Un AVE para cada ZEPA

Hay veces que las justificaciones que se dan a actuaciones de difícil justificación sobrepasan con creces el ridículo más absoluto y chocan frontalmente con la racionalidad que, aunque sea en su expresión mínima, se nos presupone a los seres humanos.

Son sin duda los políticos los que con más asiduidad nos ofrecen esas estrambóticas justificaciones que, si no fuese porque normalmente se trata de asuntos conflictivos y poco dados a los chistes fáciles, podrían formar parte de algún que otro vídeo chistoso en el que se recopilasen las mejores chorradas del año.

Ayer fue el Director General de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine, quien habló al tendido como si se tratase de un humorista cualquiera en el Club de la Comedia; al tratar de justificar sus oídos sordos a las críticas de muchos vecinos de Castellón por hacer pasar un tren (o un autobús, porque nadie sabe exactamente qué es eso del TRAM) por dentro del Parque Ribalta (el pulmón verde de la ciudad), la respuesta fue que les hacía ilusión que los usuarios de ese TRAM (a quienes, según él, hay que mimar tanto como se mima a cualquier usuario de otros medios de transporte) pudiesen disfrutar del maravilloso entorno del Parque Ribalta.

Así, puestos a mimar a los usuarios del transporte público, ya me veo el nuevo trazado de la N-340 pasando por el mismo centro del Desierto de las Palmas, para que los usuarios (muchos de ellos turistas, que verían de primera mano y sin bajarse del coche lo que se van a perder si no cogen la primera salida) disfrutasen de ese maravilloso entorno protegido.

Puestos a mimar a los usuarios del transporte público, ya me veo modificando los trazados de despegue y aterrizaje del nuevo y flamante aeropuerto de Castellón para que esos pasajeros que han pasado o van a pasar largas horas por el aire puedan ver de cerca, en vuelo rasante, el maravilloso entorno de las Islas Columbretes.

Y puestos a mimar a los usuarios del transporte público y matar dos pájaros de un tiro (y nunca mejor dicho), nuestro estimado Director General de Transportes, Vicente Dómine, acaba de aportar una justificación a un teórico (y ficticio, por el momento) trazado del AVE (el tren) por la ZEPA y el Parque Natural del Peñagolosa, porque bien se merecen los usuarios del AVE disfrutar de ese maravilloso entorno protegido… y además, de paso, se invierte en infraestructuras en los pueblos del interior, que digo yo que, de vez en cuando, también estaría bien que nos mimaran. ¿No, señor Dómine?

La energía eólica terrestre, esa gran estafa

Los saldos eléctricos españoles (las exportaciones de electricidad –cuando la producción supera la demanda– menos las importaciones de electricidad –cuando la producción nacional no cubre la demanda interna–), tal y como puede comprobarse en el gráfico de más arriba, han pasado de ser negativos hasta 2003 (necesitábamos más electricidad de la que producíamos) a ser positivos a partir de 2004 (producimos más electricidad de la que necesitamos y, por lo tanto, podemos venderla); hemos pasado de necesitar 5.330 GWh a sobrarnos 11.221 GWh (16.551 GWh de diferencia a nuestro favor entre 2003 y 2008). Se trata, sin duda, de una excelente noticia.

Las empresas eólicas, a través de la a veces excesivamente crédula prensa, nos bombardean con sus grandes logros en cuanto a producción de energía eléctrica; y cómo no, son sus logros (pasar de una producción de 12.140 GWh en 2003 a los 31.508 GWh de 2008, es decir, un incremento de 19.368 GWh) los que han permitido invertir el saldo eléctrico español.

Sin duda se trataría, si así fuera, de un gran logro; y con los dos gráficos anteriores convenientemente publicados en la prensa nacional, nos asombrarían a todos.

Pero los productores de electricidad a través de fuentes térmicas también podrían utilizar esos mismos argumentos, aunque multiplicados por más de dos (puesto que el incremento en la producción ha sido de 48.100 GWh desde 2003 hasta 2008 al pasar de 108.489 GWh a 156.589 GWh).

Aunque el efecto de la publicación del primer gráfico y este último generaría en nosotros un asombro igual o mayor que los gráficos que pudiesen publicar las empresas eólicas, lo cierto es que la térmica no vende (no es verde, como les gusta decir a las eólicas) y las empresas que producen electricidad a través de fuentes térmicas renuncian a dar demasiada publicidad a estos datos; algo que, por otra parte, tampoco les perjudica a esas empresas, puesto que las eólicas y las térmicas son en realidad las mismas empresas con distintos nombres.

Sin duda habrá quien, a estas alturas, habrá deducido que la eficiencia productiva de las térmicas habrá mejorado mucho estos últimos años, puesto que tanto las empresas eólicas como los gobiernos autonómicos han insistido constantemente en que el incremento de la producción eólica evitaría la apertura de más centrales térmicas o nucleares, e incluso se ha llegado a afirmar que podrían cerrarse paulatinamente este tipo de plantas de generación eléctrica.

Viendo el gráfico anterior comprobamos que la eficiencia de la termoeléctrica ha permanecido en los mismos niveles durante estos últimos años (incluso ha disminuido, por razones achacables, principalmente, a la forma en la que la eólica entra en el sistema de distribución eléctrica), así que no es ese el motivo de ese incremento en la producción eléctrica a través plantas térmicas; y si no es la eficiencia la que ha permitido ese incremento en la producción sólo nos queda una opción.

Parece que nuestra capacidad de asombro no tenga límites, ¿verdad? Habrá ahora quien se pregunte cómo es posible que se haya tenido que instalar más potencia termoeléctrica si con la potencia eólica ya nos sobra energía eléctrica hasta para venderla a nuestros países vecinos; la respuesta la tenemos en los gráficos diarios de producción de energía eólica.

