Para que no olvidemos que el 15-M ya existió 121 años y 14 días antes que el actual

El próximo día 15 de Mayo se cumplirá un año desde que el movimiento indignado del 15-M saliera masivamente a la calle; tres días antes de este primer aniversario (para el próximo día 12), estamos todos convocados a salir de nuevo a las calles de nuestras ciudades para recordar que seguimos sin ser mercancía en manos de políticos y banqueros.

Pero no olvidemos que los sistemas corruptos y explotadores no se cambian de la noche a la mañana; que las reivindicaciones del 99% no son escuchadas nunca sin la lucha constante de todos y cada uno de nosotros.

Esta es la prensa española de hace 122 años. Son muchos años, sí; y fueron también muchos años los que pasaron sin que a aquel 99% se le aceptasen sus reivindicaciones.

Así fue como nació aquel 15-M, según La Dinastía del 24/03/1890, ante la nula respuesta de los gobiernos respecto a la reducción de las horas de trabajo:

Seis días después, en La Época, ya se recoge la respuesta positiva de los trabajadores de algunos países a secundar aquélla primera movilización mundial del 99%. Eso sí, todo sin Facebook, ni móviles, ni trending topics a los que apuntarse:

Las preocupaciones, las críticas y las dificultades de hace 122 años para organizar una manifestación en día laborable (jueves) no han variado tanto como podríamos imaginarnos tras más de un siglo de evolución si atendemos a lo descrito en La Época del 03/04/1890 (en el sexto párrafo del cuerpo de la noticia se recogen, además, las principales reivindicaciones de aquel primitivo 15-M):

Y las críticas a aquel movimiento, sobre todo las críticas, siguen siendo hoy extrañamente similares a las que podemos leer en El Liberal del 28/04/1890 (a tres días de las manifestaciones):

A un día de las manifestaciones, esta era la situación según La Iberia del 30/04/1890:

Todo queda tan lejos en el tiempo como cercano en las problemáticas, las disensiones estratégicas, las críticas (internas y externas) y las respuestas de los centros de poder.

121 años y 14 días después, el 99% volvió a alzar su voz. Esperemos que esta vez no sean necesarios tantos años para atender sus reivindicaciones.

La huelga la ganó el 1%

Es habitual entre el movimiento del 15-M, Democracia Real Ya o Anonymous referirse a que “somos el 99%” para reforzar la idea de que el sistema (el 1%) toma todas las decisiones en su beneficio, perjudicando con esas decisiones, de una u otra forma, al resto de ciudadanos (el 99%); el apoyo a la huelga general, convocada por los sindicatos, de todos estos movimientos ha sido un paso importante para llegar a ser realmente ese ansiado 99%, aunque intuyo que los peros a ese apoyo son una brecha demasiado amplia para que puedan llegar a tenderse verdaderos puentes de unión, aun cuando Cándido Méndez (UGT) hiciese una mención expresa a esas sinergias creadas para esta convocatoria.

A pesar de las inconcebibles e inconstitucionales extorsiones empresariales para impedir el derecho constitucional a la huelga (muchas de ellas ya demasiado habituales, como las de El Corte Inglés, sin que ninguna autoridad haya osado jamás meter las narices para cortar estas prácticas delictivas) y a pesar del palpable miedo de muchos trabajadores a verse represaliados por secundar la convocatoria en este tiempo de despidos masivos (y con la nueva reforma casi gratuitos), un seguimiento de la huelga de al menos un 20% y el respaldo de al menos otro 40% de los españoles (si atendemos sólo a las estadísticas de los medios menos partidarios tanto de las huelgas como de sus convocantes) no puede tildarse de fracaso; como tampoco puede tildarse de fracaso la masiva asistencia (entre 15.000 y 25.000 en Castellón, la segunda más numerosa tras la de los atentados del 11-M y similar en número a la contraria a la Guerra de Irak) a las manifestaciones convocadas a lo largo del día por esos mismos sindicatos (cuyo éxito queda de manifiesto ante la ausencia, como viene siendo habitual cuando las manifestaciones superan las expectativas, de imágenes aéreas en los reportajes fotográficos de los medios más beligerantes contra la huelga y los sindicatos).

