Capio Sanidad y las malas lenguas

Me llegó el mes de mayo un correo electrónico con la siguiente imagen adjunta y con el título “Que se sepan las cosas…”:

Hoy en Facebook me ha vuelto a llegar esta misma información, la primera con esta misma imagen y la segunda con una nueva composición, aunque con los mismos datos.

Esto de los mensajes que te llegan a través de algún amigo, compañero de trabajo o conocido no sabes muy bien si tomártelo en serio y reenviarlo, si contrastar primero la información y actuar en consecuencia una vez realizado este contraste o si, directamente, lo mejor es ignorar el mensaje y dedicar el ancho de banda y tu tiempo a otros menesteres mientras esperas que algún medio de comunicación acabe publicándolo (o no, que es lo más habitual); y es que siempre recuerdo el mensaje que recibí el día siguiente a los atentados del 11-M afirmando que el Ministerio del Interior había difundido las caras de los terroristas y que lo enviaban para que, con la colaboración ciudadana, pudiese detenerse a los autores de aquella masacre:

Sea como fuere, en aquel caso contrastar la información no fue demasiado difícil: con entrar en la Web del Ministerio del Interior y comparar el contenido de los terroristas más buscados con las fotografías que me enviaron fue suficiente para comprobar que unos y otros no coincidían (en la Web había rusos, sudamericanos y árabes, además de algunos de los etarras del mensaje con fotografías más actualizadas); algún día llamaré al teléfono o enviaré un mensaje al Club Náutico de Valencia (aun conservo el mensaje), por si el tal Enrique que inició la cadena que me llegó a mí tiene algún detalle más de su origen (el texto del mensaje decía “Me mandan esto: El Ministerio del Interior ha difundido las fotos de miembros activistas de ETA, que muy posiblemente sean los ejecutores de la matanza de esta mañana. Por favor, máxima difusión”, y el título era “Urgente: Fotos de los terroristas del 11 de marzo”).

Pero volvamos a Capio Sanidad. Este caso en concreto me ha chocado porque tiene todas las características de uno de esos bulos que se extiende rápidamente a través de Internet mediante cadenas de mensajes, gracias sobre todo a la escasa simpatía que se les tiene a los personajes a los que se implica; era un tanto escéptico respecto a la veracidad de la información cuando recibí el correo (no logré comprobar ninguna de las relaciones citadas, por lo que no continué la cadena) y hoy he podido comprobar que, efectivamente, el escepticismo estaba justificado.

Pasemos a la exposición de los datos sobre Capio Sanidad y sus relaciones con Rodrigo Rato, con Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla La Mancha) y con Teresa Echániz Salgado (hermana del Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado).

Lo primero que descubrimos es que Capio Sanidad salió en prensa en 2008 cuando varios proveedores se negaron a seguir sirviendo al hospital privado de Valdemoro porque la propietaria del mismo (Capio Sanidad) no les pagaba las facturas; además, incumplió los precontratos firmados con sus trabajadores (les rebajó unilateralmente el sueldo más de un 10% al firmar el contrato) y tuvo que afrontar la salida en bloque de todo el equipo de medicina externa ante el incumplimiento de múltiples promesas a los propios facultativos. A todos estos enemigos de dentro del propio sector cabe añadir que ese hospital privado fue el abanderado de la política sanitaria de gestión privada de Esperanza Aguirre, por lo que los enemigos se amplían también a lo político.

Empiezan a ser demasiados los enemigos como para tomar como cierta cualquier información anónima que aparezca por la red, así que el escepticismo sobre la veracidad de esas supuestas relaciones empresariales empieza a ser claramente predominante.

Un mes después de la anterior aparición en prensa vuelve Capio Sanidad a los periódicos: Esperanza Aguirre adjudicó sin publicidad la atención hospitalaria de la Fundación Jiménez Díaz a Capio Sanidad (hasta entonces  con 200.000 personas en su zona de influencia, que debían ampliarse a 400.000 según un acuerdo que aun no había entrado en vigor en aquella fecha), además de otorgarle la gestión de dos grandes ambulatorios de Madrid y la realización de pruebas diagnósticas que hasta entonces se realizaban con recursos públicos. En esta ocasión nos dan una pista sobre los accionistas de Capio Sanidad: se menciona a un único accionista, se llama Apax Partners y se trata de un fondo de capital riesgo norteamericano; se complica sobremanera la forma de relacionar de forma directa a Rodrigo Rato con Capio Capital, aunque sí podría existir una relación indirecta. Habrá que seguir investigando.

En Diciembre de 2008 hay otra aparición en prensa de Capio Sanidad (en la que se notifica que se ha hecho efectivo uno de los traspasos de gestión que había pendientes); aquí vuelven a citarse a los accionistas de esta empresa sanitaria, pero ahora se afirma que es una multinacional sueca (Citicorp Venture Capital Partners) y que Apax Partners es sólo uno de los varios fondos de inversión propietarios de Capio. Por si quedaba enrevesada la cosa con un fondo de inversión, ahora resulta que son varios. Lo de Rodrigo Rato como accionista se aleja cada vez más de ser una relación en la que el defenestrado Presidente de Bankia pueda tener algún tipo de poder de decisión o que incluso pueda verse sustancialmente recompensado económicamente a través de los dividendos repartidos por Capio Sanidad.

La mejor opción para averiguar los entresijos accionariales de cualquier sociedad cuando la información pública y gratuita no ofrece los datos que esperamos es recurrir al Registro Mercantil, pero ni la cuestión me reconcome tanto la curiosidad como para pagar por saber un poco más, ni me parece muy adecuado para mi bolsillo iniciar una búsqueda en fondos de inversión hasta encontrar alguna relación, por remota que sea, con el Sr. Rodrigo Rato, así que aparcamos de momento la búsqueda accionarial esperando que nos topemos con ella al buscar las otras supuestas relaciones de Capio Sanidad con el PP castellano-manchego.

La decepción de esta primera relación fallida debe llevarnos hacia fuentes de información más directa, así que vayamos a consultar la Web de la propia empresa en busca de algo relativo a las supuestas relaciones directivas de Ignacio López del Hierro y de Teresa Echániz Salgado con Capio Sanidad; en su apartado de Equipos Directivos no encontramos a ninguno de los dos al frente de ninguno de los departamentos de ninguno de los hospitales gestionados por esta empresa, pero en el apartado de Investigación nos remite a la Fundación Jiménez Díaz, una institución que ya conocemos por el traspaso (sin publicidad) de la atención sanitaria que ofrecía ésta a Capio Sanidad; estas operaciones con fundaciones (a quienes se le asignan algunos servicios, que después son traspasados a sus patrocinadores –Capio lo es de esta fundación–) siempre levantan sospechas, aunque finalmente se trate de actuaciones totalmente legales. Pero no es este el cometido de esta entrada, así que lo dejaremos estar (al menos de momento).

Vayamos, pues, a la Web de esa fundación que, al parecer, ofrece los servicios de investigación a su patrocinador; encontraremos aquí también un apartado dedicado a su Estructura de Dirección, pero tampoco allí aparecen ninguno de esos dos nombres. Sin embargo, sí aparece el cargo que se le asigna a Teresa Echániz Salgado (el de Subsecretaria de Investigación), pero la titular es otra: Carmen Ayuso García. Esta directiva de la fundación nos permite consultar su historial, que nos ofrecerá la primera rotunda decepción a esa supuesta relación de Teresa Echániz Salgado con Capio Sanidad: Carmen Ayuso ejerce ese cargo directivo desde octubre de 2004. Mal andamos con la credibilidad de esas supuestas relaciones que nos muestra la imagen si podemos comprobar por nosotros mismos que el cargo coincide, pero la persona no; de todas formas, si indagamos un poco más en el organigrama de la fundación sí comprobaremos que el nombre de Teresa Echániz figura entre las personas contratadas por la misma, aunque con un cargo inferior que no tiene nada que ver con la subdirección que se le asigna en la imagen (es vocal invitada para Gestión de Proyectos y OTRI dentro de la Comisión de Investigación de la fundación), si bien, por el contrario, sí la podemos encontrar ejerciendo de Secretaria de la Junta Directiva. Por desgracia, a Ignacio López del Hierro no lo encontramos por ninguna parte, por lo que no parece que el origen de la información sea la propia la empresa.

