Qué gano yo con un Estado propio

Mejora en las pensiones, reducción de la edad de jubilación, mayores ayudas a la dependencia, mejor regulación del sistema financiero, mejores prestaciones por desempleo, más trabajo y menos paro, más recursos para la sanidad, mejores infraestructuras, políticas industriales activas...

Estos son los beneficios que, según un partido catalán, tendrían los catalanes si votasen a favor de convertir Cataluña en un Estado; muchos pensarán en Esquerra Republicana o en Iniciativa per Catalunya como emisores de esas promesas, puesto que el Partido Socialista se ha desmarcado de ese estado propio y el partido gobernante, CiU, ha sido pionero en los recortes de prácticamente todos los servicios públicos catalanes.

Sin embargo, esas propuestas provienen de Convergència Democràtica de Catalunya, uno de los partidos que han acometido los brutales recortes de derechos, tanto en materia de servicios públicos como en las libertades individuales de sus ciudadanos, en Cataluña.

No parece, desde luego, que un voto afirmativo en la consulta catalana venga acompañado de esos avances sociales si el gobierno que se elija con posterioridad, ya dentro de ese estado propio, fuese el mismo que ha gobernado a los catalanes estos últimos años.

Por mucha campaña de imagen que se le quiera dar a ese nuevo estado, un gobierno de derechas hará lo mismo con o sin estado propio. Y el partido de derechas que gobierna Cataluña hoy hace exactamente lo contrario de lo que dice que haría con un estado propio.

La izquierda indigente

Hay comentarios que se pueden ignorar, otros que molestan, otros que indignan y, finalmente, hay algunos que aterran. La entrevista que Jordi Évole le hizo a José Antonio López Casas en el programa Salvados del día de la Inmaculada (08/12/2013) contiene algunos comentarios pertenecientes a la última categoría, entre ellos el referido (en un tono especialmente despectivo) a la "izquierda indigente" que afirma que la liberalizadora Ley del Suelo de 1998 es la principal responsable de la quiebra de algunas autopistas, entre ellas las dos que tiene concedidas la empresa Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. (las radiales R-3 y R-5), a quien representaba el Sr. López Casas, en calidad de Director General, en la citada entrevista.

«Eso [relacionar el sobrecoste de las expropiaciones con la Ley del Suelo de 1998] es algo que tiene mucha venta en determinados ámbitos culturales indigentes de la izquierda, pero es mentira. Está aquí explicado [le muestra un documento a Jordi Évole, que le pregunta sobre lo que acaba de decir]. Sí, la izquierda española, indigente culturalmente, dice que el incremento en el valor de los terrenos viene determinado por una Ley del Suelo del gobierno popular del año 1998; eso es pura, llana y lisamente mentira. Eso han sido decisiones de los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia aquí [en el documento entregado a Jordi Évole] que dice que un metro cuadrado de terreno en la M-40 valía el año 2000 3.000 €; el juez que firma eso, o no sabe de lo que habla o está contribuyendo al incremento del valor de los terrenos y a la especulación.»

Los juzgados y tribunales españoles, efectivamente, han sido los responsables de ese sobrecoste de las expropiaciones; de lo que se olvida el Sr. López Casas es de que los juzgados y tribunales españoles aplican la ley en sus decisiones. Y no sólo sí es la Ley del Suelo de 1998 la que han aplicado a aquellas expropiaciones, sino que esas decisiones han beneficiado sustancialmente a las concesionarias al reinterpretar la literalidad de esa Ley del Suelo, rectificando los expedientes de los jurados provinciales de expropiación elaborados en 2000 (jurados creados por el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos, gobernando en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y en la capital de España José María Álvarez del Manzano, por lo que dichos expedientes -que tomaron la Ley del Suelo al pie de la letra y valoraron los terrenos a expropiar como si fuesen urbanizables- difícilmente podrían atribuirse a la izquierda indigente o a algo que se le pudiese parecer).

La Sentencia 6058/2008 del Tribunal Supremo realiza un seguimiento temporal completo del recorrido de aquellos expedientes de expropiación, cuyo sobrecoste es atribuido por el Sr. López Casas a «decisiones de los juzgados y tribunales españoles»; el error de origen (la causa del sobrecoste de las expropiaciones), sin embargo, no puede atribuirse a los juzgados y tribunales españoles (que rebajaron considerablemente los costes de expropiación inicialmente previstos), ni a ninguna interpretación torticera de la Ley del Suelo por parte de la izquierda indigente. El error (lo pongo en cursiva porque el error lo es sólo para las concesionarias de las autopistas) fue aplicar la Ley del Suelo de forma literal para elaborar los expedientes de expropiación, considerando como suelo urbanizable todos los terrenos a expropiar.

Aunque nadie lo diga ahora (y mucho menos lo va a decir el Sr. López Casas), los expedientes de expropiación se realizan siempre con la mínima valoración posible. Incluso, por desgracia demasiado a menudo, por debajo de lo que marca la legislación vigente en cada momento. Quien recurra la valoración ante los tribunales conseguirá el adecuado justiprecio, y quien no recurra se quedará con lo que el órgano de expropiación haya dictado; bajo esta hoja de ruta, muchos (una gran mayoría: ¿quién se mete a litigar contra una administración pública?) propietarios aceptan la dádiva que se le ofrece en el expediente inicial de expropiación. Sólo algunos (normalmente empresas y muy pocos particulares) recurren y consiguen una valoración ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia.

Pero en el caso de las radiales madrileñas ocurrió justo lo contrario: el jurado de expropiación (compuesto por un magistrado, un abogado del Estado, un notario, un arquitecto de Hacienda y un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana) realizó las valoraciones aplicando el máximo valor posible a todos los terrenos. Los propietarios (que vieron cómo sus suelos agrícolas eran considerados como urbanizables) no tenían que recurrir para obtener un mayor precio: ya se lo había otorgado el jurado de expropiación al aplicar literalmente la Ley del Suelo de 1998, que relegaba el suelo no urbanizable, exclusivamente y de forma subsidiaria (artículo 9), a aquéllos terrenos "que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial" (es decir, que si no gozaban de un régimen especial de protección debían considerarse urbanizables).

Aquella interpretación de la Ley del Suelo de 1998 provocó una apresurada y atropellada modificación urgente del citado artículo 9 a través del Real Decreto Legislativo 4/2000, aprobado mientras se constituían los jurados provinciales de expropiación y que introdujo un nuevo párrafo que fue declarado inconstitucional, siendo modificado de nuevo por la Ley 10/2003. Baste indicar que el Tribunal Supremo tuvo que recurrir a la exposición de motivos de esta última Ley (de 2003) para reinterpretar la literalidad (beneficiándose de esa reinterpretación las propias concesionarias hoy en quiebra) de ese artículo 9 de la Ley de 1998, tal y como se explica en el fundamento de derecho quinto de la sentencia enlazada:

"La exposición de motivos de dicha Ley expresa que, para incrementar la oferta del suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los productos inmobiliarios, se persigue «la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable», exigiendo, en la redacción que finalmente da al artículo 9, apartado 2, que el criterio clasificador de la inadecuación para el desarrollo urbano se sustente en el «imperativo del principio de utilización de los recursos naturales» o en «criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa» sectorial."

Estaríamos ahora en disposición de preguntarnos quién es en realidad el indigente cultural, pero la ocasión y la osadía de López Casas bien merecen que ahondemos un poco más en este jugoso plato.