Sin embargo, el éxito o el fracaso de esta convocatoria poco tiene que ver con que el respaldo a la misma haya sido mayor que en otras ocasiones; el 1% tiene como objetivo dividir a los trabajadores para eliminarlos como fuerza de presión ante las decisiones que puedan afectar a los propios trabajadores. Y ese objetivo está a punto de cumplirse, y esta convocatoria no ha hecho más que poner de manifiesto que la desaparición de los trabajadores como grupo de presión está a muy pocos titulares de prensa más contra los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

El movimiento del 15-M, Democracia Real Ya o Anonymous han tenido que poner más empeño en justificar su “seguidismo” a los sindicatos mayoritarios que en justificar su rechazo a la reforma laboral; y el fino hilo que une este frente común puntual no tardará en romperse si las actitudes no cambian de forma radical (y no van a cambiar: cualquier circunstancia –por ejemplo, una foto de una reunión de los representantes sindicales con los dirigentes políticos de uno u otro partido para hablar de la reforma laboral– sirve para menospreciar la labor de los sindicatos).

Hoy, con las Cortes como mera comparsa teatral de los verdaderos centros de decisión (que no están dentro de nuestras cámaras de representantes), la única vía de contención organizada que tenemos los trabajadores para protestar por las decisiones que se toman en Alemania o en algún despacho de algún organismo monetario internacional, nos caigan mejor o peor quienes están al frente, son los sindicatos de clase; si lo que queremos es eliminarlos somos muy libres de seguir con las actitudes de enfrentamiento.

Pero si no existe una alternativa a esa vía de contención organizada (y hoy no existe, por mucho futuro que tengan los movimientos sociales recién nacidos), nuestra fuerza (la poca que nos queda ante la inoperancia de nuestros representantes políticos) será tan inapreciable como insignificante.

Ni la deuda pública ni los salarios son el problema de España

Tanta especulación sobre la prima de riesgo española (los intereses de más que nos exigen a nosotros respecto a los intereses que se le exigen a Alemania para comprar bonos del Estado con vencimiento a 10 años) ha acabado por generalizar la falsa afirmación de que España tiene un descomunal problema con la deuda pública, y que por eso los dichosos mercados no hacen más que especular sobre nuestro futuro económico.

Pues bien, lo cierto es que el problema de España no está en su deuda pública (el 60% de su PIB en 2010, que es el último dato oficial conocido), que está muy por debajo de la deuda pública de otros países desarrollados como Alemania (más del 80%) o Reino Unido (80% de su PIB y con tendencia a incrementarse).

Por supuesto, cada país tendrá una determinada capacidad de endeudamiento, pero lo primero a tener en cuenta es ese porcentaje de deuda sobre el P.I.B. (es decir, el nivel de deuda respecto a la capacidad de producir bienes y servicios), y de ahí que la deuda se cuantifique habitualmente como porcentaje del P.I.B. de cada país; así, España produce más bienes y servicios que Alemania o que el Reino Unido para pagar su deuda pública, por lo que podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que las administraciones de Alemania o del Reino Unido van a tener más dificultades que España a la hora de devolver lo que deben.

Es también muy habitual leer en determinados medios que el problema de la deuda pública española es que se ha incrementado mucho desde el inicio de la crisis, y es cierto, pero no se ha incrementado más de lo que se ha incrementado en Alemania, en Reino Unido o en casi todos los países europeos afectados por la crisis (todos): el incremento de la deuda pública ha sido generalizado (de unos 20 puntos porcentuales) por los propios efectos de la crisis, puesto que los países han tenido que recurrir al endeudamiento ante la caída en los ingresos. Así, la deuda pública de Alemania se ha incrementado en 18,3 puntos desde 2007, la del Reino Unido en 35,4 y la de España en 24,9.

