La democracia sobornada

Leyendo un artículo de Gabriel Albiac en ABC («La corrupción constituyente») sobre la división de poderes y la corrupción, me topé con una ingeniosa frase que define a la perfección la principal característica de cualquier democracia:

«La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto».

Los tres poderes clásicos de la democracia

Inmediatamente, me asaltó una pregunta: ¿qué contrapeso hay hoy a esos poderes que ejercen su influencia (cada vez mayor) al margen de los tres poderes clásicos de la democracia? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante instituciones ajenas como el FMI, que no sólo influyen en ella, sino que incluso pueden ser capaces de hacerla irreconocible? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante esos intereses económicos -supranacionales o mucho más particulares- que tantas veces acaban por someterla? ¿No estaremos ya ante poderes erigidos en absolutos por no haber existido contrapesos que lo evitaran?

Uno de los principales fallos (y así lo argumenta también Gabriel Albiac) que se le achacan a la democracia española es el déficit de independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes; estaríamos así ante un fallo interno del propio sistema achacable a decisiones de los otros dos poderes. El fallo, por lo tanto, sería subsanable con otras decisiones en sentido contrario. Yendo a lo concreto, el fallo está, según estas teorías ampliamente aceptadas en determinados sectores, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; la solución pasaría, por lo tanto, por una simple reforma legislativa.

Con esta simplificación del problema se matan dos pájaros de un tiro: los responsables de la corrupción española son los socialistas (así lo afirma rotundamente el propio Gabriel Albiac: «la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición» tuvo como consecuencia la promulgación de esa Ley Orgánica) y la solución la puede dar el propio sistema actual con una mínima modificación legislativa.

Sin restar importancia a una posible modificación de dicha Ley Orgánica que pudiera dar una mayor independencia al poder judicial (o, mejor dicho, a determinados órganos de dicho poder), no parece que la realidad confirme que la corrupción generalizada que vive nuestro país provenga de una deficiente configuración de ese pilar de la democracia; de hecho, es este poder el que está poniendo a los corruptos de los otros poderes en el lugar que les corresponde. O, lo que es lo mismo, el poder judicial sí cumple su función (controlar que los otros dos poderes se ajusten a la ley) cuando conoce los hechos; lo que sí confirma la realidad, en cambio, es que -además de otras cuestiones- el poder judicial tarda demasiado tiempo en conocer los hechos, y eso es algo que no va a arreglarse con una modificación -ni profunda ni superficial- de una Ley Orgánica.

De los tres poderes del Estado, el verdadero eslabón débil es el poder ejecutivo; no respecto a los otros dos poderes clásicos de la democracia, sino respecto a los poderes ajenos a la misma. Y ahí es donde reside el verdadero problema de la corrupción que está destruyendo al actual sistema democrático: el eslabón débil del sistema puede ejercer de contrapeso respecto a los otros dos poderes, pero ninguno de los tres tiene capacidad (no se le reconoce en la concepción clásica de la democracia) para contrapesar a poderes ajenos al propio sistema. Y la realidad nos demuestra que es ése (el poder ejecutivo, no el poder judicial) el que cede una y otra vez a los factores externos al sistema democrático.

Algunas democracias, tan representativas como la estadounidense (tan en boca de muchos como ejemplo de buen sistema democrático), han acabado por transigir ante esa debilidad y han legalizado e institucionalizado los sobornos empresariales a los poderes ejecutivo y legislativo bajo una definición amplia de la financiación de campañas electorales; lejos de impedir que los sistemas ajenos al democrático puedan manipular y tergiversar la esencia misma de la democracia (la voluntad del pueblo en contraposición a la voluntad de una oligarquía), la solución adoptada por algunas democracias ha sido, simplemente, publicar quién y cuánto ha sobornado a cada político en cada campaña electoral. Es decir: se ha optado por integrar dentro del sistema democrático a otros sistemas que no se rigen por las normas democráticas. En otras palabras: se han introducido agentes externos en un cuerpo sin que ambos sean compatibles entre sí; lo que vendría a ser un virus.

Actual correlación de poderes que influyen en el sistema democrático

Como decía, lo que la realidad nos está demostrando es que la corrupción se produce en la confluencia de dos sistemas que se rigen por normas totalmente distintas y, en muchas ocasiones, incompatibles entre sí; al menos en el ámbito nacional (referido al conjunto de las administraciones de nuestro propio país), son los partidos políticos -consciente o inconscientemente- los que facilitan la transmisión de conductas corruptas hacia los poderes ejecutivo y, en menor medida, legislativo.

La inmensa mayoría de las tramas de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos años han utilizado este sistema para llegar al corazón mismo del poder ejecutivo de ámbito autonómico y nacional; en el ámbito local, en cambio, se han utilizado indistintamente tanto esta vía indirecta para acceder al poder ejecutivo (alcaldes y concejales) como la directa (sin pasar por los partidos políticos).

La rígida estructura de los partidos políticos españoles, que, seguramente por razones históricas, han buscado más la estabilidad interna que la transparencia y la apertura hacia el exterior, ha permitido grandes concentraciones de poder en grupos muy reducidos de personas, que por lo general ejercían (y ejercen todavía) ese poder tanto hacia dentro del partido como hacia fuera (los presidentes o los secretarios generales de PP y de PSOE, respectivamente, han sido habitualmente los candidatos a presidentes o a alcaldes de sus respectivos partidos); al tratarse de grupos tan reducidos, el trasiego de cargos con duplicidad de funciones (en los partidos y en los poderes ejecutivo y legislativo) ha permitido que lo que podrían haber sido -recordemos que la financiación ilegal de los partidos políticos no es ni tan siquiera delito en nuestro país- simples ilícitos económicos de ámbito privado (entre una empresa y otra entidad privada) han acabado deviniendo en auténticos saqueos de las arcas públicas.