Arriba tenemos los gráficos de producción de electricidad en tiempo real de todas las centrales eólicas instaladas en España; he elegido dos días de los meses de Febrero (el 15) y de Julio (el 26) de 2008 para que los datos estén referidos a distintas épocas del año. Adicionalmente, he incorporado los datos del día 3 de Enero de 2009 como comprobación de que los defectos en la producción eólica son los mismos un año tras otro, independientemente de la potencia instalada.

Como puede observarse en los gráficos, la producción de electricidad a través de los aerogeneradores instalados a lo largo y ancho de las montañas españolas puede situarse incluso por debajo de los 500 MW (488 MW el 15/02/2008 ó 430 MW el 03/01/2009). ¿Y qué significado tiene esto?, se preguntarán algunos. A través de un dato y de una pregunta obtendremos la respuesta: si sabemos que el mayor pico de demanda de energía eléctrica (el momento durante el cual todos los españoles estábamos, por ejemplo, con la calefacción a todo trapo) durante 2008 fue de 42.961 MW (el 15 de Diciembre entre las 19:00 y las 20:00), debemos preguntarnos cómo se cubre esa demanda (es decir, cómo se evita que empiecen a quemarse transformadores y subestaciones y nos quedemos sin nuestra calefacción) si ese momento coincide justo con uno de esos niveles de producción eólica por debajo de los 500 MW.

A la hora de planificar cómo se cubrirá la demanda de energía, la solución pasa, obviamente, por ignorar por completo la potencia eólica instalada y hacer la planificación en base a las centrales de producción de electricidad más fiables, de forma que, en los resultados de esa planificación, estas últimas sean capaces de cubrir completamente los niveles más altos de demanda. Esto, aplicado a la vida real, significa, por ejemplo, que la central nuclear de Garoña no se cierra porque tengamos ahora mucha más producción eólica que hace ocho años, sino porque las nuevas (o mejoradas) centrales térmicas serán capaces de suplir el cierre de esa central nuclear aun cuando la producción eólica esté en niveles cercanos a 0.

El segundo gráfico de este artículo (que sería lo que nos mostrarían las empresas eólicas para vender que el cierre de Garoña es gracias a ellos) resultaría, por lo tanto, una falacia; sería, por el contrario, el tercer gráfico, el que mostraría las razones del cierre de la central nuclear de Garoña.

Este es sólo uno de los aspectos de la gran estafa eólica, aunque es el aspecto que más nos suele convencer a las personas de a pie acerca de la bondad de la energía eólica (instalar inofensivos molinos de viento –energía verde– para cerrar las peligrosas centrales nucleares –residuos radiactivos–); han surgido últimamente en determinados medios de comunicación numerosas apreciaciones técnicas y económicas que incrementan esa sensación de estafa. Como todo en esta vida, cualquier titular rimbombante y llamativo sobre un asunto cualquiera debe ser comprobado antes de darlo por cierto (y este artículo no es una excepción, aunque se hayan aportado los datos y los gráficos que le dan el imprescindible soporte técnico), pero muchos de esos titulares dan de lleno en el clavo.

Los costes de producción de la energía eólica terrestre son desorbitados respecto al resto de energías (así lo reconocen incluso las publicaciones especializadas y favorables a la energía eólica, como puede comprobarse en este artículo de Energías Renovables), cada puesto de trabajo que genera la energía eólica destruye 2,2 puestos de trabajo de otros sectores (puede verse un resumen del informe completo en este artículo de Expansión), las mismas empresas que generan residuos radiactivos con las centrales nucleares son las que se vanaglorian de su apuesta por la energía verde (ENDESA e Iberdrola por separado, o ambas a la vez –como ocurre con Garoña–, son propietarias de todas las centrales nucleares españolas)…

Y así, un largo e interminable etcétera.

Debe promoverse desde las administraciones públicas la generación de energía a través de fuentes renovables; pero se debe informar a los ciudadanos no sólo de los beneficios de las energía verdes (esos beneficios los conocemos perfectamente a través de las continuas campañas publicitarias de las productoras de electricidad, aunque también de las campañas de las propias administraciones públicas), sino también de sus desventajas.

Esta gran estafa dejaría de serlo desde el momento en que los ciudadanos pudiésemos elegir, con todos los datos encima de la mesa, si merecen la pena los beneficios ya conocidos asumiendo todas esas desventajas que tanto parece que cuesta hacer públicas.

Guardianes contra abducidos, y la casa sin barrer

Se preguntaba Pedro J. Ramírez el pasado día 13, en su sección diaria El Mundo en 2 minutos, qué íbamos a alegar los guardianes de la versión oficial ante la información que su diario iba a publicar al día siguiente respecto a Daoud Ouhnane, uno de los terroristas huidos que cometió, según apuntan todos los indicios, los atentados del 11-M. Yo he sido parte activa, durante dos largos años, del conflicto entre esos guardianes de la versión oficial a los que se refería Pedro J. Ramírez y los inmaculados investigadores independientes buscadores de la gran verdad del 11-M (casi todos ellos en nómina de El Mundo).

La gran victoria del conspiracionismo (del que ha sido el mayor exponente –por su peso mediático– el diario de Pedro J. Ramírez) fue la de radicalizar y polarizar la sociedad, sin posibilidad de mantener posiciones intermedias, entre quienes buscaban la verdad del 11-M (ellos) y quienes obstaculizábamos esa verdad (el resto); cualquier discrepancia de opinión con las falsedades, manipulaciones y noticias deliberadamente amputadas publicadas por El Mundo colocaban al discrepante no entre quienes criticaban un periodismo denodadamente falaz y pernicioso, sino entre quienes obstaculizaban la verdad del 11-M.

