En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

La dignidad del ciudadano de a pie

El jueves se publicó un Editorial conjunto en doce periódicos editados en Cataluña bajo el título “La dignidad de Cataluña” que ha causado un gran revuelo social y mediático; ni me gustó el tono ni me gustó el momento, pero fue una respuesta más que previsible.

La caverna mediática, harta de insultar, presionar, vilipendiar, deslegitimar y atacar en días anteriores al Estatut, a Cataluña, a los catalanes y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, no tardaron en salir en manada en mensajes televisivos, radiados y escritos… ¡¡¡en defensa del Tribunal Constitucional!!!

No voy a hacer ahora una recopilación de las barbaridades que Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos y otros periodistas de la misma tribu han dejado plasmadas, en papel o en las ondas, respecto a la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del Estatut (las hemerotecas hablan por sí solas).

Esos periodistas cavernícolas saben perfectamente que el editorial conjunto no es más que la respuesta a sus anteriores desmanes; es la reacción legítima de una sociedad y de una opinión maltratadas sin escrúpulos con editoriales, columnas y artículos manipuladores y generadores de odio hacia esa sociedad que ahora ha respondido. Esos cavernícolas saben perfectamente que ese editorial conjunto no es más que la respuesta que intenta equilibrar las presiones de los cavernícolas sobre el Tribunal Constitucional.

Pero con el editorial hay otro problema. Si el Tribunal Constitucional ya estaba completamente deslegitimado para la opinión pública que sigue habitualmente a los cavernícolas, ahora también lo está para gran parte de los catalanes. Deslegitimado para unos y deslegitimado para otros, sea cual sea el resultado de la próxima sentencia no va a ser aceptada por ninguna de las dos partes; ese va a ser el único resultado al que van a contribuir unos y otros con sus presiones y sus deslegitimaciones.

¿Y qué hacemos el resto de ciudadanos que consideramos que los miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por sus conocimientos jurídicos siguen teniendo esos conocimientos por los que fueron elegidos? Porque por mucha batalla mediática que haya por deslegitimar al Tribunal Constitucional, sus miembros lo siguen siendo por sus conocimientos jurídicos.

El resto de ciudadanos podemos optar por unirnos a la deslegitimáción del Tribunal Constitucional (esta es la opción más cómoda, puesto que así les damos la razón a unos y a otros), por descojonarnos ante las rabietas de ambas partes al dictarse la sentencia (también es una opción cómoda, y además la risa es más saludable que la indignación) o por decirles a ambas partes que dejen trabajar al Tribunal Constitucional y que dejen de utilizar su deslegitimación para preparar a sus fieles ante una sentencia que no les va a dar la razón al 100% ni a unos ni a otros.

Hubiese sido todo un triunfo para la democracia que la aprobación del Estatut hubiese servido para abrir un debate en la sociedad acerca de sus propuestas más conflictivas; pero con la caverna encerrada en su cueva dando continuos alaridos ha sido misión imposible. Y al final, alaridos desde la cueva y alaridos desde fuera de la cueva.

Triste realidad la de esta España que nos ha tocado vivir.

El aborto como crimen

Tras casi 25 años de la despenalización del aborto en determinados supuestos, y sin que los Gobiernos de izquierda y de derecha con mayorías absolutas hayan puesto en duda dichos supuestos (por lo que entiendo que hay una amplia aceptación social en los casos recogidos por la Ley), he de reconocer que me choca encontrarme con personas que, a día de hoy, no aceptan el aborto ni tan siquiera cuando estamos ante un embarazo provocado por una violación (uno de los supuestos en los que abortar está despenalizado); haciendo juegos malabares con los daños morales de la mujer violada, acaban concluyendo que esa mujer, víctima de un crimen, está obligada a cargar al menos nueve meses (si no toda la vida) con el fruto de su violador. Pocas veces veremos (por no decir nunca), en legislaciones democráticas avanzadas, que una víctima deba ser castigada con obligaciones por el delito de su agresor; pero la moral cristiana (y la religiosa en general) es capaz de eso y de mucho más.

A la hora de discutir del aborto con algún antiabortista, recurrir habitualmente a este caso extremo del aborto por violación es el camino más directo para que reflexionen sobre la crueldad a la que lleva esa moral religiosa que poco o nada tiene que ver con lo que se sabe, en pleno siglo XXI, del desarrollo del feto y de sus distintas etapas vitales; es el eterno retorno eclesiástico (tan cristiano) a la caza de brujas y a la quema de herejes, que acaba habitualmente con una condescendiente absolución caritativa de un crimen cometido por la violada que acaba por abortar (curiosamente, hay muy pocos antiabortistas que condenarían a una mujer violada por abortar), clara manifestación de que la hipocresía sigue siendo la única vía que pueden seguir los cristianos ante la enquistada inoperancia eclesial ante los avances en el conocimiento médico-científico. La única solución cristiana moralmente válida al aborto de una mujer violada es, cómo no, mirar hacia otro lado, aunque la mujer sea considerada una asesina infanticida.

El gran problema de los antiabortistas es que no pueden reconocer ninguna excepción al aborto como crimen, puesto que reconocer alguna excepción (aunque se trate de la más vil y cruel de las violaciones) desmoronaría por completo todo el castillo de naipes en el que se fundamenta su concepción del aborto.

