La generación “des”

Pueden ir bautizando a cada tramo de 10 ó 15 años con un nombre de generación distinto (la generación “hippy”, la generación del “baby boom”, la generación “X”, la generación “ni-ni”…), pero lo cierto es que esta generación tiene otra característica de mucho más calado humano y social que las características cuantitativas utilizadas para ir bautizando cada década a unos jóvenes que fumaron muchos porros, que tuvieron muchos niños, que no se sabe lo que tuvieron o que, finalmente (la “ni-ni”), ya no tienen nada.

Desde que el sociólogo izquierdista norteamericano Daniel Bell escribiese en 1960 "El fin de las ideologías”, muchas de las anteriores teorías críticas con la ideologización de las sociedades resurgieron de nuevo; aunque con criterios distintos (Daniel Bell afirmó inicialmente que las ideologías estaban cediendo ante la implantación universal de la democracia y de la economía de mercado, aunque poco a poco fue deviniendo en detractor de la lucha de clases y en defensor de la meritocracia), las antiguas ideologías políticas como el nacionalismo integral de Charles Maurras (desarrollado y adaptado posteriormente por otros autores como Gustave Thibon) tomaron fuerza entre los conservadores, deviniendo en la base del actual liberalismo que, siguiendo con esa evolución de las teorías sobre la desideologización de la sociedad, tendría su culmen en Francis Fukuyama y su libro “El fin de la Historia y el último hombre”.

Para hacernos una idea rápida y aproximada de cómo se fue teorizando sobre ese fin de las ideologías y hacia dónde se pretendía desviar el razonamiento humano para sustituir esa ideologización de la sociedad, podemos consultar la transcripción íntegra (son 14 páginas) de una conferencia que realizó el citado Gustave Thibon en 1981 bajo el título “La muerte de las ideologías”.

Cincuenta años después de Daniel Bell podemos asegurar que todas las generaciones occidentales desde entonces comparten algo en común: son la generación de la despolitización, de la desideologización.

Efectivamente, hoy la política ha devenido en una especie de sector económico propio, una actividad destinada a gestionar las variables macroeconómicas y cuyos dirigentes son profesionales especializados en esa actividad (tecnócratas); la política como medio para cambiar las sociedades se ha reducido a minorías sin posibilidad de acceder a los gobiernos, limitándose todo a la mera gestión administrativa de los recursos disponibles en cada país y siempre teniendo en cuenta los intereses (y las exigencias) de otros organismos creados por los grandes grupos financieros y económicos de una economía globalizada que traspasa las tradicionales fronteras entre naciones. En definitiva, la política se ha convertido en una especie de mera adaptación técnica de la legislación a las teorías económicas.

Pero no es, como suele pensarse en demasiadas ocasiones, la política la que ha llevado a la desideologización de las sociedades occidentales, sino al contrario; de todos los autores citados, sólo Francis Fukuyama (que, además, ha renunciado a sus propios postulados: «El neoconservadurismo ha evolucionado en algo que ya no puedo apoyar», dijo en el New York Times Magazine en 2006) es posterior a la caída del comunismo ruso. Todos los demás autores pretendían, de una forma u otra, que la política se convirtiese en lo que se ha acabado convirtiendo, desviando la ideología política hacia otras esferas más o menos abstractas (como la religión, la cultura o la ciencia, dependiendo de cada corriente liberal) y, por lo tanto, sacando de la esfera social (y, sobre todo, económica) la conflictividad ideológica.

Así, el nacionalismo integral de Charles Maurras pretendía crear una sociedad jerarquizada, al margen de la democracia, dirigida por élites elegidas por una especie de monarca o caudillo en el que recaería todo el poder; posteriormente, autores continuistas de esta corriente, como Gustave Thibon, compensarían la necesidad de pensamiento crítico inherente al ser humano con un acercamiento hacia la religión como principal y casi única respuesta a las preocupaciones sociales. Este elitismo, convertido en meritocracia primero y en pura individualidad después, es el mismo que Daniel Bell fue desarrollando tras su obra más conocida, explicando las sociedades en base a dos aspectos complementarios: en la vida rutinaria primarían la eficiencia, la racionalidad funcional y la organización de la producción y, como vía de escape, esas personas eficientes, racionales y organizadas para producir utilizarían la cultura, cada vez más promiscua, más pródiga, más irracional y más hedonista.

Como vemos, la desideologización social (y el déficit de pensamiento crítico que vendría aparejado) pretendía ser sustituida por abstracciones como la religión o la cultura; posteriormente, Francis Fukuyama introduciría la ciencia como remedio a ese déficit de pensamiento crítico aparejado a la desideologización de la sociedad.

