Persona obligada por ley al pago de un impuesto; esa es la definición que da la Real Academia de la Lengua del término "contribuyente". Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones es la definición de "defraudar".
En España somos 47 millones de contribuyentes y 12 millones de defraudadores; o dicho de otra forma: somos más españoles defraudando que portugueses viviendo en Portugal. Por supuesto, la cifra de españoles defraudadores es un símil, porque las cifras de la economía sumergida (un 25% del P.I.B., 250.000 millones de euros) se refieren a transacciones económicas, no al número de personas que no cumplen con el fisco; pero la pregunta sería: ¿son cifras muy exageradas o no lo son tanto?
«El pequeño fraude aún tiene prestigio. Habría que empezar por valorar más lo que supone pagar impuestos», dice un economista en el Periódico Mediterráneo del 30 de enero; y así es. Pero alguien nos tendrá que explicar qué consecuencias tiene no pagar impuestos para valorar realmente qué estamos consiguiendo con esa excusa tan española de "si fulanito lo hace y todos lo hacen, no voy a ser yo el tonto", una actitud mucho más cómoda y española que denunciar al fulanito que sabemos que lo hace. Así que vamos a utilizar ese símil que he citado antes y nos vamos a poner, con las partidas de sanidad, educación y pensiones de los Presupuestos Generales como ayuda, manos a la obra.
Empezaremos con las pensiones, que salen todas de la caja única de la Seguridad Social y es fácil obtener las cifras para el conjunto de España: si somos 47 millones de españoles y las pensiones nos cuestan (datos de 2013) más de 120.000 millones de euros, eso quiere decir que para que nuestros mayores puedan seguir comiendo debemos aportar, cada uno, unos 2.600 € al año (220 € al mes). ¿Y de dónde sale el dinero para pagar las pensiones? Pues de las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de trabajo: un 30% (un 4,7% el trabajador y el resto la empresa) del salario bruto se utiliza para eso. Es decir, que si un trabajador cobra 1.000 € brutos al mes, le da de comer a un pensionista y le sobran 80 € para darle de comer a otro más; o lo que es lo mismo, con tres trabajadores que cobren 1.000 € podríamos alimentar a cuatro pensionistas durante un mes.
O lo que también es lo mismo: por cada trabajador que sale del mercado de trabajo legal (trabaja sin contrato), los otros dos trabajadores van a tener que cubrir lo que éste ha dejado de aportar a las pensiones. Es decir, que los dos trabajadores que cumplen con el fisco van a tener que pagar 110 € al mes cada uno para que los cuatro pensionistas puedan alimentarse. Las otras opciones son bajar las pensiones o eliminar pensionistas, que es, por cierto, lo que se está aplicando con la nueva forma de calcular las pensiones y con la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años.
Pero teniendo en cuenta que no somos 47 millones de españoles cotizando a la Seguridad Social, sino 16 (salimos por lo tanto a casi 8.000 € al año ó 635 € al mes), y que hay 8 millones de pensionistas (que salen a 15.000 € al año ó 1.220 € al mes), podemos trasladar a la realidad las consecuencias que tiene que un trabajador pase a formar parte de la economía sumergida y deje de aportar sus 635 € al mes a la Seguridad Social: si dos trabajadores aportan lo suficiente para pagar la pensión a un jubilado, que uno de ellos deje de hacerlo supone que el otro tenga que aportar el doble, hasta cubrir los 1.220 € que cobra cada jubilado.
Y, sabiendo esto, vayamos pensando en qué tipo de medidas va a tener que aplicar este Gobierno para compensar la prometida rebaja en las aportaciones a la Seguridad Social que hacen las empresas: por cada 10% de rebaja que se les haga a las empresas, cada uno de nosotros (si nuestro vecino no se pasa a la economía sumergida: entonces sería el doble) se va a quedar con 64 € menos al mes. A no ser que la compensación se haga eliminando a 800.000 jubilados o recortando sus prestaciones en 128 € al mes. Y lo mismo pasa cuando nuestros sueldos bajan; hay veces que es complicado entender los aplausos eufóricos ante una rebaja del 10% de la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social (bueno, o igual sí se puede entender si el objetivo de quien aplaude es hacer insostenible e inviable el sistema público de pensiones). La recuperación económica, se aplique lo que se aplique, no va a ir con nosotros; puede que veamos pasar el tren, pero no nos van a dejar subir.
Este mismo símil lo podemos aplicar también a la educación de nuestros hijos; las cifras las tomaremos de la OCDE (indicador B2), que dice que en España se invierte en educación el equivalente al 5,6% del P.I.B., es decir, unos 56.000 millones de euros: a cada español nos toca pagar 1.200 € al año ó 100 € al mes para cubir esos gastos. Ese dinero sale de nuestras nóminas (las retenciones de la renta, que consideraremos que son del 20%) y de nuestras compras (el IVA, que consideraremos que está también en el 20%); así, por cada trabajador con contrato que cobre 1.000 € al mes saldrán (por el IRPF) 200 € para pagar la educación de dos hijos. Y por cada factura de 1.000 € que le paguemos, por ejemplo, al fontanero, al mecánico o al pintor, estaremos posibilitando (pagando el 20% de IVA) que puedan estudiar otros dos niños más.
