Camps nos toma el pelo (I): Ayudas a la vivienda

Todos sabemos que las desgravaciones estatales por el alquiler de la vivienda habitual desaparecieron hace unos años; o que  las desgravaciones por la compra o rehabilitación de nuestra residencia desaparecerán para las adquisiciones que se produzcan a partir del próximo año. Canal 9 nos informa puntual e insistentemente de las impopulares medidas que toma el Gobierno central y que nos afectan, queramos o no queramos, a todos los valencianos.

Pero, ¿alguien sabe que el 42% de las familias valencianas con su vivienda alquilada perdieron el derecho a deducirse ese alquiler en la declaración de la renta realizada en nuestra Comunidad Autónoma en 2008?

Según la Encuesta de condiciones de vida de 2008, ese año vivían en alquiler 8.100 familias valencianas; ese era el número de familias que, teóricamente, podían deducirse el 10% (más de una mensualidad) del alquiler pagado en 2008 a través de su declaración de la renta de ese año.

Pero nuestro Molt Honorable President debió pensar que 8.100 familias eran muchas familias, así que introdujo un requisito adicional para poder desgravarse ese 10% del alquiler de todo el año 2008: que la fianza del alquiler se hubiese depositado en la Agencia Valenciana de Alquiler.

Si hemos de hacer caso a las noticias de autobombo de la propia Agencia Valenciana de Alquiler, en 2008 había, como máximo, 4.700 contratos de alquiler formalizados a través de esta Agencia; de un plumazo, al menos 3.400 familias valencianas (el 42% de las que vivían en alquiler) se quedaron sin esa desgravación.

Por otra parte, reclamar la gestión de determinadas ayudas, como la Renta Básica de Emancipación (210 € mensuales a jóvenes entre 22 y 30 años), haciendo pasar todas las solicitudes por la Conselleria competente, sirve para apuntarse los tantos que otros marcan para, además, anunciarlo a bombo y platillo como una ayuda propia cuando en realidad de esos 210 € nuestro Molt Honorable President no pone ni un solo euro.

Pero de eso Canal 9, la televisión de todos los valencianos, no habla.

La maquinaria de los bancos se pone en marcha, pero…

Parece que el tan ansiado punto de inflexión de la crisis ha llegado por fin; claro, que el hecho de que ya hayamos pasado por el fondo de la crisis no significa que todos los problemas que ésta ha generado se vayan a solucionar hoy, ni mañana, ni pasado. Pero al menos, parece, el fondo se va a ir alejando poco a poco.

El mejor síntoma de ese punto de inflexión es que la maquinaria financiera de los bancos, y sobre todo de las cajas, se ha puesto de nuevo en marcha; la venta de viviendas está remontando gracias a que la antaño congelada concesión de préstamos para adquirirlas ha empezado a descongelarse. Pero que nadie espere encontrar en el sistema financiero la solución a la crisis.

El sistema financiero está gravemente tocado, y la opacidad con la que las entidades de ese sector suelen trabajar no ayuda lo más mínimo a conocer lo terminal de su enfermedad; la revivida concesión de préstamos para la adquisición de viviendas no significa, aunque muchos estén dispuestos a verlo así, que el sistema financiero ya se haya repuesto de la debacle que nos arrastró a todos.

Las entidades financieras se han puesto de nuevo en marcha porque han encontrado la forma de sanear sus maltrechas cuentas a costa de las aun más maltrechas cuentas del sector inmobiliario, y no porque hayan decidido resucitar su otrora gallina de los huevos de oro, sino porque no hacerlo podría arrastrarles a muchas de ellas a una inevitable quiebra en cadena.

Las compras que está financiando la banca en España no están, aunque pudiera parecerlo, dentro de las transacciones normales de mercado; lo que está financiando hoy la banca es la dispersión de su riesgo crediticio, alejándolo aceleradamente del sector inmobiliario para repartirlo entre particulares. Y es que raras son las operaciones de financiación de compra de viviendas que no sean un mero traspaso de la titularidad de la hipoteca entre dos clientes de una misma entidad financiera; en eso consisten, básicamente, las actuales ofertas para la compra de vivienda, como el “Compromiso Vivienda Bancaja 2010”, que se nutre de las promociones que ella mismo financió y que han estado estancadas durante tres largos años porque nadie quería financiar a los compradores.

