La infernal administración electrónica

Tres días intentándolo sin haberlo conseguido. La administración electrónica hoy, si exceptuamos algunos casos muy concretos (con la Agencia Tributaria al frente), lejos de suponer un beneficio para el ciudadano acaba convirtiéndose en un auténtico infierno.

Primer error al intentar acceder con Firefox a la Carpeta Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón

El DNI electrónico, que podría haber supuesto un avance definitivo en nuestro histórico y generalizado analfabetismo digital, no sólo no ha solucionado la disparidad de autoridades emisoras de certificados digitales (cámaras de comercio, colegios notariales, colegios de registradores, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Seguridad Social... cada cual sólo se fía de sí mismo y se han creado sus propios certificados digitales y, por supuesto, su propia infraestructura de certificación electrónica), sino que ha introducido una absurda dualidad en cada organismo que supone, en la mayor parte de los casos, que utilizar ese DNI con chip para realizar un trámite de tres clics acabe volviendo loco a cualquier ciudadano de bien.

El infierno particular que voy a poner de ejemplo es un simple trámite para solicitar un certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana a través de su Portal del Ciudadano, pero no es el único infierno con el que nos podemos encontrar a la hora de realizar un trámite telemático (a la Carpeta Ciudadana del Ayuntamiento de Benafigos, gestionada por la Diputación de Castellón, no he podido ni tan siquiera entrar); al tener ciertos conocimientos de informática y acceso a diferentes sistemas operativos y navegadores, los intentos para realizar el trámite telemático han sido innumerables: con Google Chrome, con Firefox y con Internet Explorer, ejecutándolos desde Windows 7 y 8 (en sus versiones de 32 y 64 bits) y , con los dos primeros navegadores, también desde Lliurex 13.06 PIME (un Ubuntu modificado por la Generalitat Valenciana). En total, 18 intentos con 18 combinaciones distintas; tres tardes-noches de intentos infructuosos que me han abocado a escribir esta entrada para dar salida a mi frustración como ciudadano, pero también como usuario habitual de las nuevas tecnologías y, muy en particular, de los trámites telemáticos de carácter administrativo.

Pero la primera crítica no va dirigida hacia el departamento de informática del Ayuntamiento de Castellón, sino al propio departamento de creación del DNI Electrónico, dependiente del Ministerio del Interior, en cuya página de descargas se afirma, sin despeinarse, que:

"En un ordenador con sistema operativo Windows 7 y 8, únicamente habrá que al introducir la tarjeta DNIe en el lector, el Sistema Operativo instala el driver del DNIe de forma rápida y automática."

Cuando adivinamos que ese "únicamente habrá que introducir la tarjeta del DNIe en el lector" son tres días de intentos frustrados podemos afirmar, también sin despeinarnos, que ese texto no está dirigido, desde luego, a un ciudadano cualquiera en busca de información para realizar un trámite cualquiera. De hecho, con Internet Explorer no es posible ni tan siquiera verificar que el DNIe funciona correctamente en la página creada al efecto por el propio Ministerio del Interior sin antes realizar dos operaciones previas: introducir el dominio "dnielectronico.es" en la zona de seguridad de sitios de confianza (en Opciones de internet, pestaña Seguridad) y bajar el nivel de esa zona hasta el valor más bajo posible (por defecto está en el nivel medio).

La segunda crítica tampoco va dirigida al consistorio castellonense, sino al departamento de creación de las distribuciones Linux de la Generalitat Valenciana (el Lliurex), que vienen por defecto con las librerías necesarias para utilizar el DNIe (lo cual es de agradecer), pero con una instalación incompleta que requiere de dos operaciones adicionales por parte del usuario: crear el enlace a un archivo dentro de las opciones de seguridad de Firefox e importar y activar las opciones con las que se puede utilizar el certificado raíz del DNIe.

