“Y matadles donde deis con ellos”

José Donís Català, un paisano con el que coincidí en los combates dialécticos contra los argumentos de los Peones Negros (aquéllos individuos que pregonaban que los atentados terroristas del 11-M habían sido un nuevo GAL), ha escrito un libro bajo el título “La quinta invasión: Islamismo 711-2011” en el cual se pone de manifiesto el peligro de que el radicalismo integrista dominante (al menos según lo que transciende en los medios de comunicación) entre los adeptos a la religión de Mahoma acabe devorando a las condescendientes y excesivamente indulgentes democracias occidentales.

Tal y como está concebido el libro, tal vez su lectura permita devolver la visión a algunas personas que prefieren mantener sus ojos vendados ante el evidente (y tan real como los casi 200 muertos del 11-M) peligro de ese terrorismo religioso que utiliza el Corán como justificación a sus muertes indiscriminadas; sin embargo, las sesgadas conclusiones a las que conduce la línea argumental del libro pueden convertirlo en una obra peligrosa y temeraria si no se tienen en cuenta algunas cuestiones que no quedan reflejadas en el texto editado.

Que el Corán, como se demuestra en el libro, contiene enseñanzas y pasajes incompatibles (e incluso confrontados) con nuestras democracias es más que evidente; igual de evidente que resulta que, en base a la lectura literal del Corán, la única conclusión posible a la que se puede llegar es que la religión islámica es cruel, violenta e inmisericorde tanto con los creyentes como con los no creyentes. Y de la misma forma, podría concluirse también (como de hecho se concluye en el libro) que no existe ni puede existir un islamismo moderado tomando el Corán como un conjunto, más allá de posibles pasajes más humanistas (que también los hay, aunque no queden reflejados en el libro) utilizados por algunas corrientes del islamismo que conviven libremente en nuestras propias sociedades.

El principal problema de toda esta serie de conclusiones, que podríamos considerar como ciertas si nos atenemos a la lectura literal del Corán, es que se puede llegar, como veremos, a las mismas conclusiones respecto de la lectura literal de los libros de referencia (la Biblia) de cualquiera de las otras dos religiones monoteístas mayoritarias (el judaísmo y el cristianismo); por lo tanto, y siguiendo la línea argumental del libro, podrían declararse antidemocráticas y radicales, sin demasiado problema, las tres religiones.

Así, respecto al trato a dispensar a las mujeres y a su estatus social (que es uno de los puntos principales tratados en el libro) podemos encontrar citas equivalentes en las tres religiones:

«Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque
Alá los ha hecho superiores a ellas. Las mujeres virtuosas
son las verdaderamente devotas, que guardan la intimidad que Alá ha ordenado que se guarde. Pero a aquellas cuya
animadversión temáis, amonestadlas, y luego dejadlas solas en el lecho; luego pegadles» (Corán 4:34).

«Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón» (Corintios I 11:5-7).

«Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su madre un mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer» (Deuteronomio 21:10-13).

«Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación» (Corintios I 14:34-35).

Tampoco la explícita crueldad del Corán para con sus enemigos es exclusiva del islamismo:

«Judith se aproximó entonces a la barra del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su espada, y acercándose al lecho, lo tomó por la cabellera y exclamó: “¡Fortaléceme en esta hora, Dios de Israel!”. Luego le asestó dos golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza» (Judith 13:6-8).

«Pelearon contra Madián, como Yavé había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madián: Eví, Requem, Sur, Jur y Rebá; eran los cinco reyes madianitas. Mataron también a espada a Balaam, hijo de Beor. Los hijos de Israel trajeron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños y recogieron sus animales, sus rebaños y todas sus pertenencias. Prendieron fuego a todos los pueblos en que vivían y a todos sus campamentos. Habiendo reunido todo el botín y los despojos, hombres y bestias, llevaron los cautivos y el botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la comunidad de los hijos de Israel, en las estepas de Moab, que están cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro hasta fuera del campamento. Moisés se enojó contra los jefes de las tropas, jefes de mil y jefes de cien que volvían del combate. Moisés les dijo: “¿Así, pues, han dejado con vida a las mujeres? Precisamente ellas fueron las que, siguiendo el consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a que desobedecieran a Yavé (en el asunto de Baal-Peor); y una plaga azotó a la comunidad de Yavé. Maten, pues, a todos los niños hombres, y a toda mujer que haya tenido relaciones con un hombre. Pero dejen con vida y tomen para ustedes todas las niñas que todavía no han tenido relaciones”» (Números 31:7-18).

«También vosotros, etíopes: “Víctimas de mi espada serán ellos”. Él extenderá su mano contra el norte, destruirá a Asur, y dejará a Nínive en desolación, árida como el desierto» (Sofonías 2:12-13).

«Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella, a una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos, los voy a herir de muerte» (Apocalipsis, 2:22-23).

Ni tampoco son exclusivos del islamismo los castigos a quienes se desvían de la Ley Sagrada (incluyendo la crucifixión, el fuego purificador o los linchamientos públicos):

«Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti» (Deuteronomio 22:20-21).

Otros aspectos tratados en el libro para demostrar la maldad intrínseca del islamismo tienen también su reflejo en otras religiones; así, la precoz mayoría de edad de las niñas en el Islam (tratado en el libro en referencia a la pederastia) tiene su paralelo en el judaísmo (13 años es la mayoría de edad para los niños y para las niñas), igual que la Sharia (la ley islámica emanante del Corán) tiene su equivalente en la Torah judía (la ley emanante de los cinco primeros libros de la Biblia o Tenakh). Y el terrorismo, por desgracia, también ha sido utilizado por otras religiones en fechas no tan lejanas (el Irgun y el Palmaj lo ejercieron contra los británicos en la década de los 40, siendo el atentado contra el hotel King David de Jerusalén–91 muertos, el 22 de julio de 1946– el más conocido).

Sin embargo, al poner el foco en la literalidad de los libros sagrados del islamismo omitiendo las numerosas equivalencias existentes en el resto de religiones, queda aislado artificialmente el objetivo y queda la vía expedita para denigrar y desacreditar cualquier elemento relacionado con el Islam; evidentemente, si el objetivo del libro era demostrar la intrínseca perversidad del Islam no tenía por qué hacerse referencia a la intrínseca brutalidad de las otras dos religiones monoteístas mayoritarias, pero al llegar a las conclusiones a las que se llega en el libro se requeriría al menos una mínima comparativa que permitiese al lector al menos intuir que cualquier religión, y no sólo la islámica, está sujeta a interpretaciones al menos igual de malévolas que las que se ponen de manifiesto en el libro respecto al Islam (recordemos que la Santa Inquisición interpretaba los mismos libros sagrados que la actual iglesia católica).

De hecho, tanto el judaísmo (en menor medida) como el cristianismo han ido introduciendo evoluciones a sus propias interpretaciones teológicas, teniendo que matizarlas e incluso negarlas, para adaptarse a las sociedades en las cuales han ido quedado integradas; y es que el islamismo tiene el mismo problema que cualquier otra religión: no pueden introducirse enmiendas a textos que son inamovibles, puesto que contradecir o modificar la palabra de un ente superior y supuestamente perfecto conduciría irremisiblemente a la muerte de la propia religión, de forma que cualquier evolución o adaptación a la realidad social de cada momento histórico sólo puede implementarse a través de la libre interpretación de esa palabra sagrada. Sin embargo, en el libro se le niega al islamismo cualquier posibilidad de evolución interpretativa, cuando la realidad es que no sólo esa evolución se ha producido en otras religiones, sino que en la actualidad ya existen (y conviven con nosotros) otras interpretaciones del Islam mucho menos rigoristas y violentas que las que transcienden en los medios de comunicación.

La inclusión en el libro de ejemplos concretos de esas interpretaciones evolucionadas del Islam (representadas en nuestro país por las más variopintas asociaciones islámicas) devienen en una especie de caza de brujas por haber incorporado entre sus filas a algunos individuos en concreto que han acabado siendo acusados judicialmente de colaboración o incluso de integración con el terrorismo islamista; al haberse determinado previamente que el islamismo moderado no existe, se utiliza a estos individuos (y por extensión a las asociaciones en las cuales estaban integrados) para confirmarlo. Esa confirmación de la radicalidad de una asociación islamista en base a la existencia de algún terrorista en sus filas resulta completamente superficial, puesto que presupone que la asociación era consciente de las actividades terroristas de un individuo en concreto y que, sabiéndolo, le recibió con los brazos abiertos, mientras que el terrorista simplemente pasaba por allí y acudió a la llamada de la asociación, lo cual es mucho presuponer.

El siguiente paso conduce indefectiblemente a las administraciones públicas y a los gobiernos, a quienes se les acusa de financiar el terrorismo islamista al otorgar subvenciones a asociaciones islámicas, hayan tenido terroristas en sus filas o no (porque, recordemos, ya se ha establecido previamente que el islamismo moderado no existe, o lo que es lo mismo en última instancia, que islamismo equivale a terrorismo); el libro cierra, por lo tanto, la puerta a la promoción de una religión islámica más acorde con los valores de nuestras democracias.

Llegados a este punto, repasemos todas las puertas que cierra el libro al declarar que el islamismo moderado no existe:

• El islamismo no evolucionará como lo han hecho el judaísmo o el cristianismo, puesto que se trata de una religión intrínsecamente malévola.
• Las asociaciones islamistas no son moderadas, puesto que no existe un islamismo moderado.
• Las asociaciones islamistas no pueden ser promovidas por el Estado, puesto que hacerlo significaría promover el terrorismo islamista.

La gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿Y entonces, qué hacemos con quien se declara seguidor de la religión islámica? Si sabemos que eso significa que es intrínsecamente malévolo (es lo único que ha podido aprender de esa religión), que no es moderado aunque lo pueda parecer y que no puede ser ayudado por el Estado puesto que es un terrorista en potencia… la solución final parece clara, ¿no?.

En definitiva, y sin negar la realidad expuesta en el libro (que el terrorismo islamista es una seria amenaza para nuestras democracias y que las actuales interpretaciones del Islam son una fuente inagotable de terroristas, llegándose incluso a justificar pública e impunemente las motivaciones de asesinatos en masa), las conclusiones a las que se llega son peligrosas y temerarias por cuanto sólo se deja abierta una puerta a quien no quiera renunciar a su religión.

Tal vez (sólo tal vez) mirando retrospectivamente a nuestra historia (incluso la más reciente, cuando el adulterio o la homosexualidad eran, además de pecado para los cristianos, un delito para todos los españoles) las conclusiones hubiesen sido bien distintas y hubiese salido a relucir el verdadero problema de todas las religiones: imponer leyes anteriores al medievo a sociedades que dejaron atrás hace mucho tiempo las catapultas y las armaduras sólo puede devenir en sometimiento feudal al iluminado de turno, sea éste musulmán, judío o cristiano.

