La dignidad del ciudadano de a pie

El jueves se publicó un Editorial conjunto en doce periódicos editados en Cataluña bajo el título “La dignidad de Cataluña” que ha causado un gran revuelo social y mediático; ni me gustó el tono ni me gustó el momento, pero fue una respuesta más que previsible.

La caverna mediática, harta de insultar, presionar, vilipendiar, deslegitimar y atacar en días anteriores al Estatut, a Cataluña, a los catalanes y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, no tardaron en salir en manada en mensajes televisivos, radiados y escritos… ¡¡¡en defensa del Tribunal Constitucional!!!

No voy a hacer ahora una recopilación de las barbaridades que Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos y otros periodistas de la misma tribu han dejado plasmadas, en papel o en las ondas, respecto a la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del Estatut (las hemerotecas hablan por sí solas).

Esos periodistas cavernícolas saben perfectamente que el editorial conjunto no es más que la respuesta a sus anteriores desmanes; es la reacción legítima de una sociedad y de una opinión maltratadas sin escrúpulos con editoriales, columnas y artículos manipuladores y generadores de odio hacia esa sociedad que ahora ha respondido. Esos cavernícolas saben perfectamente que ese editorial conjunto no es más que la respuesta que intenta equilibrar las presiones de los cavernícolas sobre el Tribunal Constitucional.

Pero con el editorial hay otro problema. Si el Tribunal Constitucional ya estaba completamente deslegitimado para la opinión pública que sigue habitualmente a los cavernícolas, ahora también lo está para gran parte de los catalanes. Deslegitimado para unos y deslegitimado para otros, sea cual sea el resultado de la próxima sentencia no va a ser aceptada por ninguna de las dos partes; ese va a ser el único resultado al que van a contribuir unos y otros con sus presiones y sus deslegitimaciones.

¿Y qué hacemos el resto de ciudadanos que consideramos que los miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por sus conocimientos jurídicos siguen teniendo esos conocimientos por los que fueron elegidos? Porque por mucha batalla mediática que haya por deslegitimar al Tribunal Constitucional, sus miembros lo siguen siendo por sus conocimientos jurídicos.

El resto de ciudadanos podemos optar por unirnos a la deslegitimáción del Tribunal Constitucional (esta es la opción más cómoda, puesto que así les damos la razón a unos y a otros), por descojonarnos ante las rabietas de ambas partes al dictarse la sentencia (también es una opción cómoda, y además la risa es más saludable que la indignación) o por decirles a ambas partes que dejen trabajar al Tribunal Constitucional y que dejen de utilizar su deslegitimación para preparar a sus fieles ante una sentencia que no les va a dar la razón al 100% ni a unos ni a otros.

Hubiese sido todo un triunfo para la democracia que la aprobación del Estatut hubiese servido para abrir un debate en la sociedad acerca de sus propuestas más conflictivas; pero con la caverna encerrada en su cueva dando continuos alaridos ha sido misión imposible. Y al final, alaridos desde la cueva y alaridos desde fuera de la cueva.

Triste realidad la de esta España que nos ha tocado vivir.

El aborto como crimen

Tras casi 25 años de la despenalización del aborto en determinados supuestos, y sin que los Gobiernos de izquierda y de derecha con mayorías absolutas hayan puesto en duda dichos supuestos (por lo que entiendo que hay una amplia aceptación social en los casos recogidos por la Ley), he de reconocer que me choca encontrarme con personas que, a día de hoy, no aceptan el aborto ni tan siquiera cuando estamos ante un embarazo provocado por una violación (uno de los supuestos en los que abortar está despenalizado); haciendo juegos malabares con los daños morales de la mujer violada, acaban concluyendo que esa mujer, víctima de un crimen, está obligada a cargar al menos nueve meses (si no toda la vida) con el fruto de su violador. Pocas veces veremos (por no decir nunca), en legislaciones democráticas avanzadas, que una víctima deba ser castigada con obligaciones por el delito de su agresor; pero la moral cristiana (y la religiosa en general) es capaz de eso y de mucho más.