El feto, según la visión antiabortista, tiene vida propia (humana) desde el mismo momento de la fecundación; esa vida propia no tiene una base científica o médica, sino que viene determinada de antemano por las Sagradas Escrituras: Dios crea y da vida, por lo que, desde el mismo momento de la existencia de un embrión, existe un alma. Poco importa que esa alma sea un cúmulo deforme de células sin brazos, sin corazón, sin cerebro o sin sensaciones: Dios lo ha creado y la mujer, violada o no, no tiene más opción que resignarse y asumir el destino divino.

Sin embargo, científicamente está demostrado que el feto (que es embrión hasta las ocho semanas) no desarrolla un sistema nervioso (es decir, no tiene sensaciones, ni dolorosas, ni placenteras, ni de ningún otro tipo) hasta la 16ª semana, cuando se desarrolla el primero de los cincos sentidos: el tacto. El feto pesa entonces 120 gramos.

Aunque lo que diga o deje de decir la ciencia no les interesa lo más mínimo a los antiabortistas, ante la imposibilidad de demostrar el sufrimiento físico (como el que pudiera tener cualquier ser vivo) del embrión o del feto, los antiabortistas acuden raudos a las, según ellos, extraordinarias secuelas físicas en la mujer, trasladando datos de principios de los 70 a la actualidad (cuando ni tan siquiera se requiere intervención quirúrgica para abortos practicados hasta el 2º trimestre de gestación) o extrapolando técnicas abortivas que sólo se practican en los estados de gestación más avanzados (como la histerotomía o la histeroctomía) a la totalidad de las distintas etapas del embarazo; a esta serie de burdas manipulaciones le suelen acompañar leyendas urbanas acerca de la mayor propensión a contraer cáncer de útero si se ha practicado un aborto o relatando crueles, sangrientas y mortales operaciones abortivas que resultan ser mezclas de distintas historias, todas ellas ajenas a los centros médicos y algunas, incluso, de hace décadas.

En esta ocasión es la propia realidad la que pone a cada uno en su sitio, puesto que no existen complicaciones en más del 99% de los abortos practicados, mientras que la tasa de mortalidad es inferior al 0,001%.

La huida hacia adelante de un antiabortista ante este baño de realidad pasa, indefectiblemente, por recurrir a los daños morales de la embarazada; en este caso, el principal problema reside en que un antiabortista nunca acepta los daños morales que puedan resultar de la obligación de una mujer violada de llevar en su seno el fruto de su propia violación. El Fundamento Jurídico 11º de la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, en la que se trató el Proyecto de Ley para despenalizar el aborto, sirve perfectamente para explicarle a un antiabortista la aberración (tanto jurídica como moral) a la que aboca esa extraña moralidad:

«La gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.

Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución». Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, Fundamento Jurídico 11º.

Finalmente, y por no alargar más este artículo (aunque haya materia de sobra para alargarlo), siempre habrá quien apele a una parte de la ciencia para intentar justificar su argumentación; es el caso, por ejemplo, en el que se alude al ADN como portador de la vida (en lo que aparenta una especie de equiparación entre el alma y el ADN). Existe un serio problema al respecto, puesto que el ADN (toda la información genética) que formará el feto ya está presente tanto en los óvulos que cada 28 días son asesinados por las mujeres en edad de procrear como en los miles de millones de espermatozoides que son exterminados todos los días en nuestro país; y es que no podemos olvidar que, para evitar que la sociedad civil, a través de consideraciones religiosas, caiga en el más absoluto de los absurdos, el propio Código Civil sólo otorga la condición de persona al feto nacido con figura humana y que sobreviva más de 24 horas fuera del seno materno.

El “Echelon” español se llama SITEL

Aunque ha sido recientemente cuando El País y otros periódicos generalistas (con la previa trifulca del PP en el Congreso de los Diputados) se han hecho eco del SITEL (Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones), el experto en crear absurdas conspiraciones Luis del Pino ya se hizo eco de este nuevo sistema hace unas semanas en Libertad Digital y en su programa de esRadio; con la ya más que sospechosa habitualidad con la que este individuo defiende los argumentos de las grandes organizaciones criminales (tanto terroristas como, ahora también, narcotraficantes), resulta asombroso que algún partido político sea capaz de llevar sus extravagantes paranoias hasta los órganos de máxima representación democrática de los españoles.

Recordemos que se llama “Echelon” a un sistema (o supuesto sistema) que los servicios secretos estadounidenses utilizan (o supuestamente utilizan) para interceptar las comunicaciones de todos los ciudadanos estadounidenses (o de todo el mundo, según algunas versiones); el sistema, según las leyendas urbanas más extendidas, detecta determinadas combinaciones de palabras, de forma que quien las pronuncie en una conversación o quien las escriba en un mensaje pasa a ser considerado automáticamente sospechoso de cometer o de intentar cometer algún tipo de delito, siendo desde ese momento intervenidas todas sus comunicaciones. Dando por buena esta forma de operar de este sistema, no cabe duda que nos encontramos ante ese temido, omnipresente e incontrolado “Gran Hermano” que permanentemente nos tiene vigilados a la humanidad entera.