Estos errores de bulto son demasiado típicos en opiniones o artículos de prensa que utilizan fuentes que han oído algo al respecto, pero cuyo receptor de la información no puede o no quiere confirmar los datos que se le ofrecen; y, por qué no decirlo también, cuando el receptor de la información no quiere confirmar esos datos suele haber más un interés por el descrédito de las personas citadas por las fuentes que un interés por transmitir una noticia a los lectores.

Y, efectivamente, buscando en fuentes de información alternativas, encontramos dos artículos (uno en Crónica Popular, firmado por un tal Marcel Félix de Andrés, y el otro en ATTAC Castilla La Mancha, firmado por José Andrés Guijarro Ponce) en los que aparecen esos tres nombres y esas tres relaciones, por lo que ya podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hemos encontrado la información con la que se han creado las imágenes que van rondando por correos electrónicos y redes sociales. Dentro del primero de los dos artículos encontramos el párrafo del delito:

«Entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, actual presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta castellanomanchega y muy aficionado a los lucrativos consejos de administración, reparte sus inversiones en multitud de empresas y, según fuentes consultadas, alguna de  las cuales también gestiona hospitales. Para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad».

Ahí están los tres nombres en un mismo párrafo; en el segundo de los artículos (el de ATTAC) no se indica el cargo de Teresa Echániz, por lo que es algún lector de este artículo quien creó las imágenes. Sin embargo, este texto también nos indica que el autor de las imágenes interpretó el texto de una forma, por decirlo suavemente, bastante peculiar: es conocido que Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, invierte en muchas empresas, e incluso (según algunas fuentes del periodista que firma la noticia) tiene inversiones en alguna empresa que gestiona hospitales. De ahí a asignarle el cargo de gestor de los hospitales de Capio Sanidad hay varios pasos que nos hemos saltado: lo primero, confirmar que, efectivamente, ha invertido en alguna empresa que gestiona algún hospital; lo segundo, confirmar que esa empresa gestora de hospitales opera en alguna ciudad en la que opera Capio Sanidad; y tercero, confirmar que Capio Sanidad le ha nombrado gestor o algún cargo similar (algo que ya hemos comprobado que no es así).

Ya tenemos los datos de dos de los tres nombres: una de las relaciones es cierta con matices y la otra es una interpretación argumentalmente insostenible de una frase que no dice lo que las imágenes virales dicen.

Nos quedaba por encontrar la relación del tercer nombre, y ésta la he encontrado hoy mediante un enlace que me han facilitado al comentar la posibilidad de que una de esas imágenes, que estaban rondando por Facebook, fuese un completo bulo. Se trata de una carta publicada en La Mancha Obrera en enero de este mismo año, así que parece que este es el origen de los otros dos artículos (publicados ambos en abril, primero el de ATTAC y dos días después el de Crónica Popular); encontramos también aquí otro párrafo del delito:

«El grupo empresarial Capio-Sanidad está participado por el grupo de inversores de capital-riesgo CVC Partnerts (Citicorp Venture Capital), en la que tienen un brazo la mayoría de las grandes compañías farmacéuticas a través de CVC-Capio (afirmado a través de FristWord Pharma en septiembre de 2009 como una buena oportunidad de negocio abierta). El capital lo aporta Bankia (Rodrigo Rato, todavía vigente y que suena como ministrable, y Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, exgestor de la sanidad pública madrileña y actual empresario privado del mismo sector, formando parte del Consejo Directivo de Bankia y del grupo Capio) y la CAM, recientemente intervenida y “lo peor de lo peor de las Cajas de Ahorro”, según afirmaciones del Banco de España».

Cuando en ese párrafo se afirma que el capital lo aporta Bankia (asignándole el capital a Rodrigo Rato), no se trata del capital correspondiente a las acciones (las acciones las tiene CVC Partners, como afirma esa carta justo en la frase inmediatamente anterior), sino de la entidad financiera que, junto a la CAM, financian los proyectos de Capio Sanidad; es evidente que ser acreedor de una empresa no es lo mismo que ser accionista, por lo que el primero de los dos autores de los artículos de abril que leyó esta carta (posiblemente José Andrés Guijarro Ponce) realizó otra interpretación igual o más peculiar que la del autor de las imágenes virales que nos han llegado a través de Facebook y del correo electrónico.

No hay, por lo tanto, relación directa entre Rodrigo Rato o María Dolores de Cospedal con Capio Sanidad; sí la hay, no obstante, con el Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, que tiene a su hermana en la Junta Directiva de la Fundación Jiménez Díaz (cuyo promotor es Capio Sanidad); claro, que implicar a un tal José Ignacio Echániz Salgado no hubiese tenido tanto éxito como implicar a los peces gordos de la política española.

Caso resuelto.

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Fabra: ¿Dónde están las ayudas de la UE a la agricultura valenciana?

El jueves, la Unió de Llauradors se encerró en un despacho de la Conselleria de Agricultura que dirige Maritina Hernández Miñana; la titular de la Conselleria que gestiona las ayudas del único sector castellonense y valenciano con cierta relevancia que ha conseguido incrementar el nivel exportador durante estos años de crisis, no parece haberse dado por aludida (ni tan siquiera mereció una mísera nota de prensa). Tampoco nuestra televisión pública, Canal 9, se dio por enterada. El diario Levante-EMV fue el único que lo llevó a su portada; la edición local de El Mundo también se hizo eco, pero como noticia secundaria. El País ni se enteró.

La agricultura y los agricultores hace mucho tiempo que no pintan nada; no fabrican alta tecnología, no tienen la exclusividad en la venta de medicamentos, no hay grandes magnates internacionales interesados en multimillonarias inversiones, su materia prima sólo ha sido socialmente útil para crear PAIs, urbanizaciones y proyectos faraónicos, sus productos pueden ser adquiridos mucho más baratos en el sur, en el este y en el oeste... La agricultura y los agricultores, hoy, son prescindibles; sirven para comentar la gran calidad de las hortalizas o de las frutas españolas de antaño, e incluso los hay que, bajo el genérico manto de lo ecológico, han aprovechado para vender productos pésimos a precios de oro (por si alguien pensaba que las burbujas no pueden existir en los sectores deprimidos).

El Fondo Europeo Agrícola de Garantía es la única institución pública que aun se acuerda de la existencia de la agricultura y de los agricultores; pero eso será sólo hasta el año que viene, cuando la PAC (Política Agrícola Común) dejará de estar en vigor en España tal y como la hemos conocido hasta ahora. España dejará de ser perceptora neta de ayudas europeas al perder los 7.500 millones de euros anuales que provienen de la PAC que finaliza el próximo año; de esos 7.500 millones de ayudas, entre 180 y 250 millones llegan anualmente a la Comunidad Valenciana, y de estos, el 53% se lo llevan las grandes empresas agroalimentarias (algunas de la propia Generalitat Valenciana, e incluso empresas ajenas al sector, tal y como denunció La Unió de Llauradors en mayo).

El incremento de los costes de producción (abonos, maquinaria, servicios externos...), coincidente en el tiempo con el desplome de los precios que se le pagan al agricultor (que debe adecuar sus precios a los de las importaciones, con una capacidad de negociación de sus precios nula, entre otras causas por el fracaso de las cooperativas agrícolas y por el oligopolio de las grandes distribuidoras), está llevando desde hace décadas al sector al abandono masivo de pequeñas y medianas explotaciones; es una crisis que algunos agricultores han conseguido aguantar gracias a la PAC, cuyas ayudas (aunque cada vez menos, y a partir de 2014 nada) también incluyen como parámetros de concesión esa función tradicional de los agricultores y de las tierras cultivadas de la que sólo nos acordamos cada verano cuando las llamas devoran cada vez más y más hectáreas de bosques y de lo que hasta hace muy poco aun no lo eran.

Pero si la desaparición de la PAC puede suponer un desastre para la agricultura y para los pequeños y medianos agricultores valencianos, que las ayudas agrícolas de la PAC que el gobierno de Alberto Fabra ha recibido de la Unión Europea desde 2010 se hayan utilizado para cubrir las deudas con Ecclestone, con Calatrava o con la constructora del aeropuerto fantasma de Castellón ya está suponiendo un auténtico rosario para miles de agricultores valencianos (25.000 según La Unió).

Pero Maritina Hernández y Alberto Fabra no parecen tener la más mínima vergüenza cuando el dinero que se han gastado tenía que ser destinado a un sector que no pinta nada; lo único a lo que puede aspirar un agricultor es a que en la Conselleria de Agricultura le afirmen que tardará poco en recibir sus ayudas de 2010 ó de 2011. De eso (en mi caso) hace ya nueve meses; los otros 24.999 es de suponer, vista la denuncia de La Unió de Llauradors, que habrán recibido la misma buena nueva.

