Contribuyente

Persona obligada por ley al pago de un impuesto; esa es la definición que da la Real Academia de la Lengua del término "contribuyente". Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones es la definición de "defraudar".

En España somos 47 millones de contribuyentes y 12 millones de defraudadores; o dicho de otra forma: somos más españoles defraudando que portugueses viviendo en Portugal. Por supuesto, la cifra de españoles defraudadores es un símil, porque las cifras de la economía sumergida (un 25% del P.I.B., 250.000 millones de euros) se refieren a transacciones económicas, no al número de personas que no cumplen con el fisco; pero la pregunta sería: ¿son cifras muy exageradas o no lo son tanto?

«El pequeño fraude aún tiene prestigio. Habría que empezar por valorar más lo que supone pagar impuestos», dice un economista en el Periódico Mediterráneo del 30 de enero; y así es. Pero alguien nos tendrá que explicar qué consecuencias tiene no pagar impuestos para valorar realmente qué estamos consiguiendo con esa excusa tan española de "si fulanito lo hace y todos lo hacen, no voy a ser yo el tonto", una actitud mucho más cómoda y española que denunciar al fulanito que sabemos que lo hace. Así que vamos a utilizar ese símil que he citado antes y nos vamos a poner, con las partidas de sanidad, educación y pensiones de los Presupuestos Generales como ayuda, manos a la obra.

Empezaremos con las pensiones, que salen todas de la caja única de la Seguridad Social y es fácil obtener las cifras para el conjunto de España: si somos 47 millones de españoles y las pensiones nos cuestan (datos de 2013) más de 120.000 millones de euros, eso quiere decir que para que nuestros mayores puedan seguir comiendo debemos aportar, cada uno, unos 2.600 € al año (220 € al mes). ¿Y de dónde sale el dinero para pagar las pensiones? Pues de las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de trabajo: un 30% (un 4,7% el trabajador y el resto la empresa) del salario bruto se utiliza para eso. Es decir, que si un trabajador cobra 1.000 € brutos al mes, le da de comer a un pensionista y le sobran 80 € para darle de comer a otro más; o lo que es lo mismo, con tres trabajadores que cobren 1.000 € podríamos alimentar a cuatro pensionistas durante un mes.

O lo que también es lo mismo: por cada trabajador que sale del mercado de trabajo legal (trabaja sin contrato), los otros dos trabajadores van a tener que cubrir lo que éste ha dejado de aportar a las pensiones. Es decir, que los dos trabajadores que cumplen con el fisco van a tener que pagar 110 € al mes cada uno para que los cuatro pensionistas puedan alimentarse. Las otras opciones son bajar las pensiones o eliminar pensionistas, que es, por cierto, lo que se está aplicando con la nueva forma de calcular las pensiones y con la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años.

Pero teniendo en cuenta que no somos 47 millones de españoles cotizando a la Seguridad Social, sino 16 (salimos por lo tanto a casi 8.000 € al año ó 635 € al mes), y que hay 8 millones de pensionistas (que salen a 15.000 € al año ó 1.220 € al mes), podemos trasladar a la realidad las consecuencias que tiene que un trabajador pase a formar parte de la economía sumergida y deje de aportar sus 635 € al mes a la Seguridad Social: si dos trabajadores aportan lo suficiente para pagar la pensión a un jubilado, que uno de ellos deje de hacerlo supone que el otro tenga que aportar el doble, hasta cubrir los 1.220 € que cobra cada jubilado.

Y, sabiendo esto, vayamos pensando en qué tipo de medidas va a tener que aplicar este Gobierno para compensar la prometida rebaja en las aportaciones a la Seguridad Social que hacen las empresas: por cada 10% de rebaja que se les haga a las empresas, cada uno de nosotros (si nuestro vecino no se pasa a la economía sumergida: entonces sería el doble) se va a quedar con 64 € menos al mes. A no ser que la compensación se haga eliminando a 800.000 jubilados o recortando sus prestaciones en 128 € al mes. Y lo mismo pasa cuando nuestros sueldos bajan; hay veces que es complicado entender los aplausos eufóricos ante una rebaja del 10% de la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social (bueno, o igual sí se puede entender si el objetivo de quien aplaude es hacer insostenible e inviable el sistema público de pensiones). La recuperación económica, se aplique lo que se aplique, no va a ir con nosotros; puede que veamos pasar el tren, pero no nos van a dejar subir.

