La democracia sobornada

Leyendo un artículo de Gabriel Albiac en ABC («La corrupción constituyente») sobre la división de poderes y la corrupción, me topé con una ingeniosa frase que define a la perfección la principal característica de cualquier democracia:

«La democracia se asienta sobre la desconfianza esencial que deriva de un principio básico: todo poder que no sea contrapesado tenderá a erigirse en absoluto».

Los tres poderes clásicos de la democracia

Inmediatamente, me asaltó una pregunta: ¿qué contrapeso hay hoy a esos poderes que ejercen su influencia (cada vez mayor) al margen de los tres poderes clásicos de la democracia? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante instituciones ajenas como el FMI, que no sólo influyen en ella, sino que incluso pueden ser capaces de hacerla irreconocible? ¿Qué contrapeso puede ejercer cualquier democracia ante esos intereses económicos -supranacionales o mucho más particulares- que tantas veces acaban por someterla? ¿No estaremos ya ante poderes erigidos en absolutos por no haber existido contrapesos que lo evitaran?

Uno de los principales fallos (y así lo argumenta también Gabriel Albiac) que se le achacan a la democracia española es el déficit de independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes; estaríamos así ante un fallo interno del propio sistema achacable a decisiones de los otros dos poderes. El fallo, por lo tanto, sería subsanable con otras decisiones en sentido contrario. Yendo a lo concreto, el fallo está, según estas teorías ampliamente aceptadas en determinados sectores, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; la solución pasaría, por lo tanto, por una simple reforma legislativa.

Con esta simplificación del problema se matan dos pájaros de un tiro: los responsables de la corrupción española son los socialistas (así lo afirma rotundamente el propio Gabriel Albiac: «la fórmula de Montesquieu que tanto irritaba a los socialistas españoles de la transición» tuvo como consecuencia la promulgación de esa Ley Orgánica) y la solución la puede dar el propio sistema actual con una mínima modificación legislativa.

Sin restar importancia a una posible modificación de dicha Ley Orgánica que pudiera dar una mayor independencia al poder judicial (o, mejor dicho, a determinados órganos de dicho poder), no parece que la realidad confirme que la corrupción generalizada que vive nuestro país provenga de una deficiente configuración de ese pilar de la democracia; de hecho, es este poder el que está poniendo a los corruptos de los otros poderes en el lugar que les corresponde. O, lo que es lo mismo, el poder judicial sí cumple su función (controlar que los otros dos poderes se ajusten a la ley) cuando conoce los hechos; lo que sí confirma la realidad, en cambio, es que -además de otras cuestiones- el poder judicial tarda demasiado tiempo en conocer los hechos, y eso es algo que no va a arreglarse con una modificación -ni profunda ni superficial- de una Ley Orgánica.

De los tres poderes del Estado, el verdadero eslabón débil es el poder ejecutivo; no respecto a los otros dos poderes clásicos de la democracia, sino respecto a los poderes ajenos a la misma. Y ahí es donde reside el verdadero problema de la corrupción que está destruyendo al actual sistema democrático: el eslabón débil del sistema puede ejercer de contrapeso respecto a los otros dos poderes, pero ninguno de los tres tiene capacidad (no se le reconoce en la concepción clásica de la democracia) para contrapesar a poderes ajenos al propio sistema. Y la realidad nos demuestra que es ése (el poder ejecutivo, no el poder judicial) el que cede una y otra vez a los factores externos al sistema democrático.

Algunas democracias, tan representativas como la estadounidense (tan en boca de muchos como ejemplo de buen sistema democrático), han acabado por transigir ante esa debilidad y han legalizado e institucionalizado los sobornos empresariales a los poderes ejecutivo y legislativo bajo una definición amplia de la financiación de campañas electorales; lejos de impedir que los sistemas ajenos al democrático puedan manipular y tergiversar la esencia misma de la democracia (la voluntad del pueblo en contraposición a la voluntad de una oligarquía), la solución adoptada por algunas democracias ha sido, simplemente, publicar quién y cuánto ha sobornado a cada político en cada campaña electoral. Es decir: se ha optado por integrar dentro del sistema democrático a otros sistemas que no se rigen por las normas democráticas. En otras palabras: se han introducido agentes externos en un cuerpo sin que ambos sean compatibles entre sí; lo que vendría a ser un virus.