Si preguntar en la Conselleria no sirve y encerrarse en sus dependencias tampoco, habrá que saltarse a ese departamento y preguntarle directamente a nuestro Molt Honorable President: Sr. Alberto Fabra, ¿dónde ha metido usted el dinero que le envió la Unión Europea para pagarnos a los agricultores?

Més aïna planassos

No, no m'he tornat boig i estic dient coses rares i sense sentit; el títol d'esta entrada és el que he vist anunciat a un díptic d'una oficina de Bankia de Castelló. Juro que no sabia què dimonis volia dir eixa enigmàtica frase damunt d'un senyor banyant-se un peu a un llac; sabia que volia dir alguna cosa sobre plans de pensions perquè la primera frase del díptic sí que l'he entesa: "Plans de pensions". I més avall deia: "Tot un futur junts". I he pensat: "Clar, per a haver d'entendre'ns necessitarem amuntó de temps".

"Més aïna planassos". ¿Què dimonis diuen esta gent de Bankia? Abans de fer o de dir res he preguntat a altra gent si sabien quina era la traducció d'eixa frase, per si els l'havien escoltada als seus pares o als seus avis ací a La Plana o als poblets de més cap al sud de la província (jo soc de més al nord i allà parlem més paregut al català de Lleida que al valencià de València). Tots (valencianoparlants i castellanoparlants) han fet cara d'estar davant un estrany jeroglífic d'alguna llengua mil·lenària.

He mirat dins el díptic, per a veure si la campanya s'havia fet a algun poble de la Vall d'Aran i s'utilitzaven paraules d'un dialecte català poc conegut per mi, però la resta d'expressions m'eren prou conegudes ("gaudir", "servicis", "hui", "rendibilitat", "termini"...); com que els mestres que he tingut de valencià sempre m'havien dit que quan s'escriu un text en català cal emprar, sempre que sigue possible, unes mateixes formes dialectals, m'he dit a mi mateix que el que va fer el text del díptic simplement es va perdre eixa classe, com qui es perd un capítol de Barrio Sésamo, i el xic o la xica (o el senyor o la senyora) s'ha dedicat a barrejar termes de les normes de Castelló amb termes de les normes secessionistes d'El Puig segons com li sonaven de bé les paraules.

Però tornem a l'enigmàtica frase de la caràtula del díptic i deixem estar al creador de la criatura; com que me n'he adonat que al díptic s'utilitzaven indistintament paraules del català oriental ("gaudir", "rendibilitat", "termini"...) o paraules del valencià de l'Horta ("servicis", "hui"...), he pensat que trobaria la paraula eixa que em destrossava l'enteniment, així que me n'he anat al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i he buscat la parauleta dels collons. "Aïna", li he posat. I res: "No s'ha trobat cap entrada coincident amb els criteris de cerca". He canviat les condicions per a buscar la paraula i he elegit que el text ("aïna" una altra vegada) es buscara en qualsevol posició. ¡I allà estava, dins la llista de paraules que contenien el text buscat!: "Aïnar". ¿Un verb? Sí, un verb. Però m'enllaçava a un sinònim: "rellinar"; una altra paraula que no em sonava a res i que, una vegada substituïda a la frase ("Més rellina planassos"), em deixava amb el mateix gest de no entendre ni papa, exactament igual que al principi; així que li he donat a l'enllaç i... "El cavall, cridar". I ja està. És a dir, "relinchar".

El primer que m'ha vingut al cap ha sigut que, amb tot açò de la independència catalana, el díptic era un missatge subliminal per al President de la Generalitat de Catalunya: la traducció al castellà seria "Más relincha planazos". Però això seria massa per a la carabassa, així que he continuat la meua cerca.

Google no ha donat cap resultat, així que me n'he anat on creia que, pels catalanismes inclosos al díptic, no caldria anar: al Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (on, per cert, hi ha un pròleg -"pròlec"- que es mereix un premi a la manipulació i a l'ocultació de dades històriques, a més de ser una autèntica pallassada lingüística). I allà si que estava la paraula "aïna" (ocasió o atifell de cuina per a contindre líquids), però també l'expressió "més aïna": "adverbi de temps, equival a més pronte, ans, abans"; sincerament, no he sabut ben bé quina definició aplicar-li a l'enigmàtica frase, ja que les frases en valencià no tenien massa sentit i les corresponents traduccions al castellà tampoc:

• "Ocasió planassos" -> "Ocasión planazos". Esta es la definició que té més sentit, però pareix faltar-li algun símbol d'admiració que no es troba a enlloc.
• "Atifell de cuina planassos" -> "Cacharro de cocina planazos". Obviament, esta és la més absurda de totes les definicions possibles. Descartada, perquè al díptic no diuen res de què regalen cap vaixella, cap paella ni cap olla.
• "Més prompte planassos" -> "Más pronto planazos". ¿Voldran dir que cal donar-se pressa per a contractar els plans de pensions abans que els tanquen la paradeta?
• "Ans planassos" / "Abans planassos" -> "Antes planazos". ¿I ara, ja no ho són? ¿Per a què els publiciten?

El que queda clar és que qui va fer el díptic (o el que el va traduïr) va fer bé en no marcar el nom de la seua impremta al revers com a autora d'esta comunicació publicitària, perquè el missatge principal és indesxifrable i, per tant, no fa la funció que hauria de fer; els diners que s'haurà gastat Bankia en fer una publicitat que no entén ningú suposo que també l'haurem pagada entre tots els espanyols.

Però tranquils, no vos deixaré amb el dubte de quin significat té esta enigmàtica frase; el díptic també estava en castellà (sí, n'he tingut que agafar un):

Així doncs, caldrà donar-li l'enhorabona a eixe lingüista valencià que han posat a Bankia i que ha aconseguit demostrar que les teories secessionistes del blaversime, que diuen que el valencià és diferent del català (¿què li costava posar "Més be planassos"?), són certes; el problema és que és tant diferent del català que no l'entenem ni a Castelló.

La cifra equivocada del neoliberalismo

Pues sí, resulta que, según el último informe del FMI, las teorías neoliberales se han equivocado en una cifra; el problema es que esa cifra errónea les ha servido durante décadas para demostrar lo contraproducentes que resultan las inversiones públicas, o lo que es lo mismo, les ha servido durante décadas para atacar cualquier intervención estatal que intentara corregir los desequilibrios de aquella mano invisible de los mercados que nunca parece haber funcionado más allá de los modelos numéricos de los economistas neoliberales.

Tampoco es que el error haya sido de varios ceros, no vayan ustedes a creer; se equivocaron de un 0,5 a un 1,7, aunque la actual crisis europea parece haber demostrado que el error alcanza al 2,5. Tranquilos, que es muy fácil de saber cómo nos han estado engañando con un ejemplo práctico.

La cifra en cuestión es la que mide el efecto real (efecto multiplicador) en las economías cuando se realiza un recorte en el gasto público; para centrarnos un poco, esa cifra se utiliza para contabilizar el efecto que podía tener en la economía real un recorte en la sanidad de 10.000 millones de euros.

Aplicando las teorías económicas neoliberales, se preveía que ese recorte en los gastos de sanidad de 10.000 millones de euros podía resultar en una contracción en la economía real de 10.000 x 0,5 = 5.000 millones de euros; de esta forma, la cuestión consistía en que si por una parte se consigue un ahorro de 10.000 millones de euros y por la otra la economía se retrae en sólo 5.000 millones, el ahorro siempre es mayor y podrá destinarse, en un futuro, a contrarrestar la caída de la economía a través de inversiones públicas. Es decir, que para cubrir los 5.000 millones de retracción de la economía habrá siempre dinero, puesto que el ahorro en el gasto público será siempre superior (exactamente el doble) a la contracción (en cualquier caso, si los gobiernos socialdemócratas decidieran destinar la mitad del ahorro a contrarrestar la contracción económica, siempre quedaría un ahorro de la otra mitad, por lo que las políticas de austeridad son siempre beneficiosas para la sociedad en su conjunto).

Pues bien, ahora apliquemos el ejemplo con las nuevas cifras estimadas por el FMI, que se han reformulado en una horquilla que va desde el 0,9 al 1,7 (aunque, como se ha dicho, parece haberse comprobado que en la actual crisis europea se ha alcanzado un coeficiente del 2,5).