Este mismo símil lo podemos aplicar también a la educación de nuestros hijos; las cifras las tomaremos de la OCDE (indicador B2), que dice que en España se invierte en educación el equivalente al 5,6% del P.I.B., es decir, unos 56.000 millones de euros: a cada español nos toca pagar 1.200 € al año ó 100 € al mes para cubir esos gastos. Ese dinero sale de nuestras nóminas (las retenciones de la renta, que consideraremos que son del 20%) y de nuestras compras (el IVA, que consideraremos que está también en el 20%); así, por cada trabajador con contrato que cobre 1.000 € al mes saldrán (por el IRPF) 200 € para pagar la educación de dos hijos. Y por cada factura de 1.000 € que le paguemos, por ejemplo, al fontanero, al mecánico o al pintor, estaremos posibilitando (pagando el 20% de IVA) que puedan estudiar otros dos niños más.

Es decir, que cada vez que nosotros (o nuestro vecino) pagamos una factura de 1.000 € en negro nos estamos ahorrando 200 € que vamos a tener que pagar igual (nosotros, el pintor, el fontanero o el mecánico) en cuanto el Gobierno aumente los impuestos para cubrir esos 200 € que no hemos pagado; y aún tendremos el valor de criticar al Gobierno por cubrir esos 200 € que permiten que dos niños puedan seguir estudiando.

Respecto a la sanidad pública, podemos seguir este mismo esquema. Los 67.000 millones (ahora serán menos) que se invertían en sanidad en 2011 debíamos pagarlos todos los españoles a razón de 1.425 € al año, que son unos 120 € al mes; es decir, que pagar una factura de 1.000 € en B supone que un niño deje de estudiar y que un enfermo acabe muriendo por falta de cobertura sanitaria. Y trabajar sin contrato, lo mismo, además de dejar sin pensión a uno de nuestros mayores.

Ahora ya sabemos las consecuencias que tiene ahorrarnos hoy el IVA, el IRPF o las cotizaciones sociales. Actuemos en consecuencia: dejemos de trabajar en negro o asumamos que estamos contribuyendo a que en nuestra jubilación vayamos a pasar hambre, a que los hijos de nuestros hijos no puedan acceder a la educación y a que acabemos muriendo por una gripe porque las coberturas sanitarias se van a reducir cada día más.

Benafigos es mor... ¿o l'estan matant?

Principis dels anys 80 del segle passat. Ens diuen que han de tancar l'escola de Benafigos. L'alcalde diu que no es pot fer res per a evitar-ho; els pares s'uneixen i aconsegueixen mantenir l'escola. El 1988 vaig acabar l'EGB (estes sigles potser ja no els diguen res a molts: significaven Educació General Bàsica) a Benafigos. La meua germana gran (nascuda quan van intentar tancar l'escola per primera vegada) ja no va poder acabar-la al poble: els anys 90 els van llevar la raó als nostres pares (com va dir l'alcalde, no es podia fer res: només era qüestió de temps) i van dur el tancament de l'escola de Benafigos, de manera que tindria que acabar els seus estudis primaris a Atzeneta (a 11 Km.). ¿Transport públic entre ambdos pobles? El dilluns i el divendres un autobus d'anada a les 6 del matí i un de tornada a les 5 de la vesprada. Alguns dels meus companys d'escola, davant les primeres amenaces de tancament, tampoc van acabar l'EGB a Benafigos: els seus pares van tindre que gastar-se diners en un internat a Benassal per a què acabaren els tres darrers cursos allà, a més de 40 Km. de sa casa. Els nostres pares van anar abandonant l'agricultura com a principal mitjà de vida per a buscar feina a les fàbriques de taulells dels voltants de l'Alcora (a quasi 40 Km. de Benafigos); però si treballes fora del poble i als teus fills els obliguen també a estudiar fora, ¿quin sentit té mantenir la residència a un poble com Benafigos? Els pares que no se'n van anar a Castelló de la Plana van buscar casa a l'Alcora o a poblacions veïnes de l'Alcora: buscaven un futur estable per als estudis dels seus fills, doncs si l'escola de Benafigos desapareixia, ningú podia assegurar que la següent no fós la d'Atzeneta (i estos darrers anys ja han amenaçat amb el seu tancament: donats els antecedents, només serà qüestió de temps que l'amenaça es fage realitat).

