios que hagan posible la democratización, o bien de los propios sistemas ajenos al democrático, o bien de la toma de decisiones respecto a asuntos que provienen de esos sistemas; es decir, que todo lo que provenga de sistemas que se rigen por reglas que escapan al sistema democrático debe ser democratizado. Que organismos ajenos al sistema democrático (FMI, mercados financieros desregulados...) tomen decisiones que afecten o puedan afectar directamente al propio sistema, sin que deban responder por dichas decisiones -tengan las consecuencias que tengan- ante nadie, tiene como principal consecuencia que el ciudadano-votante acabe teniendo la sensación (tan real como la que hemos vivido en España estos últimos años) de que votar a un partido político que transige ante estos poderes descontrolados no sirve de nada. Y eso tiene consecuencias gravísimas para el sistema democrático, pues acaba convirtiéndose en una falacia teórica que nada tiene que ver con su aplicación en la vida real.

En definitiva, es urgente y necesario evitar que las injerencias de sistemas externos, regidos por otras reglas completamente distintas -y hasta opuestas- a las del sistema democrático, acaben por convertir la soberanía de las urnas en una simple distracción del pueblo soberano, mientras las decisiones que afectan a ese pueblo se toman en función de la capacidad de soborno -o incluso de extorsión- que puedan tener agentes ajenos a la propia democracia.

Buscando al ladrillo desesperadamente

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística daba a conocer el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del tercer trimestre de 2013; en su nota de prensa, el INE remarcaba que dicho índice había subido, en tasa intertrimestral, por primera vez desde el segundo trimestre de 2010 (en tasa interanual había caído casi un 8%).

No deja de ser sorprendente que el precio de la vivienda suba el mismo trimestre que el precio del metro cuadrado haya seguido bajando (que alguien nos lo explique), y más teniendo en cuenta que ambos datos se publicaron con menos de 20 días de diferencia.

Aunque la explicación de esta aparente contradicción se escape a mis entendederas (he intentado buscar cambios en las ponderaciones del IPV y las he encontrado -ahora, las viviendas de segunda mano conforman más del 70% del índice cuando en 2010 suponían el 45%, un cambio de ponderación que tampoco alcanzo a entender, puesto que se venden un número similar de viviendas de ambos tipos-, pero si el precio del metro cuadrado ha disminuido tanto en las viviendas nuevas como en las de segunda mano es absurdo que el precio final de las viviendas de alguno de los dos tipos acabe yendo en sentido contrario al del precio del metro cuadrado), no es esto lo que más me ha chocado de ese dato puntualmente positivo (aunque contradictorio) publicado por el INE, sino el tratamiento que se le ha dado en los medios de comunicación.

Cualquiera diría que los medios de comunicación (y no sé si también el resto de la sociedad) tienen como única esperanza para salir de esta crisis que resurja de nuevo el sector del ladrillo; y vistos los movimientos en el Gobierno y en los organismos reguladores, todo parece indicar que estamos abocados a confirmar que el hombre (y, sobre todo, el español) es el único animal dispuesto a tropezar dos veces, y nunca mejor dicho, en la misma piedra.

Para quienes actualizamos periódicamente nuestras hojas de cálculo con los datos del sector inmobiliario en busca de algún rayo de luz para nuestro futuro laboral, tamaña avalancha de optimismo y esperanza nos parece estremecedora; y no porque no nos gustaría que estuviésemos ante el resurgimiento de este sector (con mayor o con menor fuerza, pero resurgimiento al fin y al cabo), sino porque estamos curados de espanto y los buenos datos estadísticos de 2010 y la posterior debacle hasta la fecha ya nos tienen más que prevenidos (o tal vez nos hayan convertido en acérrimos pesimistas tras haber pecado de un ligero optimismo).

Por suerte o por desgracia, los datos no muestran, de momento, ningún síntoma de recuperación en el sector del ladrillo.

Todo parece indicar, por lo tanto, que la recuperación económica, si se ha de producir realmente este año 2014 que acabamos de empezar, no vendrá de la mano del ladrillo.

Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

Esta Europa ya no sirve para nada

“No hay que confundir a un país con su Gobierno: la canciller Merkel lidera al partido más fuerte, pero por sí sola no tiene mayoría. Así que no son los alemanes: es ese Gobierno alemán quien impone esa política de austeridad a ultranza con la que no estoy de acuerdo: los recortes por sí solos no generan ni crecimiento ni confianza. Mi propuesta es combinar la necesaria disciplina con estímulos estratégicos para que vuelvan el crecimiento y el empleo. Esa política de cortar, cortar y cortar no es cosa solo de Merkel. El Consejo Europeo, unánimemente, está de acuerdo con la canciller. Hay 27 primeros ministros que aprueban esa receta. Sin fisuras. Ese es el drama.”

Son las primeras palabras de Martin Shulz (no he leído más: su opinión tiene, al parecer, el mismo peso que la mía) en una entrevista publicada por El País bajo un titular elocuente, aunque excesivamente optimista: “El proyecto europeo está amenazado”. En realidad, el proyecto europeo ya no existe, y esas palabras del Presidente del Parlamento Europeo (única institución a la que votamos los ciudadanos europeos cada cinco años) son la demostración de la muerte de esta Europa: su única institución democrática no sirve para nada; son otros quienes deciden el futuro de los ciudadanos europeos, son otros quienes tienen la sartén por el mango.

