El despido libre y los trabajadores (el corto plazo)

Albert Esplugas, miembro fundador del ultraliberal Instituto Juan de Mariana, publicó hace unas semanas un artículo en Libertad Digital bajo el título A favor del despido libre.

El planteamiento argumental de Albert Esplugas versaba entorno a una supuesta menor remuneración del trabajador debido al actual proteccionismo estatal, que impone al empresario una indemnización por despido (entre otras regulaciones) que éste repercute directamente en el salario de sus empleados, disminuyéndolo en las mismas unidades monetarias en las que esté establecida esa indemnización; por seguir su mismo ejemplo, si a un trabajador le correspondería percibir 18 unidades de salario, el hecho de establecerse una indemnización por despido de 8 unidades hace que el empresario sólo pague al trabajador 10 unidades, en previsión de las 8 unidades que va a tener que pagar en el momento de un teórico despido de su empleado.

La propuesta realizada por Albert Esplugas era la abolición de esa indemnización obligatoria para que cada trabajador pueda pactar directamente con el empresario su salario, optando por percibir esas 8 unidades al final de su contrato o percibirlas dentro de su salario normal; la base económica de dicha propuesta viene dada por la ley de la oferta y la demanda, que aplicada al trabajador vendría a decir que si el coste laboral total del empresario es de 18 unidades, ese es el precio efectivo (el precio de equilibrio) que está dispuesto a pagar el empresario por ese puesto de trabajo, haya indemnización obligatoria o no.

Según el autor del artículo, esa reducción en los costes laborales del empresario repercutiría a corto plazo en la demanda de trabajadores (a menor coste, mayor demanda), lo que podría paliar el incremento en las cifras actuales de paro; a más largo plazo, ese menor coste se volvería a equilibrar a través del incremento proporcional del salario.

En un comentario que remití en contestación a ese reequilibrio al alza del salario advertí a su autor que eliminar un coste empresarial de 8 unidades monetarias va a dejar el salario real percibido por el trabajador en las 10 unidades que percibe en la actualidad, por la misma razón por la que una empresa no pagaría 18 unidades a un proveedor si encuentra a otro proveedor que le ofrezca el mismo producto por 10 unidades; además, dada la escasa capacidad de negociación de un trabajador frente a una empresa (pues el trabajador no puede recurrir a las economías de escala para reducir el coste del producto que oferta, que es su trabajo), la única consecuencia previsible ante una ausencia completa de regulación estatal en materia laboral sería la reducción salarial a niveles mínimos, quedando reservada esa negociación contractual propuesta por Albert Esplugas a trabajadores con una alta especialización (que sí pueden llegar a tener cierta capacidad de negociación frente al empresario).

Lo cierto es que, como me advirtió el autor en otro artículo de su bitácora titulado La ley de hierro de los salarios, reeditada, esa reducción salarial a la que aludía es una teoría económica que aprovechó el marxismo para pronosticar, dentro del capitalismo, una constante reducción de los salarios de los trabajadores hasta los mínimos de subsistencia; pero esa parte de mi respuesta, que es la que ha tomado Albert Esplugas para contestar a mi comentario, no es la fundamental de mi crítica. Ya habrá tiempo, no obstante, para hablar de si esa teoría económica ha sido efectivamente refutada o no, como se ufanan en afirmar los economistas ultraliberales.

Lo fundamental de mi crítica, como amplié en otro comentario en la bitácora del autor, es que esa reducción de costes laborales es un obvio beneficio para el empresario, pero es un perjuicio para el trabajador en todos los aspectos (percepciones monetarias, estabilidad laboral y paro).

En primer lugar, la reducción de costes repercute en el beneficio empresarial, que tiene otros destinos preferentes antes que el incremento de los salarios de los trabajadores. Una reducción de los costes laborales en 8 unidades incrementa automáticamente los beneficios empresariales en esas 8 unidades; de esas 8 unidades, al menos 2 irán a parar al fisco, quedando a la libre disposición de la empresa las 6 restantes. El empresario podrá decidir si esas 6 unidades las destina a incrementar la retribución de los accionistas (mediante un reparto de dividendos), si las utiliza en la provisión de nuevas inversiones o si hace ambas cosas a la vez; sólo cuando la satisfacción de los socios y la expansión de la empresa estén aseguradas pasarán al salario de los trabajadores parte de esas 6 unidades. Si el trabajador podía percibir 18 unidades (por la nómina y por la indemnización en el momento del despido) y va a pasar a percibir un máximo de 16, su percepción monetaria disminuirá en todo caso entre 2 y 8 unidades. El perjuicio es monetario y el perjudicado el trabajador.