Estas dos primeras críticas nos deben poner sobre aviso: las "facilidades" de la administración electrónica no están destinadas a un ciudadano corriente que quiera ahorrarse una cola utilizando el ordenador de su casa. Ese ciudadano necesitará tener ciertos conocimientos en la configuración de los navegadores y estar familiarizado con la solución de errores de navegación; es decir, que necesitará tener un nivel medio de conocimientos o tener a mano a alguien que los tenga. Mal empezamos pues: los departamentos de informática de las administraciones públicas necesitan poner más énfasis en que los destinatarios finales de la administración electrónica sean los ciudadanos y no otros departamentos de informática.

Pero inciemos la tortuosa andadura para obtener un simple certificado de empadronamiento en la Carpeta Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón de la Plana; la primera imagen de esta entrada se corresponde con el primer obstáculo que nos encontraremos al intentar acceder a todos los trámites disponibles a través de la Carpeta Ciudadana si utilizamos el navegador Firefox (en cualquier sistema operativo). Con este error también nos toparemos en otros servicios que ni tan siquiera necesitan un certificado digital, como por ejemplo al intentar realizar una solicitud de cita previa por internet en la web de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Y aquí encontraremos la primera contribución de las administraciones públicas a no hacer caso de las advertencias de seguridad y, por consiguiente, a exponer a sus ciudadanos a cualquier tipo de software malicioso o páginas de dudosa ética: estas advertencias de seguridad (debidas a páginas web mal elaboradas), todas ellas de obligada ignorancia (hay que ignorarlas todas si queremos proseguir con el trámite), van a ser uno de los tormentos con los que nos vamos a encontrar durante este proceso.

La solución a ese primer error lo encontraremos fácilmente con una búsqueda en Google; si seguimos las instrucciones, nos aparece el primer susto, ante el cual cualquier ciudadano lo dejaría estar y se dirigiría hacia la cola más cercana para realizar el trámite:

Primer susto. Como para darle al botón. Pero si no lo hacemos, adios trámite telemático.

Perder todo tipo de garantía o poner en riesgo la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de la aplicación y advertirnos de que sólo deberíamos continuar si sabemos lo que estamos haciendo, debiendo continuar dándole a un botón que afirma que prometemos ir con sumo cuidado, achantaría a cualquiera con una mínima duda de lo que se va a encontrar tras ese botón. Y el que se atreva a entrar ignorando tal advertencia se lo va a volver a pensar cuando se encuentre ante los centenares de opciones de configuración con las que se va a topar tras hacer clic en el botón en el que prometemos ir con cuidado.

Superado ese primer obstáculo con un doble clic en la opción correcta deberíamos cerrar el Firefox y volverlo a abrir de nuevo, o podríamos optar por iniciar el trámite con otro navegador distinto; este ejemplo va a proseguir su andadura con el Google Chrome bajo Windows 8 de 64 bits, que es el que más cerca ha estado de finalizar el trámite. El resto de combinaciones no han llegado ni tan siquiera hasta el último paso, que es en el que ha fallado (no sin varios sustos y errores más por el camino) esa combinación de navegador y sistema operativo.

Por si faltara algo, la lentitud en las respuestas (con esperas interminables tras cada clic de entre dos y cinco minutos, independientemente de la conexión a Internet -probado con Jazztel 20 Mb, ONO 30 Mb y Movistar 1 Mb, todas con la misma larga espera entre clics- y del horario utilizado para realizar el trámite) haría desfallecer a cualquiera antes de llegar al último paso; y si a eso se le unen las interminables solicitudes del PIN del DNIe (hasta 11 veces hasta llegar al último paso del trámite, más alguna adicional como se verá), armarse de paciencia no es suficiente para afrontar tamaña odisea.