Las preguntas, por lo tanto, son muy claras: ¿para qué pagar a unos parlamentarios que no pueden decidir absolutamente nada? ¿Para qué pagar unas instituciones que lo único que pueden hacer es patalear como lo puede hacer cualquiera desde una cuenta de Facebook?

Háganse elecciones europeas si se quiere mantener esta mentira de la Europa de los ciudadanos. Pero que a esos parlamentarios se les haga trabajar desde su casa, de forma gratuita, simplemente abriéndoles una cuenta oficial en cualquier red social de su elección en la que puedan patalear todo lo que quieran. Si es eso lo único que pueden hacer, no necesitan ni una sede ni un sueldo: es lo que hacemos cualquier ciudadano indignado (o hasta los cojones) con lo que deciden quienes tienen la sartén por el mango.

Y otro tanto podríamos decir del resto de instituciones europeas; el Consejo Europeo es otra farsa más. Ya se hacen reuniones bilaterales entre los 26 y Alemania; reunirse los 27 en una sede para aceptar lo que diga Alemania no es más que otro gasto que nos podríamos ahorrar.

Y de la Comisión Europea, ¿qué decir de la Comisión Europea? Que les paguen las grandes escuelas de economía neoliberal, las empresas o los grandes bancos, que son quienes deciden sus directivas, sus recomendaciones y toda su normativa. Que el parlamento alemán o alguna universidad de élite les cedan alguna sala en la que reunirse y nos ahorraríamos otra sede más.

Como la del Banco Central Europeo, que ni es banco, ni es central, ni es europeo.

Para las próximas elecciones europeas, a nosotros, como a los parlamentarios que tenemos que elegir, sólo nos quedará el derecho al pataleo: el voto en blanco o un voto nulo repleto de insultos.

Menuda Europa han creado.

Economistas y sinvergüenzas manipulando hojas de cálculo

El National Bureau of Economic Research publicó en 2010 una de las grandes demostraciones económicas del siglo XXI: la deuda pública excesiva (a partir del 90% del P.I.B.) provoca recesión según los datos históricos disponibles. Consecuencias inmediatas: el neoliberalismo, la teoría económica dominante en los grandes centros de decisión y cuya mayor prioridad es reducir los estados a la mínima expresión, veía confirmadas sus teorías en base a experiencias pasadas.

Por lo tanto, la prioridad absoluta para evitar las recesiones económicas quedaba perfectamente definida: la deuda pública debía estar controlada en todo momento. Se acabaron las políticas de gasto público para reactivar el crecimiento: quedaba demostrado empíricamente que esas políticas socialistas provocaban el efecto contrario al deseado.

Tabla contenida en el informe del National Bureau of Economic Research. Los neoliberales demostraron en 2010 que la deuda pública por encima del 90% provoca recesión según los datos disponibles (1946-2009) para los países occidentales.

En España incluso aprobamos una modificación de nuestra Constitución para prohibir déficits públicos excesivos (la deuda pública se utiliza para cubrir los déficits públicos ante caídas de la recaudación o para acometer gastos públicos de cierta envergadura cuya rentabilidad económica tiene un retorno a largo plazo); y todas las políticas de contención del déficit público (los recortes) impuestas en Europa a los países rescatados (Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y, por supuesto, España) provenían de la misma teoría.

Todo era mentira.

Los datos reales muestran que de la supuesta recesión (-0,1%) provocada por el excesivo nivel de deuda pública pasamos a un crecimiento medio del 2,2%.

Los datos históricos no demuestran una correlación entre deuda pública y recesión. Ni para niveles de deuda pública del 90%, ni para niveles del 120% y ni tan siquiera para niveles superiores al 150%. Carmen R. Reinhart y Kenneth S. Rogoff (los autores del informe) hicieron trampas para demostrar que sus teorías eran ciertas. Ese -0,1% que se muestra en la primera línea de la tabla anterior (esa es la demostración empírica del efecto contraproducente de las deudas públicas excesivas en los países desarrollados) es en realidad un 2,2%; Carmen y Kenneth se olvidaron de incluir algunos datos, omitieron otros y utilizaron las medias según la fórmula más beneficiosa para demostrar sus prejuicios, tal y como han demostrado los estudiantes Herndon, Ash y Pollin en el estudio enlazado.

Todas las grandes teorías de la conspiración funcionan de la misma forma: se presuponen unas conclusiones (el intervencionismo estatal en la economía es perjudicial para el bienestar de las personas) y se intentan demostrar esas conclusiones a costa de lo que sea. Y las teorías neoliberales se están mostrando muy cercanas a una teoría de la conspiración cualquiera: los autores del informe admitieron los errores empíricos en el Wall Street Journal, pero se negaron a admitir que las conclusiones a las que llegaron puedan ser, en consecuencia, erróneas:

"Do Herndon et al. get dramatically different results on the relatively short post war sample they focus on?  Not really.  They, too, find lower growth associated with periods when debt is over 90%".

