Costes laborales por trabajador en España y en Europa

Aprovechando la reforma de la negociación colectiva, y con el aparentemente único objetivo de forzarla a un estrepitoso fracaso, la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM) volvió a poner en la diana de todos los males empresariales a la insoportable carga en los costes laborales que han de afrontar y que supone un lastre insalvable en la competitividad de las empresas españolas; la brillante propuesta de los empresarios era crear un nuevo contrato temporal con una única obligación empresarial: pagar el salario mínimo interprofesional (641,40 € al mes).

Una vez más, los trabajadores parecemos ser los únicos responsables de la incompetencia o la avaricia de muchos empresarios y del mal funcionamiento y la pésima planificación financiera y empresarial de este país, y como castigo no nos merecemos otra cosa que ajustar nuestros salarios a los niveles existentes en Rumanía o en Lituania (de donde han tenido que huir miles de trabajadores para encontrar un trabajo medianamente remunerado); es hora de decir basta a esta falsedad, repetida hasta la saciedad por las organizaciones empresariales como la CEOE (de quien forma parte la propia CEIM), por los nuevos salvapatrias ultraliberales y por los máximos dirigentes de bancos y cajas.

Es falso que sean los costes laborales los que restan competitividad a las empresas españolas; es totalmente falso si observamos los datos internos de las empresas (el coste laboral por trabajador ha aumentado siempre por debajo del resto de partidas de ingresos o de gastos empresariales) y es totalmente falso si realizamos una comparativa con el resto de países europeos (España está por encima de Grecia, de Portugal, de Polonia, de Rumanía, de Hungría o de Malta en costes laborales por trabajador, y por debajo de Bélgica, de Alemania, de Dinamarca, de Luxemburgo, de Austria, de Finlandia, de Suecia, de Reino Unido, de Francia o incluso de Irlanda).

Año	Totales
	Mensuales	Anuales
2000	1.769,25 €	21.231,00 €
2001	1.840,17 €	22.082,04 €
2002	1.921,27 €	23.055,24 €
2003	2.008,76 €	24.105,12 €
2004	2.070,04 €	24.840,48 €
2005	2.128,21 €	25.538,52 €
2006	2.230,11 €	26.761,32 €
2007	2.320,23 €	27.842,76 €
2008	2.431,92 €	29.183,04 €
2009	2.516,82 €	30.201,84 €
2010	2.526,97 €	30.323,64 €

Los costes laborales totales (incluidas las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) por trabajador se han incrementado en un 42,83% entre 2000 y 2010, así que con estas cifras en la mano los empresarios alegan unas desmesuradas cargas para responsabilizar directamente a los asalariados de sus pérdidas, tanto contables como en competitividad; pero la realidad es muy distinta a lo que podrían alegar mostrando aisladamente esta gráfica o alguna similar:

Todas las variables económicas y contables de las empresas se incrementaron por encima del 60% entre los años 2000 y 2009 según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (aun no hay datos para 2010), por lo que resulta muy difícil responsabilizar a los trabajadores (cuyos costes se han incrementado unitariamente en un 42,25% en ese mismo período) de las pérdidas de competitividad de las empresas; con el fin de comprobar y comparar los datos de las diferentes variables en relación con esos costes laborales por trabajador, hemos tomado el año 2000 como referencia y hemos igualado todas las variables a los costes laborales totales por trabajador, de forma que la evolución temporal de cada variable se realice con cifras equiparables:

En el gráfico anterior, la línea azul de más abajo (la más plana) corresponde a los costes laborales anuales por trabajador; el resto de líneas se corresponden con otras variables de la contabilidad empresarial, destacando sobre todas las demás dos de ellas: los intereses pagados por las empresas y los dividendos repartidos a los accionistas.

¿Qué significado tienen esos desvíos respecto al resto? En el caso de los intereses (la destacada línea naranja), lo que observamos es que si en el año 2000 el importe de los intereses pagados por las empresas españolas se equiparara a los costes laborales por trabajador (partiendo de una cifra de 21.231,00 € anuales), esos intereses hubiesen supuesto costes que hubiesen llegado a triplicar (hasta los 66.677,96 € en 2008) el incremento en los muy comedidos costes laborales por trabajador; esa sí podría apuntarse, por lo tanto, como una de las principales causas de la pérdida de competitividad de las alegremente endeudadas empresas españolas (y no hay que olvidar que los intereses no incluyen las obligadas amortizaciones o devoluciones de capital que siempre les acompañan). Y eso no es responsabilidad de los apaleados trabajadores.