En segundo lugar, podría argüirse que la eliminación de las indemnizaciones por despido conllevaría un mayor número de contrataciones de carácter indefinido; sin embargo, lejos de tratarse de una mejora en la estabilidad laboral del trabajador, la consecuencia real es la conversión de todos los contratos en temporales, dado que la empresa podrá realizar un contrato indefinido tanto a un trabajador que sólo necesite para dos semanas como a un trabajador que necesite para dos años. Así, la estabilidad laboral seguiría siendo nula para quienes ahora tienen un contrato temporal y pasaría a ser también nula para quienes ahora tienen un contrato indefinido. El perjuicio es la estabilidad laboral y el perjudicado el trabajador.

Me referiré, finalmente, a los supuestos efectos beneficiosos inmediatos en las cifras de paro. La existencia de una indemnización por despido, lejos de suponer un incremento en la rigidez del mercado laboral español, queda contrarrestada a través de la contratación masiva de trabajadores temporales (con indemnizaciones por despido nulas o muy reducidas); adicionalmente, esas indemnizaciones por despido se ven reducidas a menos de la mitad si se recurre a los expedientes de regulación de empleo. Ante una crisis económica como la actual, la exposición a engrosar las cifras de paro afecta primero a los trabajadores temporales (el 27,9% de los trabajadores asalariados en 2008 frente al 33,8% en 2005, una disminución de 5,9 puntos entre ambos años) y después a los trabajadores indefinidos; el aumento del paro en 5,2 puntos en ese mismo período de tiempo nos indica una clara relación entre ambas cifras, por lo que podemos asegurar que las empresas están utilizando los contratos temporales para reajustar sus costes laborales. Este reajuste a través de los contratos temporales indica que las empresas disponen de mecanismos (y los utilizan) para sortear esa teórica rigidez del mercado laboral español, por lo que la existencia de indemnizaciones por despido elevadas en los contratos indefinidos no tiene efecto (o lo tiene muy reducido) en la flexibilidad laboral y, por lo tanto, tampoco en las cifras de paro. Además, el efecto inmediato de la eliminación de esas 8 unidades como garantía ante una eventual pérdida del puesto de trabajo sería el reajuste del gasto (a la baja, para compensar mediante el ahorro dicha garantía) por parte de los trabajadores; en la actual situación, una mayor disminución del consumo conllevaría un agravamiento aun mayor de la crisis y, como consecuencia, un mayor incremento del paro. El perjuicio es la disminución del consumo y los perjudicados serían, en este caso, tanto el empresario como el trabajador.

Por lo tanto, los efectos a corto plazo de instaurar el despido libre serían la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la degradación de la estabilidad laboral y la disminución del consumo, todos ellos efectos que agravarían aun más si cabe la delicada situación del consumo interno, lo que, lejos de mejorar las cifras de paro, las agravaría aun más.

Las falsas soluciones a una crisis

No hay día que no oigamos o leamos alguna solución que aparenta ser la gran panacea para resolver la crisis; soluciones que provienen, sobre todo, desde los sectores neoliberales. Sin embargo, lejos de tratarse de soluciones que tengan en cuenta los fallos detectados, son simplemente las recetas clásicas del neoliberalismo: un Estado reducido a mero espectador y un mercado libre de toda intervención externa.

Son dos, principalmente, las supuestas soluciones con las que continuamente nos bombardean los neoliberales, una de ellas a nivel global y la otra a nivel local: dejar que el mercado, libre de intervencionismo estatal, se ajuste por sí solo para superar la crisis financiera, y liberalizar completamente el mercado de trabajo español a través de la instauración del despido libre.

Cuando George Bush afirmó el pasado 13 de Noviembre que la crisis financiera no era un fallo del mercado libre, sino un fallo de los gestores de los hedge funds, no le faltaba parte de razón; obviamente, el mercado libre por sí mismo no tiene fallos: son las personas que gestionan y participan en ese mercado quienes cometen fallos y abusos. Sin embargo, el mercado no reaccionó como esas teorías neoliberales se encargan de recordarnos todos los días: no hubo ajuste alguno a los fallos y desmanes de aquellos gestores, sino todo lo contrario; aquellos fallos y abusos fueron alimentados por el propio mercado, que no dudó en demandar más y más de esos hedge funds (aun hoy se desconoce cuántos activos tóxicos se comercializaron y cuántas entidades financieras han quedado afectadas, quedando aun latente la desconfianza entre los propios bancos a la hora de prestarse dinero entre ellos mismos, síntoma inequívoco de que el mercado se hizo con cantidades ingentes de esos hedge funds), convirtiendo a sus gestores en grandes héroes del neoliberalismo.