Esa apropiación unilateral (o mejor, esa expropiación, siendo los expropiados todos los discrepantes de ese estilo de hacer periodismo) de la búsqueda de la verdad aun permanece hoy, como queda de manifiesto en sus palabras del pasado día 13, entre el falaz, cínico e hipócrita argumentario de un Pedro J. Ramírez públicamente adscrito a la autoría islamista de la versión oficial; y es que es esa apropiación la única justificación posible para seguir vendiendo como esclarecimiento del 11-M lo que no es más que una persecución descarada y descarnada no contra los terroristas de cometieron los atentados, sino contra quienes investigaron a esos terroristas. Una persecución que, bajo esa capa protectora de una supuesta búsqueda de la verdad y con la apariencia de verosimilitud que le dan los artículos publicados en el segundo periódico generalista nacional, es a la que dedican su tiempo ciudadanos completamente abducidos por el deseo obsesivo de encontrar un nuevo GAL dirigido por las cloacas del Estado, siempre controladas por el PSOE. Estoy hablando, por si hay algún despistado, de los llamados Peones Negros (los libres, los independientes o los que sean).

Aquella polarización y radicalización de posturas ha impedido abrir un debate social acerca de lo que realmente debería preocuparnos a todos, y los últimos artículos de El Mundo son un claro ejemplo de ese desvío de la atención hacia elementos tangenciales que no nos van a llevar nunca a tratar el problema desde la raíz; en uno de esos artículos se recordaba (aunque haya pasado completamente desapercibido) algún testimonio que explicó cómo todos los habitantes de la casa por donde pasaron Daoud Ouhnane y otros dos de los sospechosos de haber cometido los atentados del 11-M sabían que aquéllos fueron los autores de aquella masacre. Pero no sólo lo sabían los habitantes de aquella casa (siendo una vivienda destinada a ayudar a terroristas puede entenderse que nadie quisiese denunciarlo), sino que lo sabían también casi todos los que acudían a una mezquita próxima.

Ese es el verdadero problema: la creación de guetos cada vez más herméticos que tienen una clara prioridad por la protección de los integrantes de esos guetos frente a la protección del resto de ciudadanos de la sociedad que les acoge.

El conspiracionismo, con los focos puestos en la dirección errónea, es el principal obstáculo para poder abrir el debate en la sociedad acerca de cómo evitar la creación y el desarrollo de esos guetos herméticos, que pueden convertirse (como se ha visto en este caso) en un grave problema para la seguridad de todos nosotros; y los anticonspiracionistas, sin quererlo, hemos estado (y estamos) contribuyendo a mantener (y a darles importancia) esos focos que apuntan hacia la dirección errónea.

Por mi parte, creo que es hora de poner fin a ese desvío de atención que tan rentable les ha salido a algunos; debe abrirse ya el debate correcto en la sociedad, así que no voy a ser yo quien contribuya y alimente más el debate erróneo.

Camps y el caso de las bajadas de impuestos desaparecidas

Todos habremos oído alguna vez a los dirigentes populares (tanto autonómicos como estatales) hablar de la necesaria reducción de impuestos para afrontar la grave crisis económica que estamos sufriendo los ciudadanos de este planeta globalizado llamado Tierra.

Francisco Camps, el flamante Presidente de la Generalitat Valenciana, no es una excepción; son múltiples sus comparecencias, a lo largo de estos últimos meses, exigiendo esa rebaja de impuestos al gobierno central de Zapatero. Se sobreentiende que si Camps exige esa rebaja a Zapatero es porque predica con el ejemplo.

Para la mayoría de los que, como yo, no disponemos del tiempo suficiente para andar consultando cómo nos puede afectar económicamente cada modificación que los políticos hacen en las leyes que regulan los impuestos, es en el momento de hacer la declaración de la renta cuando descubrimos lo cierto y lo falso de lo que se ha dicho y se ha escrito a lo largo de los meses posteriores a la aprobación de los presupuestos estatales y autonómicos.

Han sido muchos los rumores que han ido circulando a través de correos electrónicos sobre la desaparición de los 400 €, sobre la desaparición de los 2.500 € a las nuevas madres o sobre tantas y tantas supuestas modificaciones legislativas del gobierno socialista que iban a suponer una grave quiebra económica para todas las familias españolas; una vez llegado el momento de realizar la declaración de la renta puede resultar chocante comprobar cómo esas deducciones siguen estando en las mismas casillas de la declaración de la renta que el año pasado, o lo que es lo mismo, nos damos cuenta de las falsedades interesadas que van rondando por Internet, sobre todo cuando se acercan algunas elecciones.

Lo cierto es que, lejos de aquellos agoreros rumores, es de agradecer comprobar cómo el Estado ha reducido en un 6% los impuestos que gravan algunos rendimientos agrícolas (como los obtenidos en la producción de frutos secos, un sector que ha visto cómo los precios de venta al público son más del 700% más elevados que los que se obtienen de la producción) o cómo han vuelto a aparecer las casillas para la desgravación de parte del importe pagado por el alquiler de la vivienda habitual.

Lo que ya no es tanto de agradecer es comprobar cómo quienes predican (y exigen a los demás) una cosa hacen justo la contraria, y este es el caso de Francisco Camps; con más de media España (y no digamos ya los valencianos) hipotecada hasta las cejas, produce sonrojo (por no decir palabras un poco más gruesas) comprobar cómo las desgravaciones autonómicas (las que se encargan de regular nuestros dirigentes del PP valenciano) por la adquisición de la vivienda habitual se han reducido a aquellas viviendas compradas después de 2006.

No sabemos dónde deben haber ido a parar las modificaciones legislativas para bajar (o al menos para no subir) los impuestos de los valencianos, pero desde luego no están en la declaración de la renta de este año; y lo que también resulta curioso es que ninguno de aquellos rumores (¿de dónde debieron surgir?) hiciese referencia a la desaparición de las desgravaciones autonómicas para aquellos que nos hipotecamos hace más de tres años.

