Controladores

Supongo que todos conocemos de sobra la privilegiada nómina de los controladores aéreos (una media de 330.000 € anuales), así que voy a ir directamente al grano.

El Director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana es, además de liberal y comentarista de opinión en Libertad Digital, controlador aéreo desde hace once años y afiliado a la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos, el sindicato mayoritario de su gremio); tras 11 años y unos cuatro millones de euros (reconoce que su nómina está por encima de la media) se ha decidido a denunciar las presiones y las malas artes de sus compañeros de trabajo en un artículo de opinión en Libertad Digital.

Que es científico se lo dice él mismo y no tenemos por qué dudarlo (tiene «formación académica como físico, en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, y como economista»); ahora bien, las dudas nos pueden asaltar en otras muchas cosas.

Al parecer, el economista liberal es aquél que se enriquece a lo bestia (4 millones de euros, que son unos 665 millones de pesetas) en un sector que es todo lo contrario a las teorías económicas liberales (un gremio completamente cerrado y que se determina a sí mismo las retribuciones, ajenas por completo al mercado o a la eficiencia y con fuertes restricciones de entrada impuestas por ellos mismos) para después denunciar que hay otros que también se están enriqueciendo a lo bestia.

Sin embargo, lo que más choca del artículo (o mejor, del articulista) es que haya tardado 11 años y 4 millones de euros en encontrar la ética y el tiempo para denunciar los abusos del sector al cual pertenece; sobre todo si resulta que dice ser el responsable de ética de un instituto de economistas liberales.

Seguramente, en el Instituto Juan de Mariana estarán orgullosos de que su Director de Ética haya encontrado la ética que se le supone; a mí particularmente, lo que me parece es que esa ética es la única que conocen los economistas liberales: aprovecharse de la ausencia de ética para enriquecerse y después intentar aparentar una inmaculada ética profesional de la que adolecen por completo.

A algunos se les caería la cara de vergüenza; a otros (como es el caso) les parece no sólo lo más normal del mundo, sino incluso todo un ejemplo a seguir.

Y la calle se llenó de banderas españolas

Muchos se vieron sorprendidos, tras el pase de la selección española a las semifinales del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ante la invasión de banderas rojigualdas por las calles de toda España en los momentos previos y posteriores a los dos últimos partidos de ese campeonato; de hecho, la sorpresa es lógica, puesto que no es lo habitual en nuestro país tamaña muestra de amor hacia uno de los símbolos nacionales españoles. Ahora bien, tampoco debería sorprender a nadie que esas muestras de amor patrio no vuelvan a externalizarse hasta que la selección española vuelva a ganar otro mundial de fútbol.

El problema de la bandera española (y del resto de simbología nacional) es que nunca se ha utilizado (ni social ni políticamente) como elemento común e integrador de los españoles, sino como oposición frontal a otras maneras (menos anacrónicas) de entender España; habrá quien diga que eso no es así, pero lo cierto es que, por poner un ejemplo, nunca se ha empuñado una bandera española para defender el uso del catalán o del vasco, sino para reclamar su sumisión plena a la supremacía absoluta y absolutista del castellano, aun cuando las tres lenguas son igual de españolas e igual de oficiales (a pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional).

La bandera española sigue sin ser, tras más de treinta años de Constitución, un símbolo de la pluralidad española; la pluralidad se muestra en España con otra simbología, nunca con la bandera española, que sigue siendo el símbolo no de la unidad, sino de la uniformidad. Que esto sea así ha sido una contribución de ambas tendencias: el falso victimismo del centralismo y el exagerado victimismo del independentismo.

Y es que ni España se puede romper sin que el conjunto de la propia España quiera romperse, ni España es el estado imperialista, colonial y cruel que el independentismo intenta esbozar en cualquiera de sus numerosas y constantes proclamas.

Ese constante recurso al victimismo por parte de ambas tendencias muestra la evidente ausencia no sólo de argumentos, sino también de predisposición a la aceptación de cualquier argumento que se salga del credo inquebrantable de cada una de las partes; todo el argumentario se limita a buscar la solidaridad de otros españoles con esas falsas y fingidas víctimas, responsabilidad exclusiva de la parte contraria.

Pero el problema de la solidaridad es que se extingue cuando se descubre que las víctimas no son víctimas, sino simples cazurros. Y por eso muchos españoles prefieren dejar la solidaridad con la bandera rojigualda para que esos cazurros se expresen; y por eso el independentismo es y seguirá siendo una minoría radical (y cada vez más radicalizada), aunque su simbología cree más simpatías por tener una parte de razón (aunque sea mínima) en su papel de víctimas.

Sólo cuando los cazurros de ambas tendencias dejen de ser (y de ejercer de) cazurros podrá un español cualquiera empuñar la bandera española como símbolo de la unidad; pero para que eso ocurra es necesario utilizar argumentos y aparcar definitivamente el falso y desmesurado victimismo de unos y otros.

Mientras tanto, la bandera española sólo podrá ondear masivamente por las calles de España cuando una selección de fútbol (ajeno a la cazurrería y con argumentos futbolísticos) gane un Mundial.

Inconstitucional

Hace casi un año escribí un artículo sobre tres de los aspectos más controvertidos del nuevo Estatuto de Cataluña: la soberanía, las lenguas oficiales y la nación. Tras cuatro largos años de deliberaciones fallidas por parte del Tribunal Constitucional, al fin disponemos de las razones por las cuales es o no constitucional lo especificado en el texto estatutario respecto a esas tres cuestiones.

Los tres preceptos han sido considerados insconstitucionales, aunque para declararlos insconstitucionales se hayan utilizado circunloquios poco clarificadores para dar una apariencia de semi-constitucionalidad; el caso más flagrante de este recurso a los argumentos enrevesados lo tenemos en la cuestión del deber de conocer el catalán.

El artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña decía, respecto al castellano y al catalán, que “todas las personas tienen el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas”; como dije en su día, el Estatuto introducía así la equiparación absoluta entre las dos lenguas oficiales de Cataluña, acabando de esa forma con una convivencia ilógicamente desequilibrada en favor del castellano (siendo ambas lenguas igual de oficiales, resulta un tanto absurdo que sólo una de ellas deba ser conocida); la Sentencia del Tribunal Constitucional restringe ese deber de conocimiento de la otra lengua oficial de Cataluña a la educación y a los funcionarios: “se trata, aquí sí, no de un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, sino de la imposición de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del art. 35.2 EAC, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios” (Fundamento Jurídico 14.b)).

Por mucho que forcemos la frase del Estatuto, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional no tiene ninguna cabida racional en el texto estatutario, puesto que “los ciudadanos de Cataluña” no se circunscriben a ningún ámbito específico, sino a todos y cada uno de los ciudadanos catalanes, ya sean profesores, alumnos, funcionarios, barrenderos, ingenieros, jueces, empresarios o parados; el Tribunal Constitucional debería haber declarado inconstitucional, sin rodeos ni circunloquios, ese deber de conocer las dos lenguas oficiales, manteniendo así la actual infra-oficialidad del catalán respecto al castellano y asumiendo, en consecuencia, que no cabe en la Constitución la cooficialidad real de las distintas lenguas españolas.

Evidentemente, esto significa (aunque el Tribunal Constitucional haya intentado ocultarlo sin demasiado éxito) que no existe la cooficialidad de las lenguas en España, o que al menos la actual Constitución no la admite; es decir, que hay lenguas de primera categoría y lenguas folclóricas (aunque dignas de protección y potenciación cultural, como los bailes regionales) de segunda categoría. No voy a ser yo quien contradiga al Tribunal Constitucional, pero si es eso lo que dice la Constitución considero que es algo que necesita un cambio urgente; es decir, que si queremos reconocer la oficialidad de las diversas lenguas existentes en España deberemos dotarlas de un mismo status allí donde coexistan más de una (incluyendo el deber de conocerlas), pero si unas son totalmente oficiales y las otras no, habrá que cambiar la definición de las inferiores en la propia Constitución (rebajándoles el status de oficiales y definiéndolas como folclóricas, como secundarias, como reminiscentes, como insignificantes, como triviales, como intrascendentes o como se quiera, pero nunca como oficiales).