La red Gürtel, por ejemplo, empezó organizando actos electorales para el Partido Popular valenciano y acabó recibiendo contratos públicos de la misma Generalitat Valenciana, ampliando sus tentáculos de corrupción hasta Madrid; eso no hubiese sido posible si las mismas personas que contrataron para el PP los servicios de las empresas de la red corrupta no hubiesen sido al mismo tiempo diputados en el Congreso o en las Cortes Valencianas o consejeros y altos cargos de la propia Generalitat.

Esa concentración de poder en grupos reducidos de personas se traduce, una vez iniciadas las prácticas ilícitas, en una traba a la hora de denunciar los hechos y que éstos lleguen al poder judicial; por un lado, los funcionarios que puedan intuir la comisión de cualquier delito prefieren mirar hacia otra parte y conocer cuanto menos mejor de los asuntos turbios de sus superiores, a quienes saben capaces, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad -que se fía antes de los suyos que de un funcionario vividor-, de apartarles de su puesto o incluso de arruinarles la vida si ponen trabas a las actuaciones corruptas. Y, por otra parte, la prensa silenciosa, que ha entrado -por necesidades económicas- en un círculo vicioso que ha llevado a la profesión a ser una de las peor valoradas: los grandes financiadores de los partidos políticos son a su vez los grandes financiadores -a través de la publicidad, principalmente- de las editoriales periodísticas, y morder a quien te da de comer es poco recomendable. Yo mismo he sido testigo de los silencios cómplices de accidentes laborales con resultado de muerte en empresas que financian a radios y periódicos locales: aquel accidente laboral nunca ocurrió. Si incidentes de esta gravedad son ocultados por la prensa, qué no ocultarán los medios cuando conozcan de algún pequeño delito de corrupción en el que esté implicada una empresa que les financia o algún político con influencias sobre dicha empresa (y aquí habría que incluir también a los propios partidos políticos como financiadores: pensemos por un momento qué puede hacer un medio sin los recursos de la Cadena SER ante el boicot del propio Partido Popular tras destapar esa emisora de radio varios asuntos turbios de sus dirigentes).

Amordazados tanto el cuarto poder como la fiscalización de los empleados públicos (a quienes, además, se les quiere eliminar por completo esa función de fiscalización, sólo posible a través de su protección laboral frente a las arbitrariedades interesadas de sus jefes), el conocimiento de posibles delitos por parte del poder judicial se ralentiza considerablemente o, incluso, se anula por completo.

El sistema democrático clásico, como cualquier otro sistema, ha de tomar como base teórica un determinado estado de las cosas que le rodean y que puedan influir en él; llamémosle estado de reposo, estado perfecto o estado ideal. Los actores del sistema (como las partículas y las fuerzas en un sistema físico) interactúan con el sistema, cada cual empujando en una dirección; en ese sistema democrático perfecto, unos actores se anulan a otros, de forma que el resultado final siempre tiende hacia ese estado de reposo (el sistema se ha creado para que así sea). El problema surge cuando el sistema teórico y el sistema real discrepan: es necesario replantearse y mejorar el marco teórico para descubrir y corregir los desequilibrios o hay que aplicar medidas correctoras al sistema real para que vuelva hacia el estado de reposo que, según la teoría, lo hace estable.

El problema actual (y esto es algo normal en sistemas en los que existen factores -filias, fobias, prejuicios, simpatías, sentimientos...- que no pueden determinarse en la implementación teórica) es que las discrepancias entre el marco teórico y la realidad son cada vez más amplias: los sistemas de control y de contrapeso existentes en la teoría actual no parecen ser capaces de cerrar esa brecha que se ha abierto, al tiempo que desde dentro del propio sistema hay muchas reticencias para modificar el marco teórico.

Determinados factores externos al propio sistema democrático, que debían quedar integrados en el mismo según el marco teórico vigente, han conseguido escapar, al menos parcialmente (FMI, paraísos fiscales, globalización financiera...), a las reglas que rigen la democracia; lo que debería ser un subsistema o un subconjunto del sistema democrático ha conseguido -muchas veces con el beneplácito de éste- regirse en parte (una parte cada vez mayor) por otras reglas totalmente distintas, al tiempo que su interacción con la democracia se ha mantenido intacta. Podríamos hablar de la escisión de una parte del marco teórico (para crear otro independiente) que sigue interactuando con la realidad democrática, pero con sus propias reglas; un sistema, en definitiva, intrusivo, puesto que intenta modificar las estructuras internas de los sistemas democráticos para adaptarlas a su propio marco teórico (y éste, por supuesto, no puede ser modificado por ningún otro sistema).

Como decía, ese intrusismo ejercido por el sistema económico está utilizando intensivamente al eslabón débil del sistema democrático (el poder ejecutivo) para conseguir sus fines; la actuación de otro de los poderes (el judicial), pese a la parálisis del tercero (el legislativo, influenciado y anulado en exceso por el ejecutivo a través de los partidos políticos) y al secuestro del cuarto (los medios de comunicación, más interesados hoy en que funcione bien el sistema económico que en que éste se someta a reglas democráticas), será una condición necesaria, pero no suficiente, para corregir las impredecibles consecuencias de la actual corrosión de las estructuras del sistema democrático. Son urgentes (pese a los mensajes contrarios que se lanzan desde el poder ejecutivo y desde los partidos políticos con capacidad para implementarlas) medidas que contrarresten la corrosión interna que puede derrumbar todo el sistema democrático, que sometan a las mismas reglas a todos los actores que interactúan con los sistemas democráticos y, en definitiva, que puedan ejercer efectivamente de contrapeso a las intrusiones de sistemas que pretenden someter las teorías democráticas a las suyas propias.