Tomando el valor mínimo de esa cifra (el 0,9), tendríamos que el ahorro de 10.000 millones de euros en la sanidad pública produce una contracción de la economía de 9.000 millones de euros, por lo que el ahorro real (si el gobierno quisiera destinar ese ahorro a inversiones públicas, que tampoco es el caso) sería de 1.000 millones de euros. Eso en el mejor de los casos, porque si tomamos la cifra más alta de la horquilla, resulta que el ahorro de 10.000 millones de euros en sanidad no sólo ha dejado sin cobertura a miles de españoles, sino que además ha supuesto una contracción en la economía de 17.000 millones de euros (o lo que es lo mismo, el coste económico real de la medida ha sido de 7.000 millones de euros).

Pero el problema es que esa cifra del 1,7 es en realidad del 2,5 en Europa, por lo que al ahorrarnos 10.000 millones de euros en la sanidad pública hemos provocado una contracción de la economía productiva de 25.000 millones de euros, o lo que es lo mismo: nos ahorramos 10.000 millones de euros para perder 25.000 millones por otro lado.

Y no sólo eso, sino que teniendo un gobierno que aplica medidas neoliberales para salir de la crisis (es decir, que ahorra en los presupuestos pero no reinvierte en nada), el ahorro de la sanidad pública nos ha costado 35.000 millones de euros: 10.000 millones de euros que ahora tenemos que pagar nosotros por los medicamentos y por la caída en la calidad de la sanidad y 25.000 millones de euros más por la gracia del ajuste.

¿Y Rajoy, va a hacer algo para evitar que los nuevos recortes incluidos en los PGE de 2013 nos acaben de hundir en la miseria? Pues me temo que, con la cintura que tiene este hombre, va a ser que no.

Conspiraciones para todos los gustos: el oro de la Reserva Federal

Las grandes conspiraciones mundiales abarcan la práctica totalidad de la vida real, desde el terrorismo (como el 11-S y el 11-M) hasta el poder político (con la omnipresente masonería como máximo exponente) y pasando, sobre todo, por el poder económico; de este último tipo de gran conspiración me llegó hace un tiempo un delirante vídeo titulado “El robo de oro más grande de la Historia” y publicado, cómo no, en Youtube.

El robo de oro más grande de la Historia

Para no crear demasiadas expectativas para los excesivamente crédulos, advertir que esta conspiración se basa en la supuesta falsificación de cuatro lingotes de oro (serían en realidad lingotes de tungsteno recubierto de oro) teóricamente provenientes de un banco de los Estados Unidos (del cual nunca se llega a citar el nombre) que fue descubierta por el siempre transparente gobierno Chino; la conclusión a la que llega esta teoría es que no fueron cuatro los lingotes de oro falsificados, sino que todo el oro de la Reserva Federal americana es falso. El hilo conductor de toda la trama, para quien no quiera perder el tiempo con los casi quince minutos que dura el vídeo, está recogido en este documento de Word con todo el texto transcrito literalmente.

Como cualquier teoría conspirativa que se precie, se aportan un buen número de datos que se van intercalando con impresiones subjetivas del autor, en gran parte imposibles de comprobar y en menor medida consecuencia de una interpretación sesgada o incompleta de los datos.

El vídeo se inicia con lo que se ha denominado “Antecedentes”, el primero de los cuales es una reunión en 1910 de “los banqueros de la Élite”, entre los que se citan nombres famosos como Rockefeller, J.P. Morgan o Rotschild; dicha reunión secreta, en la Isla de Jekill, es conocida y reconocida como parte de la creación de la Reserva Federal, aunque el verdadero antecedente de ésta no sea ni tan secreto ni tan misterioso, puesto que se originó en el Congreso de los Estados Unidos en 1908 a iniciativa de un senador republicano llamado Nelson W. Aldrich (presente en la citada reunión secreta de 1910) como respuesta a una serie de crisis financieras puntuales en Estados Unidos que llevó a la quiebra de varios bancos en 1907, creándose la Comisión Monetaria Nacional con el fin de estudiar las necesidades financieras del país y la imposición de normas y organismos que permitiesen evitar más colapsos como los acaecidos en los años anteriores; dicha comisión permaneció activa desde 1909 hasta 1912, año en el que los demócratas, contrarios a la creación de un banco central en los términos expuestos por el llamado Plan Aldrich, arrebataron el control del Congreso y del Senado a los republicanos.

Esta ruptura política es ignorada por el vídeo, puesto que reconocerla restaría credibilidad a la reunión secreta de banqueros illuminati como origen directo de la Reserva Federal, dando al traste en consecuencia con las posteriores afirmaciones sobre la relación directa de esta sociedad opaca y las razones últimas de la creación de la Reserva Federal.

De hecho, de los cuatro banqueros que se citan como asistentes a aquella reunión de 1910, uno de ellos ni tan siquiera lo era (Rockefeller), mientras que otro (Rothschild) era un banquero inglés totalmente ajeno a aquella reunión, a la que en realidad asistieron el senador Aldrich, Paul Warburg (un abogado especializado en temas financieros) y A. Piatt Andrew (secretario de la citada Comisión Monetaria Nacional), siendo los únicos banqueros presentes en la reunión Frank Vanderlip (presidente del National City Bank), Harry P. Davison (uno de los socios de J.P. Morgan) y Benjamin Strong (vicepresidente de Bankers Trust Co.).

El siguiente paso es introducir a los illuminati en el ajo; basta con introducir en Google el nombre de referencia (un tal Daniel Payseur, supuesto hijo de María Antonieta) y nos encontramos con este enrevesado artículo. Sin embargo, algo empieza a tambalearse en la teoría cuando los supuestos fideicomisarios del tal Daniel Payseur (Rockefeller o J.P. Morgan) no llegaron ni tan siquiera a conocerle, puesto que ambos eran unos donnadies cuando supuestamente murió aquél (en 1860); la única forma de relacionarlos es a través del recurso utilizado en el último artículo enlazado: la ocultación del nacimiento de hijos que aparentemente no tienen relación con los illuminati pero que en realidad son hijos ilegítimos de la familia que nos interese implicar en la gran conspiración (de hecho, María Antonieta tuvo cuatro hijos, ninguno de ellos con ese nombre).

Las contradicciones temporales de la trama se acrecientan con la inclusión en la gran conspiración de los Windsor, ya que nunca pudieron poner al frente de la Compañía de Virginia (disuelta en 1624) al tal Daniel Payseur (nacido en 1785).

La posterior referencia a la muerte en el Titanic de tres supuestos detractores de la creación de la Reserva Federal obvia la muerte de otras personas muy cercanas a los incluidos como illuminati en otros párrafos, como pueda ser el caso del Mayor Archibald Willingham Butt, mano derecha de Theodore Roosevelt; más allá de la cancelación de su pasaje por parte de J.P. Morgan (que por otra parte ha dado lugar a las más variopintas teorías sobre las razones que le llevaron a no realizar la fatal travesía), el resto de datos son completamente falsos (ninguna expedición suiza ha encontrado agujeros hechos con láser en el Titanic).

El siguiente paso es restar legitimidad a la creación de la Reserva Federal, introduciendo para ello una completa falsedad, puesto que, lejos de haber sido aprobada bajo un aura de secretismo, su creación fue votada el 22 de Diciembre de 1913 por 434 de los 435 miembros del Congreso (con 298 votos a favor, 60 en contra y 76 abstenciones) y el 23 de Diciembre por 95 de los 98 miembros del Senado (con 43 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones), que al parecer ni estaban aun en sus casas celebrando la Navidad ni fueron sorprendidos por una ley que llevaba meses debatiéndose en ambas cámaras.

Toda la gran conspiración que viene después no tendría sentido sin ese halo de falso secretismo que se ha ido introduciendo en los hechos más lejanos en el tiempo (y, por lo tanto, más difíciles de contrastar); así, la caída del patrón oro instaurado en Bretton Woods en 1944 tuvo varias causas, y no sólo la petición de Francia (Gran Bretaña también lo pidió el mismo año) de cambiar sus sobrantes de oro en dólares en 1971. La Guerra de Vietnam (varios años antes) supuso para Estados Unidos el envío de miles de millones de dólares para sufragar los costes de aquella guerra, lo que provocó que la balanza comercial de Estados Unidos fuese perdiendo su habitual superávit; aquel gasto bélico inmenso, que se inició en 1964, no pudo ser respaldado con oro, por lo que muchos países (plenamente conscientes de esta falta de respaldo) empezaron a cambiar los dólares sobrevalorados por otras monedas como el marco alemán o por oro. Dentro de este proceso de caída del dólar como moneda refugio y de los problemas en la balanza comercial de Estados Unidos se produce la petición de Francia y de Gran Bretaña de cambiar sus sobrantes de dólares por oro y la consiguiente caída en las reservas de este metal precioso en las instalaciones de la Reserva Federal en Fort Knox; el 15 de agosto de 1971, Nixon toma la decisión de suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro, pero ya en anteriores ocasiones durante ese mismo año se intentaron, bajo la amenaza de una devaluación interna del dólar, otras medidas menos drásticas que no fructificaron (todas ellas destinadas a recuperar el superávit en la balanza comercial estadounidense).