La espiral salarios-precios como mecanismo contra la deflación

Cuánto habremos oído, durante años, la necesaria contención salarial que siempre se les exige a los sindicatos (es decir, a los trabajadores) a la hora de negociar los incrementos salariales en los convenios colectivos; la razón venía dada por la teoría económica según la cual un incremento de los salarios por encima del IPC (Índice de Precios al Consumo) tendería a elevar más el IPC (al incrementarse los salarios y, en consecuencia, haber más dinero líquido en circulación, habría más demanda de productos, lo que podría crear una escasez de los mismos que incrementaría sus precios, algo que también ocurriría por la vía de compensar el incremento de los costes laborales aumentando el precio final al consumidor). Es lo que se conoce como la espiral salarios-precios.

Hoy se ha conocido el dato adelantado del IPC Armonizado correspondiente a Marzo; el dato (-0,1%) nos mete de lleno en lo que se ha dado en llamar deflación (un descenso de la inflación, o lo que es lo mismo, un descenso de los precios), una palabra maldita entre los economistas dado que indica (según la teoría económica) una parálisis completa de los mercados (la demanda de productos y servicios disminuye al generarse la expectativa de una mayor reducción de precios en el futuro inmediato).

En las teorías económicas se admiten intervenciones externas a los mercados para luchar contra la deflación; estas intervenciones son la bajada de los tipos de interés (algo que están haciendo todos los bancos centrales desde hace unos meses y que conlleva una desincentivación del ahorro –no resulta rentable ahorrar a tipos de interés muy bajos, por lo que el dinero se destina al consumo y se genera así más demanda–), el aumento del gasto público (para compensar la disminución de la demanda privada, algo que también están aplicando numerosos gobiernos a costa de un incremento del déficit o de la deuda pública) y la rebaja de impuestos (que generan mayor disposición de líquido para destinarlo al consumo, aunque también a costa de un mayor endeudamiento público). No entra dentro de la ortodoxia económica, como puede observarse, la lucha contra la deflación a través del aumento de los salarios (que, según esa misma ortodoxia, está demostrado que genera una mayor demanda); la causa es obvia (ante una situación de deflación, los beneficios empresariales disminuyen, lo que, unido a mayores costes laborales, agravarían la situación), pero hay algo que no acaba de cuadrar.

Existe un evidente desequilibrio en las teorías económicas a la hora de tratar los incrementos salariales en épocas de inflación o en épocas de deflación: cuando los beneficios empresariales no son los esperados (es decir, cuando se atraviesa una situación de crisis) es comprensible un llamamiento a la contención salarial para no agravar la situación (el riesgo de cierre empresarial y, en consecuencia, la destrucción de puestos de trabajo, se incrementan). Sin embargo, la ortodoxia económica extiende la contención salarial también a épocas en las que los beneficios empresariales están por encima de lo esperado, en cuyo caso la teoría no acepta ningún tipo de moderación a los beneficios, protegiendo a éstos y prohibiendo su repercusión en los salarios (recordemos que cuando se habla de contención salarial en épocas de grandes beneficios se recurre al control de la inflación para justificar esa moderación, dejando sin embargo plena libertad a la empresa para repercutir en el consumidor el menor beneficio extraordinario que se obtendría al incrementar el gasto en los salarios).

A los sindicatos siempre se les ha presionado en este doble sentido para impedir que sus reivindicaciones pudiesen prosperar, tanto en épocas de bonanza económica como en épocas de crisis; cuando los beneficios son altos, los salarios no pueden incrementarse por encima del IPC para que la empresa no traslade al consumidor ese incremento, y cuando los beneficios disminuyen tampoco pueden incrementarse los salarios porque se pone en riesgo la viabilidad de la empresa. Cuando estamos en una etapa de inflación, los salarios no pueden incrementarse por encima del IPC porque la espiral salarios-precios generaría más inflación; y cuando estamos en una etapa de deflación, los salarios tampoco pueden incrementarse porque la deflación es un indicativo de menores beneficios empresariales futuros.

La actual situación económica ha puesto más de manifiesto que nunca esta doble interpretación de una misma realidad. A la hora de sentar las bases para la negociación de los convenios colectivos, las asociaciones empresariales han echado mano (con el respaldo de la mayor parte de los economistas) de la ortodoxia económica para exigir una contención salarial que impida que los sueldos aumenten más allá del 1%; sin embargo, las organizaciones sindicales han echado mano de la espiral salarios-precios a la que siempre han aludido tanto la patronal como los economistas, exigiendo incrementos salariales superiores al 2% (aunque en casos concretos, como el de SEAT, se pueda optar por la congelación salarial) para mejorar la demanda, puesto que la actual crisis no es de oferta.

Los sindicatos han hecho bien en exponer claramente que si la espiral salarios-precios incrementa la inflación, también ha de tenerse en cuenta como mecanismo para luchar contra la deflación, aun cuando deban estudiarse los casos concretos de empresas con problemas de viabilidad; no es coherente prohibir o exigir la aplicación de un principio económico según si beneficia o no a una de las partes que forman parte de la economía. En cualquier caso, esta postura de los sindicatos es una apuesta de futuro para cuando amaine el actual temporal de la crisis, dado que la negativa a aplicar el principio económico de la espiral salarios-precios para luchar contra la deflación resta credibilidad a las tesis que defienden ese mismo principio para luchar contra la inflación.

Las asociaciones empresariales (y gran parte de los economistas) han argumentado diferentes medidas para salir beneficiados en cuanto a la fijación de los salarios, como que éstos queden referenciados a la productividad marginal del trabajo (con un ritmo de incrementos acumulados mucho menor que el IPC); es completamente lícito buscar los argumentos más beneficiosos para cada cual, pero lo que no se puede hacer es aplicar el IPC para todos los costes e ingresos de la empresa (es el IPC el que se aplica también a los precios finales del producto) y exigir una excepción sólo en unos costes (los laborales). Este recurso a la doble valoración de un mismo hecho (la aplicabilidad o no de un mismo principio económico o la distinta referenciación de uno de los costes empresariales) ha de dejar de ser la tónica habitual de las asociaciones empresariales y de los economistas, y la mejor forma de forzarles a reconocer su doble vara de medir es exponer públicamente las contradicciones en las que incurren para defender sus intereses.