Actual correlación de poderes que influyen en el sistema democrático

Como decía, lo que la realidad nos está demostrando es que la corrupción se produce en la confluencia de dos sistemas que se rigen por normas totalmente distintas y, en muchas ocasiones, incompatibles entre sí; al menos en el ámbito nacional (referido al conjunto de las administraciones de nuestro propio país), son los partidos políticos -consciente o inconscientemente- los que facilitan la transmisión de conductas corruptas hacia los poderes ejecutivo y, en menor medida, legislativo.

La inmensa mayoría de las tramas de corrupción que han salido a la luz durante estos últimos años han utilizado este sistema para llegar al corazón mismo del poder ejecutivo de ámbito autonómico y nacional; en el ámbito local, en cambio, se han utilizado indistintamente tanto esta vía indirecta para acceder al poder ejecutivo (alcaldes y concejales) como la directa (sin pasar por los partidos políticos).

La rígida estructura de los partidos políticos españoles, que, seguramente por razones históricas, han buscado más la estabilidad interna que la transparencia y la apertura hacia el exterior, ha permitido grandes concentraciones de poder en grupos muy reducidos de personas, que por lo general ejercían (y ejercen todavía) ese poder tanto hacia dentro del partido como hacia fuera (los presidentes o los secretarios generales de PP y de PSOE, respectivamente, han sido habitualmente los candidatos a presidentes o a alcaldes de sus respectivos partidos); al tratarse de grupos tan reducidos, el trasiego de cargos con duplicidad de funciones (en los partidos y en los poderes ejecutivo y legislativo) ha permitido que lo que podrían haber sido -recordemos que la financiación ilegal de los partidos políticos no es ni tan siquiera delito en nuestro país- simples ilícitos económicos de ámbito privado (entre una empresa y otra entidad privada) han acabado deviniendo en auténticos saqueos de las arcas públicas.

La red Gürtel, por ejemplo, empezó organizando actos electorales para el Partido Popular valenciano y acabó recibiendo contratos públicos de la misma Generalitat Valenciana, ampliando sus tentáculos de corrupción hasta Madrid; eso no hubiese sido posible si las mismas personas que contrataron para el PP los servicios de las empresas de la red corrupta no hubiesen sido al mismo tiempo diputados en el Congreso o en las Cortes Valencianas o consejeros y altos cargos de la propia Generalitat.

Esa concentración de poder en grupos reducidos de personas se traduce, una vez iniciadas las prácticas ilícitas, en una traba a la hora de denunciar los hechos y que éstos lleguen al poder judicial; por un lado, los funcionarios que puedan intuir la comisión de cualquier delito prefieren mirar hacia otra parte y conocer cuanto menos mejor de los asuntos turbios de sus superiores, a quienes saben capaces, con la aquiescencia de buena parte de la sociedad -que se fía antes de los suyos que de un funcionario vividor-, de apartarles de su puesto o incluso de arruinarles la vida si ponen trabas a las actuaciones corruptas. Y, por otra parte, la prensa silenciosa, que ha entrado -por necesidades económicas- en un círculo vicioso que ha llevado a la profesión a ser una de las peor valoradas: los grandes financiadores de los partidos políticos son a su vez los grandes financiadores -a través de la publicidad, principalmente- de las editoriales periodísticas, y morder a quien te da de comer es poco recomendable. Yo mismo he sido testigo de los silencios cómplices de accidentes laborales con resultado de muerte en empresas que financian a radios y periódicos locales: aquel accidente laboral nunca ocurrió. Si incidentes de esta gravedad son ocultados por la prensa, qué no ocultarán los medios cuando conozcan de algún pequeño delito de corrupción en el que esté implicada una empresa que les financia o algún político con influencias sobre dicha empresa (y aquí habría que incluir también a los propios partidos políticos como financiadores: pensemos por un momento qué puede hacer un medio sin los recursos de la Cadena SER ante el boicot del propio Partido Popular tras destapar esa emisora de radio varios asuntos turbios de sus dirigentes).