Estados Unidos consiguió con aquella medida que fuesen los demás países los que tuviesen que realizar un ajuste al alza de sus monedas, evitando de esa forma una devaluación interna del dólar que Richard Nixon se negaba a llevar a cabo.

Por supuesto, la historia de las cámaras vacías de oro de Fort Knox son completamente falsas, puesto que aun se mantiene a día de hoy en esas instalaciones (según las cifras oficiales) oro por valor de más de 200.000 millones de dólares (muy por debajo, eso sí, del billón de dólares -a precios equivalentes hoy- que se llegaron a almacenar durante la II Guerra Mundial); la leyenda del robo de todo el oro de Fort Knox por parte de la familia Rockefeller (que se lo habría llevado a Gran Bretaña, según esa leyenda, a través de la vicepresidencia de Nelson Rockefeller durante el mandato de Gerald Ford) proviene de las trabas que se pusieron desde 1960 y las continuas negativas (por motivos de seguridad, como es habitual en ese país) para que una comisión de civiles realizase un inventario del oro existente en esas instalaciones. Aquella Comisión del Oro creada por Ronald Reagan en 1981 de la que se habla en esta teoría de la conspiración no tenía encomendado realizar ningún inventario; de hecho, su trabajo no consistía en comprobar la existencia de oro en Fort Knox, y ni tan siquiera tenía que visitar aquellas instalaciones: aquella comisión (creada en 1980 por Jimmy Carter, aunque constituida durante los primeros meses del mandato de Ronald Reagan) tenía encomendado un informe para decidir, por una parte, si debían revisarse las cuotas que Estados Unidos aportaba al FMI (creado en Bretton Woods junto a la convertibilidad del dólar en oro), y por otra parte si se retomaba el patrón oro abandonado en 1971 o si se abandonaba definitivamente aquel sistema iniciado en 1944. Un resumen de aquel informe (que se dio por finalizado el 31 de marzo de 1981), elaborado por una de las comisionadas (Anna Schwartz, fallecida recientemente), está disponible aquí; cabe destacar que entre la minoría de comisionados a favor de restablecer el patrón oro estaba un tal Ron Paul, uno de los creadores del Tea Party, por lo que siguen existiendo testigos vivos de aquella comisión que, supuestamente, vio vacías las cámaras de oro de la Reserva Federal.

Otra gran conspiración que aprovecha Internet para relanzarse; por suerte, también la información disponible en Internet puede matarla.

Los renegados

La derecha reniega de sí misma, y no es para menos. Ahora se autoproclama progresista y social, a la vez que intenta convencernos de que el progresismo es conservador y que las izquierdas son una reliquia del pasado que dejaron de estar vigentes con la caída del Muro de Berlín.

Es muy complicado hoy encontrar a una persona conservadora que acepte que lo es; los conservadores siempre han tendido, en las sociedades abiertas y democráticas, a ocultar su ideología ególatra; hace un tiempo se delataban cuando decían que no eran ni de derechas ni de izquierdas, pero ahora esa fórmula se ha extendido también entre otros renegados (los progresistas que no quieren ser confundidos con los antisistema o con el comunismo leninista), por lo que, aun cuando estemos en cualquier caso ante un renegado, no podemos asegurar sin más hacia qué lado carga. Pero centrémonos en los renegados conservadores, los que cargan hacia la derecha o muy hacia la derecha...

Resulta curioso discutir con uno de estos renegados porque tiende compulsivamente a tildarte de conservador (o hasta de fascista, pero eso con otros argumentos); hasta cierto punto, te hace gracia, porque tiene lógica: en una época en la cual la única política vigente y previsible consiste en la austeridad y en los recortes de derechos, defender los derechos laborales alcanzados a lo largo de dos siglos es intentar conservarlos, por lo que, efectivamente, eres semánticamente conservador. Sin embargo, el interlocutor renegado no lo entiende como un concepto lingüísticamente lógico, sino como un concepto plenamente ideológico: el progresista es él (quiere cambiar la sociedad tal y como la conocemos, quiere hacerla progresar), por lo que tú, que te opones a ese progreso, eres el conservador.

Esta perversión del lenguaje (retrotraer los derechos laborales a los existentes hace 30, 50 ó 100 años no es progresar, por mucha lógica que se le quiera aplicar a la semántica) es muy común entre los conservadores renegados, conscientes de que las políticas de privilegios hacia las minorías pudientes como medida de progreso de un territorio es la forma en la que se organizaban las sociedades feudales, cuya principal preocupación era disponer del mayor número de vasallos o de esclavos para progresar más que el señor feudal de al lado, limitándose todo progreso social (de la sociedad) a la mayor seguridad que podía otorgarles el señor a sus vasallos; así pues, para evitar las acusaciones de pensar única y exclusivamente en sí mismos (como hacían los señores feudales, los aristócratas y los cortesanos en la Edad Media), los conservadores han decidido renegar de sus principios ideológicos y, pervirtiendo el lenguaje, autoproclamarse grandes progresistas.

Por supuesto, semánticamente podemos darles la razón: los conservadores buscan el progreso económico, que se consigue otorgando facilidades, privilegios y derechos a las empresas (o a los emprendedores, como les gusta decir ahora a los neoliberales) y a las clases capitalistas (que pueden destinar su dinero a la creación de empresas), y éstas se encargarán de traer el progreso al resto de la sociedad; es decir, que el progreso económico de la minoría traerá por sí solo el progreso social de la mayoría. Obviamente, para conseguir que esto sea una realidad, la mayoría ha de renunciar a gran parte de sus derechos (que no son tenidos como tales, sino como privilegios otorgados temporalmente por las clases dirigentes) para que la minoría tenga plena capacidad para destinar todos sus recursos (y los de los demás) al progreso económico (a su progreso económico) para que, una vez saciados de beneficios, éstos repercutan en la mayoría. Efectivamente, es la teoría que dio lugar a aquel capitalismo que explotaba incluso a los niños, cuyos únicos derechos consistían en poder dar las gracias al emprendedor que le dejaba trabajar a cambio de ahorrarle su comida a su familia. "Pero la explotación infantil no se puede dar hoy, porque tenemos leyes que los protegen", dirán algunos; sí, cierto: igual que existían leyes que protegían la explotación laboral y que no permitían trabajar 84 horas semanales ó 132 horas en once días consecutivos, algo derogado por la actual reforma laboral cuando la empresa pueda demostrar (a través de su propia contabilidad, sin controles externos de ningún tipo) circunstancias económicas negativas. Todo por el progreso económico.

Los conservadores renegados (a quienes les da vergüenza aceptar públicamente que en esta vida les guía única y exclusivamente su avaricia económica) no dudarán en poner a Estados Unidos o al Reino Unido como ejemplos a seguir en estas teorías del progreso económico como fuente del progreso social; no cabe duda que ambos países son dos potencias económicas, por lo que también aquí deberemos darles la razón: las teorías neoliberales consiguen que las economías progresen más que bajo otras ideologías. Ahora bien, los ejemplos de progreso social generado por el progreso económico que conocen estos renegados (o al menos los que transmiten en público) son los de las grandes fotografías que podemos observar en pleno centro de la City londinense o en los alrededores de Wall Street, no de las otras que ponen de manifiesto (como los datos sobre pobreza de estos dos países símbolos del capitalismo) que el progreso social no llega por sí solo con el progreso económico de las minorías capitalistas (y por eso existen suburbios cada vez más amplios de excluidos sociales en ambas ciudades o diferencias cada vez más escandalosas entre el nivel de vida de las minorías capitalistas y el de la mayoría de la población).