La inicial definición de Cataluña como nación en el articulado del Estatuto aprobado en el Parlamento catalán, trasladada posteriormente al Preámbulo, ha viciado por completo la argumentación interna sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de otros aspectos del Estatuto; la flagrante inconstitucionalidad de esa definición (que colisiona frontalmente con el artículo 2 de una Constitución que, como recuerda el Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 12, “no conoce otra que la Nación española”) ha servido para distorsionar hasta límites insospechados el debate interno del propio Tribunal, como comprobaremos en los votos particulares emitidos por alguno de sus miembros. Esa definición de Cataluña como nación (que no puede ser entendida sino como una provocación en toda regla por parte del Parlamento catalán) ha servido, en definitiva, para que todo el debate interno se centrara en una supuesta intencionalidad global del Estatuto de Cataluña dirigida hacia una reforma encubierta de la Constitución, de forma que todo el articulado impugnado ha acabado analizándose en función de su posible relación directa con esa intencionalidad; hasta tal punto ha quedado distorsionado el debate en el seno del Tribunal Constitucional que casi todos los votos particulares se exponen en relación con un concepto del Preámbulo (la definición de Cataluña como nación) que la propia Sentencia con la que discrepan ha determinado que no tiene ningún tipo de valor interpretativo respecto del articulado.

Si observamos las argumentaciones respecto a ese deber de todos los ciudadanos catalanes de conocer tanto el catalán como el castellano nos daremos cuenta de cómo esa distorsión en el debate ha llevado a todos los miembros del Tribunal Constitucional, sin distinción, a determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese deber obviando a la propia Constitución.

Vicente Conde Martín de Hijas, en un voto particular cargado de supuestas buenas intenciones y exquisita juricidad (niega que el Tribunal Constitucional deba inmiscuirse como árbitro de opciones políticas) acaba concluyendo que ese deber de conocer el catalán (apartado 11 de su voto particular) ha de ponerse en relación con las ideas de Nación y Estado, de forma que niega que un Estatuto de Autonomía pueda establecer determinados deberes a los ciudadanos residentes en una Comunidad Autónoma, no porque la Constitución lo prohiba, sino porque resulta inidóneo en cuanto que un Estatuto no es una Constitución y, por lo tanto, los deberes básicos de los ciudadanos (como el conocimiento de una lengua) están reservados en exclusiva a la propia Constitución; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que inicialmente utiliza su voto particular para denunciar la desaparición (¡en 1985!) del recurso previo de inconstitucionalidad y una supuesta persecución al Tribunal Constitucional plasmada en una proposición de reforma de la Ley Orgánica que regula el Tribunal, que ni tan siquiera se ha llegado a debatir en las Cortes (fue presentada por Convergència i Unió el 4 de Junio pasado), utiliza una argumentación estrictamente política e incluso basada en sus particulares circunstancias personales, llegando a afirmar que la lengua materna (la suya, que no la mía ni la de otros muchos españoles) es la oficial del Estado y que la educación en esa lengua materna (el castellano, que es la suya y no la mía ni la de otros muchos españoles) es un derecho vinculado a la dignidad humana (o lo que es lo mismo, que mi dignidad humana puede y debe prescindir de mi lengua materna), finiquitando todo el asunto del catalán declarando inconstitucional incluso el derecho a ser atendidos en otra lengua distinta a la materna (la suya, que no la mía ni la de otros muchos españoles).

Como puede observarse, ni la posición mayoritaria ni los votos particulares explican (de hecho, ni tan siquiera se preocupan de mencionarlo) qué significado tiene en la Constitución que dos lenguas sean definidas con el mismo concepto (todas son oficiales) y cómo se llega a la conclusión de que la palabra “oficial” tiene una diferenciación jurídica de una entidad tal que incluso queda prohibido –sin que la Constitución lo haya prohibido expresamente– referirse a dos lenguas oficiales en términos similares.

Más preocupados por la provocación del Parlamento catalán y por las divagaciones acerca de una imposible e inviable (además de argumentalmente absurda) reforma encubierta de la Constitución (puesto que eran ellos mismos quienes tenían en sus manos salvaguardarla: esa es exactamente una de sus principales funciones), los miembros del Tribunal Constitucional han acabado por contradecir a la propia Constitución, negándole a una de las lenguas oficiales el carácter de oficial (puesto que el carácter de oficialidad se reserva en exclusiva al castellano, lo cual no se corresponde con el artículo 3 de la Constitución, que dice que también es oficial el catalán allí donde sea de aplicación el Estatuto de Cataluña).

La Constitución, ahora sí, ha empezado a morir: acaba de ser declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (V)

El huevo o la gallina

Tal vez la demonización (a veces merecida, aunque no siempre) del sector inmobiliario (es evidente que han existido las estafas inmobiliarias o que los especuladores han campado a sus anchas en el sector para alterar al alza unos precios a los que rápidamente se han apuntado el resto de empresarios inmobiliarios) haya contribuido a buscar dentro del propio sector la principal causa de la debacle que aun hoy (y parece que durante un largo tiempo más) sigue su curso; mucho se ha hablado del exceso de oferta (el sector construyó muy por encima de lo que teóricamente la demanda podía absorber) como causa principal de la crisis inmobiliaria, y no hay que minimizar el hecho de que se construyera a un ritmo vertiginoso y, muy posiblemente, excesivo.

Pero lo cierto es que el stock de viviendas nuevas sin vender se calcula, en numerosos estudios (los más alarmistas), en base a los proyectos visados por los Colegios de Aparejadores, que en 2006 constituyeron la friolera de 865.561 viviendas a construir (una media de 72.130 viviendas al mes); como hemos visto en el primero de los artículos de esta serie, las compraventas de vivienda nueva alcanzaron su máximo (desde que se tienen datos mensuales) en Enero de 2007, con 33.480 viviendas nuevas transmitidas. Se construía, por lo tanto, a un ritmo de 40.000 viviendas en exceso cada mes (más de 450.000 viviendas se querdarían sin comprador cada año de seguir ese ritmo), si bien esas cifras de 2006 fueron ciertamente excepcionales (las cifras estuvieron en los años precedentes en torno a las 15.000 viviendas mensuales o las 200.000 anuales de más); es evidente que, con esas cifras, debía realizarse un ajuste en la oferta.

El problema es que los proyectos visados no son más que eso: proyectos. Muchos de esos proyectos se convertirían en promociones, pero otros muchos nunca llegarían a materializarse; las cifras correspondientes a las certificaciones de obras finalizadas así lo ponen de manifiesto: de las 8.112.724 viviendas proyectadas desde 1992, sólo se han materializado 5.251.381. Así, el máximo de viviendas construidas se alcanzó en 2007, con 547.285 (una media de 45.607 viviendas al mes, que son 12.127 más que las compraventas que se produjeron en Enero de 2007).

Si tomamos el número de viviendas finalizadas desde Enero de 2007 vemos que según las certificaciones son 1.434.102, mientras que según los visados (teniendo en cuenta que han de transcurrir entre 18 y 24 meses hasta que puedan finalizarse los proyectos) serían 2.319.530; el número de viviendas nuevas transmitidas desde Enero de 2007 es de 901.285, por lo que el desajuste entre la oferta y la demanda sería, según se tomase uno u otro dato, de 532.817 ó de 1.418.245 viviendas. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, el stock acumulado en 2009 (que incluye los cálculos acumulados desde 2004) sería de 688.044 viviendas (34.366 correspondientes a Castellón), más acorde con los datos de las certificaciones que con los de visados (utilizados asiduamente por determinados medios ultraliberales como Libertad Digital, como puede observarse en este artículo de 2008 o en éste de esta misma semana).