Pero lo más curioso de esta comparativa es el disparate de la línea azul que acompaña a la naranja en la parte alta del gráfico; esa línea azul corresponde al reparto de dividendos (es decir, al reparto de los beneficios empresariales), que debería correr paralela a la línea azul (beneficios) que queda más o menos encerrada entre los impuestos (la línea morada) y los costes laborales acumulados (la verde). Ante los avisos de una inminente crisis inmobiliaria que empezaron a oírse ya con fuerza entre 2003 y 2004, parece que el empresariado español prefirió ir recogiendo beneficios antes que reinvertir sus ganancias en mejorar su competitividad o en diversificar sus actividades de cara a asegurar la futura viabilidad de sus empresas; y ahora pretenden que seamos los trabajadores quienes paguemos el pato de su avaricia y de su oportunismo rebajándonos el sueldo.

En definitiva, lo que obtenemos de los datos internos de las empresas es que los costes laborales por trabajador (es decir, lo que paga un empresario por contratar a un trabajador) se han incrementado poco más del 40% mientras el valor de la producción se incrementaba en un 60%, los pagos por intereses en un 114,21% y el reparto de beneficios en un 137,28%; y la solución que proponen los representantes de los empresarios es despedir gratis y pagar 641,40 € al mes. Esta es la lógica empresarial española.

Pero es que si los datos internos resultan escandalosos, los datos comparados con nuestros socios europeos son para llevarse las manos a la cabeza; si queremos compararnos con Alemania, observamos que a las empresas del país de Ángela Merkel les cuesta 47.772 € anuales la contratación de cada trabajador, casi un 60% más de lo que les cuesta a las empresas españolas una unidad de trabajo. ¿Son un lastre los costes laborales alemanes para la competitividad de sus empresas? Pues si nos atenemos a la opinión de empresarios, neoliberales y banqueros españoles, no. ¿Cómo se llega entonces a concluir que son los 17.448,36 € que se ahorran las empresas españolas en la contratación de cada trabajador los que suponen una carga para su competitividad respecto a las empresas alemanas?

Volvamos otra vez a aislar los datos en una gráfica (haciendo una simulación como la que hemos hecho en el gráfico anterior, de forma que España y Alemania partiesen de los mismos costes laborales en el 2000), que es la que podrían mostrar la CEOE, algún economista del Instituto Juan de Mariana o algún destacado dirigente de FUNCAS (la Fundación de las Cajas de Ahorro):

Y ya tendríamos la justificación perfecta a los argumentos esgrimidos por los ultraliberales: los trabajadores españoles deben bajarse el sueldo para recuperar la competitividad perdida desde el año 2000 a esta parte. Claro, que esta gráfica podría realizarse con otros datos, como por ejemplo la evolución del IPC:

Con lo cual tendríamos una explicación bien distinta al incremento relativo de los costes laborales en España respecto al incremento en Alemania: la convergencia europea exige esfuerzos (los precios al consumidor sí convergen hacia los precios europeos), pero esos esfuerzos también deben ir acompañados de alguna recompensa si lo que se quiere es que todos los países lleguen a niveles de consumo suficientes para absorber la producción de la propia Unión Europea. Así, unificando los dos gráficos anteriores, observamos que los costes laborales españoles han evolucionado por encima del IPC español:

Pero también podemos observar que esos costes laborales siguen estando muy por debajo de los costes laborales alemanes y que la tendencia es a la estabilización de esa diferencia:

Y todo esto teniendo en cuenta que Alemania es el 7º país europeo en coste laboral por trabajador y España ocupa una discreta 12ª posición, y siempre teniendo presente que la dispar evolución del IPC y de los costes laborales en otros países (como es el caso de Francia, que es el 4º país europeo en coste laboral por trabajador) han sido prácticamente idénticas a las de España:

Por lo tanto, los costes laborales o su indexación al IPC, si nos atenemos tanto a los costes internos de las empresas como a las cifras comparadas con los principales países de la Unión Europea, no son los grandes responsables de la pérdida de competitividad española, por mucho que se empeñen en repetirlo una y otra vez. En definitiva, que ya va siendo hora de que se deje de señalar continuamente a los trabajadores como principales responsables de los males de todas las empresas, siendo urgente que se adopten las medidas necesarias para que las políticas y las actitudes empresariales de este país se modernicen y puedan equipararse a las del resto de empresas europeas.

