El PP gana las elecciones y se sube los sueldos

Cualquiera lo diría con esta propaganda diciendo justamente lo contrario, ¿verdad?

Bueno, pues la realidad es que se ha subido el sueldo un 2%. Él y todos los concejales del Ayuntamiento de Castellón, incluidos los del PSOE y los del Bloc (que se han abstenido ante esta propuesta “anticrisis”) y la de Izquierda Unida (que es la única que ha votado en contra de la subida).

“Es la segunda vez, pues hace un año lo rebajó un 15%”, reza el subtítulo; no cabe, por lo tanto, otra interpretación: hace un año se lo rebajó un 15% (de 90.000,00 € brutos al año pasó a cobrar 76.500,00 €) y este año se lo rebajará otro 13% (cobrará 66.555,00 €).

Claro, que si hacemos la división entre 12 meses nos salen 1.000,00 € menos de los 6.464,00 € que dice el segundo subtítulo, así que algo no cuadra aquí, y no cuadra por 12.000,00 €, por lo que no se trata de una pequeña discrepancia sin importancia.

La trampa está en que Alberto Fabra va a cobrar un 13% menos de lo que cobraba antes de la crisis; y claro, si ya cobraba un 15% menos y ahora va a cobrar un 13% menos (siempre en relación con su sueldo pre-crisis), lo que ha hecho en realidad es bajarse el suelo el año pasado un 15% y subírselo éste un 2%. Parece que algunos ya dan la crisis por finalizada, al menos en Castellón.

Y no olvidemos que PSOE y Bloc (aunque estén en minoría y sus votos no hubiesen servido para nada) se han abstenido; para que después haya quien quiera demostrar que “no todos los políticos son iguales”, ¿verdad? Pues ya va siendo hora de que se vaya demostrando, porque los hechos dan la razón a quienes dicen lo contrario.

Cómo justificar un Golpe de Estado a una democracia europea (I)

La justificación del Golpe de Estado como respuesta al asesinato de Calvo Sotelo

«Julio de 1936. Es asesinado uno de los líderes de la oposición, Calvo Sotelo, mientras el otro, Gil-Robles, se libra por no hallarle en casa los criminales. Las últimas dudas de los conspiradores se disipan y una parte del ejército se subleva contra el Frente Popular. El gobierno reacciona, tras algunas resistencias, armando a los sindicatos. Con ello acaba de arrasar la Constitución y cede a la presión revolucionaria».

Este párrafo resume a la perfección el sentir y el pensar de los defensores del alzamiento nacional del 18 de Julio de 1936; el párrafo lo encontraremos, cómo no, en uno de los libros de Pío Moa (“Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas”, página 17).

El día 12 de Julio de 1936 los conspiradores aun tenían dudas; el 13 dejaron de tenerlas y el 17 llevaron a cabo un Golpe de Estado contra… ¿el Frente Popular? ¿No querrá decir Pío Moa que el ejército se sublevó contra el Gobierno elegido en las urnas cinco meses antes? No, es evidente que no es eso lo que quieren decir los defensores de Francisco Franco Bahamonde; se hace imprescindible nivelar la legitimidad democrática de las urnas y de las armas, y la balanza se desnivela demasiado si en una parte hay un Gobierno democrático y en la otra un ejército armado. Es necesario elegir otro contrapeso al que sea mucho más fácil ir restándole legitimidad hasta al menos dejarla equilibrada con la de unos golpistas; y el Frente Popular (una mezcla de tendencias ideológicas, la fórmula perfecta para aislar y destacar a la facción con menor legitimidad democrática –los anarquistas, a quienes es relativamente fácil unir otros líderes a través de declaraciones convenientemente aisladas y descontextualizadas– para acabar extendiendo sus desmanes a la totalidad de la coalición) cumple a la perfección con ese objetivo.

Paralelamente, todo lo que reste legitimidad al Gobierno elegido en las urnas servirá también para restar legitimidad al conjunto de la coalición que ganó las elecciones; así, según los defensores de la sublevación, es el propio Gobierno quien arrasa la Constitución al armar a quienes no se habían sublevado contra el orden constitucional, obviando que los primeros y los únicos que arrasaron la Constitución fueron quienes se enfrentaron a ella a través de un Golpe de Estado. El Gobierno no cede, como afirma Pío Moa, ante ninguna presión revolucionaria: el Gobierno se limita a defender el orden constitucional intentando suplir a quienes estaban obligados a hacerlo, que no eran otros que Francisco Franco Bahamonde y el resto de militares que se le unieron para aniquilar esa Constitución, que fue la que les habilitó para disponer del armamento que utilizaron después contra ella.

Pero vayamos a los datos concretos. El asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de Julio de 1936 se produjo unas horas después del asesinato del Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Heredia, activo militante del Partido Socialista, y pocas semanas después de varios discursos parlamentarios incendiarios del propio Calvo Sotelo en los que llegó a decir que «sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera»; sus palabras (pronunciadas el 16 de Junio de 1936) toman pleno significado si atendemos tanto a los hechos anteriores como al resto de su línea argumental parlamentaria: «No existe garantía para la vida en la calle, y amenaza la disolución social, y muchedumbres uniformadas gritan ‘¡Patria, no! ¡Patria, no!’; a los vivas a España se contesta con vivas a Rusia, y se falta al honor del Ejército, y se escarnece a España. […] Desde el 16 de febrero al 2 de abril se han producido los siguientes asaltos y destrozos; en centro políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. Centros políticos incendiados, 12; establecimientos públicos y privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias, 106, de las cuales 56 quedaron completamente destrozadas; huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74…». La anarquía ya se estaba produciendo, según el discurso de José Calvo Sotelo, varios meses antes (esta última cita es del 7 de Abril de 1936) de que pronunciara aquella invitación a la sublevación militar.

Pero, además, sus palabras ya estaban avaladas por los hechos; así, antes de las Elecciones de Febrero de 1936 (cuyas perspectivas para la derecha eran poco halagüeñas) se entrevistó con Francisco Franco Bahamonde para instarle a llevar a cabo el Golpe de Estado antes de Febrero en base a esas desastrosas previsiones electorales. No podemos olvidar que Calvo Sotelo llegó a ser Ministro de Hacienda durante la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera y que mantenía muy buenas relaciones con el estamento militar y con las organizaciones de extrema derecha; su entrada en Falange fue vetada por José Antonio Primo de Rivera (el hijo del dictador que le nombró Ministro), recelando que la figura de Calvo Sotelo pudiese eclipsar la suya.

Abierto defensor del fascismo (que en Italia ya había anulado el Parlamento y prohibido los partidos políticos desde 1928) en varias ocasiones en el propio Parlamento («Su Señoría [Santiago Casares Quiroga, Ministro de la Guerra desde Mayo de 1936] ha dicho que frente al fascismo el Gobierno es beligerante. Yo me he aterrado un poco al oír la frialdad con que lo decía y el calor con que los señores diputados que acompañan al señor Presidente del Consejo acogían tal afirmación de que el Gobierno se siente beligerante frente a un grupo de ciudadanos españoles»), José Calvo Sotelo era, por lo tanto, parte de la propia conspiración militar en ciernes; como afirmaría el historiador franquista Ricardo de la Cierva en 1969, los «desmandados del Frente Popular que lo eliminaron sabían muy bien lo que hacían y a dónde apuntaban».