A la solicitud del certificado de empadronamiento (que es lo que queríamos tramitar) se puede llegar por dos vías: desde la propia opción para solicitarlo (que fue la vía elegida en un primer momento, como es lógico) o a través de una consulta al padrón municipal; vamos a ver la segunda opción, puesto que al menos en este caso sí nos aparecieron los datos (en texto plano, sin validez administrativa) de empadronamiento que buscábamos (es decir, que vamos a utilizar la vía que aparentemente sí funciona, puesto que nos devuelve algunos datos relacionados con lo que estamos buscando). Que la Carpeta Ciudadana nos devuelva algunos datos al tercer día es sin duda un motivo de alegría: "¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Vamos allá!". Pues no, tampoco. Al darle a la primera opción (emitir un volante de empadronamiento), se nos abre una ventana emergente que, tras más de cuatro minutos de larga espera, nos muestra el siguiente mensaje:

Hacer clic para agrandar

El mensaje de error que más se ve (un lacónico "Error generando certificado. Disculpe las molestias") no nos dice absolutamente nada (salvo que ese volante de empadronamiento no lo podemos ver, como es obvio tras observar el contenido de la página), pero los dos errores ocultos (hay que interactuar con la página para mostrarlos) nos pueden dar alguna pista. El mensaje pequeñito de la parte superior derecha nos advierte de que la página contiene un script (código de programación) de fuentes desconocidas (sin autenticar); podemos saltarnos esa advertencia de seguridad (ya sería la segunda que nos saltamos) para continuar, así que, ignorando todo atisbo de precaución, le daremos clic al icono que aparece sobre el mensaje y la página (a su ritmo: otros cuatro minutos de espera) se volverá a cargar para llevarnos a un nuevo error:

Clic para agrandar

Nos quedamos ahora sin el mensaje de error de la parte superior derecha, así que vamos a fijarnos en el de la izquierda, que es el mismo que habíamos visto antes y al que no le habíamos hecho caso porque podíamos continuar haciendo clic en un icono que ahora ha desaparecido. ¿Y qué nos dice ese error? Pues que la web está mal hecha: tiene partes muy bien encriptadas y otras que no son seguras, y nos advierte de que algunos usuarios, aprovechando esas partes inseguras de la página, podrían estar viendo los contenidos o incluso modificarlos para cambiar el comportamiento de la página. Así pues, como ciudadanos e internautas, nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no?

El navegador Firefox advierte de los mismos riesgos y acaba de igual forma, mientras Internet Explorer no admite ni tan siquiera la ejecución de ese script no autenticado, por lo que no pasa del primer error.

Bien, dejemos el volante de empadronamiento donde quiera que esté (nosotros no lo hemos visto, así que supondremos que estará por ahí, esperándonos otro día a nosotros o en manos de alguna agencia de espionaje que haya aprovechado los fallos de seguridad de esa página para apropiarse de nuestros datos del padrón) y retomemos, con pocas esperanzas, el trámite por el que hemos estado peleándonos durante tres días.

Los primeros cuatro pasos (dos de ellos reiterativos, puesto que en el primero ya le hemos indicado que queremos iniciar el trámite telemático y en el segundo nos vuelve a pedir que indiquemos si queremos iniciar el trámite de esa forma, sin que exista otra opción para elegir que el trámite telemático) los pasamos (con mucha paciencia entre el clic del anterior y la aparición del siguiente e introduciendo el PIN del DNIe en multitud de ocasiones) con el Google Chrome. Pero hasta llegar al último paso (la firma de la solicitud) nos toparemos con otros tres sustos:

De nuevo nos advierten de que la web de la Carpeta Ciudadana tiene errores de seguridad

La aplicación de Indenova utilizada en la Carpeta Ciudadana para firmar se llama "DocSecureApplet" y tiene otro fallo de seguridad.

El error que aparece en el último paso (la firma) de la solicitud es el mismo que ya nos había aparecido antes: la web tiene una parte insegura y el DNIe no nos permitirá firmarla

Larga espera hasta que aparece el botón para firmar

El último paso (hacer clic en el botón de firmar) nos mantendrá en vilo unos cuantos minutos más, hasta que por fin veremos una lista de certificados con los que firmar la solicitud (aparecerán tantos certificados como tengamos instalados); aquí nos pueden pasar dos cosas, ninguna de ellas buena: que el DNIe se haya cansado de esperar y se haya largado (es decir, que no aparezca ya en la lista de certificados con los que firmar, por lo que habrá que sacarlo del lector, volverlo a meter y cruzar los dedos para que vuelva a aparecer tras darle otra vez al botón de firmar) o que seleccionar el DNIe para firmar nos devuelva, tras otra larga espera, a la misma página con el botón de firma. Y así hasta el infinito.