La contención y la moderación debe exigirse, más allá de las teorías económicas, a todos los agentes que forman parte de la economía, puesto que la economía forma parte de la sociedad, que no está conformada sólo por empresas y empresarios, que son (nadie lo pone en duda) uno de los principales motores del bienestar social, pero no el único.

El despido libre y los trabajadores (el corto plazo)

Albert Esplugas, miembro fundador del ultraliberal Instituto Juan de Mariana, publicó hace unas semanas un artículo en Libertad Digital bajo el título A favor del despido libre.

El planteamiento argumental de Albert Esplugas versaba entorno a una supuesta menor remuneración del trabajador debido al actual proteccionismo estatal, que impone al empresario una indemnización por despido (entre otras regulaciones) que éste repercute directamente en el salario de sus empleados, disminuyéndolo en las mismas unidades monetarias en las que esté establecida esa indemnización; por seguir su mismo ejemplo, si a un trabajador le correspondería percibir 18 unidades de salario, el hecho de establecerse una indemnización por despido de 8 unidades hace que el empresario sólo pague al trabajador 10 unidades, en previsión de las 8 unidades que va a tener que pagar en el momento de un teórico despido de su empleado.

La propuesta realizada por Albert Esplugas era la abolición de esa indemnización obligatoria para que cada trabajador pueda pactar directamente con el empresario su salario, optando por percibir esas 8 unidades al final de su contrato o percibirlas dentro de su salario normal; la base económica de dicha propuesta viene dada por la ley de la oferta y la demanda, que aplicada al trabajador vendría a decir que si el coste laboral total del empresario es de 18 unidades, ese es el precio efectivo (el precio de equilibrio) que está dispuesto a pagar el empresario por ese puesto de trabajo, haya indemnización obligatoria o no.

Según el autor del artículo, esa reducción en los costes laborales del empresario repercutiría a corto plazo en la demanda de trabajadores (a menor coste, mayor demanda), lo que podría paliar el incremento en las cifras actuales de paro; a más largo plazo, ese menor coste se volvería a equilibrar a través del incremento proporcional del salario.

En un comentario que remití en contestación a ese reequilibrio al alza del salario advertí a su autor que eliminar un coste empresarial de 8 unidades monetarias va a dejar el salario real percibido por el trabajador en las 10 unidades que percibe en la actualidad, por la misma razón por la que una empresa no pagaría 18 unidades a un proveedor si encuentra a otro proveedor que le ofrezca el mismo producto por 10 unidades; además, dada la escasa capacidad de negociación de un trabajador frente a una empresa (pues el trabajador no puede recurrir a las economías de escala para reducir el coste del producto que oferta, que es su trabajo), la única consecuencia previsible ante una ausencia completa de regulación estatal en materia laboral sería la reducción salarial a niveles mínimos, quedando reservada esa negociación contractual propuesta por Albert Esplugas a trabajadores con una alta especialización (que sí pueden llegar a tener cierta capacidad de negociación frente al empresario).

Lo cierto es que, como me advirtió el autor en otro artículo de su bitácora titulado La ley de hierro de los salarios, reeditada, esa reducción salarial a la que aludía es una teoría económica que aprovechó el marxismo para pronosticar, dentro del capitalismo, una constante reducción de los salarios de los trabajadores hasta los mínimos de subsistencia; pero esa parte de mi respuesta, que es la que ha tomado Albert Esplugas para contestar a mi comentario, no es la fundamental de mi crítica. Ya habrá tiempo, no obstante, para hablar de si esa teoría económica ha sido efectivamente refutada o no, como se ufanan en afirmar los economistas ultraliberales.

Lo fundamental de mi crítica, como amplié en otro comentario en la bitácora del autor, es que esa reducción de costes laborales es un obvio beneficio para el empresario, pero es un perjuicio para el trabajador en todos los aspectos (percepciones monetarias, estabilidad laboral y paro).

En primer lugar, la reducción de costes repercute en el beneficio empresarial, que tiene otros destinos preferentes antes que el incremento de los salarios de los trabajadores. Una reducción de los costes laborales en 8 unidades incrementa automáticamente los beneficios empresariales en esas 8 unidades; de esas 8 unidades, al menos 2 irán a parar al fisco, quedando a la libre disposición de la empresa las 6 restantes. El empresario podrá decidir si esas 6 unidades las destina a incrementar la retribución de los accionistas (mediante un reparto de dividendos), si las utiliza en la provisión de nuevas inversiones o si hace ambas cosas a la vez; sólo cuando la satisfacción de los socios y la expansión de la empresa estén aseguradas pasarán al salario de los trabajadores parte de esas 6 unidades. Si el trabajador podía percibir 18 unidades (por la nómina y por la indemnización en el momento del despido) y va a pasar a percibir un máximo de 16, su percepción monetaria disminuirá en todo caso entre 2 y 8 unidades. El perjuicio es monetario y el perjudicado el trabajador.

En segundo lugar, podría argüirse que la eliminación de las indemnizaciones por despido conllevaría un mayor número de contrataciones de carácter indefinido; sin embargo, lejos de tratarse de una mejora en la estabilidad laboral del trabajador, la consecuencia real es la conversión de todos los contratos en temporales, dado que la empresa podrá realizar un contrato indefinido tanto a un trabajador que sólo necesite para dos semanas como a un trabajador que necesite para dos años. Así, la estabilidad laboral seguiría siendo nula para quienes ahora tienen un contrato temporal y pasaría a ser también nula para quienes ahora tienen un contrato indefinido. El perjuicio es la estabilidad laboral y el perjudicado el trabajador.