Si el sector financiero hubiese continuado durante mucho tiempo con aquellos primeros chollos que publicitó la banca al completo (consistente en la venta de viviendas a precio de hipoteca) se hubiesen visto abocados al suicidio colectivo, puesto que les estaban aplicando una eutanasia encubierta a unas empresas inmobiliarias con unas viviendas hipotecadas a precios muy superiores a los que estaban ofertando bancos y cajas. Y la muerte forzada de esas empresas inmobiliarias les hubiese inundado de nuevas viviendas con un tipo de interés nulo (es decir, sin ingresos por intereses) y cuya amortización hubiese sido imposible sin incurrir en pérdidas (puesto que hubiesen tenido que rebajar la hipoteca concedida inicialmente para adaptarla a los precios que ellos mismos estaban imponiendo).

En definitiva, que aquel dicho de que la banca nunca pierde es tan real como esta crisis que nos ha tocado aguantar.

Nota adicional: El Banco de España ha obligado a las entidades financieras a provisionar (es decir, a considerar como pérdidas que pueden ser recuperables o no) tanto los numerosos inmuebles que han adquirido por ejecuciones de hipotecas (se considera como pérdida el 30% de su valor) como la totalidad de las refinanciaciones de deudas que, a 31 de Diciembre de 2009, mantenían algún tipo de impago. Muchas cajas de ahorro han sufrido pérdidas (la mitad, según el último informe de la CECA) por esta última medida en el último trimestre del año, mientras dos (Caja Castilla la Mancha y Cajasur) han cerrado 2009 con unos 500 millones de pérdidas cada una; estas pérdidas, directamente relacionadas con el sector inmobiliario, son las que quieren evitar a toda costa las entidades financieras.

Propongo una indemnización por despido de 365 días por año trabajado

Y subir el Salario Mínimo Interprofesional a los 6.000 €, aunque esto se podría revisar.

Y subir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social al 100%.

Y cláusulas obligatorias en los contratos según las cuales esté prohibido despedir a ningún trabajador mientras la empresa no entre en quiebra técnica.

Y la devolución a favor del Tesoro Público del 10% de los dividendos repartidos entre los accionistas por cada trabajador despedido por la empresa de la que tengan acciones.

Y…

¿Que se me ha ido la olla? Bueno, a éstos también, y están negociando con el Gobierno.

¿Se mueven las baldosas de tu acera?

El pasado viernes cedió una parte del pavimento de la recién remodelada Plaza Fadrell de Castellón (se hizo un boquete en el suelo de unos dos metros de diámetro y unos 50 centímetros de profundidad); no, no cedió ante un golpe virulento ni por un excesivo peso. Cedió al paso de un viandante.

En estos mismos momentos hay cuatro trabajadores del Ayuntamiento reparando el boquete; independientemente del número de operarios necesarios para realizar la reparación (con dos sería más que suficiente, puesto que hay uno mezclando la arena, el cemento y el agua, otro colocando las nuevas bladosas y los otros mirándose entre ellos), en estas épocas de crisis no parece que algunas administraciones públicas estén por la labor ya no sólo de ahorrar en gastos (que también), sino tampoco de hacer las cosas más o menos bien para que no haya que estar haciendo reparaciones cada dos por tres.

Vayamos al origen del problema: tenemos, en general (y no sólo las administraciones públicas) unos oficiales de pacotilla. A pocos oficiales con dos dedos de frente y/o con algo de experiencia se les ocurriría rellenar con 50 centímetros de cemento el firme sobre el que han de sostenerse las baldosas, porque justo esa ha sido la causa de que se produjera el boquete que ahora están reparando.

Primera razón para no hacerlo así: el derroche de dinero público en cemento. Segunda razón para no hacerlo así: el derroche de dinero público en reparaciones contínuas por la deficiente construcción de las aceras. Tercera razón para no hacerlo así: la seguridad de los viandantes.

¿Y cómo habría que hacerlo, se preguntarán algunos? Pues con algo tan simple, tan abundante y tan barato como las piedras.

Introducir piedras entre el cemento ahorra cemento. Introducir piedras entre el cemento evita que se formen burbujas de aire entre el cemento, que son las que han causado ese boquete. E introducir piedras entre el cemento evita que ante el peso de un viandante pueda ceder el piso de las aceras.