Las decisiones judiciales beneficiaron a la empresa del Sr. López Casas

Las concesionarias (entre ellas Accesos de Madrid, que obtuvo la concesión en 1999, ya con la Ley del Suelo aprobada) se vieron ante la tesitura de admitir sin más ese sobrecoste (en la sentencia enlazada, el jurado provincial de expropiación valora el suelo agrícola a expropiar en 48,21 €/m²) o recurrir todos y cada uno de los expedientes en base al precio que considerasen correcto (en el caso de la sentencia, la concesionaria consideraba que éste estaba entre 0,9 €/m² y 1,67 €/m²); y como era de esperar, los tribunales tuvieron que revisar todos los expedientes, puesto que las concesionarias los recurrieron todos.

Pues bien, los tribunales (que iniciaron los procesos de revisión a partir de 2003) rebajaron considerablemente las valoraciones iniciales de los jurados de expropiación (que empezaron a modificar también sus propios criterios ese mismo año), pasando de considerar los terrenos como urbanizables a considerarlos de acuerdo con la normativa urbanística vigente al iniciarse los expedientes de expropiación; según se indica en el caso de la sentencia enlazada, el propio jurado de expropiación rebajó la valoración de otras fincas similares a aquélla a 11,25 €/m² a partir de diciembre de 2003, aplicando al suelo rústico las expectativas de revalorización (por su afectación por las radiales y por su cercanía a zonas ya urbanas) incluidas en el artículo 26 de (otra vez) la Ley del Suelo de 1998.

Podemos preguntarnos de nuevo por la indigencia cultural del Sr. López Casas, pero insistiremos un poco más en este jugoso asunto de la liberalización del suelo y de sus consecuencias.

La liberalización del suelo como falsa lucha contra la especulación

La Ley del Suelo anterior (de 1990/1992) eliminó esas valoraciones a futuro (expectativas) para evitar la especulación; las expropiaciones se realizaban por el precio del terreno expropiado en el momento de la expropiación. Habrá quien afirme (como hizo Francisco Álvarez Cascos en Salvados unos minutos antes de la entrevista al Sr. López Casas) que esas valoraciones a futuro (como el resto de la Ley del Suelo de 1998) se introdujeron para combatir la especulación; las evidencias afirman todo lo contrario (¿o hay quien niega aún hoy la especulación inmobiliaria que nos ha llevado hasta donde estamos?), pero la ideología neoliberal no parece estar dispuesta a renunciar a sus dogmas. Tal vez la indigencia cultural haya que buscarla mucho más lejos de la izquierda de lo que el Sr. López Casas pretende ubicarla.

La predicada muerte de las derechas y de las izquierdas ha resultado ser una simple forma de eliminar a éstas para erigir como único dogma al de aquéllas, ahora rebautizadas bajo el más amable término de "liberalismo" (se apropian ya hasta de los términos progesistas), puesto que "conservadurismo" se les está quedando corto y "neonovecentismo" no es una buena marca publicitaria.

De todas formas, podemos dejar las ideologías y los dogmas apartados para ceñirnos a un mero análisis de lógica y de sentido común: los bienes expropiados por una administración lo son para realizar una obra que pueda considerarse de interés general (por ejemplo, una autopista, como es el caso que nos ocupa). El interés particular del propietario de los terrenos expropiados viene determinado por el uso que dicho propietario les esté dando en el momento en el que se pretende realizar la expropiación; si es un campo de secano (como también es el caso), se le debería pagar como campo de secano que es.

A partir de aquí (de ese valor actual del terreno expropiado), podemos introducir todas las correcciones que se nos ocurran en función de si queremos proteger más o menos los intereses particulares de los propietarios expropiados, pero tengamos en cuenta que todas las correcciones que incrementen los valores reales van en detrimento del interés general (las obras de las que se trate incrementarán su coste) y, sobre todo, tengamos muy presente que pueden ser utilizadas para obtener de la administración un valor muy superior al que se pagaría por el terreno expropiado.

Pero lo más sangrante del caso es que ese criterio de las expectativas futuras para incrementar artificialmente el valor de un terreno expropiado se reintrodujo en la Ley del Suelo de 1998 tras las quejas de gran parte del sector de la construcción por haberse restringido en la ley de 1990/1992, a su entender en exceso, la libertad para la explotación económica del suelo.

«El régimen del suelo, durante la etapa socialista, estaba sometido a una estricta regulación administrativa, en la que se establecía el número de metros cuadrados que se podía edificar en función de la demanda previsible (suelo urbanizable programado).

La nueva Ley simplifica los tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable. Y lo es mediante un procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema de licencias y permisos. El Gobierno espera conseguir, con ello, un drástico aumento de la oferta de suelo, lo que, según aseguró ayer el ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda». Editorial de El Mundo del 27/03/1998.

Veamos los argumentos de se exponían en el libro de Antón Costas Comesaña publicado por La Caixa en 1997, "Los beneficios de la liberalización de los mercados de productos", en una apartado destinado específicamente a la construcción:

«El amplio abanico de reglamentaciones y normativas que gobiernan la industria de la construcción en Europa y Japón constituye un excelente ejemplo de la forma en que las restricciones del mercado de productos ahogan la producción. Un crecimiento más rápido de la producción, junto con un aumento más lento de la productividad, dieron como resultado una mayor creación de empleo en Estados Unidos. 

La industria de la construcción está sujeta a numerosas regulaciones relativas al uso del suelo, la calidad de los edificios, la seguridad, los arrendamientos y los impuestos. Por muy deseables que sean estas regulaciones, afectan negativamente al volumen de la construcción, y, por lo tanto, al empleo.

[...] 

Las estrictas reglamentaciones urbanísiticas son la causa básica de este retraso [en el crecimiento de la construcción], en el sentido de que restringen la oferta de suelo comercial y residencial. Ello conduce a precios de suelo más elevados y a altos costes de construcción, que limitan el crecimiento de la producción. Establecer códigos y normas también tiene un impacto negativo sobre la producción, porque incrementa los costes materiales y laborales. Las autoridades europeas y japonesas distorsionan aún más los mercados de viviendas a través del control de los arrendamientos y de incentivos fiscales. 

Para los políticos japoneses y europeos, la implicación es que si el entorno regulador se hace más flexible es probable que aumenten la producción y el empleo en la construcción. Ello introduce la posibilidad de conflictos con objetivos sociales más amplios. Los políticos tendrían que preguntarse cuándo las restricciones sirven al bien público o cuándo simplemente protegen intereses creados».

Este mismo autor, transcurridos los años y con la crisis ya en marcha, acabaría escribiendo algo bien distinto:

«La crisis ha roto lo que creíamos saber en este último cuarto de siglo acerca de cuáles debían ser los respectivos roles de las políticas y los mercados en el gobierno de la economía. [...] A los mercados desregulados se les otorgaba la función de orientar la asignación de los recursos hacia sus usos más eficientes para promover el crecimiento económico sostenido. Se daba por hecho que ese esquema donde la política económica se orientaba a la estabilidad y los mercados a la asignación y el crecimiento, generaría de forma automática empleo y una distribución equitativa de la riqueza.

[...]

La crisis [...] nos enseña que los mercados pueden fallar de forma estrepitosa en su papel de mecanismos eficientes para la asignación de recursos. La burbuja inmobiliaria, con su secuela de elevado endeudamiento del sector privado, es el mejor ejemplo de esa falacia de la eficiencia natural de los mercados» (La torre de la arrogancia, 2012).

Aquel economista defensor de la liberalización del suelo en 1997 se ha convertido hoy en uno de esos indigentes culturales (no sé si de la izquierda, del centro o de la derecha) que tanto molestan al Sr. López Casas.

Las deudas que provocaron el concurso de acreedores de las concesionarias

Recordemos que, según su propio Director General, los principales accionistas de la empresa Accesos de Madrid, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, son cuatro: Abertis, Sacyr, ACS y Bankia. Sus principales deudas son a los bancos (650 millones de euros), a los constructores de las radiales (300 millones de euros) y a los propietarios a los que se les expropiaron sus fincas para construir las autopistas (600 millones).