La posterior etapa histórica de España distorsionó considerablemente tanto la relevancia política de José Calvo Sotelo durante la II República (el partido político Renovación Española, al cual pertenecía, era una fuerza minoritaria que representaba a la aristocracia, no siendo ni tan siquiera Calvo Sotelo su líder) como la relevancia real de aquel asesinato respecto a otros; aquel crimen supuso para los golpistas la excusa perfecta para adelantar sus planes y para tener una justificación ante la opinión pública, pero el asesinato de José Calvo Sotelo debe entenderse circunscrito a un continuo goteo de crímenes políticos con víctimas y verdugos tanto de derechas como de izquierdas. De hecho, los crímenes del Teniente Castillo y de Calvo Sotelo tuvieron en su día la misma relevancia mediática, como puede observarse en la portada del diario La Voz del mismo 13 de Julio de 1936 (este periódico se publicaba por la noche, por lo que recogió ambos crímenes en una misma portada).

Para entender aquella permanente situación de conflictos no puede obviarse que tanto España como el resto de países occidentales estaban pasando por la mayor crisis económica del sistema capitalista (el crack del 29 se produjo apenas 18 meses antes de instaurarse la II República) y que el principal problema social era la pobreza; la carestía, unida a la reducida protección de la que gozaban los trabajadores, explica las situaciones de violencia que afectaron a un gran número de huelgas. No hay que olvidar que fue esa carestía la que hizo triunfar las políticas extremistas en el resto de Europa, como el fascismo en Italia, el comunismo en Rusia o el nacionalsocialismo en Alemania.

La justificación del Golpe de Estado como respuesta a Octubre de 1934

Visto que el asesinato de José Calvo Sotelo no es un argumento suficientemente robusto para justificar un Golpe de Estado, los defensores del alzamiento nacional de 1936 se remontan a las revueltas revolucionarias de Octubre de 1934 para ampliar su argumentación:

«El golpe de Estado de Largo Caballero y el PSOE es considerado como el inicio de la Guerra Civil de 1936-1939». Eduardo Palomar Baró en el artículo Biografía de Largo Caballero de la Web Generalísimo Franco.

El 3 de Diciembre de 1933 la derecha (integrada en parte en la CEDA) gana las Elecciones; muere un comunista por un disparo desde la sede de Acción Nacionalista Vasca en Baracaldo, asesinan al Presidente del gremio de vaqueros de Puente de Vallecas, queda gravemente herido un socialista de Pego (Alicante) por un disparo realizado por el derechista José Ortola Alcina, acuchillan a un socialista en Paracuellos del Jarama… Se siguen clausurando locales de la C.N.T. y de la Falange, hacen explosión tres bombas en Madrid y se detiene al Comité de Huelga de Camareros. En Madrid ganan las Elecciones los socialistas, quienes acusan a la derecha de fraude electoral en los pueblos y ciudades pequeñas del resto de España mediante la compra de votos. Estas eran las noticias (pueden consultarse El Socialista o El Debate de las dos jornadas posteriores a aquellas Elecciones) de cada día en la España de 1933; en España, pero también en el resto del mundo, en una época en la que las diferencias personales se solventaban, con demasiada asiduidad, a cuchillazos, a tiros o a bombazos.

Hitler ya estaba en el poder aprovechando el sistema electoral alemán, Mussolini gobernaba en Italia desde hacía una década y la función de los campos de concentración nazis ya era conocida (ver el Editorial de El Socialista del 6 de Diciembre de 1933, en el que se habla de las condiciones extremas, las torturas y las muertes en extrañas circunstancias en el campo de concentración de Dachau, con 2.500 judíos, socialistas y comunistas detenidos en aquellas fechas); por otra parte, la dictadura del proletariado implantada en la U.R.S.S. amenazaba con extenderse al resto de Europa, sobre todo tras el cataclismo capitalista de la Gran Depresión de 1929, si bien la sustitución del expansionismo internacional de Lenin por la burocratización en clave interna de Stalin rebajó notablemente esta amenaza. La radicalización de las posturas políticas de los partidos que quedaban fuera de ambos extremos se produjo como consecuencia de las mutuas acusaciones a sus rivales políticos de querer instaurar en España bien una dictadura fascista o bien una dictadura comunista.

El fallido Golpe de Estado del 10 de Agosto de 1932 encabezado por José Sanjurjo Sacanell (condenado a cadena perpetua por esa sublevación) y su posterior amnistía (dictada por el Gobierno de derechas que saldría de las Elecciones de 1933) radicalizó aun más las posturas de los partidos de izquierdas, que vieron en esa amnistía algo más que un compadreo inadmisible entre las derechas y los elementos más reaccionarios contra el orden constitucional de la II República. De hecho, las previsiones de los partidos de izquierda se vieron plenamente cumplidas: José Sanjurjo era quien debía asumir la Jefatura del Estado tras el Golpe del 18 de Julio de 1936 (murió en un accidente de aviación dos días después de la sublevación y el general Emilio Mola lo tuvo que sustituir por Francisco Franco Bahamonde) y otros militares amnistiados junto a él (como Manuel Goded Llopis) participaron activamente en el alzamiento militar que dio origen a la Guerra Civil.

Por supuesto, los defensores del Golpe de Estado de 1936 minimizan aquel Golpe de Estado de 1932, ya que, como veremos, aceptar la relevancia histórica del mismo supondría el desmoronamiento irremisible de la línea argumental que lleva a culpabilizar a los movimientos revolucionarios de 1934 de la Guerra Civil:

«Sanjurjo había contribuido al advenimiento de la República en mucha mayor medida que los líderes republicanos, empezando por Azaña. Estando al cargo de la Guardia Civil de la Monarquía [Pío Moa evita referirse a la dictadura militar de Primo de Rivera], se había negado a emplearla contra las incipientes manifestaciones, y enseguida se había puesto a las órdenes de los republicanos.

[…]

Tampoco puede hablarse, en relación con la sanjurjada, de un golpe “de la derecha”, sino de un sector mínimo de ella, siendo repudiado por el sector principal». Pío Moa, en el artículo “El golpe de Sanjurjo” de la serie “Una visión crítica de la República y la Guerra Civil”, publicado en Libertad Digital.

Ya tenemos una visión de conjunto de la situación social y política de la II República tras el triunfo de la derecha en los últimos días de 1933; podemos entrar ahora en los hechos detallados que acaecieron los días y los meses posteriores a aquellas Elecciones.

Entre los días 8 y 11 de Diciembre de 1933 se producen graves altercados, con varios muertos y numerosos heridos, iniciados unilateralmente por la FAI; los partidos de derecha no dudan en hacer responsables de dichos altercados a toda la izquierda, incluidos el PSOE y la UGT, argumentando que se trataba de una reacción a la pérdida de las Elecciones. Las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT emitieron un comunicado conjunto (publicado en El Socialista del día 12) en el que negaban cualquier relación con aquella llamada a la revolución:

«Reunidas conjuntamente las Comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, han examinado la situación política y social del actual momento ateniéndose a las informaciones que poseen. La gravedad de dicha situación no sólo no se les oculta ni pretenden silenciarla, sino que la reconocen y subrayan.

Al hacerlo así declaran que los organismos nacionales a quienes estas Comisiones ejecutivas representan no han tenido ni tienen participación alguna en el movimiento iniciado en diversas poblaciones de España por determinado sector obrero, y consideran que la responsabilidad de que se haya producido el antedicho movimiento corresponde plenamente al Gobierno y a las personalidades y partidos políticos que, por su menosprecio de las reivindicaciones sociales, han desviado la República de aquellos cauces en que la voluntad del pueblo la situó.

Las Ejecutivas reiteran a la clase trabajadora afecta a nuestros organismos, y a la opinión pública en general, su firme decisión de cumplir, cuando la hora sea llegada, los deberes que nuestros representados y nuestros ideales nos imponen». Nota de prensa de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de UGT, extraída de la portada de El Socialista del 12 de Diciembre de 1933.