Amordazados tanto el cuarto poder como la fiscalización de los empleados públicos (a quienes, además, se les quiere eliminar por completo esa función de fiscalización, sólo posible a través de su protección laboral frente a las arbitrariedades interesadas de sus jefes), el conocimiento de posibles delitos por parte del poder judicial se ralentiza considerablemente o, incluso, se anula por completo.

El sistema democrático clásico, como cualquier otro sistema, ha de tomar como base teórica un determinado estado de las cosas que le rodean y que puedan influir en él; llamémosle estado de reposo, estado perfecto o estado ideal. Los actores del sistema (como las partículas y las fuerzas en un sistema físico) interactúan con el sistema, cada cual empujando en una dirección; en ese sistema democrático perfecto, unos actores se anulan a otros, de forma que el resultado final siempre tiende hacia ese estado de reposo (el sistema se ha creado para que así sea). El problema surge cuando el sistema teórico y el sistema real discrepan: es necesario replantearse y mejorar el marco teórico para descubrir y corregir los desequilibrios o hay que aplicar medidas correctoras al sistema real para que vuelva hacia el estado de reposo que, según la teoría, lo hace estable.

El problema actual (y esto es algo normal en sistemas en los que existen factores -filias, fobias, prejuicios, simpatías, sentimientos...- que no pueden determinarse en la implementación teórica) es que las discrepancias entre el marco teórico y la realidad son cada vez más amplias: los sistemas de control y de contrapeso existentes en la teoría actual no parecen ser capaces de cerrar esa brecha que se ha abierto, al tiempo que desde dentro del propio sistema hay muchas reticencias para modificar el marco teórico.

Determinados factores externos al propio sistema democrático, que debían quedar integrados en el mismo según el marco teórico vigente, han conseguido escapar, al menos parcialmente (FMI, paraísos fiscales, globalización financiera...), a las reglas que rigen la democracia; lo que debería ser un subsistema o un subconjunto del sistema democrático ha conseguido -muchas veces con el beneplácito de éste- regirse en parte (una parte cada vez mayor) por otras reglas totalmente distintas, al tiempo que su interacción con la democracia se ha mantenido intacta. Podríamos hablar de la escisión de una parte del marco teórico (para crear otro independiente) que sigue interactuando con la realidad democrática, pero con sus propias reglas; un sistema, en definitiva, intrusivo, puesto que intenta modificar las estructuras internas de los sistemas democráticos para adaptarlas a su propio marco teórico (y éste, por supuesto, no puede ser modificado por ningún otro sistema).

Como decía, ese intrusismo ejercido por el sistema económico está utilizando intensivamente al eslabón débil del sistema democrático (el poder ejecutivo) para conseguir sus fines; la actuación de otro de los poderes (el judicial), pese a la parálisis del tercero (el legislativo, influenciado y anulado en exceso por el ejecutivo a través de los partidos políticos) y al secuestro del cuarto (los medios de comunicación, más interesados hoy en que funcione bien el sistema económico que en que éste se someta a reglas democráticas), será una condición necesaria, pero no suficiente, para corregir las impredecibles consecuencias de la actual corrosión de las estructuras del sistema democrático. Son urgentes (pese a los mensajes contrarios que se lanzan desde el poder ejecutivo y desde los partidos políticos con capacidad para implementarlas) medidas que contrarresten la corrosión interna que puede derrumbar todo el sistema democrático, que sometan a las mismas reglas a todos los actores que interactúan con los sistemas democráticos y, en definitiva, que puedan ejercer efectivamente de contrapeso a las intrusiones de sistemas que pretenden someter las teorías democráticas a las suyas propias.

Y el primer paso (necesario, pero tampoco suficiente) lo han de dar los propios partidos políticos. Deben someterse, sin excepciones, al escrutinio de la realidad y aceptar que sus estructuras deben cambiar radicalmente para no intoxicar al propio sistema. Deben iniciar, en primer lugar, una modificación de sus estructuras internas para hacerlas mucho más transparentes, de forma que sea perfectamente posible no sólo expulsar a quien colabora con la corrosión del sistema, sino también hacer extremadamente fácil la puesta a disposición del poder judicial de toda conducta sospechosa que pueda ser detectada en el seno del propio partido.