Por último, una cita:

El rigor de la normativa laboral y de protección de los trabajadores contra el despido, medido por un indicador desarrollado por la OCDE, se encuentra directamente relacionado con el número de empresas que declaran no contratar debido a esa protección. Sin embargo, la legislación general establece muchas exenciones, especialmente para las empresas más pequeñas, por lo que la media de los expertos considera que a una pequeña empresa le sería relativamente fácil despedir a un trabajador cuando no hay trabajo suficiente. Además, aunque resulte algo más difícil despedir a un trabajador por razones personales, tampoco parece que sea un problema insuperable considerado objetivamente. Así pues, pudiera ser que las preocupaciones de las empresas con respecto al problema del despido sean hasta cierto punto exageradas o estén basadas en información inexacta.

Esta cita corresponde a un informe encargado por la Comisión Europea a un comité de expertos para que se estudiaran las posibles mejoras en los procedimientos de contratación y de despido por parte de las PYMES; parece ser que este informe se les pasó por alto tanto a la CEOE como a los nuevos gurús del neoliberalismo.

El negro futuro que nos espera

Españoles, lo social ha muerto. Viva los mercados. Larga vida al capital, muerte al proletario.

El Gobierno debe aprobar, con anterioridad al 18 de junio de 2011, un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

Bajo un epígrafe llamado “Fondo de capitalización”, perdido entre los acuerdos en material laboral y los acuerdos en materia industrial y energética, encontramos este más que preocupante párrafo que parece no decir nada, pero que en realidad supone la habilitación de los sindicatos al Gobierno para regular el libre despido de cualquier trabajador; se trata de un fondo a pagar por los propios trabajadores (“sin incremento de las cotizaciones empresariales”), que constará de un importe equivalente a X días de salario por año trabajado (¿no les suena esto?) y que podrá utilizarse en el momento del despido (indemnización por despido derogada), en los casos de movilidad geográfica (para pagarse el alquiler), para el desarrollo de actividades de formación (para pagarse su formación) o en el momento de la jubilación (si es que al trabajador le queda algo en ese fondo a esas alturas).

Pero no crean ustedes que lo hemos visto todo ya, no. Quienes ahora tienen menos de 46 años, que no hagan previsiones para jubilarse a los 67:

A partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años.

En 2032 se realizará la primera revisión de los “parámetros fundamentales del sistema”, así que ya podemos ir rezando para que nuestra esperanza de vida se venga abajo si no queremos estar trabajando hasta los 80 años con el bastón y el andador arriba y abajo; a partir de 2032 quedarán las calles limpias de jubilados mirando las obras u ocupando los bancos de los parques con chácharas improductivas: estarán convalecientes en sus camas esperando a la muerte, y las ciudades parecerán mucho más jóvenes. Qué “guay”.

Todo esto (y, por desgracia, mucho más) lo podemos encontrar en las escasas (menos mal) 37 páginas del Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que ayer firmaron el Gobierno, los empresarios y los sindicatos; a esa derogación de las indemnizaciones por despido (para Junio de este año) y al incremento indefinido de la edad de jubilación (a partir de 2032) se unen los incrementos de las bases mínimas de cotización para los trabajadores autónomos, la supresión completa de los beneficios sociales para los trabajadores agrícolas, el incremento de los años cotizados necesarios para acceder al 100% de la pensión (de los actuales 35 se pasa a los 38 y medio) o el aumento en el período de cálculo de la base de la pensión (de 15 pasa a 25 años).