No existe ninguna razón, pues, para que ese incremento de la deuda pública haya sido más pernicioso para España que para cualquiera de los países europeos a los que la crisis les ha pasado factura en la parte de los ingresos.

Se aduce también que el Estado español ha avalado mucha deuda privada; la opacidad en este tipo de operaciones (en casi todos los países) no permite realizar afirmaciones tajantes, pero los datos conocidos tampoco permiten concluir que los avales concedidos sean superiores en España (100.000 millones de euros aprobados en 2008 y renovados en Enero para avalar la financiación exterior de la banca, siendo la deuda viva –aun no pagada– de unos 65.000 millones de euros, por lo que esa sería la cifra máxima que debería pagar el Estado en el caso de que ningún banco pudiese devolver por sí mismo esas deudas avaladas) a los del resto de países europeos. Por seguir con las comparaciones con Alemania, este país asumió las pérdidas (29.000 millones de euros) de los activos tóxicos de dos de sus bancos, algo que en España se ha realizado mediante provisiones en las contabilidades de las propias entidades financieras; según los datos disponibles en 2009 (tras los graves problemas del sistema financiero para obtener liquidez, que es lo que hizo que muchos gobiernos tuviesen que avalar la financiación exterior de sus bancos), España había avalado a sus bancos por un importe equivalente al 8% de su P.I.B. y Alemania por un 7%.

El último argumento utilizado habitualmente para poner el foco sobre la deuda española como fuente de todos los males es la conocida prima de riesgo; ésta no es más que la diferencia entre los intereses que se le exigen a Alemania por sus bonos de deuda pública a 10 años y los intereses que se le exigen a otro país por ese mismo tipo de bonos. Así, que España tenga una prima de riesgo de 400 puntos sólo significa que el interés que se le exige a España para comprar sus bonos está un 4% por encima del interés que se le exige a Alemania; o lo que es lo mismo, que si el jueves España colocó deuda pública al 5,7%, a Alemania se le exigió el 1,7% de interés.

Claro, que ese interés adicional que se le exige a España para colocar su deuda pública no se correspondería ni con la capacidad de devolución de la misma respecto a su P.I.B., ni por tener esa deuda un crecimiento desmesurado respecto al resto de países de su entorno, ni por esperarse un comportamiento dispar del crecimiento económico español respecto al crecimiento de sus otros socios europeos.

Este último aspecto (el del crecimiento económico) es relevante porque se considera que los intereses que deben pagarse por la deuda deberían ser siempre inferiores al crecimiento esperado del P.I.B., algo que no cumplen casi ninguno de los países europeos hoy en día; en esta variable sí existe una diferencia entre España, Alemania y Reino Unido, pero veamos antes cómo se entrelazan ambos datos (el crecimiento esperado y los intereses que se han de pagar por la deuda pública).

Si el crecimiento esperado es nulo, se entiende que el país podrá atender el pago del principal de la deuda, pero no podrá atender los intereses, por lo que esos intereses deberá pagarlos sustrayendo los importes correspondientes de otras partidas de sus presupuestos o incrementando el déficit del Estado (esto es pecado mortal hoy en día, por lo hemos de descartar); así, cuanta mayor sea la diferencia entre los intereses a pagar y el crecimiento esperado del P.I.B., mayor será el importe a detraer de los presupuestos para hacer frente al pago de esos intereses (es decir, mayores habrán de ser los recortes en gastos o mayor habrá de ser la carga impositiva que soporten los ciudadanos del país).

Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea (del mes de Febrero), los crecimientos esperados de España, Alemania y Reino Unido para este 2012 eran, respectivamente, del –1%, del 0,6% y del 0,6%.