No olvidemos que, en el mundo económico neoliberal, este es el segundo de los datos empíricos en los que se sostienen las teorías económicas predominantes que se desmorona en pocos meses; primero fue el índice que se utilizaba para demostrar el limitado (o incluso nulo) efecto de los recortes presupuestarios en el Estado sobre el resto de la economía (se utilizaba un índice que minimizaba dichos efectos) y ahora nos encontramos con esta burda manipulación en los datos estadísticos que han servido para limitar la maniobrabilidad de los estados ante las crisis económicas del sistema capitalista.

Tomando aisladamente cualquiera de los dos errores podríamos pensar que se trata simplemente de eso: dos errores. Sin embargo, desde los grandes centros de decisión económica se siguen manteniendo las mismas políticas de recortes presupuestarios y reducción de los estados antes y después de comprobarse los errores: las conclusiones, demostradas con dos errores, permanecen invariables.

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que estamos siendo dirigidos hoy por una especie de secta económica totalmente irracional y obsesionada con un enemigo (los estados) al que pretenden aniquilar a costa de lo que sea y llevando a la ruina, si fuese necesario para conseguirlo, a millones de trabajadores.

Atentado terrorista en las sedes del FMI, de la OCDE y de los principales bancos centrales occidentales

Se busca el cuerpo de Christine Lagarde entre los escombros de la sede central del FMI.

Son cientos los muertos y miles los desaparecidos en un atentado perpetrado en pleno horario de trabajo.

Agencias. A primera hora de esta mañana, hora de Washington, se ha llevado a cabo una acción terrorista coordinada a nivel mundial contra las sedes de los principales centros financieros del mundo occidental; el balance provisional, según fuentes oficiales, habla de más de 150 víctimas mortales y unos 2.000 desaparecidos entre los escombros de un número muy elevado de edificios oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa.

La sede del FMI en Washington ha sido alcanzada por tres bombas lanzadas desde tres aparatos distintos, aunque testigos presenciales han hablado de un número más elevado (hasta diez) de avionetas de pequeño tamaño, algunas de ellas abatidas por cazas del ejército estadounidense; al menos otra bomba lanzada por este mismo sistema habría alcanzado la sede de la OCDE en la capital estadounidense, aunque el alcance habría sido en este caso reducido al ala norte del edificio.

Las sedes de estas dos instituciones en Francia han sido atacadas también por varias bombas utilizando el mismo sistema; dos aparatos han sido ya localizados en las afueras de París tras ser abatidos por cazas franceses, aunque fuentes oficiales no han podido confirmar si se trataba de los aparatos que habían lanzado las bombas o si se trataba de otros aparatos distintos.

Pero los atentados no se han limitado a estas dos instituciones, sino que han afectado también a varios bancos centrales, entre ellos el Banco de España; los métodos utilizados han sido distintos en estos casos, desde una furgoneta bomba (que ha sido el método utilizado en Madrid) hasta terroristas suicidas (en en el Banco de Italia), pasando por el método de las avionetas (en Berlín y en Frankfurt, en Alemania). Londres ha cerrado por completo sus comunicaciones con el exterior y no ha facilitado datos de los atentados ocurridos en esta ciudad; los escasos datos que llegan hablan de un auténtico caos en la capital británica.

Las autoridades estadounidenses sospechan que el régimen iraní y Al-Qaeda estén detrás de estos atentados coordinados en todo el mundo, a quienes se habrían unido algunos grupos terroristas locales ya existentes o de nueva creación, posiblemente cercanos ideológicamente a la extrema izquierda; la OTAN ha convocado una reunión urgente de todos sus miembros para estudiar la situación.

Este golpe al mundo financiero internacional ha provocado el cierre de todos los mercados bursátiles mundiales, cuya apertura no tiene una fecha prevista al cierre de esta edición.

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Y ahora, volviendo a la realidad... ¿De verdad tenemos que esperar a que a algún loco se le ocurra algo similar, aunque sea mucho menos global? ¿De verdad creemos que no hay locos que puedan justificar masacres de este tipo? ¿Es que a nadie se le ha ocurrido pensar que la forma de solventar esta crisis nos está llevando a un abismo desconocido?

Paren esto antes de que lo paren otros por otros métodos mucho más directos y sangrientos. Reaccionen, señores, reaccionen. Torres más altas han caído.

La cifra equivocada del neoliberalismo

Pues sí, resulta que, según el último informe del FMI, las teorías neoliberales se han equivocado en una cifra; el problema es que esa cifra errónea les ha servido durante décadas para demostrar lo contraproducentes que resultan las inversiones públicas, o lo que es lo mismo, les ha servido durante décadas para atacar cualquier intervención estatal que intentara corregir los desequilibrios de aquella mano invisible de los mercados que nunca parece haber funcionado más allá de los modelos numéricos de los economistas neoliberales.

Tampoco es que el error haya sido de varios ceros, no vayan ustedes a creer; se equivocaron de un 0,5 a un 1,7, aunque la actual crisis europea parece haber demostrado que el error alcanza al 2,5. Tranquilos, que es muy fácil de saber cómo nos han estado engañando con un ejemplo práctico.

La cifra en cuestión es la que mide el efecto real (efecto multiplicador) en las economías cuando se realiza un recorte en el gasto público; para centrarnos un poco, esa cifra se utiliza para contabilizar el efecto que podía tener en la economía real un recorte en la sanidad de 10.000 millones de euros.