«No se crea usted que esto lo van a pagar ni los accionistas de Abertis, ni los de ACS, ni los de Sacyr, ni los de Cajamadrid: lo vamos a pagar los españoles.»

Según el propio Director General de Accesos de Madrid, los únicos que han podido cobrar han sido los constructores de las radiales, que fueron ACS, Sacyr, FCC y OHL; además, según las noticias que se dieron en el momento de declarar el concurso de acreedores, de las 30 entidades financieras acreedoras, Bankia actuaba como agente de las demás, de lo que se desprende que este socio es el principal acreedor.

Así pues, tenemos que una parte sustancial de las deudas que han llevado a la quiebra a Accesos de Madrid corresponden a tres de sus cuatro socios y que al menos dos de ellos (tres si tenemos en cuenta que FCC también estuvo en el consejo de administración de Accesos de Madrid hasta marzo de 2010) ya han cobrado al menos 900 de los 1.200 millones de euros que costó (según su Director General) construir las autopistas.

Así pues, los accionistas de Accesos de Madrid no van a pagar "esto", pero sí lo han provocado. ¿Impunidad? ¿Poder? Veamos.

No sabemos con quién estamos hablando

José Antonio López Casas, Director General de Accesos de Madrid y castigador de indigentes culturales y comunistas, figura en los órganos de administración de al menos otras siete empresas concesionarias de otras tantas autopistas (Alazor Inversiones, Autopista del Henares, Infraestructuras y Radiales, Erredosa Infraestructuras, Ciralsa, Autopista Trados 45 y Castellana de Autopistas), además de haber estado también como apoderado de Iberpistas y como consejero de Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española.

Además, es socio único de Doñana de Silva Golf (gestora hasta 2033 del campo de golf de Matalascañas, en Almonte) y participa, cómo no, en empresas del sector inmobiliario como El Olivar de San José (también como socio único) o Domus Taller Inmobiliario y en al menos una empresa de inversiones llamada Taller de Gestión Empresarial.

Es obvio que es un señor importante o que, al menos, se codea con señores importantes. La indigencia (cultural, económica o de cualquier otra clase) ha de buscarla lejos de sus contactos y amistades, o al menos lejos de quienes pueden, como el alcalde popular de Almonte (Huelva), darle de comer con el dinero de los demás (la gestión del campo de golf de Matalascañas incluye seis años de carencia: vista su experiencia empresarial, lo que cabría preguntarse ahora es cómo confía un alcalde a este señor una concesión de veinte años sin hacerle pagar los primeros seis).

La infernal administración electrónica

Tres días intentándolo sin haberlo conseguido. La administración electrónica hoy, si exceptuamos algunos casos muy concretos (con la Agencia Tributaria al frente), lejos de suponer un beneficio para el ciudadano acaba convirtiéndose en un auténtico infierno.

Primer error al intentar acceder con Firefox a la Carpeta Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón

El DNI electrónico, que podría haber supuesto un avance definitivo en nuestro histórico y generalizado analfabetismo digital, no sólo no ha solucionado la disparidad de autoridades emisoras de certificados digitales (cámaras de comercio, colegios notariales, colegios de registradores, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Seguridad Social... cada cual sólo se fía de sí mismo y se han creado sus propios certificados digitales y, por supuesto, su propia infraestructura de certificación electrónica), sino que ha introducido una absurda dualidad en cada organismo que supone, en la mayor parte de los casos, que utilizar ese DNI con chip para realizar un trámite de tres clics acabe volviendo loco a cualquier ciudadano de bien.

El infierno particular que voy a poner de ejemplo es un simple trámite para solicitar un certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana a través de su Portal del Ciudadano, pero no es el único infierno con el que nos podemos encontrar a la hora de realizar un trámite telemático (a la Carpeta Ciudadana del Ayuntamiento de Benafigos, gestionada por la Diputación de Castellón, no he podido ni tan siquiera entrar); al tener ciertos conocimientos de informática y acceso a diferentes sistemas operativos y navegadores, los intentos para realizar el trámite telemático han sido innumerables: con Google Chrome, con Firefox y con Internet Explorer, ejecutándolos desde Windows 7 y 8 (en sus versiones de 32 y 64 bits) y , con los dos primeros navegadores, también desde Lliurex 13.06 PIME (un Ubuntu modificado por la Generalitat Valenciana). En total, 18 intentos con 18 combinaciones distintas; tres tardes-noches de intentos infructuosos que me han abocado a escribir esta entrada para dar salida a mi frustración como ciudadano, pero también como usuario habitual de las nuevas tecnologías y, muy en particular, de los trámites telemáticos de carácter administrativo.

Pero la primera crítica no va dirigida hacia el departamento de informática del Ayuntamiento de Castellón, sino al propio departamento de creación del DNI Electrónico, dependiente del Ministerio del Interior, en cuya página de descargas se afirma, sin despeinarse, que:

"En un ordenador con sistema operativo Windows 7 y 8, únicamente habrá que al introducir la tarjeta DNIe en el lector, el Sistema Operativo instala el driver del DNIe de forma rápida y automática."

Cuando adivinamos que ese "únicamente habrá que introducir la tarjeta del DNIe en el lector" son tres días de intentos frustrados podemos afirmar, también sin despeinarnos, que ese texto no está dirigido, desde luego, a un ciudadano cualquiera en busca de información para realizar un trámite cualquiera. De hecho, con Internet Explorer no es posible ni tan siquiera verificar que el DNIe funciona correctamente en la página creada al efecto por el propio Ministerio del Interior sin antes realizar dos operaciones previas: introducir el dominio "dnielectronico.es" en la zona de seguridad de sitios de confianza (en Opciones de internet, pestaña Seguridad) y bajar el nivel de esa zona hasta el valor más bajo posible (por defecto está en el nivel medio).

La segunda crítica tampoco va dirigida al consistorio castellonense, sino al departamento de creación de las distribuciones Linux de la Generalitat Valenciana (el Lliurex), que vienen por defecto con las librerías necesarias para utilizar el DNIe (lo cual es de agradecer), pero con una instalación incompleta que requiere de dos operaciones adicionales por parte del usuario: crear el enlace a un archivo dentro de las opciones de seguridad de Firefox e importar y activar las opciones con las que se puede utilizar el certificado raíz del DNIe.

Estas dos primeras críticas nos deben poner sobre aviso: las "facilidades" de la administración electrónica no están destinadas a un ciudadano corriente que quiera ahorrarse una cola utilizando el ordenador de su casa. Ese ciudadano necesitará tener ciertos conocimientos en la configuración de los navegadores y estar familiarizado con la solución de errores de navegación; es decir, que necesitará tener un nivel medio de conocimientos o tener a mano a alguien que los tenga. Mal empezamos pues: los departamentos de informática de las administraciones públicas necesitan poner más énfasis en que los destinatarios finales de la administración electrónica sean los ciudadanos y no otros departamentos de informática.

Pero inciemos la tortuosa andadura para obtener un simple certificado de empadronamiento en la Carpeta Ciudadana del Ayuntamiento de Castellón de la Plana; la primera imagen de esta entrada se corresponde con el primer obstáculo que nos encontraremos al intentar acceder a todos los trámites disponibles a través de la Carpeta Ciudadana si utilizamos el navegador Firefox (en cualquier sistema operativo). Con este error también nos toparemos en otros servicios que ni tan siquiera necesitan un certificado digital, como por ejemplo al intentar realizar una solicitud de cita previa por internet en la web de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Y aquí encontraremos la primera contribución de las administraciones públicas a no hacer caso de las advertencias de seguridad y, por consiguiente, a exponer a sus ciudadanos a cualquier tipo de software malicioso o páginas de dudosa ética: estas advertencias de seguridad (debidas a páginas web mal elaboradas), todas ellas de obligada ignorancia (hay que ignorarlas todas si queremos proseguir con el trámite), van a ser uno de los tormentos con los que nos vamos a encontrar durante este proceso.