Con motivo de esa revuelta anarquista se suscitó un debate interno que clarifica las intenciones tanto del PSOE como de la UGT tras la pérdida de las Elecciones; en el Comité Nacional de UGT del día 13, que dio su pleno respaldo a la nota de prensa conjunta de las Comisiones Ejecutivas, surgieron los dos conceptos de revolución que se barajaban en las filas socialistas en aquellas fechas:

«Besteiro: Las Comisiones ejecutivas, como ustedes saben, se han reunido y han dado una nota y en ella se dice que la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista están dispuestos a una acción para oponerse resueltamente a cualquier intento que trate de salirse de los cauces constitucionales. Yo estoy completamente de acuerdo y el Comité ejecutivo de la Unión General de Trabajadores está completamente de acuerdo con esta posición y a mí me parece que cualquiera otra es una posición endeble y que tiene los mayores peligros para nuestra organización. (…) Si hay alguna perspectiva de que tengamos un ambiente favorable, no puede consistir en otra cosa sino en decir que nosotros estamos dispuestos a hacer una defensa todo lo arriesgada que sea preciso para mantener la República con su fisonomía y con la Constitución tal como la hemos trazado.

[…]

Ya saben ustedes que acaso yo sería uno de los que estarían menos conformes con muchas partes de la Constitución, la cual se ha redactado en muchos puntos de una manera hasta opuesta a mi modo de ver las cosas. Sin embargo, creo que una vez que la Constitución se ha votado y que la tenemos y que la Constitución marca el procedimiento por el cual únicamente puede reformarse, nosotros debemos procurar que esa garantía subsista.

[…]

Pero si podemos en este instante tener algún arma para defendernos, ésta es el arma de las garantías que nos ofrece el Estado democrático más o menos puro que hemos creado. Tendremos que pasar por momentos difíciles y tendremos, dentro de este marco de democracia republicana, luchas tremendas. Ya sabemos cuales son los aspectos de esa lucha: una lucha parlamentaria y una lucha sindical. ¿Que la lucha sindical puede ser muy fuerte? Todo lo que se quiera. Habrá Federaciones, habrá Secciones que tengan conflictos graves, y puede ser que en algunos momentos se extiendan los c0nflictos y sean batallas sindicales enormes. Debemos estar dispuestos a arrostrarlas. No renunciamos a ninguna de nuestras armas, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas conquistas que hemos logrado mediante nuestro esfuerzo de muchos años y de muchos sacrificios se mantengan.

[…]

En cuanto a la posición nuestra y nuestros propósitos, éstos son oponernos resueltamente a todo intento de rebasar los límites de la Constitución.

[…]

Amaro Rosal: El compañero Besteiro dice que tenemos una garantía con la Constitución. Eso de la garantía de la Constitución, a estas alturas, me parece que no se ajusta a la realidad. Los alemanes eran tan cándidos que cuatro días antes de caer discutían si uno de los Gobiernos había sido destituido legal o ilegalmente, y cuatro días después de eso subía al poder Hitler. De modo que eso de la garantía de la Constitución no puede existir para nosotros.

[…]

También dice que una de las garantías para nosotros es el Estado moderno democrático que habíamos creado. Me parece que no haría falta andar en disquisiciones históricas para demostrar que a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive.

[…]

Yo hago una proposición concreta de que acordemos ir a un movimiento revolucionario para defender los intereses de la clase trabajadora que están en peligro.

Saborit: No hay acuerdo de implantar la dictadura del proletariado. El acuerdo unánime es hacer un movimiento contra todo intento de aplicación en España del fascismo.

[…]

El acuerdo de las Ejecutivas es éste: organizar desde ahora mismo, sin perder detalle, un movimiento de la Unión General y del Partido para hacer frente al fascismo en España, para impedir que puedan realizar aquí lo que ha sucedido en Alemania, para salvaguardar nuestras garantías de la Constitución y de la República. (…) Lo que ocurre es que no se va a decir que el movimiento es para implantar la dictadura del proletariado, porque no es para eso: es para hacer frente al fascismo. (…) A un movimiento para implantar la dictadura del proletariado, yo no voy porque no creo en eso. Para un movimiento contra el fascismo yo sí voy. Y porque, además, en ningún Congreso ha acordado el Partido Socialista defender la dictadura del proletariado, ni acabar con la democracia, ni con el Parlamento. En ninguno, ni nacional ni internacional.

[…]

Besteiro: Yo no tengo inconveniente en participar a ustedes que a mí la idea de que podamos hacer un movimiento para implantar el socialismo mediante la dictadura del proletariado, ni siquiera para gobernar los socialistas por su propia cuenta en burgués o en socialista, reformista o en socialista totalitario, me parece un absurdo imposible en las circunstancias actuales.

[…]

Amaro Rosal: Yo me ratifico en mi posición, que está, naturalmente, encajada en la concepción de que tenemos que prepararnos para la ofensiva, por la lucha, la amenaza o el ataque.

[…]

Muiño: Creo que nos separa al compañero Amaro Rosal y a mí una cuestión ideológica, no de táctica, porque lo que acabo de oír es la concepción comunista maximalista». Acta del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores del 13 de Diciembre de 1933.

La propuesta de Amaro Rosal sólo fue votada favorablemente por su propia Federación (la de Banca y Bolsa) y por la de Empleados de Oficina (representada por Félix Beltrán), siendo rechazada por las otras 34 Federaciones presentes en el Comité Nacional y por la Ejecutiva; el 94,45% de la UGT estaba, por lo tanto, totalmente en contra de saltarse la Constitución para llegar a la implantación real del socialismo. Puesto que estamos ante un foro de debate interno, cuyas deliberaciones quedaban restringidas al ámbito de la propia UGT, habremos de considerar que la postura de este sindicato tras la pérdida de las Elecciones de 1933 es la reflejada en esa Acta; y no hay que olvidar que Julián Besteiro Fernández formaba parte también de la Comisión Ejecutiva del PSOE, siendo cabeza de lista del Partido Socialista en aquellas Elecciones.

¿Qué ocurrió para que cambiase la postura del entorno socialista respecto a ese concepto de revolución desde finales de 1933 hasta Octubre de 1934? ¿Qué hechos ocurrieron para que cambiase el socialismo desde la claramente mayoritaria postura de Besteiro –revolución defensiva para salvar la Constitución a toda costa– a la minoritaria de Amaro Rosal –revolución ofensiva para tomar el poder aun en contra de la Constitución y de la República– en esos diez meses?

En el Comité Nacional de la UGT del 27 de Enero de 1934 (poco más de un mes después de aquella derrota de las tesis más revolucionarias) se discutió y votó de nuevo el camino que debía tomar el sindicalismo socialista: la ofensiva revolucionaria para instaurar la dictadura del proletariado (propuesta por la Comisión Ejecutiva del PSOE) o la oposición, frontal pero defensiva, a cualquier avance del fascismo en España (propuesta por la Comisión Ejecutiva de la UGT). Los resultados de la votación mostraron un vuelco completo a las posiciones socialistas de un mes antes: 33 votos a favor de la propuesta revolucionaria del PSOE y 2 votos en contra.