El problema es que en ninguna obra de las muchas que se han realizado durante este pasado año con el Plan-E he visto a ningún operario poner piedras entre el cemento. Todas las aceras de Castellón son susceptibles de ceder ante el paso de un viandante cualquiera.

Se compra cemento a mansalva, se mezcla bien y se echa tal cual en las aceras; y con pegarle cuatro golpes con el martillo a las baldosas se acabó el trabajo… hasta que las baldosas empiezan a moverse (porque se forman bolsas de aire en el cemento) y hay que volver a levantar el suelo para cambiarlas por otras nuevas.

Viva la crisis, viva los oficiales de pacotilla y vivan nuestras administraciones públicas.

No explotarás al jornalero

Retrasar el descanso del trabajador dos años, quitarle en plena crisis 33,33 € de su nómina cada mes, quitárselos también al trabajador que ha decidido iniciar ese descanso o anunciarle que para calcular la pensión que percibirá durante su retrasado descanso se va a tener en cuenta el importe de la nómina que cobraba 25 años antes solicitar la jubilación.

O fue un error el pasaje de la Biblia que eligió Zapatero para leerlo en público en su visita a Estados Unidos (que se inicia con la frase que titula esta entrada) o son un error tras otro las medidas que nuestro Presidente está proponiendo para salir de esta interminable crisis.

Puede entenderse que los privilegiados que aun mantenemos hoy nuestro puesto de trabajo debamos ser solidarios con quienes lo han perdido, así que, aunque a regañadientes, podemos aceptar que los 400 € de menos que pagamos a las arcas públicas los dos últimos años los tengamos que pagar este año para ayudar a cubrir los subsidios por desempleo que, me temo, algún día tendré que cobrar yo también; aunque también entiendo que si yo, mileurista, puedo hacer un esfuerzo de 400 €, también lo podrán hacer los dosmileurista de 800 € al año, los cuatromileuristas de 1.600 € y los controladores aéreos o los futbolistas de un porcentaje similar (por ejemplo, al controlador aéreo que el año pasado cobró 900.000 € le correspondería este año un esfuerzo solidario de 30.000 €). Si hay que hacer un esfuerzo, se hace, pero que todos realicen ese esfuerzo en función de sus posibilidades.

Lo que ya no se entiende tanto es que el esfuerzo lo deban hacer también los trabajadores que han pasado a disfrutar de su merecido descanso tras al menos 15 años durante los cuales ya ejercieron esa solidaridad; y es que un trabajador en activo siempre puede tener la oportunidad de recuperar su poder adquisitivo perdido por una medida como ésta buscando otro trabajo mejor remunerado, pero un pensionista sólo puede esperar que los Presupuestos Generales del Estado le concedan una revalorización acorde al menos con el IPC. Y si esa revalorización se la come el Estado con el IRPF, lo único que le va a quedar al trabajador jubilado es comprobar cómo los ingresos mensuales en su cuenta se han quedado más pequeños que el año pasado.

También puede llegar a entenderse (si se explica debidamente, claro) que se retrase dos años la edad de jubilación ante la creciente descompensación entre el número de trabajadores en activo y el número de trabajadores jubilados (cada vez hay más de estos últimos y menos de los primeros); claro, que la solución a esa descompensación también podría venir por la vía del fomento de la natalidad, algo que evitaría que, dentro de unos años, se proponga un nuevo retraso hasta los 70 años. Y si a la ausencia de explicaciones y a las alternativas que existen a esa medida unimos el hecho de que España no está entre los países con la edad de jubilación más temprana, nos econtramos con una propuesta que parece responder más a un guiño hacia los liberales y siempre críticos poderes económicos europeos y mundiales, que fueron los únicos que aplaudieron la propuesta, que a una medida para garantizar las pensiones futuras.

Y lo que no se entiende nada es la propuesta de aumentar de 15 a 25 los años tenidos en cuenta para el cálculo de las pensiones futuras; si España es uno de los países desarrollados con los salarios más bajos, las pensiones serán, en consecuencia, también de las más bajas. Es toda una incógnita lo que se espera conseguir con una rebaja más al incluir en los cálculos las nóminas de 25 años atrás, aunque la sensación que dan estas propuestas es que se están asumiendo las mismas teorías económicas que se pretenden aplicar en otros países con salarios y pensiones que no tienen nada que ver con las que tenemos los españoles.