Sí encontramos aquí una posible causa a la desconfianza hacia nuestro país, pero no por la parte de los intereses de la deuda (concluir que los altos intereses que se exigen a nuestra deuda pública son como consecuencia de la diferencia entre esos mismos intereses con cualquier otra variable macroeconómica sería caer en el absurdo de una recursividad irresoluble), sino por la otra variable en liza: la previsible ausencia de crecimiento económico.

Haciendo una simulación rápida (sin tener en cuenta que no a toda la deuda se le exigirán los tipos de interés máximos), Alemania necesitaría anualmente 35.000 millones de euros para afrontar los intereses de su deuda (al 1,7% de interés), Reino Unido necesitaría 23.600 millones de euros y España 36.600 millones de euros; estos importes, corregidos según el crecimiento económico esperado, nos llevaría a unas necesidades anuales de 19.600 millones de euros para Alemania (con un crecimiento esperado del 0,6%), de 13.400 millones de euros para Reino Unido y de 47.300 millones de euros para España. Y en sentido inverso, ¿cuánto se debería crecer para evitar que el pago de los intereses de la deuda tuviese que salir de los recortes en otras partidas de los presupuestos? Alemania y Reino Unido tendrían que crecer un 1,4% (un 0,8% más que lo previsto) y España… un 3,4% (un 4,4% más de lo previsto).

Y aquí es donde entran en juego los otros ajustes macroeconómicos, y muy en especial los relativos a los salarios, cuya reducción iría encaminada a permitir que las empresas tiraran de ese crecimiento económico. Pero el problema es que la masa salarial es una parte sustancial del P.I.B. (cada vez con menos peso, eso sí, lo cual es una muestra evidente de que los salarios ya se han estado ajustando a la baja desde hace tiempo), por lo que su reducción también afectará negativamente al crecimiento del P.I.B.; el problema es que los salarios españoles ya están muy por debajo de los salarios alemanes o británicos; y el problema es que la demanda interna española ya está hoy bajo mínimos, por lo que una reducción en la capacidad de consumo de los usuarios finales (que son los trabajadores a quienes se les quieren reducir los salarios) agravará aun más la situación (la demanda interna cayó un 1,3% en 2011 –lleva pérdidas acumuladas del 40% desde el tercer trimestre de 2008– y las previsiones hechas tras la reforma laboral hablan de caídas del 2,8% para 2012 y de otro 0,5% para 2013).

Pero es que, además, las rebajas salariales no tienen relación directa con las cifras de desempleo en España si atendemos a las cifras reales.

Los castellonenses éramos 2.000 € al año (más de un 10%) más competitivos en factor trabajo que el resto de españoles; sin embargo, lejos de ser una ventaja a la hora de vernos recompensados por nuestras empresas en cuanto llegaran las vacas flacas, resulta que ahora también llevamos una gran ventaja al resto de españoles en cuanto a porcentaje de parados con casi un 27% de tasa de desempleo. Cornudos y apaleados.

Si es cierta la fórmula mágica según la cual las reducciones de salarios permiten a las empresas ser más competitivas y, por lo tanto, permiten mantener puestos de trabajo… ¿por qué en Castellón (con unos salarios rebajados un 10%) no ha ocurrido así? Fácil: porque el problema de España tampoco son los salarios.

Por último, para cerrar el círculo sobre la omnipresente competitividad, indicar que desde 1999 a esta parte España la ha incrementado un 6,9% mientras Alemania la ha disminuido un 11,5% (la media de la UE refleja una pérdida de competitividad del 7,8% desde ese año), por lo que tampoco una rebaja de salarios en España se explicaría por la pérdida de competitividad que se le achaca desde algunos sectores a la economía española.

Y no, no me he dejado en el aire los 47.300 millones de euros que debe pagar España por los intereses de su deuda; en igualdad de condiciones macroeconómicas (nivel de deuda respecto al P.I.B. o deuda privada avalada por el Estado), los intereses exigidos para la emisión de esa deuda deberían ser equivalentes para España, para Alemania o para el Reino Unido (e incluso ventajosos para España, como hemos visto). Pero no lo son, así que esos intereses habrá que pagarlos; pero, ¿a quién?

