Ni la deuda pública ni los salarios son el problema de España

Tanta especulación sobre la prima de riesgo española (los intereses de más que nos exigen a nosotros respecto a los intereses que se le exigen a Alemania para comprar bonos del Estado con vencimiento a 10 años) ha acabado por generalizar la falsa afirmación de que España tiene un descomunal problema con la deuda pública, y que por eso los dichosos mercados no hacen más que especular sobre nuestro futuro económico.

Pues bien, lo cierto es que el problema de España no está en su deuda pública (el 60% de su PIB en 2010, que es el último dato oficial conocido), que está muy por debajo de la deuda pública de otros países desarrollados como Alemania (más del 80%) o Reino Unido (80% de su PIB y con tendencia a incrementarse).

Por supuesto, cada país tendrá una determinada capacidad de endeudamiento, pero lo primero a tener en cuenta es ese porcentaje de deuda sobre el P.I.B. (es decir, el nivel de deuda respecto a la capacidad de producir bienes y servicios), y de ahí que la deuda se cuantifique habitualmente como porcentaje del P.I.B. de cada país; así, España produce más bienes y servicios que Alemania o que el Reino Unido para pagar su deuda pública, por lo que podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que las administraciones de Alemania o del Reino Unido van a tener más dificultades que España a la hora de devolver lo que deben.

Es también muy habitual leer en determinados medios que el problema de la deuda pública española es que se ha incrementado mucho desde el inicio de la crisis, y es cierto, pero no se ha incrementado más de lo que se ha incrementado en Alemania, en Reino Unido o en casi todos los países europeos afectados por la crisis (todos): el incremento de la deuda pública ha sido generalizado (de unos 20 puntos porcentuales) por los propios efectos de la crisis, puesto que los países han tenido que recurrir al endeudamiento ante la caída en los ingresos. Así, la deuda pública de Alemania se ha incrementado en 18,3 puntos desde 2007, la del Reino Unido en 35,4 y la de España en 24,9.

No existe ninguna razón, pues, para que ese incremento de la deuda pública haya sido más pernicioso para España que para cualquiera de los países europeos a los que la crisis les ha pasado factura en la parte de los ingresos.

Se aduce también que el Estado español ha avalado mucha deuda privada; la opacidad en este tipo de operaciones (en casi todos los países) no permite realizar afirmaciones tajantes, pero los datos conocidos tampoco permiten concluir que los avales concedidos sean superiores en España (100.000 millones de euros aprobados en 2008 y renovados en Enero para avalar la financiación exterior de la banca, siendo la deuda viva –aun no pagada– de unos 65.000 millones de euros, por lo que esa sería la cifra máxima que debería pagar el Estado en el caso de que ningún banco pudiese devolver por sí mismo esas deudas avaladas) a los del resto de países europeos. Por seguir con las comparaciones con Alemania, este país asumió las pérdidas (29.000 millones de euros) de los activos tóxicos de dos de sus bancos, algo que en España se ha realizado mediante provisiones en las contabilidades de las propias entidades financieras; según los datos disponibles en 2009 (tras los graves problemas del sistema financiero para obtener liquidez, que es lo que hizo que muchos gobiernos tuviesen que avalar la financiación exterior de sus bancos), España había avalado a sus bancos por un importe equivalente al 8% de su P.I.B. y Alemania por un 7%.

El último argumento utilizado habitualmente para poner el foco sobre la deuda española como fuente de todos los males es la conocida prima de riesgo; ésta no es más que la diferencia entre los intereses que se le exigen a Alemania por sus bonos de deuda pública a 10 años y los intereses que se le exigen a otro país por ese mismo tipo de bonos. Así, que España tenga una prima de riesgo de 400 puntos sólo significa que el interés que se le exige a España para comprar sus bonos está un 4% por encima del interés que se le exige a Alemania; o lo que es lo mismo, que si el jueves España colocó deuda pública al 5,7%, a Alemania se le exigió el 1,7% de interés.