Y para finalizar, un último inciso relacionado con nuestro nivel salarial y con el título de esta entrada; para relanzar la sagrada competitividad empresarial española, los siempre ingeniosos gurús liberales proponen, un día sí y el otro también, que nuestros salarios deben bajar hasta un 10%. Curiosas teorías las de estos señores, que sólo saben meter mano al bolsillo de los trabajadores; porque digo yo, que si los trabajadores ya tenemos los salarios por los suelos si los comparamos con otros países desarrollados, las causas de esa supuesta baja competitividad empresarial española habrá que buscarlas en los bolsillos de otros, ¿no creen?

SGAE: ¿Quién roba a quién?

No acabo de entender muy bien a dónde se quiere llegar con tanta acusación de piratería a diestro y siniestro.

Si me compro un CD virgen me cobran un canon (impuesto por la SGAE y toda su troupe) porque me consideran (de antemano, por su cara bonita) un pirata; pues bien, si lo soy y además ya me multan por anticipado por serlo, lo que no voy a hacer es poner cara de pardillo y dedicar mis CDs (vírgenes además de piratas) a copiar fotos que he hecho yo con mi cámara. Lo que voy a hacer, pirata de mí, es instalarme un programa de P2P y actuar como lo que soy.

Ahora saldría el enteradillo y me diría que se puede solicitar que te devuelvan el canon si utilizas tus CDs para otras cosas que no sean la piratería. Pues no. El tiempo que necesito para hacer la solicitud también vale dinero (bastante más que el canon de un CD); además, me pedirían mi CD como medio de prueba y me harían pagar a mí los gastos de envío, y para devolvérmelo me volverían a cobrar los portes. Que no, que no. Que si ellos dicen que yo soy un pirata, lo asumo y en paz.

Pero no contentos con que ejerza esa mi segunda profesión (la de pirata) con los CDs (y cuando digo CDs incluyo, por supuesto, a los DVDs), también me multan con el canon cuando compro un disco duro, una grabadora, un reproductor y hasta una televisión. Pues nada, hombre, a actualizarse toca en materia de tecnología: también tengo que descargarme programas pirata para poderlos instalar en mi disco duro, tengo que utilizar la grabadora para hacer más copias piratas y repartirlas (gratis total, por supuesto) entre mis amistades y tengo que buscar los cables necesarios (¿también incluyen el canon?) para que el reproductor de DVD y la televisión estén debidamente conectados a la grabadora o al disco duro… En fin, que al final me van a convertir, a base de multas preventivas, en todo un pirata.

Claro, que ahora, además de repartir el carnet de pirata para todos los compradores de tecnología de España (además de multarles preventivamente), quieren también ejercer de censores con licencia para cerrar páginas molestas según sus particulares criterios económicos. ¿Pero saben estos señores que las páginas que han de cerrar están alojadas en discos duros a los que, preventivamente, ya les han otorgado (¡¡¡ellos mismos!!!) la licencia (¡¡¡cobrada por ellos mismos!!!) para contener copias piratas?

Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay algo que falla. O la piratería está prohibida (y se prohíbe cobrar un canon por algo que está prohibido) o no lo está (y me siguen acusando y multando preventivamente por pirata y, en consecuencia, me dejan ustedes ejercer esa segunda profesión en paz), pero todo a la vez no cabe en ninguna cabeza que no esté afectada irremisiblemente por una avaricia sin límites.

Yo les propongo algo. Soluciones concretas. Cuando ustedes ponen a la venta una película en DVD a 40 € por copia, no pongan a la venta un disco de música con DVD incluido a 20 € por copia ni un disco de música (sin DVD) por 18 €, porque a mí eso me produce una extraña sensación de estar siendo estafado. O un DVD vale 40 € (como el de la película) o vale 2 € (como el del disco de música); y por la misma regla de tres, o un disco de música vale 18 € (como el que no incluye DVD) o no vale ni un euro (como el que incluye un DVD a mitad de precio que la película).