Hasta Enero de este año, el 40% de la deuda española estaba en manos de las entidades financieras… españolas; otro 27% estaba en manos de fondos de inversión, empresas y ciudadanos… españoles; y apenas el 33% se repartía entre el resto del mundo, con una participación destacada de Francia (aunque por debajo del 10%). Es decir, que a quien debemos es, básicamente, a nuestras propias entidades financieras.

Pero hay algún dato curioso más acerca de nuestra deuda. Desde que el Banco Central Europeo dispusiera la barra libre de financiación al 1% en Noviembre del año pasado (instrumento al que han acudido en masa las entidades financieras españolas), la práctica totalidad de la deuda pública emitida ha ido a parar a la banca española (46.000 millones) al tiempo que los flujos de créditos bancarios hacia la economía real (empresas y familias) están en los niveles más altos de descalabro desde el inicio de la crisis (es decir, que las restricciones crediticias son hoy más evidentes que nunca).

En definitiva, que la banca patria ha sido la más beneficiada por el incremento de la rentabilidad de nuestra deuda, una rentabilidad que es la que está restringiendo la salida del crédito hacia la economía real (la banca prefiere las altas rentabilidades de la deuda pública frente a las posibilidades de impago de empresas y familias); pero no lleguemos a conclusiones apresuradas: durante todo 2011 y hasta Enero de este año, los inversores extranjeros se han desecho de más de 40.000 millones netos de deuda pública española, pasando de controlar más del 45% de la misma a controlar poco más del 33%, y ese es el motivo principal del incremento de rentabilidades: no hay compradores extranjeros de deuda pública española, por lo que las únicas que pujan por las emisiones del Tesoro español son las maltrechas entidades financieras nacionales.

No obstante, es necesario hacer notar que las rentabilidades actuales (el tipo medio de interés de nuestra deuda pública de los últimos meses ronda el 4%, lejos del 5,7% que he tomado como referencia para calcular los intereses de nuestra deuda) son menores que las anteriores a 2009, por lo que tampoco los intereses exigidos a nuestra deuda pública (se nos exigían unos intereses mucho más elevados desde antes de la crisis) son un elemento que explique por sí mismo la crisis y ni mucho menos las políticas de recortes y de austeridad. Con lo cual hemos de volver al factor diferencial: el crecimiento económico no era negativo cuando se nos exigían intereses por nuestra deuda pública de más del 5% de tipo medio; ahora sí.

¿Por qué, entonces, se siguen aplicando políticas de austeridad y se promueve como solución la restricción de derechos laborales y sociales si el problema es de crecimiento económico?

¿Qué dirá ahora Miguel Barrachina?

El cuentista del Mediterráneo (del periódico, que no del mar) Miguel Barrachina, Diputado por el PP y articulista habitual de este diario de Castellón, ha destacado durante muchos, muchos meses por sus artículos populistas y demagogos contra el Gobierno central; llevaba unos meses sin atacar a Madrid (concretamente, desde el 12 de Noviembre pasado, la semana antes del cambio de color en el Gobierno), deberemos suponer que porque alguien en la capital del reino habrá oído sus plegarias y atendido sus peticiones.

Si en ridículo han quedado hasta el Presidente Mariano Rajoy y la Secretaria General del PP María Dolores de Cospedal por un quítame allá esas hemerotecas que revelan en muy pocos minutos las mentiras a las que nos tiene acostumbrados esta casta política que sigue habitualmente la máxima del “donde dije digo, digo Diego”, cómo no habrá quedado un insignificante Diputado de una insignificante provincia como la de Castellón, donde, a pesar de arrasar en votos, parece que hay que levantar mucho la voz y abrir mucho la boca para que alguien oiga a nuestros representantes del PP allá donde tengan que ser oídos.