Y el primer paso (necesario, pero tampoco suficiente) lo han de dar los propios partidos políticos. Deben someterse, sin excepciones, al escrutinio de la realidad y aceptar que sus estructuras deben cambiar radicalmente para no intoxicar al propio sistema. Deben iniciar, en primer lugar, una modificación de sus estructuras internas para hacerlas mucho más transparentes, de forma que sea perfectamente posible no sólo expulsar a quien colabora con la corrosión del sistema, sino también hacer extremadamente fácil la puesta a disposición del poder judicial de toda conducta sospechosa que pueda ser detectada en el seno del propio partido.

Debe cambiar también el concepto de político que hoy predomina en los principales partidos: nadie es imprescindible para llevar a cabo un proyecto político. La rotación de líderes debe entenderse como algo normal, y debería institucionalizarse a través de normas que obliguen a esa rotación para evitar la perpetuación en el poder de grupos reducidos de personas; lo que debería importar a un partido (y a sus líderes y candidatos) es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto político (sea el que sea), no quién lo lleve a buen término.

Otra de las modificaciones urgentes que necesita el sistema es la implementación de un sistema electoral que descarte las actuales listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el político se deba antes a unas siglas que a los ciudadanos que le han votado; aunque esa modificación no eliminaría la corrupción, sí evitaría que unos políticos taparan las corruptelas de otros por la sensación de pertenencia a un grupo cerrado. Si al cometer un acto de dudosa legalidad se deben dar las explicaciones a los votantes, y no a los aparatos de un partido, esas negativas a dimitir que tanto se dan hoy serían mucho más difíciles de justificar.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario implementar los contrapesos necesarios que hagan posible la democratización, o bien de los propios sistemas ajenos al democrático, o bien de la toma de decisiones respecto a asuntos que provienen de esos sistemas; es decir, que todo lo que provenga de sistemas que se rigen por reglas que escapan al sistema democrático debe ser democratizado. Que organismos ajenos al sistema democrático (FMI, mercados financieros desregulados...) tomen decisiones que afecten o puedan afectar directamente al propio sistema, sin que deban responder por dichas decisiones -tengan las consecuencias que tengan- ante nadie, tiene como principal consecuencia que el ciudadano-votante acabe teniendo la sensación (tan real como la que hemos vivido en España estos últimos años) de que votar a un partido político que transige ante estos poderes descontrolados no sirve de nada. Y eso tiene consecuencias gravísimas para el sistema democrático, pues acaba convirtiéndose en una falacia teórica que nada tiene que ver con su aplicación en la vida real.

En definitiva, es urgente y necesario evitar que las injerencias de sistemas externos, regidos por otras reglas completamente distintas -y hasta opuestas- a las del sistema democrático, acaben por convertir la soberanía de las urnas en una simple distracción del pueblo soberano, mientras las decisiones que afectan a ese pueblo se toman en función de la capacidad de soborno -o incluso de extorsión- que puedan tener agentes ajenos a la propia democracia.

Economistas y sinvergüenzas manipulando hojas de cálculo

El National Bureau of Economic Research publicó en 2010 una de las grandes demostraciones económicas del siglo XXI: la deuda pública excesiva (a partir del 90% del P.I.B.) provoca recesión según los datos históricos disponibles. Consecuencias inmediatas: el neoliberalismo, la teoría económica dominante en los grandes centros de decisión y cuya mayor prioridad es reducir los estados a la mínima expresión, veía confirmadas sus teorías en base a experiencias pasadas.

Por lo tanto, la prioridad absoluta para evitar las recesiones económicas quedaba perfectamente definida: la deuda pública debía estar controlada en todo momento. Se acabaron las políticas de gasto público para reactivar el crecimiento: quedaba demostrado empíricamente que esas políticas socialistas provocaban el efecto contrario al deseado.

Tabla contenida en el informe del National Bureau of Economic Research. Los neoliberales demostraron en 2010 que la deuda pública por encima del 90% provoca recesión según los datos disponibles (1946-2009) para los países occidentales.

En España incluso aprobamos una modificación de nuestra Constitución para prohibir déficits públicos excesivos (la deuda pública se utiliza para cubrir los déficits públicos ante caídas de la recaudación o para acometer gastos públicos de cierta envergadura cuya rentabilidad económica tiene un retorno a largo plazo); y todas las políticas de contención del déficit público (los recortes) impuestas en Europa a los países rescatados (Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y, por supuesto, España) provenían de la misma teoría.

Todo era mentira.

Los datos reales muestran que de la supuesta recesión (-0,1%) provocada por el excesivo nivel de deuda pública pasamos a un crecimiento medio del 2,2%.

Los datos históricos no demuestran una correlación entre deuda pública y recesión. Ni para niveles de deuda pública del 90%, ni para niveles del 120% y ni tan siquiera para niveles superiores al 150%. Carmen R. Reinhart y Kenneth S. Rogoff (los autores del informe) hicieron trampas para demostrar que sus teorías eran ciertas. Ese -0,1% que se muestra en la primera línea de la tabla anterior (esa es la demostración empírica del efecto contraproducente de las deudas públicas excesivas en los países desarrollados) es en realidad un 2,2%; Carmen y Kenneth se olvidaron de incluir algunos datos, omitieron otros y utilizaron las medias según la fórmula más beneficiosa para demostrar sus prejuicios, tal y como han demostrado los estudiantes Herndon, Ash y Pollin en el estudio enlazado.

Todas las grandes teorías de la conspiración funcionan de la misma forma: se presuponen unas conclusiones (el intervencionismo estatal en la economía es perjudicial para el bienestar de las personas) y se intentan demostrar esas conclusiones a costa de lo que sea. Y las teorías neoliberales se están mostrando muy cercanas a una teoría de la conspiración cualquiera: los autores del informe admitieron los errores empíricos en el Wall Street Journal, pero se negaron a admitir que las conclusiones a las que llegaron puedan ser, en consecuencia, erróneas:

"Do Herndon et al. get dramatically different results on the relatively short post war sample they focus on?  Not really.  They, too, find lower growth associated with periods when debt is over 90%".