No voy a entrar en la veracidad o no de esas leyendas urbanas, puesto que el sistema existe en realidad (aunque su funcionamiento pueda diferir en parte o por completo de la rumorología, que es la única fuente en la que se sustenta la forma de operar descrita en el párrafo anterior); sólo voy a entrar, respecto a este sistema estadounidense, en los pasmosos comentarios que se hicieron sobre él en el programa de Luis del Pino en esRadio a cuenta del SITEL. Uno de los comentaristas que acompañaban a Luis del Pino aquel sábado por la mañana se dispuso a enumerar las bondades de aquel “Echelon” estadounidense, una maquinaria completamente automatizada que sólo se activa cuando se pronuncian o se escriben las palabras mágicas (nada hay que temer mientras no se diga algo inconveniente), en contraposición al peligroso SITEL activado por malvados policías corruptos bajo las órdenes del tenebroso Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba (aunque la activación sólo pueda producirse tras la pertinente orden judicial); baste tener presente esta argumentación, a la que nada opuso Luis del Pino, para comprobar lo fútil que puede llegar a ser el razonamiento de algunos y, en consecuencia, la endeblez argumental y racional de determinados planteamientos.

«SITEL proporciona una enorme capacidad de control sobre los ciudadanos. Y, desgraciadamente, en nuestro país, el control judicial brilla por su ausencia. Y todos somos conscientes del inmenso poder que eso otorgaría a un gobierno sin escrúpulos». Luis del Pino en Libertad Digital.

«El sistema SITEL, ese sistema con el que el Gobierno y sus fuerzas policiales espían a todos los españoles prácticamente a voluntad y sin control judicial alguno». Luis del Pino en esRadio (minuto 50:00).

«El sistema que ellos utilizan [Estados Unidos] es que el ordenador lo escucha todo, pero es el propio ordenador el que tiene una alarma cuando se juntan determinadas frases o determinadas palabras que utilizan una serie de combinaciones (no sé cómo se hará informáticamente eso), pero es el propio ordenador el que… Entonces, es el juez el que contempla el por qué el ordenador ha dado esa alarma y entonces da la autorización, y entonces es cuando interviene la policía con el respaldo de la autorización judicial». Jesús Riosalido en esRadio (minuto 58:39).

Tras observar la literalidad del argumentario utilizado, ya podemos entrar en materia.

Libertad Digital se hizo eco de SITEL tras la publicación de un artículo del abogado Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas titulado «SITEL. La gran oreja del Gobierno no tiene suficientes garantías jurídicas», en el cual se recogía la opinión del único voto particular de la primera Sentencia del Tribunal Supremo (del 5 de Febrero de 2008) que avalaba la plena legalidad del sistema; sin embargo, fue La Gaceta de los Negocios (del Grupo Intereconomía) el primer medio en publicarlo el pasado 9 de Septiembre («El Gobierno utiliza un ‘software espía’»), relacionándolo directamente con las escuchas a dirigentes del PP investigados por varios delitos.

De los 22 informes jurídicos que, según Esteban González Pons, manejó el PP (mientras se gastaban la friolera de 1,8 millones de euros en implantar el sistema en el año 2002) y que advertían de los posibles problemas legales, tan solo han visto la luz dos de ellos: uno del Ministerio de Justicia y Defensa y otro del Consejo General del Poder Judicial (de 2001 y de 2002, respectivamente). Sin embargo, el PP realizó pruebas con un sistema posiblemente ilegal ni más ni menos que en el mayor caso de terrorismo de nuestra historia: el 11-M (ya en 2004, tras conocer esos supuestos 22 informes jurídicos); querían probar (es una suposición) qué sensación se tiene realizando escuchas ilegales.

Siete años después de aquellos informes, y con tres Sentencias del Tribunal Supremo avalando el sistema (la última de ellas conocida ayer mismo), hay quien pretende cambiar todo el procedimiento judicial desde la Constitución porque el nuevo sistema ha resultado ser demasiado efectivo en la persecución de las bandas organizadas de terroristas, de narcotraficantes y, lo que parece que más ha dolido, de empresarios y políticos corruptos.

La cuestión es que un sistema (llámese SITEL o llámese pinchazo) no puede ser ilegal por la tecnología utilizada cuando esa tecnología no es ilegal (y la grabación de conversaciones no lo es, ni con CD ni con cintas de cassette), sino por la forma en la cual se conculque algún derecho fundamental al utilizarla; y la cuestión es que el nuevo sistema requiere de los mismos pasos previos que el viejo pinchazo telefónico: si no hay autorización judicial mediante, se vulnera el derecho de las comunicaciones y lo que se pruebe con esas grabaciones ha de ser considerado nulo. Exactamente lo mismo que ocurría cuando un pinchazo telefónico se realizaba sin autorización judicial.

Del razonamiento jurídico inicial publicado en Noticias Jurídicas (y en la propia bitácora del abogado que redactó el artículo) a los actuales argumentos en contra de SITEL hay un salto de difícil explicación: mientras el origen de las críticas jurídicas estaba en una posible vulneración en materia de datos de carácter personal o en el procedimiento de traslado de las grabaciones realizadas, la actual discusión mediática ha devenido en una supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones, habiéndose creado un artifical paralelismo entre “Echelon” (un sistema de escuchas permanentes) y SITEL (un sistema de escuchas tras una autorización judicial).