Aquell tancament de l'escola, ja amb dos germanes, i la sensació de què res era ja segur als pobles, ens van convertir en emigrants amb destí a la capital de la província: la meua germana gran va haver d'acabar els estudis a Castelló, i la meua germana menuda ja no va conéixer l'escola de Benafigos. Poc a poc, quasi tots els pares (i els seus fills, clar) van abandonar Benafigos, que es va anar convertint en un poble amb més d'un 50% de població jubilada (la mitjana de persones jubilades a la província de Castelló era el 2007 del 16%).

Moltes vegades, davant esta societat que tot s'ho mira baix l'aspecte de la rendibilitat econòmica, m'he preguntat quin futur els espera als pobles que, com Benafigos, es converteixen en el lloc de residència dels qui ja han acabat la seua vida laboral; és a dir, el futur dels pobles que no generen riquesa a l'Estat, sinó que són poblacions que només generen despeses. I esta crisi m'ha donat la resposta: l'Estat (siguen qui el dirigeixen de dretes o d'esquerres) no té reservat cap futur per als pobles com Benafigos: el seu destí, com a font generadora de despeses per a l'Estat, és el despoblament total i absolut.

Si amb l'eliminació de l'ensenyament van aconseguir deixar sense xiquets (una despesa massa gran per a l'Estat) als pobles menuts com Benafigos, ara toca deixar-los també sense jubilats (l'altra despesa, també massa gran, per a l'Estat). ¿Com? Si amb els xiquets els va funcionar eliminant la seua principal necessitat (l'ensenyament), eixe mateix escenari és el que hauria de funcionar també amb els jubilats: eliminar la seua principal necessitat.

Dilluns, dimecres i divendres poden anar els jubilats de Benafigos al metge (puja des d'Atzeneta, igual que passa a Xodos); la resta de dies han de desplaçar-se a Atzeneta si es posen malalts. Fins ara, junt al metge pujava algun ATS que atenia qüestions que no requerien la presència del metge, de manera que les dos hores que estava obert el consultori donava per a atendre a tots els malalts.

Esta setmana ja ha deixat de pujar l'ATS perquè la Conselleria ha deixat de rellevar-los per a poder donar este servei fora del centre de salut d'Atzeneta. A ningú, ni a València ni a Madrid, els interessa el més mínim un poblet com Benafigos generador de despeses.

Així doncs, morim com a poble abans que ens maten: no ens ho agraïran, però serem una despesa menys per a Madrid i per a València.

"És l'economia, idiota", que diria Bill Clinton.

Gobernados por nuestros verdugos

Si quienes nos gobiernan se erigen en nuestros propios verdugos, ¿qué debemos esperar de estos administradores? ¿Qué podemos esperar de ellos, si es que podemos esperar algo?

El proceso irreversible de obrerización de las casi extintas clases medias del sur de Europa es la más amplia (por el número de ciudadanos afectados) demostración de que la actual política imperante practicada desde supuestas instituciones democráticas culpabiliza a los trabajadores de habernos llevado a esta crisis; cualquier derecho laboral adquirido durante el último siglo es susceptible, en esta nueva era, de ser calificado de privilegio inasumible. Desde las ocho horas laborales diarias (la nueva reforma laboral permite hasta 84 horas semanales -que son 12 horas al día- sin admitir la posibilidad de negarse a hacerlas manteniendo al mismo tiempo el empleo) hasta los incrementos salariales -único sustento económico del trabajador- pactados con los empleadores en los convenios laborales: todo se ha venido abajo en cuanto los abusos del poder financiero han destapado las miserias y las vergüenzas del corrupto poder político. El avaro poder financiero ha exigido al untado poder político su propio rescate: y las marionetas democráticas han legislado para quitarnos el sueldo, para quitarnos las casas, para quitarnos la educación y para quitarnos la salud y servírselos en bandeja de plata a nuestros verdaderos gobernantes.