A la hora de discutir del aborto con algún antiabortista, recurrir habitualmente a este caso extremo del aborto por violación es el camino más directo para que reflexionen sobre la crueldad a la que lleva esa moral religiosa que poco o nada tiene que ver con lo que se sabe, en pleno siglo XXI, del desarrollo del feto y de sus distintas etapas vitales; es el eterno retorno eclesiástico (tan cristiano) a la caza de brujas y a la quema de herejes, que acaba habitualmente con una condescendiente absolución caritativa de un crimen cometido por la violada que acaba por abortar (curiosamente, hay muy pocos antiabortistas que condenarían a una mujer violada por abortar), clara manifestación de que la hipocresía sigue siendo la única vía que pueden seguir los cristianos ante la enquistada inoperancia eclesial ante los avances en el conocimiento médico-científico. La única solución cristiana moralmente válida al aborto de una mujer violada es, cómo no, mirar hacia otro lado, aunque la mujer sea considerada una asesina infanticida.

El gran problema de los antiabortistas es que no pueden reconocer ninguna excepción al aborto como crimen, puesto que reconocer alguna excepción (aunque se trate de la más vil y cruel de las violaciones) desmoronaría por completo todo el castillo de naipes en el que se fundamenta su concepción del aborto.

El feto, según la visión antiabortista, tiene vida propia (humana) desde el mismo momento de la fecundación; esa vida propia no tiene una base científica o médica, sino que viene determinada de antemano por las Sagradas Escrituras: Dios crea y da vida, por lo que, desde el mismo momento de la existencia de un embrión, existe un alma. Poco importa que esa alma sea un cúmulo deforme de células sin brazos, sin corazón, sin cerebro o sin sensaciones: Dios lo ha creado y la mujer, violada o no, no tiene más opción que resignarse y asumir el destino divino.

Sin embargo, científicamente está demostrado que el feto (que es embrión hasta las ocho semanas) no desarrolla un sistema nervioso (es decir, no tiene sensaciones, ni dolorosas, ni placenteras, ni de ningún otro tipo) hasta la 16ª semana, cuando se desarrolla el primero de los cincos sentidos: el tacto. El feto pesa entonces 120 gramos.

Aunque lo que diga o deje de decir la ciencia no les interesa lo más mínimo a los antiabortistas, ante la imposibilidad de demostrar el sufrimiento físico (como el que pudiera tener cualquier ser vivo) del embrión o del feto, los antiabortistas acuden raudos a las, según ellos, extraordinarias secuelas físicas en la mujer, trasladando datos de principios de los 70 a la actualidad (cuando ni tan siquiera se requiere intervención quirúrgica para abortos practicados hasta el 2º trimestre de gestación) o extrapolando técnicas abortivas que sólo se practican en los estados de gestación más avanzados (como la histerotomía o la histeroctomía) a la totalidad de las distintas etapas del embarazo; a esta serie de burdas manipulaciones le suelen acompañar leyendas urbanas acerca de la mayor propensión a contraer cáncer de útero si se ha practicado un aborto o relatando crueles, sangrientas y mortales operaciones abortivas que resultan ser mezclas de distintas historias, todas ellas ajenas a los centros médicos y algunas, incluso, de hace décadas.

En esta ocasión es la propia realidad la que pone a cada uno en su sitio, puesto que no existen complicaciones en más del 99% de los abortos practicados, mientras que la tasa de mortalidad es inferior al 0,001%.

La huida hacia adelante de un antiabortista ante este baño de realidad pasa, indefectiblemente, por recurrir a los daños morales de la embarazada; en este caso, el principal problema reside en que un antiabortista nunca acepta los daños morales que puedan resultar de la obligación de una mujer violada de llevar en su seno el fruto de su propia violación. El Fundamento Jurídico 11º de la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, en la que se trató el Proyecto de Ley para despenalizar el aborto, sirve perfectamente para explicarle a un antiabortista la aberración (tanto jurídica como moral) a la que aboca esa extraña moralidad:

«La gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.

Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución». Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, Fundamento Jurídico 11º.