Yo sólo encuentro una explicación al camino seguido por este asunto: cuando el PP se ve desbordado por sus casos de corrupción (o por la cruda realidad), sólo puede echar mano de extravagantes teorías conspirativas. Y dar a entender que Gürtel es una consecuencia de SITEL es mucha conspiración.

Maceteros a la basura

Hace algo más de un mes publiqué un artículo en esta misma bitácora criticando la instalación de unos maceteros que, unida a la ampliación de la zona azul (la ORA), aparentaba formar parte de una estrategia del Ayuntamiento de Castellón para eliminar un buen número de aparcamientos públicos y gratuitos, aprovechando para ello una genialidad de un Alcalde que un día se levantó ecologista.

Pues bien, los dichosos maceteros se van directamente a la basura.

Unos días después publiqué otro artículo, también en esta misma bitácora, criticando las palabras de Marta Gallén al referirse al Plan-E que inunda las calles de Castellón y que copa la totalidad de la obra pública de nuestra querida ciudad, recordándole a la concejal del Partido Popular que si no había proyectos sostenibles financiados por ese Plan-E era porque el Ayuntamiento, de la que ella es miembro, no había sido capaz de aprobarlos.

Pues bien, el único proyecto del Ayuntamiento de Castellón que podría considerarse sostenible se va directamente a la basura.

Pero hay algo más grave en todo esto que la simple falta de planificación del Ayuntamiento de Castellón. Decía el señor Javier Moliner en una nota de prensa que «la retirada de estos maceteros no les costará ni un solo euro a los ciudadanos»; y eso es falso por partida doble.

Primero, porque la instalación de los maceteros ya estaba en marcha, y la empresa a la que se adjudicó esa instalación va a tener que cobrar por las horas trabajadas (incluidas las horas que tengan que trabajar en la desinstalación), aunque al señor Javier Moliner no le guste.

Y segundo, porque la instalación de esos maceteros era parte del mismo Plan-E que criticaba su compañera de partido y de Ayuntamiento Marta Gallén. ¿Y qué coste tenía que ser subvencionado por el Estado? Pues 898.890,68 €. Y esa subvención la van a perder todos los castellonenses, incluido el señor Javier Moliner.

Un negocio redondo para los ciudadanos, sí señor; casi un millón de euros, a la basura. Y todo por las estupendas ocurrencias del señor Alberto Fabra, bien aderezadas con las absurdas disquisiciones de Marta Gallén y con las flagrantes mentiras del señor Javier Moliner.

Y ahora, que vengan a hablarnos de la crisis o a exigir dinero (o planificación) a las demás Administraciones Públicas.

Que tiemble el ‘Molt Honorable President’

Los dos presidentes del Partido Popular, Mariano Rajoy a nivel nacional y Francisco Camps a nivel regional, se han topado con un discípulo aventajado de Carlos Fabra; con los movimientos tácticos de los últimos días, tras verse acorralado por su propio partido, ese discípulo ha dejado tocados (a Camps más que a Rajoy) a ambos presidentes.

El comunicado de prensa que leyó Ricardo Costa el martes, sumado a su destitución de ayer, han supuesto un golpe mortal para Camps y una herida abierta para Rajoy. El funeral político del primero será más pronto o más tarde, pero será; y la herida sangrante de Rajoy está por ver cómo evoluciona.

Ricardo Costa habló en su comunicado de la relación con las empresas de la trama Gürtel, dejando explícito que la relación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con esas empresas venía desde antes que él accediera a los cargos de los que ha sido cesado hoy mismo:

Mis funciones como Secretario General están establecidas en el artículo 28 de los Estatutos del partido. Desempeño este cargo desde junio de 2007, anteriormente mis funciones eran las de Vicesecretario General, cargo que ocupé desde noviembre de 2004.

[…]

Con relación a la empresa Orange Market quiero destacar que la decisión de trabajar con ella es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido. Yo nunca tomé esa decisión.

Lo cierto es que no le falta razón al cesado Ricardo Costa. De hecho, el ‘amiguito del alma’ de El Bigotes no era Ricardo Costa, sino, mal que le pese a Francisco Camps, el propio ‘Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana’, que es el mismo que le dijo a El Bigotes ‘te quiero un huevo’. Y es que hay amores que matan.

Lo que dejó claro Ricardo Costa al leer el comunicado e introducir los datos que introdujo, por mucho adorno floral que pudiera insertar entre puñal y puñal, era que hay otros responsables; con esos dos párrafos del comunicado que he trasladado yo más arriba podríamos hartarnos de buscar a algún responsable orgánico del Partido Popular valenciano que hubiese aprovechado la amistad de Francisco Camps con El Bigotes para llevar a cabo sus propios chanchullos. Pero Ricardo Costa dio el primer mordisco en zonas vitales:

Siempre he cumplido mis responsabilidades, y he trabajado con absoluta dedicación, cumpliendo la Ley y ciñéndome a las directrices que la dirección regional del partido me han marcado.

He actuado siempre con absoluta lealtad a los órganos del partido, al Presidente regional Francisco Camps y al Presidente nacional Mariano Rajoy.