Me referiré, finalmente, a los supuestos efectos beneficiosos inmediatos en las cifras de paro. La existencia de una indemnización por despido, lejos de suponer un incremento en la rigidez del mercado laboral español, queda contrarrestada a través de la contratación masiva de trabajadores temporales (con indemnizaciones por despido nulas o muy reducidas); adicionalmente, esas indemnizaciones por despido se ven reducidas a menos de la mitad si se recurre a los expedientes de regulación de empleo. Ante una crisis económica como la actual, la exposición a engrosar las cifras de paro afecta primero a los trabajadores temporales (el 27,9% de los trabajadores asalariados en 2008 frente al 33,8% en 2005, una disminución de 5,9 puntos entre ambos años) y después a los trabajadores indefinidos; el aumento del paro en 5,2 puntos en ese mismo período de tiempo nos indica una clara relación entre ambas cifras, por lo que podemos asegurar que las empresas están utilizando los contratos temporales para reajustar sus costes laborales. Este reajuste a través de los contratos temporales indica que las empresas disponen de mecanismos (y los utilizan) para sortear esa teórica rigidez del mercado laboral español, por lo que la existencia de indemnizaciones por despido elevadas en los contratos indefinidos no tiene efecto (o lo tiene muy reducido) en la flexibilidad laboral y, por lo tanto, tampoco en las cifras de paro. Además, el efecto inmediato de la eliminación de esas 8 unidades como garantía ante una eventual pérdida del puesto de trabajo sería el reajuste del gasto (a la baja, para compensar mediante el ahorro dicha garantía) por parte de los trabajadores; en la actual situación, una mayor disminución del consumo conllevaría un agravamiento aun mayor de la crisis y, como consecuencia, un mayor incremento del paro. El perjuicio es la disminución del consumo y los perjudicados serían, en este caso, tanto el empresario como el trabajador.

Por lo tanto, los efectos a corto plazo de instaurar el despido libre serían la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la degradación de la estabilidad laboral y la disminución del consumo, todos ellos efectos que agravarían aun más si cabe la delicada situación del consumo interno, lo que, lejos de mejorar las cifras de paro, las agravaría aun más.

Las falsas soluciones a una crisis

No hay día que no oigamos o leamos alguna solución que aparenta ser la gran panacea para resolver la crisis; soluciones que provienen, sobre todo, desde los sectores neoliberales. Sin embargo, lejos de tratarse de soluciones que tengan en cuenta los fallos detectados, son simplemente las recetas clásicas del neoliberalismo: un Estado reducido a mero espectador y un mercado libre de toda intervención externa.

Son dos, principalmente, las supuestas soluciones con las que continuamente nos bombardean los neoliberales, una de ellas a nivel global y la otra a nivel local: dejar que el mercado, libre de intervencionismo estatal, se ajuste por sí solo para superar la crisis financiera, y liberalizar completamente el mercado de trabajo español a través de la instauración del despido libre.

Cuando George Bush afirmó el pasado 13 de Noviembre que la crisis financiera no era un fallo del mercado libre, sino un fallo de los gestores de los hedge funds, no le faltaba parte de razón; obviamente, el mercado libre por sí mismo no tiene fallos: son las personas que gestionan y participan en ese mercado quienes cometen fallos y abusos. Sin embargo, el mercado no reaccionó como esas teorías neoliberales se encargan de recordarnos todos los días: no hubo ajuste alguno a los fallos y desmanes de aquellos gestores, sino todo lo contrario; aquellos fallos y abusos fueron alimentados por el propio mercado, que no dudó en demandar más y más de esos hedge funds (aun hoy se desconoce cuántos activos tóxicos se comercializaron y cuántas entidades financieras han quedado afectadas, quedando aun latente la desconfianza entre los propios bancos a la hora de prestarse dinero entre ellos mismos, síntoma inequívoco de que el mercado se hizo con cantidades ingentes de esos hedge funds), convirtiendo a sus gestores en grandes héroes del neoliberalismo.

Los teóricos del neoliberalismo, lejos de reconocer que el sistema por el que abogan tiene graves y desastrosos riesgos y fallos (y la crisis financiera actual es el ejemplo más palpable que una teoría económica pueda haber tenido), no han dudado en responsabilizar al Estado (cómo no) de los desaguisados de los gestores y del nulo reajuste del mercado ante tales desaguisados. ¿La razón? La falta de controles estatales sobre aquellos gestores y sobre los propios hedge funds. Nada que objetar (la intervención del Estado en el mercado tiene esa función de corrección de fallos y prevención de abusos), salvo que eso es justo lo contrario de lo que predican y que fueron las políticas neoliberales de George Bush (aplaudidas por los teóricos neoliberales, que vieron cómo un mercado –el de los hedge funds­– quedaba fuera de las garras reguladoras del Estado, convirtiéndose en un verdadero mercado libre) las que impidieron que la SEC (el organismo supervisor de los mercados financieros estadounidenses) pudiese ejercer su control en ese mercado.

Respecto a la otra solución milagrosa (el despido libre o su definición más políticamente correcta de flexibilización del mercado de trabajo), es obvio que elimina un sobrecoste al empresario (las indemnizaciones), pero todo lo que, según las teorías neoliberales, vendría después en beneficio de los trabajadores, va totalmente en contra de las leyes de mercado comúnmente aceptadas y acérrimamente defendidas por los economistas neoliberales.

Según estas teorías, el ahorro del empresario en la indemnización repercutiría directamente en el salario de los trabajadores (es decir, que el importe que correspondería pagar al empresario como indemnización futura iría a parar a la nómina mensual del trabajador); obviamente, el empresario tendría esa opción, que beneficiaría sin duda al trabajador, pero también tendría otras opciones mucho más acordes con la función de una empresa, como por ejemplo el incremento del beneficio (y el consiguiente reparto de dividendos entre sus socios).