La respuesta la encontramos ante las similitudes entre el ascenso de Hitler al poder (el 30 de Enero de 1933 fue nombrado Canciller con el 34% de los parlamentarios) y las veladas pretensiones de algunos líderes de la derecha española («Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. (…) Queremos una patria totalitaria; (…) la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición», José María Gil-Robles y Quiñones de León, líder de la CEDA, en un discurso pronunciado el 15 de Octubre de 1933, unas semanas antes de las Elecciones que ganaría dicha formación política con el 24,3% de los escaños); Hitler suspendió, en apenas un mes desde su llegada al poder, la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas y la libertad de reunión y asociación, además de ilegalizar la principal fuerza comunista (la KPD) y enviar a sus dirigentes a los recientemente creados campos de concentración. Para el 5 de Marzo de 1933 convocó nuevas Elecciones para aprovechar los resortes del poder, pero sólo obtuvo el 44% de los escaños; para lograr la mayoría que necesitaba para modificar la Constitución, arrestó a todos los diputados comunistas y a algunos socialistas, dictando a continuación (el 23 de Marzo) una Ley que anulaba temporalmente (obviamente, esa temporalidad no finalizó nunca) al Parlamento. Finalmente, el 2 de Mayo fueron disueltos todos los sindicatos obreros alemanes (un referente para los sindicalistas españoles) y enviados sus líderes a campos de concentración, el 10 de Mayo se confiscaron todas las propiedades del Partido Socialdemócrata y se cerraron sus periódicos (y sus líderes, como era de esperar, acompañaron a los líderes comunistas a los campos de concentración) y el 14 de Julio se aprobó la Ley del partido único.

La CEDA cedió el poder en Diciembre de 1933 al Partido Radical de Alejandro Lerroux (entre ambos sumaban el 45,9% de los escaños), segunda fuerza política en escaños (21,6%) y tercera en votos (8,20% frente al 20,18% del PSOE); los primeros pasos dados por el nuevo Gobierno fueron la derogación provisional de la Ley de Términos Municipales (que había permitido a los campesinos aprovechar tierras hasta entonces desaprovechadas), la modificación de los Juzgados Mixtos (una especie de juntas de arbitraje laboral integradas por empresarios y trabajadores), la supresión de los salarios mínimos en el campo y en la industria, el desahucio de miles de pequeños arrendatarios del campo, la devolución a los aristócratas de parte de las tierras expropiadas por la Ley de Reforma Agraria… El estado de alarma (con restricciones a la libertad de prensa, de reunión, de huelga y de otros derechos fundamentales) fue impuesta desde el primer momento por el nuevo Gobierno, censurando y confiscando numerosa prensa izquierdista (como El Socialista, intervenido en 51 ocasiones durante los primeros meses del nuevo Gobierno, o Avance, intervenido en más de 90 ocasiones); la represión sobre los huelguistas quedaba silenciada por la censura, incrementando la rumorología y las inevitables exageraciones; el paro había alcanzado cifras récord en Abril con más de 700.000 parados forzosos…

La sensación entre la izquierda era que la CEDA pretendía imponer un Estado fascista desde la sombra, dirigiendo a su antojo a un Gobierno que necesitaba de sus votos para poder gobernar, evitando de esa forma el inevitable desgaste producido por los continuos retrocesos legislativos, sociales y laborales gubernamentales: la República surgió como la solución a la sociedad semi-feudal que aun pervivía en España a principios de siglo (siendo los terratenientes los principales herederos de los señores feudales, con el caciquismo ampliamente instaurado en toda España y con la aristocracia, el estamento militar y la Iglesia copando permanentemente el poder) y el triunfo de la derecha el 3 de Diciembre de 1933 suponía que esa misma República que debía romper con el arcaico sistema anterior iba a servir para volver a dar el poder a los terratenientes, a la aristocracia, al ejército y al clero. En definitiva, que aquella frase del minoritario Amaro Rosal en el Comité Nacional de la UGT del 13 de Diciembre de 1933 («a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive») acabó siendo asumida plenamente también por el moderado Indalecio Prieto, quien en el verano de 1933 había pedido a las Juventudes Socialistas que calmaran los ánimos.

Ese temor a que la CEDA de Gil-Robles acabara convirtiendo la democracia republicana en un régimen fascista, como los casos de Italia y del más reciente de Alemania (cuyos regímenes eran visitados asiduamente por los líderes derechistas como el propio Gil-Robles –acudió a las celebraciones del 1 de Mayo de 1933 a Alemania, el día antes de la ilegalización de todos los sindicatos obreros alemanes– o Calvo Sotelo –en Febrero de 1933 se entrevistó con diversas personalidades políticas y eclesiásticas italianas–), llevaron al PSOE a aceptar la radicalización de su discurso para agitar a las masas y crear el clima necesario para tomar el poder ilegalmente y evitar así la transformación de un estado democrático en otro estado fascista; aquella primera radicalización del socialismo se fue asentando conforme se iban sucediendo hechos que no hacían más que confirmar aquellos temores, como la ilegalización del partido socialista y de los sindicatos también en Austria el 17 de Febrero de 1934.

La inclusión, el 4 de Octubre de 1934, de tres ministros de la CEDA en las carteras de Justicia, Trabajo y Agricultura fueron el detonante definitivo de la creciente radicalización de las izquierdas.

¿Había motivos suficientes para levantarse contra la propia República en Octubre de 1934? Evidentemente, desde nuestra perspectiva histórica, no. ¿Dio inicio ese levantamiento a la Guerra Civil española? Pues, por mucho que se quiera repetir lo contrario, lo cierto es que ese fue uno más (y el único protagonizado por las fuerzas de izquierda) de los múltiples intentos de Golpe de Estado que se produjeron durante la República (la Sanjurjada de 1932, otro intento militar a finales de 1935 –con el apoyo de una parte de la CEDA, el partido mayoritario de derechas que estaba en el gobierno–, otro en Febrero de 1936 –ya con Franco y Goded como protagonistas, siendo avisado de ello el gobierno saliente de derechas– y el que resultaría definitivo en Julio de 1936, en el que participaron todos los más destacados militares de los intentos anteriores); achacar a esa intentona golpista de la izquierda el inicio de la Guerra Civil e ignorar los numerosos y reiterados intentos militares de tomar el poder por las armas parece responder más a una cuestión de tozudería en intentar demostrar una imposible exculpación de los responsables del golpe militar que dio origen a la Guerra Civil que en un ejercicio de interpretación histórica de los hechos. De hecho, esos reiterados intentos golpistas del ejército (alentados por los medios de derechas como ABC, que en su editorial del 30 de Noviembre de 1932, apenas tres meses después de la Sanjurjada, llamaba “figura gloriosa” al golpista Sanjurjo) ponen de manifiesto que los militares y una parte importante de la derecha intentaron derrocar la democracia republicana desde principio a fin, hasta que lo consiguieron en 1936, por lo que la Guerra Civil sólo se hubiese podido evitar si la izquierda hubiese aceptado sin más cualquiera de los golpes de estado que intentó la derecha política y militar.

La pregunta que cabría hacerse es la misma que la que se ha planteado para el intento golpista de Octubre de 1934: ¿había motivos suficientes para levantarse en armas contra la República en 1932, en 1935 y en 1936? Y la respuesta ha de ser obligadamente la misma, aunque haya quien pretenda buscar una justificación (como la buscan aun a día de hoy a la intentona golpista del 23-F, o como sin duda habrá quien la quiera buscar a la actual situación política, económica y social) a lo injustificable.

Zapatero, responsable de todas las crisis

Bajo el prisma del Partido Popular, Zapatero parece ser el político más poderoso del planeta.

Zapatero es el principal responsable del petardazo financiero que se inició en Estados Unidos en 2007 y que obligó a la intervención posterior de bancos, cajas y hasta de países enteros como Grecia, Irlanda o Portugal; tan poderoso es Zapatero que, incluso antes de llegar a Presidente de España (es decir, desde los bancos de la oposición), conspiró para desregular el mercado financiero estadounidense para que Clinton, Bush y Obama pudiesen mirar hacia otro lado y no tuviesen que preocuparse por las hipotecas basura y su posterior empaquetado financiero opaco que infectó al resto de países capitalistas del globo terráqueo.