A día de hoy, las distintas ramas del neoliberalismo siguen manteniendo esa sustitución de las ideologías como forma de alienación de una sociedad a la que quiere mantener lo más al margen posible de las decisiones políticas; la democracia se ha convertido en una consulta periódica en las urnas para que los ciudadanos, a quienes sobre el papel se les mantiene ilusamente como fuente de soberanía, participen en la vida política de la forma menos lesiva posible para las élites, que son ya las que realmente ejercen la soberanía en nuestras sociedades.

Así, la religión (con un largo historial alienador) se ha mantenido como la sustitución ideológica preferida por las fuerzas políticas más conservadoras (como está ocurriendo actualmente en España, donde las únicas decisiones políticas al margen de las económicas se ciñen a los principios religiosos antiabortistas u homófobos, a la sustitución de la protección social del Estado por la caridad cristiana de algunos de sus ciudadanos o a la educación en valores morales emanados de la Iglesia católica), mientras que las fuerzas políticas menos conservadoras se centran más en el acceso universal a la cultura (donde se incluyen los espectáculos deportivos y taurinos) o a la ciencia, dejando en cualquier caso las decisiones sobre la organización productiva o las condiciones socioeconómicas de sus propios ciudadanos en manos de los tecnócratas del gobierno de turno (en el mejor de los casos) o en manos de instituciones que están al margen de la democracia y al margen, por lo tanto, de posibles responsabilidades que puedan ser exigidas por alguna parte de la sociedad ajena a las élites.

En definitiva, estamos ante una generación desideologizada durante varias décadas, alejada forzosamente de las decisiones políticas que afectan a sus propias vidas y alienada tanto a través de la religión como, ahora también, a través de la cultura y, en mucha menor medida (puesto que la introducción de ésta como elemento de distracción social ha sido mucho más reciente), de la ciencia. Estamos, pues, ante la desdemocratización de la democracia.

Bienvenidos a la generación “des”.

De gobiernos ilegítimos

Desde el mismo 14 de marzo de 2004, cuando el Partido Popular perdió las Elecciones Generales celebradas apenas tres días después de la masacre del 11-M, se ha venido gestando y desarrollando en todos los medios de comunicación del centro-derecha (sin excepción) la teoría de la ilegitimidad de aquel Gobierno del PSOE; poco importaría que cuatro años después se revalidara la victoria electoral del mismo partido e incluso del mismo candidato: la teoría de la ilegitimidad continuó su marcha, acumulando cuantas justificaciones se considerasen concurrentes con el fin último de crear un clima político lo más enrarecido posible que posibilitase el cambio de Gobierno lo antes posible.

Si repasamos el argumentario desarrollado entorno a esa teoría de la ilegitimidad comprobaremos que aquellas algaradas mediáticas no tienen nada que envidiar a las algaradas callejeras que ahora la derecha considera un irresponsable ejercicio de oposición por parte de la izquierda: si estas algaradas callejeras deben entenderse como una actitud antidemocrática de la izquierda (que no estaría aceptando los resultados electorales del 20-N), tampoco existe otra justificación ni otra forma de entender aquellas algaradas mediáticas.

“Legalidad no es lo mismo que legitimidad”, podíamos leer en el ABC del 28/05/2010 en un artículo titulado “Un gobierno ilegítimo” y publicado en la edición de Galicia de este periódico: “dos tipos de legitimidad se consideran en el pensamiento político clásico: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Rodríguez Zapatero no tiene ni una ni otra”.

En el desarrollo de esta teoría de la ilegitimidad, “Rodríguez Zapatero carece de legitimidad de origen porque mintió para acceder al poder en el año 2008”; y, además, “el problema es que Rodríguez Zapatero también carece de legitimidad de ejercicio porque ha conducido a España a la ruina”.

Siguiendo con el argumentario de esta teoría, la ilegitimidad de origen ya se la ha ganado sobradamente Mariano Rajoy en apenas 60 días de ejercicio del poder con la aprobación de la reforma laboral: si su máxima y casi única prioridad era la generación de empleo (o al menos eso pregonaba durante la campaña electoral), poca explicación encontraremos en el hecho de aprobar el despido libre (algo no estaba dentro de su programa electoral y que él mismo negó reiteradamente que fuera a aplicarse si accedía al poder) para el 95% de las empresas españolas con el nuevo contrato “indefinido”, que lo único que va a generar es más paro. Mintió Rajoy para acceder al poder en el año 2011; carece, por lo tanto, de legitimidad de origen.