Podríamos preguntarnos si no será que, simplemente, el trámite está ahí para que los informáticos del Ayuntamiento queden bien ante sus jefes, pero que en realidad no funciona nunca. Total, sus jefes nunca tendrán tanta paciencia como para llegar al último paso; o, seguramente, al primer susto estarían pidiendo ayuda al departamento de informática, que podría poner cualquier excusa de mal funcionamiento del servidor, de la línea telefónica o de la red eléctrica.

Pero no. La solicitud sí funciona. Con el certificado de la Generalitat Valenciana, aunque con errores y no con todos los navegadores (Internet Explorer y Google Chrome tampoco consiguen pasar del botón de firma con un certificado de la Generalitat Valenciana, mientras que Firefox realiza la firma pero no muestra el recibo de la solicitud, que queda completamente en blanco).

Con el certificado emitido por la Generalitat Valenciana, ni recibo de la solicitud, ni botón de imprimir

¿Y saben lo mejor de todo? Que la implantación del DNIe para los trámites electrónicos de los ciudadanos (esos trámites que no funcionan) estaba financiada por el Plan Avanza y por la Unión Europea. ¿A alguien le asombra que estemos como estamos después de habernos gastado el dinero en cosas inútiles o que no funcionan?

Esta Europa ya no sirve para nada

“No hay que confundir a un país con su Gobierno: la canciller Merkel lidera al partido más fuerte, pero por sí sola no tiene mayoría. Así que no son los alemanes: es ese Gobierno alemán quien impone esa política de austeridad a ultranza con la que no estoy de acuerdo: los recortes por sí solos no generan ni crecimiento ni confianza. Mi propuesta es combinar la necesaria disciplina con estímulos estratégicos para que vuelvan el crecimiento y el empleo. Esa política de cortar, cortar y cortar no es cosa solo de Merkel. El Consejo Europeo, unánimemente, está de acuerdo con la canciller. Hay 27 primeros ministros que aprueban esa receta. Sin fisuras. Ese es el drama.”

Son las primeras palabras de Martin Shulz (no he leído más: su opinión tiene, al parecer, el mismo peso que la mía) en una entrevista publicada por El País bajo un titular elocuente, aunque excesivamente optimista: “El proyecto europeo está amenazado”. En realidad, el proyecto europeo ya no existe, y esas palabras del Presidente del Parlamento Europeo (única institución a la que votamos los ciudadanos europeos cada cinco años) son la demostración de la muerte de esta Europa: su única institución democrática no sirve para nada; son otros quienes deciden el futuro de los ciudadanos europeos, son otros quienes tienen la sartén por el mango.

Las preguntas, por lo tanto, son muy claras: ¿para qué pagar a unos parlamentarios que no pueden decidir absolutamente nada? ¿Para qué pagar unas instituciones que lo único que pueden hacer es patalear como lo puede hacer cualquiera desde una cuenta de Facebook?

Háganse elecciones europeas si se quiere mantener esta mentira de la Europa de los ciudadanos. Pero que a esos parlamentarios se les haga trabajar desde su casa, de forma gratuita, simplemente abriéndoles una cuenta oficial en cualquier red social de su elección en la que puedan patalear todo lo que quieran. Si es eso lo único que pueden hacer, no necesitan ni una sede ni un sueldo: es lo que hacemos cualquier ciudadano indignado (o hasta los cojones) con lo que deciden quienes tienen la sartén por el mango.

Y otro tanto podríamos decir del resto de instituciones europeas; el Consejo Europeo es otra farsa más. Ya se hacen reuniones bilaterales entre los 26 y Alemania; reunirse los 27 en una sede para aceptar lo que diga Alemania no es más que otro gasto que nos podríamos ahorrar.