No contentos con que los tentáculos de Zapatero llegaran a Estados Unidos, el Partido Popular le hace responsable también de la liberalización del suelo que aprobó el mismísimo José María Aznar Pérez (hipnotizado tal vez por las prominentes cejas de su sucesor), por lo que la burbuja inmobiliaria, los pelotazos urbanísticos y el ladrillazo en la cabeza de todos los españoles tras el reiteradamente advertido derrumbe del sector de la construcción son también palabra y obra de Zapatero.

Por supuesto, Ángela Merkel y una tal Cornelia Prüfer-Storcks son meras marionetas manejadas al antojo de Zapatero, principal responsable de la crisis de los pepinos y hasta de la existencia de la bacteria asesina E.coli; la denuncia a Zapatero por parte de la clausurada empresa alemana productora de brotes de soja y del restaurante de Lübek que los sirvió es solo cuestión de tiempo, puesto que el responsable está plenamente identificado. La Ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, Leire Pajín y Bibiana Aído serán declaradas seguramente colaboradoras necesarias de tanto desaguisado, la primera por salir a defender a los pepinos (qué atrevimiento) y las otras dos porque sí.

No tardaremos mucho en saber quién ha estado detrás de las crisis matrimoniales de Álvarez Cascos o de la Infanta Elena, e incluso de la de Felipe González; sí, sí, han acertado: detrás de toda crisis está Zapatero (está incluso detrás de los indignados acampados en las ciudades españolas). Tan mala persona es que incluso Francisco Camps sabe ya que Correa y su “amiguito del alma” El Bigotes eran dos mercenarios enviados por Zapatero para crear una crisis en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, resulta curioso que el Partido Popular se haya olvidado ya de criticar, e incluso de mencionar, las medidas neoliberales aplicadas por Zapatero para salvar a este país de la quiebra a costa de enviar a la quiebra a miles de familias desahuciadas por los voraces mercados financieros, expulsadas del mercado laboral por multinacionales con cada vez más beneficios y menos trabajadores, y estupefactas (e indignadas) por ser ellas las que siempre pagan el pato de los desmanes inapelables de los avaros especuladores de turno.

Claro, que visto que quien ha de ser el sucesor de Zapatero en el cargo (Mariano Rajoy) aplaude con regocijo las medidas ultraliberales aplicadas en el Reino Unido por la nueva ortodoxia económica gobernante, lo normal es no criticar demasiado lo que va a acabar aplicando él mismo, aunque multiplicado por equis; eso sí, siempre le quedará culpar a Zapatero.

No podemos premiar la corrupción

Con Marbella como punta de lanza (los andaluces sí parecen haber aprendido la lección) y con la Comunidad Valenciana como reedición de aquella etapa en la que el poder judicial pretendía sustituirse desde el legislativo con un simple paso por las urnas (el GIL revalidó sus mayorías corruptas durante demasiadas legislaturas), en esta España que nos ha tocado vivir no podemos seguir premiando la corrupción en las urnas.

No sirve aquí el “todos son iguales”, porque ese argumento crea más corrupción: el partido en el poder seguirá siendo corrupto mientras pueda, esperando que el siguiente aumente el nivel de corrupción y el desmadre anterior quede diluido en el desmadre futuro. Hasta que la corrupción acabe por devorarnos a todos.

Esperanza Aguirre, en las antípodas de mi ideología política, o el PP de Baleares han sabido purgar sus listas de imputados por corrupción en anteriores legislaturas. ¿El resultado? Esperanza Aguirre revalida su mayoría absoluta y el PP de Baleares puede volver a gobernar tras una legislatura de sequía.

El PSOE de Andalucía, con los escándalos de los ERE fantasmas, ha preferido mirar hacia otra parte y apuntar con el dedo hacia la corrupción de la Comunidad Valenciana, evitando asumir sus responsabilidades políticas por la corrupción en sus filas. Y ha perdido todas las capitales de provincia en las que gobernaba.

¿Sólo eso? Pues no, no solo es eso. El próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, de Baleares y de Andalucía se tendrá que esforzar en mantener a sus corruptos a raya (esto es, expulsarlos de puestos de responsabilidad), puesto que ya saben que sus electores no quieren a políticos corruptos.

¿Y en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana seguimos premiando la corrupción política; el próximo gobierno no necesitará realizar ningún esfuerzo por controlar la corrupción, puesto que los valencianos no la castigamos en las urnas. La corrupción seguirá incrementándose en nuestras tierras mientras los ciudadanos no castiguemos a los partidos con políticos corruptos en sus filas. Y esa previsible escalada de la corrupción va a acabar pasándonos factura; una factura que acabaremos pagando los permisivos ciudadanos valencianos.

Buscando recuerdos del pasado en Internet

Internet es ahora mismo una herramienta cuya eficacia en la búsqueda de información resulta completamente asombrosa, incluso para alguien que, como yo, lleva ya casi 18 años aprovechando los recursos disponibles en la red.

Cuando era un niño (hasta ayer no sabía exactamente la edad), en una noche de verano en mi pueblo natal (recordaba que era verano porque aquella noche estaba por la calle después de cenar, algo poco habitual fuera de época estival en un pueblo de montaña como Benafigos, a más de 900 metros de altura), vi junto a un amigo, estando en la plaza del pueblo, algo extraño en el cielo.

Tampoco voy ahora a especular sobre lo que era aquello (OVNI, reflejo atmosférico, avión espía o vete tú a saber), pero lo que sí recuerdo es que tras verlo desaparecer fulgurantemente en aquel cielo estrellado, entré en mi casa corriendo avisando de que acababa de ver una nave espacial o un OVNI desde la plaza del pueblo; también recuerdo que, no sé si en el mismo momento de relatar tamaño descubrimiento o unos días después, mi familia estaba frente al televisor viendo una actuación de un grupo que cantaba algo sobre un ataque preventivo de la URSS, y que yo relacioné directamente aquella canción con aquel avistamiento.

Nunca me había planteado, hasta ayer, indagar en aquel recuerdo; pero ayer se me ocurrió buscar por Internet el nombre de aquel grupo que estaba actuando en televisión aquella noche (Polanski y El Ardor, se llamaban) y al comprobar su corta trayectoria musical (1982-1984) comprendí que no sería muy difícil ubicarlos en una actuación musical en TVE (única cadena de televisión por aquel entonces).

Efectivamente, el 15 de Julio de 1983 Polanski y El Ardor actuaron en un especial del “1, 2, 3… Responda otra vez” dedicado a la música; la fecha me cuadraba con la estación estival y el programa (que veía toda España) también, pero en las hemerotecas no hay ninguna referencia a avistamientos similares en fechas posteriores a ese 15 de Julio; sin embargo, al ampliar la búsqueda a todo el año 1983 en la hemeroteca de El País (con la palabra clave “OVNI”) aparecen dos noticias en el mes de Octubre que, aunque no me dejan más tranquilo (no se sabe muy bien qué fue lo que vimos yo y muchos otros españoles), al menos me quitan el peso de pensar de mí mismo si a los 10 años no estaba tan zumbado como para no distinguir un avión de otra cosa:

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha confirmado que un OVNI sobrevoló un área próxima a Madrid durante un minuto el pasado día 12 de julio, según la respuesta dada por el Ejecutivo a la correspondiente pregunta del diputado Gabriel Elorriaga, del Grupo Popular. Ni los sistemas de defensa aérea instalados en las inmediaciones de la capital de España, ni los radares de Madrid-control, se dice en la respuesta, detectaron al objeto volador no identificado. Éste fue visto, sin embargo, por los pilotos de una formación de aviones de combate Phantom de la base de Torrejón (Madrid), por el controlador de esta base, por los pilotos de dos aviones de Iberia y por la dotación de otro aparato de la Fuerza Aérea norteamericana con base en Torrejón (El País, 05/10/1983).