Debe cambiar también el concepto de político que hoy predomina en los principales partidos: nadie es imprescindible para llevar a cabo un proyecto político. La rotación de líderes debe entenderse como algo normal, y debería institucionalizarse a través de normas que obliguen a esa rotación para evitar la perpetuación en el poder de grupos reducidos de personas; lo que debería importar a un partido (y a sus líderes y candidatos) es la posibilidad de llevar a cabo un proyecto político (sea el que sea), no quién lo lleve a buen término.

Otra de las modificaciones urgentes que necesita el sistema es la implementación de un sistema electoral que descarte las actuales listas cerradas y bloqueadas, que hacen que el político se deba antes a unas siglas que a los ciudadanos que le han votado; aunque esa modificación no eliminaría la corrupción, sí evitaría que unos políticos taparan las corruptelas de otros por la sensación de pertenencia a un grupo cerrado. Si al cometer un acto de dudosa legalidad se deben dar las explicaciones a los votantes, y no a los aparatos de un partido, esas negativas a dimitir que tanto se dan hoy serían mucho más difíciles de justificar.

Y, por último, pero no por ello menos importante, es necesario implementar los contrapesos necesarios que hagan posible la democratización, o bien de los propios sistemas ajenos al democrático, o bien de la toma de decisiones respecto a asuntos que provienen de esos sistemas; es decir, que todo lo que provenga de sistemas que se rigen por reglas que escapan al sistema democrático debe ser democratizado. Que organismos ajenos al sistema democrático (FMI, mercados financieros desregulados...) tomen decisiones que afecten o puedan afectar directamente al propio sistema, sin que deban responder por dichas decisiones -tengan las consecuencias que tengan- ante nadie, tiene como principal consecuencia que el ciudadano-votante acabe teniendo la sensación (tan real como la que hemos vivido en España estos últimos años) de que votar a un partido político que transige ante estos poderes descontrolados no sirve de nada. Y eso tiene consecuencias gravísimas para el sistema democrático, pues acaba convirtiéndose en una falacia teórica que nada tiene que ver con su aplicación en la vida real.

En definitiva, es urgente y necesario evitar que las injerencias de sistemas externos, regidos por otras reglas completamente distintas -y hasta opuestas- a las del sistema democrático, acaben por convertir la soberanía de las urnas en una simple distracción del pueblo soberano, mientras las decisiones que afectan a ese pueblo se toman en función de la capacidad de soborno -o incluso de extorsión- que puedan tener agentes ajenos a la propia democracia.

La izquierda será utópica o no será

Los resultados obtenidos por el PSOE y por Podemos en España en las últimas elecciones europeas, así como los sondeos posteriores que se están publicando, deberían hacer reflexionar a toda la izquierda política sobre su futuro.

El pragmatismo que ha encarnado el PSOE durante muchos años ha acabado por dañar, tal vez ya irremediablemente, una base electoral de clase trabajadora que ha visto cómo esa izquierda posibilista se ha visto abocada a arrodillarse ante los grandes poderes fácticos y económicos cuando ha tenido que gobernar; no es algo que pueda evitarse (esos poderes están ahí), pero sí es algo con lo que es peligroso jugar, sobre todo cuando empiezan a traspasarse líneas rojas como la congelación de las pensiones, el castigo a la parte débil de las relaciones laborales o dar prioridad absoluta a devolver las deudas con la banca, incluso por encima del cobro de las nóminas, mientras a esos poderes fácticos y económicos no sólo no se les exigen compensaciones como principales responsables de la crisis, sino que se les permite dirigir, por encima de gobiernos y ciudadanos, su propia salida de la crisis a costa de los demás. La persepectiva desde la que el PSOE ha estado interpretando la realidad tras su paso por el poder se ha ido distorsionando cada vez más y nadie (salvo tal vez Zapatero en sus primeros años de gobierno) ha sido capaz de parar esa distorsión; lo que era bueno para España (interpretación estadista de la realidad) era cada vez menos bueno para los españoles (para la mayoría de españoles), y el PSOE no supo o no quiso verlo así. Esa ha sido siempre la interpretación patriótica de España, encarnada perfectamente por la derecha: si el PSOE tenía que gobernar como la derecha, mejor que lo hiciera directamente la derecha, que tiene mucha más experiencia en esa forma de gobernarnos. Y así acabó ocurriendo, claro.