Y de la Comisión Europea, ¿qué decir de la Comisión Europea? Que les paguen las grandes escuelas de economía neoliberal, las empresas o los grandes bancos, que son quienes deciden sus directivas, sus recomendaciones y toda su normativa. Que el parlamento alemán o alguna universidad de élite les cedan alguna sala en la que reunirse y nos ahorraríamos otra sede más.

Como la del Banco Central Europeo, que ni es banco, ni es central, ni es europeo.

Para las próximas elecciones europeas, a nosotros, como a los parlamentarios que tenemos que elegir, sólo nos quedará el derecho al pataleo: el voto en blanco o un voto nulo repleto de insultos.

Menuda Europa han creado.

Fabra: ¿Dónde están las ayudas de la UE a la agricultura valenciana?

El jueves, la Unió de Llauradors se encerró en un despacho de la Conselleria de Agricultura que dirige Maritina Hernández Miñana; la titular de la Conselleria que gestiona las ayudas del único sector castellonense y valenciano con cierta relevancia que ha conseguido incrementar el nivel exportador durante estos años de crisis, no parece haberse dado por aludida (ni tan siquiera mereció una mísera nota de prensa). Tampoco nuestra televisión pública, Canal 9, se dio por enterada. El diario Levante-EMV fue el único que lo llevó a su portada; la edición local de El Mundo también se hizo eco, pero como noticia secundaria. El País ni se enteró.

La agricultura y los agricultores hace mucho tiempo que no pintan nada; no fabrican alta tecnología, no tienen la exclusividad en la venta de medicamentos, no hay grandes magnates internacionales interesados en multimillonarias inversiones, su materia prima sólo ha sido socialmente útil para crear PAIs, urbanizaciones y proyectos faraónicos, sus productos pueden ser adquiridos mucho más baratos en el sur, en el este y en el oeste... La agricultura y los agricultores, hoy, son prescindibles; sirven para comentar la gran calidad de las hortalizas o de las frutas españolas de antaño, e incluso los hay que, bajo el genérico manto de lo ecológico, han aprovechado para vender productos pésimos a precios de oro (por si alguien pensaba que las burbujas no pueden existir en los sectores deprimidos).

El Fondo Europeo Agrícola de Garantía es la única institución pública que aun se acuerda de la existencia de la agricultura y de los agricultores; pero eso será sólo hasta el año que viene, cuando la PAC (Política Agrícola Común) dejará de estar en vigor en España tal y como la hemos conocido hasta ahora. España dejará de ser perceptora neta de ayudas europeas al perder los 7.500 millones de euros anuales que provienen de la PAC que finaliza el próximo año; de esos 7.500 millones de ayudas, entre 180 y 250 millones llegan anualmente a la Comunidad Valenciana, y de estos, el 53% se lo llevan las grandes empresas agroalimentarias (algunas de la propia Generalitat Valenciana, e incluso empresas ajenas al sector, tal y como denunció La Unió de Llauradors en mayo).

El incremento de los costes de producción (abonos, maquinaria, servicios externos...), coincidente en el tiempo con el desplome de los precios que se le pagan al agricultor (que debe adecuar sus precios a los de las importaciones, con una capacidad de negociación de sus precios nula, entre otras causas por el fracaso de las cooperativas agrícolas y por el oligopolio de las grandes distribuidoras), está llevando desde hace décadas al sector al abandono masivo de pequeñas y medianas explotaciones; es una crisis que algunos agricultores han conseguido aguantar gracias a la PAC, cuyas ayudas (aunque cada vez menos, y a partir de 2014 nada) también incluyen como parámetros de concesión esa función tradicional de los agricultores y de las tierras cultivadas de la que sólo nos acordamos cada verano cuando las llamas devoran cada vez más y más hectáreas de bosques y de lo que hasta hace muy poco aun no lo eran.

Pero si la desaparición de la PAC puede suponer un desastre para la agricultura y para los pequeños y medianos agricultores valencianos, que las ayudas agrícolas de la PAC que el gobierno de Alberto Fabra ha recibido de la Unión Europea desde 2010 se hayan utilizado para cubrir las deudas con Ecclestone, con Calatrava o con la constructora del aeropuerto fantasma de Castellón ya está suponiendo un auténtico rosario para miles de agricultores valencianos (25.000 según La Unió).