¿Y cómo contribuyen las empresas al sostenimiento del sistema? Pues, directamente, no contribuyen: eliminación de las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a tiempo parcial a jóvenes, asunción por parte de los trabajadores de las indemnizaciones por despido, mantenimiento de las bonificaciones en las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a mayores de 45 años, adecuación de todos los convenios colectivos “a fin de dar la necesaria y urgente respuesta a la viabilidad de las empresas”…

El PSOE, consciente del mazazo que esto supone para sus votantes, ha cerrado filas entorno al acuerdo (con artículo de Felipe González y panfleto de la Fundación IDEAS incluidos) para dar una cínica sensación de unanimidad en cuanto a la imperiosa e ineludible necesidad de aplicar las medidas acordadas; lo que es más difícil de explicar es cómo es posible que los sindicatos (nadie cree ya a estas alturas, con todo lo que ha caído en el último año, que el PSOE vaya a cambiar su rumbo hacia las teorías neoliberales) hayan accedido sin más a firmar un documento en el que parecen haber puesto más interés en llegar a acuerdos en materia energética que en materia laboral. Tal vez todo tenga una explicación, pero yo, personalmente, ni la veo ni creo que cualquier aclaración, por muy ingeniosa que parezca, sea válida para recuperar esa legitimidad cada vez más menguante (tal y como se reconoce en el propio acuerdo) de los representantes sindicales, cada día más políticos y menos sindicales; porque es muy poco creíble que los sindicatos no hayan manejado datos similares a éstos y que no hayan sido capaces de exhibirlos para frenar este acuerdo.

Pero por si la decepción hacia los dirigentes de la ya casi extinta izquierda española no fuese suficiente, desde el otro extremo (al menos en teoría) del espectro político se afanan (y se ufanan) en aplaudir el irremediable giro político del socialismo (Ángela Merkel y Nicolás Sarkozi han felicitado a Zapatero por su valentía) y en exigir más medidas en la misma dirección (eliminar la vinculación del aumento de los salarios al IPC, reducción a la mínima expresión de los impuestos a las empresas…).

Y si a algún incauto le queda todavía la ilusión de los avances sociales de los primeros años de gobierno socialista, que se vaya haciendo a la idea de que todo ha sido un espejismo del que Rajoy nos va a despertar con unos buenos sopapos: derogación de la Ley del Aborto, del matrimonio homosexual, de la Ley de Memoria Histórica…

Si todo esto no es una invitación a practicar activamente la abstención política, a lo que se nos obliga es a ejercer otra opción menos civilizada, aunque  tal vez mucho más efectiva: la rebelión.

No future, no future, no future for you…

Carta abierta a Díaz Ferrán

Según usted, la única forma de salir de esta crisis es trabajando más y cobrando menos; parece que le ha entrado a usted de repente la vena solidaria, aunque me temo que es sólo eso: una apariencia, un espejismo o un ejercicio de prestidigitación.

Entiendo que no debe ser usted habitual de las manifestaciones (incluso me atrevería a decir que ni tan siquiera de los manifiestos, mucho menos obreros en estos tiempos que las manifestaciones) en defensa de la familia; y me explico.

Si usted quiere que los trabajadores trabajemos más horas (38 le parecen pocas, aunque parece que se le olvida que somos muchos más los que trabajamos, como mínimo, 40 horas semanales) supongo que tendrá prevista la solución a un pequeño inconveniente: meter a nuestros hijos en algún sitio donde suplan la ausencia de sus padres; por supuesto, usted tendrá a sus hijos (si es que los tiene, que ni lo sé ni me importa) recluidos en algún centro privado sin que le molesten lo más mínimo para poder trabajar más. Yo podría hacer lo mismo que usted y dejar que a mis hijos los eduquen otros, los mimen otros y que sean otros los que hablen con ellos sobre lo que les ha pasado durante todo el día; podría hacerlo, pero hay un gran inconveniente: usted también quiere que yo cobre menos, así que no puedo (ni tampoco quiero) permitirme el lujo de pagar un centro privado para recluir a mis hijos.

Personalmente, no me importaría lo más mínimo cambiarle los pañales a mi hijo encima de la mesa de su despacho, pero mucho me temo que su idea tampoco incluye estar acompañado por los hijos durante parte de esa jornada laboral ampliada que usted promueve, ¿verdad?