Como ya vimos también en el segundo artículo de la serie, los precios de la vivienda nueva han experimentado caídas máximas del 10,73% en el conjunto de España y del 15,49% en Castellón, muy lejos del 30% ó del 40% que se manejan en ciertos círculos; por supuesto, con las cifras de stock que manejan algunos expertos y al ritmo de ventas y de construcción actuales, las viviendas nuevas sin vender no se podrían absorber hasta que transcurrieran entre 10 ó 15 años, por lo que es evidente que el ajuste de los precios habría de ser acorde con aquellas cifras o incluso mayor. Sin embargo, las cifras del stock de viviendas basadas en los visados es completamente irreal, por lo que el descenso de precios previsto en base a dichos datos también lo es, como de hecho parecen demostrar las últimas cifras oficiales sobre precios (ver la actualización de datos de esta serie de artículos).

Aunque las actuales cifras de compraventas rondan las 225.000 viviendas nuevas al año (unas 19.000 viviendas al mes), en 2005 se registraron más de 430.000 compraventas (unas 36.000 mensuales) y no fue hasta 2008 cuando las operaciones bajaron de las 300.000 anuales; recordemos que la crisis financiera estalló en Agosto de 2007 y que el número de hipotecas concedidas empezó su descenso en picado (con descensos interanuales superiores al 30%) justo ese mes, como puede observarse en el gráfico siguiente (en Marzo de 2008 se concedieron casi 50.000 hipotecas menos que en Marzo de 2007).

¿El descenso en el número de compraventas fue consecuencia del exceso de oferta? Con toda probabilidad, incidió en el descenso en el número de compraventas de 2006 y 2007 (hasta el estallido de la crisis financiera se produjeron descensos interanuales puntuales cercanos al 10% en el número de hipotecas concedidas), sobre todo cuando empezaron a aparecer los informes que hablaban de descensos en los precios de hasta un 40% por el teóricamente desorbitado stock de viviendas que se estaba acumulando; aquellos descensos interanuales en el número de compraventas de entre el 10% y el 20% podían responder a la propia crisis del sector inmobiliario, pero tiene difícil explicación su extensión en el tiempo (éste será el cuarto año consecutivo de crisis en el sector) si no tenemos en cuenta que en el momento en el que se tuvo que iniciar la recuperación (es difícil encontrar crisis sectoriales superiores a los dos años, por lo que a mediados de 2008 se debería haber iniciado una ligera remontada que nunca llegó) estaba en pleno auge la crisis financiera.

Puesto que la demanda de vivienda necesita de una fuente de financiación, y ésta no estaba disponible (en Enero de 2009 se concedían un 58% de hipotecas menos –unas 72.000 menos– que dos años antes), la razón del estancamiento y del descenso en el número de operaciones de compraventa a partir de 2008 la hemos de establecer en la inexistente demanda (por falta de financiación debido a la crisis de liquidez del sector financiero), y no exclusivamente (ni principalmente) al exceso de oferta; no es, por lo tanto, una crisis de oferta del sector inmobiliario lo que estamos observando en estos momentos, sino una crisis de demanda por la concatenación de la crisis financiera a la crisis del sector de la construcción.

¿Deben bajar más los precios de la vivienda nueva por un exceso de oferta? En una situación de crisis sectorial, posiblemente fuese una solución para reanimar las ventas; pero si la demanda no existe por la existencia de una crisis financiera paralela, la variación en los precios de venta no tiene efecto alguno en el mercado, puesto que cualquier atractivo que pudiesen tener para la demanda unos precios ajustados quedaría completamente cercenado por la imposibilidad manifiesta de acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo la operación de compraventa.

Los importes medios de las hipotecas nos ayudarán a poner de manifiesto la principal contradicción de las teorías que afirman que los precios de las viviendas han de seguir bajando; el descenso en el valor medio de las hipotecas concedidas ha llegado al 26,71% desde sus niveles más altos, mientras que los precios han descendido poco más del 10% (según los datos referidos al conjunto de España). Mayo de 2007 supone el punto de inflexión tanto en el número de hipotecas como en el importe medio, iniciándose en Agosto las caídas más acusadas en ambas variables; lo esperable sería que el número de hipotecas condedidas acompañase al número de compraventas de viviendas y que los importes medios de las hipotecas acompañasen a los precios de venta de las viviendas. Sin embargo, no es eso lo que ocurrió.

El número de compraventas ya descendió en 2006 y continuó haciéndolo en 2007, mientras que el número de hipotecas no alcanzó su máximo hasta Mayo de 2007; totalmente ajenas a las cifras de ventas del sector de la construcción, las entidades financieras siguieron concediendo más y más hipotecas hasta que, en Mayo de 2007, Lehman-Brothers e inversores similares empiezan a huir de los fondos hipotecarios y la falta de liquidez empieza a notarse en el mercado financiero. Se inicia ese mes un ligero descenso en el número y en el importe de las hipotecas concedidas, que acabaría siendo un auténtico descalabro a partir de Agosto, justo tras el anuncio de la quiebra de las norteamericanas Blackstone, American Home Mortgage y National City Home Equity y del banco alemán IKB y tras las posteriores, a la vez que urgentes y multimillonarias, inyecciones de liquidez coordinadas entre la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Canadá y el Banco Central de Japón. No obstante, el acusado descenso en el número de hipotecas concedidas (un 58% desde Mayo de 2007) se corresponde aproximadamente con el descenso en el número de compraventas (un 53,16%), habiéndose equiparado aproximadamente ambas variables, aunque los ritmos de las caídas han sido muy desiguales (mucho más acusados en el número de hipotecas, que se desplomaron más tarde y cuya caída ha sido mucho mayor).

Con estos datos en la mano, es muy aventurado afirmar que los precios de las viviendas han de seguir bajando, puesto que actualmente el principal problema del sector no es el exceso de oferta, sino que estamos ante un problema común al resto de la economía: el sector financiero no concede créditos y, por lo tanto, la demanda no existe. Siendo éste el principal problema, el ajuste de precios a la baja en el sector de la construcción sólo sería efectivo si alcanzasen un nivel tal que los compradores no necesitasen un préstamo para comprar una vivienda; como esta situación es completamente inviable, las teóricas rebajas en los precios de las viviendas van a continuar siendo mínimas (de hecho, los precios están empezando a remontar), puesto que las empresas promotoras saben que la demanda no va a poder reaccionar (el número de hipotecas que concede el sector financiero está a niveles inferiores a los de 2003) por mucho que bajen los precios.

Además, si añadimos los datos del importe medio de las hipotecas condecidas (que pasó de 152.481,96 € en Agosto de 2007 a los 111.753,36 € en Agosto de 2009, lo cual supone una bajada de casi el 30%) podemos llegar a entender el actual comportamiento de la demanda: sólo pueden acceder a una hipoteca quienes tienen una determinada capacidad de ahorro, de forma que las escasas hipotecas que se conceden tienen como prestatarios a personas que no necesitan financiación más allá del 60% ó del 70% del precio de cada vivienda o que, en cualquier caso, su futuro económico inmediato no se va a ver oscurecido por las circunstancias de los mercados.