Los teóricos del neoliberalismo, lejos de reconocer que el sistema por el que abogan tiene graves y desastrosos riesgos y fallos (y la crisis financiera actual es el ejemplo más palpable que una teoría económica pueda haber tenido), no han dudado en responsabilizar al Estado (cómo no) de los desaguisados de los gestores y del nulo reajuste del mercado ante tales desaguisados. ¿La razón? La falta de controles estatales sobre aquellos gestores y sobre los propios hedge funds. Nada que objetar (la intervención del Estado en el mercado tiene esa función de corrección de fallos y prevención de abusos), salvo que eso es justo lo contrario de lo que predican y que fueron las políticas neoliberales de George Bush (aplaudidas por los teóricos neoliberales, que vieron cómo un mercado –el de los hedge funds­– quedaba fuera de las garras reguladoras del Estado, convirtiéndose en un verdadero mercado libre) las que impidieron que la SEC (el organismo supervisor de los mercados financieros estadounidenses) pudiese ejercer su control en ese mercado.

Respecto a la otra solución milagrosa (el despido libre o su definición más políticamente correcta de flexibilización del mercado de trabajo), es obvio que elimina un sobrecoste al empresario (las indemnizaciones), pero todo lo que, según las teorías neoliberales, vendría después en beneficio de los trabajadores, va totalmente en contra de las leyes de mercado comúnmente aceptadas y acérrimamente defendidas por los economistas neoliberales.

Según estas teorías, el ahorro del empresario en la indemnización repercutiría directamente en el salario de los trabajadores (es decir, que el importe que correspondería pagar al empresario como indemnización futura iría a parar a la nómina mensual del trabajador); obviamente, el empresario tendría esa opción, que beneficiaría sin duda al trabajador, pero también tendría otras opciones mucho más acordes con la función de una empresa, como por ejemplo el incremento del beneficio (y el consiguiente reparto de dividendos entre sus socios).

Por otra parte, el mercado laboral español, tan aparentemente rígido, echa mano de forma masiva de los contratos temporales (que tienen una indemnización mínima –de unos 20 € por mes de contrato– para el trabajador), de forma que el coste real de las indemnizaciones para las empresas es muy reducido por trabajador empleado; este dato desbarata en gran medida el argumento de los exagerados costes soportados por el empresario por culpa de una excesiva regulación laboral en nuestro país, a la vez que pone de manifiesto que la negociación salarial (ya sea en convenios colectivos o de forma individual entre trabajador y empresario) dentro de un teórico mercado laboral liberalizado tendría en cuenta, sin duda, ese coste por trabajador (muy bajo en la práctica) para determinar el incremento salarial equivalente a la ausencia de indemnización.

Los teóricos del neoliberalismo podrían argumentar que con el despido libre dejaría de echarse mano de forma masiva a los contratos temporales, lo cual es completamente cierto (podría instaurarse un contrato único indefinido, como sugirió recientemente la OCDE); sin embargo, para el trabajador eso no tendría ningún beneficio, puesto que tanto los contratados para una semana como los contratados para un espacio temporal más amplio estarían expuestos a ser despedidos al día siguiente con la misma facilidad, con la consiguiente degradación de la estabilidad y la seguridad laboral de los trabajadores, o lo que es lo mismo: quienes no tenían estabilidad seguirían sin tenerla y quienes tenían algo de estabilidad se quedarían sin ella.

No obstante, todos estos datos y opciones están basados en el supuesto teórico de una liberalización del mercado laboral en España, pero siempre podemos echar mano de algún ejemplo en el que haya funcionado esa panacea del despido libre para solventar una crisis; sin duda, podríamos dirigir nuestras miradas al mercado laboral más liberalizado, menos intervenido y con mayor movilidad, como es el estadounidense. Y por más que miremos, sólo veremos cifras mensuales de incrementos en las cifras del paro de 650.000 nuevos parados cada uno de los tres últimos meses (más de dos millones de parados nuevos en el último trimestre) y con las peores estadísticas del paro de los últimos 25 años (un 8,1% de tasa de paro, el doble que hace un año).

Los riesgos y los fallos del modelo neoliberal han quedado al descubierto con esta crisis financiera, fruto de un modelo neoliberal puro (un mercado no intervenido); el alcance de esos fallos ha ido mucho más allá del reducido mercado (el de los hedge funds) en el que se originaron, lo que demuestra aun más si cabe el riesgo de dejar en manos exclusivas del mercado la generación de bienestar para la sociedad; y las recetas clásicas de ese modelo neoliberal, como el despido libre, se han demostrado igual de ineficaces (y más lesivas para los más desfavorecidos) que las políticas con mayor intervención o regulación estatal.