Aplicando las teorías económicas neoliberales, se preveía que ese recorte en los gastos de sanidad de 10.000 millones de euros podía resultar en una contracción en la economía real de 10.000 x 0,5 = 5.000 millones de euros; de esta forma, la cuestión consistía en que si por una parte se consigue un ahorro de 10.000 millones de euros y por la otra la economía se retrae en sólo 5.000 millones, el ahorro siempre es mayor y podrá destinarse, en un futuro, a contrarrestar la caída de la economía a través de inversiones públicas. Es decir, que para cubrir los 5.000 millones de retracción de la economía habrá siempre dinero, puesto que el ahorro en el gasto público será siempre superior (exactamente el doble) a la contracción (en cualquier caso, si los gobiernos socialdemócratas decidieran destinar la mitad del ahorro a contrarrestar la contracción económica, siempre quedaría un ahorro de la otra mitad, por lo que las políticas de austeridad son siempre beneficiosas para la sociedad en su conjunto).

Pues bien, ahora apliquemos el ejemplo con las nuevas cifras estimadas por el FMI, que se han reformulado en una horquilla que va desde el 0,9 al 1,7 (aunque, como se ha dicho, parece haberse comprobado que en la actual crisis europea se ha alcanzado un coeficiente del 2,5).

Tomando el valor mínimo de esa cifra (el 0,9), tendríamos que el ahorro de 10.000 millones de euros en la sanidad pública produce una contracción de la economía de 9.000 millones de euros, por lo que el ahorro real (si el gobierno quisiera destinar ese ahorro a inversiones públicas, que tampoco es el caso) sería de 1.000 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, porque si tomamos la cifra más alta de la horquilla, resulta que el ahorro de 10.000 millones de euros en sanidad no sólo ha dejado sin cobertura a miles de españoles, sino que además ha supuesto una contracción en la economía de 17.000 millones de euros (o lo que es lo mismo, el coste económico real de la medida ha sido de 7.000 millones de euros).

Pero el problema es que esa cifra del 1,7 es en realidad del 2,5 en Europa, por lo que al ahorrarnos 10.000 millones de euros en la sanidad pública hemos provocado una contracción de la economía productiva de 25.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: nos ahorramos 10.000 millones de euros para perder 25.000 millones por otro lado.

Y no sólo eso, sino que teniendo un gobierno que aplica medidas neoliberales para salir de la crisis (es decir, que ahorra en los presupuestos pero no reinvierte en nada), el ahorro de la sanidad pública nos ha costado 35.000 millones de euros: 10.000 millones de euros que ahora tenemos que pagar nosotros por los medicamentos y por la caída en la calidad de la sanidad y 25.000 millones de euros más por la gracia del ajuste.

¿Y Rajoy, va a hacer algo para evitar que los nuevos recortes incluidos en los PGE de 2013 nos acaben de hundir en la miseria? Pues me temo que, con la cintura que tiene este hombre, va a ser que no.

Conspiraciones para todos los gustos: el oro de la Reserva Federal

Las grandes conspiraciones mundiales abarcan la práctica totalidad de la vida real, desde el terrorismo (como el 11-S y el 11-M) hasta el poder político (con la omnipresente masonería como máximo exponente) y pasando, sobre todo, por el poder económico; de este último tipo de gran conspiración me llegó hace un tiempo un delirante vídeo titulado “El robo de oro más grande de la Historia” y publicado, cómo no, en Youtube.

El robo de oro más grande de la Historia

Para no crear demasiadas expectativas para los excesivamente crédulos, advertir que esta conspiración se basa en la supuesta falsificación de cuatro lingotes de oro (serían en realidad lingotes de tungsteno recubierto de oro) teóricamente provenientes de un banco de los Estados Unidos (del cual nunca se llega a citar el nombre) que fue descubierta por el siempre transparente gobierno Chino; la conclusión a la que llega esta teoría es que no fueron cuatro los lingotes de oro falsificados, sino que todo el oro de la Reserva Federal americana es falso. El hilo conductor de toda la trama, para quien no quiera perder el tiempo con los casi quince minutos que dura el vídeo, está recogido en este documento de Word con todo el texto transcrito literalmente.

Como cualquier teoría conspirativa que se precie, se aportan un buen número de datos que se van intercalando con impresiones subjetivas del autor, en gran parte imposibles de comprobar y en menor medida consecuencia de una interpretación sesgada o incompleta de los datos.

El vídeo se inicia con lo que se ha denominado “Antecedentes”, el primero de los cuales es una reunión en 1910 de “los banqueros de la Élite”, entre los que se citan nombres famosos como Rockefeller, J.P. Morgan o Rotschild; dicha reunión secreta, en la Isla de Jekill, es conocida y reconocida como parte de la creación de la Reserva Federal, aunque el verdadero antecedente de ésta no sea ni tan secreto ni tan misterioso, puesto que se originó en el Congreso de los Estados Unidos en 1908 a iniciativa de un senador republicano llamado Nelson W. Aldrich (presente en la citada reunión secreta de 1910) como respuesta a una serie de crisis financieras puntuales en Estados Unidos que llevó a la quiebra de varios bancos en 1907, creándose la Comisión Monetaria Nacional con el fin de estudiar las necesidades financieras del país y la imposición de normas y organismos que permitiesen evitar más colapsos como los acaecidos en los años anteriores; dicha comisión permaneció activa desde 1909 hasta 1912, año en el que los demócratas, contrarios a la creación de un banco central en los términos expuestos por el llamado Plan Aldrich, arrebataron el control del Congreso y del Senado a los republicanos.