Nota sobre el título: El título de este artículo es parte de la Sura 4:91 del Corán, que habla de la forma de actuar respecto a los no creyentes que “desean vivir en paz con vosotros [creyentes] y con su propia gente”, pero no se mantienen aparte o no se ofrecen para someterse.

P.D.: El libro “La quinta invasión: Islamismo 711-2011” puede adquirirse por menos de 4 € en formato digital (PDF ó ePub), además de estar disponible en cualquier librería por unos 13 €.

¿Privilegios o derechos?

Que los controladores han acabado fuera de todo control lo tuvo que reconocer el propio portavoz de la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) el mismo viernes en el que, por primera vez en la historia de España, el espacio aéreo español quedó completamente cerrado por una repentina pandemia que afectó exclusivamente a ese colectivo; hasta tal punto están fuera de control que incluso tuvieron que ser llamados a acudir a sus puestos de trabajo por el propio sindicato.

Aunque con otro artículo más, a estas alturas de la película (con los descontrolados bajo supervisión, mando y jurisdicción militar), criticando la actuación de los controladores aéreos pueda parecer que se pretende hacer leña de un árbol caído (casi 500 controladores aéreos se enfrentan a un calvario de expedientes, demandas y juicios, incluso con peticiones de penas de prisión por sus actuaciones), lo cierto es que el asunto aun merece algún que otro comentario gracias a los intensos intentos del colectivo de los controladores aéreos por explicar, sobre todo a través de Internet, una actuación de casi imposible explicación.

En primer lugar, una cuestión previa: es perfectamente legítimo utilizar todos los medios al alcance de los trabajadores para intentar no perder los derechos que se hayan podido conquistar con muchísimo esfuerzo. Ahora bien, no parece que lo que los controladores se niegan a perder puedan tener la consideración de derechos, sino más bien una serie de privilegios que ellos mismos se han encargado de transformar en insostenibles tras hacer un uso y un abuso de ellos completamente fraudulentos.

Cristina Antón, una controladora aérea de Palma de Mallorca, escribió el pasado sábado un iracundo y desafortunado artículo titulado “A ver si nos entendemos” que iniciaba con la frase “en lugar de leer los periódicos pagados por el gobierno lee el Boletín Oficial del Estado, ahí está todo y luego decides lo que te crees y lo que no”.

Efectivamente, en el Boletín Oficial del Estado podemos encontrarlo casi todo, aunque no precisamente lo que pretende esta controladora que encontremos (su particular verdad), sino todo lo contrario; baste con leer, por ejemplo, la literalidad de los ocho primeros párrafos del Preámbulo de la Ley 9/2010 en el Boletín Oficial del Estado publicado el 15 de Abril de este año; aunque fue ésta la normativa más directa (y el origen de la actual situación), no fue la primera que intentó atajar los abusos institucionalizados a través de ese I Convenio Colectivo de 1999 que se cita en ese Preámbulo. Ya el Gobierno de José María Aznar, en su recta final (en Febrero de 2004), lo intentó, aunque poniendo como excusa dos Directivas europeas, integrando a los controladores aéreos dentro de los colectivos afectados por la regulación sobre Jornadas Especiales de Trabajo a través de una modificación del Real Decreto 1561/1995; esa exclusión de los controladores aéreos de la normativa general establecida en el Estatuto de los Trabajadores (“dicha subsección pasa a denominarse «Transporte y trabajos aéreos» para englobar todas las actividades relacionadas con la aviación civil y no sólo las de transporte, como ocurría hasta ahora”, se dice en la Exposición de Motivos del Real Decreto 294/2004) no parece que tuviese los efectos que se pretendían.

Si consultamos el origen del conflicto (el I Convenio Colectivo entre AENA y el colectivo de Controladores de la Circulación Aérea, publicado en el BOE del 18 de Marzo de 1999) podremos comprobar cómo el sueldo base anual quedó establecido entre un mínimo de 17.000 € y un máximo de 43.000 €, que con complementos (aplicables a todos los controladores) quedaban entre 36.000 € y 91.000 € (sin incluir dietas ni pluses por transporte); allí encontraremos la jornada laboral máxima (1.200 horas anuales), la licencia especial retribuida (LER) y el resto de condiciones laborales que la Ley 9/2010 pone en entredicho por ser una carga insoportable para asegurar el correcto funcionamiento del tráfico aéreo español.

Lo cierto es que excepto por un par de cuestiones (la citada LER y la ineptitud sobrevenida, ambas derogadas por la Ley 9/2010), el Convenio Colectivo recoge un buen número de reivindicaciones obreras de difícil consecución en cualquier otro sector, como la autorregulación de los turnos de trabajo, la determinación de las necesidades de nuevo personal, una jornada reducida con descansos incluidos (un máximo de 120 horas mensuales incluyendo descansos del 33% al 50% de la jornada, que son 6 horas al día –entre 3 y 4 horas efectivas descontando los descansos– trabajando 5 días a la semana) y un sueldo elevado, aunque esté ajustado a la responsabilidad del puesto de trabajo; desde esta situación de partida, es comprensible que algunos controladores aéreos, como la citada Cristina Antón, vean sus actuaciones como una pelea por recuperar sus derechos y su dignidad profesional y personal. Y desde ese punto de partida, poco cabría objetar por parte de otros trabajadores que no gozamos de las mismas condiciones laborales.

Ahora bien, aunque en la teoría del texto escrito del Convenio Colectivo todo aparente ser una delegación de responsabilidades de la empresa pública AENA en uno de sus colectivos de trabajadores, en la práctica lo que ha ocurrido es que esos trabajadores han utilizado fraudulentamente sus derechos hasta convertirlos en privilegios insostenibles, de forma que lo que debía ser una demostración de responsabilidad de los trabajadores se ha acabado convirtiendo en todo un ejemplo de irresponsabilidad y, lo que es más preocupante, en un argumento de difícil refutación sobre los peligros de dejar por escrito y en manos de los trabajadores no sólo cualquier tipo de responsabilidad en la organización interna de una empresa cualquiera, sino incluso la propia negociación de otros convenios colectivos, poniendo en consecuencia en tela de juicio la misma naturaleza de la negociación colectiva.

Algún controlador aéreo podría decir que esto no es así y que se trata de una opinión basada en los argumentos de una única parte (la empresa pública AENA y el Gobierno), pero lo cierto es que no sólo hay pruebas directas en ese sentido (costes laborales disparados fuera de los importes establecidos en el propio Convenio Colectivo), sino que incluso hay controladores aéreos que han ratificado por escrito los usos y abusos de esos derechos, como Francisco Capella, a quien ya dediqué un artículo hace unos meses.

Los fraudes utilizados reiteradamente por los controladores aéreos eran múltiples, a cada cual más tosco y siempre en beneficio a muy corto plazo de su propio bolsillo. Desde utilizar las bajas laborales como medio de huelga (así no perdían el salario de cada día de huelga y, además, contabilizaban el día completo para sumar horas al límite anual de 1.200) hasta inflar el número de controladores necesarios en cada turno –recordemos que los turnos se los organizaban ellos mismos– para así agotar antes ese límite de 1.200 horas anuales y cobrar los excesos como horas extraordinarias, pasando por la reinterpretación de los tiempos efectivos de trabajo para establecer como voluntarias unas horas que cobraban incluso por encima de las extraordinarias o la restricción a la entrada de nuevo personal para mantener así artificiosamente su nivel de ingresos. Y todo ello con cargo al bolsillo de todos los españoles y a través de mecanismos o pactos con la empresa pública AENA que quedaban al margen del Convenio Colectivo para así escapar del control presupuestario que requieren las retribuciones del personal que cobra de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, de los 505 millones de euros en gastos de personal de AENA en 2000 se pasó a los 1.207 millones en 2009 (un incremento de un 149%) , mientras que el número de trabajadores pasó de 9.242 a 13.143 (un incremento del 42%) durante ese mismo período de tiempo y el de controladores de 1.661 a 2.404 (un incremento de casi el 45%); ese desfase entre el incremento de la plantilla y el de las remuneraciones es el que denunció la Intervención General de la Administración del Estado al menos desde 2002, tal y como consta en el citado Preámbulo de la Ley 9/2010, y cuya causa proviene del descontrolado uso de las horas extraordinarias y voluntarias por parte del colectivo de los controladores aéreos. En cifras redondas, los 1.661 controladores del año 2000 costaban 150 millones de euros (el 30% de los gastos de personal de AENA), mientras que los 2.404 controladores de 2009 costaban casi 800 millones de euros a las arcas públicas (el 66% de los gastos de personal de AENA); no estaría nada mal que los controladores aéreos desmintieran o al menos explicaran su versión de estas cifras, puesto que la contabilidad de AENA es pública y esas cifras oficiales tienen una continuidad desde mucho antes de iniciarse el actual conflicto.

Por supuesto, por mucho descontrol que haya en las remuneraciones, nadie en su sano juicio debería utilizar ese argumento para exprimir hasta la extenuación a un profesional del que dependen miles de vidas por cada turno laboral que realiza, y ésta es la parte más pública (si no la única) que esgrimen los controladores aéreos a la hora de argumentar a su favor; el problema es que ese argumento se ha vuelto, gracias al abuso que de él han hecho los propios controladores aéreos, poco o nada creíble, y menos aun si el tiempo real de trabajo –descontando descansos– era de 3 ó 4 horas al día (entre 60 y 80 horas mensuales) y lo que se les ha obligado es a cumplir un tiempo de trabajo real de entre 80 y 107 horas mensuales –entre 4 y 5 horas y media al día– (no olvidemos que el tiempo real de trabajo de un trabajador a turnos de otros sectores –a razón de 21 días de trabajo y 7 de descanso– es de entre 168 a 192 horas mensuales, con derecho a un descanso de 15 minutos). No parece, por lo tanto, que una reducción del trabajo efectivo de entre el 44% y el 54% respecto al resto de trabajadores a turnos sea poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, y mucho menos la salud de los propios controladores aéreos, sino más bien todo lo contrario.

El descrédito del argumentario de los controladores aéreos, a pesar de sus esfuerzos, aumenta cada vez que aparecen las declaraciones de algún controlador o de algún familiar intentando explicar cómo el Real Decreto Ley del viernes llevó a todas las plantillas de controladores aéreos de España incluso a vomitar en las esquinas de las torres de control (explicación dada en la Cadena SER el lunes por la tarde por la mujer de un controlador), tratándose en cualquier caso de unos hechos muy poco creíbles si no un auténtico insulto a la inteligencia del resto de ciudadanos.