Finalmente, y por no alargar más este artículo (aunque haya materia de sobra para alargarlo), siempre habrá quien apele a una parte de la ciencia para intentar justificar su argumentación; es el caso, por ejemplo, en el que se alude al ADN como portador de la vida (en lo que aparenta una especie de equiparación entre el alma y el ADN). Existe un serio problema al respecto, puesto que el ADN (toda la información genética) que formará el feto ya está presente tanto en los óvulos que cada 28 días son asesinados por las mujeres en edad de procrear como en los miles de millones de espermatozoides que son exterminados todos los días en nuestro país; y es que no podemos olvidar que, para evitar que la sociedad civil, a través de consideraciones religiosas, caiga en el más absoluto de los absurdos, el propio Código Civil sólo otorga la condición de persona al feto nacido con figura humana y que sobreviva más de 24 horas fuera del seno materno.

El “Echelon” español se llama SITEL

Aunque ha sido recientemente cuando El País y otros periódicos generalistas (con la previa trifulca del PP en el Congreso de los Diputados) se han hecho eco del SITEL (Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones), el experto en crear absurdas conspiraciones Luis del Pino ya se hizo eco de este nuevo sistema hace unas semanas en Libertad Digital y en su programa de esRadio; con la ya más que sospechosa habitualidad con la que este individuo defiende los argumentos de las grandes organizaciones criminales (tanto terroristas como, ahora también, narcotraficantes), resulta asombroso que algún partido político sea capaz de llevar sus extravagantes paranoias hasta los órganos de máxima representación democrática de los españoles.

Recordemos que se llama “Echelon” a un sistema (o supuesto sistema) que los servicios secretos estadounidenses utilizan (o supuestamente utilizan) para interceptar las comunicaciones de todos los ciudadanos estadounidenses (o de todo el mundo, según algunas versiones); el sistema, según las leyendas urbanas más extendidas, detecta determinadas combinaciones de palabras, de forma que quien las pronuncie en una conversación o quien las escriba en un mensaje pasa a ser considerado automáticamente sospechoso de cometer o de intentar cometer algún tipo de delito, siendo desde ese momento intervenidas todas sus comunicaciones. Dando por buena esta forma de operar de este sistema, no cabe duda que nos encontramos ante ese temido, omnipresente e incontrolado “Gran Hermano” que permanentemente nos tiene vigilados a la humanidad entera.

No voy a entrar en la veracidad o no de esas leyendas urbanas, puesto que el sistema existe en realidad (aunque su funcionamiento pueda diferir en parte o por completo de la rumorología, que es la única fuente en la que se sustenta la forma de operar descrita en el párrafo anterior); sólo voy a entrar, respecto a este sistema estadounidense, en los pasmosos comentarios que se hicieron sobre él en el programa de Luis del Pino en esRadio a cuenta del SITEL. Uno de los comentaristas que acompañaban a Luis del Pino aquel sábado por la mañana se dispuso a enumerar las bondades de aquel “Echelon” estadounidense, una maquinaria completamente automatizada que sólo se activa cuando se pronuncian o se escriben las palabras mágicas (nada hay que temer mientras no se diga algo inconveniente), en contraposición al peligroso SITEL activado por malvados policías corruptos bajo las órdenes del tenebroso Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba (aunque la activación sólo pueda producirse tras la pertinente orden judicial); baste tener presente esta argumentación, a la que nada opuso Luis del Pino, para comprobar lo fútil que puede llegar a ser el razonamiento de algunos y, en consecuencia, la endeblez argumental y racional de determinados planteamientos.

«SITEL proporciona una enorme capacidad de control sobre los ciudadanos. Y, desgraciadamente, en nuestro país, el control judicial brilla por su ausencia. Y todos somos conscientes del inmenso poder que eso otorgaría a un gobierno sin escrúpulos». Luis del Pino en Libertad Digital.

«El sistema SITEL, ese sistema con el que el Gobierno y sus fuerzas policiales espían a todos los españoles prácticamente a voluntad y sin control judicial alguno». Luis del Pino en esRadio (minuto 50:00).