Pero Maritina Hernández y Alberto Fabra no parecen tener la más mínima vergüenza cuando el dinero que se han gastado tenía que ser destinado a un sector que no pinta nada; lo único a lo que puede aspirar un agricultor es a que en la Conselleria de Agricultura le afirmen que tardará poco en recibir sus ayudas de 2010 ó de 2011. De eso (en mi caso) hace ya nueve meses; los otros 24.999 es de suponer, vista la denuncia de La Unió de Llauradors, que habrán recibido la misma buena nueva.

Si preguntar en la Conselleria no sirve y encerrarse en sus dependencias tampoco, habrá que saltarse a ese departamento y preguntarle directamente a nuestro Molt Honorable President: Sr. Alberto Fabra, ¿dónde ha metido usted el dinero que le envió la Unión Europea para pagarnos a los agricultores?

Miserables

Nuevas propuestas de la ortodoxia neoliberal para ayudarnos a salir de esta crisis sistémica, esta vez de parte del Banco Central Europeo; he de advertir que cada vez entiendo menos sus propuestas, no las que nos afectan a los trabajadores (éstas siempre han ido en la misma dirección: contención salarial cuando las cosas van bien, reducción salarial cuando las cosas no van tan bien y esclavismo laboral cuando las cosas van mal), sino las que van de comparsa.

Las propuestas de siempre en materia laboral para un sistema económico perfecto

Como punto de partida para intentar entender hacia dónde nos llevan (o hacia dónde quieren que nos lleven) las medidas propuestas por nuestro Banco Central, veamos en qué medida este organismo lanza las propuestas en función de la situación preexistente en cada país.

Con los datos anteriores a la crisis (2007), comprobamos que nuestro estado del bienestar no parecía estar sobredimensionado (destinábamos un 5% menos de nuestro P.I.B. a gastos sociales y educación que el resto de países de la Unión Europea y un 10% menos que países como Dinamarca, Francia o Suecia); trasladado a gasto social (esta vez sin incluir la educación) por habitante (España destinó 5.713,20 € a gasto social por cada español en 2008), las cifras aun se disparan más en nuestra contra: un 10,92% menos que la media europea (6.337,20 €) y más de un 50% menos que Dinamarca (8.700,80 €) o Suecia (8.850,70 €) y un 40% menos que Francia (7.913,50 €).

Vistos los gastos destinados a evitar los fallos del sistema capitalista que llevan a incrementar el riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestro país, la propuesta de reducción del Salario Mínimo Interprofesional (establecido en España en 748,30 € –catorce pagas de 641,40 €–) suena a chiste, aunque es una de las medidas estrella del neoliberalismo; sólo con las cifras comparativas del SMI sería suficiente para comprobar que España no tiene un problema de salarios excesivos (Irlanda, uno de los países rescatados, casi dobla nuestro SMI tras dos años bajo la tutela del FMI y del BCE), y si además unimos los datos de gasto social (un SMI bajo no permite afrontar a los trabajadores con sus propios recursos un colchón de seguridad ante posibles contingencias adversas, como es el despido), la medida propuesta parece una auténtica insensatez.

La reducción de las indemnizaciones por despido (medida ya implementada en la última reforma laboral, incluyendo el despido libre y sin indemnización para el primer año de contrato) es la otra medida estrella del neoliberalismo, reiteradamente exigida por esos organismos que tan educadamente nos aconsejan a los trabajadores que nos empobrezcamos un poco más cada año; asimismo, la absoluta libertad de la empresa para modificar a la baja los salarios o endurecer las condiciones laborales (otra medida también implementada ya por la última reforma laboral) también entra dentro de los últimos consejos que desinteresadamente nos da el BCE.