No obstante todas estas críticas a los controladores aéreos, tampoco pueden obviarse otros datos que respaldarían sus tesis (que no la actuación puntual de este pasado puente); y es que la empresa pública AENA culpabiliza de sus pérdidas durante los últimos ejercicios (165 millones de euros en 2008 y 353 en 2009) a los elevados costes laborales de los controladores aéreos (es el mantra que oímos a todas las empresas: los costes laborales son los únicos gastos que resultan insoportables para mantener la viabilidad de los negocios), obviando que si los costes laborales se han incrementado un 149% desde el año 2000, la financiación externa lo ha hecho en un 2.570% (de unas deudas a largo plazo de 380 millones se ha pasado a los 10.143 millones del último ejercicio) y los gastos financieros se han incrementado en un 4.267%, pasando de los 6 millones del año 2000 a los 284 de 2009. Igual que tampoco hay que olvidar que el Convenio Colectivo fue aceptado por la empresa en 1999 y firmado por sus entonces responsables, por lo que las responsabilidades sobre el descontrol de los sueldos de los controladores aéreos no habría que buscarlas sólo entre los trabajadores, sino también entre los dirigentes políticos que se encontraban al frente de AENA en aquellos momentos (otra cosa muy distinta sería la negociación para la modificación del Convenio Colectivo, que sí se ha visto imposibilitada por la intransigencia reiterada de USCA a ceder respecto a las nuevas condiciones laborales impuestas por la actual crisis económica).

Y todo ello sin olvidar que los controladores aéreos cobran de los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo tanto, deberían apretarse el cinturón igual que lo hemos hecho el resto de conciudadanos, que somos al fin y al cabo quienes les pagamos sus sueldos.

Jaime I, el 9 de Octubre y los agujeros negros

El 9 de Octubre es el día de la Comunidad Valenciana; se conmemora la entrada de Jaime I el Conquistador en la ciudad de Valencia, allá por el año 1238.

Podría haberse elegido el día en el que conquistó cualquiera de las primeras fortalezas en su camino desde Aragón y Cataluña, como pudiera ser Morella, seis años antes; pero aquí, en la Comunidad Valenciana, los años que van desde 1232 hasta 1238 no entran dentro de la Historia de verdad. Digamos que es una historia menor, en minúsculas.

Igual que se celebra el día de la Comunidad Valenciana para conmemorar la entrada de Jaime I en la ciudad de Valencia (y no en el territorio de la actual autonomía), también somos la única comunidad autónoma multiprovincial que toma el nombre de la que en su día fue capital del Reino (del Reino de Valencia, por supuesto), quedando reducido de esa forma cualquier atisbo de identidad diferenciadora de las otras dos provincias.

Podría pensarse que este universalismo valenciano (de Valencia) tiene algún otro origen histórico indiscutible e indiscutido, pero lo cierto es que tampoco es así; de hecho, la provincia romana Tarraconensis dividía en dos el actual territorio de la Comunidad Valenciana, y Tortosa fue hasta fechas muy recientes la capital eclesiástica de una buena parte del norte de la comunidad autónoma.

Tan extraña resulta la terminología y la cultura de la Comunidad Valenciana que incluso el idioma que trajeron aquí los repobladores leridanos y gerundenses se ha tenido que denominar valenciano (de Valencia) cuando en realidad su mayor uso se da fuera de la capital de aquel antiguo Reino (el de Valencia), una ciudad más preocupada, al parecer, por ofrendar nuevas glorias a España que por mantener viva una lengua de la cual algunos se han apoderado (o al menos lo intentan) terminológica, gramatical y ortográficamente.

La Diada catalana (el 11 de Septiembre) conmemora la caída de la última ciudad catalana (Barcelona) a manos de las fuerzas leales a Felipe V tras 14 meses de asedio y la consiguiente abolición de los fueros de toda la Corona de Aragón, siendo un símbolo de la resistencia catalana frente a las imposiciones externas; el día de Extremadura (el 8 de Septiembre) se corresponde con el día de su patrona, la Virgen de Guadalupe (cuyo monasterio y origen están en Guadalupe, un pueblo de Cáceres); el día de Cantabria (celebrado cada segundo domingo de Agosto) nació en un municipio de Santander llamado Cabezón de la Sal como un día de exaltación de las costumbres, tradiciones y valores etnográficos de la región; el día de Aragón (el 23 de Abril) se corresponde con el día de su patrón (San Jorge), cuyos orígenes se remontan a la ayuda prestada por dicho santo a Pedro I de Aragón durante la conquista de Huesca en el año 1096; el día de Castilla y León (también el 23 de Abril) se conmemora la caída de Villalar de los Comuneros (en Valladolid) el año 1521, símbolo de la pérdida de la libertad castellana a manos de Carlos I, quien acabó con las Juntas Comuneras; el día de Castilla-La Mancha (el 31 de Mayo) se conmemora el nacimiento de sus cortes autonómicas. Así podríamos continuar con todas y cada una de las comunidades autónomas, donde se conmemoran actos que significaron el principio o el fin de algo que afectó a toda la comunidad autónoma, ocurriera esto en su capital o en cualquier otra población.

La extensión de una celebración eminentemente local (Jaime I no inició la reconquista de la actual Comunidad Valenciana el 9 de Octubre de 1238 ni la acabó cuando entró en Valencia) a la fiesta de toda la comunidad autónoma por el simple hecho de haberse producido el hecho en la capital del antiguo Reino de Valencia nos previene de algo que tal vez pueda ocurrir en el futuro: si alguna vez, en las fotos aéreas de Valencia, aparece algo similar a un agujero negro, que nadie se asuste. Es un ombligo.

Carta abierta a Díaz Ferrán

Según usted, la única forma de salir de esta crisis es trabajando más y cobrando menos; parece que le ha entrado a usted de repente la vena solidaria, aunque me temo que es sólo eso: una apariencia, un espejismo o un ejercicio de prestidigitación.

Entiendo que no debe ser usted habitual de las manifestaciones (incluso me atrevería a decir que ni tan siquiera de los manifiestos, mucho menos obreros en estos tiempos que las manifestaciones) en defensa de la familia; y me explico.

Si usted quiere que los trabajadores trabajemos más horas (38 le parecen pocas, aunque parece que se le olvida que somos muchos más los que trabajamos, como mínimo, 40 horas semanales) supongo que tendrá prevista la solución a un pequeño inconveniente: meter a nuestros hijos en algún sitio donde suplan la ausencia de sus padres; por supuesto, usted tendrá a sus hijos (si es que los tiene, que ni lo sé ni me importa) recluidos en algún centro privado sin que le molesten lo más mínimo para poder trabajar más. Yo podría hacer lo mismo que usted y dejar que a mis hijos los eduquen otros, los mimen otros y que sean otros los que hablen con ellos sobre lo que les ha pasado durante todo el día; podría hacerlo, pero hay un gran inconveniente: usted también quiere que yo cobre menos, así que no puedo (ni tampoco quiero) permitirme el lujo de pagar un centro privado para recluir a mis hijos.

Personalmente, no me importaría lo más mínimo cambiarle los pañales a mi hijo encima de la mesa de su despacho, pero mucho me temo que su idea tampoco incluye estar acompañado por los hijos durante parte de esa jornada laboral ampliada que usted promueve, ¿verdad?

También quisiera recordarle que yo me he casado (no sé si usted lo está con una persona o con sus negocios, aunque eso a mí ni me va ni me viene) para compartir mi vida; y no me he casado con usted ni con ninguna empresa, sino con mi mujer. Desconozco si tiene usted problemas con las relaciones afectivas o si todo esto viene porque es socio de algún despacho de abogados especialistas en divorcios; pero lo que sí tengo claro es que no va a ser usted ni ningún empresario quien me diga con quién debo compartir mi vida.

Dejando a un lado la conciliación de la vida laboral con la familiar (ahora se estará preguntando usted qué demonios es eso), no estaría mal que recordara a todos esos trabajadores que ha despedido usted mismo de sus empresas; si lo que se necesita para salir de esta crisis es trabajar más, ¿no cree que recurrir a un ERE para echar a casi toda la plantilla es contradictorio con lo que predica? Una de las dos incógnitas de su ecuación (trabajar más) la tendría resuelta hoy si ayer no hubiese tenido la mano tan ágil para firmar los despidos masivos de sus propios trabajadores, puesto que se sobreentiende con sus palabras que hay más trabajo del que pueden asumir los escasos trabajadores que ha dejado en sus empresas. ¿Ha pensado en contratar más trabajadores, señor Díaz Ferrán, en lugar de sobreexplotar a los pocos que aun no ha despedido?

Pero claro, introduce usted la segunda incógnita de la ecuación, que aparentemente le permite jugar con ventaja, puesto que contratando más para trabajar más sólo cuadraría la ecuación cobrando menos; permítame acusarle de hipócrita y cínico, señor Díaz Ferrán, porque está acusando a los trabajadores de ser la causa principal de esta crisis, por ser unos vagos y cobrar demasiado, cuando la principal y casi única causa de esta crisis ha sido la patética y avariciosa gestión del endeudamiento por parte de la banca y de ustedes, los empresarios, que se ven ahora ahogados por los préstamos que firmaron hace unos años y prefieren apuntar con el dedo a los trabajadores.

Esta crisis, señor Díaz Ferrán, tiene como salida una ecuación de dos incógnitas: rendir al 100% y endeudarse menos. Y usted, señor Díaz Ferrán, lo sabe mejor que nadie: su empresa Air Comet multiplicó por más de 5 sus gastos financieros entre 2006 y 2009, sus deudas a largo plazo se multiplicaron por 50 entre 2005 y 2009, sus deudas a corto plazo con las entidades financieras se multiplicaron por 3 entre 2006 y 2009… ¿Se le ha ocurrido a usted comprobar cuánto ha incrementado las remuneraciones de sus trabajadores? Yo se lo recuerdo, señor Díaz Ferrán: entre 2006 y 2009 usted multiplicó por 1,75 los gastos de personal porque contrató a 139 trabajadores más de los 550 que ya tenía en plantilla.

Usted puede seguir apuntando con el dedo a donde o a quien quiera, señor Díaz Ferrán; pero apuntar con el dedo hacia el punto equivocado le deja a usted aun más en evidencia de lo que ya lo estaba, porque pasar de los 136.145 € de beneficios en 2005 a los 56 millones de euros de pérdidas en 2009 no se explica acusando a los trabajadores de vagos o de saqueadores de las arcas empresariales.

