Por la supresión del delito de tráfico de influencias

«El acusado PRIM, en su condición de Senador por Castellón y con la finalidad de que no se produjera de nuevo un retraso en la tramitación, remitió en fecha 2 de septiembre de 1999 una carta al Ministro, con membrete del Senado y con el siguiente contenido: 

“Recordarás que el pasado 19 de julio, estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón, Juan Costa y Juan José Ortiz, y hablamos sobre la autorización de un pesticida (la “ABAMECTINA”) por parte de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios a la fábrica de pesticidas de Castellón, denominada “NARANJAX”.

Recordarás, asimismo, que en dicha reunión quedó clara la aprobación de dicho producto para la reunión del 22 de julio pasado, y para el mes de Septiembre la del “Metamidofos” y la del “Foretil-Al”.

Al finalizar el mes de Agosto, he sido informado de que sólo se aprobó en dicha reunión del 22 de julio, la materia activa de la “ABAMECTINA”, y NO el producto comercial preparado por NARANJAX, por lo que sigue dicha firma sin estar legalizada para venderlo. 

¿No se quedó en la reunión mantenida contigo que la “ABAMECTINA” sería aprobada, entendiéndose con ello que sería también el producto comercial de NARANJAX? 

Te solicito que a la mayor brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que he mencionado en este escrito. 

En espera de tus noticias, y agradeciendo tu interés por el tema aprovecho para saludarte muy cordialmente”. 

Dicha carta no fue contestada por el Ministro “ante su carácter poco pertinente”, aunque según Nota Informativa de 7 de septiembre, elaborada por el Jefe de Area de Defensa Vegetal, se interesaba ese mismo día por fax a la Dirección General de Salud Pública la emisión del informe correspondiente a la abamectina técnica y del correspondiente al formulado Abac, al tiempo que el Subdirector General de Medios de Producción Agrícolas informaba por teléfono de todo ello al Senador PRIM, haciéndole especial mención de que la intención de la Administración era siempre la de agilizar al máximo la resolución de los expedientes para recuperar en lo posible los retrasos experimentados. 

El preceptivo y vinculante informe de la Dirección General de Salud Pública se emitió finalmente con fecha 4 de octubre de 1999 y las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado se produjeron con fecha 18 de octubre de 1999». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado primero, páginas 12 y 13).

Esto no es (¡oh, sorpresa!) tráfico de influencias:

«Por lo que respecta a la carta de 2 de septiembre de 1999, no puede considerarse se ejerciera influencia en la terminología del art. 428 CP, si tenemos en cuenta que el Sr. Prim lo que pretendía en realidad era que se resolvieran definitivamente -se diera “luz verde”- las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado en los términos en que ya habían sido aprobadas en la referida Comisión de Evaluación de 14 de julio de 1999, sin que por ello el Ministro Sr. Posada se sintiera presionado, pues, independientemente de que “ante su carácter poco pertinente” cree recordar que no contestó a dicha carta, también indicó que el Sr. Prim “en absoluto” ha tratado de influenciarle o presionarle en relación a los productos de Naranjax (Tomo 34, f. 88). Hemos de recordar en ese sentido que aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a aceleración de expedientes, información sobre datos..., no son constitutivas del expresado delito». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado cuarto, apartado 2, página 44).

Yo juraría que el informe vinculante y las autorizaciones de la sustancia y del producto de Naranjax se produjeron apenas un mes después de la carta del Senador; si para condenar a un político por tráfico de influencias hemos de esperar que el político influenciado sea de otro partido político (para que no se tapen entre ellos: ¿había de afirmar el Sr. Posada que se sintió presionado para considerar tráfico de influencias esa carta de un senador de su propio partido?), podrían eliminar ese delito del código penal y nos quedaríamos igual.

Ciudadanos ejemplares

«Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar; y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón».

Carlos Fabra Carreras es un ciudadano y un político ejemplar para mí; no lo digo yo, no. Lo dijo, ni más ni menos, el actual Presidente del Estado. Era julio de 2008, cuando Mariano Rajoy Brey visitó Castellón para visitar el puerto pesquero y pegarse un atracón con militantes de su partido en el Gran Casino de la ciudad.

En julio de 2009 (parece que el calor no les sienta muy bien a los políticos conservadores), el PP emitió un comunicado en el que afirmaban que Luis Bárcenas era «un ejemplo de profesionalidad y buen hacer». Otro ciudadano ejemplar.

