Felipe González pidió una reflexión sobre los escraches a los políticos preguntándose por qué un niño (el de algún político en este caso) tiene que aguantar presiones en la puerta de su casa; coincido plenamente en la necesidad de esa reflexión, aunque no con los destinatarios de la misma.
La violencia de los escraches no es una violencia incondicionada, sino una respuesta violenta sobrevenida a causa de otra violencia anterior; efectivamente, los niños no tienen por qué aguantar presiones en la puerta de su casa. Ni en la puerta ni en su interior. Pero parece que esa protección a la infancia sólo rige para los hijos de los poderosos banqueros, de los poderosos patronos o de los dóciles políticos que legislan para que esos niños no tengan que aguantar presiones en la puerta de sus casas.
A los niños de los obreros en paro, a los niños de las familias pobres o a los niños de la extinta clase media española, la violencia les llega a las puertas de su casa en forma de uniforme policial y comisión judicial; el obrero en paro a quien le han quitado su casa y la de sus hijos (30.000 familias españolas perdieron la casa en la que vivían en 2012) y a quien la ley le obliga, además, a seguir pagando la hipoteca (20.000 de esas 30.000 familias están sin casa y con la obligación de pagar las cuotas pendientes del préstamo de una vivienda que ahora tiene el banco), también nos pedirá que reflexionemos y que nos preguntemos por qué los hijos de los trabajadores sí pueden (y no sólo eso: es un deber legal) aguantar no sólo las presiones en la puerta de sus casas, sino incluso que les echen de su propio hogar.
Para ese obrero y para sus hijos, la violencia no es exigir a un político, en la calle o en la puerta de su casa, que se cambie la ley; para ese obrero y para sus hijos, la violencia es el Boletín Oficial del Estado, la violencia es el Congreso de los Diputados, la violencia es el Estado en sí mismo, que permite a una persona jurídica (sin hijos, sin familia, sin vivienda habitual) modificar la tasación que ella misma realizó y quedarse con el hogar de su familia al 60% del 40% de lo que al obrero le hicieron pagar hace seis años. Esa es la violencia original, la violencia incondicionada.
Pero los escraches no son ni tan siquiera una respuesta directa a esa violencia, a ese terrorismo de Estado (¿o acaso no es legítimo hablar de terrorismo cuando la violencia se ejerce sobre los niños de los obreros?); antes de los escraches hubo otro mundo: la Iniciativa Legislativa Popular que el Congreso de los Diputados se va a encargar de dilapidar, las movilizaciones ciudadanas para evitar que la violencia estatal llegase a las puertas de las casas de los niños de los obreros, las protestas pacíficas en forma de manifestaciones...
Pero la voracidad financiera de los bancos y la cooperación necesaria de los políticos hicieron oídos sordos: la ley es la que es y no hay nada que hacer. "Haber vivido debajo de un puente", le dicen al obrero, que ahora está pagando el error de haber "vivido por encima de sus posibilidades".
Y ahora llegaron los escraches, sí. Como respuesta a la violencia ejercida en las puertas de las casas de los hijos de los obreros, como respuesta a los oídos sordos de los políticos ante esa violencia. Como último recurso antes de la violencia directa, de la violencia de verdad.
Y la respuesta de los políticos es prohibir los escraches, declararlos fuera de la ley... Sólo queda un escalón por subir. Y luego...
A los niños de los obreros en paro, a los niños de las familias pobres o a los niños de la extinta clase media española, la violencia les llega a las puertas de su casa en forma de uniforme policial y comisión judicial; el obrero en paro a quien le han quitado su casa y la de sus hijos (30.000 familias españolas perdieron la casa en la que vivían en 2012) y a quien la ley le obliga, además, a seguir pagando la hipoteca (20.000 de esas 30.000 familias están sin casa y con la obligación de pagar las cuotas pendientes del préstamo de una vivienda que ahora tiene el banco), también nos pedirá que reflexionemos y que nos preguntemos por qué los hijos de los trabajadores sí pueden (y no sólo eso: es un deber legal) aguantar no sólo las presiones en la puerta de sus casas, sino incluso que les echen de su propio hogar.
Para ese obrero y para sus hijos, la violencia no es exigir a un político, en la calle o en la puerta de su casa, que se cambie la ley; para ese obrero y para sus hijos, la violencia es el Boletín Oficial del Estado, la violencia es el Congreso de los Diputados, la violencia es el Estado en sí mismo, que permite a una persona jurídica (sin hijos, sin familia, sin vivienda habitual) modificar la tasación que ella misma realizó y quedarse con el hogar de su familia al 60% del 40% de lo que al obrero le hicieron pagar hace seis años. Esa es la violencia original, la violencia incondicionada.
Pero los escraches no son ni tan siquiera una respuesta directa a esa violencia, a ese terrorismo de Estado (¿o acaso no es legítimo hablar de terrorismo cuando la violencia se ejerce sobre los niños de los obreros?); antes de los escraches hubo otro mundo: la Iniciativa Legislativa Popular que el Congreso de los Diputados se va a encargar de dilapidar, las movilizaciones ciudadanas para evitar que la violencia estatal llegase a las puertas de las casas de los niños de los obreros, las protestas pacíficas en forma de manifestaciones...
Pero la voracidad financiera de los bancos y la cooperación necesaria de los políticos hicieron oídos sordos: la ley es la que es y no hay nada que hacer. "Haber vivido debajo de un puente", le dicen al obrero, que ahora está pagando el error de haber "vivido por encima de sus posibilidades".
Y ahora llegaron los escraches, sí. Como respuesta a la violencia ejercida en las puertas de las casas de los hijos de los obreros, como respuesta a los oídos sordos de los políticos ante esa violencia. Como último recurso antes de la violencia directa, de la violencia de verdad.
No hay comentarios :
Publicar un comentario