Así, mientras los precios de las viviendas se han ajustado apenas un 10% en cuatro años de crisis inmobiliaria, los datos de la crisis financiera (un descenso de casi un 30% en el importe medio de las hipotecas y de un 70% en el total concedido –de más de 18.000 millones de euros mensuales concedidos en Enero de 2007 se ha pasado a menos de 6.000 millones de euros–) ponen completamente en entredicho las teorías que defienden casi como única opción válida la crisis de oferta en el sector de la construcción, cuando lo que hay en realidad es una crisis galopante de demanda debida a la crisis del sector financiero.

En definitiva, que podemos señalar al huevo (el exceso de oferta) como origen inicial de la crisis del sector inmobiliario, pero no podemos seguir señalando al huevo desde el mismo momento en que la gallina (la ausencia de demanda por la falta de financiación para la compra) aparece como clara y preponderante protagonista de la actual situación del sector de la construcción.

Las políticas laborales ultraliberales, en cifras

El ultraliberalismo aboga por la práctica supresión del Estado y la consiguiente reducción a la mínima expresión de los impuestos que gravan las relaciones laborales; según esta corriente, cada vez más mayoritaria entre la derecha española y europea, las actuales políticas estatales en materia laboral suponen un intervencionismo en los mercados que perjudica tanto al trabajador como al empresario, que se verían ampliamente beneficiados con políticas de intervención cero.

Que un trabajador pueda verse beneficiado con las políticas ultraliberales es mucho decir, pero vamos a concederle el beneficio de la duda a esta teoría, así que nos vamos a poner a hacer números; por supuesto, si es beneficioso para todas las partes partiremos de la premisa de que el trabajador, como mínimo, va a mantener sus condiciones de vida en los mismos niveles que con otras políticas más intervencionistas.

Para realizar los cálculos tomaremos un sueldo de 1.500 € brutos al mes, que con el 10% de retención por IRPF y con el 6% que va a parar a la Seguridad Social se convierten en unos 1.250 € netos; como la Seguridad Social no existe en las teorías económicas ultraliberales y el Estado es mínimo, el 6% desaparece y el 10% se reduce a un 1%, por lo que el sueldo neto pasa a ser de 1.485 € mensuales. Mola, esto del ultraliberalismo: por la jeta, 235 € más al mes para gastarse.

Pero eso no es todo, no. Si eliminamos la Seguridad Social, el empresario ya no tiene que pagar al Estado la otra parte de mis cuotas, que son otro 30%: 450 € brutos más para el trabajador. Vaya chollo. De cobrar 1.250 €, nuestro trabajador pasaría a cobrar, con la aplicación de las teorías ultraliberales, 1.930,50 € al mes (le hemos restado el 1% de IRPF a esos nuevos 450 €). ¡Un aumento de sueldo instantáneo de 680,50 € ó del 54%!

Claro, que a ese nuevo sueldo habrá que restarle algunas cantidades si lo que queremos es que ese trabajador, más contento que unas pascuas con su nuevo salario, mantenga los niveles de protección que ahora puede exigir porque la Ley así lo prevé.

Empezaremos por la indemnización por despido, que con las teorías ultraliberales, por supuesto, desaparecerían; vamos a suponer que al trabajador le han hecho hoy uno de los nuevos contratos indefinidos y que le corresponderían, por lo tanto, 33 días de indemnización por año trabajado, que es un 9,09% del sueldo mensual bruto (1.500 €) o, lo que es lo mismo, 136,35 €. Ese importe es el que debería reservar el trabajador en su cuenta cada mes para que, el día que lo despidan, pueda tener un colchón equivalente al que ahora le corresponde por Ley (recordemos que, según las teorías ultraliberales, todos salimos beneficiados con sus medidas); pero no pasa nada, porque aun así seguiría cobrando 1.794,15 € (un 43,53% más).

Vamos a continuar con la pensión de jubilación, que, por supuesto, tendría que ser privada (la Seguridad Social nos la hemos cargado de un plumazo); supongamos que nuestro feliz trabajador tiene 18 años, por lo que aun le quedan, como mínimo, 47 años más de trabajo. Si todo va bien, podrá disfrutar de su pensión (privada) 20 años (suponiendo que la esperanza de vida de dentro de 30 años sean los 85), así que, para disfrutar de una pensión equivalente a su sueldo neto (tomemos los 1.250 € iniciales) tendría que destinar 638,30 € al mes para su fondo de pensiones. Y aquí se acaban los cálculos, porque el sueldo de nuestro trabajador se le quedaría en 1.155,85 €, que son 94,15 € menos de los que cobra ahora ó un 7,53% menos (que supera la reducción de sueldos del 5% a los funcionarios por la crisis).

Haremos un pequeño inciso respecto a los planes de pensiones, porque un ultraliberal nos diría que estas inversiones se revalorizan a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la aportación sería menor; la realidad, sin embargo, es bien distinta: un plan de pensiones puede revalorizarse, pero también puede devaluarse. De hecho, en las actuales circunstancias, tanto los planes de pensiones con inversión en renta fija (que dan tipos de interés por debajo de la inflación) como los que invierten en renta variable (con la bolsa en descenso libre) están sufriendo una continua devaluación, por lo que los cálculos realizados se quedarían cortos y nuestro trabajador se quedaría, al final de su vida laboral, con una pensión por debajo de la que habíamos previsto.

No obstante, podríamos seguir haciendo cálculos hasta acabar con el sueldo del trabajador; por ejemplo, nos podemos preguntar quién pagaría los recibos mensuales de la luz, del teléfono, del agua, del fondo de pensiones o de la hipoteca de un trabajador en baja laboral por una enfermedad grave. Las entidades bancarias suelen ofrecer seguros (por unos 25 € al mes, así que el sueldo de nuestro trabajador bajaría a los 1.130,85 €) que cubren un máximo de 12 meses del pago de las cuotas de la hipoteca en estos casos, pero de la luz, del agua o del teléfono no se hace cargo nadie. Los medicamentos están subvencionados al 60%, así que ese porcentaje tendría que salir también del sueldo de nuestro trabajador, y la atención médica privada completa ronda los 60 € mensuales, por lo que el sueldo se reduciría por debajo de los 1.070,85 €…

Pero no es sólo el sistema de protección de la salud lo que nos hemos cargado con la aplicación de las políticas ultraliberales; hemos rebajado el IRPF del 10% al 1% porque el Estado se ha quedado en los huesos y no necesita mucho alimento, y eso tiene también sus contrapartidas: la educación de nuestros hijos será privada y la pagaremos nosotros íntegramente. Nuestro trabajador tendrá que ir ahorrando lo necesario para que su hijo (o sus hijos) tenga una formación, así que vamos a hacer un cálculo, con precios de hoy, de lo que constaría la educación liberal (y privada); la educación infantil (la guardería) le costaría unos 16.000 €, la básica (desde los 6 hasta los 16) unos 75.000 € y la secundaria otros 24.000 €. Todas las pagas extraordinarias de la vida laboral de nuestro trabajador (180.000 €) más las de su pareja (suponiendo otros 180.000 €) cubrirían la educación de tres hijos; en cualquier caso, la educación para cada hijo adicional (115.000 €) supondría restar de su sueldo y del de su pareja otros 100 € mensuales a cada uno. Por supuesto, ni nos planteamos que nuestros hijos cursen estudios universitarios, ya que eso supondría unos 30.000 € adicionales por cada hijo (unos 30 € al mes del sueldo de nuestro trabajador y otros 30 € del sueldo de su pareja).

Con estos gastos básicos que supondrían la aplicación del sistema ultraliberal es suficiente para comprobar que no todos salen beneficiados (nuestro trabajador se quedaría con un mínimo de 200 € menos al mes de sueldo y sin pagas extraordinarias); pero es que, además, hemos hecho una pequeña trampa (es la que hacen los ultraliberales para cuadrar sus cuentas) al considerar que las cuotas empresariales a la Seguridad Social (450 € al mes) irán a parar al bolsillo del trabajador, lo cual es mucho suponer, no ya porque no sea lo habitual que las rebajas de impuestos sean destinadas por las empresas a incrementar los salarios de sus trabajadores, sino porque son las propias empresas las que están hablando de reducir los salarios.