El discurso de la lucha de clases ha sido abandonado por el PSOE; y aunque es cierto que aparenta ser un discurso anticuado por cuanto la prosperidad económica permitió difuminar (sólo en apariencia) los límites entre esas clases con objetivos más enfrentados que confluyentes, lo cierto es que la base de ese discurso sigue estando, aunque con otra terminología, no sólo plenamente vigente, sino en el centro mismo de los sobresalientes resultados de Podemos.

En un país con numerosos pequeños empresarios y autónomos, el discurso tradicional de la lucha de clases (obreros - capital) ha dado paso a otro discurso con una misma base ideológica (los de abajo - los de arriba, pobres - ricos, 99% - 1%, la casta, la élite...), pero que incluye a esas otras partes de la sociedad a las que, sin ser obreros en el sentido histórico del término, les ha tocado sufrir también los abusos del poder financiero a través de leyes (y rescates) que han puesto el foco en las verdaderas fuerzas predominantes de nuestras sociedades.

Un discurso que hasta hace bien poco quedaba restringido a pequeños círculos ideológicos etiquetados como extrema izquierda y a quienes nadie quería escuchar; nadie quería reconocerse, en plena época de vacas gordas, como un simple obrero que podía ser explotado. Nadie quería perder la categoría de clase media cuando el banco le otorgaba préstamos por importes que hoy consideramos inabarcables.

El aumento de la desigualdad que ha traído aparejada esta crisis está acabando con la que se consideraba clase media española (lo fuese realmente o no), que es la que más esperanzas de futuro ha visto truncadas: puestos de trabajo supuestamente consolidados que han desaparecido o que han visto devaluada su remuneración, incremento de los costes en educación y en sanidad al tiempo que se recortaba el acceso a becas y a todo tipo de beneficios sociales, incierto futuro del sistema público de pensiones que obliga a destinar a las familias más recursos a contratos privados de jubilación mientras disminuyen sus ingresos...

Históricamente, las revoluciones (entendidas éstas como cambios bruscos en la forma de entender los sistemas de convivencia existentes hasta un determinado momento) han fracasado en España (y en tantos otros sitios: vean en qué ha quedado la Primavera Árabe) por la ausencia de clases medias; las posibilidades de una revolución (con violencia incluida: o la utilizan los revolucionarios o la utiliza el poder que se derrumba, o ambos) son hoy más altas que nunca en todo el mundo occidental, no sólo en España. Son las clases medias (o los que se consideraban a sí mismos dentro de éstas) las que se están arruinando (las clases bajas siempre lo han estado y han ido sobreviviendo como han podido, algo -la supervivencia bajo mínimos- que difícilmente podrán soportar las clases medias arruinadas si su situación se mantiene durante demasiado tiempo) y son éstas las que pueden dar soporte (económico, social, ideológico...) a los cambios sustanciales (y no superficiales, como ha venido ocurriendo hasta ahora) en nuestros actuales sistemas de convivencia.

Los apoyos de las otrora clases medias obtenidos por una fuerza revolucionaria (por cuanto propone un cambio urgente y radical del sistema) como Podemos son la confirmación de los temores expresados en la última Cumbre de Davos: existe un riesgo cierto de graves altercados sociales (el uso del lenguaje alarmista es una de las formas que tienen de desacreditar las reivindicaciones para la mejora de la vida del 99%) que podrían extenderse por todo el mundo occidental.

Pero lo cierto es que Podemos (sea considerada una fuerza política de izquierdas, de derechas, revolucionaria, reaccionaria, bolivariana, nazi, terrorista o lo que se quiera) ha triunfado por su discurso utópico: puede cambiarse a mejor el mundo en el que vivimos, puede modificarse el sistema de convivencia si se tiene la voluntad de hacerlo, pueden confluir los intereses de un 99% en contra de los intereses establecidos del 1%. Se puede, y se pueda ya.