Las grandes panaceas y soluciones concretas propuestas por las teorías económicas neoliberales están igual de depreciadas o más que el propio sistema de mercado que defienden. Aunque a algunos les cueste reconocerlo.

11-M. La persistencia del mundo paralelo

Hacía algunos meses que no participaba (aunque sí me asomaba de forma puntual) en los foros que surgieron en torno a los atentados del 11-M, pero el quinto aniversario de aquella masacre y varias portadas seguidas de El Mundo me animaron a volver a entrar en los cada vez menos participativos foros que aun tratan habitualmente este asunto.

El retorcimiento de los datos del que ha hecho gala El Mundo durante casi cinco años en este tema me llevó a preguntarme cual era el verdadero significado de la reciente estadística que el diario de Pedro J. Ramírez presentó como respaldo a las numerosas y continuas falsedades publicadas por ese periódico; esa estadística concluía que más del 80% de los españoles creen que el 11-M no está completamente resuelto.

Lo primero que me llamó la atención es que ninguna de las tres noticias de portada fueron las más leídas (ni en la web de El Mundo ni en la del otro medio conspiracionista por excelencia, Libertad Digital, que recogió las noticias de El Mundo y aportó alguna otra más), aunque sí llegaron a figurar entre las 10 más votadas por los lectores; esto es un signo inequívoco del hastío al que han sometido estos medios a sus lectores habituales, pero sobre todo a los lectores ocasionales, existiendo un mínimo reducto de aquellos peones negros que iban a descubrir América en pleno siglo XXI, que deben ser los que, ansiosos por nuevas noticias de aquella gran conspiración, deben puntuar al máximo cualquier noticia que les siga recordando que, un día, llegaron a hacer mucho ruido y se sintieron incluso importantes dentro de la Historia de España.

Ese hastío está plenamente justificado si nos fijamos en la inamovilidad de las más disparatas teorías conspiracionistas que, lejos de aceptar la realidad de los hechos probado por dos sentencias judiciales (la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo), se siguen manteniendo en el mismo punto en el que se iniciaron: obviar los datos fundamentales de las investigaciones (la existencia de dos reivindicaciones grabadas por El Chino y otra escrita por El Tunecino, el suicidio con dinamita Goma-2 ECO de siete miembros del grupo terrorista que cometió los atentados, el probado tráfico de esa misma dinamita en una mina asturiana en la que estuvieron varios miembros del grupo terrorista unos días antes de los atentados, la presencia de varios de los terroristas en los trenes de la muerte poco antes de que estallaran las mochilas…) para quedarse con los datos accesorios.

Al final acaba siendo muy triste descubrir cómo, cinco años después de haberse iniciado las investigaciones y con nueve de los terroristas de aquella banda criminal condenados, se le niega credibilidad a una Sentencia y hay quien sigue considerando como verdad absoluta una chanza de un comentarista del programa La Linterna que dirige César Vidal en la COPE y que después se encargaría de adornar Federico Jiménez Losantos en el programa La Mañana de esa misma emisora (me refiero a la mochila de Vallecas, que pasó de estar custodiada por los TEDAX a quedar, según la gracia del comentarista, almacenada en la cocina de la casa del responsable de los TEDAX, una chanza que caló hondo incluso en dirigentes populares –Ignacio del Burgo, Eduardo Zaplana y Alicia Castro-, que llegaron a trasladarla al Congreso de los Diputados hasta en tres ocasiones entre Agosto y Septiembre de 2006).

Por lo que he podido observar estos días al discutir sobre el 11-M en algunos foros, hay tres motivos por los que aun hoy quedan conspiracionistas:

1. Por ignorancia. Son aquellos que sólo han seguido la información del 11-M a través de los periódicos y de los foros conspiracionistas sin haberse preocupado por contrastar la información que tienen asimilada como cierta; es tal la bola de nieve de mentiras que ha acabado anidando en su mente que va a ser extremadamente difícil que algún día puedan asumir la realidad tal como es. Son estos los que, con casi toda seguridad, mantendrán activo el conspiracionismo durante largos años.
2. Por orgullo propio. Son aquellos que, habiendo destacado durante los tiempos de mayor auge conspiracionista, se niegan a asumir una realidad que consideran impuesta; han consultado los datos de las fuentes directas y conocen muchos de los errores del periodismo conspiracionista, pero ha sido tal su compromiso pasado con la causa que esperan que alguna revelación pueda cambiar sustancialmente lo básico de los atentados, pudiendo así justificar de alguna manera su actitud pasada. Sin embargo, conforme el 11-M deja de ser actualidad, este grupo se va distanciando paulatinamente de las teorías conspiracionistas.
3. Por pertenencia al grupo. Son aquellos que, aun sabiendo que las posturas defendidas por ellos mismos tiempos atrás no tienen sentido ahora, mantienen ciertos vínculos con el conspiracionismo que les impiden abandonar por completo esas teorías; son los que suelen repetir las consignas menos estrambóticas como respuesta a una discusión en la que se pone de manifiesto la ignorancia del grueso del conspiracionismo actual. Dependiendo de cómo se vayan desenvolviendo sus vínculos personales con el conspiracionismo, algunos abandonarán y otros persistirán, aunque estos últimos serán una minoría.