La solución a ese primer error lo encontraremos fácilmente con una búsqueda en Google; si seguimos las instrucciones, nos aparece el primer susto, ante el cual cualquier ciudadano lo dejaría estar y se dirigiría hacia la cola más cercana para realizar el trámite:

Primer susto. Como para darle al botón. Pero si no lo hacemos, adios trámite telemático.

Perder todo tipo de garantía o poner en riesgo la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de la aplicación y advertirnos de que sólo deberíamos continuar si sabemos lo que estamos haciendo, debiendo continuar dándole a un botón que afirma que prometemos ir con sumo cuidado, achantaría a cualquiera con una mínima duda de lo que se va a encontrar tras ese botón. Y el que se atreva a entrar ignorando tal advertencia se lo va a volver a pensar cuando se encuentre ante los centenares de opciones de configuración con las que se va a topar tras hacer clic en el botón en el que prometemos ir con cuidado.

Superado ese primer obstáculo con un doble clic en la opción correcta deberíamos cerrar el Firefox y volverlo a abrir de nuevo, o podríamos optar por iniciar el trámite con otro navegador distinto; este ejemplo va a proseguir su andadura con el Google Chrome bajo Windows 8 de 64 bits, que es el que más cerca ha estado de finalizar el trámite. El resto de combinaciones no han llegado ni tan siquiera hasta el último paso, que es en el que ha fallado (no sin varios sustos y errores más por el camino) esa combinación de navegador y sistema operativo.

Por si faltara algo, la lentitud en las respuestas (con esperas interminables tras cada clic de entre dos y cinco minutos, independientemente de la conexión a Internet -probado con Jazztel 20 Mb, ONO 30 Mb y Movistar 1 Mb, todas con la misma larga espera entre clics- y del horario utilizado para realizar el trámite) haría desfallecer a cualquiera antes de llegar al último paso; y si a eso se le unen las interminables solicitudes del PIN del DNIe (hasta 11 veces hasta llegar al último paso del trámite, más alguna adicional como se verá), armarse de paciencia no es suficiente para afrontar tamaña odisea.

A la solicitud del certificado de empadronamiento (que es lo que queríamos tramitar) se puede llegar por dos vías: desde la propia opción para solicitarlo (que fue la vía elegida en un primer momento, como es lógico) o a través de una consulta al padrón municipal; vamos a ver la segunda opción, puesto que al menos en este caso sí nos aparecieron los datos (en texto plano, sin validez administrativa) de empadronamiento que buscábamos (es decir, que vamos a utilizar la vía que aparentemente sí funciona, puesto que nos devuelve algunos datos relacionados con lo que estamos buscando). Que la Carpeta Ciudadana nos devuelva algunos datos al tercer día es sin duda un motivo de alegría: "¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Vamos allá!". Pues no, tampoco. Al darle a la primera opción (emitir un volante de empadronamiento), se nos abre una ventana emergente que, tras más de cuatro minutos de larga espera, nos muestra el siguiente mensaje:

Hacer clic para agrandar

El mensaje de error que más se ve (un lacónico "Error generando certificado. Disculpe las molestias") no nos dice absolutamente nada (salvo que ese volante de empadronamiento no lo podemos ver, como es obvio tras observar el contenido de la página), pero los dos errores ocultos (hay que interactuar con la página para mostrarlos) nos pueden dar alguna pista. El mensaje pequeñito de la parte superior derecha nos advierte de que la página contiene un script (código de programación) de fuentes desconocidas (sin autenticar); podemos saltarnos esa advertencia de seguridad (ya sería la segunda que nos saltamos) para continuar, así que, ignorando todo atisbo de precaución, le daremos clic al icono que aparece sobre el mensaje y la página (a su ritmo: otros cuatro minutos de espera) se volverá a cargar para llevarnos a un nuevo error:

Clic para agrandar

Nos quedamos ahora sin el mensaje de error de la parte superior derecha, así que vamos a fijarnos en el de la izquierda, que es el mismo que habíamos visto antes y al que no le habíamos hecho caso porque podíamos continuar haciendo clic en un icono que ahora ha desaparecido. ¿Y qué nos dice ese error? Pues que la web está mal hecha: tiene partes muy bien encriptadas y otras que no son seguras, y nos advierte de que algunos usuarios, aprovechando esas partes inseguras de la página, podrían estar viendo los contenidos o incluso modificarlos para cambiar el comportamiento de la página. Así pues, como ciudadanos e internautas, nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no?

El navegador Firefox advierte de los mismos riesgos y acaba de igual forma, mientras Internet Explorer no admite ni tan siquiera la ejecución de ese script no autenticado, por lo que no pasa del primer error.

Bien, dejemos el volante de empadronamiento donde quiera que esté (nosotros no lo hemos visto, así que supondremos que estará por ahí, esperándonos otro día a nosotros o en manos de alguna agencia de espionaje que haya aprovechado los fallos de seguridad de esa página para apropiarse de nuestros datos del padrón) y retomemos, con pocas esperanzas, el trámite por el que hemos estado peleándonos durante tres días.

Los primeros cuatro pasos (dos de ellos reiterativos, puesto que en el primero ya le hemos indicado que queremos iniciar el trámite telemático y en el segundo nos vuelve a pedir que indiquemos si queremos iniciar el trámite de esa forma, sin que exista otra opción para elegir que el trámite telemático) los pasamos (con mucha paciencia entre el clic del anterior y la aparición del siguiente e introduciendo el PIN del DNIe en multitud de ocasiones) con el Google Chrome. Pero hasta llegar al último paso (la firma de la solicitud) nos toparemos con otros tres sustos:

De nuevo nos advierten de que la web de la Carpeta Ciudadana tiene errores de seguridad

La aplicación de Indenova utilizada en la Carpeta Ciudadana para firmar se llama "DocSecureApplet" y tiene otro fallo de seguridad.

El error que aparece en el último paso (la firma) de la solicitud es el mismo que ya nos había aparecido antes: la web tiene una parte insegura y el DNIe no nos permitirá firmarla

Larga espera hasta que aparece el botón para firmar

El último paso (hacer clic en el botón de firmar) nos mantendrá en vilo unos cuantos minutos más, hasta que por fin veremos una lista de certificados con los que firmar la solicitud (aparecerán tantos certificados como tengamos instalados); aquí nos pueden pasar dos cosas, ninguna de ellas buena: que el DNIe se haya cansado de esperar y se haya largado (es decir, que no aparezca ya en la lista de certificados con los que firmar, por lo que habrá que sacarlo del lector, volverlo a meter y cruzar los dedos para que vuelva a aparecer tras darle otra vez al botón de firmar) o que seleccionar el DNIe para firmar nos devuelva, tras otra larga espera, a la misma página con el botón de firma. Y así hasta el infinito.

Podríamos preguntarnos si no será que, simplemente, el trámite está ahí para que los informáticos del Ayuntamiento queden bien ante sus jefes, pero que en realidad no funciona nunca. Total, sus jefes nunca tendrán tanta paciencia como para llegar al último paso; o, seguramente, al primer susto estarían pidiendo ayuda al departamento de informática, que podría poner cualquier excusa de mal funcionamiento del servidor, de la línea telefónica o de la red eléctrica.