Ya, claro, que es que hay discos de música y discos de música y hay películas y películas. Claro, por eso en mi colección de CDs (comprados, mal que me pese) tengo algunos que sólo aprovecha una canción, o por eso al salir del cine te devuelven el dinero si la película ha resultado ser un auténtico bodrio.

Que no, señores, que no. Que ustedes han estado cobrando fortunas a cambio de mierdas (y sin derecho a devolución) y ahora que nadie quiere pagar por cagarrutas, ¿se enfadan? Una mierda con dolby surround y con sonido envolvente sigue siendo una mierda, igual que una mierda grabada en unos estudios del Polo Norte sigue siendo también una mierda.

¿Que no les gusta que veamos la mierda antes de que nos cobren por ella? Bueno, pues no fabriquen ustedes mierda y no hagan que nosotros, sus sufridos consumidores, nos sintamos estafados y sin derecho a nada cuando nos hacen pagar fortunas por productos de pésima calidad.

¿Lo van pillando? ¿Quién es el pirata? ¿Quién roba a quién?

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

La dignidad del ciudadano de a pie

El jueves se publicó un Editorial conjunto en doce periódicos editados en Cataluña bajo el título “La dignidad de Cataluña” que ha causado un gran revuelo social y mediático; ni me gustó el tono ni me gustó el momento, pero fue una respuesta más que previsible.

La caverna mediática, harta de insultar, presionar, vilipendiar, deslegitimar y atacar en días anteriores al Estatut, a Cataluña, a los catalanes y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, no tardaron en salir en manada en mensajes televisivos, radiados y escritos… ¡¡¡en defensa del Tribunal Constitucional!!!

No voy a hacer ahora una recopilación de las barbaridades que Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos y otros periodistas de la misma tribu han dejado plasmadas, en papel o en las ondas, respecto a la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del Estatut (las hemerotecas hablan por sí solas).

Esos periodistas cavernícolas saben perfectamente que el editorial conjunto no es más que la respuesta a sus anteriores desmanes; es la reacción legítima de una sociedad y de una opinión maltratadas sin escrúpulos con editoriales, columnas y artículos manipuladores y generadores de odio hacia esa sociedad que ahora ha respondido. Esos cavernícolas saben perfectamente que ese editorial conjunto no es más que la respuesta que intenta equilibrar las presiones de los cavernícolas sobre el Tribunal Constitucional.

Pero con el editorial hay otro problema. Si el Tribunal Constitucional ya estaba completamente deslegitimado para la opinión pública que sigue habitualmente a los cavernícolas, ahora también lo está para gran parte de los catalanes. Deslegitimado para unos y deslegitimado para otros, sea cual sea el resultado de la próxima sentencia no va a ser aceptada por ninguna de las dos partes; ese va a ser el único resultado al que van a contribuir unos y otros con sus presiones y sus deslegitimaciones.

¿Y qué hacemos el resto de ciudadanos que consideramos que los miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por sus conocimientos jurídicos siguen teniendo esos conocimientos por los que fueron elegidos? Porque por mucha batalla mediática que haya por deslegitimar al Tribunal Constitucional, sus miembros lo siguen siendo por sus conocimientos jurídicos.

El resto de ciudadanos podemos optar por unirnos a la deslegitimáción del Tribunal Constitucional (esta es la opción más cómoda, puesto que así les damos la razón a unos y a otros), por descojonarnos ante las rabietas de ambas partes al dictarse la sentencia (también es una opción cómoda, y además la risa es más saludable que la indignación) o por decirles a ambas partes que dejen trabajar al Tribunal Constitucional y que dejen de utilizar su deslegitimación para preparar a sus fieles ante una sentencia que no les va a dar la razón al 100% ni a unos ni a otros.

Hubiese sido todo un triunfo para la democracia que la aprobación del Estatut hubiese servido para abrir un debate en la sociedad acerca de sus propuestas más conflictivas; pero con la caverna encerrada en su cueva dando continuos alaridos ha sido misión imposible. Y al final, alaridos desde la cueva y alaridos desde fuera de la cueva.

Triste realidad la de esta España que nos ha tocado vivir.