Esta ruptura política es ignorada por el vídeo, puesto que reconocerla restaría credibilidad a la reunión secreta de banqueros illuminati como origen directo de la Reserva Federal, dando al traste en consecuencia con las posteriores afirmaciones sobre la relación directa de esta sociedad opaca y las razones últimas de la creación de la Reserva Federal.

De hecho, de los cuatro banqueros que se citan como asistentes a aquella reunión de 1910, uno de ellos ni tan siquiera lo era (Rockefeller), mientras que otro (Rothschild) era un banquero inglés totalmente ajeno a aquella reunión, a la que en realidad asistieron el senador Aldrich, Paul Warburg (un abogado especializado en temas financieros) y A. Piatt Andrew (secretario de la citada Comisión Monetaria Nacional), siendo los únicos banqueros presentes en la reunión Frank Vanderlip (presidente del National City Bank), Harry P. Davison (uno de los socios de J.P. Morgan) y Benjamin Strong (vicepresidente de Bankers Trust Co.).

El siguiente paso es introducir a los illuminati en el ajo; basta con introducir en Google el nombre de referencia (un tal Daniel Payseur, supuesto hijo de María Antonieta) y nos encontramos con este enrevesado artículo. Sin embargo, algo empieza a tambalearse en la teoría cuando los supuestos fideicomisarios del tal Daniel Payseur (Rockefeller o J.P. Morgan) no llegaron ni tan siquiera a conocerle, puesto que ambos eran unos donnadies cuando supuestamente murió aquél (en 1860); la única forma de relacionarlos es a través del recurso utilizado en el último artículo enlazado: la ocultación del nacimiento de hijos que aparentemente no tienen relación con los illuminati pero que en realidad son hijos ilegítimos de la familia que nos interese implicar en la gran conspiración (de hecho, María Antonieta tuvo cuatro hijos, ninguno de ellos con ese nombre).

Las contradicciones temporales de la trama se acrecientan con la inclusión en la gran conspiración de los Windsor, ya que nunca pudieron poner al frente de la Compañía de Virginia (disuelta en 1624) al tal Daniel Payseur (nacido en 1785).

La posterior referencia a la muerte en el Titanic de tres supuestos detractores de la creación de la Reserva Federal obvia la muerte de otras personas muy cercanas a los incluidos como illuminati en otros párrafos, como pueda ser el caso del Mayor Archibald Willingham Butt, mano derecha de Theodore Roosevelt; más allá de la cancelación de su pasaje por parte de J.P. Morgan (que por otra parte ha dado lugar a las más variopintas teorías sobre las razones que le llevaron a no realizar la fatal travesía), el resto de datos son completamente falsos (ninguna expedición suiza ha encontrado agujeros hechos con láser en el Titanic).

El siguiente paso es restar legitimidad a la creación de la Reserva Federal, introduciendo para ello una completa falsedad, puesto que, lejos de haber sido aprobada bajo un aura de secretismo, su creación fue votada el 22 de Diciembre de 1913 por 434 de los 435 miembros del Congreso (con 298 votos a favor, 60 en contra y 76 abstenciones) y el 23 de Diciembre por 95 de los 98 miembros del Senado (con 43 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones), que al parecer ni estaban aun en sus casas celebrando la Navidad ni fueron sorprendidos por una ley que llevaba meses debatiéndose en ambas cámaras.

Toda la gran conspiración que viene después no tendría sentido sin ese halo de falso secretismo que se ha ido introduciendo en los hechos más lejanos en el tiempo (y, por lo tanto, más difíciles de contrastar); así, la caída del patrón oro instaurado en Bretton Woods en 1944 tuvo varias causas, y no sólo la petición de Francia (Gran Bretaña también lo pidió el mismo año) de cambiar sus sobrantes de oro en dólares en 1971. La Guerra de Vietnam (varios años antes) supuso para Estados Unidos el envío de miles de millones de dólares para sufragar los costes de aquella guerra, lo que provocó que la balanza comercial de Estados Unidos fuese perdiendo su habitual superávit; aquel gasto bélico inmenso, que se inició en 1964, no pudo ser respaldado con oro, por lo que muchos países (plenamente conscientes de esta falta de respaldo) empezaron a cambiar los dólares sobrevalorados por otras monedas como el marco alemán o por oro. Dentro de este proceso de caída del dólar como moneda refugio y de los problemas en la balanza comercial de Estados Unidos se produce la petición de Francia y de Gran Bretaña de cambiar sus sobrantes de dólares por oro y la consiguiente caída en las reservas de este metal precioso en las instalaciones de la Reserva Federal en Fort Knox; el 15 de agosto de 1971, Nixon toma la decisión de suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro, pero ya en anteriores ocasiones durante ese mismo año se intentaron, bajo la amenaza de una devaluación interna del dólar, otras medidas menos drásticas que no fructificaron (todas ellas destinadas a recuperar el superávit en la balanza comercial estadounidense).