Puñales con los nombres de los destinatarios perfectamente marcados.

La posición de Rajoy, de momento alejado del maremoto de la corrupción de esta trama, ha sido táctica: buscar el sacrificio de alguna pieza menor (un cabeza de turco) para salvar los imprescindibles resultados electorales valencianos que le den alguna esperanza de llegar a la Presidencia del Gobierno, tal y como Camps le ha ido recordando a Rajoy durante los últimos días de tira y afloja. Pero el propio Ricardo Costa se encargó de clavarle el puñal de la mentira:

Nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con ninguna empresa, ni, en concreto, con Orange Market.

Sin embargo, la pésima posición en la que ha quedado Francisco Camps puede ayudar a Rajoy, puesto que todas las miradas se fijarán ahora en el precipicio político ante el que se ha situado el Presidente valenciano. Y es que, además de su proximidad al núcleo de la trama corrupta, el también Presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha logrado colgarse, durante estos últimos días, todas las etiquetas de las que debería huir un político; así, a las amistades peligrosas se han unido la hipocresía (con sus contínuos e infantiles llamamientos a la felicidad o con la imposición de los aplausos en el momento de la entrada de los periodistas en la sala donde se celebraba el Comité que debía cesar a su número dos), la burda mentira (al intentar engañar al propio Rajoy sobre la decisión tomada en el Comité respecto al cese de Costa) o el más absoluto de los ridículos (al tener que cesar a Costa al día siguiente al descubrirse su engaño a la dirección nacional del partido), entre otras.

Tampoco hay que olvidar, no obstante, que el rastro de heridos dejado por Ricardo Costa con su comunicado puede ser interminable, empezando por Francisco Camps y finalizando por el Conseller de Gobernación Serafín Castellano (uno de los presidentes del Comité Electoral del Partido Popular que contrató a las empresas de la trama la organización de actos electorales):

Nunca he tenido la responsabilidad de coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana y nunca he tenido la responsabilidad de organizarlas.

En definitiva, que esta vez el pez pequeñito se le ha atragantado al mediano y ha envenenado al grande.

Crónica de un cese anunciado

9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana.

Rumores. Ricardo Costa, cuyas conversaciones con los miembros de la trama Gürtel se hicieron públicas tras levantarse el secreto del sumario y tras la aparición de un informe policial que le implicaba de lleno en esa misma trama, será cesado tras finalizar los actos institucionales del día de la Comunidad Valenciana; mientras el alegre Presidente del PP valenciano Francisco Camps dice que «la fiesta no acaba nunca», Esteban González Pons afirma que «la fiesta acaba a las cuatro de la tarde».

Tras muchas horas de espera y con Ricardo Costa (Ric para los amigos) huído de puente por los alrededores del Camino de Santiago, la dirección del PP valenciano envía un mensaje de texto a los medios de comunicación confirmando que el próximo martes se ha convocado un Comité regional para hacer efectivo el cese temporal del sobrevenido peregrino.

13 de Octubre. El desmadre.

Ricardo Costa cita a los medios de comunicación por la mañana para leer un comunicado en el que afirma que no admitirá ningún cese, puesto que él siempre ha cumplido las órdenes y las directrices de sus dos Presidentes, Mariano Rajoy y Francisco Camps. Éste, que ha de presidir por la tarde el Comité que ha de cesar a Costa, queda acorralado por Rajoy (que exige una actuación firme como la llevada a cabo por Esperanza Aguirre en Madrid al expulsar del partido a los implicados de la trama Gürtel de esa Comunidad) y por su número dos (que ha expresado con total claridad que, en el caso Gürtel, que miren hacia arriba); y por si le faltara algo, antes del Comité llega Carlos Fabra, mentor de los hermanos Costa, para acorralarle un poco más.

Lo que sigue a continuación son ya los titulares de los medios de comunicación (recibidos en tiempo real por RSS) tras el Comité regional en el que debía quedar cesado de sus cargos Ricardo Costa, Secretario General del PP valenciano y Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valenciana.

19:21 – Público: Costa pacta con Camps su salida “temporal” a cambio de abrir una comisión de investigación.

19:53 – El País: Costa pacta con Camps dejar su cargo mientras investiga una comisión.

20:16 – Levante-EMV: Camps confirma el cese a Costa el tiempo que Génova crea oportuno.

20:53 – Levante-EMV: Costa se irá si Génova ordena una investigación.

21:50 – El País: Camps ‘vende’ a Rajoy un cese que no se ha producido.

22:52 – elmundo.es: Génova da a Ricardo Costa por destituido.

23:04 – elmundo.es: Costa fuerza a Camps a mantenerle y se apartará mientras Génova investiga.

23:18 – Público: La ejecución que terminó en pacto.

23:29 – El País: Guerra de comunicados en el PP a cuenta del cese de Costa.

23:35 – Libertad Digital: Cospedal: “Costa está suspendido de sus cargos desde ahora”.

23:42 – Público: Ricardo Costa, ¿destituido o confirmado en su cargo?

00:28 – Público: Camps se burla de las órdenes del PP nacional.

00:38 – El País: Guerra de comunicados en el PP tras la negativa de Costa a dimitir.

