Españoles, lo social ha muerto. Viva los mercados. Larga vida al capital, muerte al proletario.
El Gobierno debe aprobar, con anterioridad al 18 de junio de 2011, un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
Bajo un epígrafe llamado “Fondo de capitalización”, perdido entre los acuerdos en material laboral y los acuerdos en materia industrial y energética, encontramos este más que preocupante párrafo que parece no decir nada, pero que en realidad supone la habilitación de los sindicatos al Gobierno para regular el libre despido de cualquier trabajador; se trata de un fondo a pagar por los propios trabajadores (“sin incremento de las cotizaciones empresariales”), que constará de un importe equivalente a X días de salario por año trabajado (¿no les suena esto?) y que podrá utilizarse en el momento del despido (indemnización por despido derogada), en los casos de movilidad geográfica (para pagarse el alquiler), para el desarrollo de actividades de formación (para pagarse su formación) o en el momento de la jubilación (si es que al trabajador le queda algo en ese fondo a esas alturas).
Pero no crean ustedes que lo hemos visto todo ya, no. Quienes ahora tienen menos de 46 años, que no hagan previsiones para jubilarse a los 67:
A partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años.
En 2032 se realizará la primera revisión de los “parámetros fundamentales del sistema”, así que ya podemos ir rezando para que nuestra esperanza de vida se venga abajo si no queremos estar trabajando hasta los 80 años con el bastón y el andador arriba y abajo; a partir de 2032 quedarán las calles limpias de jubilados mirando las obras u ocupando los bancos de los parques con chácharas improductivas: estarán convalecientes en sus camas esperando a la muerte, y las ciudades parecerán mucho más jóvenes. Qué “guay”.
Todo esto (y, por desgracia, mucho más) lo podemos encontrar en las escasas (menos mal) 37 páginas del Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que ayer firmaron el Gobierno, los empresarios y los sindicatos; a esa derogación de las indemnizaciones por despido (para Junio de este año) y al incremento indefinido de la edad de jubilación (a partir de 2032) se unen los incrementos de las bases mínimas de cotización para los trabajadores autónomos, la supresión completa de los beneficios sociales para los trabajadores agrícolas, el incremento de los años cotizados necesarios para acceder al 100% de la pensión (de los actuales 35 se pasa a los 38 y medio) o el aumento en el período de cálculo de la base de la pensión (de 15 pasa a 25 años).
¿Y cómo contribuyen las empresas al sostenimiento del sistema? Pues, directamente, no contribuyen: eliminación de las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a tiempo parcial a jóvenes, asunción por parte de los trabajadores de las indemnizaciones por despido, mantenimiento de las bonificaciones en las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a mayores de 45 años, adecuación de todos los convenios colectivos “a fin de dar la necesaria y urgente respuesta a la viabilidad de las empresas”…
El PSOE, consciente del mazazo que esto supone para sus votantes, ha cerrado filas entorno al acuerdo (con artículo de Felipe González y panfleto de la Fundación IDEAS incluidos) para dar una cínica sensación de unanimidad en cuanto a la imperiosa e ineludible necesidad de aplicar las medidas acordadas; lo que es más difícil de explicar es cómo es posible que los sindicatos (nadie cree ya a estas alturas, con todo lo que ha caído en el último año, que el PSOE vaya a cambiar su rumbo hacia las teorías neoliberales) hayan accedido sin más a firmar un documento en el que parecen haber puesto más interés en llegar a acuerdos en materia energética que en materia laboral. Tal vez todo tenga una explicación, pero yo, personalmente, ni la veo ni creo que cualquier aclaración, por muy ingeniosa que parezca, sea válida para recuperar esa legitimidad cada vez más menguante (tal y como se reconoce en el propio acuerdo) de los representantes sindicales, cada día más políticos y menos sindicales; porque es muy poco creíble que los sindicatos no hayan manejado datos similares a éstos y que no hayan sido capaces de exhibirlos para frenar este acuerdo.
Pero por si la decepción hacia los dirigentes de la ya casi extinta izquierda española no fuese suficiente, desde el otro extremo (al menos en teoría) del espectro político se afanan (y se ufanan) en aplaudir el irremediable giro político del socialismo (Ángela Merkel y Nicolás Sarkozi han felicitado a Zapatero por su valentía) y en exigir más medidas en la misma dirección (eliminar la vinculación del aumento de los salarios al IPC, reducción a la mínima expresión de los impuestos a las empresas…).
Y si a algún incauto le queda todavía la ilusión de los avances sociales de los primeros años de gobierno socialista, que se vaya haciendo a la idea de que todo ha sido un espejismo del que Rajoy nos va a despertar con unos buenos sopapos: derogación de la Ley del Aborto, del matrimonio homosexual, de la Ley de Memoria Histórica…
Si todo esto no es una invitación a practicar activamente la abstención política, a lo que se nos obliga es a ejercer otra opción menos civilizada, aunque tal vez mucho más efectiva: la rebelión.
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