Es decir, que cada vez que nosotros (o nuestro vecino) pagamos una factura de 1.000 € en negro nos estamos ahorrando 200 € que vamos a tener que pagar igual (nosotros, el pintor, el fontanero o el mecánico) en cuanto el Gobierno aumente los impuestos para cubrir esos 200 € que no hemos pagado; y aún tendremos el valor de criticar al Gobierno por cubrir esos 200 € que permiten que dos niños puedan seguir estudiando.
Respecto a la sanidad pública, podemos seguir este mismo esquema. Los 67.000 millones (ahora serán menos) que se invertían en sanidad en 2011 debíamos pagarlos todos los españoles a razón de 1.425 € al año, que son unos 120 € al mes; es decir, que pagar una factura de 1.000 € en B supone que un niño deje de estudiar y que un enfermo acabe muriendo por falta de cobertura sanitaria. Y trabajar sin contrato, lo mismo, además de dejar sin pensión a uno de nuestros mayores.
Ahora ya sabemos las consecuencias que tiene ahorrarnos hoy el IVA, el IRPF o las cotizaciones sociales. Actuemos en consecuencia: dejemos de trabajar en negro o asumamos que estamos contribuyendo a que en nuestra jubilación vayamos a pasar hambre, a que los hijos de nuestros hijos no puedan acceder a la educación y a que acabemos muriendo por una gripe porque las coberturas sanitarias se van a reducir cada día más.
Pero teniendo en cuenta que no somos 47 millones de españoles cotizando a la Seguridad Social, sino 16 (salimos por lo tanto a casi 8.000 € al año ó 635 € al mes), y que hay 8 millones de pensionistas (que salen a 15.000 € al año ó 1.220 € al mes), podemos trasladar a la realidad las consecuencias que tiene que un trabajador pase a formar parte de la economía sumergida y deje de aportar sus 635 € al mes a la Seguridad Social: si dos trabajadores aportan lo suficiente para pagar la pensión a un jubilado, que uno de ellos deje de hacerlo supone que el otro tenga que aportar el doble, hasta cubrir los 1.220 € que cobra cada jubilado.
Y, sabiendo esto, vayamos pensando en qué tipo de medidas va a tener que aplicar este Gobierno para compensar la prometida rebaja en las aportaciones a la Seguridad Social que hacen las empresas: por cada 10% de rebaja que se les haga a las empresas, cada uno de nosotros (si nuestro vecino no se pasa a la economía sumergida: entonces sería el doble) se va a quedar con 64 € menos al mes. A no ser que la compensación se haga eliminando a 800.000 jubilados o recortando sus prestaciones en 128 € al mes. Y lo mismo pasa cuando nuestros sueldos bajan; hay veces que es complicado entender los aplausos eufóricos ante una rebaja del 10% de la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social (bueno, o igual sí se puede entender si el objetivo de quien aplaude es hacer insostenible e inviable el sistema público de pensiones). La recuperación económica, se aplique lo que se aplique, no va a ir con nosotros; puede que veamos pasar el tren, pero no nos van a dejar subir.
Este mismo símil lo podemos aplicar también a la educación de nuestros hijos; las cifras las tomaremos de la OCDE (indicador B2), que dice que en España se invierte en educación el equivalente al 5,6% del P.I.B., es decir, unos 56.000 millones de euros: a cada español nos toca pagar 1.200 € al año ó 100 € al mes para cubir esos gastos. Ese dinero sale de nuestras nóminas (las retenciones de la renta, que consideraremos que son del 20%) y de nuestras compras (el IVA, que consideraremos que está también en el 20%); así, por cada trabajador con contrato que cobre 1.000 € al mes saldrán (por el IRPF) 200 € para pagar la educación de dos hijos. Y por cada factura de 1.000 € que le paguemos, por ejemplo, al fontanero, al mecánico o al pintor, estaremos posibilitando (pagando el 20% de IVA) que puedan estudiar otros dos niños más.
Respecto a la sanidad pública, podemos seguir este mismo esquema. Los 67.000 millones (ahora serán menos) que se invertían en sanidad en 2011 debíamos pagarlos todos los españoles a razón de 1.425 € al año, que son unos 120 € al mes; es decir, que pagar una factura de 1.000 € en B supone que un niño deje de estudiar y que un enfermo acabe muriendo por falta de cobertura sanitaria. Y trabajar sin contrato, lo mismo, además de dejar sin pensión a uno de nuestros mayores.
Ahora ya sabemos las consecuencias que tiene ahorrarnos hoy el IVA, el IRPF o las cotizaciones sociales. Actuemos en consecuencia: dejemos de trabajar en negro o asumamos que estamos contribuyendo a que en nuestra jubilación vayamos a pasar hambre, a que los hijos de nuestros hijos no puedan acceder a la educación y a que acabemos muriendo por una gripe porque las coberturas sanitarias se van a reducir cada día más.