Este es el discurso que ha abandonado una izquierda (sobre todo el PSOE) empeñada en considerar a la clase trabajadora como clase media, empeñada en convencernos de que la zanahoria ajena que nos pusieron en el palo en la época de vacas gordas era válida como utopía y empeñada en convencernos de que contra el sistema establecido nada se podía hacer y, en consecuencia, debíamos integrarnos en él aceptando con resignación sus fallos y corruptelas.

Ese centro político que tan buenos resultados le dio a UCD y que hoy se disputan el PSOE y el PP es cada vez más raquítico: hoy no hay margen para el "sí pero no" del que han vivido tanto tiempo los políticos centrados. Hoy se requieren soluciones urgentes al desastre provocado por los mercados financieros primero y por la banca española después; y para eso no sirven ni el "sí pero no" ni las políticas de "lo mejor para España" si no son también lo mejor para los españoles.

Hoy se necesita más que nunca la utopía, la esperanza, las políticas que permitan a los españoles ver un futuro mejor no sólo para ellos, sino también para sus hijos. Hoy se necesita más que nunca una reforma completa de un sistema con elementos enquistados que lo están (y nos están) llevando a la ruina no sólo económica, sino también ética y social. Y eso sólo será posible a través de la utopía: de saber que se puede cambiar el sistema para que esté al servicio del 99% y no sólo al del 1%, y que se puede cambiar ya.

Eso sí: los ciudadanos han comprendido que ese cambio sólo puede ser posible si lo llevan a cabo personas u organizaciones sin servidumbres heredadas que les aten las manos. La cúpula política debe estar libre para poder liberar a la democracia secuestrada que tenemos hoy. Otra utopía más. Pero que genera esperanza y promete un futuro mejor. Vale la pena al menos intentarlo (si el 1% nos deja).

Por la supresión del delito de tráfico de influencias

«El acusado PRIM, en su condición de Senador por Castellón y con la finalidad de que no se produjera de nuevo un retraso en la tramitación, remitió en fecha 2 de septiembre de 1999 una carta al Ministro, con membrete del Senado y con el siguiente contenido: 

“Recordarás que el pasado 19 de julio, estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón, Juan Costa y Juan José Ortiz, y hablamos sobre la autorización de un pesticida (la “ABAMECTINA”) por parte de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios a la fábrica de pesticidas de Castellón, denominada “NARANJAX”.

Recordarás, asimismo, que en dicha reunión quedó clara la aprobación de dicho producto para la reunión del 22 de julio pasado, y para el mes de Septiembre la del “Metamidofos” y la del “Foretil-Al”.

Al finalizar el mes de Agosto, he sido informado de que sólo se aprobó en dicha reunión del 22 de julio, la materia activa de la “ABAMECTINA”, y NO el producto comercial preparado por NARANJAX, por lo que sigue dicha firma sin estar legalizada para venderlo. 

¿No se quedó en la reunión mantenida contigo que la “ABAMECTINA” sería aprobada, entendiéndose con ello que sería también el producto comercial de NARANJAX? 

Te solicito que a la mayor brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que he mencionado en este escrito. 

En espera de tus noticias, y agradeciendo tu interés por el tema aprovecho para saludarte muy cordialmente”. 

Dicha carta no fue contestada por el Ministro “ante su carácter poco pertinente”, aunque según Nota Informativa de 7 de septiembre, elaborada por el Jefe de Area de Defensa Vegetal, se interesaba ese mismo día por fax a la Dirección General de Salud Pública la emisión del informe correspondiente a la abamectina técnica y del correspondiente al formulado Abac, al tiempo que el Subdirector General de Medios de Producción Agrícolas informaba por teléfono de todo ello al Senador PRIM, haciéndole especial mención de que la intención de la Administración era siempre la de agilizar al máximo la resolución de los expedientes para recuperar en lo posible los retrasos experimentados. 