Asimismo, baste recordar que la ilegitimidad de ejercicio (si la entendemos como siempre la han entendido desde la derecha) quedaría sobradamente demostrada sabiendo que este gobierno va a arruinar con sus políticas laborales a los nuevos 650.000 españoles que van a pasar a engrosar los más de seis millones de parados gracias a esta reforma laboral y a los otros 3,5 millones de españoles que van a continuar en las listas del antiguo INEM tras haberles prometido que tendrían un trabajo.

Podríamos seguir las mismas líneas y los mismos desarrollos argumentales para reforzar nuestra opinión acerca de la ilegitimidad de este gobierno: desde la excepcionalidad de su ascenso al poder por la crisis económica (igual que la situación fue excepcional tras el 11-M) hasta el incumplimiento de otras de sus estrellas electorales (la teórica rebaja de impuestos), pasando por la supeditación absoluta a los dictados ilegítimos (e ilegales) de terceros países (Alemania, que no la Unión Europea) o de instituciones situadas totalmente al margen de los sistemas democráticos soberanos (FMI, BCE, mercados, etc.).

En definitiva, que los argumentos supuestamente antidemocráticos que se utilizan hoy para salir a la calle para protestar contra unas políticas ocultas de un gobierno legal pero ilegítimo fueron inventados, desarrollados y reiteradamente jaleados por quienes hoy publican en sus portadas teóricos comportamientos antidemocráticos de quienes se sienten estafados, engañados o agredidos por unas medidas que ese gobierno negó que se aplicarían.

Quien siembra vientos, recoge tempestades.

El futuro, una simple cuestión de prioridades

Podemos leer en la contraportada de un libro editado por Bankia y recientemente publicado por La Gaceta de los Negocios que esta crisis ha acercado la economía a todos los rincones de la sociedad, por lo que cabe concluir (tal cual puede leerse en ese libro) que la economía se ha democratizado; una conclusión, por otra parte, muy en la línea de los grandes pensadores neoliberales.

Sin embargo, es muy difícil llegar a esa misma conclusión sin tener como prioridad absoluta a la economía; de hecho, se llega a la conclusión contraria si se toma como prioridad la democracia: ésta se ha economizado, es decir, que se guía hoy por los poderes económicos más que por soberanías. O lo que es lo mismo: la democracia ha dejado de ser democracia.

De hecho, la única forma de democratizar la economía es a través de la gestión directa de ésta por el pueblo soberano; y eso tiene un nombre y se llama comunismo. Es de suponer que ni en Bankia ni en La Gaceta de los Negocios querían decir, y ni siquiera dar a entender, que esta crisis nos ha llevado a un sistema comunista.

Cuando la economía es la base sobre la que se pretenden desarrollar todas las demás cuestiones vitales, la única conclusión posible a la que se llegaría es que el mejor sistema político para la sociedad sería aquél que estuviese al servicio de la economía; es decir, aquél sistema político que hiciese más eficiente el desarrollo económico. Básicamente, lo que acabaría concluyéndose es que las mejores formas de gobierno son aquéllas que se asemejan más a las propias empresas (entre las cuales no se encuentra, evidentemente, la democracia); de ahí que desde la ideología neoliberal (que ha traspasado ampliamente la delgada línea que separa el desarrollo económico como medio del desarrollo económico como fin en sí mismo) se pretenda desregular el funcionamiento de la economía (es decir, separar el sistema democrático del sistema económico, evitando que pueda democratizarse). En definitiva, las teorías neoliberales aceptan las democracias como un mal menor, aunque sus insistentes demandas contra la regulación de los mercados sólo denotan en última instancia un rechazo frontal a este sistema político, considerándolo una lacra para el desarrollo económico.

Ese uso del desarrollo económico como fin en sí mismo (crecimiento económico desmesurado e ilimitado) es el que ha desembocado en la creación artificiosa de productos financieros sin base monetaria real (una burbuja financiera, que es la que nos ha llevado a esta situación de crisis sistémica), igual que sucedió con la creación artificiosa de necesidades inmobiliarias (la burbuja inmobiliaria previa a la burbuja financiera); la ausencia de regulación en el primer caso (los mercados de productos financieros secundarios –donde se mezclan productos financieros de todo tipo– nunca han estado regulados) y el mal uso de la regulación en el segundo (se utilizó y se promocionó la construcción como financiación principal de las administraciones públicas locales) permitieron que el propio mercado diese rienda suelta a ese crecimiento sin límites que ha acabado por estallarnos a todos.