La historia pública de este ovni, avistado en diversas localidades, empezó en Benicasim (Castellón), donde centenares de personas lo observaron durante varios minutos. La visión duró ocho minutos en ese área, según datos oficiales locales, y los testimonios fueron contrastados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que determinaron una coincidencia respecto a los movimientos rápidos e irregulares del objeto, así como sobre su estela y aspecto fusiforme, según señala Elorriaga en el informe que fundamenta su pregunta parlamentaria. Elorriaga, basado "en la opiniones de técnicos y observadores especializados", apunta que pudo tratarse de un misil bélico o de espionaje (El País, 14/10/1983).

Así, a través de un recuerdo e Internet, sé que el 12 de Julio de 1983 avisté, mientras mi familia estaba viendo a Jesús Hermida o el programa Vivir cada día (sobre las 22:15), lo mismo que pudieron avistar en Tarragona, en Cádiz, en Jaén o en Murcia otras muchas personas, algo que para algunos era un globo sonda (como recogía el ABC el día 14), para otros un misil espía (tal y como se reconoció oficialmente) y, para otros, alguno de los tan de moda por aquel entonces platillos volantes. Mi asociación de ideas a los 10 años (el avistamiento y la canción de Polanski y El Ardor que escuché tres días después) coincidió en aquella ocasión con la versión oficial.

Es decir, que en poco más de tres horas he podido descubrir, sólo a través de Internet y de mi vago recuerdo, lo que estábamos haciendo yo y mi familia entre las 22:15 y las 22:30 de un día de verano de hace 28 años.

Perdonen mi tara. Mi lengua materna es el valenciano.

Cuando a un alcalde se le obliga a hablar en castellano ante otros valencianos o cuando otra alcaldesa ha de pedir perdón por el “defecto” de tener el valenciano como lengua materna es que algo no va bien.

Si esto ocurriese en partidos políticos a los que la democracia les estorba lo entendería; pero que esto ocurra en la proclamación de candidaturas del Partido Popular resulta más que preocupante.

El PP evitando que el catalán devore al valenciano.

En el minuto 21:35 del último 30 minuts (que no podemos ver los valencianos porque a Camps le estorban las verdades que pueda decir la televisión catalana) encontramos la hipocresía y el cinismo en estado puro, puesto que éstos son los mismos que abanderan y copan ahora mismo el valencianismo.

De ahí a prohibirlo por completo sólo media plasmarlo en una Ley, porque la voluntad la tienen y la mayoría (la tienen y la tendrán) también.

Así que, como la alcaldesa de Torrent, vayamos pidiendo perdón por nuestra imperdonable tara, porque somos valencianos defectuosos; esperemos que no acabemos siendo considerados también como un problema.

(Incluyo el enlace al programa completo por su interés documental):

Malditos trabajadores

El aumento de los salarios debe ir asociado al aumento de la productividad de los trabajadores; así se lo hemos oído decir a Ángela Merkel, a la OCDE, al FMI, al BCE y hasta a Felipe González. Por supuesto, es uno de los mantras del neoliberalismo económico y una de las medidas imprescindibles para superar la crisis según todas las asociaciones empresariales españolas.

La competitividad de nuestra maltrecha economía debe mejorar urgentemente, y al parecer los únicos responsables de que nuestras empresas no sean competitivas somos los trabajadores y los impuestos; en Gran Bretaña, con sueldos que doblan a los de los trabajadores españoles (42.000 € anuales de media frente a nuestros 21.000 € anuales) y con un impuesto sobre sociedades exactamente igual al español (entre el 20% y el 30% de los beneficios contables) podrían señalar con el dedo a sus trabajadores, pero en España no acaba de entenderse muy bien qué tienen que ver los salarios con la falta de competitividad.

El pasado 20 de Febrero escribía Ángel Laborda (director de coyuntura de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros) en el suplemento de Negocios de El País que la competitividad de nuestras empresas se ha restablecido respecto a la pérdida de competitividad de años anteriores gracias al considerable aumento de la productividad de los dos últimos ejercicios; efectivamente, la productividad de los trabajadores españoles (habitualmente por debajo del 1%) se acercó en 2009 al 3% y al 2% en 2010. Sin embargo, la economía parece haberse convertido en la ciencia que trata y justifica las excepciones a la regla, y tras reconocer en el artículo esos históricos niveles de productividad leo absorto que «no cabe dejarse tentar por la idea de que sería mejor un aumento mayor de los salarios para que el consumo tirara más»; así, la escuela económica española (FUNCAS es un referente entre los economistas a la hora de crear opinión) parece empeñada en adoctrinar a los empresarios en las teorías económicas neoliberales y en cómo dejar de aplicarlas cuando les venga en gana.

Teniendo como referentes a estos maestros, no nos debería resultar extraña la escasa cultura de la eficiencia existente en muchas empresas españolas, más preocupadas en fijar sus políticas empresariales en función de la mayor o menor facilidad en la evasión de impuestos o en deshacerse de costes laborales ante el mínimo atisbo de una reducción en los beneficios que en premiar la eficiencia o en reducir otros costes estructurales totalmente desmesurados y, en muchas ocasiones, absurdamente caprichosos. Y con esas políticas empresariales, que acaban deviniendo en decisiones económicamente irracionales o laboralmente injustificables, tampoco nos debería extrañar el escaso interés de muchos trabajadores en mejorar su eficiencia en beneficio de la empresa.

Las reticencias de los sindicatos y de la izquierda en general a referenciar los salarios a la productividad no podrían entenderse sin tener en cuenta estas reflexiones, a las que cabría añadir las argucias contables (amparadas legalmente por cuanto cada empresa puede aplicar sus propios criterios contables dentro de unos amplios márgenes económicos) destinadas específicamente a rebajar o a incrementar las productividades o los beneficios empresariales en función del interés cortoplacista de cada empresa en particular.

En definitiva, lo que podemos comprobar en esta España de hoy es que mientras al trabajador se le intenta convencer de la imperiosa necesidad de referenciar nuestros salarios a nuestras productividades, a los empresarios se les está adoctrinando en las formas de evitar que los incrementos en las productividades conlleven mayores costes laborales. Algo difícil de casar si ambas informaciones llegan al trabajador.

Abundando en esta misma dirección, publicaban ayer en El País tres economistas promotores de la reforma de la negociación colectiva otro artículo que se inicia con el ya consabido mantra: «La economía española tiene un grave problema de competitividad». En este caso no sólo se responsabiliza a los trabajadores de ese grave problema (son los salarios y las condiciones de trabajo los únicos factores que impiden a las empresas disponer de la necesaria flexibilidad para aumentar su competitividad: «La negociación colectiva debe facilitar la adaptación de los salarios y condiciones de trabajo a la productividad [y] permitir que las empresas dispongan de flexibilidad en la organización del trabajo para aumentar su competitividad»), sino que incluso se va un poco más allá: los únicos responsables del «excesivo peso de sectores poco productivos» en la economía española son los salarios que cobran los trabajadores, que deberían mostrar una mayor relación «con las diferencias de productividad entre sectores y ocupaciones».