Pero para comprobar los efectos reales del progreso económico de las minorías como fuente de progreso social de las mayorías no hay nada como acudir a los ejemplos de países cuya sociedad ha estado siempre inmersa en la pobreza (los países del tercer mundo o en vías de desarrollo); la adopción de medidas neoliberales en estos países ha sido siempre unánimemente aplaudida por estos conservadores renegados como un primer paso para el progreso social y la consiguiente salida de la pobreza de la mayoría social. Todos ellos han fracasado.

Al aplicar esas teorías neoliberales del progreso económico a la realidad nos encontramos con una completa ausencia de plazos en los que, supuestamente, debería trasladarse la riqueza sobrante de la minoría al progreso social de la mayoría; esto significa que las minorías capitalistas no tienen plazos para saciar su avaricia de beneficios y las mayorías pobres no tienen perspectivas temporales para disfrutar de una parte del maná capitalista. Fue el caso, por ejemplo, del Zimbabwe de Mugabe (ver este artículo en el diario Expansión publicado en 1999): se aplaudió que el 90% de la formación bruta de capital fuese de carácter privado (comparándolo con el 44% de Kenya), que el PIB per cápita doblara al de otros países de su entorno (al de Kenya, por ejemplo) y otras muchas cifras macroeconómicas comparadas (teléfonos por habitante, ordenadores por habitante... siempre en comparación con Kenya). En definitiva (concluía el artículo publicado en Expansión a modo de dogma): "Estos hechos prueban que los africanos son capaces de mejorar sus vidas si se da vía libre a la iniciativa privada y a la economía de mercado". Pero, ¿cuál era la realidad social de aquel país africano, aplicado discípulo desde 1991 de aquel progreso económico que había de traer por sí solo el progreso social?

La riqueza de Zimbabwe provenía en 1999 (año de los aplausos neoliberales a aquel país), principalmente, de los cultivos de maíz, de soja y de tabaco; aquella tierra cultivada estaba en manos de unos 4.000 terratenientes ingleses (la población de Zimbabwe es de 12 millones de personas). Por contra, más de la mitad de la población de aquel ejemplo de país capitalista necesitaba en 1999 ayuda alimentaria que proveían las organizaciones humanitarias, mientras que las tasas para acceder a la enseñanza impedían el acceso a la misma a la mayoría de la población; ¿saben ustedes algo de Zimbabwe desde que apareciese como ejemplo de lo que habían de hacer el resto de países africanos? Tranquilos, que se lo explico.

Al año siguiente de aquel aplauso generalizado entre los teóricos del progreso económico como fuente del progreso social se tuvo que ordenar la expulsión de los terratenientes coloniales porque la riqueza generada por estos no repercutía en mejoras para la población (qué extraño, ¿verdad?) y se realizó una redistribución de la tierra a través de la reforma agraria aprobada en 1991; sin embargo, el gobierno de Mugabe no retomó las políticas socialistas que había abandonado en 1991, sino que siguió abrazado a las enseñanzas capitalistas que le aplaudían los grandes países desarrollados u organismos como el FMI. La ONU tuvo que advertirle de que debían eliminarse las tasas para el acceso a la enseñanza, único progreso social que se ha producido desde entonces a esta parte (están escolarizados hoy más del 90% de los niños en edad escolar); el resto de datos macroeconómicos han ido decayendo debido a las crisis típicas de los desajustes cíclicos del capitalismo, de forma que hoy el PIB per cápita de Zimbabwe está un 30% por debajo del de Kenya, la inflación ha llegado a suponer más de un 150.000% (el punto corresponde al separador de miles, no al separador de decimales), su moneda ha sido sustituida por el dólar estadounidense, el paro afecta al 80% de sus habitantes... Los datos sociales (los que afectan a la mayoría de la población) son completamente desastrosos: la esperanza de vida ha bajado desde los 39 a los 36 años, el IDH (Índice de Desarrollo Humano) está 30 puestos por debajo de Kenya, la mortalidad infantil hasta los 10 años es del 65%, los infectados por SIDA suponen el 30% de los adultos... Lo que se dice un paraíso de progreso social, vamos.

Pero el capitalismo, como los conservadores renegados que lo adulan como ideología, olvida muy rápido a los aplicados discípulos a quienes una coyuntura puntual les hizo merecedores de todo tipo de elogios por las cifras macroeconómicas que esgrimían al mundo a tutiplén; tan repentinas son las apariciones en la prensa económica ante cifras coyunturales milagrosas como las desapariciones en esa misma prensa en cuanto las cifras empiezan a torcerse. Eso sí, la responsabilidad de los desastres sociales en los países que abrazan la ideología neoliberal son siempre ajenos a la propia ideología; sólo las otras ideologías pueden causar desastres sociales: el neoliberalismo económico debe ser entendido siempre como una ciencia exacta, por lo que no puede provocar desastre social alguno. Son la corrupción o las prácticas intervencionistas las que desvían a los discípulos hacia políticas que llevan al desastre social; como si el neoliberalismo eliminase la corrupción, o como si las prácticas intervencionistas no se aplicaran para contrarrestar el nulo progreso social que provoca el milagroso progreso económico de las minorías capitalistas.

Así pues, ante los flagrantes fracasos para traer el progreso social a las mayorías, no es de extrañar que los conservadores (y la derecha en general, que suele abrazar sin demasiados paliativos el elitismo y la egolatría infinita del neoliberalismo económico de las minorías) renieguen de sí mismos para autoerigirse en los nuevos progresistas del siglo XXI; al fin y al cabo, semánticamente lo son. Eso sí, que nadie espere que su progreso económico nos traiga progreso social, porque lo que vivimos hoy en España (la debacle del milagro español, como el de Zimbabwe, como el irlandés o como el estadounidense, milagros basados en la explotación laboral o en el colonialismo -en el caso de Zimbabwe-, en la creación artificial de burbujas económicas y especulativas o en la sustitución de la repercusión de los beneficios capitalistas en la sociedad por productos financieros generadores de endeudamiento -lo que estamos viviendo hoy, consecuencia directa de no haber repercutido los beneficios societarios, a través del incremento salarial o del sistema fiscal, en el progreso social, sustituyéndose por la creación de crédito al consumo-) es lo mismo que han vivido todos los países que han confiado en el progreso económico de las minorías para alcanzar el progreso social de la mayoría: las grandes cifras macroeconómicas han resultado ser un completo espejismo, un progreso económico que ha hipotecado el progreso social de varias generaciones.

Pero ahora los progresistas son los conservadores renegados y los conservadores somos los que no queremos perder los derechos adquiridos durante la etapa en la que el progreso económico sació de beneficios a las minorías que habían de traernos el progreso social.

Y para cerrar esta entrada, no quisiera dejarme en el tintero el recurso al fascismo que utilizan asiduamente estos renegados, tal y como ya he mencionado al principio. La cuestión es bien simple: imponer las condiciones de las minorías al resto de la sociedad es fascismo en estado puro (nótese la contradicción con la teoría del progreso económico de las minorías); ese recurso fácil al fascismo es el argumento preferido contra las políticas de igualdad (habitualmente destinadas a contrarrestar la posición desfavorable de algunas capas sociales, normalmente minoritarias y discriminadas por las más variopintas razones), unas políticas que resultan incomprensibles e injustificables para quienes tienen una concepción clasista y elitista de la sociedad: así, son fascistas las políticas de igualdad de la mujer (ha surgido incluso el término feminazismo para referirse a dichas políticas porque, dicen, buscan la destrucción del varón), son fascistas las políticas lingüísticas de apoyo a las lenguas minoritarias (porque vulneran los derechos de los castellanoparlantes, cuya lengua, sorprendentemente, han de aprender obligatoriamente los no castellanoparlantes)...

¿Y cómo se puede llegar a la conclusión de que las políticas de igualdad son fascistas? Pues por la misma razón por la que el progreso económico de las minorías debe traer, por arte de birlibirloque, el progreso y el bienestar social de las mayorías: porque las élites capitalistas, las clases pudientes, las capas emprendedoras de la sociedad, lo son por derecho propio, mientras que las mayorías sociales deben ser guiadas por el buen camino que marquen aquéllas y deben tomar conciencia de su inferioridad natural y de los errores a los que les llevan los líderes populistas y demagogos que hablan de las masas como algo dotado de la misma inteligencia que las élites. Al fin y al cabo, las desigualdades, las discriminaciones y la selección natural son algo innato en el ser humano, por lo que su erradicación sería antinatural, y mantenerse en esas circunstancias es única y exclusivamente responsabilidad de las personas vagas y poco dadas al esfuerzo personal.

