Esta Europa ya no sirve para nada

“No hay que confundir a un país con su Gobierno: la canciller Merkel lidera al partido más fuerte, pero por sí sola no tiene mayoría. Así que no son los alemanes: es ese Gobierno alemán quien impone esa política de austeridad a ultranza con la que no estoy de acuerdo: los recortes por sí solos no generan ni crecimiento ni confianza. Mi propuesta es combinar la necesaria disciplina con estímulos estratégicos para que vuelvan el crecimiento y el empleo. Esa política de cortar, cortar y cortar no es cosa solo de Merkel. El Consejo Europeo, unánimemente, está de acuerdo con la canciller. Hay 27 primeros ministros que aprueban esa receta. Sin fisuras. Ese es el drama.”

Son las primeras palabras de Martin Shulz (no he leído más: su opinión tiene, al parecer, el mismo peso que la mía) en una entrevista publicada por El País bajo un titular elocuente, aunque excesivamente optimista: “El proyecto europeo está amenazado”. En realidad, el proyecto europeo ya no existe, y esas palabras del Presidente del Parlamento Europeo (única institución a la que votamos los ciudadanos europeos cada cinco años) son la demostración de la muerte de esta Europa: su única institución democrática no sirve para nada; son otros quienes deciden el futuro de los ciudadanos europeos, son otros quienes tienen la sartén por el mango.

Las preguntas, por lo tanto, son muy claras: ¿para qué pagar a unos parlamentarios que no pueden decidir absolutamente nada? ¿Para qué pagar unas instituciones que lo único que pueden hacer es patalear como lo puede hacer cualquiera desde una cuenta de Facebook?

Háganse elecciones europeas si se quiere mantener esta mentira de la Europa de los ciudadanos. Pero que a esos parlamentarios se les haga trabajar desde su casa, de forma gratuita, simplemente abriéndoles una cuenta oficial en cualquier red social de su elección en la que puedan patalear todo lo que quieran. Si es eso lo único que pueden hacer, no necesitan ni una sede ni un sueldo: es lo que hacemos cualquier ciudadano indignado (o hasta los cojones) con lo que deciden quienes tienen la sartén por el mango.

Y otro tanto podríamos decir del resto de instituciones europeas; el Consejo Europeo es otra farsa más. Ya se hacen reuniones bilaterales entre los 26 y Alemania; reunirse los 27 en una sede para aceptar lo que diga Alemania no es más que otro gasto que nos podríamos ahorrar.

Y de la Comisión Europea, ¿qué decir de la Comisión Europea? Que les paguen las grandes escuelas de economía neoliberal, las empresas o los grandes bancos, que son quienes deciden sus directivas, sus recomendaciones y toda su normativa. Que el parlamento alemán o alguna universidad de élite les cedan alguna sala en la que reunirse y nos ahorraríamos otra sede más.

Como la del Banco Central Europeo, que ni es banco, ni es central, ni es europeo.

Para las próximas elecciones europeas, a nosotros, como a los parlamentarios que tenemos que elegir, sólo nos quedará el derecho al pataleo: el voto en blanco o un voto nulo repleto de insultos.

Menuda Europa han creado.

Economistas y sinvergüenzas manipulando hojas de cálculo

El National Bureau of Economic Research publicó en 2010 una de las grandes demostraciones económicas del siglo XXI: la deuda pública excesiva (a partir del 90% del P.I.B.) provoca recesión según los datos históricos disponibles. Consecuencias inmediatas: el neoliberalismo, la teoría económica dominante en los grandes centros de decisión y cuya mayor prioridad es reducir los estados a la mínima expresión, veía confirmadas sus teorías en base a experiencias pasadas.

Por lo tanto, la prioridad absoluta para evitar las recesiones económicas quedaba perfectamente definida: la deuda pública debía estar controlada en todo momento. Se acabaron las políticas de gasto público para reactivar el crecimiento: quedaba demostrado empíricamente que esas políticas socialistas provocaban el efecto contrario al deseado.