00:46 – Levante-EMV: Costa le echa el pulso a Rajoy (Editorial).

1:30 – Levante-EMV: Rajoy aparta a Costa del partido y de las Corts en contra de Camps, que se niega a defenestrarlo.

14 de Octubre. Desconcierto y fin.

8:05 – Levante-EMV: Cospedal afirma que Ricardo Costa “está suspendido”.

9:30 – Público: “Cuando una persona actúa como Costa, es imposible que vuelva a ser restituido”.

09:33 – El País: Camps aparta a Costa como portavoz parlamentario tras la amenaza de Cospedal.

09:33 – El País: Cospedal asegura que Costa nunca volverá a la dirección del PP valenciano.

09:33 – El País: Cospedal asegura que Costa nunca volverá a la dirección y amenaza con echarle del PP.

10:03 – Levante-EMV: Cospedal anuncia medidas disciplinarias si Costa actúa como portavoz.

10:21 – Levante-EMV: El PP valenciano sigue afirmando que Costa es portavoz.

10:23 – Levante-EMV: Cospedal insiste en el cese y amenaza con suspender a Costa si ejerce de portavoz.

10:41 – Público: Camps y Costa se reúnen antes del inicio del pleno de Les Corts.

10:45 – Público: Rafael Maluenda sustituye a Ricardo Costa como portavoz en Les Corts.

10:52 – Levante-EMV: El PP sustituye a Costa como portavoz.

10:58 – Levante-EMV: Camps cede y aparta a Costa como portavoz.

11:00 – Libertad Digital: El PPCV advierte que “no hubo ningún cese y Costa ejercerá como portavoz”.

11:10 – Levante-EMV: Cospedal amenaza con suspender a Costa si se “encastilla”.

11:15 – El País: Génova obliga a Camps a relevar a Costa como portavoz y secretario general.

11:18 – Levante-EMV: “Todos los cargos están a disposición del PP”.

11:25 – Levante-EMV: Ripoll pide un gabinete de crisis.

11:27 – elmundo.es: Cospedal: ‘Aquí no hay pulsos que valgan. Costa está cesado’.

11:34 – Levante-EMV: Camps cede y aparta a Costa de sus cargos.

11:36 – Levante-EMV: Camps cede y aparta a Costa del partido.

11:43 – Levante-EMV: “No se puede engañar a la gente”.

11:49 – Libertad Digital: Camps cede ante Rajoy y deja caer a Ricardo Costa, que rompe a llorar.

11:49 – Levante-EMV: “La decisión que acordamos ayer, ya está tomada”.

12:01 – Levante-EMV: Costa: “No quiero aferrarme a ningún cargo, estoy a disposición del partido”.

12:01 – Público: ‘Ric’ se revuelve en su tumba política y reitera que su cese es temporal.

12:09 – Levante-EMV: Costa: “Estoy a disposición del partido”.

12:35 – Levante-EMV: Camps cede ante Rajoy y aparta a Costa de sus funciones.

12:44 – elmundo.es: Costa: ‘No quiero aferrarme a ningún cargo’.

12:44 – elmundo.es: Génova impone a Camps el relevo de Costa.

12:49 – Levante-EMV: Camps cede y aparta a Costa de sus cargos.

12:50 – elmundo.es: Cospedal: ‘Aquí no hay pulsos que valgan. Costa está cesado’.

12:54 – El País: El PP valenciano cree que la comisión exigida por Costa está en marcha.

Que sí, que no, que dimita, que no dimito, que me cesen, que no cesa…

Impresionante el espectáculo de estas últimas horas con las cúpulas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de España emitiendo comunicados contradictorios sobre la situación real de Ricardo Costa en sus dos cargos: Portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Según el comunicado del Partido Popular de Rajoy, Ricardo Costa había sido suspendido «en todas sus funciones en el partido», incluída la de Portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas.

Según el propio Ricardo Costa (extraído de la Web del Partido Popular de la Comunidad Valenciana), durante el Comité «no se ha producido ningún cese».

Sobran las palabras y faltan muchas, muchas explicaciones. Que se aclaren entre ellos y, lo que es más importante, que después aclaren ante sus votantes a qué juegan, porque todo parece apuntar a que están intentando tomarnos el pelo a todos.

Amplío la entrada: están de broma.

“Afganistán no es una misión de paz, es una guerra”. Como el PP; ante todo, autocrítica irónica, sí señor.

“María Dolores de Cospedal visita el centro gerontológico La Milagrosa, en La Coruña”. Un milagro, es lo que necesitan; sin duda que están chistosos. Y además, un centro gerontológico en la tierra de Manuel Fraga Iribarne; menudos son ellos colocando a los suyos.

“Conoce las ideas del Partido Popular sobre Empleo”. No, si ya nos las han contado. Apuestan por el sector de la tecnología (PP arrobá y punto).

Gürtel o la nueva causa de El Mundo contra Garzón

Es de sobra conocida la animadversión del Director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, por el juez Baltasar Garzón; las campañas mediáticas de desprestigio hacia el juez son una característica distintiva del periodismo al que nos tiene acostumbrados el segundo periódico generalista de España. Y el caso Gürtel, instruido por Garzón y con un impacto mediático impresionante, no podía ser desaprovechado para continuar con esa particular causa de El Mundo.