No olvidemos que, en el mundo económico neoliberal, este es el segundo de los datos empíricos en los que se sostienen las teorías económicas predominantes que se desmorona en pocos meses; primero fue el índice que se utilizaba para demostrar el limitado (o incluso nulo) efecto de los recortes presupuestarios en el Estado sobre el resto de la economía (se utilizaba un índice que minimizaba dichos efectos) y ahora nos encontramos con esta burda manipulación en los datos estadísticos que han servido para limitar la maniobrabilidad de los estados ante las crisis económicas del sistema capitalista.

Tomando aisladamente cualquiera de los dos errores podríamos pensar que se trata simplemente de eso: dos errores. Sin embargo, desde los grandes centros de decisión económica se siguen manteniendo las mismas políticas de recortes presupuestarios y reducción de los estados antes y después de comprobarse los errores: las conclusiones, demostradas con dos errores, permanecen invariables.

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que estamos siendo dirigidos hoy por una especie de secta económica totalmente irracional y obsesionada con un enemigo (los estados) al que pretenden aniquilar a costa de lo que sea y llevando a la ruina, si fuese necesario para conseguirlo, a millones de trabajadores.

Atentado terrorista en las sedes del FMI, de la OCDE y de los principales bancos centrales occidentales

Se busca el cuerpo de Christine Lagarde entre los escombros de la sede central del FMI.

Son cientos los muertos y miles los desaparecidos en un atentado perpetrado en pleno horario de trabajo.

Agencias. A primera hora de esta mañana, hora de Washington, se ha llevado a cabo una acción terrorista coordinada a nivel mundial contra las sedes de los principales centros financieros del mundo occidental; el balance provisional, según fuentes oficiales, habla de más de 150 víctimas mortales y unos 2.000 desaparecidos entre los escombros de un número muy elevado de edificios oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa.

La sede del FMI en Washington ha sido alcanzada por tres bombas lanzadas desde tres aparatos distintos, aunque testigos presenciales han hablado de un número más elevado (hasta diez) de avionetas de pequeño tamaño, algunas de ellas abatidas por cazas del ejército estadounidense; al menos otra bomba lanzada por este mismo sistema habría alcanzado la sede de la OCDE en la capital estadounidense, aunque el alcance habría sido en este caso reducido al ala norte del edificio.

Las sedes de estas dos instituciones en Francia han sido atacadas también por varias bombas utilizando el mismo sistema; dos aparatos han sido ya localizados en las afueras de París tras ser abatidos por cazas franceses, aunque fuentes oficiales no han podido confirmar si se trataba de los aparatos que habían lanzado las bombas o si se trataba de otros aparatos distintos.

Pero los atentados no se han limitado a estas dos instituciones, sino que han afectado también a varios bancos centrales, entre ellos el Banco de España; los métodos utilizados han sido distintos en estos casos, desde una furgoneta bomba (que ha sido el método utilizado en Madrid) hasta terroristas suicidas (en en el Banco de Italia), pasando por el método de las avionetas (en Berlín y en Frankfurt, en Alemania). Londres ha cerrado por completo sus comunicaciones con el exterior y no ha facilitado datos de los atentados ocurridos en esta ciudad; los escasos datos que llegan hablan de un auténtico caos en la capital británica.

Las autoridades estadounidenses sospechan que el régimen iraní y Al-Qaeda estén detrás de estos atentados coordinados en todo el mundo, a quienes se habrían unido algunos grupos terroristas locales ya existentes o de nueva creación, posiblemente cercanos ideológicamente a la extrema izquierda; la OTAN ha convocado una reunión urgente de todos sus miembros para estudiar la situación.

Este golpe al mundo financiero internacional ha provocado el cierre de todos los mercados bursátiles mundiales, cuya apertura no tiene una fecha prevista al cierre de esta edición.

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Y ahora, volviendo a la realidad... ¿De verdad tenemos que esperar a que a algún loco se le ocurra algo similar, aunque sea mucho menos global? ¿De verdad creemos que no hay locos que puedan justificar masacres de este tipo? ¿Es que a nadie se le ha ocurrido pensar que la forma de solventar esta crisis nos está llevando a un abismo desconocido?

Paren esto antes de que lo paren otros por otros métodos mucho más directos y sangrientos. Reaccionen, señores, reaccionen. Torres más altas han caído.

La cifra equivocada del neoliberalismo

Pues sí, resulta que, según el último informe del FMI, las teorías neoliberales se han equivocado en una cifra; el problema es que esa cifra errónea les ha servido durante décadas para demostrar lo contraproducentes que resultan las inversiones públicas, o lo que es lo mismo, les ha servido durante décadas para atacar cualquier intervención estatal que intentara corregir los desequilibrios de aquella mano invisible de los mercados que nunca parece haber funcionado más allá de los modelos numéricos de los economistas neoliberales.

Tampoco es que el error haya sido de varios ceros, no vayan ustedes a creer; se equivocaron de un 0,5 a un 1,7, aunque la actual crisis europea parece haber demostrado que el error alcanza al 2,5. Tranquilos, que es muy fácil de saber cómo nos han estado engañando con un ejemplo práctico.

La cifra en cuestión es la que mide el efecto real (efecto multiplicador) en las economías cuando se realiza un recorte en el gasto público; para centrarnos un poco, esa cifra se utiliza para contabilizar el efecto que podía tener en la economía real un recorte en la sanidad de 10.000 millones de euros.