También quisiera recordarle que yo me he casado (no sé si usted lo está con una persona o con sus negocios, aunque eso a mí ni me va ni me viene) para compartir mi vida; y no me he casado con usted ni con ninguna empresa, sino con mi mujer. Desconozco si tiene usted problemas con las relaciones afectivas o si todo esto viene porque es socio de algún despacho de abogados especialistas en divorcios; pero lo que sí tengo claro es que no va a ser usted ni ningún empresario quien me diga con quién debo compartir mi vida.

Dejando a un lado la conciliación de la vida laboral con la familiar (ahora se estará preguntando usted qué demonios es eso), no estaría mal que recordara a todos esos trabajadores que ha despedido usted mismo de sus empresas; si lo que se necesita para salir de esta crisis es trabajar más, ¿no cree que recurrir a un ERE para echar a casi toda la plantilla es contradictorio con lo que predica? Una de las dos incógnitas de su ecuación (trabajar más) la tendría resuelta hoy si ayer no hubiese tenido la mano tan ágil para firmar los despidos masivos de sus propios trabajadores, puesto que se sobreentiende con sus palabras que hay más trabajo del que pueden asumir los escasos trabajadores que ha dejado en sus empresas. ¿Ha pensado en contratar más trabajadores, señor Díaz Ferrán, en lugar de sobreexplotar a los pocos que aun no ha despedido?

Pero claro, introduce usted la segunda incógnita de la ecuación, que aparentemente le permite jugar con ventaja, puesto que contratando más para trabajar más sólo cuadraría la ecuación cobrando menos; permítame acusarle de hipócrita y cínico, señor Díaz Ferrán, porque está acusando a los trabajadores de ser la causa principal de esta crisis, por ser unos vagos y cobrar demasiado, cuando la principal y casi única causa de esta crisis ha sido la patética y avariciosa gestión del endeudamiento por parte de la banca y de ustedes, los empresarios, que se ven ahora ahogados por los préstamos que firmaron hace unos años y prefieren apuntar con el dedo a los trabajadores.

Esta crisis, señor Díaz Ferrán, tiene como salida una ecuación de dos incógnitas: rendir al 100% y endeudarse menos. Y usted, señor Díaz Ferrán, lo sabe mejor que nadie: su empresa Air Comet multiplicó por más de 5 sus gastos financieros entre 2006 y 2009, sus deudas a largo plazo se multiplicaron por 50 entre 2005 y 2009, sus deudas a corto plazo con las entidades financieras se multiplicaron por 3 entre 2006 y 2009… ¿Se le ha ocurrido a usted comprobar cuánto ha incrementado las remuneraciones de sus trabajadores? Yo se lo recuerdo, señor Díaz Ferrán: entre 2006 y 2009 usted multiplicó por 1,75 los gastos de personal porque contrató a 139 trabajadores más de los 550 que ya tenía en plantilla.

Usted puede seguir apuntando con el dedo a donde o a quien quiera, señor Díaz Ferrán; pero apuntar con el dedo hacia el punto equivocado le deja a usted aun más en evidencia de lo que ya lo estaba, porque pasar de los 136.145 € de beneficios en 2005 a los 56 millones de euros de pérdidas en 2009 no se explica acusando a los trabajadores de vagos o de saqueadores de las arcas empresariales.

Las políticas laborales ultraliberales, en cifras

El ultraliberalismo aboga por la práctica supresión del Estado y la consiguiente reducción a la mínima expresión de los impuestos que gravan las relaciones laborales; según esta corriente, cada vez más mayoritaria entre la derecha española y europea, las actuales políticas estatales en materia laboral suponen un intervencionismo en los mercados que perjudica tanto al trabajador como al empresario, que se verían ampliamente beneficiados con políticas de intervención cero.

Que un trabajador pueda verse beneficiado con las políticas ultraliberales es mucho decir, pero vamos a concederle el beneficio de la duda a esta teoría, así que nos vamos a poner a hacer números; por supuesto, si es beneficioso para todas las partes partiremos de la premisa de que el trabajador, como mínimo, va a mantener sus condiciones de vida en los mismos niveles que con otras políticas más intervencionistas.