Por supuesto, las empresas españolas no tienen ninguna responsabilidad en la «reasignación de recursos hacia las actividades más rentables», porque disponen de tan poca flexibilidad interna (no pueden «alterar lo negociado» en los actuales Convenios Colectivos ni «descolgarse de lo pactado en aquéllos») que los salarios de los curritos españoles incluso «las impide aprovechar las nuevas tecnologías y restringen el crecimiento de las PYMES».

Hablando en plata: a las empresas y sectores más productivos no se les puede exigir que ofrezcan mejores retribuciones a los trabajadores más productivos (estos trabajadores tienen los salarios adecuados, justo en la mitad del salario que cobrarían en Gran Bretaña, y por eso en España no sabemos lo que es la fuga de cerebros), así que la única solución posible pasa por reducir el salario de los trabajadores menos productivos a un cuarto (el 25%) o menos de lo que cobrarían en Inglaterra. Es decir, que España sólo sería competitiva si sus trabajadores cobráramos menos del 33% de lo que cobraríamos en otro país europeo; aunque yo diría más: si de verdad queremos ser competitivos y queremos evitar que las empresas abran sus plantas de producción y trasladen sus sedes a China (por poner un ejemplo), lo que deberíamos hacer es aprender del tercer mundo y trabajar 18 horas a cambio de alojamiento.

Estos economistas del resurgimiento del capitalismo más salvaje, único responsable de la actual crisis financiera que ha paralizado por completo a España y a medio mundo, no sólo no se conforman con apalear a la clase trabajadora (a todos sin distinción excepto a ellos mismos, que nunca renunciarían a sus emolumentos en beneficio de un tercero: ¿o acaso estos economistas están trabajando gratis para ayudar a las empresas que los contratan a ser más competitivas?), sino que incluso pretenden tomarnos el pelo esperando que nos mantengamos en la más absoluta inopia y asintamos con la cabeza sin rechistar ante sus brillantes ocurrencias en nuestro beneficio.

Y yo me pregunto: ¿es que no hay nadie con la capacidad mediática suficiente para explicar a los trabajadores (la inmensa mayoría de los españoles) que el capitalismo salvaje que nos ha llevado a esta situación quiere morir matando y que van a intentar recuperar sus beneficios a costa de quien sea sin importarle lo más mínimo los medios utilizados o los daños colaterales causados?

Adiós, Polonia, adiós

La persecución de todo lo que huela a catalán (no ser pancatalanista ni parecerlo ya era un requisito para acceder a la colaboración de la Generalitat Valenciana en las campañas de ayuda a los afectados por la Guerra de Bosnia) ha sido una de las señas de identidad del populismo pseudonacionalista del Partido Popular y del resto de la derecha de la Comunidad Valenciana; hasta tal punto llegan el histrionismo institucional y el odio visceral hacia lo catalán que incluso los enlaces que en las webs de la Generalitat de Cataluña apuntan hacia organismos de la Generalitat Valenciana son tachados públicamente por ésta de secuestro cultural.

Esta política de permanente confrontación vecinal al más puro estilo verdulero, aplastantemente mayoritaria en la Comunidad Valenciana (por algo vienen gobernando los mismos con mayorías absolutas desde antes de que finalizara la Guerra de Bosnia, hace casi 16 años, y lo que te rondaré morena), está esta semana de enhorabuena; ha triunfado el odio frente a la convivencia y el populismo ha conseguido derrotar al pancatalanismo: los canales de Televisió de Catalunya han dejado de emitirse en toda la Comunidad Valenciana.

Resulta bochornoso escuchar la versión aducida por la Generalitat Valenciana sobre la ilegalidad de las emisiones de TV3 en territorio valenciano por cuanto la Generalitat de Cataluña ha estado siempre abierta a un intercambio de emisiones de las respectivas cadenas autonómicas, a lo cual se ha negado siempre una Generalitat Valenciana consciente de que comparar al Joan Monleón de Canal 9 con el Andreu Buenafuente de TV3 no les dejaría en muy buen lugar; el último intento de llegar a un acuerdo para ese intercambio de emisiones ha fracasado porque la Generalitat Valenciana estaba dispuesta a aceptarlo sólo en el caso de que el gobierno de Zapatero autorizase cuatro canales más a Radio Televisió Valenciana, de forma que el fracaso ya tiene un responsable ajeno a la intransigente actitud del gobierno valenciano, que aprovechó la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos para imponer multas millonarias (120.000 € al mes) a Acció Cultural (propietaria de los repetidores que daban cobertura a la señal de TV3) para forzar así el corte de las emisiones antes de que finalicen los procesos judiciales que mantienen la Generalitat Valenciana y esta asociación.

Así pues, tras largos años en los que los valencianos pudieron disfrutar de programas que después copiaría descaradamente Canal 9, la primera cadena autonómica que emitió en la Comunidad Valenciana (cuando Canal 9 ni tan siquiera era un proyecto) ha dejado de existir para los valencianos.

Muchos se sentirán orgullosos hoy de poder decir “adiós, Polonia, adiós”, mientras otros (al parecer una insignificante minoría) nos tenemos que resignar a aguantar durante al menos cuatro años más los arranques nacionalistas de la derecha regionalista valenciana.

Triunfó el odio. Triunfó la incultura. Y triunfó la censura.

El negro futuro que nos espera

Españoles, lo social ha muerto. Viva los mercados. Larga vida al capital, muerte al proletario.

El Gobierno debe aprobar, con anterioridad al 18 de junio de 2011, un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

Bajo un epígrafe llamado “Fondo de capitalización”, perdido entre los acuerdos en material laboral y los acuerdos en materia industrial y energética, encontramos este más que preocupante párrafo que parece no decir nada, pero que en realidad supone la habilitación de los sindicatos al Gobierno para regular el libre despido de cualquier trabajador; se trata de un fondo a pagar por los propios trabajadores (“sin incremento de las cotizaciones empresariales”), que constará de un importe equivalente a X días de salario por año trabajado (¿no les suena esto?) y que podrá utilizarse en el momento del despido (indemnización por despido derogada), en los casos de movilidad geográfica (para pagarse el alquiler), para el desarrollo de actividades de formación (para pagarse su formación) o en el momento de la jubilación (si es que al trabajador le queda algo en ese fondo a esas alturas).

Pero no crean ustedes que lo hemos visto todo ya, no. Quienes ahora tienen menos de 46 años, que no hagan previsiones para jubilarse a los 67:

A partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años.

En 2032 se realizará la primera revisión de los “parámetros fundamentales del sistema”, así que ya podemos ir rezando para que nuestra esperanza de vida se venga abajo si no queremos estar trabajando hasta los 80 años con el bastón y el andador arriba y abajo; a partir de 2032 quedarán las calles limpias de jubilados mirando las obras u ocupando los bancos de los parques con chácharas improductivas: estarán convalecientes en sus camas esperando a la muerte, y las ciudades parecerán mucho más jóvenes. Qué “guay”.

Todo esto (y, por desgracia, mucho más) lo podemos encontrar en las escasas (menos mal) 37 páginas del Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que ayer firmaron el Gobierno, los empresarios y los sindicatos; a esa derogación de las indemnizaciones por despido (para Junio de este año) y al incremento indefinido de la edad de jubilación (a partir de 2032) se unen los incrementos de las bases mínimas de cotización para los trabajadores autónomos, la supresión completa de los beneficios sociales para los trabajadores agrícolas, el incremento de los años cotizados necesarios para acceder al 100% de la pensión (de los actuales 35 se pasa a los 38 y medio) o el aumento en el período de cálculo de la base de la pensión (de 15 pasa a 25 años).

