Desde el mismo 14 de marzo de 2004, cuando el Partido Popular perdió las Elecciones Generales celebradas apenas tres días después de la masacre del 11-M, se ha venido gestando y desarrollando en todos los medios de comunicación del centro-derecha (sin excepción) la teoría de la ilegitimidad de aquel Gobierno del PSOE; poco importaría que cuatro años después se revalidara la victoria electoral del mismo partido e incluso del mismo candidato: la teoría de la ilegitimidad continuó su marcha, acumulando cuantas justificaciones se considerasen concurrentes con el fin último de crear un clima político lo más enrarecido posible que posibilitase el cambio de Gobierno lo antes posible.
Si repasamos el argumentario desarrollado entorno a esa teoría de la ilegitimidad comprobaremos que aquellas algaradas mediáticas no tienen nada que envidiar a las algaradas callejeras que ahora la derecha considera un irresponsable ejercicio de oposición por parte de la izquierda: si estas algaradas callejeras deben entenderse como una actitud antidemocrática de la izquierda (que no estaría aceptando los resultados electorales del 20-N), tampoco existe otra justificación ni otra forma de entender aquellas algaradas mediáticas.
“Legalidad no es lo mismo que legitimidad”, podíamos leer en el ABC del 28/05/2010 en un artículo titulado “Un gobierno ilegítimo” y publicado en la edición de Galicia de este periódico: “dos tipos de legitimidad se consideran en el pensamiento político clásico: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Rodríguez Zapatero no tiene ni una ni otra”.
En el desarrollo de esta teoría de la ilegitimidad, “Rodríguez Zapatero carece de legitimidad de origen porque mintió para acceder al poder en el año 2008”; y, además, “el problema es que Rodríguez Zapatero también carece de legitimidad de ejercicio porque ha conducido a España a la ruina”.
Siguiendo con el argumentario de esta teoría, la ilegitimidad de origen ya se la ha ganado sobradamente Mariano Rajoy en apenas 60 días de ejercicio del poder con la aprobación de la reforma laboral: si su máxima y casi única prioridad era la generación de empleo (o al menos eso pregonaba durante la campaña electoral), poca explicación encontraremos en el hecho de aprobar el despido libre (algo no estaba dentro de su programa electoral y que él mismo negó reiteradamente que fuera a aplicarse si accedía al poder) para el 95% de las empresas españolas con el nuevo contrato “indefinido”, que lo único que va a generar es más paro. Mintió Rajoy para acceder al poder en el año 2011; carece, por lo tanto, de legitimidad de origen.
Asimismo, baste recordar que la ilegitimidad de ejercicio (si la entendemos como siempre la han entendido desde la derecha) quedaría sobradamente demostrada sabiendo que este gobierno va a arruinar con sus políticas laborales a los nuevos 650.000 españoles que van a pasar a engrosar los más de seis millones de parados gracias a esta reforma laboral y a los otros 3,5 millones de españoles que van a continuar en las listas del antiguo INEM tras haberles prometido que tendrían un trabajo.
Podríamos seguir las mismas líneas y los mismos desarrollos argumentales para reforzar nuestra opinión acerca de la ilegitimidad de este gobierno: desde la excepcionalidad de su ascenso al poder por la crisis económica (igual que la situación fue excepcional tras el 11-M) hasta el incumplimiento de otras de sus estrellas electorales (la teórica rebaja de impuestos), pasando por la supeditación absoluta a los dictados ilegítimos (e ilegales) de terceros países (Alemania, que no la Unión Europea) o de instituciones situadas totalmente al margen de los sistemas democráticos soberanos (FMI, BCE, mercados, etc.).
En definitiva, que los argumentos supuestamente antidemocráticos que se utilizan hoy para salir a la calle para protestar contra unas políticas ocultas de un gobierno legal pero ilegítimo fueron inventados, desarrollados y reiteradamente jaleados por quienes hoy publican en sus portadas teóricos comportamientos antidemocráticos de quienes se sienten estafados, engañados o agredidos por unas medidas que ese gobierno negó que se aplicarían.
Quien siembra vientos, recoge tempestades.
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