En el caso de los despidos (y en especial en el caso de los despidos procedentes), los trabajadores españoles sí disfrutamos de una mayor protección (si lo analizamos respecto a los meses de indemnización) que el resto de trabajadores europeos; tomados de forma aislada, estos datos podrían considerarse una rémora para nuestras empresas (y para la omnipresente competitividad), y eso es justo lo que afirma el BCE en su último informe mensual. Claro, que si lo tomamos en función del importe real de la indemnización (que depende de los salarios), de la capacidad de ahorro –y de habilitarse un colchón de seguridad ante contingencias imprevistas– de los trabajadores despedidos (que también depende de los salarios) y de los posteriores niveles de protección social para contrarrestar el riesgo de pobreza y de exclusión social (que ya hemos visto que en España eran en plena burbuja inmobiliaria cinco puntos inferiores a la media europea), las cosas cambiarían sustancialmente.

Obviamente, la primera gran conclusión a la que podemos llegar si queremos entender qué es lo que nos está aconsejando el BCE es que sus consejos sólo tienen en cuenta variables económicas puras, de forma que sus recomendaciones funcionarían si el sistema económico fuese perfecto o si sus imperfecciones no pudiesen crear miseria.

Como conclusión derivada de la anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sus consejos se basan en previsiones realizadas sobre modelos matemáticos en los que se introducen variables exclusivamente económicas, o en los que las variables no económicas pueden modificarse o minimizarse para corregir los efectos distorsionadores de un sistema económico con el que conviven personas de carne y hueso que no llegan a fin de mes. O lo que es lo mismo, que sus modelos matemáticos no son aplicables a una economía real, por lo que sus consejos sólo funcionarán por pura casualidad.

Para finalizar este apartado, una mención especial a uno de los gráficos del último informe: el que nos muestra la evolución de las remuneraciones por empleado respecto a la media de la Unión Europea; España consiguió reducir ligeramente la brecha existente en las remuneraciones por trabajador respecto a sus socios europeos hasta el año pasado. Con la aprobación de la última reforma laboral, el BCE espera (y se alegra de ello) que el resto de los trabajadores europeos incrementen la brecha existente respecto a lo que cobramos aquí; toda una declaración de intenciones sobre lo que esperan de España, y en especial de sus trabajadores.

Las nuevas propuestas

Sin embargo, merece la pena que nos paremos en algunas nuevas propuestas del último informe mensual del BCE, que son esas propuestas que no alcanzo a entender ni cómo las puede realizar una institución como el BCE ni cómo pueden llegar a aplicarse en las empresas reales.

La reducción de márgenes de beneficios en algunas empresas de algunos sectores dirigidos al público local; parece una adivinanza, y de hecho lo es, porque no dice absolutamente nada de a quién habría que reducirle los márgenes de beneficios, una medida que resulta de lo más absurdo para quien defiende las bondades de las teorías y los cálculos económicos neoliberales (¿alguien habrá llegado a pensar que el BCE quería decir que las empresas debían ganar menos, cuando el resto de las medidas propuestas iban en la dirección contraria mediante la reducción de los costes laborales empresariales?); sabiendo cual es la ideología económica del BCE (que no duda en utilizarla y aplicarla mientras algunos nos enzarzamos en discusiones sin sentido sobre si hoy existen o no existen las ideologías, repitiendo como un rebaño lo que pregonaban desde hace lustros quienes hoy están al frente del FMI o del BCE), habría que buscar algún sector que aun perciba subvenciones públicas. Así que habrá que esperar a que el Gobierno aplique la recomendación para salir de dudas, aunque el sector de las energías renovables ya ha sido señalado y tiene muchas papeletas para ser el candidato elegido.

Otra propuesta chocante es la de la relajación de las normas jurídicas que penalizan las ilegalidades empresariales; es decir, la legalización de los desmanes empresariales. O la vida al margen de la Ley de las personas jurídicas. Es difícil saber si el BCE se refiere a delitos económicos de evasión de capitales o si se refiere a alguna protección del empresario frente a los desmanes de sus trabajadores; o si se trata de dejar al empresario la libre interpretación de las normas tributarias para pagar los impuestos cuando lo considere oportuno. Habrá que esperar también a que el Gobierno actúe para salir de dudas, pero no parece nada bueno que los delitos puedan dejar de ser delitos por razones económicas.