Para realizar los cálculos tomaremos un sueldo de 1.500 € brutos al mes, que con el 10% de retención por IRPF y con el 6% que va a parar a la Seguridad Social se convierten en unos 1.250 € netos; como la Seguridad Social no existe en las teorías económicas ultraliberales y el Estado es mínimo, el 6% desaparece y el 10% se reduce a un 1%, por lo que el sueldo neto pasa a ser de 1.485 € mensuales. Mola, esto del ultraliberalismo: por la jeta, 235 € más al mes para gastarse.

Pero eso no es todo, no. Si eliminamos la Seguridad Social, el empresario ya no tiene que pagar al Estado la otra parte de mis cuotas, que son otro 30%: 450 € brutos más para el trabajador. Vaya chollo. De cobrar 1.250 €, nuestro trabajador pasaría a cobrar, con la aplicación de las teorías ultraliberales, 1.930,50 € al mes (le hemos restado el 1% de IRPF a esos nuevos 450 €). ¡Un aumento de sueldo instantáneo de 680,50 € ó del 54%!

Claro, que a ese nuevo sueldo habrá que restarle algunas cantidades si lo que queremos es que ese trabajador, más contento que unas pascuas con su nuevo salario, mantenga los niveles de protección que ahora puede exigir porque la Ley así lo prevé.

Empezaremos por la indemnización por despido, que con las teorías ultraliberales, por supuesto, desaparecerían; vamos a suponer que al trabajador le han hecho hoy uno de los nuevos contratos indefinidos y que le corresponderían, por lo tanto, 33 días de indemnización por año trabajado, que es un 9,09% del sueldo mensual bruto (1.500 €) o, lo que es lo mismo, 136,35 €. Ese importe es el que debería reservar el trabajador en su cuenta cada mes para que, el día que lo despidan, pueda tener un colchón equivalente al que ahora le corresponde por Ley (recordemos que, según las teorías ultraliberales, todos salimos beneficiados con sus medidas); pero no pasa nada, porque aun así seguiría cobrando 1.794,15 € (un 43,53% más).

Vamos a continuar con la pensión de jubilación, que, por supuesto, tendría que ser privada (la Seguridad Social nos la hemos cargado de un plumazo); supongamos que nuestro feliz trabajador tiene 18 años, por lo que aun le quedan, como mínimo, 47 años más de trabajo. Si todo va bien, podrá disfrutar de su pensión (privada) 20 años (suponiendo que la esperanza de vida de dentro de 30 años sean los 85), así que, para disfrutar de una pensión equivalente a su sueldo neto (tomemos los 1.250 € iniciales) tendría que destinar 638,30 € al mes para su fondo de pensiones. Y aquí se acaban los cálculos, porque el sueldo de nuestro trabajador se le quedaría en 1.155,85 €, que son 94,15 € menos de los que cobra ahora ó un 7,53% menos (que supera la reducción de sueldos del 5% a los funcionarios por la crisis).

Haremos un pequeño inciso respecto a los planes de pensiones, porque un ultraliberal nos diría que estas inversiones se revalorizan a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la aportación sería menor; la realidad, sin embargo, es bien distinta: un plan de pensiones puede revalorizarse, pero también puede devaluarse. De hecho, en las actuales circunstancias, tanto los planes de pensiones con inversión en renta fija (que dan tipos de interés por debajo de la inflación) como los que invierten en renta variable (con la bolsa en descenso libre) están sufriendo una continua devaluación, por lo que los cálculos realizados se quedarían cortos y nuestro trabajador se quedaría, al final de su vida laboral, con una pensión por debajo de la que habíamos previsto.