El aborto como crimen

Tras casi 25 años de la despenalización del aborto en determinados supuestos, y sin que los Gobiernos de izquierda y de derecha con mayorías absolutas hayan puesto en duda dichos supuestos (por lo que entiendo que hay una amplia aceptación social en los casos recogidos por la Ley), he de reconocer que me choca encontrarme con personas que, a día de hoy, no aceptan el aborto ni tan siquiera cuando estamos ante un embarazo provocado por una violación (uno de los supuestos en los que abortar está despenalizado); haciendo juegos malabares con los daños morales de la mujer violada, acaban concluyendo que esa mujer, víctima de un crimen, está obligada a cargar al menos nueve meses (si no toda la vida) con el fruto de su violador. Pocas veces veremos (por no decir nunca), en legislaciones democráticas avanzadas, que una víctima deba ser castigada con obligaciones por el delito de su agresor; pero la moral cristiana (y la religiosa en general) es capaz de eso y de mucho más.

A la hora de discutir del aborto con algún antiabortista, recurrir habitualmente a este caso extremo del aborto por violación es el camino más directo para que reflexionen sobre la crueldad a la que lleva esa moral religiosa que poco o nada tiene que ver con lo que se sabe, en pleno siglo XXI, del desarrollo del feto y de sus distintas etapas vitales; es el eterno retorno eclesiástico (tan cristiano) a la caza de brujas y a la quema de herejes, que acaba habitualmente con una condescendiente absolución caritativa de un crimen cometido por la violada que acaba por abortar (curiosamente, hay muy pocos antiabortistas que condenarían a una mujer violada por abortar), clara manifestación de que la hipocresía sigue siendo la única vía que pueden seguir los cristianos ante la enquistada inoperancia eclesial ante los avances en el conocimiento médico-científico. La única solución cristiana moralmente válida al aborto de una mujer violada es, cómo no, mirar hacia otro lado, aunque la mujer sea considerada una asesina infanticida.

El gran problema de los antiabortistas es que no pueden reconocer ninguna excepción al aborto como crimen, puesto que reconocer alguna excepción (aunque se trate de la más vil y cruel de las violaciones) desmoronaría por completo todo el castillo de naipes en el que se fundamenta su concepción del aborto.

El feto, según la visión antiabortista, tiene vida propia (humana) desde el mismo momento de la fecundación; esa vida propia no tiene una base científica o médica, sino que viene determinada de antemano por las Sagradas Escrituras: Dios crea y da vida, por lo que, desde el mismo momento de la existencia de un embrión, existe un alma. Poco importa que esa alma sea un cúmulo deforme de células sin brazos, sin corazón, sin cerebro o sin sensaciones: Dios lo ha creado y la mujer, violada o no, no tiene más opción que resignarse y asumir el destino divino.

Sin embargo, científicamente está demostrado que el feto (que es embrión hasta las ocho semanas) no desarrolla un sistema nervioso (es decir, no tiene sensaciones, ni dolorosas, ni placenteras, ni de ningún otro tipo) hasta la 16ª semana, cuando se desarrolla el primero de los cincos sentidos: el tacto. El feto pesa entonces 120 gramos.

Aunque lo que diga o deje de decir la ciencia no les interesa lo más mínimo a los antiabortistas, ante la imposibilidad de demostrar el sufrimiento físico (como el que pudiera tener cualquier ser vivo) del embrión o del feto, los antiabortistas acuden raudos a las, según ellos, extraordinarias secuelas físicas en la mujer, trasladando datos de principios de los 70 a la actualidad (cuando ni tan siquiera se requiere intervención quirúrgica para abortos practicados hasta el 2º trimestre de gestación) o extrapolando técnicas abortivas que sólo se practican en los estados de gestación más avanzados (como la histerotomía o la histeroctomía) a la totalidad de las distintas etapas del embarazo; a esta serie de burdas manipulaciones le suelen acompañar leyendas urbanas acerca de la mayor propensión a contraer cáncer de útero si se ha practicado un aborto o relatando crueles, sangrientas y mortales operaciones abortivas que resultan ser mezclas de distintas historias, todas ellas ajenas a los centros médicos y algunas, incluso, de hace décadas.

En esta ocasión es la propia realidad la que pone a cada uno en su sitio, puesto que no existen complicaciones en más del 99% de los abortos practicados, mientras que la tasa de mortalidad es inferior al 0,001%.