En septiembre de 2010 (parece que a algunos les duran más los efectos del calor veraniego), Esteban González Pons dijo lo mismo del entonces Presidente y candidato a la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una entrevista en Radio Nacional de España.

Con estos referentes de ejemplaridad en el partido que nos gobierna, lo que es milagroso es que aún queden españoles que paguen sus impuestos y que no sean unos chorizos; pero para esos españoles idiotas que no meten mano al primer billete que les pasa por delante también han tenido unas palabras nuestros políticos conservadores:

Tenemos, pues, los políticos que nos merecemos; son los que nos representan como sociedad. Son nuestro fiel reflejo. Son nuestros ciudadanos ejemplares.

Así sea.

No podemos premiar la corrupción

Con Marbella como punta de lanza (los andaluces sí parecen haber aprendido la lección) y con la Comunidad Valenciana como reedición de aquella etapa en la que el poder judicial pretendía sustituirse desde el legislativo con un simple paso por las urnas (el GIL revalidó sus mayorías corruptas durante demasiadas legislaturas), en esta España que nos ha tocado vivir no podemos seguir premiando la corrupción en las urnas.

No sirve aquí el “todos son iguales”, porque ese argumento crea más corrupción: el partido en el poder seguirá siendo corrupto mientras pueda, esperando que el siguiente aumente el nivel de corrupción y el desmadre anterior quede diluido en el desmadre futuro. Hasta que la corrupción acabe por devorarnos a todos.

Esperanza Aguirre, en las antípodas de mi ideología política, o el PP de Baleares han sabido purgar sus listas de imputados por corrupción en anteriores legislaturas. ¿El resultado? Esperanza Aguirre revalida su mayoría absoluta y el PP de Baleares puede volver a gobernar tras una legislatura de sequía.

El PSOE de Andalucía, con los escándalos de los ERE fantasmas, ha preferido mirar hacia otra parte y apuntar con el dedo hacia la corrupción de la Comunidad Valenciana, evitando asumir sus responsabilidades políticas por la corrupción en sus filas. Y ha perdido todas las capitales de provincia en las que gobernaba.

¿Sólo eso? Pues no, no solo es eso. El próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, de Baleares y de Andalucía se tendrá que esforzar en mantener a sus corruptos a raya (esto es, expulsarlos de puestos de responsabilidad), puesto que ya saben que sus electores no quieren a políticos corruptos.

¿Y en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana seguimos premiando la corrupción política; el próximo gobierno no necesitará realizar ningún esfuerzo por controlar la corrupción, puesto que los valencianos no la castigamos en las urnas. La corrupción seguirá incrementándose en nuestras tierras mientras los ciudadanos no castiguemos a los partidos con políticos corruptos en sus filas. Y esa previsible escalada de la corrupción va a acabar pasándonos factura; una factura que acabaremos pagando los permisivos ciudadanos valencianos.

Perdonen mi tara. Mi lengua materna es el valenciano.

Cuando a un alcalde se le obliga a hablar en castellano ante otros valencianos o cuando otra alcaldesa ha de pedir perdón por el “defecto” de tener el valenciano como lengua materna es que algo no va bien.

Si esto ocurriese en partidos políticos a los que la democracia les estorba lo entendería; pero que esto ocurra en la proclamación de candidaturas del Partido Popular resulta más que preocupante.

El PP evitando que el catalán devore al valenciano.

En el minuto 21:35 del último 30 minuts (que no podemos ver los valencianos porque a Camps le estorban las verdades que pueda decir la televisión catalana) encontramos la hipocresía y el cinismo en estado puro, puesto que éstos son los mismos que abanderan y copan ahora mismo el valencianismo.

De ahí a prohibirlo por completo sólo media plasmarlo en una Ley, porque la voluntad la tienen y la mayoría (la tienen y la tendrán) también.

Así que, como la alcaldesa de Torrent, vayamos pidiendo perdón por nuestra imperdonable tara, porque somos valencianos defectuosos; esperemos que no acabemos siendo considerados también como un problema.

(Incluyo el enlace al programa completo por su interés documental):

Que tiemble el ‘Molt Honorable President’

Los dos presidentes del Partido Popular, Mariano Rajoy a nivel nacional y Francisco Camps a nivel regional, se han topado con un discípulo aventajado de Carlos Fabra; con los movimientos tácticos de los últimos días, tras verse acorralado por su propio partido, ese discípulo ha dejado tocados (a Camps más que a Rajoy) a ambos presidentes.