Como es obvio, los renegados conservadores jamás reconocerán que piensan así, porque esa forma de pensar no tiene buena imagen; prefieren empobrecer, analfabetizar, indignificar a las mayorías sociales mediante políticas de recortes de derechos para que éstas se dediquen a su propia supervivencia. Una vez conseguido ese objetivo, la vía estará libre para evitar redistribuciones de la riqueza que sólo perjudican al progreso económico de las minorías.

Benafigos dins la nova agrupació de municipis del PP

No resulta gens fàcil plantejar-se el que vaig a plantejar a continuació, perquè la base des de la qual es parteix és la desaparició del poble on vaig viure cada dia de la meua infantesa i de la meua adolescència; però, tal i com es van desenvolupant els aconteixements, o prenem nosaltres la iniciativa o ens passaran per damunt i ens imposaran per decret llei un altre nom, una altra identitat i uns altres de tot, així que caldrà començar a pensar amb quins pobles ens volem integrar per a fer un conjunt econòmicament rendible.

Tant se val estar en contra de l’agrupació de municipis, perquè les coses avui en dia funcionen com funcionen i si la iniciativa ja s’ha presentat davant la Unió Europea serà difícil (quasi impossible) que, més prompte o més tard, l’agrupació de municipis no es fage realitat; primer, perquè avui són els criteris econòmics els que prevalen per damunt de qualsevol altre criteri, i els pobles de l’interior de Castelló, econòmicament, no seran mai rendibles perquè fa ja molt de temps que la seua principal força econòmica (el sector primari) ha quedat arrasada pels mercats externs. Temps hi haurà per a intentar que eixos criteris de rendibilitat econòmica deixen de ser no només prevalents sino inclús relevants en les decisions sobre identitats col·lectives; però ara mateix només té dret a existir qui demostre que té una rendibilitat econòmica, i el primer criteri que s’ha decidit aplicar per a aconseguir eixa rendibilitat són les economies d’escala. Així que ens haurem de posar a la feina fins que el món canvie.

Com podem observar al mapa de l’actual situació censal de l’interior de Castelló, això de les economies d’escala és una cosa completament desconeguda per a nosaltres; dels 48 pobles que he pintat al mapa, només hi ha un que supera eixe teòric límit dels 5.000 habitants que servirà per tindre la consideració de poble: L’Alcora (a l’Alcalatén), amb 10.856 habitants. Tots els altres pobles han de desaparéixer com a tals, perquè cap arribe, ni de bon tròs, a eixa xifra de tall (La Vall d’Alba i Cabanes, amb 3.036 i 3.019 habitants respectivament, són els que més s’apropen).

Si al mapa de dalt excloem els sis pobles pintats de morat (que estan fora de les quatre comarques analitzades i que s’han inclòs per a intentar quadrar les xifres d’habitants), tenim una mitja de 1.122 habitants per poble; i si contem només les tres comarques interiors (part de la Plana Alta –no estan els pobles de més de 5.000 habitants ni els que no tenen bones comunicacions amb Benafigos– s’ha inclòs també per a quadrar les xifres), la mitja és d’apenes 987 habitants per poble, o el que és el mateix, farien falta almenys sis pobles de mitja per a fer un municipi amb els nous criteris poblacionals.

Però el primer que haurem de considerar és que els pobles que superen la xifra de tall no estaran disposats, en un principi, a perdre eficiència dispersant territorialment (i a distàncies considerables) els serveis dels quals disfruten ara dins un nucli de població més o menys compacte; així doncs, L’Alcora (cap de la comarca en la qual està Benafigos avui) la descartarem i haurem d’acceptar que es mantindrà com a poble amb la seua actual extensió (així doncs, els pobles de la nostra comarca sumarien 5.759 habitants). La mitja de les tres comarques interiors sense l’Alcora passa a ser ara de 647 habitants per poble, és a dir, que farien falta vuit pobles per a fer un dels nous municipis econòmicament rendibles.

El mapa superior mostra els quinze municipis que, avui, tenen més de 1.000 habitants; estos pobles ens serviran com a referència per a anar creant agrupacions municipals als seus voltants. Així doncs, podem començar ja a plantejar-nos vàries possibilitats; la primera d’elles serà el retorn a la històrica Setena de Culla (Atzeneta, Benafigos, Benassal, Culla, La Torre d’En Besora, Vilar de Canes i Vistabella), però ens trobaríem amb el primer problema: entre els set pobles només arribem avui als 4.176 habitants, així que esta no és una opció vàlida.

Les possibles opcions per a arribar a la xifra de tall teòrica dels 5.000 habitants passarien per què es juntés també o bé Vilafranca (2.527 habitants), o bé Albocàsser i algun altre poble (un mínim de 1.443 habitants), o que Costur, Les Useres i Xodos en formaren part també (en conjunt sumarien 1.719 habitants); l’opció de Vilafranca no seria viable en un principi per quant l’actual comarca de l’Alt Maestrat es quedaria (sense Benassal, Culla, La Torre d’En Besora ni Vilar de Canes) amb 3.059 habitants; no obstant, sí que seria vàlida si Ares i Catí passaren a la comarca encapçalada per Morella (que podria arribar així als 6.229 habitants) i Albocàsser i Tírig (2.003 habitants en total) se sumaren a una possible unió amb Les Coves de Vinromà, Sarratella i La Serra d’En Galceran (3.206 habitants), ampliable a Vilanova d’Alcolea i a La Torre d’En Doménech (968 habitants més).

Les agrupacions entorn als municipis de més de 1.000 habitants pareix que fan massa complicada la configuració dels nous municipis entorn a algun nucli fort, així que provarem amb els municipis de més de 1.500 habitants, que es redueixen avui a vuit pobles.

El resultat de les agrupacions entorn a estos vuit pobles podria ser la reducció de 50 pobles a només 6:

He deixat com a nom de cada poble el nom del que més habitants té avui dins de cadascuna de les agrupacions proposades; a més, donada la disminució constant de la població a totes estes zones, pareix convenient deixar un marge suficient d’habitants per a què no es tinga que fer una reestructuració en pocs anys, de manera que tots els nous pobles tenen un mínim de 6.000 habitants.

Tot i que este darrer mapa podria ser la possibilitat més probable, no podem oblidar que, a més dels criteris poblacionals, pesaran també (potser més que els poblacionals) els criteris econòmics (a més d’alguns altres, com els històrics, però segurament amb molt poc de pes), de manera que haurem de comprovar quina viabilitat té cadascun dels municipis de l’interior nord de la nostra província; dins dels vuit municipis de més de 1.500 habitants que es mostren al mapa, potser Llucena siga la que menys viabilitat futura tinga (a més de ser un poble que pot perdre en breu la condició de major de 1.500 habitants), de manera que els pobles que he integrat dins de la seua delimitació podrien tindre que passar a alguna de les altres agrupacions (la de Sant Joan de Moró i la de Vilafranca, o potser inclús passar a formar part de l’Alcora).

Els criteris històrics, com he dit, crec que tindran poc de pes; així, que Vilafamés passe a dir-se Sant Joan de Moró o que Cabanes passe a dir-se La Vall d’Alba no pareix que vage a ser un problema vist des de la perspectiva de Madrid o d’Europa, tot i que internament puga sorgir algun tipus de malestar patriòtic.

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Wertgüenza de periodistas guerracivilistas

Empecemos por Pío Moa, no por su condición de periodista, sino por su actual visión de la Historia de España (otros antes, por convicción o para sobrevivir al régimen dictatorial, ya la tuvieron), y más en concreto de la Guerra Civil (una visión que está calando, por cuanto les exime de cualquier culpa, entre los herederos ideológicos de aquellos golpistas): el golpe de Estado del General Franco en 1936 no fue el inicio de aquella guerra, sino que fue la consecuencia –necesaria, inevitable– de las políticas izquierdistas anteriores, de la ilegitimidad de los gobiernos socialistas y, sobre todo, se trató de la reacción lógica y esperable al verdadero inicio de la Guerra Civil española. ¿Y cual fue el inicio real de aquella guerra según esta visión de la Historia? Pues las revueltas sociales de 1934.