Pero no. La solicitud sí funciona. Con el certificado de la Generalitat Valenciana, aunque con errores y no con todos los navegadores (Internet Explorer y Google Chrome tampoco consiguen pasar del botón de firma con un certificado de la Generalitat Valenciana, mientras que Firefox realiza la firma pero no muestra el recibo de la solicitud, que queda completamente en blanco).

Con el certificado emitido por la Generalitat Valenciana, ni recibo de la solicitud, ni botón de imprimir

¿Y saben lo mejor de todo? Que la implantación del DNIe para los trámites electrónicos de los ciudadanos (esos trámites que no funcionan) estaba financiada por el Plan Avanza y por la Unión Europea. ¿A alguien le asombra que estemos como estamos después de habernos gastado el dinero en cosas inútiles o que no funcionan?

Por la supresión del delito de tráfico de influencias

«El acusado PRIM, en su condición de Senador por Castellón y con la finalidad de que no se produjera de nuevo un retraso en la tramitación, remitió en fecha 2 de septiembre de 1999 una carta al Ministro, con membrete del Senado y con el siguiente contenido: 

“Recordarás que el pasado 19 de julio, estuve en tu despacho acompañando a Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón, Juan Costa y Juan José Ortiz, y hablamos sobre la autorización de un pesticida (la “ABAMECTINA”) por parte de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios a la fábrica de pesticidas de Castellón, denominada “NARANJAX”.

Recordarás, asimismo, que en dicha reunión quedó clara la aprobación de dicho producto para la reunión del 22 de julio pasado, y para el mes de Septiembre la del “Metamidofos” y la del “Foretil-Al”.

Al finalizar el mes de Agosto, he sido informado de que sólo se aprobó en dicha reunión del 22 de julio, la materia activa de la “ABAMECTINA”, y NO el producto comercial preparado por NARANJAX, por lo que sigue dicha firma sin estar legalizada para venderlo. 

¿No se quedó en la reunión mantenida contigo que la “ABAMECTINA” sería aprobada, entendiéndose con ello que sería también el producto comercial de NARANJAX? 

Te solicito que a la mayor brevedad posible se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que he mencionado en este escrito. 

En espera de tus noticias, y agradeciendo tu interés por el tema aprovecho para saludarte muy cordialmente”. 

Dicha carta no fue contestada por el Ministro “ante su carácter poco pertinente”, aunque según Nota Informativa de 7 de septiembre, elaborada por el Jefe de Area de Defensa Vegetal, se interesaba ese mismo día por fax a la Dirección General de Salud Pública la emisión del informe correspondiente a la abamectina técnica y del correspondiente al formulado Abac, al tiempo que el Subdirector General de Medios de Producción Agrícolas informaba por teléfono de todo ello al Senador PRIM, haciéndole especial mención de que la intención de la Administración era siempre la de agilizar al máximo la resolución de los expedientes para recuperar en lo posible los retrasos experimentados. 

El preceptivo y vinculante informe de la Dirección General de Salud Pública se emitió finalmente con fecha 4 de octubre de 1999 y las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado se produjeron con fecha 18 de octubre de 1999». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado primero, páginas 12 y 13).

Esto no es (¡oh, sorpresa!) tráfico de influencias:

«Por lo que respecta a la carta de 2 de septiembre de 1999, no puede considerarse se ejerciera influencia en la terminología del art. 428 CP, si tenemos en cuenta que el Sr. Prim lo que pretendía en realidad era que se resolvieran definitivamente -se diera “luz verde”- las autorizaciones de la sustancia activa y del producto formulado en los términos en que ya habían sido aprobadas en la referida Comisión de Evaluación de 14 de julio de 1999, sin que por ello el Ministro Sr. Posada se sintiera presionado, pues, independientemente de que “ante su carácter poco pertinente” cree recordar que no contestó a dicha carta, también indicó que el Sr. Prim “en absoluto” ha tratado de influenciarle o presionarle en relación a los productos de Naranjax (Tomo 34, f. 88). Hemos de recordar en ese sentido que aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a aceleración de expedientes, información sobre datos..., no son constitutivas del expresado delito». (Sentencia del Caso Fabra, hecho probado cuarto, apartado 2, página 44).

Yo juraría que el informe vinculante y las autorizaciones de la sustancia y del producto de Naranjax se produjeron apenas un mes después de la carta del Senador; si para condenar a un político por tráfico de influencias hemos de esperar que el político influenciado sea de otro partido político (para que no se tapen entre ellos: ¿había de afirmar el Sr. Posada que se sintió presionado para considerar tráfico de influencias esa carta de un senador de su propio partido?), podrían eliminar ese delito del código penal y nos quedaríamos igual.

Ciudadanos ejemplares

«Para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar; y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón».

Carlos Fabra Carreras es un ciudadano y un político ejemplar para mí; no lo digo yo, no. Lo dijo, ni más ni menos, el actual Presidente del Estado. Era julio de 2008, cuando Mariano Rajoy Brey visitó Castellón para visitar el puerto pesquero y pegarse un atracón con militantes de su partido en el Gran Casino de la ciudad.

En julio de 2009 (parece que el calor no les sienta muy bien a los políticos conservadores), el PP emitió un comunicado en el que afirmaban que Luis Bárcenas era «un ejemplo de profesionalidad y buen hacer». Otro ciudadano ejemplar.

En septiembre de 2010 (parece que a algunos les duran más los efectos del calor veraniego), Esteban González Pons dijo lo mismo del entonces Presidente y candidato a la Generalitat Valenciana Francisco Camps en una entrevista en Radio Nacional de España.

Con estos referentes de ejemplaridad en el partido que nos gobierna, lo que es milagroso es que aún queden españoles que paguen sus impuestos y que no sean unos chorizos; pero para esos españoles idiotas que no meten mano al primer billete que les pasa por delante también han tenido unas palabras nuestros políticos conservadores:

Tenemos, pues, los políticos que nos merecemos; son los que nos representan como sociedad. Son nuestro fiel reflejo. Son nuestros ciudadanos ejemplares.

Así sea.

La televisión que nos merecemos los valencianos

Cuando el cierre de la Radio Televisión Valenciana se haga efectivo (dicen que para finales de año o incluso puede que para finales de este mes de noviembre), los valencianos tendremos, por fin, la televisión autonómica que nos merecemos: ninguna.

Una sociedad que, mayoritariamente, se guía en sus tradiciones y en sus señas de identidad mirando con envidia y de reojo al norte y buscando temerosamente la aprobación mesetaria del oeste, no se merece tener una televisión pública propia, y menos aún si esa televisión es utilizada no con una función de servicio público, que es para lo que fue creada, sino como un instrumento de propaganda y manipulación del partido político de turno o, lo que es aún más grave, como un medio para ocultar la corrupción y la financiación ilegal de los dirigentes de la Generalitat Valenciana.

Los 1.217 millones de deuda que arrastra RTVV tras una pésima gestión económica desde que Eduardo Zaplana pusiese al frente de esta empresa pública a Juan José Bayona (allá por 1995) y a José Vicente Villaescusa (1996-2004) han sido la causa del cierre definitivo del único medio de comunicación de masas que ofertaba contenidos en valenciano; la excusa, sin embargo (¿cómo va a reconocer un político español, y mucho menos uno valenciano y de derechas, que lo han hecho tan mal que se han visto obligados a cerrar una televisión por su pésima gestión?), no han sido esos 1.200 millones de euros, sino la extraña manía que tienen los trabajadores de reclamar ante la justicia las injusticias impuestas por quienes se creen dueños y señores de su particular taifa autonómica: los responsables, según el Molt Honorable Alberto Fabra, son los 40 millones de euros que costaría readmitir a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente en un ERE que se quería cepillar a más del 60% de la plantilla.