Publicaba el sábado El Mundo en portada, como noticia principal, que «Garzón grabó a abogados de Gürtel con la ley antiterrorista»; adicionalmente, el Editorial rezaba: «Garzón, otra vez enemigo de la Justicia». Nos detendremos, por el momento, en estos dos artículos.

Todo se inicia con unas declaraciones de José Antonio Choclán, actual abogado defensor de Francisco Correa (el anterior abogado está imputado por formar parte de la trama de su defendido), tras hacerse eco de algunas noticias que reproducían parte de las conversaciones en la cárcel del líder de esa banda mafiosa que ha sido bautizada con su propio apellido; en dichas declaraciones, el abogado defensor instaba al Colegio de Abogados de Madrid a cargar contra el juez por haber vulnerado el secreto profesional del abogado y el derecho a la legítima defensa de Francisco Correa.

La reacción no se hizo esperar, y el Consejo General de la Abogacía Española cargó furiosamente contra el juez en una dura nota de prensa, solicitando incluso la nulidad del sumario (petición que sería rectificada por la tarde). Al día siguiente sería cuando El Mundo publicaría su noticia del día en base a este asunto.

El titular de esa noticia no parece, en un principio, incorrecto, aunque sí introduce una cierta confusión en el lector, que puede (como pretende El Mundo) llegar a la conclusión de que el juez Garzón trata como terroristas a quienes no lo son para aplicarles una legislación que permite investigar delitos con técnicas, por decirlo de alguna manera, que no les serían de aplicación. De hecho, el texto que figura en la portada del periódico así lo expresa: Garzón intervino esas conversaciones «invocando un precepto que permite intervenir las comunicaciones con los abogados en supuestos de terrorismo».

Empecemos por advertir que no existe en España ninguna Ley bajo el nombre de antiterrorista: nos solemos referir a este nombre cuando hablamos de las modificaciones introducidas en el Código Penal en el año 2000 (Ley Orgánica 7/2000, de 22 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo); sin embargo, no es a esa Ley a la que se refiere El Mundo, sino, como se especifica en el texto interior de la noticia, a la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria, cuyo artículo 51.2 (el utilizado por el juez Baltasar Garzón para intervenir las comunicaciones con los abogados defensores de tres de los imputados en el caso Gürtel) especifica:

Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

Podría sin duda entenderse, como hace El Mundo, que las comunicaciones de los presos con sus abogados defensores sólo pueden intervenirse cuando los presos están acusados o condenados por terrorismo y media una orden judicial (es decir, sólo cuando se cumplen ambos requisitos); sin embargo, no podemos olvidar que la Ley en la que está incluido ese artículo regula el funcionamiento interno de las prisiones. De hecho, el desarrollo reglamentario de esa Ley General Penitenciaria (el Real Decreto 190/1996, de 9 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario) nos aclara el significado exacto de ese texto de la Ley y a quién va dirigido:

Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa. La suspensión o la intervención de estas comunicaciones sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial.

Lo que dice la Ley es que se pueden intervenir, por decisión administrativa (sin autorización judicial), las comunicaciones de los abogados defensores con sus defendidos imputados o condenados por terrorismo; para el resto de presos (como en este caso) se requiere la autorización judicial previa, pudiendo ser entonces también intervenidas (como ha ocurrido en este caso). Y es que el destinatario de esa Ley y, en consecuencia, de esas restricciones, es la administración penitenciaria.

Nótese que he expuesto los antecedentes y el origen del artículo de El Mundo (redactado por María Peral) porque podría entenderse perfectamente que la periodista sólo se limita a reflejar lo expresado por otros entendidos en la materia (un abogado defensor de renombre y, ni más ni menos, que el Consejo General de la Abogacía Española); nada que alegar respecto al abogado defensor, puesto que es libre de defender a su cliente utilizando todos los recursos a su alcance (incluso los mediáticos).

Pocos comentarios merece la nota de prensa del Consejo General de la Abogacía Española, dado que se han puesto en evidencia ellos mismos al exponer ante la sociedad el más absoluto desconocimiento de la legislación que les afecta de forma directa (prefiero no imaginarme cual es el nivel de conocimiento de la legislación que no les afecta); teniendo todo esto en cuenta, tendremos que ir con pies de plomo a la hora de atribuir una intencionalidad determinada al hecho de publicar a cuatro columnas la falsa noticia de una autorización de escuchas ilegales por parte del juez Garzón.

Los antecedentes no juegan muy en favor de El Mundo, especialista en hacerse eco (o incluso crearlas) de las más extravagantes teorías que pudieran beneficiar a los terroristas más sanguinarios que ha conocido España (recordemos el 11-M); no obstante, el Editorial que acompañaba a la noticia nos va a dar una pauta de comportamiento muy clara en cuanto al tratamiento informativo que puedan tener todas las noticias en las que esté involucrado el juez Garzón:

La carrera de Baltasar Garzón está plagada de irregularidades, arbitrariedades y abusos en la interpretación de la Justicia. […] Garzón vulneró la legalidad en un auto fechado el 19 de febrero de 2009 en el que ordena la escucha y grabación de las conversaciones de Correa y Crespo con sus abogados en prisión. […] Es muy probable que Garzón acabe en los tribunales por este asunto, pero lo más grave es que su negligente actuación pone en peligro la instrucción del caso Gürtel. […] Habrá que ver hasta qué punto está contaminada la investigación por la grabación ilegal a sus abogados. Pero si la actuación de Garzón en este asunto ha sido impresentable, la Fiscalía ha contraído también una grave responsabilidad al hacer dejación de su obligación de velar por las garantías legales del proceso, que han quedado pisoteadas.