Estados Unidos consiguió con aquella medida que fuesen los demás países los que tuviesen que realizar un ajuste al alza de sus monedas, evitando de esa forma una devaluación interna del dólar que Richard Nixon se negaba a llevar a cabo.

Por supuesto, la historia de las cámaras vacías de oro de Fort Knox son completamente falsas, puesto que aun se mantiene a día de hoy en esas instalaciones (según las cifras oficiales) oro por valor de más de 200.000 millones de dólares (muy por debajo, eso sí, del billón de dólares -a precios equivalentes hoy- que se llegaron a almacenar durante la II Guerra Mundial); la leyenda del robo de todo el oro de Fort Knox por parte de la familia Rockefeller (que se lo habría llevado a Gran Bretaña, según esa leyenda, a través de la vicepresidencia de Nelson Rockefeller durante el mandato de Gerald Ford) proviene de las trabas que se pusieron desde 1960 y las continuas negativas (por motivos de seguridad, como es habitual en ese país) para que una comisión de civiles realizase un inventario del oro existente en esas instalaciones. Aquella Comisión del Oro creada por Ronald Reagan en 1981 de la que se habla en esta teoría de la conspiración no tenía encomendado realizar ningún inventario; de hecho, su trabajo no consistía en comprobar la existencia de oro en Fort Knox, y ni tan siquiera tenía que visitar aquellas instalaciones: aquella comisión (creada en 1980 por Jimmy Carter, aunque constituida durante los primeros meses del mandato de Ronald Reagan) tenía encomendado un informe para decidir, por una parte, si debían revisarse las cuotas que Estados Unidos aportaba al FMI (creado en Bretton Woods junto a la convertibilidad del dólar en oro), y por otra parte si se retomaba el patrón oro abandonado en 1971 o si se abandonaba definitivamente aquel sistema iniciado en 1944. Un resumen de aquel informe (que se dio por finalizado el 31 de marzo de 1981), elaborado por una de las comisionadas (Anna Schwartz, fallecida recientemente), está disponible aquí; cabe destacar que entre la minoría de comisionados a favor de restablecer el patrón oro estaba un tal Ron Paul, uno de los creadores del Tea Party, por lo que siguen existiendo testigos vivos de aquella comisión que, supuestamente, vio vacías las cámaras de oro de la Reserva Federal.

Otra gran conspiración que aprovecha Internet para relanzarse; por suerte, también la información disponible en Internet puede matarla.

Benafigos dins la nova agrupació de municipis del PP

No resulta gens fàcil plantejar-se el que vaig a plantejar a continuació, perquè la base des de la qual es parteix és la desaparició del poble on vaig viure cada dia de la meua infantesa i de la meua adolescència; però, tal i com es van desenvolupant els aconteixements, o prenem nosaltres la iniciativa o ens passaran per damunt i ens imposaran per decret llei un altre nom, una altra identitat i uns altres de tot, així que caldrà començar a pensar amb quins pobles ens volem integrar per a fer un conjunt econòmicament rendible.

Tant se val estar en contra de l’agrupació de municipis, perquè les coses avui en dia funcionen com funcionen i si la iniciativa ja s’ha presentat davant la Unió Europea serà difícil (quasi impossible) que, més prompte o més tard, l’agrupació de municipis no es fage realitat; primer, perquè avui són els criteris econòmics els que prevalen per damunt de qualsevol altre criteri, i els pobles de l’interior de Castelló, econòmicament, no seran mai rendibles perquè fa ja molt de temps que la seua principal força econòmica (el sector primari) ha quedat arrasada pels mercats externs. Temps hi haurà per a intentar que eixos criteris de rendibilitat econòmica deixen de ser no només prevalents sino inclús relevants en les decisions sobre identitats col·lectives; però ara mateix només té dret a existir qui demostre que té una rendibilitat econòmica, i el primer criteri que s’ha decidit aplicar per a aconseguir eixa rendibilitat són les economies d’escala. Així que ens haurem de posar a la feina fins que el món canvie.

Com podem observar al mapa de l’actual situació censal de l’interior de Castelló, això de les economies d’escala és una cosa completament desconeguda per a nosaltres; dels 48 pobles que he pintat al mapa, només hi ha un que supera eixe teòric límit dels 5.000 habitants que servirà per tindre la consideració de poble: L’Alcora (a l’Alcalatén), amb 10.856 habitants. Tots els altres pobles han de desaparéixer com a tals, perquè cap arribe, ni de bon tròs, a eixa xifra de tall (La Vall d’Alba i Cabanes, amb 3.036 i 3.019 habitants respectivament, són els que més s’apropen).

Si al mapa de dalt excloem els sis pobles pintats de morat (que estan fora de les quatre comarques analitzades i que s’han inclòs per a intentar quadrar les xifres d’habitants), tenim una mitja de 1.122 habitants per poble; i si contem només les tres comarques interiors (part de la Plana Alta –no estan els pobles de més de 5.000 habitants ni els que no tenen bones comunicacions amb Benafigos– s’ha inclòs també per a quadrar les xifres), la mitja és d’apenes 987 habitants per poble, o el que és el mateix, farien falta almenys sis pobles de mitja per a fer un municipi amb els nous criteris poblacionals.