Por lo tanto, la primera cuestión a determinar para construir nuestro futuro es si queremos formar un sistema basado en la economía o si queremos crear un sistema basado en la democracia. La configuración de todas las libertades individuales restantes se derivarán de esa determinación.

Así, si tomamos partido por un futuro basado en la economía deberán restringirse las libertades individuales de los trabajadores, que deberán subyugarse obligatoriamente al fin último del crecimiento económico, renunciando a muchos de los derechos existentes hoy; obviamente, tomar parte por ese futuro implica también que el sistema político asociado a esa base económica podrá ser cualquiera, si bien el democrático tendrá muy pocas posibilidades de ser el elegido (la subyugación de la masa social más numerosa, y su consiguiente pérdida de derechos, debería ser voluntaria en un sistema democrático).

Y si tomamos partido por un futuro basado en la democracia, las teorías neoliberales actuales deberán adaptarse a la subordinación del crecimiento económico a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos, asumiendo que la cesión de poder de decisión desde el sistema democrático hacia el sistema económico (que es lo que nos ha llevado al actual despotismo, que incluso es capaz de impedir el ejercicio de la soberanía a un pueblo entero) no se va a poder producir de nuevo.

Caminando hacia la revolución

Parece que ya no hay vuelta atrás; la recaída en la recesión, que muchos esperaban para septiembre del año que viene, ya está aquí. No hay tiempo ni tan siquiera para tomar posiciones: el barco se hunde y cada cual va a intentar salvarse como pueda. Estados Unidos aplicando recetas expansivas y la Unión Europea aplicando (o al menos eso intentan) recetas recesivas; sin embargo, todo parece indicar que no hay receta que pueda salvar al sistema, y que su muerte será más brusca (que no indolora) de lo previsto.

Con casi cinco millones de parados en nuestro país, esta segunda recesión nos lleva directos al colapso social (el económico parece ya inminente e irremisible), y en esa situación el pacífico 15-M puede ser devorado por otros movimientos mucho menos dados a la participación y al diálogo.

Camuflada tras las rimbombantes teorías económicas neoliberales y con la impasible inoperancia política, la gran mayoría no nos habíamos dado cuenta de que el libre mercado hacía tiempo que había sido devorado por la libre especulación financiera; que cuando se hablaba de competitividad o de productividad, del Estado de Bienestar o del futuro de las pensiones, se estaba intentando medicar a un ente inerte, mientras su verdugo continuaba desgajando su cuerpo para exprimirlo por completo antes de su completa desaparición.

Hoy nos encontramos ante un mercado financiero con obesidad mórbida; y ha devorado ya a tantas víctimas que se está quedando sin alimento. Y como si fuésemos víctimas de un absurdo Síndrome de Estocolmo, le seguimos dando al mercado financiero todo aquello que nos pide (más inyecciones multimillonarias de capital) mientras el mercado financiero nos advierte de que nosotros tenemos que comer mucho menos, o mejor incluso si dejamos de comer y le damos nuestros alimentos a él.

“Este país nos va a hundir a todos”, ha afirmado rotundamente un señor señalando el nombre de Grecia en la página de un periódico que estaba leyendo esta mañana en el bar de la esquina; ante semejante ejercicio de autoconvicción he optado por asentir, aunque para mis adentros he pensado que si un referéndum en un país que supone el 2% del P.I.B. de la Unión Europea nos va a hundir a todos es porque ya estábamos hundidos mucho antes de que los griegos pudiesen votar si su muerte financiera ha de ser lenta o rápida; de hecho, los cuatro primeros párrafos de esta entrada los tenía escritos desde finales de septiembre, y parece ser (visto el panorama económico y financiero desde 2008) que podría haberlos escrito incluso mucho antes (aparqué su desarrollo y publicación por parecerme excesivamente pesimista respecto al futuro, pero el último artículo de Juan Luis Cebrián, mucho más pesimista que el inicio del mío, me ha animado a acabarlo).

La cuestión es que podemos culpabilizar de la caída del sistema a Grecia, a los mercados, a la política, a los bancos, al G-20, al vecino o a nosotros mismos, y seguro que encontraríamos una parte de responsabilidad en cualquiera de ellos; pero mientras nos obsesionamos en buscar culpables estamos perdiendo un tiempo precioso en iniciar el cambio de sistema. Y hay muchos (seguramente los menos indicados para ello) que ya están tomando posiciones; y si han de ser los férreos defensores del capitalismo más salvaje quienes nos saquen de esta crisis del sistema capitalista, el futuro se presenta poco halagüeño.