¿Y cómo contribuyen las empresas al sostenimiento del sistema? Pues, directamente, no contribuyen: eliminación de las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a tiempo parcial a jóvenes, asunción por parte de los trabajadores de las indemnizaciones por despido, mantenimiento de las bonificaciones en las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a mayores de 45 años, adecuación de todos los convenios colectivos “a fin de dar la necesaria y urgente respuesta a la viabilidad de las empresas”…

El PSOE, consciente del mazazo que esto supone para sus votantes, ha cerrado filas entorno al acuerdo (con artículo de Felipe González y panfleto de la Fundación IDEAS incluidos) para dar una cínica sensación de unanimidad en cuanto a la imperiosa e ineludible necesidad de aplicar las medidas acordadas; lo que es más difícil de explicar es cómo es posible que los sindicatos (nadie cree ya a estas alturas, con todo lo que ha caído en el último año, que el PSOE vaya a cambiar su rumbo hacia las teorías neoliberales) hayan accedido sin más a firmar un documento en el que parecen haber puesto más interés en llegar a acuerdos en materia energética que en materia laboral. Tal vez todo tenga una explicación, pero yo, personalmente, ni la veo ni creo que cualquier aclaración, por muy ingeniosa que parezca, sea válida para recuperar esa legitimidad cada vez más menguante (tal y como se reconoce en el propio acuerdo) de los representantes sindicales, cada día más políticos y menos sindicales; porque es muy poco creíble que los sindicatos no hayan manejado datos similares a éstos y que no hayan sido capaces de exhibirlos para frenar este acuerdo.

Pero por si la decepción hacia los dirigentes de la ya casi extinta izquierda española no fuese suficiente, desde el otro extremo (al menos en teoría) del espectro político se afanan (y se ufanan) en aplaudir el irremediable giro político del socialismo (Ángela Merkel y Nicolás Sarkozi han felicitado a Zapatero por su valentía) y en exigir más medidas en la misma dirección (eliminar la vinculación del aumento de los salarios al IPC, reducción a la mínima expresión de los impuestos a las empresas…).

Y si a algún incauto le queda todavía la ilusión de los avances sociales de los primeros años de gobierno socialista, que se vaya haciendo a la idea de que todo ha sido un espejismo del que Rajoy nos va a despertar con unos buenos sopapos: derogación de la Ley del Aborto, del matrimonio homosexual, de la Ley de Memoria Histórica…

Si todo esto no es una invitación a practicar activamente la abstención política, a lo que se nos obliga es a ejercer otra opción menos civilizada, aunque  tal vez mucho más efectiva: la rebelión.

No future, no future, no future for you…

El enemigo en casa

Siempre nos hemos quejado en la provincia de Castellón de que las inversiones –autonómicas y estatales– se quedaban habitualmente en Valencia, en Alicante o en Cataluña; supongo que en Valencia, en Alicante o en Cataluña nos acusarán de victimistas o, en el mejor de los casos, simplemente nos ignorarán.

Tener un parque temático al norte (Port Aventura) y otro al sur (Terra Mítica) debió parecerles a algunos que no era justo, así que nos vendieron Mundo Ilusión. Todo para nosotros. Sin duda, de ilusión también se debe poder vivir, porque esa es la única de las dos palabras del parque temático que tiene visos de hacerse realidad.

Es de lo mismo que vivirán en Vistabella, expectantes con la Generalitat Valenciana desde 2004 para acabar viendo cómo la mejora del ruinoso tramo final de la CV-170 (única vía de acceso para llegar al municipio y al flamante Parque Natural del Peñagolosa desde la Comunidad Valenciana) ha desaparecido de los dos últimos Presupuestos de la Comunidad Valenciana en beneficio de algún proyecto que genere más votos que los que puedan aportar los escasos 400 habitantes de este municipio del cada vez más decrépito (y menos rentable electoralmente) interior de la provincia de Castellón.

Supongo que será ese enfermizo victimismo el que me ha llevado a comprobar cómo las dos líneas principales de actuación para la protección del paisaje puestas en marcha por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para el período 2008-2011 constan de cuatro únicos proyectos: la Infraestructura Verde del Área Metropolitana de Valencia y el Gran Parque Metropolitano de Alicante (dentro de la línea destinada a preservar la diversidad de los paisajes de la Comunidad Valenciana), y el Plan de Protección de la Huerta de Valencia y el Estudio de Paisaje del Parque Natural de la Mata – Torrevieja (dentro de la línea de actuación destinada a la protección y gestión de los paisajes culturales y agrícolas más significativos de la Comunidad Valenciana). No, no busquen a Castellón, porque no lo encontrarán; aquí ya han actuado en el paisaje con los parques eólicos.

Por supuesto, tenemos (o tendremos) aeropuerto; privado (aunque construido con dinero público), pero aeropuerto al fin y al cabo. Si tenían aeropuerto en Tarragona, en Valencia y en Alicante, es lógico que a alguien se le ocurriese que en Castellón cabía otro; sobre todo para viajar a Rusia o a Austria, paraísos desconocidos para cualquier castellonense. Esperemos que los vuelos no estuviesen apalabrados (porque hasta hace tres meses sólo eran palabras pronunciadas en ruedas de prensa o en comunicados) con Air Comet y que el encargado de emitir los billetes no fuese Marsans, porque si no volvemos a nuestro eterno sino: vivir de ilusiones.

Tampoco era necesario que al sector cerámico le dejasen caer arrastrado por el sector del ladrillo, pero lo cierto es que es eso lo que han hecho tanto desde el gobierno central como desde el autonómico; así, desde una situación de casi pleno empleo (con un paro por debajo del 5%) hemos pasado a superar con creces la media nacional (llevamos muchos meses por encima del 20% de paro); por supuesto, es lo que pasa cuando se vive de pelotazos (urbanísticos en este caso) y al final uno de tantos nos da en todos los morros, pero otros sectores también afectados por esta crisis salvaje (como por ejemplo el del automóvil) sí han sido rescatados con el dinero de todos, mientras que en nuestro caso a lo máximo que se ha llegado es a crear un observatorio del sector. No sé si a base de contemplar se solucionarán los problemas de la cerámica en nuestra provincia; lo que sí tengo claro es que las dietas y el kilometraje para asistir a esas contemplaciones van a salir de los bolsillos de quienes yo me sé, y entre ellos los de los mismos trabajadores del sector.

A pesar de estos casos tan flagrantes de dejadez por parte de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y el Partido Popular de la provincia insisten una y otra vez en apuntar con el dedo acusador sólo hacia Madrid como responsable de todos los males; claro, que entre todas las declaraciones y noticias que podemos ver en las imágenes anteriores (con Moliner diciendo que sólo se han hecho tres obras en Castellón impulsadas por el Gobierno central –no creo que sea necesario reproducir aquí la lista completa de obras financiadas en Castellón por el Plan-E, incluidas las tres guarderías y el fiasco de los maceteros revienta-coches–, con Marta Gallén repartiendo mierda o con la propia Generalitat acusando a los demás de no dar dinero ni para pipas), hay una que resulta demoledora:

¿El Ayuntamiento de Castellón le tiene que devolver dinero (12 millones de euros) al Gobierno central por un exceso en las transferencias? Muy caras deben ser las pipas que comen en el Ayuntamiento de Castellón o muy dura tienen la cara algunos a la hora de hablar en público.

Nota aclaratoria: Aunque el Ayuntamiento de Castellón no quiera reconocerlo, un millón de los doce que ha de devolver corresponde al fiasco de los maceteros, que fueron financiados con el Plan-E. Al no ejecutarse el proyecto se ha de devolver la financiación, pero como se la han gastado en otros menesteres, ahora no pueden devolver el dinero.