Las actuales consignas del conspiracionismo, repetidas hasta la saciedad por los tres grupos citados, son la ya consabida autoría intelectual desconocida y la posibilidad de la utilización de Titadyn en los atentados.

La primera es la postura más inteligente a la hora de hacer perdurar las teorías de la conspiración, dado que ese delito no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, nunca va a haber una condena como autor intelectual de los atentados; aunque en la mayor parte de los delitos son los autores materiales los que se planifican con sus propios medios, la muerte de los autores de las reivindicaciones (El Chino y El Tunecino) y de cinco de los integrantes del grupo terrorista (entre ellos Allekema Lamari, miembro del GIA argelino), junto a la huida de varios más, han dejado en el aire (dado que no se puede juzgar a nadie sin su presencia) datos que hubiesen aportado un mayor detalle sobre los atentados.

La segunda postura forma parte del revanchismo político que pretende rebajar o borrar la pésima gestión de la información del entonces Gobierno, que le llevó a perder las Elecciones Generales celebradas tres días después de los atentados; esta postura, que pregona la participación de ETA en el 11-M (en consonancia con lo mantenido contra viento y marea hasta el mismo día de las Elecciones por el entonces Gobierno), es realmente una simple operación de imagen. El hecho es que, aun en el caso de haberse utilizado también Titadyn (siempre en cantidades minoritarias), esta dinamita no tiene por qué haber sido suministrada por ETA (de hecho, no hay ninguna relación conocida entre ambos grupos terroristas), ni quedaría invalidado el uso de los aproximadamente 200 Kg. de Goma-2 ECO de los que pudieron proveerse los terroristas en Mina Conchita (sin los cuales no hubiesen podido cometer los atentados tal como los cometieron, dado que la presencia del ftalato de dibutilo prueba el uso de esa dinamita en todas las bombas), de la misma forma que los autores de las reivindicaciones seguirían siendo los mismos y los terroristas vistos en los trenes por testigos también.

Las otras consignas conspiracionistas que se mantienen a día de hoy derivan todas de las dos anteriores, aunque están debidamente contestadas y resueltas jurídicamente, directa o indirectamente, en las dos Sentencias, por lo que tampoco es necesario insistir más en ellas.

Mi particular visión crítica de la actualidad

Llevo más de 15 años aprovechándome de las ventajas de Internet para alimentar mi sed de aprendizaje en las más diversas áreas de conocimiento; unas veces por necesidades personales, otras por simple curiosidad intelectual, otras por cuestiones laborales y otras por no saber qué otra cosa hacer, lo cierto es que me he pasado muchas horas (calculo que más del 50% de las horas de los últimos 15 años) frente al ordenador.

Durante estos últimos 15 años me he interesado por temas tan variopintos como la macroeconomía, las relaciones laborales, las ciencias sociales, la energía eólica o el 11-M, entre muchos otros; la necesidad de conocer datos fiables sin dejarme el sueldo en largos desplazamientos me ha hecho intentar acceder, siempre que he podido, a fuentes primarias de información disponibles en Internet.

Al menos en los temas que he ido tratando o por los que me he ido interesando durante estos años, creo que puedo aportar una visión crítica de algunos aspectos de la actualidad que puede resultarle interesante a algún lector despistado que pueda pasar por aquí.

La crisis económica, las últimas propuestas de las teorías ultraliberales para superarla, las políticas laborales de una parte y otra del espectro político español, la persistencia de las teorías de la conspiración en torno al 11-M, los verdaderos datos de la energía eólica como fuente de energía alternativa y cualquier otra noticia de actualidad será tratada en esta bitácora, siempre y cuando mi limitado tiempo me lo permita.

Empezaré con el último tema que he tratado con cierta amplitud, que no es otro que las teorías de la conspiración en torno al 11-M que ya traté durante dos años en mi bitácora Peón Gris.