Reforma laboral a la basura

A la basura (o al archivador redondo, como decía mi antiguo jefe) es donde debería ir a parar la última reforma laboral aprobada por el Gobierno.

Los últimos datos de empleo no pueden ser más contradictorios para una reforma laboral cuyo principal objetivo es abaratar los despidos para los trabajadores indefinidos y aminorar así la alta tasa de temporalidad que existe en España; es fácil deducir, por lo tanto, que el Gobierno achacaba a esa ingente cantidad de contratos temporales las desbocadas cifras de paro que hemos visto incrementarse desde hace ya demasiados meses.

Pues bien, parece que el empresariado español es ajeno a cualquier abaratamiento en las indemnizaciones por despido.

De los más de 13.000 contratos de trabajo que se han realizado en Castellón en el mes de Septiembre, casi 11.000 (el 90%) han sido temporales; es decir, que al empresario castellonense le da exactamente igual pagar 45 días de indemnización que 13 (33 días, de los que 20 los paga el FOGASA, es decir, todos nosotros), así que echa mano inmisericordemente de las indemnizaciones de 8 días que les corresponden a los contratados eventualmente.

Si con esta reforma laboral no sólo se siguen manteniendo las altas tasas de temporalidad laboral, sino que incluso se incrementan (como revelan los últimos datos); si con esta reforma laboral, que facilita enormemente a las empresas el despido de sus trabajadores indefinidos (puesto que el de los temporales ya lo tenían fácil), el empresariado sigue a lo suyo y sigue prefiriendo la temporalidad de sus trabajadores; y, en definitiva, si con esta reforma laboral lo que se ha conseguido es quitarles derechos a los trabajadores para dar una satisfacción a las teorías (que no a la práctica, puesto que no la aplican) defendidas por la patronal de Díaz Ferrán y compañía… lo más lógico y consecuente sería retirarla de la circulación y restablecer los derechos que hemos perdido los trabajadores, puesto que el objetivo perseguido por esa reforma parece estar destinado irremisiblemente al más absoluto fracaso.

Y si sigue en pie, ¿nos subirán los sueldos?

Sin embargo, el Gobierno no parece estar por la labor de retirar nada; habrá quien piense que si no lo hace es porque algo bueno ha de tener la reforma, y lo cierto es que es así según las teorías económicas de la patronal (que no las prácticas, puesto que tampoco las aplican).

Cuando se habla de los beneficios del despido libre (y por ese camino va esta reforma laboral), es evidente que esos beneficios también deben afectar al trabajador (a no ser que haya quien piense que el trabajador es tonto por naturaleza); y, efectivamente, así es: al desaparecer las indemnizaciones por despido, el mercado laboral (otra vez los mercados) acabaría por asimilarlas (eso sí, en un futuro incierto e indefinido) y eso haría que el sueldo de los trabajadores acabase engordando en relación a esas desaparecidas indemnizaciones.

Esa es la teoría, pero… ¿y en la práctica? ¿Qué pasaría en la práctica? Pues en la práctica pasaría que el dinero de las indemnizaciones se quedaría en manos de quien ahora debe pagarlas; a ver si ahora vamos a hacer tontos a los empresarios.

De hecho, a los trabajadores contratados temporalmente no se les aplica hoy en día (y los contratos temporales hace mucho tiempo que existen) ningún tipo de suplemento o plus por lo que se ahorra el empresario a la hora de pagarle la indemnización; si se aplicara a la realidad la teoría de la patronal, ese ahorro en la indemnización debería repercutir en favor del trabajador (según las leyes de los consabidos mercados, entre ellos el laboral); pero resulta que la realidad es demasiado tozuda, y la realidad dice que esas teorías patronales son un auténtico timo, porque el trabajador eventual cobra el mismo sueldo base que el indefinido y la indemnización se la ahorra (ahora, hace diez años y dentro de diez años) el empresario.

Total, que si esta reforma laboral sigue en pie tampoco nos subirán los sueldos. Conclusión: reforma laboral a la basura.

El Banco de Valencia engaña a sus clientes

Para empezar, deberíamos saber lo que es un bono hipotecario: cuando tu banco firma la hipoteca de tu casa sabe que va a ingresar mensualmente los intereses que tú le vas a pagar religiosamente; pero además, tu banco también sabe que no va a tener que esperar 30 años a que le devuelvas el dinero, porque esa hipoteca que tú pagas puede revenderla a otros al estar garantizada con tu casa. A esa reventa de la hipoteca de tu casa se le llama bono hipotecario; así, los bancos obtienen beneficios mensuales con tus intereses y, además, recuperan rápidamente el dinero que te han prestado.

Puesto que ese fue el inicio de la actual crisis financiera (se revendían hipotecas por un importe superior al valor de las viviendas que las garantizaban, a lo que se unió el impago de muchas de ellas y la consiguiente cancelación de las mismas –aquellos bonos hipotecarios sólo podían devolverse a los clientes tras vender o subastar la vivienda en un mercado con precios a la baja y con cada vez menor demanda–), el Banco de España ha ido endureciendo las condiciones para que un banco pueda revender las hipotecas que firma.

El Real Decreto 716/2009 regula en detalle esas condiciones; así, sólo pueden revenderse en forma de bono hipotecario las hipotecas cuyo importe no supere el 80% del valor de tasación de la vivienda (en algunos casos, como ocurre con los locales comerciales, no puede superar el 60%), cuando la vivienda haya sido previamente tasada por una entidad homologada y, lo que más nos interesa en este caso, cuando la vivienda esté asegurada contra daños e incendio:

«Artículo 3. Préstamos y créditos elegibles.

Se considerarán préstamos y créditos elegibles a efectos de servir de cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios […] los préstamos y créditos hipotecarios […] que cumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo.

[…]

Artículo 10. Seguros de daños.

1. Los bienes sobre los que se constituya la garantía hipotecaria deberán contar con un seguro contra daños adecuado a la naturaleza de los mismos. Los riesgos cubiertos deberán ser, al menos, los incluidos en los ramos de seguro 8 y 9 [incendio y daños].»

La inmensa mayoría de entidades bancarias (entre ellas el Banco de Valencia) andan detrás de sus clientes exigiéndoles que les presenten en sus oficinas no sólo el recibo del seguro del hogar, sino también las condiciones detalladas de ese seguro, entre las cuales exigen que conste una cláusula ilegal según la cual el banco debe constar en la póliza como beneficiario del seguro. Aunque no es este el tema principal del artículo, merece la pena que nos detengamos en esta exigencia (generalizada entre las entidades bancarias y admitida sin más por las compañías de seguros, que no dudan en introducir dicha cláusula abusiva entre las condiciones de los seguros del hogar).

En primer lugar, la entidad bancaria no puede exigirnos unos datos que no tienen nada que ver con nuestra relación comercial con ellos (ni la cuota que hayamos pactado con la compañía de seguros, ni las condiciones particulares de dicha póliza, ni el exceso de valor del continente respecto al importe hipotecado, ni el valor del contenido declarado a la compañía de seguros, afectan lo más mínimo a la hipoteca), porque esas exigencias están prohibidas expresamente por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales («Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido»). Pero es que, además, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones viene declarando desde 2008 que en los seguros del hogar «sólo tiene derecho a percibir la indemnización el propietario del bien asegurado», ya que indemnizar a un tercero (como es la entidad hipotecaria) «produciría un enriquecimiento injusto, puesto que dicha persona no ha sufrido menoscabo o quebranto económico», por lo que se declararon estas cláusulas «contrarias al carácter indemnizatorio de los seguros de daños y al equilibrio contractual».

No parece que esta forma de perseguir a los clientes para que contraten un seguro del hogar que les permita a su entidad bancaria revender sus hipotecas sea muy efectiva, puesto que el Banco de Valencia (no sé si otras entidades también) ha decidido dar un paso más allá y han optado por mentir directamente a sus clientes bajo un aparente manto de legalidad.

El Banco de Valencia, al parece demasiado acuciado por la necesidad urgente de liquidez, pasa directamente de las oficinas de sus clientes a los Directores de la entidad bancaria: el Director General Adjunto y el Director del Área de Clientes se atreven a remitir una misiva atribuyendo una obligación a sus clientes cuando en realidad se trata de una condición que debe cumplir la entidad bancaria para poder revender las hipotecas que ha firmado.

¿Recuerdan el artículo 10 del Real Decreto 716/2009 que hemos citado más arriba? ¿Aquel que exigía que la vivienda hipotecada estuviese asegurada si la entidad bancaria quería que sirviese de cobertura para emitir sus bonos hipotecarios? Pues según el Banco de Valencia, ese artículo 10 no dice eso, sino esto:

«Nos permitimos informarle que el Real Decreto 716/2009 obliga a que las operaciones hipotecarias lleven asociado un seguro de daños sobre el bien hipotecado.

Si usted ya dispone de este seguro, debe pasar por su oficina con la documentación y completaremos la información de su hipoteca.

Si aún no posee este seguro, le invitamos a que pase por su oficina habitual y compruebe lo poco que cuesta estar bien asegurado y disfrutar de una amplia protección, con máxima calidad a un coste reducido.»

Sobra cualquier otro comentario.

Un repaso a Castellón

Castellón rebosa optimismo, y si no que le pregunten al contribuyente.

Hace un año, sobre estas mismas fechas, se conoció el IPC del mes de Julio, que es el que utiliza el Ayuntamiento de Castellón para realizar los ajustes en sus impuestos; hace dos años el IPC subió un 5,3%, y los impuestos municipales subieron el 5,7%. El año pasado el IPC de Julio bajó un 1,4%, pero el Ayuntamiento de Castellón ya no utilizó ese IPC, evitándose así bajar los impuestos al contribuyente; este año (con una subida del IPC de Julio del 1,9%), nadie dice nada en el Ayuntamiento de Castellón sobre qué pasará con los impuestos. Pero el problema no es adivinar cual será la decisión final del PP (las rebajas de impuestos no parecen estar entre las opciones posibles), sino la absoluta indiferencia del contribuyente castellonense, no sólo ante la aleatoriedad de esa decisión final, sino también ante el uso que el Ayuntamiento de Castellón está haciendo de esos incrementos en la presión fiscal de los castellonenses.

El Ayuntamiento de Castellón está tan boyante económicamente que se permitió el lujo de dejar perder casi un millón de euros del Plan-E al tirar a la basura uno de los proyectos (una ocurrencia del Alcalde Alberto Fabra) de los que solicitó subvención al Gobierno de Zapatero: los maceteros rompe-coches. Tan a rebosar están las arcas municipales de Castellón que, no contentos con ese millón de euros, el Ayuntamiento de Castellón regala locales públicos (cuya construcción costó tres millones de euros, financiados, eso sí, por el Plan-E) a negocios privados a cambio de nada.