«El sistema que ellos utilizan [Estados Unidos] es que el ordenador lo escucha todo, pero es el propio ordenador el que tiene una alarma cuando se juntan determinadas frases o determinadas palabras que utilizan una serie de combinaciones (no sé cómo se hará informáticamente eso), pero es el propio ordenador el que… Entonces, es el juez el que contempla el por qué el ordenador ha dado esa alarma y entonces da la autorización, y entonces es cuando interviene la policía con el respaldo de la autorización judicial». Jesús Riosalido en esRadio (minuto 58:39).

Tras observar la literalidad del argumentario utilizado, ya podemos entrar en materia.

Libertad Digital se hizo eco de SITEL tras la publicación de un artículo del abogado Guillermo Díaz Bermejo en Noticias Jurídicas titulado «SITEL. La gran oreja del Gobierno no tiene suficientes garantías jurídicas», en el cual se recogía la opinión del único voto particular de la primera Sentencia del Tribunal Supremo (del 5 de Febrero de 2008) que avalaba la plena legalidad del sistema; sin embargo, fue La Gaceta de los Negocios (del Grupo Intereconomía) el primer medio en publicarlo el pasado 9 de Septiembre («El Gobierno utiliza un ‘software espía’»), relacionándolo directamente con las escuchas a dirigentes del PP investigados por varios delitos.

De los 22 informes jurídicos que, según Esteban González Pons, manejó el PP (mientras se gastaban la friolera de 1,8 millones de euros en implantar el sistema en el año 2002) y que advertían de los posibles problemas legales, tan solo han visto la luz dos de ellos: uno del Ministerio de Justicia y Defensa y otro del Consejo General del Poder Judicial (de 2001 y de 2002, respectivamente). Sin embargo, el PP realizó pruebas con un sistema posiblemente ilegal ni más ni menos que en el mayor caso de terrorismo de nuestra historia: el 11-M (ya en 2004, tras conocer esos supuestos 22 informes jurídicos); querían probar (es una suposición) qué sensación se tiene realizando escuchas ilegales.

Siete años después de aquellos informes, y con tres Sentencias del Tribunal Supremo avalando el sistema (la última de ellas conocida ayer mismo), hay quien pretende cambiar todo el procedimiento judicial desde la Constitución porque el nuevo sistema ha resultado ser demasiado efectivo en la persecución de las bandas organizadas de terroristas, de narcotraficantes y, lo que parece que más ha dolido, de empresarios y políticos corruptos.

La cuestión es que un sistema (llámese SITEL o llámese pinchazo) no puede ser ilegal por la tecnología utilizada cuando esa tecnología no es ilegal (y la grabación de conversaciones no lo es, ni con CD ni con cintas de cassette), sino por la forma en la cual se conculque algún derecho fundamental al utilizarla; y la cuestión es que el nuevo sistema requiere de los mismos pasos previos que el viejo pinchazo telefónico: si no hay autorización judicial mediante, se vulnera el derecho de las comunicaciones y lo que se pruebe con esas grabaciones ha de ser considerado nulo. Exactamente lo mismo que ocurría cuando un pinchazo telefónico se realizaba sin autorización judicial.

Del razonamiento jurídico inicial publicado en Noticias Jurídicas (y en la propia bitácora del abogado que redactó el artículo) a los actuales argumentos en contra de SITEL hay un salto de difícil explicación: mientras el origen de las críticas jurídicas estaba en una posible vulneración en materia de datos de carácter personal o en el procedimiento de traslado de las grabaciones realizadas, la actual discusión mediática ha devenido en una supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones, habiéndose creado un artifical paralelismo entre “Echelon” (un sistema de escuchas permanentes) y SITEL (un sistema de escuchas tras una autorización judicial).

Yo sólo encuentro una explicación al camino seguido por este asunto: cuando el PP se ve desbordado por sus casos de corrupción (o por la cruda realidad), sólo puede echar mano de extravagantes teorías conspirativas. Y dar a entender que Gürtel es una consecuencia de SITEL es mucha conspiración.