Tabla contenida en el informe del National Bureau of Economic Research. Los neoliberales demostraron en 2010 que la deuda pública por encima del 90% provoca recesión según los datos disponibles (1946-2009) para los países occidentales.

En España incluso aprobamos una modificación de nuestra Constitución para prohibir déficits públicos excesivos (la deuda pública se utiliza para cubrir los déficits públicos ante caídas de la recaudación o para acometer gastos públicos de cierta envergadura cuya rentabilidad económica tiene un retorno a largo plazo); y todas las políticas de contención del déficit público (los recortes) impuestas en Europa a los países rescatados (Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y, por supuesto, España) provenían de la misma teoría.

Todo era mentira.

Los datos reales muestran que de la supuesta recesión (-0,1%) provocada por el excesivo nivel de deuda pública pasamos a un crecimiento medio del 2,2%.

Los datos históricos no demuestran una correlación entre deuda pública y recesión. Ni para niveles de deuda pública del 90%, ni para niveles del 120% y ni tan siquiera para niveles superiores al 150%. Carmen R. Reinhart y Kenneth S. Rogoff (los autores del informe) hicieron trampas para demostrar que sus teorías eran ciertas. Ese -0,1% que se muestra en la primera línea de la tabla anterior (esa es la demostración empírica del efecto contraproducente de las deudas públicas excesivas en los países desarrollados) es en realidad un 2,2%; Carmen y Kenneth se olvidaron de incluir algunos datos, omitieron otros y utilizaron las medias según la fórmula más beneficiosa para demostrar sus prejuicios, tal y como han demostrado los estudiantes Herndon, Ash y Pollin en el estudio enlazado.

Todas las grandes teorías de la conspiración funcionan de la misma forma: se presuponen unas conclusiones (el intervencionismo estatal en la economía es perjudicial para el bienestar de las personas) y se intentan demostrar esas conclusiones a costa de lo que sea. Y las teorías neoliberales se están mostrando muy cercanas a una teoría de la conspiración cualquiera: los autores del informe admitieron los errores empíricos en el Wall Street Journal, pero se negaron a admitir que las conclusiones a las que llegaron puedan ser, en consecuencia, erróneas:

"Do Herndon et al. get dramatically different results on the relatively short post war sample they focus on?  Not really.  They, too, find lower growth associated with periods when debt is over 90%".

No olvidemos que, en el mundo económico neoliberal, este es el segundo de los datos empíricos en los que se sostienen las teorías económicas predominantes que se desmorona en pocos meses; primero fue el índice que se utilizaba para demostrar el limitado (o incluso nulo) efecto de los recortes presupuestarios en el Estado sobre el resto de la economía (se utilizaba un índice que minimizaba dichos efectos) y ahora nos encontramos con esta burda manipulación en los datos estadísticos que han servido para limitar la maniobrabilidad de los estados ante las crisis económicas del sistema capitalista.

Tomando aisladamente cualquiera de los dos errores podríamos pensar que se trata simplemente de eso: dos errores. Sin embargo, desde los grandes centros de decisión económica se siguen manteniendo las mismas políticas de recortes presupuestarios y reducción de los estados antes y después de comprobarse los errores: las conclusiones, demostradas con dos errores, permanecen invariables.

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que estamos siendo dirigidos hoy por una especie de secta económica totalmente irracional y obsesionada con un enemigo (los estados) al que pretenden aniquilar a costa de lo que sea y llevando a la ruina, si fuese necesario para conseguirlo, a millones de trabajadores.

Por qué las empresas delinquían con las donaciones al PP

La estrategia del partido que nos gobierna es muy clara: Bárcenas, su gerente, era un chanchullero. Hacía y deshacía cuanto quería en las cuentas del Partido Popular sin que nadie en la dirección del partido se preocupara lo más mínimo de si las donaciones anónimas eran o no eran conformes con la normativa sobre financiación de partidos. Es decir, que Bárcenas delinquía a las espaldas de su partido.