No obstante, podríamos seguir haciendo cálculos hasta acabar con el sueldo del trabajador; por ejemplo, nos podemos preguntar quién pagaría los recibos mensuales de la luz, del teléfono, del agua, del fondo de pensiones o de la hipoteca de un trabajador en baja laboral por una enfermedad grave. Las entidades bancarias suelen ofrecer seguros (por unos 25 € al mes, así que el sueldo de nuestro trabajador bajaría a los 1.130,85 €) que cubren un máximo de 12 meses del pago de las cuotas de la hipoteca en estos casos, pero de la luz, del agua o del teléfono no se hace cargo nadie. Los medicamentos están subvencionados al 60%, así que ese porcentaje tendría que salir también del sueldo de nuestro trabajador, y la atención médica privada completa ronda los 60 € mensuales, por lo que el sueldo se reduciría por debajo de los 1.070,85 €…

Pero no es sólo el sistema de protección de la salud lo que nos hemos cargado con la aplicación de las políticas ultraliberales; hemos rebajado el IRPF del 10% al 1% porque el Estado se ha quedado en los huesos y no necesita mucho alimento, y eso tiene también sus contrapartidas: la educación de nuestros hijos será privada y la pagaremos nosotros íntegramente. Nuestro trabajador tendrá que ir ahorrando lo necesario para que su hijo (o sus hijos) tenga una formación, así que vamos a hacer un cálculo, con precios de hoy, de lo que constaría la educación liberal (y privada); la educación infantil (la guardería) le costaría unos 16.000 €, la básica (desde los 6 hasta los 16) unos 75.000 € y la secundaria otros 24.000 €. Todas las pagas extraordinarias de la vida laboral de nuestro trabajador (180.000 €) más las de su pareja (suponiendo otros 180.000 €) cubrirían la educación de tres hijos; en cualquier caso, la educación para cada hijo adicional (115.000 €) supondría restar de su sueldo y del de su pareja otros 100 € mensuales a cada uno. Por supuesto, ni nos planteamos que nuestros hijos cursen estudios universitarios, ya que eso supondría unos 30.000 € adicionales por cada hijo (unos 30 € al mes del sueldo de nuestro trabajador y otros 30 € del sueldo de su pareja).

Con estos gastos básicos que supondrían la aplicación del sistema ultraliberal es suficiente para comprobar que no todos salen beneficiados (nuestro trabajador se quedaría con un mínimo de 200 € menos al mes de sueldo y sin pagas extraordinarias); pero es que, además, hemos hecho una pequeña trampa (es la que hacen los ultraliberales para cuadrar sus cuentas) al considerar que las cuotas empresariales a la Seguridad Social (450 € al mes) irán a parar al bolsillo del trabajador, lo cual es mucho suponer, no ya porque no sea lo habitual que las rebajas de impuestos sean destinadas por las empresas a incrementar los salarios de sus trabajadores, sino porque son las propias empresas las que están hablando de reducir los salarios.

Pero es que de todas formas los ultraliberales, siguiendo la ortodoxia de las teorías económicas, consideran que por las reglas de la oferta y la demanda todo lo que reste en un principio al salario del trabajador sería rectificado por el propio mercado laboral; así, si el trabajador perdiese 200 € con los cambios de sistema, ese mercado acabaría por exigirle al empresario un incremento equivalente en los salarios de sus trabajadores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si al empresario le cuesta ahora 1.950 € el trabajador (los 1.500 € de salario bruto más los 450 € de las cuotas empresariales a la Seguridad Social), con la aplicación de las teorías ultraliberales el mercado le obligaría a que destinase a costes laborales los 200 € que perdería el trabajador, suponiéndoles entonces unos costes de hasta 2.150 €. Con lo cual podríamos afirmar que ni trabajador ni empresario se beneficiarían del sistema económico ultraliberal.

Y la pregunta obligada es… si tanto el empresario como el trabajador acabarían perdiendo, ¿cómo es posible que haya quien todavía defienda esas teorías? La respuesta es fácil: los mercados tienen fallos, y uno de ellos es el desequilibrio entre la capacidad negociadora del empresario y del trabajador; como es el primero el que tiene mayor capacidad para imponer sus condiciones, el mercado nunca llegaría a regularizar las pérdidas del trabajador, por lo que el perdedor siempre sería el mismo: nuestro inicialmente feliz trabajador, que perdería los 200 € que hemos calculado más los 450 € que la empresa se ahorraría con la eliminación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Nuestro inicialmente feliz trabajador vería cómo sus anteriores cheques de 1.250 € se convierten en una nómina real de 600 € con la aplicación de las teorías ultraliberales. ¡Menudo chollo!