El preceptivo y vinculante informe de la Dirección General de Salud Pública se emitió finalmente con fecha 4 de octubre de 1999 y las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado se produjeron con fecha 18 de octubre de 1999». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado primero, páginas 12 y 13).

Esto no es (¡oh, sorpresa!) tráfico de influencias:

«Por lo que respecta a la carta de 2 de septiembre de 1999, no puede considerarse se ejerciera influencia en la terminología del art. 428 CP, si tenemos en cuenta que el Sr. Prim lo que pretendía en realidad era que se resolvieran definitivamente -se diera “luz verde”- las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado en los términos en que ya habían sido aprobadas en la referida Comisión de Evaluación de 14 de julio de 1999, sin que por ello el Ministro Sr. Posada se sintiera presionado, pues, independientemente de que “ante su carácter poco pertinente” cree recordar que no contestó a dicha carta, también indicó que el Sr. Prim “en absoluto” ha tratado de influenciarle o presionarle en relación a los productos de Naranjax (Tomo 34, f. 88). Hemos de recordar en ese sentido que aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a aceleración de expedientes, información sobre datos..., no son constitutivas del expresado delito». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado cuarto, apartado 2, página 44).

Yo juraría que el informe vinculante y las autorizaciones de la sustancia y del producto de Naranjax se produjeron apenas un mes después de la carta del Senador; si para condenar a un político por tráfico de influencias hemos de esperar que el político influenciado sea de otro partido político (para que no se tapen entre ellos: ¿había de afirmar el Sr. Posada que se sintió presionado para considerar tráfico de influencias esa carta de un senador de su propio partido?), podrían eliminar ese delito del código penal y nos quedaríamos igual.

Ciudadanos ejemplares

«Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar; y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón».

Carlos Fabra Carreras es un ciudadano y un político ejemplar para mí; no lo digo yo, no. Lo dijo, ni más ni menos, el actual Presidente del Estado. Era julio de 2008, cuando Mariano Rajoy Brey visitó Castellón para visitar el puerto pesquero y pegarse un atracón con militantes de su partido en el Gran Casino de la ciudad.

En julio de 2009 (parece que el calor no les sienta muy bien a los políticos conservadores), el PP emitió un comunicado en el que afirmaban que Luis Bárcenas era «un ejemplo de profesionalidad y buen hacer». Otro ciudadano ejemplar.

En septiembre de 2010 (parece que a algunos les duran más los efectos del calor veraniego), Esteban González Pons dijo lo mismo del entonces Presidente y candidato a la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una entrevista en Radio Nacional de España.

Con estos referentes de ejemplaridad en el partido que nos gobierna, lo que es milagroso es que aún queden españoles que paguen sus impuestos y que no sean unos chorizos; pero para esos españoles idiotas que no meten mano al primer billete que les pasa por delante también han tenido unas palabras nuestros políticos conservadores:

Tenemos, pues, los políticos que nos merecemos; son los que nos representan como sociedad. Son nuestro fiel reflejo. Son nuestros ciudadanos ejemplares.

Así sea.

Filósofos conservadores meando fuera de tiesto

Hablo en concreto de Guy Sorman, filósofo y ensayista francés si atendemos a cómo firmó su artículo de ABC del 24/07/2013, además de economista, periodista o comentarista de radio y televisión, entre otras muchas cosas, si hemos de hacer caso a Wikipedia.

Que otras personas, ajenas a los círculos elitistas en los que se mueven los intelectuales conservadores, tengan una visión distinta -o incluso contradictoria- a la que suelen oír de sí mismos estos individuos suele desembocar en furia, desprecio y menosprecio de estas élites hacia quienes osan cuestionar su autocomplaciente autoridad. Guy Sorman, en el citado artículo, afirma convencido que Internet (y pone como ejemplo la Wikipedia) es un continente con vida propia, antidemocrático y controlado por minorías populistas de ultraizquierda («la Red es antidemocrática, populista, extremista y de izquierdas la mayoría de las veces»).