Claro, que ese interés adicional que se le exige a España para colocar su deuda pública no se correspondería ni con la capacidad de devolución de la misma respecto a su P.I.B., ni por tener esa deuda un crecimiento desmesurado respecto al resto de países de su entorno, ni por esperarse un comportamiento dispar del crecimiento económico español respecto al crecimiento de sus otros socios europeos.

Este último aspecto (el del crecimiento económico) es relevante porque se considera que los intereses que deben pagarse por la deuda deberían ser siempre inferiores al crecimiento esperado del P.I.B., algo que no cumplen casi ninguno de los países europeos hoy en día; en esta variable sí existe una diferencia entre España, Alemania y Reino Unido, pero veamos antes cómo se entrelazan ambos datos (el crecimiento esperado y los intereses que se han de pagar por la deuda pública).

Si el crecimiento esperado es nulo, se entiende que el país podrá atender el pago del principal de la deuda, pero no podrá atender los intereses, por lo que esos intereses deberá pagarlos sustrayendo los importes correspondientes de otras partidas de sus presupuestos o incrementando el déficit del Estado (esto es pecado mortal hoy en día, por lo hemos de descartar); así, cuanta mayor sea la diferencia entre los intereses a pagar y el crecimiento esperado del P.I.B., mayor será el importe a detraer de los presupuestos para hacer frente al pago de esos intereses (es decir, mayores habrán de ser los recortes en gastos o mayor habrá de ser la carga impositiva que soporten los ciudadanos del país).

Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea (del mes de Febrero), los crecimientos esperados de España, Alemania y Reino Unido para este 2012 eran, respectivamente, del –1%, del 0,6% y del 0,6%.

Sí encontramos aquí una posible causa a la desconfianza hacia nuestro país, pero no por la parte de los intereses de la deuda (concluir que los altos intereses que se exigen a nuestra deuda pública son como consecuencia de la diferencia entre esos mismos intereses con cualquier otra variable macroeconómica sería caer en el absurdo de una recursividad irresoluble), sino por la otra variable en liza: la previsible ausencia de crecimiento económico.

Haciendo una simulación rápida (sin tener en cuenta que no a toda la deuda se le exigirán los tipos de interés máximos), Alemania necesitaría anualmente 35.000 millones de euros para afrontar los intereses de su deuda (al 1,7% de interés), Reino Unido necesitaría 23.600 millones de euros y España 36.600 millones de euros; estos importes, corregidos según el crecimiento económico esperado, nos llevaría a unas necesidades anuales de 19.600 millones de euros para Alemania (con un crecimiento esperado del 0,6%), de 13.400 millones de euros para Reino Unido y de 47.300 millones de euros para España. Y en sentido inverso, ¿cuánto se debería crecer para evitar que el pago de los intereses de la deuda tuviese que salir de los recortes en otras partidas de los presupuestos? Alemania y Reino Unido tendrían que crecer un 1,4% (un 0,8% más que lo previsto) y España… un 3,4% (un 4,4% más de lo previsto).

Y aquí es donde entran en juego los otros ajustes macroeconómicos, y muy en especial los relativos a los salarios, cuya reducción iría encaminada a permitir que las empresas tiraran de ese crecimiento económico. Pero el problema es que la masa salarial es una parte sustancial del P.I.B. (cada vez con menos peso, eso sí, lo cual es una muestra evidente de que los salarios ya se han estado ajustando a la baja desde hace tiempo), por lo que su reducción también afectará negativamente al crecimiento del P.I.B.; el problema es que los salarios españoles ya están muy por debajo de los salarios alemanes o británicos; y el problema es que la demanda interna española ya está hoy bajo mínimos, por lo que una reducción en la capacidad de consumo de los usuarios finales (que son los trabajadores a quienes se les quieren reducir los salarios) agravará aun más la situación (la demanda interna cayó un 1,3% en 2011 –lleva pérdidas acumuladas del 40% desde el tercer trimestre de 2008– y las previsiones hechas tras la reforma laboral hablan de caídas del 2,8% para 2012 y de otro 0,5% para 2013).

Pero es que, además, las rebajas salariales no tienen relación directa con las cifras de desempleo en España si atendemos a las cifras reales.