Pero es que de todas formas los ultraliberales, siguiendo la ortodoxia de las teorías económicas, consideran que por las reglas de la oferta y la demanda todo lo que reste en un principio al salario del trabajador sería rectificado por el propio mercado laboral; así, si el trabajador perdiese 200 € con los cambios de sistema, ese mercado acabaría por exigirle al empresario un incremento equivalente en los salarios de sus trabajadores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si al empresario le cuesta ahora 1.950 € el trabajador (los 1.500 € de salario bruto más los 450 € de las cuotas empresariales a la Seguridad Social), con la aplicación de las teorías ultraliberales el mercado le obligaría a que destinase a costes laborales los 200 € que perdería el trabajador, suponiéndoles entonces unos costes de hasta 2.150 €. Con lo cual podríamos afirmar que ni trabajador ni empresario se beneficiarían del sistema económico ultraliberal.

Y la pregunta obligada es… si tanto el empresario como el trabajador acabarían perdiendo, ¿cómo es posible que haya quien todavía defienda esas teorías? La respuesta es fácil: los mercados tienen fallos, y uno de ellos es el desequilibrio entre la capacidad negociadora del empresario y del trabajador; como es el primero el que tiene mayor capacidad para imponer sus condiciones, el mercado nunca llegaría a regularizar las pérdidas del trabajador, por lo que el perdedor siempre sería el mismo: nuestro inicialmente feliz trabajador, que perdería los 200 € que hemos calculado más los 450 € que la empresa se ahorraría con la eliminación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Nuestro inicialmente feliz trabajador vería cómo sus anteriores cheques de 1.250 € se convierten en una nómina real de 600 € con la aplicación de las teorías ultraliberales. ¡Menudo chollo!

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (IV)

El mercado laboral

Como hemos visto en las anteriores entregas de esta serie (la primera sobre el número de operaciones de compraventa de viviendas y la segunda sobre la evolución del precio del metro cuadrado tanto en inmuebles de este tipo nuevos como usados), existe un elevado grado de rigidez (poca capacidad de reacción) en los precios de las viviendas ante un descalabro de la demanda como el que tuvo lugar en 2006; lo que vamos a ver ahora es si esa rigidez en los ingresos es una característica estructural del sector o si, por el contrario, se trata de una mera actuación de oportunidad.

Empezaremos por la característica más destacada de este sector, que es la alta temporalidad en los contratos laborales; el Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos desagregados por provincias respecto a la temporalidad, pero nos servirán los datos globales correspondientes al conjunto de España. Hay que tener en cuenta que tanto el sector de la construcción clásico (cuyos datos ya figuraban individualmente en las anteriores estadísticas del INE) como el de la promoción y el de los comerciales inmobiliarios (APIs) han quedado integrados, con la nueva clasificación del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) dentro del sector de la construcción.

Como podemos observar en el gráfico superior, la temporalidad media estuvo en España entre el 30% y el 35% hasta el primer trimestre de 2008 (no bajó de los 5 millones de trabajadores hasta el segundo trimestre de 2008), aunque empezó a estar en la parte baja de esa horquilla ya desde el primer trimestre de 2007 tras haber alcanzado su máximo (34,59%) en el tercer trimestre de 2006; aun siendo una temporalidad elevada en comparación con los países de nuestro entorno, el sector de la construcción llegó hasta el 56,98% de temporalidad en el tercer trimestre de 2006.

Desde el tercer trimestre de 2006 (cuando había 5.661.400 trabajadores con contratos temporales) hasta el primer trimestre de 2010 han desaparecido 1.940.900 contratos temporales, a la vez que el paro se ha incrementado en 2.960.900 personas (han entrado en el mercado laboral otras 1.346.200 personas, se han incrementado los contratos indefinidos en 828.200 y el resto –otros 500.000 puestos de trabajo perdidos– corresponden a personal no asalariado –trabajadores por cuenta propia, empleadores, empresarios…–); sólo en el sector de la construcción han desaparecido 710.000 puestos de trabajo temporales desde que se alzanzara su máximo en cifras absolutas (1.218.500 contratos en el segundo trimestre de 2007), mientras que el paro ha llegado a incrementarse en más de 600.000 personas (antes de que el Plan-E y el descenso de la población activa –476.800 trabajadores de la construcción han dejado de buscar trabajo en el sector o han pasado a engrosar la abultada lista de parados de larga duración, que no tienen asignado un sector concreto– diesen un cierto respiro a las terribles cifras de las estadísticas).

Tanto de las cifras de temporalidad como de las de parados (a partir del segundo trimestre de 2007 la tasa de paro en la construcción se dispara, tanto en España como, sobre todo, en Castellón), observamos que aquella rigidez para adaptar los precios de venta de las viviendas no se da aparentemente a la hora de reducir los costes laborales; no obstante, no hay que olvidar que son las empresas promotoras (último eslabón de la cadena de costes), y no las constructoras (que al ser el primer eslabón fueron las primeras en no renovar sus contratos temporales ante la creciente inactividad del sector, aunque sí repercutieron sus costes al siguiente eslabón), las que establecen esos precios, por lo que los ajustes difícilmente pueden ser inmediatos.

La situación del mercado laboral del sector inmobiliario en Castellón es mucho más crítica que en el resto de España; de ser el sector castellonense con una menor tasa de paro (llegó a tener apenas el 1,64% en el segundo trimestre de 2007) ha pasado a batir todas las cifras conocidas, llegando en la actualidad a tener una tasa de paro del 32,92%; aunque las cifras del sector en España están también disparadas (del 5,50% de tasa de paro en el sector en el tercer trimestre de 2005 se ha llegado hasta el 27,32% durante el primer trimestre de 2009), el peso del sector en Castellón ha hecho que la provincia pase de ser una de las que mejores cifras globales de desempleo presentaba (habitualmente dos o tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional) a ser una de las que presenta unas tasas de paro más desbocadas (por encima del 26% en la actualidad, casi cinco puntos porcentuales por encima de las cifras globales de España).

La importancia del sector de la construcción en la provincia de Castellón lo podemos observar en el último gráfico, en el que se observa cómo el peso relativo (respecto al total de trabajadores con contrato en todos los sectores) del número de ocupados en esta actividad era superior entre dos a seis puntos (llegando hasta cerca del 18% de todos los ocupados en la provincia) al peso del sector a nivel nacional (que nunca llegó a suponer el 14%); en la actualidad, ese peso relativo de las personas ocupadas en el sector de la construcción respecto al total de ocupados se ha igualado a la baja tanto en España como en Castellón, suponiendo ahora alrededor del 10% de los trabajadores asalariados. Por el contrario, el número de trabajadores parados ha pasado de representar alrededor de un 8% del total de parados (tanto en España como en Castellón, aunque con mayores altibajos en este caso) a superar el 16% de peso relativo, representando en la actualidad entre el 12% y el 14% del total de parados. No hay que olvidar que la contribución de este sector al P.I.B. nacional ha estado en torno al 10% desde el año 2005 (acercándose al 11% durante 2006), aunque en la actualidad se encuentra ligeramente por debajo (9,44% en el primer trimestre de 2010).