Aunque irreversible, ese proceso aun está inacabado. Las clases medias del mundo desarrollado eran demasiado numerosas, absorbían demasiados recursos; en definitiva, había que reducir su número. El fantasioso desarrollo económico al que nos habían acostumbrado nuestros verdugos era una burda mentira: nos ofrecieron ser clases medias con innovadores productos que hacían la tarta cada vez más voluminosa, pero el producto real era siempre el mismo; y cuando comprobaron que el aire que contenía la tarta en su interior no saciaba su voraz apetito decidieron aplastarla y crear otra sólo para ellos. Aun nos llegan algunas migajas de la tarta aplastada, pero se están apresurando en limpiar los restos para que su nueva tarta pueda exhibirse brillante e impoluta.

Los novedosos criterios de los servicios de empleo madrileños para otorgar formación y ofertar empleos a quienes aun pueden llevarse algún resto de aquella tarta (es decir, a quienes aun mantienen alguna prestación por desempleo), descartando sistemáticamente de las ofertas de trabajo a los nuevos soldados de nuestro flamante y numeroso ejército industrial de reserva, no son más que la avanzadilla de la nueva (aunque ya predicha) era tenebrosa que nos espera.

«Nuestro tejido productivo requiere constantemente un ejército de reserva de trabajadores desempleados para las épocas de sobreproducción. El objetivo principal del empresario en relación con el trabajador es, por supuesto, obtener el factor trabajo con el menor costo posible, algo que sólo puede conseguirse cuando la oferta de este factor es mucho mayor que la necesaria para cubrir la demanda; es decir: al empresario le conviene que exista siempre un exceso de población dispuesta a trabajar. La superpoblación es, por lo tanto, un interés del empresariado; y para los trabajadores es un factor decisivo para mantener sus puestos de trabajo. Dado que el capital sólo aumenta cuando emplea trabajadores, el aumento del capital implica un aumento del proletariado y, como hemos visto, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el capital y el trabajo, el aumento del proletariado debe llevarse a cabo relativamente más rápido. Esta teoría también puede expresarse como una ley de la naturaleza: la población crece más rápido que los medios de subsistencia; esta afirmación es muy utilizada por los empleadores, ya que silencia su conciencia, la dureza de corazón se convierte en un deber moral y transforma los problemas de la sociedad en un problema de carácter meramente natural; además, les permite observar la destrucción del proletariado por el hambre con la misma naturalidad con la que se observaría cualquier otro evento natural, sin inmutarse lo más mínimo y, por otro lado, puede considerarse la miseria del proletariado como un castigo a su propia culpa».

Este texto, ligeramente adaptado a la terminología de nuestros tiempos, fue escrito en 1847 por Karl Marx. Si echamos la vista hacia las medidas de carácter laboral propuestas estos últimos años para salir de la crisis, comprobaremos que todas han ido en la misma dirección (incrementar ese ejército de reserva de trabajadores desempleados, facilitando el despido individual o el colectivo); y si estamos dispuestos a abrir los ojos al margen de prejuicios ideológicos, comprobaremos cómo los eufemismos utilizados al principio (la eterna y ambigua "flexibilización del mercado laboral") han ido dejando paso a otros eufemismos mucho más concretos y plenamente coincidentes con aquella teoría marxista: la "reducción de la masa salarial" (reducir el peso de los salarios en el conjunto de la economía), la "devaluación interna vía salarios" (reducir salarios antes que reducir beneficios) o el "incremento de la productividad por hora trabajada" (trabajar más cobrando menos). Jamás se han puesto en duda durante esta crisis la viabilidad de las empresas, los errores, las imprevisiones, las ocurrencias ilógicas o las decisiones temerarias de nuestros empresarios. Simplemente había que ayudarles, y qué mejor ayuda que eliminar de las ecuaciones de contabilidad de costes las rigideces que suponían la protección laboral: de 42 a 33, de 33 a 20 y de 20 a 0 han pasado los días de indemnización por despido (el colchón de cualquier trabajador ante la desaparición de su único sustento vital); la negativa a aceptar modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (un pacto entre trabajador y empresario) pasan de despido improcedente a despido por causas económicas... Más soldados para el ejército que ayudará a continuar con la reducción de la masa salarial: cuantos más desempleados integren ese ejército, mayores serán las posibilidades de que los que aun trabajan acepten rebajas salariales o incrementos en las horas de trabajo por el mismo precio. La presión sobre los trabajadores acabará siendo un episodio de canibalismo puro y duro: las empresas, viables o no, temerarias o no, honestas o deshonestas, no necesitarán pactar salarios más bajos con sus trabajadores. Propondrán y se aceptarán sus condiciones bajo la amenaza de que otro trabajador -consciente o inconscientemente- se encargue de comerse los ingresos, la casa y la vida del trabajador díscolo. El obrero se encargará de castigar al obrero.