Aplicando las teorías económicas neoliberales, se preveía que ese recorte en los gastos de sanidad de 10.000 millones de euros podía resultar en una contracción en la economía real de 10.000 x 0,5 = 5.000 millones de euros; de esta forma, la cuestión consistía en que si por una parte se consigue un ahorro de 10.000 millones de euros y por la otra la economía se retrae en sólo 5.000 millones, el ahorro siempre es mayor y podrá destinarse, en un futuro, a contrarrestar la caída de la economía a través de inversiones públicas. Es decir, que para cubrir los 5.000 millones de retracción de la economía habrá siempre dinero, puesto que el ahorro en el gasto público será siempre superior (exactamente el doble) a la contracción (en cualquier caso, si los gobiernos socialdemócratas decidieran destinar la mitad del ahorro a contrarrestar la contracción económica, siempre quedaría un ahorro de la otra mitad, por lo que las políticas de austeridad son siempre beneficiosas para la sociedad en su conjunto).

Pues bien, ahora apliquemos el ejemplo con las nuevas cifras estimadas por el FMI, que se han reformulado en una horquilla que va desde el 0,9 al 1,7 (aunque, como se ha dicho, parece haberse comprobado que en la actual crisis europea se ha alcanzado un coeficiente del 2,5).

Tomando el valor mínimo de esa cifra (el 0,9), tendríamos que el ahorro de 10.000 millones de euros en la sanidad pública produce una contracción de la economía de 9.000 millones de euros, por lo que el ahorro real (si el gobierno quisiera destinar ese ahorro a inversiones públicas, que tampoco es el caso) sería de 1.000 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, porque si tomamos la cifra más alta de la horquilla, resulta que el ahorro de 10.000 millones de euros en sanidad no sólo ha dejado sin cobertura a miles de españoles, sino que además ha supuesto una contracción en la economía de 17.000 millones de euros (o lo que es lo mismo, el coste económico real de la medida ha sido de 7.000 millones de euros).

Pero el problema es que esa cifra del 1,7 es en realidad del 2,5 en Europa, por lo que al ahorrarnos 10.000 millones de euros en la sanidad pública hemos provocado una contracción de la economía productiva de 25.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: nos ahorramos 10.000 millones de euros para perder 25.000 millones por otro lado.

Y no sólo eso, sino que teniendo un gobierno que aplica medidas neoliberales para salir de la crisis (es decir, que ahorra en los presupuestos pero no reinvierte en nada), el ahorro de la sanidad pública nos ha costado 35.000 millones de euros: 10.000 millones de euros que ahora tenemos que pagar nosotros por los medicamentos y por la caída en la calidad de la sanidad y 25.000 millones de euros más por la gracia del ajuste.

¿Y Rajoy, va a hacer algo para evitar que los nuevos recortes incluidos en los PGE de 2013 nos acaben de hundir en la miseria? Pues me temo que, con la cintura que tiene este hombre, va a ser que no.

Conspiraciones para todos los gustos: el oro de la Reserva Federal

Las grandes conspiraciones mundiales abarcan la práctica totalidad de la vida real, desde el terrorismo (como el 11-S y el 11-M) hasta el poder político (con la omnipresente masonería como máximo exponente) y pasando, sobre todo, por el poder económico; de este último tipo de gran conspiración me llegó hace un tiempo un delirante vídeo titulado “El robo de oro más grande de la Historia” y publicado, cómo no, en Youtube.

El robo de oro más grande de la Historia

Para no crear demasiadas expectativas para los excesivamente crédulos, advertir que esta conspiración se basa en la supuesta falsificación de cuatro lingotes de oro (serían en realidad lingotes de tungsteno recubierto de oro) teóricamente provenientes de un banco de los Estados Unidos (del cual nunca se llega a citar el nombre) que fue descubierta por el siempre transparente gobierno Chino; la conclusión a la que llega esta teoría es que no fueron cuatro los lingotes de oro falsificados, sino que todo el oro de la Reserva Federal americana es falso. El hilo conductor de toda la trama, para quien no quiera perder el tiempo con los casi quince minutos que dura el vídeo, está recogido en este documento de Word con todo el texto transcrito literalmente.

Como cualquier teoría conspirativa que se precie, se aportan un buen número de datos que se van intercalando con impresiones subjetivas del autor, en gran parte imposibles de comprobar y en menor medida consecuencia de una interpretación sesgada o incompleta de los datos.

El vídeo se inicia con lo que se ha denominado “Antecedentes”, el primero de los cuales es una reunión en 1910 de “los banqueros de la Élite”, entre los que se citan nombres famosos como Rockefeller, J.P. Morgan o Rotschild; dicha reunión secreta, en la Isla de Jekill, es conocida y reconocida como parte de la creación de la Reserva Federal, aunque el verdadero antecedente de ésta no sea ni tan secreto ni tan misterioso, puesto que se originó en el Congreso de los Estados Unidos en 1908 a iniciativa de un senador republicano llamado Nelson W. Aldrich (presente en la citada reunión secreta de 1910) como respuesta a una serie de crisis financieras puntuales en Estados Unidos que llevó a la quiebra de varios bancos en 1907, creándose la Comisión Monetaria Nacional con el fin de estudiar las necesidades financieras del país y la imposición de normas y organismos que permitiesen evitar más colapsos como los acaecidos en los años anteriores; dicha comisión permaneció activa desde 1909 hasta 1912, año en el que los demócratas, contrarios a la creación de un banco central en los términos expuestos por el llamado Plan Aldrich, arrebataron el control del Congreso y del Senado a los republicanos.

Esta ruptura política es ignorada por el vídeo, puesto que reconocerla restaría credibilidad a la reunión secreta de banqueros illuminati como origen directo de la Reserva Federal, dando al traste en consecuencia con las posteriores afirmaciones sobre la relación directa de esta sociedad opaca y las razones últimas de la creación de la Reserva Federal.

De hecho, de los cuatro banqueros que se citan como asistentes a aquella reunión de 1910, uno de ellos ni tan siquiera lo era (Rockefeller), mientras que otro (Rothschild) era un banquero inglés totalmente ajeno a aquella reunión, a la que en realidad asistieron el senador Aldrich, Paul Warburg (un abogado especializado en temas financieros) y A. Piatt Andrew (secretario de la citada Comisión Monetaria Nacional), siendo los únicos banqueros presentes en la reunión Frank Vanderlip (presidente del National City Bank), Harry P. Davison (uno de los socios de J.P. Morgan) y Benjamin Strong (vicepresidente de Bankers Trust Co.).