Esta demostración de derroche de dinero público no parece afectar lo más mínimo al contribuyente castellonense, al parecer convencido (o habituado) de que esta es la mejor (o la única) forma de hacer política y de gestionar el dinero de todos; tal vez esa mayoría (cada vez mayor, según la encuesta que se enlaza más arriba) de castellonenses tengan razón (por aquello de que todos los políticos son iguales y más vale malo conocido que bueno por conocer), pero yo estoy convencido de que existen otras formas de gobernar y, sobre todo, convencido de que pasados ocho años de Gobierno (ya sea municipal, autonómico o estatal), todo empieza a pudrirse y a corromperse por esa extraña manía de los políticos de considerar exclusivamente suyo lo que en realidad es de todos.

Pero volvamos a Castellón, una ciudad que hemos visto durante el último año levantada por todos los puntos cardinales por obras de todo tipo; tanta obra pública en beneficio de todos los contribuyentes podría ser una buena justificación a las últimas subidas de impuestos municipales, y de ahí el pasotismo de los castellonenses ante tanto derroche (es bien sabido que aquí pueden sobrevivir sin problemas el despilfarro y la corrupción si a cambio se hace algo –ya sea poco o mucho– por Castellón). El problema viene cuando descubrimos (y para descubrirlo no hay que ser muy observador: basta con mirar los carteles informativos que acompañan a cada obra) que el Ayuntamiento de Castellón no ha invertido ni un solo euro en las principales obras que se han hecho en Castellón al menos durante los dos últimos años.

La gran pregunta que puede hacerse el contribuyente castellonense (si es que quiere hacérsela, puesto que siempre habrá quien prefiera no ver, no oír, no hablar y, por supuesto, no pensar demasiado) es dónde han ido a parar sus impuestos y las subidas de los últimos años. ¿Alguien lo sabe?

Controladores

Supongo que todos conocemos de sobra la privilegiada nómina de los controladores aéreos (una media de 330.000 € anuales), así que voy a ir directamente al grano.

El Director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana es, además de liberal y comentarista de opinión en Libertad Digital, controlador aéreo desde hace once años y afiliado a la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos, el sindicato mayoritario de su gremio); tras 11 años y unos cuatro millones de euros (reconoce que su nómina está por encima de la media) se ha decidido a denunciar las presiones y las malas artes de sus compañeros de trabajo en un artículo de opinión en Libertad Digital.

Que es científico se lo dice él mismo y no tenemos por qué dudarlo (tiene «formación académica como físico, en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, y como economista»); ahora bien, las dudas nos pueden asaltar en otras muchas cosas.

Al parecer, el economista liberal es aquél que se enriquece a lo bestia (4 millones de euros, que son unos 665 millones de pesetas) en un sector que es todo lo contrario a las teorías económicas liberales (un gremio completamente cerrado y que se determina a sí mismo las retribuciones, ajenas por completo al mercado o a la eficiencia y con fuertes restricciones de entrada impuestas por ellos mismos) para después denunciar que hay otros que también se están enriqueciendo a lo bestia.

Sin embargo, lo que más choca del artículo (o mejor, del articulista) es que haya tardado 11 años y 4 millones de euros en encontrar la ética y el tiempo para denunciar los abusos del sector al cual pertenece; sobre todo si resulta que dice ser el responsable de ética de un instituto de economistas liberales.

Seguramente, en el Instituto Juan de Mariana estarán orgullosos de que su Director de Ética haya encontrado la ética que se le supone; a mí particularmente, lo que me parece es que esa ética es la única que conocen los economistas liberales: aprovecharse de la ausencia de ética para enriquecerse y después intentar aparentar una inmaculada ética profesional de la que adolecen por completo.

A algunos se les caería la cara de vergüenza; a otros (como es el caso) les parece no sólo lo más normal del mundo, sino incluso todo un ejemplo a seguir.

Y la calle se llenó de banderas españolas

Muchos se vieron sorprendidos, tras el pase de la selección española a las semifinales del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ante la invasión de banderas rojigualdas por las calles de toda España en los momentos previos y posteriores a los dos últimos partidos de ese campeonato; de hecho, la sorpresa es lógica, puesto que no es lo habitual en nuestro país tamaña muestra de amor hacia uno de los símbolos nacionales españoles. Ahora bien, tampoco debería sorprender a nadie que esas muestras de amor patrio no vuelvan a externalizarse hasta que la selección española vuelva a ganar otro mundial de fútbol.

El problema de la bandera española (y del resto de simbología nacional) es que nunca se ha utilizado (ni social ni políticamente) como elemento común e integrador de los españoles, sino como oposición frontal a otras maneras (menos anacrónicas) de entender España; habrá quien diga que eso no es así, pero lo cierto es que, por poner un ejemplo, nunca se ha empuñado una bandera española para defender el uso del catalán o del vasco, sino para reclamar su sumisión plena a la supremacía absoluta y absolutista del castellano, aun cuando las tres lenguas son igual de españolas e igual de oficiales (a pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional).

La bandera española sigue sin ser, tras más de treinta años de Constitución, un símbolo de la pluralidad española; la pluralidad se muestra en España con otra simbología, nunca con la bandera española, que sigue siendo el símbolo no de la unidad, sino de la uniformidad. Que esto sea así ha sido una contribución de ambas tendencias: el falso victimismo del centralismo y el exagerado victimismo del independentismo.

Y es que ni España se puede romper sin que el conjunto de la propia España quiera romperse, ni España es el estado imperialista, colonial y cruel que el independentismo intenta esbozar en cualquiera de sus numerosas y constantes proclamas.

Ese constante recurso al victimismo por parte de ambas tendencias muestra la evidente ausencia no sólo de argumentos, sino también de predisposición a la aceptación de cualquier argumento que se salga del credo inquebrantable de cada una de las partes; todo el argumentario se limita a buscar la solidaridad de otros españoles con esas falsas y fingidas víctimas, responsabilidad exclusiva de la parte contraria.

Pero el problema de la solidaridad es que se extingue cuando se descubre que las víctimas no son víctimas, sino simples cazurros. Y por eso muchos españoles prefieren dejar la solidaridad con la bandera rojigualda para que esos cazurros se expresen; y por eso el independentismo es y seguirá siendo una minoría radical (y cada vez más radicalizada), aunque su simbología cree más simpatías por tener una parte de razón (aunque sea mínima) en su papel de víctimas.

Sólo cuando los cazurros de ambas tendencias dejen de ser (y de ejercer de) cazurros podrá un español cualquiera empuñar la bandera española como símbolo de la unidad; pero para que eso ocurra es necesario utilizar argumentos y aparcar definitivamente el falso y desmesurado victimismo de unos y otros.

Mientras tanto, la bandera española sólo podrá ondear masivamente por las calles de España cuando una selección de fútbol (ajeno a la cazurrería y con argumentos futbolísticos) gane un Mundial.

Inconstitucional

Hace casi un año escribí un artículo sobre tres de los aspectos más controvertidos del nuevo Estatuto de Cataluña: la soberanía, las lenguas oficiales y la nación. Tras cuatro largos años de deliberaciones fallidas por parte del Tribunal Constitucional, al fin disponemos de las razones por las cuales es o no constitucional lo especificado en el texto estatutario respecto a esas tres cuestiones.

Los tres preceptos han sido considerados insconstitucionales, aunque para declararlos insconstitucionales se hayan utilizado circunloquios poco clarificadores para dar una apariencia de semi-constitucionalidad; el caso más flagrante de este recurso a los argumentos enrevesados lo tenemos en la cuestión del deber de conocer el catalán.

El artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña decía, respecto al castellano y al catalán, que “todas las personas tienen el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas”; como dije en su día, el Estatuto introducía así la equiparación absoluta entre las dos lenguas oficiales de Cataluña, acabando de esa forma con una convivencia ilógicamente desequilibrada en favor del castellano (siendo ambas lenguas igual de oficiales, resulta un tanto absurdo que sólo una de ellas deba ser conocida); la Sentencia del Tribunal Constitucional restringe ese deber de conocimiento de la otra lengua oficial de Cataluña a la educación y a los funcionarios: “se trata, aquí sí, no de un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, sino de la imposición de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del art. 35.2 EAC, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios” (Fundamento Jurídico 14.b)).

Por mucho que forcemos la frase del Estatuto, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional no tiene ninguna cabida racional en el texto estatutario, puesto que “los ciudadanos de Cataluña” no se circunscriben a ningún ámbito específico, sino a todos y cada uno de los ciudadanos catalanes, ya sean profesores, alumnos, funcionarios, barrenderos, ingenieros, jueces, empresarios o parados; el Tribunal Constitucional debería haber declarado inconstitucional, sin rodeos ni circunloquios, ese deber de conocer las dos lenguas oficiales, manteniendo así la actual infra-oficialidad del catalán respecto al castellano y asumiendo, en consecuencia, que no cabe en la Constitución la cooficialidad real de las distintas lenguas españolas.

Evidentemente, esto significa (aunque el Tribunal Constitucional haya intentado ocultarlo sin demasiado éxito) que no existe la cooficialidad de las lenguas en España, o que al menos la actual Constitución no la admite; es decir, que hay lenguas de primera categoría y lenguas folclóricas (aunque dignas de protección y potenciación cultural, como los bailes regionales) de segunda categoría. No voy a ser yo quien contradiga al Tribunal Constitucional, pero si es eso lo que dice la Constitución considero que es algo que necesita un cambio urgente; es decir, que si queremos reconocer la oficialidad de las diversas lenguas existentes en España deberemos dotarlas de un mismo status allí donde coexistan más de una (incluyendo el deber de conocerlas), pero si unas son totalmente oficiales y las otras no, habrá que cambiar la definición de las inferiores en la propia Constitución (rebajándoles el status de oficiales y definiéndolas como folclóricas, como secundarias, como reminiscentes, como insignificantes, como triviales, como intrascendentes o como se quiera, pero nunca como oficiales).