En resumen, la alta temporalidad laboral del sector de la construcción ha permitido ajustar los costes laborales de las empresas a través de despidos masivos de trabajadores (hay un 58,27% de contratos temporales menos en el sector, habiendo pasado a engrosar las listas del paro el 97,40% de los trabajadores con este tipo de contrato, sin olvidar que también hay un 29,85% de contratos indefinidos menos); a pesar del bajo peso relativo del sector en el conjunto de la economía (un 10% del P.I.B. y un 12% de los trabajadores), la contribución del sector al incremento del paro nacional ha sido del 20% y a la destrucción de trabajos temporales del 37%, mientras que en Castellón la contribución directa al incremento del paro ha sido del 33% (la indirecta sería mucho mayor, puesto que el sector industrial –con la cerámica a la cabeza– se ha visto gravemente afectado por la crisis de la construcción). La tan reivindicada (por parte de las asociaciones de empresarios) flexibilidad del mercado laboral en el sector de la construcción es, por lo tanto, altísima; sin embargo, esa flexibilidad en los costes no se ve reflejada en una flexibilidad similar a la hora de hacer frente a retoques en los ingresos, que muestran una extremada rigidez poco acorde con un mercado competitivo en costes (al menos en los laborales).

El sector de la construcción no necesitaba, por lo tanto, retoques competitivos en cuanto a su estructura laboral (en cualquier caso, lo que necesitaba era una mayor estabilidad laboral, como demuestra la alta siniestralidad del sector); por el contrario, lo que sí hubiese necesitado la construcción habría sido una política empresarial menos especulativa, menos oportunista y menos rígida. La virulenta corrección a estos déficits en las políticas empresariales ha tenido que venir, por desgracia, en forma de innumerables concursos de acreedores, con la consiguiente repercusión, de nuevo, en los puestos de trabajo.

Veremos en la próxima entrega de esta serie los orígenes del descalabro del sector, cuyo principal motivo no puede achacarse al exceso de oferta (que también ha podido contribuir a la crisis del sector, aunque no en los términos primordiales que parecen haberse establecido entre la opinión pública).

Nota metodológica: Las cifras de paro que he utilizado incluyen a las personas que buscan su primer trabajo (323.900 en España y 3.300 en Castellón en el último trimestre), por lo que las tasas de paro serán ligeramente superiores (entre un 1% y un 1,5%) a las reconocidas oficialmente en la Encuesta de Población Activa, que es la fuente desde la que se han tomado los datos.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (III)

Actualización de datos

En Octubre del año pasado traté los datos de compraventa de viviendas y los precios de las mismas referidos a España y a Castellón; respecto al número de compraventas nacionales, decía que estábamos en mínimos, tanto en vivienda nueva como usada (globalmente por debajo de las 40.000 compraventas mensuales y por debajo de las 20.000 en ambos tipos de viviedas), al igual que en Castellón, aunque en este caso con un comportamiento más errático (teniendo siempre en cuenta que los datos interanuales de nuestra provincia mostraban la continuidad de la crisis, aunque con una cada vez menor sangría en las compraventas, sobre todo en vivienda nueva).

Los precios mostraban, tanto en España como en Castellón, una destacada falta de flexibilidad ante los cambios en la demanda (las caídas de las operaciones de compraventa en 2006 –mucho más acusadas en Castellón, con una caída del 41% frente al 10% del conjunto de España– no fueron reflejadas en los precios hasta el segundo y el tercer trimestre de 2008); además, las caídas interanuales de los precios (tanto en vivienda nueva como usada) hasta el tercer trimestre de 2009 (último trimestre con datos en aquella fecha) no ofrecían expectativas de mejora ni para Castellón ni para el conjunto de España. Como dato a tener en cuenta, el precio del metro cuadrado a nivel nacional mostraba una extraña equiparación entre la vivienda nueva y la usada, algo que no ocurría, como dicta la lógica, en Castellón.

Los últimos datos mostrados en Octubre se referían al mes de Julio de 2009 y al tercer trimestre de ese año, mientras que en estos momentos están disponibles ya los datos del mes del primer trimestre y de Abril de 2010, por lo que, antes de continuar con la serie, creo conveniente actualizar los datos y comentar las evoluciones más destacables.

El número de compraventas de viviendas en el conjunto de España se ha mantenido más o menos estable (entre las 32.000 y las 40.000 operaciones mensuales) con ligeras variaciones; como decía en Octubre, los tres datos consecutivos al alza (de Mayo a Julio de 2009) no podían ser tomados con demasiado optimismo, puesto que partían del nivel más bajo de operaciones (el mes de Abril no llegaron a las 30.000) de toda la serie. Y en efecto, en Agosto se registró una nueva caída, aunque en los meses posteriores se han dado oscilaciones tanto al alza como a la baja que han mantenido los niveles, como he dicho con anterioridad, dentro de una cierta estabilidad. El número de compraventas, en cualquier caso, es muy similar (casi al 50%) para ambos tipos de viviendas (nueva y usada); asimismo, las tres caídas consecutivas hasta Abril de 2010 tampoco pueden tomarse ahora en sentido pesimista, como comprobaremos en los gráficos correspondientes a las variaciones interanuales.

Los datos erráticos que ya mencioné en Octubre se mantienen en Castellón en los meses siguientes; así, de las poco más de 200 viviendas nuevas vendidas en Diciembre de 2009 (el peor dato corresponde a Diciembre de 2008, por lo que este mes parece ser el peor para las operaciones de compraventa en Castellón) pasamos a las más de 700 en Agosto de 2009 o a las casi 500 de Octubre, bajando de nuevo a las poco más de 200 en Marzo de 2010. Ese mismo comportamiento errático lo encontramos en la vivienda usada, aunque con caídas y remontadas menos virulentas (desde Enero de 2008, las operaciones en este tipo de viviendas se han mantenido entre las 300 y las 500 mensuales).

Aunque todavía con ciertas reservas (sobre todo en el caso de Castellón), las variaciones interanuales en las operaciones de compraventa parecen mostrar una clara inflexión de la tendencia, sobre todo en la vivienda usada (con cinco subidas consecutivas, las tres últimas por encima del 20%); la vivienda nueva todavía mantiene descensos, aunque ya intercalados con pequeños repuntes en el número de operaciones respecto al año anterior, sin olvidar, no obstante, que el nivel desde el que se partía era el más bajo de la serie.

Los precios nacionales mantienen la tendencia a la baja iniciada en el segundo trimestre de 2008; asimismo, se mantiene también la equiparación de precios entre la vivienda nueva y la usada.

En Castellón se manteniene la tendencia a la baja de los precios de la vivienda usada, aunque la diferencia respecto al de la vivienda nueva se ha visto reducida por el acusado descenso de éste en el primer trimestre de 2009; los dos últimos trimestres han visto un repunte en el precio del metro cuadrado de la vivienda nueva respecto a los trimestres precedentes, aunque las tasas interanuales siguen siendo todavía negativas, por lo que no puede hablarse todavía de una tendencia al alza de estos precios.

Aunque los precios empezaron a moderarse de forma clara desde el primer trimestre de 2006 (año en el que se produjo un acusado descenso en las operaciones de compraventa de viviendas, sobre todo en Castellón), el descenso en los precios del metro cuadrado no se produce hasta el primer trimestre de 2008 en Castellón y hasta el cuarto en el conjunto de España; los últimos datos interanuales muestran lo que parece un claro cambio de tendencia (más acelerado en Castellón), aunque todavía con descenso en los precios del metro cuadrado.

Con esta actualización de los datos podemos continuar con esta serie, cuya próxima entrega versará, como ya había anunciado en Octubre, sobre el mercado laboral.

Para acabar con las dos primeras entregas más esta actualización, mencionar que los datos utilizados hasta ahora provienen íntegramente del Instituto Nacional de Estadística (de su serie Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, cuya fuente primaria es el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España; y de su serie Estadísticas de la Construcción, subserie Precio de las Viviendas, cuya fuente primaria es la Dirección General de Programación Económica del Ministerior de Fomento).