El siguiente paso es introducir a los illuminati en el ajo; basta con introducir en Google el nombre de referencia (un tal Daniel Payseur, supuesto hijo de María Antonieta) y nos encontramos con este enrevesado artículo. Sin embargo, algo empieza a tambalearse en la teoría cuando los supuestos fideicomisarios del tal Daniel Payseur (Rockefeller o J.P. Morgan) no llegaron ni tan siquiera a conocerle, puesto que ambos eran unos donnadies cuando supuestamente murió aquél (en 1860); la única forma de relacionarlos es a través del recurso utilizado en el último artículo enlazado: la ocultación del nacimiento de hijos que aparentemente no tienen relación con los illuminati pero que en realidad son hijos ilegítimos de la familia que nos interese implicar en la gran conspiración (de hecho, María Antonieta tuvo cuatro hijos, ninguno de ellos con ese nombre).

Las contradicciones temporales de la trama se acrecientan con la inclusión en la gran conspiración de los Windsor, ya que nunca pudieron poner al frente de la Compañía de Virginia (disuelta en 1624) al tal Daniel Payseur (nacido en 1785).

La posterior referencia a la muerte en el Titanic de tres supuestos detractores de la creación de la Reserva Federal obvia la muerte de otras personas muy cercanas a los incluidos como illuminati en otros párrafos, como pueda ser el caso del Mayor Archibald Willingham Butt, mano derecha de Theodore Roosevelt; más allá de la cancelación de su pasaje por parte de J.P. Morgan (que por otra parte ha dado lugar a las más variopintas teorías sobre las razones que le llevaron a no realizar la fatal travesía), el resto de datos son completamente falsos (ninguna expedición suiza ha encontrado agujeros hechos con láser en el Titanic).

El siguiente paso es restar legitimidad a la creación de la Reserva Federal, introduciendo para ello una completa falsedad, puesto que, lejos de haber sido aprobada bajo un aura de secretismo, su creación fue votada el 22 de Diciembre de 1913 por 434 de los 435 miembros del Congreso (con 298 votos a favor, 60 en contra y 76 abstenciones) y el 23 de Diciembre por 95 de los 98 miembros del Senado (con 43 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones), que al parecer ni estaban aun en sus casas celebrando la Navidad ni fueron sorprendidos por una ley que llevaba meses debatiéndose en ambas cámaras.

Toda la gran conspiración que viene después no tendría sentido sin ese halo de falso secretismo que se ha ido introduciendo en los hechos más lejanos en el tiempo (y, por lo tanto, más difíciles de contrastar); así, la caída del patrón oro instaurado en Bretton Woods en 1944 tuvo varias causas, y no sólo la petición de Francia (Gran Bretaña también lo pidió el mismo año) de cambiar sus sobrantes de oro en dólares en 1971. La Guerra de Vietnam (varios años antes) supuso para Estados Unidos el envío de miles de millones de dólares para sufragar los costes de aquella guerra, lo que provocó que la balanza comercial de Estados Unidos fuese perdiendo su habitual superávit; aquel gasto bélico inmenso, que se inició en 1964, no pudo ser respaldado con oro, por lo que muchos países (plenamente conscientes de esta falta de respaldo) empezaron a cambiar los dólares sobrevalorados por otras monedas como el marco alemán o por oro. Dentro de este proceso de caída del dólar como moneda refugio y de los problemas en la balanza comercial de Estados Unidos se produce la petición de Francia y de Gran Bretaña de cambiar sus sobrantes de dólares por oro y la consiguiente caída en las reservas de este metal precioso en las instalaciones de la Reserva Federal en Fort Knox; el 15 de agosto de 1971, Nixon toma la decisión de suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro, pero ya en anteriores ocasiones durante ese mismo año se intentaron, bajo la amenaza de una devaluación interna del dólar, otras medidas menos drásticas que no fructificaron (todas ellas destinadas a recuperar el superávit en la balanza comercial estadounidense).

Estados Unidos consiguió con aquella medida que fuesen los demás países los que tuviesen que realizar un ajuste al alza de sus monedas, evitando de esa forma una devaluación interna del dólar que Richard Nixon se negaba a llevar a cabo.

Por supuesto, la historia de las cámaras vacías de oro de Fort Knox son completamente falsas, puesto que aun se mantiene a día de hoy en esas instalaciones (según las cifras oficiales) oro por valor de más de 200.000 millones de dólares (muy por debajo, eso sí, del billón de dólares -a precios equivalentes hoy- que se llegaron a almacenar durante la II Guerra Mundial); la leyenda del robo de todo el oro de Fort Knox por parte de la familia Rockefeller (que se lo habría llevado a Gran Bretaña, según esa leyenda, a través de la vicepresidencia de Nelson Rockefeller durante el mandato de Gerald Ford) proviene de las trabas que se pusieron desde 1960 y las continuas negativas (por motivos de seguridad, como es habitual en ese país) para que una comisión de civiles realizase un inventario del oro existente en esas instalaciones. Aquella Comisión del Oro creada por Ronald Reagan en 1981 de la que se habla en esta teoría de la conspiración no tenía encomendado realizar ningún inventario; de hecho, su trabajo no consistía en comprobar la existencia de oro en Fort Knox, y ni tan siquiera tenía que visitar aquellas instalaciones: aquella comisión (creada en 1980 por Jimmy Carter, aunque constituida durante los primeros meses del mandato de Ronald Reagan) tenía encomendado un informe para decidir, por una parte, si debían revisarse las cuotas que Estados Unidos aportaba al FMI (creado en Bretton Woods junto a la convertibilidad del dólar en oro), y por otra parte si se retomaba el patrón oro abandonado en 1971 o si se abandonaba definitivamente aquel sistema iniciado en 1944. Un resumen de aquel informe (que se dio por finalizado el 31 de marzo de 1981), elaborado por una de las comisionadas (Anna Schwartz, fallecida recientemente), está disponible aquí; cabe destacar que entre la minoría de comisionados a favor de restablecer el patrón oro estaba un tal Ron Paul, uno de los creadores del Tea Party, por lo que siguen existiendo testigos vivos de aquella comisión que, supuestamente, vio vacías las cámaras de oro de la Reserva Federal.