La huida hacia adelante de un antiabortista ante este baño de realidad pasa, indefectiblemente, por recurrir a los daños morales de la embarazada; en este caso, el principal problema reside en que un antiabortista nunca acepta los daños morales que puedan resultar de la obligación de una mujer violada de llevar en su seno el fruto de su propia violación. El Fundamento Jurídico 11º de la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, en la que se trató el Proyecto de Ley para despenalizar el aborto, sirve perfectamente para explicarle a un antiabortista la aberración (tanto jurídica como moral) a la que aboca esa extraña moralidad:

«La gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.

Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución». Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, Fundamento Jurídico 11º.

Finalmente, y por no alargar más este artículo (aunque haya materia de sobra para alargarlo), siempre habrá quien apele a una parte de la ciencia para intentar justificar su argumentación; es el caso, por ejemplo, en el que se alude al ADN como portador de la vida (en lo que aparenta una especie de equiparación entre el alma y el ADN). Existe un serio problema al respecto, puesto que el ADN (toda la información genética) que formará el feto ya está presente tanto en los óvulos que cada 28 días son asesinados por las mujeres en edad de procrear como en los miles de millones de espermatozoides que son exterminados todos los días en nuestro país; y es que no podemos olvidar que, para evitar que la sociedad civil, a través de consideraciones religiosas, caiga en el más absoluto de los absurdos, el propio Código Civil sólo otorga la condición de persona al feto nacido con figura humana y que sobreviva más de 24 horas fuera del seno materno.

El “Echelon” español se llama SITEL

Aunque ha sido recientemente cuando El País y otros periódicos generalistas (con la previa trifulca del PP en el Congreso de los Diputados) se han hecho eco del SITEL (Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones), el experto en crear absurdas conspiraciones Luis del Pino ya se hizo eco de este nuevo sistema hace unas semanas en Libertad Digital y en su programa de esRadio; con la ya más que sospechosa habitualidad con la que este individuo defiende los argumentos de las grandes organizaciones criminales (tanto terroristas como, ahora también, narcotraficantes), resulta asombroso que algún partido político sea capaz de llevar sus extravagantes paranoias hasta los órganos de máxima representación democrática de los españoles.

Recordemos que se llama “Echelon” a un sistema (o supuesto sistema) que los servicios secretos estadounidenses utilizan (o supuestamente utilizan) para interceptar las comunicaciones de todos los ciudadanos estadounidenses (o de todo el mundo, según algunas versiones); el sistema, según las leyendas urbanas más extendidas, detecta determinadas combinaciones de palabras, de forma que quien las pronuncie en una conversación o quien las escriba en un mensaje pasa a ser considerado automáticamente sospechoso de cometer o de intentar cometer algún tipo de delito, siendo desde ese momento intervenidas todas sus comunicaciones. Dando por buena esta forma de operar de este sistema, no cabe duda que nos encontramos ante ese temido, omnipresente e incontrolado “Gran Hermano” que permanentemente nos tiene vigilados a la humanidad entera.

No voy a entrar en la veracidad o no de esas leyendas urbanas, puesto que el sistema existe en realidad (aunque su funcionamiento pueda diferir en parte o por completo de la rumorología, que es la única fuente en la que se sustenta la forma de operar descrita en el párrafo anterior); sólo voy a entrar, respecto a este sistema estadounidense, en los pasmosos comentarios que se hicieron sobre él en el programa de Luis del Pino en esRadio a cuenta del SITEL. Uno de los comentaristas que acompañaban a Luis del Pino aquel sábado por la mañana se dispuso a enumerar las bondades de aquel “Echelon” estadounidense, una maquinaria completamente automatizada que sólo se activa cuando se pronuncian o se escriben las palabras mágicas (nada hay que temer mientras no se diga algo inconveniente), en contraposición al peligroso SITEL activado por malvados policías corruptos bajo las órdenes del tenebroso Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba (aunque la activación sólo pueda producirse tras la pertinente orden judicial); baste tener presente esta argumentación, a la que nada opuso Luis del Pino, para comprobar lo fútil que puede llegar a ser el razonamiento de algunos y, en consecuencia, la endeblez argumental y racional de determinados planteamientos.

«SITEL proporciona una enorme capacidad de control sobre los ciudadanos. Y, desgraciadamente, en nuestro país, el control judicial brilla por su ausencia. Y todos somos conscientes del inmenso poder que eso otorgaría a un gobierno sin escrúpulos». Luis del Pino en Libertad Digital.