La inicial definición de Cataluña como nación en el articulado del Estatuto aprobado en el Parlamento catalán, trasladada posteriormente al Preámbulo, ha viciado por completo la argumentación interna sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de otros aspectos del Estatuto; la flagrante inconstitucionalidad de esa definición (que colisiona frontalmente con el artículo 2 de una Constitución que, como recuerda el Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 12, “no conoce otra que la Nación española”) ha servido para distorsionar hasta límites insospechados el debate interno del propio Tribunal, como comprobaremos en los votos particulares emitidos por alguno de sus miembros. Esa definición de Cataluña como nación (que no puede ser entendida sino como una provocación en toda regla por parte del Parlamento catalán) ha servido, en definitiva, para que todo el debate interno se centrara en una supuesta intencionalidad global del Estatuto de Cataluña dirigida hacia una reforma encubierta de la Constitución, de forma que todo el articulado impugnado ha acabado analizándose en función de su posible relación directa con esa intencionalidad; hasta tal punto ha quedado distorsionado el debate en el seno del Tribunal Constitucional que casi todos los votos particulares se exponen en relación con un concepto del Preámbulo (la definición de Cataluña como nación) que la propia Sentencia con la que discrepan ha determinado que no tiene ningún tipo de valor interpretativo respecto del articulado.

Si observamos las argumentaciones respecto a ese deber de todos los ciudadanos catalanes de conocer tanto el catalán como el castellano nos daremos cuenta de cómo esa distorsión en el debate ha llevado a todos los miembros del Tribunal Constitucional, sin distinción, a determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese deber obviando a la propia Constitución.

Vicente Conde Martín de Hijas, en un voto particular cargado de supuestas buenas intenciones y exquisita juricidad (niega que el Tribunal Constitucional deba inmiscuirse como árbitro de opciones políticas) acaba concluyendo que ese deber de conocer el catalán (apartado 11 de su voto particular) ha de ponerse en relación con las ideas de Nación y Estado, de forma que niega que un Estatuto de Autonomía pueda establecer determinados deberes a los ciudadanos residentes en una Comunidad Autónoma, no porque la Constitución lo prohiba, sino porque resulta inidóneo en cuanto que un Estatuto no es una Constitución y, por lo tanto, los deberes básicos de los ciudadanos (como el conocimiento de una lengua) están reservados en exclusiva a la propia Constitución; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que inicialmente utiliza su voto particular para denunciar la desaparición (¡en 1985!) del recurso previo de inconstitucionalidad y una supuesta persecución al Tribunal Constitucional plasmada en una proposición de reforma de la Ley Orgánica que regula el Tribunal, que ni tan siquiera se ha llegado a debatir en las Cortes (fue presentada por Convergència i Unió el 4 de Junio pasado), utiliza una argumentación estrictamente política e incluso basada en sus particulares circunstancias personales, llegando a afirmar que la lengua materna (la suya, que no la mía ni la de otros muchos españoles) es la oficial del Estado y que la educación en esa lengua materna (el castellano, que es la suya y no la mía ni la de otros muchos españoles) es un derecho vinculado a la dignidad humana (o lo que es lo mismo, que mi dignidad humana puede y debe prescindir de mi lengua materna), finiquitando todo el asunto del catalán declarando inconstitucional incluso el derecho a ser atendidos en otra lengua distinta a la materna (la suya, que no la mía ni la de otros muchos españoles).

Como puede observarse, ni la posición mayoritaria ni los votos particulares explican (de hecho, ni tan siquiera se preocupan de mencionarlo) qué significado tiene en la Constitución que dos lenguas sean definidas con el mismo concepto (todas son oficiales) y cómo se llega a la conclusión de que la palabra “oficial” tiene una diferenciación jurídica de una entidad tal que incluso queda prohibido –sin que la Constitución lo haya prohibido expresamente– referirse a dos lenguas oficiales en términos similares.

Más preocupados por la provocación del Parlamento catalán y por las divagaciones acerca de una imposible e inviable (además de argumentalmente absurda) reforma encubierta de la Constitución (puesto que eran ellos mismos quienes tenían en sus manos salvaguardarla: esa es exactamente una de sus principales funciones), los miembros del Tribunal Constitucional han acabado por contradecir a la propia Constitución, negándole a una de las lenguas oficiales el carácter de oficial (puesto que el carácter de oficialidad se reserva en exclusiva al castellano, lo cual no se corresponde con el artículo 3 de la Constitución, que dice que también es oficial el catalán allí donde sea de aplicación el Estatuto de Cataluña).

La Constitución, ahora sí, ha empezado a morir: acaba de ser declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (V)

El huevo o la gallina

Tal vez la demonización (a veces merecida, aunque no siempre) del sector inmobiliario (es evidente que han existido las estafas inmobiliarias o que los especuladores han campado a sus anchas en el sector para alterar al alza unos precios a los que rápidamente se han apuntado el resto de empresarios inmobiliarios) haya contribuido a buscar dentro del propio sector la principal causa de la debacle que aun hoy (y parece que durante un largo tiempo más) sigue su curso; mucho se ha hablado del exceso de oferta (el sector construyó muy por encima de lo que teóricamente la demanda podía absorber) como causa principal de la crisis inmobiliaria, y no hay que minimizar el hecho de que se construyera a un ritmo vertiginoso y, muy posiblemente, excesivo.

Pero lo cierto es que el stock de viviendas nuevas sin vender se calcula, en numerosos estudios (los más alarmistas), en base a los proyectos visados por los Colegios de Aparejadores, que en 2006 constituyeron la friolera de 865.561 viviendas a construir (una media de 72.130 viviendas al mes); como hemos visto en el primero de los artículos de esta serie, las compraventas de vivienda nueva alcanzaron su máximo (desde que se tienen datos mensuales) en Enero de 2007, con 33.480 viviendas nuevas transmitidas. Se construía, por lo tanto, a un ritmo de 40.000 viviendas en exceso cada mes (más de 450.000 viviendas se querdarían sin comprador cada año de seguir ese ritmo), si bien esas cifras de 2006 fueron ciertamente excepcionales (las cifras estuvieron en los años precedentes en torno a las 15.000 viviendas mensuales o las 200.000 anuales de más); es evidente que, con esas cifras, debía realizarse un ajuste en la oferta.

El problema es que los proyectos visados no son más que eso: proyectos. Muchos de esos proyectos se convertirían en promociones, pero otros muchos nunca llegarían a materializarse; las cifras correspondientes a las certificaciones de obras finalizadas así lo ponen de manifiesto: de las 8.112.724 viviendas proyectadas desde 1992, sólo se han materializado 5.251.381. Así, el máximo de viviendas construidas se alcanzó en 2007, con 547.285 (una media de 45.607 viviendas al mes, que son 12.127 más que las compraventas que se produjeron en Enero de 2007).

Si tomamos el número de viviendas finalizadas desde Enero de 2007 vemos que según las certificaciones son 1.434.102, mientras que según los visados (teniendo en cuenta que han de transcurrir entre 18 y 24 meses hasta que puedan finalizarse los proyectos) serían 2.319.530; el número de viviendas nuevas transmitidas desde Enero de 2007 es de 901.285, por lo que el desajuste entre la oferta y la demanda sería, según se tomase uno u otro dato, de 532.817 ó de 1.418.245 viviendas. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, el stock acumulado en 2009 (que incluye los cálculos acumulados desde 2004) sería de 688.044 viviendas (34.366 correspondientes a Castellón), más acorde con los datos de las certificaciones que con los de visados (utilizados asiduamente por determinados medios ultraliberales como Libertad Digital, como puede observarse en este artículo de 2008 o en éste de esta misma semana).

Como ya vimos también en el segundo artículo de la serie, los precios de la vivienda nueva han experimentado caídas máximas del 10,73% en el conjunto de España y del 15,49% en Castellón, muy lejos del 30% ó del 40% que se manejan en ciertos círculos; por supuesto, con las cifras de stock que manejan algunos expertos y al ritmo de ventas y de construcción actuales, las viviendas nuevas sin vender no se podrían absorber hasta que transcurrieran entre 10 ó 15 años, por lo que es evidente que el ajuste de los precios habría de ser acorde con aquellas cifras o incluso mayor. Sin embargo, las cifras del stock de viviendas basadas en los visados es completamente irreal, por lo que el descenso de precios previsto en base a dichos datos también lo es, como de hecho parecen demostrar las últimas cifras oficiales sobre precios (ver la actualización de datos de esta serie de artículos).

Aunque las actuales cifras de compraventas rondan las 225.000 viviendas nuevas al año (unas 19.000 viviendas al mes), en 2005 se registraron más de 430.000 compraventas (unas 36.000 mensuales) y no fue hasta 2008 cuando las operaciones bajaron de las 300.000 anuales; recordemos que la crisis financiera estalló en Agosto de 2007 y que el número de hipotecas concedidas empezó su descenso en picado (con descensos interanuales superiores al 30%) justo ese mes, como puede observarse en el gráfico siguiente (en Marzo de 2008 se concedieron casi 50.000 hipotecas menos que en Marzo de 2007).

¿El descenso en el número de compraventas fue consecuencia del exceso de oferta? Con toda probabilidad, incidió en el descenso en el número de compraventas de 2006 y 2007 (hasta el estallido de la crisis financiera se produjeron descensos interanuales puntuales cercanos al 10% en el número de hipotecas concedidas), sobre todo cuando empezaron a aparecer los informes que hablaban de descensos en los precios de hasta un 40% por el teóricamente desorbitado stock de viviendas que se estaba acumulando; aquellos descensos interanuales en el número de compraventas de entre el 10% y el 20% podían responder a la propia crisis del sector inmobiliario, pero tiene difícil explicación su extensión en el tiempo (éste será el cuarto año consecutivo de crisis en el sector) si no tenemos en cuenta que en el momento en el que se tuvo que iniciar la recuperación (es difícil encontrar crisis sectoriales superiores a los dos años, por lo que a mediados de 2008 se debería haber iniciado una ligera remontada que nunca llegó) estaba en pleno auge la crisis financiera.

Puesto que la demanda de vivienda necesita de una fuente de financiación, y ésta no estaba disponible (en Enero de 2009 se concedían un 58% de hipotecas menos –unas 72.000 menos– que dos años antes), la razón del estancamiento y del descenso en el número de operaciones de compraventa a partir de 2008 la hemos de establecer en la inexistente demanda (por falta de financiación debido a la crisis de liquidez del sector financiero), y no exclusivamente (ni principalmente) al exceso de oferta; no es, por lo tanto, una crisis de oferta del sector inmobiliario lo que estamos observando en estos momentos, sino una crisis de demanda por la concatenación de la crisis financiera a la crisis del sector de la construcción.

¿Deben bajar más los precios de la vivienda nueva por un exceso de oferta? En una situación de crisis sectorial, posiblemente fuese una solución para reanimar las ventas; pero si la demanda no existe por la existencia de una crisis financiera paralela, la variación en los precios de venta no tiene efecto alguno en el mercado, puesto que cualquier atractivo que pudiesen tener para la demanda unos precios ajustados quedaría completamente cercenado por la imposibilidad manifiesta de acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo la operación de compraventa.