El problema es que ideológicamente el comunismo ha sido desacreditado; y en la práctica, también. Esta situación ha conllevado la omnipresencia del capitalismo como única vía ideológica posible en nuestra sociedad; este monopolio ideológico ha sido posiblemente la principal causa de su propia caída, puesto que las únicas fuerzas que podían ejercer algún tipo de contrapeso (el propio comunismo, la socialdemocracia o incluso la sociedad a iniciativa propia) han sido incapaces hasta tal punto de frenar la voracidad de lucro de los sistemas financiero y económico que incluso han acabado alentando los desmanes propios de cualquier sistema basado en la avaricia. Y si, tal y como venían pregonando desde la derecha hace ya mucho tiempo, el futuro va a tener que decidirse sin luchas ideológicas de por medio, la primera ideología que debe apartarse del futuro es la que ha caído con esta crisis: el propio capitalismo; sólo con la muerte de las dos ideologías enfrentadas desde el siglo XIX puede abordarse el futuro sin luchas ideológicas.

Ahora bien, si el teórico poder de las democracias se ha pervertido y desviado de tal forma que ha acabado en manos de una élite (una especie de nuevo despotismo ilustrado) como el G-20, los bancos centrales, el FMI o el recientemente bautizado “Merckozy”, todos ellos firmes creyentes y defensores acérrimos del actual sistema caído, de forma que la soberanía popular ha acabado siendo una utópica declaración de intenciones en las constituciones de los países autodenominados democráticos, va a ser misión imposible apartar a esas élites (completamente ideologizadas) de las decisiones sobre el futuro de nuestras sociedades. No queda otra salida, pues, que la lucha ideológica; y el inicio de esa lucha sólo puede abordarse tomando como base las dos últimas ideologías caídas (capitalismo contra comunismo). Abordar la construcción de un futuro desde la nada (sin base ideológica alguna) no es posible en tanto en cuanto el poder de decisión real está en manos de esa élite despótica; afirmar lo contrario sólo puede interpretarse como un apoyo explícito a quienes ahora tienen el poder de decisión real, que son los mismos que nos han llevado a esta crisis sistémica.

Por supuesto, estas disquisiciones son totalmente utópicas: el poder nunca abandona sus posiciones sin ofrecer resistencia, nunca reconoce sus errores si nunca antes se le han exigido responsabilidades y defenderá su ideología como la mejor o incluso como la única posible y viable. Como dice Juan Luis Cebrián en su artículo de hoy en El País, las crisis sistémicas llevan aparejadas acciones violentas contra el poder establecido que pueden acarrear destrucción y muerte; atajar esas acciones violentas mediante una revolución pacífica aun es posible si realmente se tiene la voluntad de salir adelante construyendo otro sistema más justo con todas las personas, independientemente de su capacidad adquisitiva, e incluso un sistema más participativo y en el que no quepa ningún tipo de despotismo. Es cierto que ha de ser a través de la verdad como se construya ese sistema, pero seguramente no será posible construirlo con la actual actitud de nuestros políticos.

Siempre quedará, por supuesto, la revolución violenta y la contrarrevolución sanguinaria; pero si llegamos a eso seremos muchos los que no llegaremos a conocer nunca otro sistema que el depravado sistema actual. Y es una lástima que la experiencia y la propia Historia nos hayan demostrado una y otra vez que las crisis sistémicas nunca han tenido una solución pacífica.

Anulen la reforma de la Constitución

Porque es una reforma emanada de una reunión bilateral entre Francia y Alemania y por lo tanto no responde a una política de la Unión Europea ni a ningún acuerdo internacional suscrito por España.

Porque es una reforma que se salta la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y no en los representantes del pueblo francés o del pueblo alemán.

Porque con la negativa a refrendar la reforma mediante una consulta al pueblo español, que podría otorgarle legitimidad a esa modificación constitucional de carácter antidemocrático, se llega al punto más álgido del despotismo ilustrado en el que se ha convertido la supuesta democracia que instaura la propia Constitución.

Porque los mercados, a quienes debería calmar la reforma, siguen especulando con la deuda española hoy mismo, el día en el que ha quedado aprobada en el Congreso de los Diputados esa modificación constitucional.

Porque las turbulencias y especulaciones financieras que se pretenden calmar con esa reforma de la Constitución no tienen nada que ver con la Constitución.

Y, en definitiva, porque si las numerosísimas modificaciones a la Constitución que se han reclamado internamente, tanto a través de los cauces parlamentarios como a través de protestas o iniciativas ciudadanas, han sido rechazadas una y otra vez por los representantes del pueblo español, resulta muy difícil (o imposible) entender cómo “los mercados”, o dos países cualesquiera, logran en dos semanas lo que los españoles no han logrado en más de 30 años.