Pasamos de nivel: próxima catástrofe, la guerra

Los medios de comunicación ultraliberales reaccionaron a la debacle fraudulenta del sistema financiero culpabilizando a los Estados de no se sabe muy bien qué; visto el estrepitoso fracaso de la desregulación de los mercados (fueron los desregulados mercados de derivados –mezclas de productos financieros– los que consiguieron ocultar y globalizar las hipotecas basura), que no olvidemos que es la base sobre la que se sustenta el ultraliberalismo económico (el Estado sólo debería limitarse a garantizar una justicia independiente, quedando el resto de la sociedad en manos de los supuestamente más eficientes mercados), urge salvar toda la devaluada teoría económica ultraliberal, así que hay que buscar responsables al fallo de los mercados fuera de los propios mercados. Y vaya si lo están intentando.

Las más absurdas y patéticas hipótesis son acogidas, siempre que incidan en la dirección correcta –responsabilizar a otros de la catastrófica crisis que nos afecta a todos–, como un credo en los medios de comunicación ultraliberales, que no dudan en elevar a la categoría de expertos gurús a meros chamanes de pacotilla; el principal argumento ultraliberal (ampliamente extendido y aceptado por estas teorías económicas) culpabiliza a un Gobierno de izquierdas (aunque habría mucho que matizar al respecto) de haber intervenido en los mercados y haber sido, con ello, el principal responsable de la crisis financiera internacional. ¿Que cómo? Pues lo cierto es que de una forma tan enrevesada que a cualquier persona poco fanatizada le costaría muchísimo hacerse a la idea de cómo Clinton fue el responsable de la mayor estafa financiera de toda la historia del capitalismo: relajar las condiciones de acceso a una hipoteca.

Yo también creo que Clinton se equivocó, pero no por intervenir en los mercados (puesto que lo que hizo fue desregularlos –justo lo contrario a intervenirlos– al permitir al sector financiero entrar en un sector que hasta entonces le estaba vetado), sino por no acompañar aquella desregulación con un mayor control, dejando al libre albedrío la inconmensurable voracidad del sistema capitalista; no obstante, hay que dejar claro que no fue aquella desregulación la que creó la posterior crisis financiera (pocos querían un producto derivado de aquellas hipotecas basura, perfectamente identificadas y calificadas con riesgo muy alto), sino la posterior adaptación de una fórmula que facilitaba (casi de forma automática) la calificación crediticia de mezclas de productos financieros que estaban compuestos de riesgos completamente dispares (la fórmula simplificaba la forma en la que se podía calificar el riesgo de una mezcla de un producto fiable –como los bonos del Estado– con un producto de alto riesgo –como las hipotecas basura–, de forma que el producto resultante obtenía un riesgo medio) y que salían a la venta en mercados sin ningún tipo de regulación (el paraíso del ultraliberalismo).

Pero lejos de limitarse a teorías tan retorcidas como la anterior (considerando intervencionismo socialdemócrata lo que desde siempre ha sido una desregulación en línea con las teoría económicas liberales), cada día aparece en la prensa ultraliberal algún nuevo artículo que va superando a los anteriores, aprovechando cualquier conferencia o escuela de verano de las hiperactivas organizaciones ultraliberales; lo último ha aparecido hoy en Libertad Digital bajo el sugerente título de «Marc Faber: “Los bancos centrales, no los mercados, están fuera de control”». La entradilla del artículo dice que «el prestigioso inversor Marc Faber insiste en que la crisis desembocará en tensiones bélicas e hiperinflacionarias por culpa de la banca central», y en el interior del artículo (que es en realidad una entrevista) podemos adivinar que a lo que se refiere ese prestigioso inversor es a la Tercera Guerra Mundial, con China (porque «China tiene una larga frontera con varios países») y Japón (porque «las relaciones de Japón con Estados Unidos se han deterioriado») enfrentados a Estados Unidos (y al mundo occidental en general); pero lo mejor es la recomendación que hace este experto: invertir en Asia, que es justo el mercado en el que él mismo opera y en el que es un experto inversor. Sólo le ha faltado dejar su número de teléfono y su cuenta bancaria para ofrecer los servicios de consultor a quien quiera seguir su consejo.

Parece que los agoreros tienen trabajo asegurado una larga temporada en la prensa ultraliberal; Nostradamus sería un consultor multimillonario si hubiese vivido en épocas de crisis como ésta.

A/a: Sres. Mercados

Muy señores míos:

Hace tiempo que busco su dirección para dirigirme a ustedes y comentarles algunas cosas que no acabo de entender; puesto que esto de la realidad virtual de la red es lo más parecido al mundo en el que parecen vivir ustedes, supongo que este será el medio más adecuado para hacerles llegar esta misiva.

Como los mortales no sabemos muy bien la cara que tienen (la tienen dura, eso sí lo sabemos) ni qué es exactamente lo que quieren (a parte, según nos cuentan los economistas, de generar riqueza… ¿para quién?), no estaría mal que se presentaran a algunas elecciones y así (además de renovar a esta clase política que nos ha tocado sufrir) podríamos elegir cual de ustedes es más guapo, cual de ustedes se merece nuestro respeto (es un decir) o cual de ustedes se merecería un buen cachete; no es que quiera que se metan ustedes en política, pero pienso yo que si son ustedes capaces de hundir países enteros como Grecia (y de hacer tambalear a otros como Portugal, Irlanda o España), es de suponer (igual soy un pobre iluso) que tendrán también la fórmula para hacernos vivir un poco mejor, que es, al fin y al cabo, para lo que teóricamente sirve la política.

Además, conociéndonos mutuamente podríamos intentar evitar que ustedes se enfaden y nos envíen al paro o incluso podríamos advertirles cuando su avaricia (no se me enfaden ahora por llamarles avariciosos, porque el saco se ha roto y yo no he sido) excediese lo que el sentido común (ese gran desconocido para ustedes) dicte.

Y es que, ¿saben lo que pasa? Que esos profetas que ustedes envían para hacer de intermediarios entre ustedes y nosotros tampoco se aclaran entre ellos, unos se contradicen a otros y al final no sabemos muy bien a qué atenernos; muchos de esos profetas (los economistas, para entendernos) tienen una fe tan ciega en ustedes que no se han acordado de preguntarles (los economistas a ustedes) qué pasó con aquella autorregulación de los mercados que tan protegidos nos tenía a todos. Porque claro, la autorregulación de los mercados aparentaba ser (según han explicado siempre sus profetas) un mecanismo automático que impedía que los abusos y las estafas financieras y económicas pudiesen prosperar, castigando en todo caso a quien osara a hacer uso de esas pillerías dentro de los siempre autorregulados mercados; seguro que tienen ustedes una explicación, y a muchos –afectados, sin comerlo y sin beberlo, por esos fallos en su autorregulación– nos gustaría escucharla.

Por no extenderme más, que deben andar ustedes saturados de trabajo haciendo subir y bajar el IBEX, el euro, la deuda o el oro (y, por supuesto, el paro), me gustaría que hicieran una sincera reflexión: visto que ustedes, por sí mismos, han sido incapaces de controlar su propia avaricia y nos han llevado –ustedes solitos, sin la ayuda de nadie– a los demás a la ociosa y mal pagada vida del parado (o, en el mejor de los casos, bordeándola), ¿por qué no dejan que sean otros los que pongan los límites a sus pecados y se dejan de falsas y utópicas autorregulaciones?

Esperando no se ofendan demasiado, reciban un poco cordial saludo de un trabajador que ya se ha hartado de que su trabajo penda de un hilo porque “los mercados están muy mal” y que no entiende cómo, si tan mal están, no los tienen en observación (o no los han desconectado ya).