Según este pensador francés, «nos quedamos estupefactos ante lo repletas de errores que están [las biografías de Wikipedia], lo sesgadas que están por el odio y lo impregnadas que están por la ideología, generalmente de izquierdas y a veces racista». Y pone como ejemplo la suya propia (en su versión francesa): «en mi biografía aparece que mis padres eran judíos y apátridas -lo que es verdad-, pero en Francia no tiene una connotación neutra», afirmando a continuación que «he tratado varias veces de restablecer la realidad en mi propia reseña».

Hace un tiempo, otra persona conservadora (en este caso menos internacional y dedicada a la política: Javier Moliner Gargallo, entonces vicealcalde de la ciudad de Castellón y hoy presidente de la Diputación en sustitución del famoso Carlos Fabra) ya metió sus narices en Wikipedia y salió trasquilado (su biografía acabó siendo eliminada); si las atrevidas afirmaciones de Guy Sorman fuesen ciertas, tendríamos la confirmación con la eliminación de las biografías de políticos conservadores emergentes. Sin embargo, ni la biografía de Guy Sorman ni la de Javier Moliner son las únicas con cierta controversia; también se eliminan o se bloquean las ediciones de las biografías de los políticos de izquierdas (como la de Leyre Pajín hace unos años).

Aunque en casi todos los casos ocurre lo mismo (las biografías de personas vivas -de políticos, de músicos, de pensadores...- tienden a convertirse en páginas de autopromoción), las causas que originan las controversias suelen ser dispares. En los políticos, habituados como están a despreocuparse de las opiniones de terceros durante períodos de cuatro en cuatro años, suelen ser sus asesores de comunicación quienes se encargan de su presencia en los medios (incluida Internet) y quienes, a la postre, meten la pata; en los otros casos de personajes públicos, más atentos a lo que pueda decirse a diario sobre ellos, son los propios interesados los que suelen meter mano a sus propias biografías para eliminar aquellos pasajes que menos les benefician.

Sin embargo, el liberal Guy Sorman no parece que haya actuado por su propio pie (o por su propia mano) si atendemos a lo que dice en su párrafo final (siempre que él mismo sea consecuente con lo que dice, que no lo sé):

«Los liberales no tienen tiempo para hacerlo porque están inmersos en unas actividades productivas que les impiden pasar el día en internet. Por lo general, los de izquierdas y otros extremistas ejercen en la sociedad unas funciones que les permiten vivir en lo virtual, o no ejercen ninguna, y la asimetría ideológica en la Red es un reflejo de esta asimetría social. Por otra parte, los liberales tienden a ver en la Red un espacio puramente funcional. Pero la Red no es solo funcional porque determina las ideas recibidas, más decisivas que los hechos y las pruebas. La Red no es ni una fuente de verdad ni una democracia, y la Wikipedia es lo contrario de la Enciclopedia de la Ilustración».

¿Queda claro? Los liberales -de derechas, claro- trabajan, producen e ilustran y no pueden perder el tiempo (bueno, en Estados Unidos, según Guy Sorman, sí: la Wikipedia no muestra tanto sesgo ideológico) en mostrarnos su verdad. "Los de izquierdas y otros extremistas" ni trabajan, ni producen ni, por supuesto, pueden ilustrar, así que sí tienen tiempo de manipularnos y de ocultarnos la verdad.

La rabieta desatada en la última afirmación (no hagamos caso de la red ni de lo que esté escrito en la Wikipedia, porque todo es mentira) pone de manifiesto que, efectivamente, el poder -los liberales de derechas generalmente- tiene un serio problema con los procesos democráticos que no están bajo su estricto y exclusivo control: las normas de la Wikipedia se han votado desde su fundación y sólo se pueden modificar votándolas otra vez. No sirve el "interés general", el "es lo mejor para el pueblo", el "yo sé mucho más que tú porque mi apellido es tal" o cualquier otra excusa de carácter caudillista o dictatorial.

Y eso les revienta a esas élites entre las que tan bien se encuentra Guy Sorman y acaban por desorientarse tanto -un mundo tan diferente al que ellos se han creado a semejanza de una burbuja paradisíaca- que su única reacción es ponerse a mear fuera de tiesto.

¿Cuánto tardarán en asaltar la Wikipedia? Guy Sorman tiene ganas. Y sus camaradas también. Sólo es cuestión de tiempo.