A no ser, claro está, que lo que se quiera es demostrar al pueblo español que su soberanía ya no sirve.

Vuelve “El Estatut”

Durante todo el proceso de aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña critiqué, siempre que tuve ocasión, a todos aquellos alarmistas (nacionalistas españolistas o anticatalanistas) a los que les salía el tan manido por aquellas fechas «España se rompe» cada vez que aparecía en público o se citaba a algún político catalán; la razón de mis críticas era muy simple: el Tribunal Constitucional debía pronunciarse acerca de la constitucionalidad o no del texto que saliese definitivamente aprobado. Y teniendo en cuenta que uno (si no el principal) de los grandilocuentes argumentos de esos nacionalistas era definir al nuevo Estatut como una reforma encubierta de la Constitución (que no es otra cosa que nuestra norma básica de convivencia social y política), bastaba con confiar en las instituciones de las que nos hemos dotado (y el Tribunal Constitucional, tal y como especifica la propia Constitución, es una de ellas) para dejar de sembrar semillas de odio hacia una parte concreta de esta España que nos ha tocado vivir.

Curiosamente, la desconfianza (o la simple negación de su autoridad) hacia las instituciones democráticas, como el Tribunal Constitucional, han sido uno de los signos de identidad preferidos (y distintivos) de los movimientos antisistema; era completamente absurdo (además de argumentalmente inconsistente) declararse constitucionalista (defensor de la Constitución tal y como está redactada) y negar sistemáticamente a su vez la autoridad de las instituciones reconocidas en la propia Constitución.

Si algo ha distinguido al nacionalismo catalán durante la vigencia de nuestra Constitución ha sido ejercer de vanguardia en la implementación de nuevas formas de convivencia dentro del marco constitucional común (sé que muchos no aceptarán las pretensiones nacionalistas como nuevas formas de convivencia, y mucho menos dentro del marco constitucional, pero entiendo que proponer reformas legales, a través de las instituciones democráticas –y no a través de métodos violentos, como ocurre con otros nacionalismos–, es justamente eso); sin embargo, en estos momentos, en los que se aproxima la decisión final del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad o no del nuevo Estatut, nos estamos encontrando ante la antítesis de ese nacionalismo y, lo que es más incomprensible si cabe, ante la equiparación argumental del rancio nacionalismo españolista con el más avanzado (si es que a algunas ideas nacionalistas se les puede aplicar este adjetivo) ideario del nacionalismo catalanista.

Esos llamamientos a la desautorización de las instituciones democráticas (y el Tribunal Constitucional lo es), mediante manifestaciones, medidas de presión preventivas o incluso mediante la negación de la autoridad (y, por lo tanto, la negación sistemática de todas sus decisiones) de ese Tribunal, ante la posibilidad de una determinación adversa sobre la constitucionalidad de algunos aspectos del nuevo Estatut, no hacen sino servir de justificación (hasta cierto punto) a aquel rancio nacionalismo españolista que tanto critiqué unos meses atrás.

Esta radicalización mutua de posturas entre nacionalismos (ambos situados actualmente, tal y como han demostrado unos y otros, fuera del sistema democrático) no hacen más que desviar la atención sobre determinados aspectos (sean o no constitucionales) introducidos en el nuevo Estatut que merecerían una sana y pausada valoración por parte de quienes integramos esta España de la variedad de la que muchos (intuyo que, en mayor o menor medida, la mayoría) nos sentimos orgullosos; hablo de tres de los temas más polémicos introducidos por el nuevo Estatut: la nación, las lenguas oficiales y la soberanía.

La soberanía

Aunque de forma indirecta (por haber sido uno de los argumentos utilizados, erróneamente, para demostrar una supuesta constitucionalidad del Estatut que no es tal), el referéndum por el cual se aprobó, en el ámbito territorial de Cataluña, el texto definitivo del nuevo Estatut podría establecer un nuevo frente de discusión sobre el alcance de esos procesos electorales en el caso de los Estatutos de Autonomía (no sólo en el caso catalán).

La soberanía reside, según la Constitución, en el pueblo español en su conjunto, y no sólo en una parte (más o menos numerosa) del mismo; el referéndum que aprobó el nuevo Estatut (igual que los futuros procesos electorales que sirvan para respaldar en las urnas las modificaciones instroducidas por nuestros políticos a otros estatutos de autonomía) ha sido utilizado, tanto por la Generalitat de Cataluña como por parte de algunos periodistas (como fue el caso de El País en el Editorial del pasado día 25), como una condición con la suficiente entidad como para dar por constitucional todo el texto refrendado por los catalanes en las urnas.