¿Monumento a todos los caídos?

El Valle de los Caídos siempre ha estado envuelto de un elevado grado de secretismo, sólo rebajado hasta fechas muy recientes por los artículos que, insistentemente, hablaban de ese monumento como un símbolo de reconciliación nacional, aportando como argumentos datos incontrastables (que no es lo mismo que incontestables) como éstos:

«No se convierte en limitación, ni mucho menos en motivo de exclusión, el haber combatido en bando republicano, como algunos están empeñados en mantener. Éste fue y es un monumento para todos los españoles» (Del apartado «Enterramientos» de la Web Cuelgamuros, El Valle de los Caídos).

«Allí, por piadosa y patriótica iniciativa de Franco, permanecen recogidos los restos de millares de combatientes de ambos bandos en la guerra civil» (Del artículo «La verdad sobre la construcción del Valle de los Caídos», del Boletín nº 101 de la Fundación Nacional Francisco Franco, Enero-Marzo de 2005).

Hablan erróneamente, en el primer artículo citado, de una Orden promulgada el 11 de Julio 1946 (Orden por la que se prorrogan indefinidamente los enterramientos temporales de los restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de Julio siguiente) por una cuestión bien distinta a esa pretendida reconciliación nacional de la que tanto les gusta alardear a los halagadores de la figura de nuestro más reciente dictador.

Dicha Orden, firmada por Luis Carrero Blanco, fue promulgada porque la legislación establecía un plazo máximo de 10 años para dar traslado a los restos mortales desde una sepultura temporal a una fosa común (pasados esos 10 años se debía –y aun hoy se debe– comprar a perpetuidad una sepultura si no se querían perder los restos); como dice la Orden:

«De no llevarse a cabo la adquisición a perpetuidad de un enterramiento, y muy adelantados ya los trabajos de construcción de la cripta que en el Valle de los Caídos ofrecerá digna sepultura a los restos de los héroes y mártires de la Cruzada, se hace preciso evitar que, por falta de medios o por descuido de sus familiares, pudieran perderse algunos de los que dieron su vida por la Patria.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer:

El plazo de diez años, señalado para la duración de los enterramientos temporales, se considerará prorrogado indefinidamente, cuando se trate de enterramientos de restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas en el período comprendido entre el 18 de Julio de 1936 y el 1º de Abril de 1939; o aun en fecha posterior, en el caso de que la defunción fuese a consecuencia directa de heridas de guerra o sufrimientos de prisión».

Como queda meridianamente claro, el Valle de los Caídos sigue estando reservado en 1946, como en sus orígenes, a los «héroes y mártires de la Cruzada», entre los que sólo quedan incluidos los que «perecieron en las filas del Ejército Nacional» (es decir, los soldados) y los que «sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas»; en 1952 seguimos encontrando esas mismas restricciones: «En el Valle de los Caídos serán perpetuados cual merecieron por su muerte en los campos de batalla o en cualquier checa».

En el segundo artículo citado se hace referencia a un anuncio del Gobernador Civil de Madrid publicado en la prensa el 30 de Junio de 1958; dicho anuncio (lo podemos encontrar en la página 37 del ABC de ese día) es una nota informativa sin reflejo alguno en el Boletín Oficial del Estado, manteniéndose invariable por lo tanto el destino original del monumento:

«Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.

A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada» (Decreto de 1 de Abril de 1940 disponiendo se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelga-muros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de Abril de 1940).

La nota informativa del Gobernador Civil de Madrid no es en realidad más que una exigencia del Vaticano, cuyo máximo representante (Pío XII) debía declarar oficialmente como Basílica la Iglesia de la Santa Cruz erigida junto a la cripta, hecho que acaecería dos años después de esa nota, en 1960 (siendo Papa Juan XXIII); aunque es evidente que el Vaticano no podía aceptar una cripta en la que sólo podían ser enterrados unos determinados católicos, el texto de la propia nota –mentira piadosa mediante– no deja lugar a ninguna duda:

«Uno de los principales fines que determinaron la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros (Guadarrama), fue el de dar en él sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal que fueran de nacionalidad española y de religión católica».

Así pues, no es cierto, como se afirma en el segundo artículo citado, que la apertura de la cripta a las víctimas del bando republicano fuese una «piadosa y patriótica iniciativa de Franco», quien nunca rectificaría sus órdenes iniciales respecto al verdadero destino del Valle de los Caídos.

Ese hermetismo que ha envuelto siempre todo lo relacionado con el Valle de los Caídos ha servido, sin embargo, para afirmar sin ningún pudor que se trataba de un monumento a todos los caídos porque allí «permanecen recogidos los restos de millares de combatientes de ambos bandos en la guerra civil»; aquella nota informativa del Gobernador Civil servía de argumento, puesto que el anuncio rezaba lo siguiente:

«Próximas a su total terminación las obras de dicho Monumento, se pone en conocimiento de los parientes de personas en quienes concurrieran aquellas circunstancias, invitándoles a que manifiesten, en el plazo de quince días y mediante escrito dirigido a este Gobierno Civil, si desean o consienten que los restos de sus familiares sean trasladados al enterramiento del Valle de los Caídos.

En caso afirmativo, en el escrito en que así lo hagan constar, deberán expresarse:

a) Nombre y apellidos y domicilio del solicitante y su parentesco con la persona cuyo traslado de restos se interesa.

b) Nombre y apellidos del fallecido, con expresión de la fecha, lugar y circunstancias de su muerte, si fueran conocidas.

c) Lugar en que actualmente esté enterrado, con el mayor número de indicaciones posibles para su exacta localización».

El censo detallado de los enterrados en el Valle de los Caídos ha permanecido en secreto hasta el pasado 27 de Marzo, de forma que tanto las cifras que se barajaban como lo que se esperaba encontrar en dicho censo no eran más que especulaciones; por supuesto, podían haber enterrados allí combatientes de ambos bandos. Pero el censo detallado ha revelado alguna sorpresa al respecto.

De las 33.833 personas enterradas en el Valle de los Caídos (muy lejos de las más de 50.000 personas que se suponían enterradas allí), sólo hay identificadas 21.423; las otras 12.410 personas no tienen en ese censo ningún dato que las identifique más allá, en el mejor de los casos, del municipio en el que yacían sus cuerpos.

En la Web de la que se ha extraído la primera cita de este artículo se puede leer:

«Unos en camión, otros en coches fúnebres, van llegando hasta la Cripta, donde los Padres Benedictinos levantan testimonio de cada inhumación».

Nada más lejos de la realidad; casi el 40% de los enterrados en el Valle de los Caídos no se sabe quiénes son. No hubo, por lo tanto, consentimiento alguno de familiares, ni identificación de ningún tipo, en 12.410 casos.

Por supuesto, en el Valle de los Caídos puede haber caídos de ambos bandos; unos, perfectamente identificados, yacen ahora al lado de su particular salvador. Otros, sin embargo, fueron sacados de unas fosas comunes para enterrarlos en otra fosa común junto a su verdugo, siendo vilmente utilizados para afirmar que el Valle de los Caídos es un símbolo de reconciliación nacional porque allí yacen combatientes de ambos bandos.

El Valle de los Caídos, como dictaminó con total claridad el Régimen, es un monumento a los «caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas».

El espíritu de reconciliación impuesto por el Vaticano tuvo que ser asumido a la fuerza por ese Régimen; una imposición que intentó utilizar el franquismo para tapar su revanchismo vengativo sin límites, recurriendo incluso al enterramiento forzoso de asesinados republicanos para intentar demostrar ante la opinión pública lo que era (y sigue siendo, ahora más que nunca con los verdaderos datos encima de la mesa) completamente indemostrable.