Però el primer que haurem de considerar és que els pobles que superen la xifra de tall no estaran disposats, en un principi, a perdre eficiència dispersant territorialment (i a distàncies considerables) els serveis dels quals disfruten ara dins un nucli de població més o menys compacte; així doncs, L’Alcora (cap de la comarca en la qual està Benafigos avui) la descartarem i haurem d’acceptar que es mantindrà com a poble amb la seua actual extensió (així doncs, els pobles de la nostra comarca sumarien 5.759 habitants). La mitja de les tres comarques interiors sense l’Alcora passa a ser ara de 647 habitants per poble, és a dir, que farien falta vuit pobles per a fer un dels nous municipis econòmicament rendibles.

El mapa superior mostra els quinze municipis que, avui, tenen més de 1.000 habitants; estos pobles ens serviran com a referència per a anar creant agrupacions municipals als seus voltants. Així doncs, podem començar ja a plantejar-nos vàries possibilitats; la primera d’elles serà el retorn a la històrica Setena de Culla (Atzeneta, Benafigos, Benassal, Culla, La Torre d’En Besora, Vilar de Canes i Vistabella), però ens trobaríem amb el primer problema: entre els set pobles només arribem avui als 4.176 habitants, així que esta no és una opció vàlida.

Les possibles opcions per a arribar a la xifra de tall teòrica dels 5.000 habitants passarien per què es juntés també o bé Vilafranca (2.527 habitants), o bé Albocàsser i algun altre poble (un mínim de 1.443 habitants), o que Costur, Les Useres i Xodos en formaren part també (en conjunt sumarien 1.719 habitants); l’opció de Vilafranca no seria viable en un principi per quant l’actual comarca de l’Alt Maestrat es quedaria (sense Benassal, Culla, La Torre d’En Besora ni Vilar de Canes) amb 3.059 habitants; no obstant, sí que seria vàlida si Ares i Catí passaren a la comarca encapçalada per Morella (que podria arribar així als 6.229 habitants) i Albocàsser i Tírig (2.003 habitants en total) se sumaren a una possible unió amb Les Coves de Vinromà, Sarratella i La Serra d’En Galceran (3.206 habitants), ampliable a Vilanova d’Alcolea i a La Torre d’En Doménech (968 habitants més).

Les agrupacions entorn als municipis de més de 1.000 habitants pareix que fan massa complicada la configuració dels nous municipis entorn a algun nucli fort, així que provarem amb els municipis de més de 1.500 habitants, que es redueixen avui a vuit pobles.

El resultat de les agrupacions entorn a estos vuit pobles podria ser la reducció de 50 pobles a només 6:

He deixat com a nom de cada poble el nom del que més habitants té avui dins de cadascuna de les agrupacions proposades; a més, donada la disminució constant de la població a totes estes zones, pareix convenient deixar un marge suficient d’habitants per a què no es tinga que fer una reestructuració en pocs anys, de manera que tots els nous pobles tenen un mínim de 6.000 habitants.

Tot i que este darrer mapa podria ser la possibilitat més probable, no podem oblidar que, a més dels criteris poblacionals, pesaran també (potser més que els poblacionals) els criteris econòmics (a més d’alguns altres, com els històrics, però segurament amb molt poc de pes), de manera que haurem de comprovar quina viabilitat té cadascun dels municipis de l’interior nord de la nostra província; dins dels vuit municipis de més de 1.500 habitants que es mostren al mapa, potser Llucena siga la que menys viabilitat futura tinga (a més de ser un poble que pot perdre en breu la condició de major de 1.500 habitants), de manera que els pobles que he integrat dins de la seua delimitació podrien tindre que passar a alguna de les altres agrupacions (la de Sant Joan de Moró i la de Vilafranca, o potser inclús passar a formar part de l’Alcora).

Els criteris històrics, com he dit, crec que tindran poc de pes; així, que Vilafamés passe a dir-se Sant Joan de Moró o que Cabanes passe a dir-se La Vall d’Alba no pareix que vage a ser un problema vist des de la perspectiva de Madrid o d’Europa, tot i que internament puga sorgir algun tipus de malestar patriòtic.

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La generación “des”

Pueden ir bautizando a cada tramo de 10 ó 15 años con un nombre de generación distinto (la generación “hippy”, la generación del “baby boom”, la generación “X”, la generación “ni-ni”…), pero lo cierto es que esta generación tiene otra característica de mucho más calado humano y social que las características cuantitativas utilizadas para ir bautizando cada década a unos jóvenes que fumaron muchos porros, que tuvieron muchos niños, que no se sabe lo que tuvieron o que, finalmente (la “ni-ni”), ya no tienen nada.

Desde que el sociólogo izquierdista norteamericano Daniel Bell escribiese en 1960 "El fin de las ideologías”, muchas de las anteriores teorías críticas con la ideologización de las sociedades resurgieron de nuevo; aunque con criterios distintos (Daniel Bell afirmó inicialmente que las ideologías estaban cediendo ante la implantación universal de la democracia y de la economía de mercado, aunque poco a poco fue deviniendo en detractor de la lucha de clases y en defensor de la meritocracia), las antiguas ideologías políticas como el nacionalismo integral de Charles Maurras (desarrollado y adaptado posteriormente por otros autores como Gustave Thibon) tomaron fuerza entre los conservadores, deviniendo en la base del actual liberalismo que, siguiendo con esa evolución de las teorías sobre la desideologización de la sociedad, tendría su culmen en Francis Fukuyama y su libro “El fin de la Historia y el último hombre”.