Es obvio que la soberanía de la que habla la Constitución (que corresponde a todos los españoles) no es la misma que la argüida por los defensores del Estatut; el problema, sin embargo, es que sí existe una cierta soberanía en esa aprobación en las urnas del texto estatutario, puesto que ha sido el propio Estado constitucional el que ha habilitado a una parte del pueblo español (en este caso los catalanes, pero en futuros casos también a valencianos o andaluces, cuyo refrendo en las urnas a los futuros textos estatutarios también han sido aprobados y tienen plena vigencia) a tomar decisiones independientemente de las opiniones de sus vecinos (también españoles).

Es la misma soberanía (que podríamos definir como delegada o transferida) que permite a los ciudadanos españoles de una comunidad autónoma elegir a sus propios representantes, o a los españoles de un municipio hacer lo propio, independientemente de la opinión que les merezcan los candidatos o los programas electorales a sus vecinos; esa soberanía delegada o transferida es algo habitual y ejercerla en contra de las opiniones del resto de españoles no se ha planteado nunca como algo inconstitucional.

El procedimiento seguido para aprobar, mediante referéndum, el nuevo Estatut es el mismo que se sigue para celebrar esos procesos electorales delegados que se producen cada cuatro años en las comunidades autónomas y en los municipios españoles; los defensores del nuevo Estatut extrapolan esos procesos y, dado que los resultados que producen no son cuestionados por inconstitucionales, tampoco debería cuestionarse el resultado del referéndum del Estatut.

No obstante, es necesario advertir que las actuaciones de los representantes elegidos en esos procesos electorales con soberanía delegada siguen estando bajo la necesaria supervisión constitucional, pudiendo ser declarados sus actos inconstitucionales aun cuando la soberanía haya recaído en la totalidad del pueblo español (como ocurre con las leyes aprobadas en las Cortes, con miembros elegidos por la totalidad de los españoles y ejerciendo, por lo tanto, la soberanía reconocida por la Constitución).

En el caso del Estatut, cabría una argumentación similar a la utilizada por sus defensores si la soberanía hubiese sido ejercida sin delegación (es el caso de los referéndums que afectan a la totalidad de los españoles, como fue la entrada de España en la OTAN), en cuyo caso la posible inconstitucionalidad del texto aprobado en referéndum difícilmente podría ser defendida por ninguna institución del Estado. No es este el caso del Estatut, por lo que no es defendible su constitucionalidad (aunque sí es más democrático y más participativo que otras opciones) a través de este argumento.

Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de referéndums parciales van a convertirse en algo habitual en las próximas reformas de estatutos de autonomía y que la actual regulación electoral en materia de referéndums o de consultas populares habilitan al Estado para autorizar o, en el caso de que se pretendan votar aspectos que no pueden ser decididos por una parte de los españoles, denegar este tipo de procesos electorales; el problema surge, en estos casos, desde el momento en que el Estado (representando a todos los españoles) da su autorización, puesto que esa autorización da plena legitimidad, ante el resto de españoles que no votan, a los resultados obtenidos en cada uno de esos referéndums.

Parece que se hace necesario determinar qué aspectos de los referéndums que han de aprobar los futuros estatutos de autonomía quedan dentro del ejercicio de esa soberanía delegada o transferida y qué aspectos requerirían de una consulta conjunta a la soberanía constitucional, que sólo puede ser ejercida por todos los españoles, y no a través de la suma de partes individuales o en procesos electorales sin relación directa entre ellos.

Las lenguas oficiales

Que todos los españoles tenemos el deber de conocer la lengua común (el español o castellano) queda meridianamente claro en la propia Constitución. Sin embargo, además de la lengua común (que es oficial en toda España) existen otras lenguas (que también son oficiales) cuyo estatus constitucional queda deliberadamente diluido entre referencias a la oficialidad y a su defensa y preservación por parte del Estado.

Que en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Mallorca (con diferentes estatutos de autonomía) el catalán y el castellano tienen el mismo estatus lo reconoce la propia Constitución, sin ningún tipo de restricción hacia una o hacia otra: ambas son oficiales (igual de oficiales); nada más dice la Constitución sobre el estatus de las distintas lenguas existentes en España, delegando en los estatutos de autonomía la regulación específica de cada una de ellas.

Algunos parecen entender que las lenguas españolas distintas al castellano son una manifestación más del folclore popular y autóctono de algunas comunidades autónomas, como si se tratara de un baile tradicional más o de una costumbre digna, como mucho, de algún estudio antropológico. Es obvio que bajo esa perspectiva es una ofensa a las libertades individuales obligar a alguien a aprender a bailar una jota o a saber lanzar cabras desde un campanario.