Otra gran conspiración que aprovecha Internet para relanzarse; por suerte, también la información disponible en Internet puede matarla.

Miserables

Nuevas propuestas de la ortodoxia neoliberal para ayudarnos a salir de esta crisis sistémica, esta vez de parte del Banco Central Europeo; he de advertir que cada vez entiendo menos sus propuestas, no las que nos afectan a los trabajadores (éstas siempre han ido en la misma dirección: contención salarial cuando las cosas van bien, reducción salarial cuando las cosas no van tan bien y esclavismo laboral cuando las cosas van mal), sino las que van de comparsa.

Las propuestas de siempre en materia laboral para un sistema económico perfecto

Como punto de partida para intentar entender hacia dónde nos llevan (o hacia dónde quieren que nos lleven) las medidas propuestas por nuestro Banco Central, veamos en qué medida este organismo lanza las propuestas en función de la situación preexistente en cada país.

Con los datos anteriores a la crisis (2007), comprobamos que nuestro estado del bienestar no parecía estar sobredimensionado (destinábamos un 5% menos de nuestro P.I.B. a gastos sociales y educación que el resto de países de la Unión Europea y un 10% menos que países como Dinamarca, Francia o Suecia); trasladado a gasto social (esta vez sin incluir la educación) por habitante (España destinó 5.713,20 € a gasto social por cada español en 2008), las cifras aun se disparan más en nuestra contra: un 10,92% menos que la media europea (6.337,20 €) y más de un 50% menos que Dinamarca (8.700,80 €) o Suecia (8.850,70 €) y un 40% menos que Francia (7.913,50 €).

Vistos los gastos destinados a evitar los fallos del sistema capitalista que llevan a incrementar el riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestro país, la propuesta de reducción del Salario Mínimo Interprofesional (establecido en España en 748,30 € –catorce pagas de 641,40 €–) suena a chiste, aunque es una de las medidas estrella del neoliberalismo; sólo con las cifras comparativas del SMI sería suficiente para comprobar que España no tiene un problema de salarios excesivos (Irlanda, uno de los países rescatados, casi dobla nuestro SMI tras dos años bajo la tutela del FMI y del BCE), y si además unimos los datos de gasto social (un SMI bajo no permite afrontar a los trabajadores con sus propios recursos un colchón de seguridad ante posibles contingencias adversas, como es el despido), la medida propuesta parece una auténtica insensatez.

La reducción de las indemnizaciones por despido (medida ya implementada en la última reforma laboral, incluyendo el despido libre y sin indemnización para el primer año de contrato) es la otra medida estrella del neoliberalismo, reiteradamente exigida por esos organismos que tan educadamente nos aconsejan a los trabajadores que nos empobrezcamos un poco más cada año; asimismo, la absoluta libertad de la empresa para modificar a la baja los salarios o endurecer las condiciones laborales (otra medida también implementada ya por la última reforma laboral) también entra dentro de los últimos consejos que desinteresadamente nos da el BCE.

En el caso de los despidos (y en especial en el caso de los despidos procedentes), los trabajadores españoles sí disfrutamos de una mayor protección (si lo analizamos respecto a los meses de indemnización) que el resto de trabajadores europeos; tomados de forma aislada, estos datos podrían considerarse una rémora para nuestras empresas (y para la omnipresente competitividad), y eso es justo lo que afirma el BCE en su último informe mensual. Claro, que si lo tomamos en función del importe real de la indemnización (que depende de los salarios), de la capacidad de ahorro –y de habilitarse un colchón de seguridad ante contingencias imprevistas– de los trabajadores despedidos (que también depende de los salarios) y de los posteriores niveles de protección social para contrarrestar el riesgo de pobreza y de exclusión social (que ya hemos visto que en España eran en plena burbuja inmobiliaria cinco puntos inferiores a la media europea), las cosas cambiarían sustancialmente.

Obviamente, la primera gran conclusión a la que podemos llegar si queremos entender qué es lo que nos está aconsejando el BCE es que sus consejos sólo tienen en cuenta variables económicas puras, de forma que sus recomendaciones funcionarían si el sistema económico fuese perfecto o si sus imperfecciones no pudiesen crear miseria.

Como conclusión derivada de la anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sus consejos se basan en previsiones realizadas sobre modelos matemáticos en los que se introducen variables exclusivamente económicas, o en los que las variables no económicas pueden modificarse o minimizarse para corregir los efectos distorsionadores de un sistema económico con el que conviven personas de carne y hueso que no llegan a fin de mes. O lo que es lo mismo, que sus modelos matemáticos no son aplicables a una economía real, por lo que sus consejos sólo funcionarán por pura casualidad.

Para finalizar este apartado, una mención especial a uno de los gráficos del último informe: el que nos muestra la evolución de las remuneraciones por empleado respecto a la media de la Unión Europea; España consiguió reducir ligeramente la brecha existente en las remuneraciones por trabajador respecto a sus socios europeos hasta el año pasado. Con la aprobación de la última reforma laboral, el BCE espera (y se alegra de ello) que el resto de los trabajadores europeos incrementen la brecha existente respecto a lo que cobramos aquí; toda una declaración de intenciones sobre lo que esperan de España, y en especial de sus trabajadores.