Quedémonos, de momento, con este último inciso en el que se refieren a la dejación de funciones de la Fiscalía, porque al día siguiente las cuatro columnas de portada iban destinadas justo a criticar lo que se le exigía a la Fiscalía en ese Editorial del día anterior: «El fiscal pidió sacar del Sumario diálogos favorables a Camps». Y en el texto interior encontramos esto:

El 20 de marzo, cuando conocieron el informe policial que recogía el contenido de esas transcripciones, las fiscales encargadas del caso, Miriam Segura y Concepción Sabadell, dirigieron un escrito al juzgado en el que reclamaban que se eliminasen seis conversaciones concretas entre los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados porque «se refieren en exclusiva a las estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento».

Parece, pues, que el sábado no tuvieron un buen día en El Mundo, puesto que ni las acusaciones a Garzón ni la acusación a la Fiscalía eran ciertas; pero, puesto que un buen periodista nunca se equivoca y chafarse entre compañeros está feo, en la noticia del domingo, redactada por Joaquín Manso, encontramos también esto:

Como publicó ayer EL MUNDO, el juez Garzón se valió de un artículo que sólo se puede aplicar en casos de terrorismo para ordenar, el pasado 19 de febrero, que se grabasen las reuniones que mantuvieran en prisión los cabecillas de la red Gürtel con sus abogados, en lo que puede significar una vulneración del derecho fundamental a la legítima de defensa y una causa de nulidad del proceso.

Son sin duda persistentes en el error, sobre todo si con ese error se puede desacreditar al juez Baltasar Garzón: El Mundo no va a rectificar (puesto que, en última instancia, serían el abogado defensor o el Consejo General de la Abogacía Española quienes deberían hacerlo en primer lugar), así que las acusaciones nunca van a ser desmentidas, pudiendo ser repetidas una y otra vez hasta que el error sea considerado una certeza consolidada.

Así ha funcionado siempre este tipo de periodismo revanchista y así seguirá haciéndolo, puesto que no parece haberles ido tan mal.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (II)

Los precios de las viviendas

España

En este artículo nos referiremos a los datos de España en términos mucho menos detallados que en el anterior y nos centraremos más en los datos referentes a Castellón. Baste apuntar la rigidez con la que se han comportado los precios a nivel estatal, tanto en la vivienda nueva como en la usada (recordemos que la demanda descendió a un ritmo superior al 10% anual desde 2006 y, por el contrario, los precios no han empezado a adaptarse a esa situación hasta el segundo trimestre de 2008), y la absurda (económicamente hablando) equiparación de precios entre bienes nuevos y usados (llegando incluso a ser superiores estos últimos durante 18 trimestres consecutivos, hasta el segundo trimestre de 2008).

Castellón

La rigidez de los precios que se ha citado para el conjunto de España es también aplicable al caso de Castellón; aunque el primer descenso de los precios de la vivienda nueva se produce un poco antes que en el resto de España (tímidamente en el cuarto trimestre de 2007, aunque no sería hasta el tercer trimestre de 2008 cuando el descenso en los precios se haría constante), no hay que olvidar que la sangría en las operaciones de compraventa en Castellón fue muy superior en 2006 al resto de España (un descenso del 41% frente a un 10%), lo que habría forzado una mayor reacción en las empresas provinciales.

Por otra parte, los precios de las viviendas nuevas y de las usadas sí reflejan un distanciamiento acorde con la diferente calidad y depreciación de ambos tipos de inmuebles, si bien la tendencia parece mostrar una futura equiparación o acercamiento ante la mayor rigidez de los precios de la vivienda usada.

Respecto a la impresionante caída de precios augurada por algunos expertos hace unos meses (que debía llegar hasta el 30% o incluso superarlo), lo cierto es que aun se está muy lejos de esa cifra; si a nivel nacional aun faltaría un descenso de más de 450 €/m² en las viviendas nuevas (un 24% respecto a los últimos datos disponibles), en Castellón sería necesaria una rebaja adicional de 300 €/m² (un 17,5% respecto al segundo trimestre de 2009) a los 304 €/m² (un 15,11%) que ya se han rebajado desde los niveles de precios más altos del tercer trimestre de 2007.

Parece evidente, con estas cifras en la mano, que el sector inmobiliario provincial ha reaccionado a la crisis con mucha mayor celeridad que el conjunto de España (aunque forzado también por la mayor caída en las compraventas), de forma que debería partir de una situación de ventaja competitiva respecto a las empresas del resto del territorio nacional al haber avanzado parte de los imprescindibles reajustes y reestructuraciones que serán necesarios para salir de la actual crisis.

Echaremos un vistazo, en el próximo artículo de esta serie, a la situación del mercado laboral.