Para hacernos una idea rápida y aproximada de cómo se fue teorizando sobre ese fin de las ideologías y hacia dónde se pretendía desviar el razonamiento humano para sustituir esa ideologización de la sociedad, podemos consultar la transcripción íntegra (son 14 páginas) de una conferencia que realizó el citado Gustave Thibon en 1981 bajo el título “La muerte de las ideologías”.

Cincuenta años después de Daniel Bell podemos asegurar que todas las generaciones occidentales desde entonces comparten algo en común: son la generación de la despolitización, de la desideologización.

Efectivamente, hoy la política ha devenido en una especie de sector económico propio, una actividad destinada a gestionar las variables macroeconómicas y cuyos dirigentes son profesionales especializados en esa actividad (tecnócratas); la política como medio para cambiar las sociedades se ha reducido a minorías sin posibilidad de acceder a los gobiernos, limitándose todo a la mera gestión administrativa de los recursos disponibles en cada país y siempre teniendo en cuenta los intereses (y las exigencias) de otros organismos creados por los grandes grupos financieros y económicos de una economía globalizada que traspasa las tradicionales fronteras entre naciones. En definitiva, la política se ha convertido en una especie de mera adaptación técnica de la legislación a las teorías económicas.

Pero no es, como suele pensarse en demasiadas ocasiones, la política la que ha llevado a la desideologización de las sociedades occidentales, sino al contrario; de todos los autores citados, sólo Francis Fukuyama (que, además, ha renunciado a sus propios postulados: «El neoconservadurismo ha evolucionado en algo que ya no puedo apoyar», dijo en el New York Times Magazine en 2006) es posterior a la caída del comunismo ruso. Todos los demás autores pretendían, de una forma u otra, que la política se convirtiese en lo que se ha acabado convirtiendo, desviando la ideología política hacia otras esferas más o menos abstractas (como la religión, la cultura o la ciencia, dependiendo de cada corriente liberal) y, por lo tanto, sacando de la esfera social (y, sobre todo, económica) la conflictividad ideológica.

Así, el nacionalismo integral de Charles Maurras pretendía crear una sociedad jerarquizada, al margen de la democracia, dirigida por élites elegidas por una especie de monarca o caudillo en el que recaería todo el poder; posteriormente, autores continuistas de esta corriente, como Gustave Thibon, compensarían la necesidad de pensamiento crítico inherente al ser humano con un acercamiento hacia la religión como principal y casi única respuesta a las preocupaciones sociales. Este elitismo, convertido en meritocracia primero y en pura individualidad después, es el mismo que Daniel Bell fue desarrollando tras su obra más conocida, explicando las sociedades en base a dos aspectos complementarios: en la vida rutinaria primarían la eficiencia, la racionalidad funcional y la organización de la producción y, como vía de escape, esas personas eficientes, racionales y organizadas para producir utilizarían la cultura, cada vez más promiscua, más pródiga, más irracional y más hedonista.

Como vemos, la desideologización social (y el déficit de pensamiento crítico que vendría aparejado) pretendía ser sustituida por abstracciones como la religión o la cultura; posteriormente, Francis Fukuyama introduciría la ciencia como remedio a ese déficit de pensamiento crítico aparejado a la desideologización de la sociedad.

A día de hoy, las distintas ramas del neoliberalismo siguen manteniendo esa sustitución de las ideologías como forma de alienación de una sociedad a la que quiere mantener lo más al margen posible de las decisiones políticas; la democracia se ha convertido en una consulta periódica en las urnas para que los ciudadanos, a quienes sobre el papel se les mantiene ilusamente como fuente de soberanía, participen en la vida política de la forma menos lesiva posible para las élites, que son ya las que realmente ejercen la soberanía en nuestras sociedades.

Así, la religión (con un largo historial alienador) se ha mantenido como la sustitución ideológica preferida por las fuerzas políticas más conservadoras (como está ocurriendo actualmente en España, donde las únicas decisiones políticas al margen de las económicas se ciñen a los principios religiosos antiabortistas u homófobos, a la sustitución de la protección social del Estado por la caridad cristiana de algunos de sus ciudadanos o a la educación en valores morales emanados de la Iglesia católica), mientras que las fuerzas políticas menos conservadoras se centran más en el acceso universal a la cultura (donde se incluyen los espectáculos deportivos y taurinos) o a la ciencia, dejando en cualquier caso las decisiones sobre la organización productiva o las condiciones socioeconómicas de sus propios ciudadanos en manos de los tecnócratas del gobierno de turno (en el mejor de los casos) o en manos de instituciones que están al margen de la democracia y al margen, por lo tanto, de posibles responsabilidades que puedan ser exigidas por alguna parte de la sociedad ajena a las élites.

En definitiva, estamos ante una generación desideologizada durante varias décadas, alejada forzosamente de las decisiones políticas que afectan a sus propias vidas y alienada tanto a través de la religión como, ahora también, a través de la cultura y, en mucha menor medida (puesto que la introducción de ésta como elemento de distracción social ha sido mucho más reciente), de la ciencia. Estamos, pues, ante la desdemocratización de la democracia.

Bienvenidos a la generación “des”.