«El sistema SITEL, ese sistema con el que el Gobierno y sus fuerzas policiales espían a todos los españoles prácticamente a voluntad y sin control judicial alguno». Luis del Pino en esRadio (minuto 50:00).

«El sistema que ellos utilizan [Estados Unidos] es que el ordenador lo escucha todo, pero es el propio ordenador el que tiene una alarma cuando se juntan determinadas frases o determinadas palabras que utilizan una serie de combinaciones (no sé cómo se hará informáticamente eso), pero es el propio ordenador el que… Entonces, es el juez el que contempla el por qué el ordenador ha dado esa alarma y entonces da la autorización, y entonces es cuando interviene la policía con el respaldo de la autorización judicial». Jesús Riosalido en esRadio (minuto 58:39).

Tras observar la literalidad del argumentario utilizado, ya podemos entrar en materia.

Libertad Digital se hizo eco de SITEL tras la publicación de un artículo del abogado Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas titulado «SITEL. La gran oreja del Gobierno no tiene suficientes garantías jurídicas», en el cual se recogía la opinión del único voto particular de la primera Sentencia del Tribunal Supremo (del 5 de Febrero de 2008) que avalaba la plena legalidad del sistema; sin embargo, fue La Gaceta de los Negocios (del Grupo Intereconomía) el primer medio en publicarlo el pasado 9 de Septiembre («El Gobierno utiliza un ‘software espía’»), relacionándolo directamente con las escuchas a dirigentes del PP investigados por varios delitos.

De los 22 informes jurídicos que, según Esteban González Pons, manejó el PP (mientras se gastaban la friolera de 1,8 millones de euros en implantar el sistema en el año 2002) y que advertían de los posibles problemas legales, tan solo han visto la luz dos de ellos: uno del Ministerio de Justicia y Defensa y otro del Consejo General del Poder Judicial (de 2001 y de 2002, respectivamente). Sin embargo, el PP realizó pruebas con un sistema posiblemente ilegal ni más ni menos que en el mayor caso de terrorismo de nuestra historia: el 11-M (ya en 2004, tras conocer esos supuestos 22 informes jurídicos); querían probar (es una suposición) qué sensación se tiene realizando escuchas ilegales.

Siete años después de aquellos informes, y con tres Sentencias del Tribunal Supremo avalando el sistema (la última de ellas conocida ayer mismo), hay quien pretende cambiar todo el procedimiento judicial desde la Constitución porque el nuevo sistema ha resultado ser demasiado efectivo en la persecución de las bandas organizadas de terroristas, de narcotraficantes y, lo que parece que más ha dolido, de empresarios y políticos corruptos.

La cuestión es que un sistema (llámese SITEL o llámese pinchazo) no puede ser ilegal por la tecnología utilizada cuando esa tecnología no es ilegal (y la grabación de conversaciones no lo es, ni con CD ni con cintas de cassette), sino por la forma en la cual se conculque algún derecho fundamental al utilizarla; y la cuestión es que el nuevo sistema requiere de los mismos pasos previos que el viejo pinchazo telefónico: si no hay autorización judicial mediante, se vulnera el derecho de las comunicaciones y lo que se pruebe con esas grabaciones ha de ser considerado nulo. Exactamente lo mismo que ocurría cuando un pinchazo telefónico se realizaba sin autorización judicial.

Del razonamiento jurídico inicial publicado en Noticias Jurídicas (y en la propia bitácora del abogado que redactó el artículo) a los actuales argumentos en contra de SITEL hay un salto de difícil explicación: mientras el origen de las críticas jurídicas estaba en una posible vulneración en materia de datos de carácter personal o en el procedimiento de traslado de las grabaciones realizadas, la actual discusión mediática ha devenido en una supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones, habiéndose creado un artifical paralelismo entre “Echelon” (un sistema de escuchas permanentes) y SITEL (un sistema de escuchas tras una autorización judicial).

Yo sólo encuentro una explicación al camino seguido por este asunto: cuando el PP se ve desbordado por sus casos de corrupción (o por la cruda realidad), sólo puede echar mano de extravagantes teorías conspirativas. Y dar a entender que Gürtel es una consecuencia de SITEL es mucha conspiración.