El comunicado de prensa que leyó Ricardo Costa el martes, sumado a su destitución de ayer, han supuesto un golpe mortal para Camps y una herida abierta para Rajoy. El funeral político del primero será más pronto o más tarde, pero será; y la herida sangrante de Rajoy está por ver cómo evoluciona.

Ricardo Costa habló en su comunicado de la relación con las empresas de la trama Gürtel, dejando explícito que la relación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con esas empresas venía desde antes que él accediera a los cargos de los que ha sido cesado hoy mismo:

Mis funciones como Secretario General están establecidas en el artículo 28 de los Estatutos del partido. Desempeño este cargo desde junio de 2007, anteriormente mis funciones eran las de Vicesecretario General, cargo que ocupé desde noviembre de 2004.

[…]

Con relación a la empresa Orange Market quiero destacar que la decisión de trabajar con ella es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido. Yo nunca tomé esa decisión.

Lo cierto es que no le falta razón al cesado Ricardo Costa. De hecho, el ‘amiguito del alma’ de El Bigotes no era Ricardo Costa, sino, mal que le pese a Francisco Camps, el propio ‘Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana’, que es el mismo que le dijo a El Bigotes ‘te quiero un huevo’. Y es que hay amores que matan.

Lo que dejó claro Ricardo Costa al leer el comunicado e introducir los datos que introdujo, por mucho adorno floral que pudiera insertar entre puñal y puñal, era que hay otros responsables; con esos dos párrafos del comunicado que he trasladado yo más arriba podríamos hartarnos de buscar a algún responsable orgánico del Partido Popular valenciano que hubiese aprovechado la amistad de Francisco Camps con El Bigotes para llevar a cabo sus propios chanchullos. Pero Ricardo Costa dio el primer mordisco en zonas vitales:

Siempre he cumplido mis responsabilidades, y he trabajado con absoluta dedicación, cumpliendo la Ley y ciñéndome a las directrices que la dirección regional del partido me han marcado.

He actuado siempre con absoluta lealtad a los órganos del partido, al Presidente regional Francisco Camps y al Presidente nacional Mariano Rajoy.

Puñales con los nombres de los destinatarios perfectamente marcados.

La posición de Rajoy, de momento alejado del maremoto de la corrupción de esta trama, ha sido táctica: buscar el sacrificio de alguna pieza menor (un cabeza de turco) para salvar los imprescindibles resultados electorales valencianos que le den alguna esperanza de llegar a la Presidencia del Gobierno, tal y como Camps le ha ido recordando a Rajoy durante los últimos días de tira y afloja. Pero el propio Ricardo Costa se encargó de clavarle el puñal de la mentira:

Nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con ninguna empresa, ni, en concreto, con Orange Market.

Sin embargo, la pésima posición en la que ha quedado Francisco Camps puede ayudar a Rajoy, puesto que todas las miradas se fijarán ahora en el precipicio político ante el que se ha situado el Presidente valenciano. Y es que, además de su proximidad al núcleo de la trama corrupta, el también Presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha logrado colgarse, durante estos últimos días, todas las etiquetas de las que debería huir un político; así, a las amistades peligrosas se han unido la hipocresía (con sus contínuos e infantiles llamamientos a la felicidad o con la imposición de los aplausos en el momento de la entrada de los periodistas en la sala donde se celebraba el Comité que debía cesar a su número dos), la burda mentira (al intentar engañar al propio Rajoy sobre la decisión tomada en el Comité respecto al cese de Costa) o el más absoluto de los ridículos (al tener que cesar a Costa al día siguiente al descubrirse su engaño a la dirección nacional del partido), entre otras.

Tampoco hay que olvidar, no obstante, que el rastro de heridos dejado por Ricardo Costa con su comunicado puede ser interminable, empezando por Francisco Camps y finalizando por el Conseller de Gobernación Serafín Castellano (uno de los presidentes del Comité Electoral del Partido Popular que contrató a las empresas de la trama la organización de actos electorales):

Nunca he tenido la responsabilidad de coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana y nunca he tenido la responsabilidad de organizarlas.

En definitiva, que esta vez el pez pequeñito se le ha atragantado al mediano y ha envenenado al grande.