Los importes medios de las hipotecas nos ayudarán a poner de manifiesto la principal contradicción de las teorías que afirman que los precios de las viviendas han de seguir bajando; el descenso en el valor medio de las hipotecas concedidas ha llegado al 26,71% desde sus niveles más altos, mientras que los precios han descendido poco más del 10% (según los datos referidos al conjunto de España). Mayo de 2007 supone el punto de inflexión tanto en el número de hipotecas como en el importe medio, iniciándose en Agosto las caídas más acusadas en ambas variables; lo esperable sería que el número de hipotecas condedidas acompañase al número de compraventas de viviendas y que los importes medios de las hipotecas acompañasen a los precios de venta de las viviendas. Sin embargo, no es eso lo que ocurrió.

El número de compraventas ya descendió en 2006 y continuó haciéndolo en 2007, mientras que el número de hipotecas no alcanzó su máximo hasta Mayo de 2007; totalmente ajenas a las cifras de ventas del sector de la construcción, las entidades financieras siguieron concediendo más y más hipotecas hasta que, en Mayo de 2007, Lehman-Brothers e inversores similares empiezan a huir de los fondos hipotecarios y la falta de liquidez empieza a notarse en el mercado financiero. Se inicia ese mes un ligero descenso en el número y en el importe de las hipotecas concedidas, que acabaría siendo un auténtico descalabro a partir de Agosto, justo tras el anuncio de la quiebra de las norteamericanas Blackstone, American Home Mortgage y National City Home Equity y del banco alemán IKB y tras las posteriores, a la vez que urgentes y multimillonarias, inyecciones de liquidez coordinadas entre la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Canadá y el Banco Central de Japón. No obstante, el acusado descenso en el número de hipotecas concedidas (un 58% desde Mayo de 2007) se corresponde aproximadamente con el descenso en el número de compraventas (un 53,16%), habiéndose equiparado aproximadamente ambas variables, aunque los ritmos de las caídas han sido muy desiguales (mucho más acusados en el número de hipotecas, que se desplomaron más tarde y cuya caída ha sido mucho mayor).

Con estos datos en la mano, es muy aventurado afirmar que los precios de las viviendas han de seguir bajando, puesto que actualmente el principal problema del sector no es el exceso de oferta, sino que estamos ante un problema común al resto de la economía: el sector financiero no concede créditos y, por lo tanto, la demanda no existe. Siendo éste el principal problema, el ajuste de precios a la baja en el sector de la construcción sólo sería efectivo si alcanzasen un nivel tal que los compradores no necesitasen un préstamo para comprar una vivienda; como esta situación es completamente inviable, las teóricas rebajas en los precios de las viviendas van a continuar siendo mínimas (de hecho, los precios están empezando a remontar), puesto que las empresas promotoras saben que la demanda no va a poder reaccionar (el número de hipotecas que concede el sector financiero está a niveles inferiores a los de 2003) por mucho que bajen los precios.

Además, si añadimos los datos del importe medio de las hipotecas condecidas (que pasó de 152.481,96 € en Agosto de 2007 a los 111.753,36 € en Agosto de 2009, lo cual supone una bajada de casi el 30%) podemos llegar a entender el actual comportamiento de la demanda: sólo pueden acceder a una hipoteca quienes tienen una determinada capacidad de ahorro, de forma que las escasas hipotecas que se conceden tienen como prestatarios a personas que no necesitan financiación más allá del 60% ó del 70% del precio de cada vivienda o que, en cualquier caso, su futuro económico inmediato no se va a ver oscurecido por las circunstancias de los mercados.

Así, mientras los precios de las viviendas se han ajustado apenas un 10% en cuatro años de crisis inmobiliaria, los datos de la crisis financiera (un descenso de casi un 30% en el importe medio de las hipotecas y de un 70% en el total concedido –de más de 18.000 millones de euros mensuales concedidos en Enero de 2007 se ha pasado a menos de 6.000 millones de euros–) ponen completamente en entredicho las teorías que defienden casi como única opción válida la crisis de oferta en el sector de la construcción, cuando lo que hay en realidad es una crisis galopante de demanda debida a la crisis del sector financiero.

En definitiva, que podemos señalar al huevo (el exceso de oferta) como origen inicial de la crisis del sector inmobiliario, pero no podemos seguir señalando al huevo desde el mismo momento en que la gallina (la ausencia de demanda por la falta de financiación para la compra) aparece como clara y preponderante protagonista de la actual situación del sector de la construcción.

Las políticas laborales ultraliberales, en cifras

El ultraliberalismo aboga por la práctica supresión del Estado y la consiguiente reducción a la mínima expresión de los impuestos que gravan las relaciones laborales; según esta corriente, cada vez más mayoritaria entre la derecha española y europea, las actuales políticas estatales en materia laboral suponen un intervencionismo en los mercados que perjudica tanto al trabajador como al empresario, que se verían ampliamente beneficiados con políticas de intervención cero.

Que un trabajador pueda verse beneficiado con las políticas ultraliberales es mucho decir, pero vamos a concederle el beneficio de la duda a esta teoría, así que nos vamos a poner a hacer números; por supuesto, si es beneficioso para todas las partes partiremos de la premisa de que el trabajador, como mínimo, va a mantener sus condiciones de vida en los mismos niveles que con otras políticas más intervencionistas.

Para realizar los cálculos tomaremos un sueldo de 1.500 € brutos al mes, que con el 10% de retención por IRPF y con el 6% que va a parar a la Seguridad Social se convierten en unos 1.250 € netos; como la Seguridad Social no existe en las teorías económicas ultraliberales y el Estado es mínimo, el 6% desaparece y el 10% se reduce a un 1%, por lo que el sueldo neto pasa a ser de 1.485 € mensuales. Mola, esto del ultraliberalismo: por la jeta, 235 € más al mes para gastarse.

Pero eso no es todo, no. Si eliminamos la Seguridad Social, el empresario ya no tiene que pagar al Estado la otra parte de mis cuotas, que son otro 30%: 450 € brutos más para el trabajador. Vaya chollo. De cobrar 1.250 €, nuestro trabajador pasaría a cobrar, con la aplicación de las teorías ultraliberales, 1.930,50 € al mes (le hemos restado el 1% de IRPF a esos nuevos 450 €). ¡Un aumento de sueldo instantáneo de 680,50 € ó del 54%!

Claro, que a ese nuevo sueldo habrá que restarle algunas cantidades si lo que queremos es que ese trabajador, más contento que unas pascuas con su nuevo salario, mantenga los niveles de protección que ahora puede exigir porque la Ley así lo prevé.

Empezaremos por la indemnización por despido, que con las teorías ultraliberales, por supuesto, desaparecerían; vamos a suponer que al trabajador le han hecho hoy uno de los nuevos contratos indefinidos y que le corresponderían, por lo tanto, 33 días de indemnización por año trabajado, que es un 9,09% del sueldo mensual bruto (1.500 €) o, lo que es lo mismo, 136,35 €. Ese importe es el que debería reservar el trabajador en su cuenta cada mes para que, el día que lo despidan, pueda tener un colchón equivalente al que ahora le corresponde por Ley (recordemos que, según las teorías ultraliberales, todos salimos beneficiados con sus medidas); pero no pasa nada, porque aun así seguiría cobrando 1.794,15 € (un 43,53% más).

Vamos a continuar con la pensión de jubilación, que, por supuesto, tendría que ser privada (la Seguridad Social nos la hemos cargado de un plumazo); supongamos que nuestro feliz trabajador tiene 18 años, por lo que aun le quedan, como mínimo, 47 años más de trabajo. Si todo va bien, podrá disfrutar de su pensión (privada) 20 años (suponiendo que la esperanza de vida de dentro de 30 años sean los 85), así que, para disfrutar de una pensión equivalente a su sueldo neto (tomemos los 1.250 € iniciales) tendría que destinar 638,30 € al mes para su fondo de pensiones. Y aquí se acaban los cálculos, porque el sueldo de nuestro trabajador se le quedaría en 1.155,85 €, que son 94,15 € menos de los que cobra ahora ó un 7,53% menos (que supera la reducción de sueldos del 5% a los funcionarios por la crisis).

Haremos un pequeño inciso respecto a los planes de pensiones, porque un ultraliberal nos diría que estas inversiones se revalorizan a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la aportación sería menor; la realidad, sin embargo, es bien distinta: un plan de pensiones puede revalorizarse, pero también puede devaluarse. De hecho, en las actuales circunstancias, tanto los planes de pensiones con inversión en renta fija (que dan tipos de interés por debajo de la inflación) como los que invierten en renta variable (con la bolsa en descenso libre) están sufriendo una continua devaluación, por lo que los cálculos realizados se quedarían cortos y nuestro trabajador se quedaría, al final de su vida laboral, con una pensión por debajo de la que habíamos previsto.

No obstante, podríamos seguir haciendo cálculos hasta acabar con el sueldo del trabajador; por ejemplo, nos podemos preguntar quién pagaría los recibos mensuales de la luz, del teléfono, del agua, del fondo de pensiones o de la hipoteca de un trabajador en baja laboral por una enfermedad grave. Las entidades bancarias suelen ofrecer seguros (por unos 25 € al mes, así que el sueldo de nuestro trabajador bajaría a los 1.130,85 €) que cubren un máximo de 12 meses del pago de las cuotas de la hipoteca en estos casos, pero de la luz, del agua o del teléfono no se hace cargo nadie. Los medicamentos están subvencionados al 60%, así que ese porcentaje tendría que salir también del sueldo de nuestro trabajador, y la atención médica privada completa ronda los 60 € mensuales, por lo que el sueldo se reduciría por debajo de los 1.070,85 €…

Pero no es sólo el sistema de protección de la salud lo que nos hemos cargado con la aplicación de las políticas ultraliberales; hemos rebajado el IRPF del 10% al 1% porque el Estado se ha quedado en los huesos y no necesita mucho alimento, y eso tiene también sus contrapartidas: la educación de nuestros hijos será privada y la pagaremos nosotros íntegramente. Nuestro trabajador tendrá que ir ahorrando lo necesario para que su hijo (o sus hijos) tenga una formación, así que vamos a hacer un cálculo, con precios de hoy, de lo que constaría la educación liberal (y privada); la educación infantil (la guardería) le costaría unos 16.000 €, la básica (desde los 6 hasta los 16) unos 75.000 € y la secundaria otros 24.000 €. Todas las pagas extraordinarias de la vida laboral de nuestro trabajador (180.000 €) más las de su pareja (suponiendo otros 180.000 €) cubrirían la educación de tres hijos; en cualquier caso, la educación para cada hijo adicional (115.000 €) supondría restar de su sueldo y del de su pareja otros 100 € mensuales a cada uno. Por supuesto, ni nos planteamos que nuestros hijos cursen estudios universitarios, ya que eso supondría unos 30.000 € adicionales por cada hijo (unos 30 € al mes del sueldo de nuestro trabajador y otros 30 € del sueldo de su pareja).