Pero al margen del cierre en sí de esta televisión autonómica, el debate se ha ampliado a la necesidad o no de mantener la maraña de televisiones autonómicas públicas nacidas al albur del "café para todos" de los felices años 80 del siglo pasado; al echar un vistazo al actual panorama televisivo podrían realizarse, no sin falta de razón, las afirmaciones que muchos españoles (unos de forma interesada y otros por mero convencimiento de que sería hoy la mejor opción) hacen sobre las televisiones públicas: deberían cerrarlas todas.

Este debate acerca de la necesidad o no de las televisiones públicas proviene de los círculos neoliberales, ideología predominante entre las clases dirigentes (en las actuales y en las pasadas, aunque antaño tuviera otra denominación): lo público requiere de impuestos, y quienes más tienen suelen tener poca predisposición a facilitar (por obligación, a través de la fiscalidad) la vida de quienes menos tienen. El argumento tiene su atractivo: si existe una oferta suficiente de televisiones privadas, ¿por qué hemos de destinar nuestros impuestos a tener otra televisión más, cuando podríamos destinarlos a sanidad, a pensiones o a educación?

Y si mirásemos al principal conglomerado audiovisual de titularidad pública del país (TVE), que arrastra una deuda de más de 7.500 millones de euros, podríamos coincidir plenamente con ese argumento: si bien TVE pudo tener su justificación hace unos años, hoy, con la entrada y la consolidación de las televisiones privadas, empieza a carecer de sentido y es un lastre para el bolsillo de los españoles (un lastre que se verá notablemente acrecentado con la absurda prohibición, fruto de las presiones de los medios de comunicación privados, de la principal fuente de financiación de una televisión, sea pública o privada: la publicidad; una medida que, en manos de quienes abogan por la privatización de todo lo público, acabará resultando, más pronto o más tarde, en la justificación perfecta para echar el cierre de TVE).

En definitiva, las cuestiones a dilucidar serían si una televisión pública como TVE nos aporta algo a los españoles que no puedan aportarnos las numerosas televisiones privadas que emiten en la actualidad y si merece la pena destinar una parte de nuestros impuestos a ese algo si la primera cuestión es afirmativa; en el caso de TVE, como en el de cualquier otra televisión pública, podríamos responder a la primera cuestión con el derecho a estar informados objetiva e imparcialmente, pero personajes como Urdaci y su C-C-O-O no nos ayudan lo más mínimo a sostener ese argumento: la opinión más generalizada, responda ésta a la realidad o no, es que TVE, como Canal 9 a nivel autonómico, se ha convertido en un instrumento de propaganda política al servicio del partido gobernante. Se nos caería así, de buenas a primeras y por la vía de los hechos, el argumento del derecho a una información objetiva e imparcial.

En una época de crisis como la actual, donde los problemas más acuciantes afectan incluso a la alimentación de los hijos de muchos españoles o a los servicios sanitarios, mentar la cultura, más allá de la que pueda adquirirse en los también afectados centros educativos del país, para argumentar a favor de la necesidad de una televisión pública tampoco resulta fácil: ¿a quién le importan los animales de la sabana africana, los pueblos españoles recónditos o la arquitectura románica si la cuesta de Enero llega hasta Diciembre, si los medicamentos para la tos no los cubre la sanidad pública o si las becas y ayudas al estudio están desapareciendo casi por completo? La cultura y el resto de información que no cubren las televisiones privadas ha dejado de ser, para muchos, un elemento de desarrollo personal e intelectual, pasando a convertirse en un gasto superfluo que podría destinarse a mejorar otros aspectos vitales mucho más prioritarios. Y tampoco aquí podemos hacer nada: si es cuestión de prioridades, la alimentación, la salud y la educación son, sin duda, mucho más importantes que conocer las formas de vida de los aborígenes australianos.

Llegados a esta encrucijada de la línea argumental, ya estamos perfectamente encaminados hacia la dirección privatizadora o liquidadora; no voy a extenderme en los errores argumentales cometidos hasta llegar a este punto, porque en el caso de las televisiones autonómicas (y de la valenciana en particular) hay un argumento que he omitido conscientemente (también lo hacen quienes aplauden el cierre o abogan por la privatización) y que, como se verá, es la principal razón de ser de algunas (no todas) de las televisiones autonómicas que estamos manteniendo en España. Pero sí voy a citar brevemente, aunque sólo sea para que cada cual reflexione hasta qué punto los tiene interiorizados, dos de esos errores argumentales que nos han llevado hasta este punto (considerar como secundario el derecho a una información objetiva e imparcial): falsas dicotomías y confusión malintencionada de términos.

Empezaré por este último error: para eliminar de la ecuación el derecho a la información objetiva e imparcial se opta por la vía del descrédito, confundiendo de forma consciente la gestión de un medio con la necesidad o no de mantenerlo. Es decir, que si un medio de comunicación se gestiona como se ha gestionado Canal 9 (que, por qué no decirlo claramente, ha perdido toda su objetividad y se ha decantado descaradamente hacia una parte), se llega a la conclusión de que ese medio ya no es necesario; se evita de esta forma poner en un aprieto a los gestores, que acaban considerándose una especie de héroes que han intentado mantener el medio a pesar de no ser necesario.

Las falsas dicotomías vienen por otra parte, pero acaban confluyendo en esa confusión malintencionada de los términos; sin una época de crisis como la actual, esas falsas dicotomías habrían provocado seguramente otra reacción muy distinta entre los otros medios de comunicación que ahora han aplaudido el cierre de Canal 9, pero la realidad española de 2013 es la que es y los medios de comunicación han reaccionado como han reaccionado. La elección entre sanidad o información, entre educación o información o entre pensiones e información, argüidas por quien ha decidido cerrar la televisión autonómica valenciana, ponen el derecho a la información en un nivel de inferioridad respecto a otros derechos; es un derecho secundario y, por lo tanto, hemos de elegir entre ese derecho y otros derechos primarios. En definitiva, estamos aceptando que la información objetiva e imparcial, en épocas de crisis económica, deja de ser fundamental para el ciudadano; o, para ser más claros, estamos aceptando que la ignorancia o la información sesgada nos van a ayudar a salir de la crisis.

Pero retomemos el camino (ya teníamos prácticamente decidida la dirección que debíamos tomar) y miremos hacia atrás antes de dar el último paso.

Las tres primeras televisiones autonómicas que emitieron en España fueron la vasca (1982), la catalana (1983) y la gallega (1985); después (a partir de 1989) llegarían todas las demás. Repitamos las tres primeras: vasca, catalana y gallega. Sí, coinciden en singularidades no cubiertas por la hasta entonces única televisión pública española: la oferta de contenidos emitidos en las otras lenguas oficiales de nuestro país.

La televisión autonómica vasca se creó "como medio fundamental de cooperación con nuestro propio sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del euskera" (preámbulo de la Ley 5/1982 del País Vasco) y para "la promoción de la Cultura y lengua vasca, estableciendo a efectos de la utilización del euskera, los principios básicos de programación teniendo presente la necesidad de equilibrio a nivel de oferta global de emisiones radiotelevisivas en lengua vasca en la Comunidad Autónoma" (artículo 3.h de la misma Ley); a la televisión autonómica gallega se le encomendó "la misión de servicio público consistente en la promoción, difusión e impulso de la lengua gallega" (artículo 1.1 de la Ley 9/1984 de Galicia).