El problema es que una lengua o un idioma es, ni más ni menos, que el medio de comunicación utilizado por las personas para expresarse ante sus conciudadanos; y hay más de 19 millones de españoles que conviven con dos lenguas oficiales. Podría entenderse que se considerase un atentado contra las libertades individuales de los otros 27 millones de españoles obligarles a conocer al menos dos de las lenguas oficiales existentes en España; lo que es más complicado de explicar es que 19 millones de españoles tengan dos lenguas oficiales y sólo estén obligados a conocer una de ellas (el castellano), por muy mayoritaria (el chino también lo es respecto al castellano) o muy común a todos los españoles (que sea común no quiere decir que sea la única) que sea.

La utilización torticera, manipuladora y demagógica de los casos puntuales de radicalismo lingüístico (como quienes se niegan a rotular su negocio en catalán y aparecen en la prensa madrileña como víctimas de una persecución lingüística del castellano, o como quienes su religión les impide respetar a quienes no conocen el euskera y son elevados a los altares por sus sectas particulares) no ayudan lo más mínimo a poner un poco de sentido común a un debate necesario y calmado respecto a las lenguas oficiales españolas. El deber de un catalán de conocer sus dos lenguas oficiales (el catalán y el castellano) no puede ser nunca un atentado contra las libertades individuales de un madrileño, de un vallisoletano o de un cacereño, por mucho que retorzamos los argumentos, puesto que el catalán sigue teniendo la obligación de entender al resto de españoles que no hablan el catalán.

O modificamos la Constitución y eliminamos todas las lenguas oficiales distintas al castellano o empezamos a asumir que España es, oficial y socialmente, plurilingüe y actuamos en consecuencia. Con el nuevo Estatut catalán se ha dado el paso necesario para que ese plurilingüismo sea plenamente reconocido por el Estado; se acaba de esa forma con la interpretación perdonavidas que hasta ahora se tenía de las lenguas oficiales distintas al castellano (algo así como «te dejo que declares oficial el idioma en el que habláis tú y los tuyos, pero nada de equiparar tu extraño idioma con el superior castellano»).

La nación

Este es, sin duda, uno de los aspectos más controvertidos (si no el más controvertido de todos) de los incluidos en el nuevo Estatut.

La frase «Cataluña es una nación» que iniciaba el articulado del nuevo Estatut fue sin duda una provocación innecesaria para un texto que debía ser consensuado posteriormente con las instituciones democráticas de la única nación reconocida en la Constitución; tal vez esa provocación ha sido la que ha arrastrado con posterioridad todo el rechazo a otros aspectos del Estatut que podrían haber sido asumidos, no sin resistencias, por una amplia mayoría de los representantes de los españoles.

No obstante, la puerta abierta por la Constitución al hablar de nacionalidades (no puede entenderse una palabra derivada sin asumir el significado de su raíz, que en este caso es la palabra «nación») no podía cerrarse sin más eliminando cualquier interpretación más amplia de esas nacionalidades, como se hizo en el Estatut; al haber relegado esa interpretación más amplia fuera del articulado del texto definitivamente aprobado se pudo sofocar temporalmente el acalorado debate sobre naciones y nacionalidades, pero el fondo de la cuestión sigue latente.

Esa nación de naciones en la que se hubiese convertido España de haberse aprobado el texto inicial salido del Parlamento catalán tampoco hubiese sido, más allá de los sentimentalismos identitarios, una interpretación muy alejada de lo que realmente es España en la actualidad: un país federalizado, aunque oficialmente no federal.

Los llamamientos a cerrar el desarrollo autonómico (o federalizante) que permite expresamente la Constitución son fruto de la impotencia política para recentralizar un Estado centrífugo por naturaleza; se tiende con demasiada habitualidad a intentar prohibir lo que está permitido porque a algunos les resulta inasumible (porque no son capaces de asumirlo) cambiar la realidad social y política del país (o nación, o Estado) en el que viven.

Igual que el desarrollo autonómico ha sido hasta ahora centrífugo (federalizante) puede volverse centrípeto (centralista) en un futuro, porque la Constitución permite ambas tendencias. Lo que deberían hacer quienes quieren optar por un retorno al centralismo estatal es, en lugar de alarmar con la ruptura de España ignorando que esa supuesta ruptura ha sido votada democráticamente por los españoles, convencernos de que los beneficios de un Estado centralista son superiores a los que nos pueda ofrecer un Estado descentralizado. Ese es el debate, y no otro.