Las nuevas propuestas

Sin embargo, merece la pena que nos paremos en algunas nuevas propuestas del último informe mensual del BCE, que son esas propuestas que no alcanzo a entender ni cómo las puede realizar una institución como el BCE ni cómo pueden llegar a aplicarse en las empresas reales.

La reducción de márgenes de beneficios en algunas empresas de algunos sectores dirigidos al público local; parece una adivinanza, y de hecho lo es, porque no dice absolutamente nada de a quién habría que reducirle los márgenes de beneficios, una medida que resulta de lo más absurdo para quien defiende las bondades de las teorías y los cálculos económicos neoliberales (¿alguien habrá llegado a pensar que el BCE quería decir que las empresas debían ganar menos, cuando el resto de las medidas propuestas iban en la dirección contraria mediante la reducción de los costes laborales empresariales?); sabiendo cual es la ideología económica del BCE (que no duda en utilizarla y aplicarla mientras algunos nos enzarzamos en discusiones sin sentido sobre si hoy existen o no existen las ideologías, repitiendo como un rebaño lo que pregonaban desde hace lustros quienes hoy están al frente del FMI o del BCE), habría que buscar algún sector que aun perciba subvenciones públicas. Así que habrá que esperar a que el Gobierno aplique la recomendación para salir de dudas, aunque el sector de las energías renovables ya ha sido señalado y tiene muchas papeletas para ser el candidato elegido.

Otra propuesta chocante es la de la relajación de las normas jurídicas que penalizan las ilegalidades empresariales; es decir, la legalización de los desmanes empresariales. O la vida al margen de la Ley de las personas jurídicas. Es difícil saber si el BCE se refiere a delitos económicos de evasión de capitales o si se refiere a alguna protección del empresario frente a los desmanes de sus trabajadores; o si se trata de dejar al empresario la libre interpretación de las normas tributarias para pagar los impuestos cuando lo considere oportuno. Habrá que esperar también a que el Gobierno actúe para salir de dudas, pero no parece nada bueno que los delitos puedan dejar de ser delitos por razones económicas.

También resulta extraña la referencia a la toma de decisiones valientes frente a los lobbies de grupos privilegiados y con intereses creados. Siendo hoy el BCE el principal lobby de presión en nuestro país, podríamos pensar que se tratar de un llamamiento al Gobierno a desobedecer todas sus recomendaciones anteriores, pero sería demasiado bonito para ser cierto; viendo esas recomendaciones, casi todas referidas a generalizar la miseria entre los trabajadores y librar de la cárcel a los empresarios, tendremos que mirar hacia las organizaciones de trabajadores como destinatarios finales de esa acusación de ser un grupo privilegiado y con intereses creados. Algo habitual entre el neoliberalismo despótico, muy dado a considerar que la participación de los trabajadores en las decisiones políticas que les afectan no es un derecho, sino un privilegio a eliminar.

¿Y hacia dónde vamos con estas medidas?

Pues aquí es donde entra el título de esta entrada.

Las medidas miserables de las acepciones 3 y 4 del Diccionario de la Real Academia nos llevan a los trabajadores a ser unos miserables de las acepciones 1 y 2; estamos abocados a ser desdichados e infelices, al abatimiento y a no tener relevancia ni valor alguno ni para nuestros gobernantes ni para nadie.

Siguiendo las recomendaciones del BCE y del FMI, Grecia ha reducido su SMI un 22% este mismo año, lo que trasladado a nuestro SMI (si hemos de seguir esas recomendaciones en base a lo que han hecho otros países de nuestro entorno) nos llevaría a un salario mínimo de 500 € (583 € con las pagas extraordinarias prorrateadas si se mantienen las 14 pagas); y no olvidemos que el salario mínimo se utiliza para referenciar una multitud de percepciones dinerarias máximas, como el salario máximo que se puede recibir del FOGASA (el doble del SMI tras la última reforma laboral), pero también mínimas, como por ejemplo los ingresos considerados inembargables.

Irlanda, vecina de la neoliberal Gran Bretaña, ha sido la alumna aventajada de los consejos del BCE y del FMI; el paro pasó del 4,5% en 2006 y 2007 al 14,8% desde 2010. Ni el rescate (hace casi dos años ya) ni su ortodoxa política laboral han tenido efecto alguno en las cifras de paro, que se ha mantenido por encima del 14% (el último dato iguala su máximo histórico del 14,8%) a pesar de que el país ha perdido a 100.000 trabajadores (el 2,2% de la población activa irlandesa, que ha huido del país) y ha prohibido la entrada a trabajadores búlgaros y rumanos. Si España aspira a seguir los pasos de Irlanda, más de 500.000 españoles en activo deberían ser expulsados forzosamente del país en busca de mejores oportunidades laborales y sobre 1 millón de extranjeros comunitarios en activo deberían abandonar sus trabajos y volver a su país; la tasa de paro española pasaría entonces al 18% y, con toda probabilidad, la Comisión Europea, el BCE y el FMI aplaudirían de nuevo la seriedad en la aplicación de las políticas laborales por parte del Gobierno español, tal y como hicieron el mes pasado con los decepcionantes datos de la economía irlandesa, y hablarían de sus grandes esfuerzos por proteger a los más desfavorecidos (como hipócritamente publicaron tras el informe de Irlanda, con cada vez más irlandeses en la miseria gracias a las políticas de austeridad auspiciadas por ellos mismos, tal y como está ocurriendo con Letonia o Lituania –con gobiernos neoliberales– , cuyos datos macroeconómicos reflejan datos positivos, pero a costa de incrementar las tasas de pobreza de su población por encima del 30% y dejar a ambos países en los últimos puestos europeos del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU).

Si las míseras políticas neoliberales que pretenden que nos apliquemos son las mismas que ya se han aplicado en estos países, la experiencia nos demuestra que a lo único a lo que podemos aspirar es a acompañar a Grecia, Irlanda, Letonia o Lituania en sus niveles de miseria.

Miserables unos, miserables otros y miserables nosotros.