Pero el genocidio de las clases medias del sur de Europa no se limita a una mera cuestión cuantitativa; las medidas cuantitativas deben acompañarse de medidas cualitativas.

Entre éstas, se está produciendo un continuo goteo de modificaciones normativas o de interpretaciones restrictivas de las normas ya existentes, pero todas con un único fin: la desaparición de la protección social a los trabajadores. ¿Por qué? Muy simple: esa protección social impide que ese enorme ejército de reserva de trabajadores desempleados contribuya de forma efectiva a alcanzar el objetivo para el que ha sido creado, que no es otro que la reducción salarial de los trabajadores en activo. Y, además, lo impide por una doble vía: el parado no presiona lo suficiente a los trabajadores en activo y éstos aún no aceptan todas las modificaciones necesarias a la baja en sus condiciones laborales.

Las continuas restricciones que se están introduciendo para acceder al subsidio por desempleo a los mayores de 55 años (incluida la jubilación anticipada de forma forzosa a los 61 años) van a ser el pan nuestro (el de los mayores de 55 años y el de los menores de esa edad) de cada día durante los próximos años; conociendo la lógica de los desmanteladores del Estado de Bienestar que nos gobiernan, esa eliminación de la protección social del nuevo proletariado se adornará con una sustancial rebaja impositiva sobre las cotizaciones sociales, sobre todo de las que aportan las empresas, pero también (para generar un menor rechazo social) de las que aportan los propios obreros.

Y la lógica será aplastante: si ningún trabajador va a poder acceder a la protección social -llámese ésta por desempleo o por jubilación- que está pagando con parte de sus nóminas, va a resultar absurdo mantener las aportaciones a esa protección. Por lo tanto, la solución será eliminar esa imposición; las empresas (que verán reducidos sus costes laborales en hasta un 30%) aplaudirán la medida y los obreros (que verán cómo su nómina aumenta hasta un 6%) también. Eso sí, que nadie espere que en la normativa que elimine la protección social de los trabajadores se explique qué alternativas van a tener los obreros que pierdan su único sustento, porque no la encontrarán: el mercado (las aseguradoras, todas participadas por las entidades financieras) se encargará de otorgarnos las cartillas de racionamiento según sus propios criterios económicos. Siempre que el obrero pueda pagarse su seguro, por supuesto.

¿Y saben lo mejor? Que los obreros estaremos de acuerdo (y aunque no lo estemos, parecerá que sí lo estamos: quienes manifiesten su desacuerdo serán voces aisladas sin representatividad alguna, nazis, radicales y terroristas... o sindicalistas liberados elegidos... por nazis, radicales y terroristas). Y quienes nos gobiernan lo saben.

La cifra equivocada del neoliberalismo

Pues sí, resulta que, según el último informe del FMI, las teorías neoliberales se han equivocado en una cifra; el problema es que esa cifra errónea les ha servido durante décadas para demostrar lo contraproducentes que resultan las inversiones públicas, o lo que es lo mismo, les ha servido durante décadas para atacar cualquier intervención estatal que intentara corregir los desequilibrios de aquella mano invisible de los mercados que nunca parece haber funcionado más allá de los modelos numéricos de los economistas neoliberales.