La emisión de contenidos en las otras lenguas oficiales de España sigue sin cubrirse hoy al margen de aquellas tres televisiones autonómicas públicas; hasta ahora, también Canal 9 suplía esa ausencia. Hay abierta una brecha (lo ha estado siempre) en la línea argumental que nos quiere llevar hasta la privatización o la desaparición de algunas televisiones públicas autonómicas: sigue sin existir esa cobertura por parte de la iniciativa privada. Pero los valencianos somos tan sumamente idiotas que vamos a aplaudir el cierre de Canal 9 y vamos a prohibir, con los mismos argumentos patéticos de siempre, que TV3 pueda emitir en nuestro territorio.

Como reza el título de esta entrada, los valencianos, todos unos artistas en el arte del "mesinfotisme" (que traducido sería algo así como "melarepamplismo"), vamos a tener por fin la televisión (y la lengua va a seguir sus mismos pasos) que nos merecemos: la que nos quieran otorgar las autoridades de la Meseta. Siempre que no sean, por supuesto, las mismas que tienen nuestros vecinos del norte.

La irrelevancia histórica valenciana en la escuela franquista

Con motivo de la festividad del 9 de Octubre (día de la Comunidad Valenciana) del año pasado escribí una entrada en esta misma bitácora titulada "España, una, grande y castellana", en la cual me refería a cómo los miedos y fobias del nacionalismo centralista a una ruptura de su concepción de España conllevaron (incluso antes de que el secesionismo, el nacionalismo o el independentismo existiesen: los miedos son los principales creadores de fantasmas) todo tipo de tropelías, desprecios y menosprecios hacia uno de los principales elementos definidores de una sociedad: un idioma distinto al de sus vecinos.

En aquella entrada me refería también a la estrategia del "divide y vencerás" instrumentada a través del secesionismo lingüístico valenciano, aprovechando viejas envidias entre las ciudades de Valencia y Barcelona, muy bien interpretadas por los nuevos nacionalistas centralistas rebautizados como nacionalistas valencianos.

Ojeando recientemente uno de los libros escolares de la dictadura franquista (creo que del curso 1956/1957 de tercer grado) me chocó una división de España en "regiones naturales" que no recordaba haber visto con anterioridad: a Navarra, Aragón y Cataluña las incluían en la región natural del Valle del Ebro, a Valencia y Murcia las incluían en la región Levantina y a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco en la región Septentrional, dejando en un apartado propio a las Islas Canarias y a las Baleares.

Esta división "natural" de España (hasta cierto punto bastante lógica dentro del temario de Geografía del libro) no me hubiese llamado la atención si no la hubiese visto repetida en varias ocasiones dentro del temario de Historia de España de ese mismo libro.

Nada habría que alegar a estas nociones sobre los primeros reinos españoles reproducidas en la imagen anterior si no fuese porque ni el Reino de Valencia ni las Islas Baleares aparecen jamás junto a Cataluña en toda la Historia de España contada a nuestros padres y abuelos.

Aragón y Cataluña sí aparecen juntas ("ciertas regiones, como Aragón y Cataluña, terminaron de perder sus franquicias y libertades") hasta Felipe V, pero los destinos históricos de Valencia o las Baleares (que también perdieron sus fueros con Felipe V) no van nunca asociados a los de Cataluña; de hecho, Valencia (y sólo la ciudad) no aparece en toda la Historia de España más allá de la épica del Cid Campeador y de su conquista por parte del Rey "Jaime I de Aragón".

Incluso con la Guerra de la Independencia, Zaragoza y Gerona (Aragón y Cataluña) siguen unos mismos destinos históricos, reforzados con la figura de Agustina de Aragón, barcelonesa de nacimiento y zaragozana de adopción.

Vemos, pues, cómo aquella invasión en tromba del nacionalismo centralista en las instituciones culturales valencianas como Lo Rat Penat (detallada en mi anterior entrada) fue el colofón lógico a más de 30 años de adoctrinamiento social (cuatro generaciones escolares estudiaron esa nueva Historia en la que Valencia y las Islas Baleares no existían y Cataluña quedaba ligada en sus destinos antes a Navarra que a sus territorios vecinos: los españoles nacidos entre 1931 y 1967 no conocen otra Historia de España), acrecentado con el miedo a una teórica invasión cultural y lingüística de una región (la catalana) que jamás en la Historia ha tenido nada que ver con Valencia; qué mejor forma de contribuir a la unidad nacional española que enseñándola, bajo la perspectiva centralista, a todos los niños escolarizados del país. Por supuesto, en castellano (las otras lenguas españolas no existían, como Valencia).

Una máquina doctrinal perfecta para que Valencia ofrende nuevas glorias a España y renuncie a una vecindad lingüística con los bárbaros imperialistas del norte; y para que en la España monolingüe se nos pueda tomar como auténticos ineptos culturales, a quienes se nos han de enseñar (e imponer) las nociones más básicas del patriotismo verdadero (la lengua y la historia comunes: la lengua castellana y la historia de Castilla).

Filósofos conservadores meando fuera de tiesto

Hablo en concreto de Guy Sorman, filósofo y ensayista francés si atendemos a cómo firmó su artículo de ABC del 24/07/2013, además de economista, periodista o comentarista de radio y televisión, entre otras muchas cosas, si hemos de hacer caso a Wikipedia.

Que otras personas, ajenas a los círculos elitistas en los que se mueven los intelectuales conservadores, tengan una visión distinta -o incluso contradictoria- a la que suelen oír de sí mismos estos individuos suele desembocar en furia, desprecio y menosprecio de estas élites hacia quienes osan cuestionar su autocomplaciente autoridad. Guy Sorman, en el citado artículo, afirma convencido que Internet (y pone como ejemplo la Wikipedia) es un continente con vida propia, antidemocrático y controlado por minorías populistas de ultraizquierda («la Red es antidemocrática, populista, extremista y de izquierdas la mayoría de las veces»).

Según este pensador francés, «nos quedamos estupefactos ante lo repletas de errores que están [las biografías de Wikipedia], lo sesgadas que están por el odio y lo impregnadas que están por la ideología, generalmente de izquierdas y a veces racista». Y pone como ejemplo la suya propia (en su versión francesa): «en mi biografía aparece que mis padres eran judíos y apátridas -lo que es verdad-, pero en Francia no tiene una connotación neutra», afirmando a continuación que «he tratado varias veces de restablecer la realidad en mi propia reseña».

Hace un tiempo, otra persona conservadora (en este caso menos internacional y dedicada a la política: Javier Moliner Gargallo, entonces vicealcalde de la ciudad de Castellón y hoy presidente de la Diputación en sustitución del famoso Carlos Fabra) ya metió sus narices en Wikipedia y salió trasquilado (su biografía acabó siendo eliminada); si las atrevidas afirmaciones de Guy Sorman fuesen ciertas, tendríamos la confirmación con la eliminación de las biografías de políticos conservadores emergentes. Sin embargo, ni la biografía de Guy Sorman ni la de Javier Moliner son las únicas con cierta controversia; también se eliminan o se bloquean las ediciones de las biografías de los políticos de izquierdas (como la de Leyre Pajín hace unos años).

Aunque en casi todos los casos ocurre lo mismo (las biografías de personas vivas -de políticos, de músicos, de pensadores...- tienden a convertirse en páginas de autopromoción), las causas que originan las controversias suelen ser dispares. En los políticos, habituados como están a despreocuparse de las opiniones de terceros durante períodos de cuatro en cuatro años, suelen ser sus asesores de comunicación quienes se encargan de su presencia en los medios (incluida Internet) y quienes, a la postre, meten la pata; en los otros casos de personajes públicos, más atentos a lo que pueda decirse a diario sobre ellos, son los propios interesados los que suelen meter mano a sus propias biografías para eliminar aquellos pasajes que menos les benefician.