También resulta extraña la referencia a la toma de decisiones valientes frente a los lobbies de grupos privilegiados y con intereses creados. Siendo hoy el BCE el principal lobby de presión en nuestro país, podríamos pensar que se tratar de un llamamiento al Gobierno a desobedecer todas sus recomendaciones anteriores, pero sería demasiado bonito para ser cierto; viendo esas recomendaciones, casi todas referidas a generalizar la miseria entre los trabajadores y librar de la cárcel a los empresarios, tendremos que mirar hacia las organizaciones de trabajadores como destinatarios finales de esa acusación de ser un grupo privilegiado y con intereses creados. Algo habitual entre el neoliberalismo despótico, muy dado a considerar que la participación de los trabajadores en las decisiones políticas que les afectan no es un derecho, sino un privilegio a eliminar.

¿Y hacia dónde vamos con estas medidas?

Pues aquí es donde entra el título de esta entrada.

Las medidas miserables de las acepciones 3 y 4 del Diccionario de la Real Academia nos llevan a los trabajadores a ser unos miserables de las acepciones 1 y 2; estamos abocados a ser desdichados e infelices, al abatimiento y a no tener relevancia ni valor alguno ni para nuestros gobernantes ni para nadie.

Siguiendo las recomendaciones del BCE y del FMI, Grecia ha reducido su SMI un 22% este mismo año, lo que trasladado a nuestro SMI (si hemos de seguir esas recomendaciones en base a lo que han hecho otros países de nuestro entorno) nos llevaría a un salario mínimo de 500 € (583 € con las pagas extraordinarias prorrateadas si se mantienen las 14 pagas); y no olvidemos que el salario mínimo se utiliza para referenciar una multitud de percepciones dinerarias máximas, como el salario máximo que se puede recibir del FOGASA (el doble del SMI tras la última reforma laboral), pero también mínimas, como por ejemplo los ingresos considerados inembargables.

Irlanda, vecina de la neoliberal Gran Bretaña, ha sido la alumna aventajada de los consejos del BCE y del FMI; el paro pasó del 4,5% en 2006 y 2007 al 14,8% desde 2010. Ni el rescate (hace casi dos años ya) ni su ortodoxa política laboral han tenido efecto alguno en las cifras de paro, que se ha mantenido por encima del 14% (el último dato iguala su máximo histórico del 14,8%) a pesar de que el país ha perdido a 100.000 trabajadores (el 2,2% de la población activa irlandesa, que ha huido del país) y ha prohibido la entrada a trabajadores búlgaros y rumanos. Si España aspira a seguir los pasos de Irlanda, más de 500.000 españoles en activo deberían ser expulsados forzosamente del país en busca de mejores oportunidades laborales y sobre 1 millón de extranjeros comunitarios en activo deberían abandonar sus trabajos y volver a su país; la tasa de paro española pasaría entonces al 18% y, con toda probabilidad, la Comisión Europea, el BCE y el FMI aplaudirían de nuevo la seriedad en la aplicación de las políticas laborales por parte del Gobierno español, tal y como hicieron el mes pasado con los decepcionantes datos de la economía irlandesa, y hablarían de sus grandes esfuerzos por proteger a los más desfavorecidos (como hipócritamente publicaron tras el informe de Irlanda, con cada vez más irlandeses en la miseria gracias a las políticas de austeridad auspiciadas por ellos mismos, tal y como está ocurriendo con Letonia o Lituania –con gobiernos neoliberales– , cuyos datos macroeconómicos reflejan datos positivos, pero a costa de incrementar las tasas de pobreza de su población por encima del 30% y dejar a ambos países en los últimos puestos europeos del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU).

Si las míseras políticas neoliberales que pretenden que nos apliquemos son las mismas que ya se han aplicado en estos países, la experiencia nos demuestra que a lo único a lo que podemos aspirar es a acompañar a Grecia, Irlanda, Letonia o Lituania en sus niveles de miseria.

Miserables unos, miserables otros y miserables nosotros.