Tampoco es que el error haya sido de varios ceros, no vayan ustedes a creer; se equivocaron de un 0,5 a un 1,7, aunque la actual crisis europea parece haber demostrado que el error alcanza al 2,5. Tranquilos, que es muy fácil de saber cómo nos han estado engañando con un ejemplo práctico.

La cifra en cuestión es la que mide el efecto real (efecto multiplicador) en las economías cuando se realiza un recorte en el gasto público; para centrarnos un poco, esa cifra se utiliza para contabilizar el efecto que podía tener en la economía real un recorte en la sanidad de 10.000 millones de euros.

Aplicando las teorías económicas neoliberales, se preveía que ese recorte en los gastos de sanidad de 10.000 millones de euros podía resultar en una contracción en la economía real de 10.000 x 0,5 = 5.000 millones de euros; de esta forma, la cuestión consistía en que si por una parte se consigue un ahorro de 10.000 millones de euros y por la otra la economía se retrae en sólo 5.000 millones, el ahorro siempre es mayor y podrá destinarse, en un futuro, a contrarrestar la caída de la economía a través de inversiones públicas. Es decir, que para cubrir los 5.000 millones de retracción de la economía habrá siempre dinero, puesto que el ahorro en el gasto público será siempre superior (exactamente el doble) a la contracción (en cualquier caso, si los gobiernos socialdemócratas decidieran destinar la mitad del ahorro a contrarrestar la contracción económica, siempre quedaría un ahorro de la otra mitad, por lo que las políticas de austeridad son siempre beneficiosas para la sociedad en su conjunto).

Pues bien, ahora apliquemos el ejemplo con las nuevas cifras estimadas por el FMI, que se han reformulado en una horquilla que va desde el 0,9 al 1,7 (aunque, como se ha dicho, parece haberse comprobado que en la actual crisis europea se ha alcanzado un coeficiente del 2,5).

Tomando el valor mínimo de esa cifra (el 0,9), tendríamos que el ahorro de 10.000 millones de euros en la sanidad pública produce una contracción de la economía de 9.000 millones de euros, por lo que el ahorro real (si el gobierno quisiera destinar ese ahorro a inversiones públicas, que tampoco es el caso) sería de 1.000 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, porque si tomamos la cifra más alta de la horquilla, resulta que el ahorro de 10.000 millones de euros en sanidad no sólo ha dejado sin cobertura a miles de españoles, sino que además ha supuesto una contracción en la economía de 17.000 millones de euros (o lo que es lo mismo, el coste económico real de la medida ha sido de 7.000 millones de euros).

Pero el problema es que esa cifra del 1,7 es en realidad del 2,5 en Europa, por lo que al ahorrarnos 10.000 millones de euros en la sanidad pública hemos provocado una contracción de la economía productiva de 25.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: nos ahorramos 10.000 millones de euros para perder 25.000 millones por otro lado.

Y no sólo eso, sino que teniendo un gobierno que aplica medidas neoliberales para salir de la crisis (es decir, que ahorra en los presupuestos pero no reinvierte en nada), el ahorro de la sanidad pública nos ha costado 35.000 millones de euros: 10.000 millones de euros que ahora tenemos que pagar nosotros por los medicamentos y por la caída en la calidad de la sanidad y 25.000 millones de euros más por la gracia del ajuste.

¿Y Rajoy, va a hacer algo para evitar que los nuevos recortes incluidos en los PGE de 2013 nos acaben de hundir en la miseria? Pues me temo que, con la cintura que tiene este hombre, va a ser que no.

Lamiéndole el culo a Esperanza Aguirre

No, la primera imagen para ilustrar este artículo no es un error; el 14 de Julio de 2011, Libertad Digital abría su edición con una noticia que aparecería de forma reiterada durante los días siguientes. Eran las facturas en el cajón de una Castilla-La Mancha gobernada hasta entonces por un PSOE que había falseado las cuentas autonómicas.