Ahora bien, aquí no hay dos partes en conflicto (Bárcenas -un bala perdida- y el partido al que financiaba ilegalmente -el tonto de la película-), sino tres; a esos dos actores hay que añadir el tercero en discordia: las empresas que financiaban al Partido Popular con cantidades consideradas completamente ilegales por superar con creces el límite de 60.000 € que marcaba la Ley para las donaciones.

Y aquí es donde se desmorona toda la estrategia del PP: ¿por qué o para qué las empresas realizaban donaciones ilegales al Partido Popular? ¿Qué tipo de empresarios tenemos en este país que delinquen a conciencia por el mero hecho de delinquir sin obtener nada a cambio? ¿Tenemos dos tontos en la misma película?

En legítima violencia

Felipe González pidió una reflexión sobre los escraches a los políticos preguntándose por qué un niño (el de algún político en este caso) tiene que aguantar presiones en la puerta de su casa; coincido plenamente en la necesidad de esa reflexión, aunque no con los destinatarios de la misma.

La violencia de los escraches no es una violencia incondicionada, sino una respuesta violenta sobrevenida a causa de otra violencia anterior; efectivamente, los niños no tienen por qué aguantar presiones en la puerta de su casa. Ni en la puerta ni en su interior. Pero parece que esa protección a la infancia sólo rige para los hijos de los poderosos banqueros, de los poderosos patronos o de los dóciles políticos que legislan para que esos niños no tengan que aguantar presiones en la puerta de sus casas.

A los niños de los obreros en paro, a los niños de las familias pobres o a los niños de la extinta clase media española, la violencia les llega a las puertas de su casa en forma de uniforme policial y comisión judicial; el obrero en paro a quien le han quitado su casa y la de sus hijos (30.000 familias españolas perdieron la casa en la que vivían en 2012) y a quien la ley le obliga, además, a seguir pagando la hipoteca (20.000 de esas 30.000 familias están sin casa y con la obligación de pagar las cuotas pendientes del préstamo de una vivienda que ahora tiene el banco), también nos pedirá que reflexionemos y que nos preguntemos por qué los hijos de los trabajadores sí pueden (y no sólo eso: es un deber legal) aguantar no sólo las presiones en la puerta de sus casas, sino incluso que les echen de su propio hogar.

Para ese obrero y para sus hijos, la violencia no es exigir a un político, en la calle o en la puerta de su casa, que se cambie la ley; para ese obrero y para sus hijos, la violencia es el Boletín Oficial del Estado, la violencia es el Congreso de los Diputados, la violencia es el Estado en sí mismo, que permite a una persona jurídica (sin hijos, sin familia, sin vivienda habitual) modificar la tasación que ella misma realizó y quedarse con el hogar de su familia al 60% del 40% de lo que al obrero le hicieron pagar hace seis años. Esa es la violencia original, la violencia incondicionada.

Pero los escraches no son ni tan siquiera una respuesta directa a esa violencia, a ese terrorismo de Estado (¿o acaso no es legítimo hablar de terrorismo cuando la violencia se ejerce sobre los niños de los obreros?); antes de los escraches hubo otro mundo: la Iniciativa Legislativa Popular que el Congreso de los Diputados se va a encargar de dilapidar, las movilizaciones ciudadanas para evitar que la violencia estatal llegase a las puertas de las casas de los niños de los obreros, las protestas pacíficas en forma de manifestaciones...

Pero la voracidad financiera de los bancos y la cooperación necesaria de los políticos hicieron oídos sordos: la ley es la que es y no hay nada que hacer. "Haber vivido debajo de un puente", le dicen al obrero, que ahora está pagando el error de haber "vivido por encima de sus posibilidades".

Y ahora llegaron los escraches, sí. Como respuesta a la violencia ejercida en las puertas de las casas de los hijos de los obreros, como respuesta a los oídos sordos de los políticos ante esa violencia. Como último recurso antes de la violencia directa, de la violencia de verdad.

Y la respuesta de los políticos es prohibir los escraches, declararlos fuera de la ley... Sólo queda un escalón por subir. Y luego...