Los castellonenses éramos 2.000 € al año (más de un 10%) más competitivos en factor trabajo que el resto de españoles; sin embargo, lejos de ser una ventaja a la hora de vernos recompensados por nuestras empresas en cuanto llegaran las vacas flacas, resulta que ahora también llevamos una gran ventaja al resto de españoles en cuanto a porcentaje de parados con casi un 27% de tasa de desempleo. Cornudos y apaleados.

Si es cierta la fórmula mágica según la cual las reducciones de salarios permiten a las empresas ser más competitivas y, por lo tanto, permiten mantener puestos de trabajo… ¿por qué en Castellón (con unos salarios rebajados un 10%) no ha ocurrido así? Fácil: porque el problema de España tampoco son los salarios.

Por último, para cerrar el círculo sobre la omnipresente competitividad, indicar que desde 1999 a esta parte España la ha incrementado un 6,9% mientras Alemania la ha disminuido un 11,5% (la media de la UE refleja una pérdida de competitividad del 7,8% desde ese año), por lo que tampoco una rebaja de salarios en España se explicaría por la pérdida de competitividad que se le achaca desde algunos sectores a la economía española.

Y no, no me he dejado en el aire los 47.300 millones de euros que debe pagar España por los intereses de su deuda; en igualdad de condiciones macroeconómicas (nivel de deuda respecto al P.I.B. o deuda privada avalada por el Estado), los intereses exigidos para la emisión de esa deuda deberían ser equivalentes para España, para Alemania o para el Reino Unido (e incluso ventajosos para España, como hemos visto). Pero no lo son, así que esos intereses habrá que pagarlos; pero, ¿a quién?

Hasta Enero de este año, el 40% de la deuda española estaba en manos de las entidades financieras… españolas; otro 27% estaba en manos de fondos de inversión, empresas y ciudadanos… españoles; y apenas el 33% se repartía entre el resto del mundo, con una participación destacada de Francia (aunque por debajo del 10%). Es decir, que a quien debemos es, básicamente, a nuestras propias entidades financieras.

Pero hay algún dato curioso más acerca de nuestra deuda. Desde que el Banco Central Europeo dispusiera la barra libre de financiación al 1% en Noviembre del año pasado (instrumento al que han acudido en masa las entidades financieras españolas), la práctica totalidad de la deuda pública emitida ha ido a parar a la banca española (46.000 millones) al tiempo que los flujos de créditos bancarios hacia la economía real (empresas y familias) están en los niveles más altos de descalabro desde el inicio de la crisis (es decir, que las restricciones crediticias son hoy más evidentes que nunca).

En definitiva, que la banca patria ha sido la más beneficiada por el incremento de la rentabilidad de nuestra deuda, una rentabilidad que es la que está restringiendo la salida del crédito hacia la economía real (la banca prefiere las altas rentabilidades de la deuda pública frente a las posibilidades de impago de empresas y familias); pero no lleguemos a conclusiones apresuradas: durante todo 2011 y hasta Enero de este año, los inversores extranjeros se han desecho de más de 40.000 millones netos de deuda pública española, pasando de controlar más del 45% de la misma a controlar poco más del 33%, y ese es el motivo principal del incremento de rentabilidades: no hay compradores extranjeros de deuda pública española, por lo que las únicas que pujan por las emisiones del Tesoro español son las maltrechas entidades financieras nacionales.

No obstante, es necesario hacer notar que las rentabilidades actuales (el tipo medio de interés de nuestra deuda pública de los últimos meses ronda el 4%, lejos del 5,7% que he tomado como referencia para calcular los intereses de nuestra deuda) son menores que las anteriores a 2009, por lo que tampoco los intereses exigidos a nuestra deuda pública (se nos exigían unos intereses mucho más elevados desde antes de la crisis) son un elemento que explique por sí mismo la crisis y ni mucho menos las políticas de recortes y de austeridad. Con lo cual hemos de volver al factor diferencial: el crecimiento económico no era negativo cuando se nos exigían intereses por nuestra deuda pública de más del 5% de tipo medio; ahora sí.

¿Por qué, entonces, se siguen aplicando políticas de austeridad y se promueve como solución la restricción de derechos laborales y sociales si el problema es de crecimiento económico?