Por otra parte, el mercado laboral español, tan aparentemente rígido, echa mano de forma masiva de los contratos temporales (que tienen una indemnización mínima –de unos 20 € por mes de contrato– para el trabajador), de forma que el coste real de las indemnizaciones para las empresas es muy reducido por trabajador empleado; este dato desbarata en gran medida el argumento de los exagerados costes soportados por el empresario por culpa de una excesiva regulación laboral en nuestro país, a la vez que pone de manifiesto que la negociación salarial (ya sea en convenios colectivos o de forma individual entre trabajador y empresario) dentro de un teórico mercado laboral liberalizado tendría en cuenta, sin duda, ese coste por trabajador (muy bajo en la práctica) para determinar el incremento salarial equivalente a la ausencia de indemnización.

Los teóricos del neoliberalismo podrían argumentar que con el despido libre dejaría de echarse mano de forma masiva a los contratos temporales, lo cual es completamente cierto (podría instaurarse un contrato único indefinido, como sugirió recientemente la OCDE); sin embargo, para el trabajador eso no tendría ningún beneficio, puesto que tanto los contratados para una semana como los contratados para un espacio temporal más amplio estarían expuestos a ser despedidos al día siguiente con la misma facilidad, con la consiguiente degradación de la estabilidad y la seguridad laboral de los trabajadores, o lo que es lo mismo: quienes no tenían estabilidad seguirían sin tenerla y quienes tenían algo de estabilidad se quedarían sin ella.

No obstante, todos estos datos y opciones están basados en el supuesto teórico de una liberalización del mercado laboral en España, pero siempre podemos echar mano de algún ejemplo en el que haya funcionado esa panacea del despido libre para solventar una crisis; sin duda, podríamos dirigir nuestras miradas al mercado laboral más liberalizado, menos intervenido y con mayor movilidad, como es el estadounidense. Y por más que miremos, sólo veremos cifras mensuales de incrementos en las cifras del paro de 650.000 nuevos parados cada uno de los tres últimos meses (más de dos millones de parados nuevos en el último trimestre) y con las peores estadísticas del paro de los últimos 25 años (un 8,1% de tasa de paro, el doble que hace un año).

Los riesgos y los fallos del modelo neoliberal han quedado al descubierto con esta crisis financiera, fruto de un modelo neoliberal puro (un mercado no intervenido); el alcance de esos fallos ha ido mucho más allá del reducido mercado (el de los hedge funds) en el que se originaron, lo que demuestra aun más si cabe el riesgo de dejar en manos exclusivas del mercado la generación de bienestar para la sociedad; y las recetas clásicas de ese modelo neoliberal, como el despido libre, se han demostrado igual de ineficaces (y más lesivas para los más desfavorecidos) que las políticas con mayor intervención o regulación estatal.

Las grandes panaceas y soluciones concretas propuestas por las teorías económicas neoliberales están igual de depreciadas o más que el propio sistema de mercado que defienden. Aunque a algunos les cueste reconocerlo.

11-M. La persistencia del mundo paralelo

Hacía algunos meses que no participaba (aunque sí me asomaba de forma puntual) en los foros que surgieron en torno a los atentados del 11-M, pero el quinto aniversario de aquella masacre y varias portadas seguidas de El Mundo me animaron a volver a entrar en los cada vez menos participativos foros que aun tratan habitualmente este asunto.

El retorcimiento de los datos del que ha hecho gala El Mundo durante casi cinco años en este tema me llevó a preguntarme cual era el verdadero significado de la reciente estadística que el diario de Pedro J. Ramírez presentó como respaldo a las numerosas y continuas falsedades publicadas por ese periódico; esa estadística concluía que más del 80% de los españoles creen que el 11-M no está completamente resuelto.

Lo primero que me llamó la atención es que ninguna de las tres noticias de portada fueron las más leídas (ni en la web de El Mundo ni en la del otro medio conspiracionista por excelencia, Libertad Digital, que recogió las noticias de El Mundo y aportó alguna otra más), aunque sí llegaron a figurar entre las 10 más votadas por los lectores; esto es un signo inequívoco del hastío al que han sometido estos medios a sus lectores habituales, pero sobre todo a los lectores ocasionales, existiendo un mínimo reducto de aquellos peones negros que iban a descubrir América en pleno siglo XXI, que deben ser los que, ansiosos por nuevas noticias de aquella gran conspiración, deben puntuar al máximo cualquier noticia que les siga recordando que, un día, llegaron a hacer mucho ruido y se sintieron incluso importantes dentro de la Historia de España.

Ese hastío está plenamente justificado si nos fijamos en la inamovilidad de las más disparatas teorías conspiracionistas que, lejos de aceptar la realidad de los hechos probado por dos sentencias judiciales (la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo), se siguen manteniendo en el mismo punto en el que se iniciaron: obviar los datos fundamentales de las investigaciones (la existencia de dos reivindicaciones grabadas por El Chino y otra escrita por El Tunecino, el suicidio con dinamita Goma-2 ECO de siete miembros del grupo terrorista que cometió los atentados, el probado tráfico de esa misma dinamita en una mina asturiana en la que estuvieron varios miembros del grupo terrorista unos días antes de los atentados, la presencia de varios de los terroristas en los trenes de la muerte poco antes de que estallaran las mochilas…) para quedarse con los datos accesorios.

Al final acaba siendo muy triste descubrir cómo, cinco años después de haberse iniciado las investigaciones y con nueve de los terroristas de aquella banda criminal condenados, se le niega credibilidad a una Sentencia y hay quien sigue considerando como verdad absoluta una chanza de un comentarista del programa La Linterna que dirige César Vidal en la COPE y que después se encargaría de adornar Federico Jiménez Losantos en el programa La Mañana de esa misma emisora (me refiero a la mochila de Vallecas, que pasó de estar custodiada por los TEDAX a quedar, según la gracia del comentarista, almacenada en la cocina de la casa del responsable de los TEDAX, una chanza que caló hondo incluso en dirigentes populares –Ignacio del Burgo, Eduardo Zaplana y Alicia Castro-, que llegaron a trasladarla al Congreso de los Diputados hasta en tres ocasiones entre Agosto y Septiembre de 2006).