Pero como ese trabajo (o debería decir autocrítica, o un simple “ups, vaya cagada”) de tragarse sus palabras no suele ser tarea habitual entre nuestros políticos, y menos aun si tienen mayorías absolutas en las que esconder la cabeza (tendrán otras cosas que hacer que ir rectificando, supongo que porque si no, no les quedaría más tiempo para desempeñar sus funciones), debemos ser otros quienes les mostremos que hacer política de tierra quemada (destructiva) no sólo no ayuda a los ciudadanos a los que deberían servir, sino que al final acaba chuscarrando a quien, pretendiendo ser portavoz de la provincia, acaba siendo un simple y triste bufón.

Qué mejor forma de empezar que con los agasajos al futuro presidente que le dedicó el sábado antes de ganar las Elecciones.

Que Mariano Rajoy es un hombre de principios (de muchos principios) está fuera de toda duda, como Zapatero. Ambos tienen tantos principios que utilizan unos u otros a conveniencia (propia o de Ángela Merkel); de hecho, lo de improvisar medidas económicas parece que está de moda desde Mayo de 2010 hasta esta parte, y Mariano Rajoy lleva dictados ya 13 Reales Decretos Leyes (leyes que no necesitan pasar por las Cortes para entrar en vigor) en los tres primeros meses de este año (el año pasado se dictaron 20, el último de ellos también obra de Rajoy) y una rectificación nada desdeñable publicada hoy mismo en el BOE para hacerse una trampa al solitario en cuanto a la deuda pública a declarar por el Estado.

Pero lo más jugoso de esa abundancia de principios que caracteriza al nuevo Gobierno (en contraposición al anterior, cabría añadir) está en Youtube (y en las dichosas hemerotecas que tanta desvergüenza suelen destapar).

Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros (Groucho Marx y Cospedal).

Incluso el “imperturbable” (Barrachina dixit) Rajoy tiene muchos principios.

En apenas veinte meses (los que ha tardado en pasar de la populista oposición tras los primeros recortes de Zapatero a la realidad de tener que gobernar), el “imperturbable” Rajoy que conoció Miguel Barrachina a una semana de proclamarse vencedor absoluto de las Elecciones Generales cambió de principios en cuanto a amnistiar a los defraudadores que no pagan sus impuestos al Estado.

Lo de subir impuestos, ni de broma, claro. A no ser que se cambie de principios.

Poco más de dos meses tardó el “íntegro” Rajoy en cambiar sus principios en materia de impuestos; y no los cambió sólo un poquito, no: de tener como principio una rebaja de impuestos a subir el IRPF en todos los tramos se debió dejar otros muchos principios por el camino.

La flexibilidad laboral sólo se usa para los contratos a contorsionistas de circo…

Y apenas tres meses tardó en cambiar sus principios en materia laboral, flexibilizando no sólo las condiciones laborales internas de las empresas, sino también (como si tres millones de despidos no fuesen suficientes) las condiciones de los despidos (gratuitos para los nuevos contratos indefinidos).

Con aquellos principios y aquella imperturbabilidad que emanaba el Rajoy de la oposición, no es extraño que tres días después de arrasar en las Elecciones Generales empezaran las peticiones al nuevo Gobierno central tras una etapa en la que, si nos guiamos por las opiniones de los dirigentes locales (como Miguel Barrachina), Zapatero maltrataba con saña a la provincia de Castellón.

Pero al llegar la hora de la verdad, con los nuevos y flamantes Presupuestos Generales del Estado, llegó la decepción: el milagro de Rajoy no era milagro, y si lo de Zapatero era un ensañamiento con la provincia de Castellón, lo de Rajoy se escapa de poder ser definido con palabras.

Deberemos suponer que Miguel Barrachina, ante tamaño agravio hacia la provincia, va a insistir en sus líneas maestras de reivindicación al Gobierno central, ¿verdad?