Al día siguiente, el Editorial no dejaba lugar a dudas: ocultar las cuentas es un acto de “rapiña”, y el máximo responsable de tal ocultación (José María Barreda, socialista para más señas) era un “gobernante manirroto y derrochador que se había pulido el dinero de los contribuyentes” y que “decidió mentir” al ocultar que “las facturas sin pagar se hayan multiplicado por más de dos”. Cospedal había descubierto 1.742 millones de facturas sin pagar, y la situación era “extremadamente grave” en esa comunidad autónoma.

Tres días después aun aumentaría ese importe de facturas ocultas, hasta llegar a los 2.600 millones de euros, aunque la cifra definitiva, según se ha publicado hoy mismo en La Razón, se ha quedado en un desfase de 1.545 millones de euros sobre lo presupuestado por el anterior gobierno autonómico.

En el polo opuesto estaría la Comunidad de Madrid gobernada por la neoliberal Esperanza Aguirre; el 28 de Febrero pasado no quedaba ninguna duda: “Sólo Madrid cumple”, “Madrid ha sido la única que ha cumplido el objetivo de déficit (del 1,3%)”, habiéndose quedado en el 1,13% (unos 2.100 millones de euros).

Tres semanas más tarde (el 20 de Marzo), la Comunidad de Madrid admitía que en realidad su déficit era de 1.000 millones de euros más que los anunciados; no, no se me ha colado sin querer una noticia de El País entre las noticias del periódico de Federico Jiménez Losantos, es que en Libertad Digital andaban ese día calculando la deuda pública de Cataluña y no les dio tiempo de publicar la noticia de la corrección al déficit de su política preferida (bajo estas líneas hay un pantallazo con las principales noticias de ese día, pero en el enlace anterior puede observarse cómo esa noticia no fue noticia para ese periódico digital, ni ese día ni los siguientes).

Hoy parece que han encontrado facturas debajo del cajón (como dirían ellos) en Madrid (1.000 millones más), en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular. Madrid deja de ser no sólo la única que cumple con el déficit (ya dejó de cumplirlo el 20 de Marzo, aunque los lectores de Libertad Digital no lo supieran), sino también la que mejor cumplió con las exigencias de ese déficit: el 2,2% lleva a Madrid fuera del podio.

Vaya, lo duplicó. Como el socialista Barreda. ¿Y qué dice Libertad Digital? Pues lo explica así, tan normal: “los más de 2.000 millones de euros de diferencia entre el déficit previsto y el real se achacan a una caída muy fuerte de ingresos por la parálisis económica, algo que tanto Aguirre como el consejero de Hacienda, Percival Manglano, habían advertido hace semanas. A ello se suma la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (facturas que había previsto imputar a 2012 se sacan ahora para que puedan favorecerse del plan del Gobierno)”. ¡Vaya! Las facturas en el cajón, de las que ya “habían advertido hace semanas”, aunque al parecer no en Libertad Digital.

Pero claro, no podían dejar así de chafados a sus lectores, así que había que dar alguna noticia que no equiparara a Esperanza Aguirre con el socialista Barreda.

Visto lo visto, será déficit cero si no se vuelven a equivocar en otros 2.000 millones de euros más. Digo yo.

¿Qué dirá ahora Miguel Barrachina?

El cuentista del Mediterráneo (del periódico, que no del mar) Miguel Barrachina, Diputado por el PP y articulista habitual de este diario de Castellón, ha destacado durante muchos, muchos meses por sus artículos populistas y demagogos contra el Gobierno central; llevaba unos meses sin atacar a Madrid (concretamente, desde el 12 de Noviembre pasado, la semana antes del cambio de color en el Gobierno), deberemos suponer que porque alguien en la capital del reino habrá oído sus plegarias y atendido sus peticiones.

Si en ridículo han quedado hasta el Presidente Mariano Rajoy y la Secretaria General del PP María Dolores de Cospedal por un quítame allá esas hemerotecas que revelan en muy pocos minutos las mentiras a las que nos tiene acostumbrados esta casta política que sigue habitualmente la máxima del “donde dije digo, digo Diego”, cómo no habrá quedado un insignificante Diputado de una insignificante provincia como la de Castellón, donde, a pesar de arrasar en votos, parece que hay que levantar mucho la voz y abrir mucho la boca para que alguien oiga a nuestros representantes del PP allá donde tengan que ser oídos.