Con estos gastos básicos que supondrían la aplicación del sistema ultraliberal es suficiente para comprobar que no todos salen beneficiados (nuestro trabajador se quedaría con un mínimo de 200 € menos al mes de sueldo y sin pagas extraordinarias); pero es que, además, hemos hecho una pequeña trampa (es la que hacen los ultraliberales para cuadrar sus cuentas) al considerar que las cuotas empresariales a la Seguridad Social (450 € al mes) irán a parar al bolsillo del trabajador, lo cual es mucho suponer, no ya porque no sea lo habitual que las rebajas de impuestos sean destinadas por las empresas a incrementar los salarios de sus trabajadores, sino porque son las propias empresas las que están hablando de reducir los salarios.

Pero es que de todas formas los ultraliberales, siguiendo la ortodoxia de las teorías económicas, consideran que por las reglas de la oferta y la demanda todo lo que reste en un principio al salario del trabajador sería rectificado por el propio mercado laboral; así, si el trabajador perdiese 200 € con los cambios de sistema, ese mercado acabaría por exigirle al empresario un incremento equivalente en los salarios de sus trabajadores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si al empresario le cuesta ahora 1.950 € el trabajador (los 1.500 € de salario bruto más los 450 € de las cuotas empresariales a la Seguridad Social), con la aplicación de las teorías ultraliberales el mercado le obligaría a que destinase a costes laborales los 200 € que perdería el trabajador, suponiéndoles entonces unos costes de hasta 2.150 €. Con lo cual podríamos afirmar que ni trabajador ni empresario se beneficiarían del sistema económico ultraliberal.

Y la pregunta obligada es… si tanto el empresario como el trabajador acabarían perdiendo, ¿cómo es posible que haya quien todavía defienda esas teorías? La respuesta es fácil: los mercados tienen fallos, y uno de ellos es el desequilibrio entre la capacidad negociadora del empresario y del trabajador; como es el primero el que tiene mayor capacidad para imponer sus condiciones, el mercado nunca llegaría a regularizar las pérdidas del trabajador, por lo que el perdedor siempre sería el mismo: nuestro inicialmente feliz trabajador, que perdería los 200 € que hemos calculado más los 450 € que la empresa se ahorraría con la eliminación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Nuestro inicialmente feliz trabajador vería cómo sus anteriores cheques de 1.250 € se convierten en una nómina real de 600 € con la aplicación de las teorías ultraliberales. ¡Menudo chollo!

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (IV)

El mercado laboral

Como hemos visto en las anteriores entregas de esta serie (la primera sobre el número de operaciones de compraventa de viviendas y la segunda sobre la evolución del precio del metro cuadrado tanto en inmuebles de este tipo nuevos como usados), existe un elevado grado de rigidez (poca capacidad de reacción) en los precios de las viviendas ante un descalabro de la demanda como el que tuvo lugar en 2006; lo que vamos a ver ahora es si esa rigidez en los ingresos es una característica estructural del sector o si, por el contrario, se trata de una mera actuación de oportunidad.

Empezaremos por la característica más destacada de este sector, que es la alta temporalidad en los contratos laborales; el Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos desagregados por provincias respecto a la temporalidad, pero nos servirán los datos globales correspondientes al conjunto de España. Hay que tener en cuenta que tanto el sector de la construcción clásico (cuyos datos ya figuraban individualmente en las anteriores estadísticas del INE) como el de la promoción y el de los comerciales inmobiliarios (APIs) han quedado integrados, con la nueva clasificación del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) dentro del sector de la construcción.

Como podemos observar en el gráfico superior, la temporalidad media estuvo en España entre el 30% y el 35% hasta el primer trimestre de 2008 (no bajó de los 5 millones de trabajadores hasta el segundo trimestre de 2008), aunque empezó a estar en la parte baja de esa horquilla ya desde el primer trimestre de 2007 tras haber alcanzado su máximo (34,59%) en el tercer trimestre de 2006; aun siendo una temporalidad elevada en comparación con los países de nuestro entorno, el sector de la construcción llegó hasta el 56,98% de temporalidad en el tercer trimestre de 2006.

Desde el tercer trimestre de 2006 (cuando había 5.661.400 trabajadores con contratos temporales) hasta el primer trimestre de 2010 han desaparecido 1.940.900 contratos temporales, a la vez que el paro se ha incrementado en 2.960.900 personas (han entrado en el mercado laboral otras 1.346.200 personas, se han incrementado los contratos indefinidos en 828.200 y el resto –otros 500.000 puestos de trabajo perdidos– corresponden a personal no asalariado –trabajadores por cuenta propia, empleadores, empresarios…–); sólo en el sector de la construcción han desaparecido 710.000 puestos de trabajo temporales desde que se alzanzara su máximo en cifras absolutas (1.218.500 contratos en el segundo trimestre de 2007), mientras que el paro ha llegado a incrementarse en más de 600.000 personas (antes de que el Plan-E y el descenso de la población activa –476.800 trabajadores de la construcción han dejado de buscar trabajo en el sector o han pasado a engrosar la abultada lista de parados de larga duración, que no tienen asignado un sector concreto– diesen un cierto respiro a las terribles cifras de las estadísticas).

Tanto de las cifras de temporalidad como de las de parados (a partir del segundo trimestre de 2007 la tasa de paro en la construcción se dispara, tanto en España como, sobre todo, en Castellón), observamos que aquella rigidez para adaptar los precios de venta de las viviendas no se da aparentemente a la hora de reducir los costes laborales; no obstante, no hay que olvidar que son las empresas promotoras (último eslabón de la cadena de costes), y no las constructoras (que al ser el primer eslabón fueron las primeras en no renovar sus contratos temporales ante la creciente inactividad del sector, aunque sí repercutieron sus costes al siguiente eslabón), las que establecen esos precios, por lo que los ajustes difícilmente pueden ser inmediatos.

La situación del mercado laboral del sector inmobiliario en Castellón es mucho más crítica que en el resto de España; de ser el sector castellonense con una menor tasa de paro (llegó a tener apenas el 1,64% en el segundo trimestre de 2007) ha pasado a batir todas las cifras conocidas, llegando en la actualidad a tener una tasa de paro del 32,92%; aunque las cifras del sector en España están también disparadas (del 5,50% de tasa de paro en el sector en el tercer trimestre de 2005 se ha llegado hasta el 27,32% durante el primer trimestre de 2009), el peso del sector en Castellón ha hecho que la provincia pase de ser una de las que mejores cifras globales de desempleo presentaba (habitualmente dos o tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional) a ser una de las que presenta unas tasas de paro más desbocadas (por encima del 26% en la actualidad, casi cinco puntos porcentuales por encima de las cifras globales de España).

La importancia del sector de la construcción en la provincia de Castellón lo podemos observar en el último gráfico, en el que se observa cómo el peso relativo (respecto al total de trabajadores con contrato en todos los sectores) del número de ocupados en esta actividad era superior entre dos a seis puntos (llegando hasta cerca del 18% de todos los ocupados en la provincia) al peso del sector a nivel nacional (que nunca llegó a suponer el 14%); en la actualidad, ese peso relativo de las personas ocupadas en el sector de la construcción respecto al total de ocupados se ha igualado a la baja tanto en España como en Castellón, suponiendo ahora alrededor del 10% de los trabajadores asalariados. Por el contrario, el número de trabajadores parados ha pasado de representar alrededor de un 8% del total de parados (tanto en España como en Castellón, aunque con mayores altibajos en este caso) a superar el 16% de peso relativo, representando en la actualidad entre el 12% y el 14% del total de parados. No hay que olvidar que la contribución de este sector al P.I.B. nacional ha estado en torno al 10% desde el año 2005 (acercándose al 11% durante 2006), aunque en la actualidad se encuentra ligeramente por debajo (9,44% en el primer trimestre de 2010).

En resumen, la alta temporalidad laboral del sector de la construcción ha permitido ajustar los costes laborales de las empresas a través de despidos masivos de trabajadores (hay un 58,27% de contratos temporales menos en el sector, habiendo pasado a engrosar las listas del paro el 97,40% de los trabajadores con este tipo de contrato, sin olvidar que también hay un 29,85% de contratos indefinidos menos); a pesar del bajo peso relativo del sector en el conjunto de la economía (un 10% del P.I.B. y un 12% de los trabajadores), la contribución del sector al incremento del paro nacional ha sido del 20% y a la destrucción de trabajos temporales del 37%, mientras que en Castellón la contribución directa al incremento del paro ha sido del 33% (la indirecta sería mucho mayor, puesto que el sector industrial –con la cerámica a la cabeza– se ha visto gravemente afectado por la crisis de la construcción). La tan reivindicada (por parte de las asociaciones de empresarios) flexibilidad del mercado laboral en el sector de la construcción es, por lo tanto, altísima; sin embargo, esa flexibilidad en los costes no se ve reflejada en una flexibilidad similar a la hora de hacer frente a retoques en los ingresos, que muestran una extremada rigidez poco acorde con un mercado competitivo en costes (al menos en los laborales).

El sector de la construcción no necesitaba, por lo tanto, retoques competitivos en cuanto a su estructura laboral (en cualquier caso, lo que necesitaba era una mayor estabilidad laboral, como demuestra la alta siniestralidad del sector); por el contrario, lo que sí hubiese necesitado la construcción habría sido una política empresarial menos especulativa, menos oportunista y menos rígida. La virulenta corrección a estos déficits en las políticas empresariales ha tenido que venir, por desgracia, en forma de innumerables concursos de acreedores, con la consiguiente repercusión, de nuevo, en los puestos de trabajo.

Veremos en la próxima entrega de esta serie los orígenes del descalabro del sector, cuyo principal motivo no puede achacarse al exceso de oferta (que también ha podido contribuir a la crisis del sector, aunque no en los términos primordiales que parecen haberse establecido entre la opinión pública).

Nota metodológica: Las cifras de paro que he utilizado incluyen a las personas que buscan su primer trabajo (323.900 en España y 3.300 en Castellón en el último trimestre), por lo que las tasas de paro serán ligeramente superiores (entre un 1% y un 1,5%) a las reconocidas oficialmente en la Encuesta de Población Activa, que es la fuente desde la que se han tomado los datos.