Por lo que he podido observar estos días al discutir sobre el 11-M en algunos foros, hay tres motivos por los que aun hoy quedan conspiracionistas:

1. Por ignorancia. Son aquellos que sólo han seguido la información del 11-M a través de los periódicos y de los foros conspiracionistas sin haberse preocupado por contrastar la información que tienen asimilada como cierta; es tal la bola de nieve de mentiras que ha acabado anidando en su mente que va a ser extremadamente difícil que algún día puedan asumir la realidad tal como es. Son estos los que, con casi toda seguridad, mantendrán activo el conspiracionismo durante largos años.
2. Por orgullo propio. Son aquellos que, habiendo destacado durante los tiempos de mayor auge conspiracionista, se niegan a asumir una realidad que consideran impuesta; han consultado los datos de las fuentes directas y conocen muchos de los errores del periodismo conspiracionista, pero ha sido tal su compromiso pasado con la causa que esperan que alguna revelación pueda cambiar sustancialmente lo básico de los atentados, pudiendo así justificar de alguna manera su actitud pasada. Sin embargo, conforme el 11-M deja de ser actualidad, este grupo se va distanciando paulatinamente de las teorías conspiracionistas.
3. Por pertenencia al grupo. Son aquellos que, aun sabiendo que las posturas defendidas por ellos mismos tiempos atrás no tienen sentido ahora, mantienen ciertos vínculos con el conspiracionismo que les impiden abandonar por completo esas teorías; son los que suelen repetir las consignas menos estrambóticas como respuesta a una discusión en la que se pone de manifiesto la ignorancia del grueso del conspiracionismo actual. Dependiendo de cómo se vayan desenvolviendo sus vínculos personales con el conspiracionismo, algunos abandonarán y otros persistirán, aunque estos últimos serán una minoría.

Las actuales consignas del conspiracionismo, repetidas hasta la saciedad por los tres grupos citados, son la ya consabida autoría intelectual desconocida y la posibilidad de la utilización de Titadyn en los atentados.

La primera es la postura más inteligente a la hora de hacer perdurar las teorías de la conspiración, dado que ese delito no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, nunca va a haber una condena como autor intelectual de los atentados; aunque en la mayor parte de los delitos son los autores materiales los que se planifican con sus propios medios, la muerte de los autores de las reivindicaciones (El Chino y El Tunecino) y de cinco de los integrantes del grupo terrorista (entre ellos Allekema Lamari, miembro del GIA argelino), junto a la huida de varios más, han dejado en el aire (dado que no se puede juzgar a nadie sin su presencia) datos que hubiesen aportado un mayor detalle sobre los atentados.

La segunda postura forma parte del revanchismo político que pretende rebajar o borrar la pésima gestión de la información del entonces Gobierno, que le llevó a perder las Elecciones Generales celebradas tres días después de los atentados; esta postura, que pregona la participación de ETA en el 11-M (en consonancia con lo mantenido contra viento y marea hasta el mismo día de las Elecciones por el entonces Gobierno), es realmente una simple operación de imagen. El hecho es que, aun en el caso de haberse utilizado también Titadyn (siempre en cantidades minoritarias), esta dinamita no tiene por qué haber sido suministrada por ETA (de hecho, no hay ninguna relación conocida entre ambos grupos terroristas), ni quedaría invalidado el uso de los aproximadamente 200 Kg. de Goma-2 ECO de los que pudieron proveerse los terroristas en Mina Conchita (sin los cuales no hubiesen podido cometer los atentados tal como los cometieron, dado que la presencia del ftalato de dibutilo prueba el uso de esa dinamita en todas las bombas), de la misma forma que los autores de las reivindicaciones seguirían siendo los mismos y los terroristas vistos en los trenes por testigos también.

Las otras consignas conspiracionistas que se mantienen a día de hoy derivan todas de las dos anteriores, aunque están debidamente contestadas y resueltas jurídicamente, directa o indirectamente, en las dos Sentencias, por lo que tampoco es necesario insistir más en ellas.

Mi particular visión crítica de la actualidad

Llevo más de 15 años aprovechándome de las ventajas de Internet para alimentar mi sed de aprendizaje en las más diversas áreas de conocimiento; unas veces por necesidades personales, otras por simple curiosidad intelectual, otras por cuestiones laborales y otras por no saber qué otra cosa hacer, lo cierto es que me he pasado muchas horas (calculo que más del 50% de las horas de los últimos 15 años) frente al ordenador.

Durante estos últimos 15 años me he interesado por temas tan variopintos como la macroeconomía, las relaciones laborales, las ciencias sociales, la energía eólica o el 11-M, entre muchos otros; la necesidad de conocer datos fiables sin dejarme el sueldo en largos desplazamientos me ha hecho intentar acceder, siempre que he podido, a fuentes primarias de información disponibles en Internet.

Al menos en los temas que he ido tratando o por los que me he ido interesando durante estos años, creo que puedo aportar una visión crítica de algunos aspectos de la actualidad que puede resultarle interesante a algún lector despistado que pueda pasar por aquí.

La crisis económica, las últimas propuestas de las teorías ultraliberales para superarla, las políticas laborales de una parte y otra del espectro político español, la persistencia de las teorías de la conspiración en torno al 11-M, los verdaderos datos de la energía eólica como fuente de energía alternativa y cualquier otra noticia de actualidad será tratada en esta bitácora, siempre y cuando mi limitado tiempo me lo permita.

Empezaré con el último tema que he tratado con cierta amplitud, que no es otro que las teorías de la conspiración en torno al 11-M que ya traté durante dos años en mi bitácora Peón Gris.