Hoy (en realidad desde que Aznar perdió las elecciones en 2004), esos herederos ideológicos de los militares golpistas del 36 están intentando preparar el terreno para volver a justificar otro golpe de Estado y poder así responsabilizar del mismo no a los sublevados, sino a la intolerable progresía socialista o al inadmisible totalitarismo comunista: el orden, la paz social, el futuro de España, podría requerir un mandato –militar o civil– con restricción absoluta de las libertades democráticas, y estos periodistas están preparando las hemerotecas para que futuros historiadores de la talla de Pío Moa puedan comprobar cómo un posible golpe de Estado de ideología fascista sería siempre responsabilidad de las ideologías contrarias.

El Mundo, La Razón y La Gaceta, y también –aunque en menor medida– el ABC, están llevando a cabo verdaderos ejercicios de manipulación, de tergiversación, de peligrosas generalizaciones delictivas a cualquier masa social que se atreva a levantar la voz; y todo ello no en artículos de opinión interiores, sino en sus portadas, para dejar buena constancia de lo que pueda justificar un nuevo golpe de Estado.

Esta actitud guerracivilista, de ir preparando la justificación de una posible solución totalitaria ante la degradación de la convivencia interna, se inició tras los resultados electorales de 2004: la policía corrupta, absolutamente controlada por los socialistas en la oposición, había preparado, colaborado u ocultado información para que los atentados del 11-M pudiesen llevarse a cabo y variasen así los resultados de aquellas elecciones en favor de los propios socialistas. El gobierno socialista, por lo tanto, debería ser considerado ilegítimo: aquellos atentados supusieron un golpe de Estado socialista en toda regla, como también lo fue, según Pío Moa y un cada vez mayor número de ciudadanos ideológicamente conservadores, lo acaecido en 1934 en España. El Mundo, La Razón o La Gaceta siguieron esta premisa de la ilegitimidad del gobierno socialista durante los siete años de mandato del PSOE. Todas las semanas; casi todos los días. Cualquier iniciativa legislativa contraria a la ideología conservadora era motivo suficiente para recordar la ilegitimidad de aquel gobierno.

Ahora, con un gobierno conservador al frente de un país arruinado por unos bancos avaros, por el fraude fiscal de las grandes empresas, por la ególatra mentalidad de nuestros acreedores –y supuestamente socios– europeos y por una corrupción política de dimensiones vergonzosas, lo que debe transmitirse en las portadas de estos periódicos es la radicalidad de los parados vagos, de los estudiantes manipulados, de las familias obreras aburguesadas que vivieron por encima de sus posibilidades, de los trabajadores con sueldos devaluados, de los funcionarios con sueldos congelados, de los catalanes separatistas: las calles se llenan de violentos en cada manifestación. Debe transmitirse la idea de que la sociedad que se opone a los recortes sociales, educativos y sanitarios, a la transferencia de fondos públicos para salvar las pérdidas de las entidades financieras o a la corrupción política, es una sociedad violenta, antidemocrática, totalitaria: hay que transmitir que cualquier respuesta a esa violencia ciudadana puede –o incluso debe– ser también violenta, sea ésta policial, militar o de cualquier otro tipo. La violencia del Estado se justifica así con toda su amplitud, en cualquier momento, lugar o circunstancia; se ejerza con legitimidad o no.

Ayer, las asociaciones de madres y padres de alumnos decidieron secundar las jornadas de protestas por los brutales recortes en la educación pública convocadas por los estudiantes. «Así educan a sus hijos: Los padres de la CEAPA [Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos] defienden en un manual no repetir curso, quitar autoridad al profesor y prohibir la Religión en las aulas», «La izquierda más bestia de Europa: La CEAPA, plataforma socialista de padres de alumnos, […] queda inevitablemente manchada por sucesos tan siniestros como el de la otra tarde [el martes, jornada en la que la CEAPA no había convocado protesta alguna] en Mérida, con ese asalto a un colegio salesiano al grito de “¡Dónde están los curas, que los vamos a quemar!”. Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden [¿?] la barbarie de los nenes», «La huelga política en la educación pincha con un apoyo de sólo el 23% [según el Gobierno, que incluye a los centros concertados –el 40% de los colegios de infantil y primaria– en su contabilidad]: Las aulas apenas notaron los paros en Secundaria a pesar del apoyo de una asociación de padres [la mayoritaria]».

Salen a la calle y faltan a clase los descerebrados, los radicales, los analfabetos, los socialistas, los comunistas, los alteradores profesionales del orden público y de la paz social; los que salen a la calle, los violentos, tienen nombre y apellidos (El Mundo no duda en dar sus señas y mostrar su fotografía en portada –tal y como ya hiciese La Razón en su día con uno de los dirigentes del Sindicato de Estudiantes– y sentenciarlo sumarísimamente como el instigador del asalto al colegio de los Salesianos de Mérida que cita La Gaceta en su portada), pero ayer cualquier padre o cualquier madre que secundara las protestas se convirtieron en posible objetivo de estos periodistas guerracivilistas: la depuración social y el escarnio público de los padres y estudiantes terroristas («Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna», dijo ayer Alfonso Alonso, portavoz en el Congreso del partido en el gobierno) debe permanecer en las hemerotecas, para cuando corresponda justificar el necesario, el inevitable golpe de Estado que devuelva a los violentos, a los terroristas, a los radicales, a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los parados, a los trabajadores, a los padres, a las madres y a los estudiantes al lugar que les corresponde.

Las mayorías, hoy, se expresan con el silencio. Y si es eterno, mejor.

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PGE 2013: Estocada mortal a la educación pública

Mientras el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, se dedica a jugar al despiste con palabras y frases sacadas de la Junta de Defensa Nacional del bando sublevado contra la legalidad democrática de la II República, la escalofriante realidad de las cifras de la educación pública contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 va pasando paulatinamente a un segundo o incluso a un tercer plano.

Hoy los padres de los alumnos de la educación pública estamos secundando una jornada de protesta por los gravísimos recortes en las partidas de educación que contienen los Presupuestos de 2013; pero no sólo por estos Presupuestos. Si echamos la vista atrás, a los Presupuestos de 2010, y realizamos una comparativa, comprobaremos cómo esta jornada de protesta no sólo está plenamente justificada, sino que es una medida de carácter urgente y necesario: las partidas presupuestarias para la educación de nuestros hijos se han reducido, por los efectos directos de la crisis, un 35,24% en tres años (1.044 millones de euros menos presupuestados en 2013 respecto a 2010).

De los datos comparados de 2010 y 2013, podemos observar cómo las escasas partidas cuyos gastos se han incrementado desde que España pasara a la primera línea de fuego de la crisis financiera corresponden a los suministros (casi 10 millones de euros nos ha costado el aumento de los precios de la electricidad) y a una partida de incentivos salariales que suelen ir a parar íntegramente a los asesores (es la forma que suelen utilizar todas las administraciones públicas para salvar de los recortes a sus afines).

Además, las autonomías han perdido 775 millones de euros de financiación y las familias han perdido 175 millones de euros de ayudas, mientras que las inversiones reales en educación han caído un 61% (15,5 millones de euros menos); por partidas concretas, la formación al profesorado se ha reducido en más de 4 millones de euros (un 54% menos que hace tres años), en educación infantil y primaria hay 484 millones de euros menos para el año que viene que en 2010 (un 75% de reducción), en educación secundaria, FP e idiomas la reducción es del 50% (109 millones menos) y en la universitaria del 67% (250 millones de euros menos).

Pero si las cifras globales causan inquietud a los padres, la desaparición de partidas presupuestarias completas debe ponernos en alerta sobre el negro futuro que le espera a la educación pública: desaparecen las asignaciones para la educación especial y para la educación a distancia no universitaria, así como los 108 millones de euros destinados en 2010 a dotar a las escuelas de las herramientas necesarias para formar a nuestros hijos en el uso de las nuevas tecnologías.

Así, mientras sólo a Bankia le vamos a destinar 24 veces lo que el Gobierno ha recortado en educación, el Ministro Wert insiste en que las protestas estudiantiles y de los padres de esta semana corresponden a manifestaciones radicales y antisistema.

Obviamente, cuando nos quieren tomar el pelo de esta forma tan descarada nos vamos radicalizando contra quien nos acusa de ser idiotas; y, por supuesto, si el sistema nos ha de llevar por este camino (a este ritmo, en 2019 los gastos en educación pública desaparecerían por completo de los Presupuestos Generales del Estado), habremos de declararnos obligatoriamente antisistemas.

Señor Wert, vire usted en otra dirección o lo mejor que puede hacer para servir a sus ciudadanos es dimitir; y lo mismo sirve también para el resto del Gobierno si no es capaz de encauzar convenientemente esta estocada mortal a la educación pública.

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