Pero como ese trabajo (o debería decir autocrítica, o un simple “ups, vaya cagada”) de tragarse sus palabras no suele ser tarea habitual entre nuestros políticos, y menos aun si tienen mayorías absolutas en las que esconder la cabeza (tendrán otras cosas que hacer que ir rectificando, supongo que porque si no, no les quedaría más tiempo para desempeñar sus funciones), debemos ser otros quienes les mostremos que hacer política de tierra quemada (destructiva) no sólo no ayuda a los ciudadanos a los que deberían servir, sino que al final acaba chuscarrando a quien, pretendiendo ser portavoz de la provincia, acaba siendo un simple y triste bufón.

Qué mejor forma de empezar que con los agasajos al futuro presidente que le dedicó el sábado antes de ganar las Elecciones.

Que Mariano Rajoy es un hombre de principios (de muchos principios) está fuera de toda duda, como Zapatero. Ambos tienen tantos principios que utilizan unos u otros a conveniencia (propia o de Ángela Merkel); de hecho, lo de improvisar medidas económicas parece que está de moda desde Mayo de 2010 hasta esta parte, y Mariano Rajoy lleva dictados ya 13 Reales Decretos Leyes (leyes que no necesitan pasar por las Cortes para entrar en vigor) en los tres primeros meses de este año (el año pasado se dictaron 20, el último de ellos también obra de Rajoy) y una rectificación nada desdeñable publicada hoy mismo en el BOE para hacerse una trampa al solitario en cuanto a la deuda pública a declarar por el Estado.

Pero lo más jugoso de esa abundancia de principios que caracteriza al nuevo Gobierno (en contraposición al anterior, cabría añadir) está en Youtube (y en las dichosas hemerotecas que tanta desvergüenza suelen destapar).

Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros (Groucho Marx y Cospedal).

Incluso el “imperturbable” (Barrachina dixit) Rajoy tiene muchos principios.

En apenas veinte meses (los que ha tardado en pasar de la populista oposición tras los primeros recortes de Zapatero a la realidad de tener que gobernar), el “imperturbable” Rajoy que conoció Miguel Barrachina a una semana de proclamarse vencedor absoluto de las Elecciones Generales cambió de principios en cuanto a amnistiar a los defraudadores que no pagan sus impuestos al Estado.

Lo de subir impuestos, ni de broma, claro. A no ser que se cambie de principios.

Poco más de dos meses tardó el “íntegro” Rajoy en cambiar sus principios en materia de impuestos; y no los cambió sólo un poquito, no: de tener como principio una rebaja de impuestos a subir el IRPF en todos los tramos se debió dejar otros muchos principios por el camino.

La flexibilidad laboral sólo se usa para los contratos a contorsionistas de circo…

Y apenas tres meses tardó en cambiar sus principios en materia laboral, flexibilizando no sólo las condiciones laborales internas de las empresas, sino también (como si tres millones de despidos no fuesen suficientes) las condiciones de los despidos (gratuitos para los nuevos contratos indefinidos).

Con aquellos principios y aquella imperturbabilidad que emanaba el Rajoy de la oposición, no es extraño que tres días después de arrasar en las Elecciones Generales empezaran las peticiones al nuevo Gobierno central tras una etapa en la que, si nos guiamos por las opiniones de los dirigentes locales (como Miguel Barrachina), Zapatero maltrataba con saña a la provincia de Castellón.

Pero al llegar la hora de la verdad, con los nuevos y flamantes Presupuestos Generales del Estado, llegó la decepción: el milagro de Rajoy no era milagro, y si lo de Zapatero era un ensañamiento con la provincia de Castellón, lo de Rajoy se escapa de poder ser definido con palabras.

Deberemos suponer que Miguel Barrachina, ante tamaño agravio hacia la provincia, va a insistir en sus líneas maestras de reivindicación al Gobierno central, ¿verdad?