Sin embargo, el liberal Guy Sorman no parece que haya actuado por su propio pie (o por su propia mano) si atendemos a lo que dice en su párrafo final (siempre que él mismo sea consecuente con lo que dice, que no lo sé):

«Los liberales no tienen tiempo para hacerlo porque están inmersos en unas actividades productivas que les impiden pasar el día en internet. Por lo general, los de izquierdas y otros extremistas ejercen en la sociedad unas funciones que les permiten vivir en lo virtual, o no ejercen ninguna, y la asimetría ideológica en la Red es un reflejo de esta asimetría social. Por otra parte, los liberales tienden a ver en la Red un espacio puramente funcional. Pero la Red no es solo funcional porque determina las ideas recibidas, más decisivas que los hechos y las pruebas. La Red no es ni una fuente de verdad ni una democracia, y la Wikipedia es lo contrario de la Enciclopedia de la Ilustración».

¿Queda claro? Los liberales -de derechas, claro- trabajan, producen e ilustran y no pueden perder el tiempo (bueno, en Estados Unidos, según Guy Sorman, sí: la Wikipedia no muestra tanto sesgo ideológico) en mostrarnos su verdad. "Los de izquierdas y otros extremistas" ni trabajan, ni producen ni, por supuesto, pueden ilustrar, así que sí tienen tiempo de manipularnos y de ocultarnos la verdad.

La rabieta desatada en la última afirmación (no hagamos caso de la red ni de lo que esté escrito en la Wikipedia, porque todo es mentira) pone de manifiesto que, efectivamente, el poder -los liberales de derechas generalmente- tiene un serio problema con los procesos democráticos que no están bajo su estricto y exclusivo control: las normas de la Wikipedia se han votado desde su fundación y sólo se pueden modificar votándolas otra vez. No sirve el "interés general", el "es lo mejor para el pueblo", el "yo sé mucho más que tú porque mi apellido es tal" o cualquier otra excusa de carácter caudillista o dictatorial.

Y eso les revienta a esas élites entre las que tan bien se encuentra Guy Sorman y acaban por desorientarse tanto -un mundo tan diferente al que ellos se han creado a semejanza de una burbuja paradisíaca- que su única reacción es ponerse a mear fuera de tiesto.

¿Cuánto tardarán en asaltar la Wikipedia? Guy Sorman tiene ganas. Y sus camaradas también. Sólo es cuestión de tiempo.

Benafigos es mor... ¿o l'estan matant?

Principis dels anys 80 del segle passat. Ens diuen que han de tancar l'escola de Benafigos. L'alcalde diu que no es pot fer res per a evitar-ho; els pares s'uneixen i aconsegueixen mantenir l'escola. El 1988 vaig acabar l'EGB (estes sigles potser ja no els diguen res a molts: significaven Educació General Bàsica) a Benafigos. La meua germana gran (nascuda quan van intentar tancar l'escola per primera vegada) ja no va poder acabar-la al poble: els anys 90 els van llevar la raó als nostres pares (com va dir l'alcalde, no es podia fer res: només era qüestió de temps) i van dur el tancament de l'escola de Benafigos, de manera que tindria que acabar els seus estudis primaris a Atzeneta (a 11 Km.). ¿Transport públic entre ambdos pobles? El dilluns i el divendres un autobus d'anada a les 6 del matí i un de tornada a les 5 de la vesprada. Alguns dels meus companys d'escola, davant les primeres amenaces de tancament, tampoc van acabar l'EGB a Benafigos: els seus pares van tindre que gastar-se diners en un internat a Benassal per a què acabaren els tres darrers cursos allà, a més de 40 Km. de sa casa. Els nostres pares van anar abandonant l'agricultura com a principal mitjà de vida per a buscar feina a les fàbriques de taulells dels voltants de l'Alcora (a quasi 40 Km. de Benafigos); però si treballes fora del poble i als teus fills els obliguen també a estudiar fora, ¿quin sentit té mantenir la residència a un poble com Benafigos? Els pares que no se'n van anar a Castelló de la Plana van buscar casa a l'Alcora o a poblacions veïnes de l'Alcora: buscaven un futur estable per als estudis dels seus fills, doncs si l'escola de Benafigos desapareixia, ningú podia assegurar que la següent no fós la d'Atzeneta (i estos darrers anys ja han amenaçat amb el seu tancament: donats els antecedents, només serà qüestió de temps que l'amenaça es fage realitat).

Aquell tancament de l'escola, ja amb dos germanes, i la sensació de què res era ja segur als pobles, ens van convertir en emigrants amb destí a la capital de la província: la meua germana gran va haver d'acabar els estudis a Castelló, i la meua germana menuda ja no va conéixer l'escola de Benafigos. Poc a poc, quasi tots els pares (i els seus fills, clar) van abandonar Benafigos, que es va anar convertint en un poble amb més d'un 50% de població jubilada (la mitjana de persones jubilades a la província de Castelló era el 2007 del 16%).

Moltes vegades, davant esta societat que tot s'ho mira baix l'aspecte de la rendibilitat econòmica, m'he preguntat quin futur els espera als pobles que, com Benafigos, es converteixen en el lloc de residència dels qui ja han acabat la seua vida laboral; és a dir, el futur dels pobles que no generen riquesa a l'Estat, sinó que són poblacions que només generen despeses. I esta crisi m'ha donat la resposta: l'Estat (siguen qui el dirigeixen de dretes o d'esquerres) no té reservat cap futur per als pobles com Benafigos: el seu destí, com a font generadora de despeses per a l'Estat, és el despoblament total i absolut.

Si amb l'eliminació de l'ensenyament van aconseguir deixar sense xiquets (una despesa massa gran per a l'Estat) als pobles menuts com Benafigos, ara toca deixar-los també sense jubilats (l'altra despesa, també massa gran, per a l'Estat). ¿Com? Si amb els xiquets els va funcionar eliminant la seua principal necessitat (l'ensenyament), eixe mateix escenari és el que hauria de funcionar també amb els jubilats: eliminar la seua principal necessitat.

Dilluns, dimecres i divendres poden anar els jubilats de Benafigos al metge (puja des d'Atzeneta, igual que passa a Xodos); la resta de dies han de desplaçar-se a Atzeneta si es posen malalts. Fins ara, junt al metge pujava algun ATS que atenia qüestions que no requerien la presència del metge, de manera que les dos hores que estava obert el consultori donava per a atendre a tots els malalts.

Esta setmana ja ha deixat de pujar l'ATS perquè la Conselleria ha deixat de rellevar-los per a poder donar este servei fora del centre de salut d'Atzeneta. A ningú, ni a València ni a Madrid, els interessa el més mínim un poblet com Benafigos generador de despeses.

Així doncs, morim com a poble abans que ens maten: no ens ho agraïran, però serem una despesa menys per a Madrid i per a València.

"És l'economia, idiota", que diria Bill Clinton.

¿Quién manipula la figura de Rafael Casanova?

Uno acaba por hartarse hasta la saciedad de las innumerables manipulaciones ideológicas de opinadores, columnistas, tertulianos e incluso de autodenominados historiadores en todo lo que envuelve a la Diada de Cataluña.

No hay año (y los dos últimos han sido prolíficos) que ABC, La Razón o El Mundo (por citar a los periódicos de La Caverna supuestamente más serios), los días entorno a la Diada, dejen un amplio espacio a cualquiera que tenga algo que decir sobre la manipulación que los independentistas catalanes hacen de la figura de Rafael Casanova y de la historia de Cataluña (y de España) en general; los textos, invariablemente, inciden en que el independentismo catalán considera a Rafael Casanova como el primer independentista catalán, y contraponen el texto de un bando de 1714, siendo él el Conseller en Cap de Barcelona, para mostrar al resto de españoles lo mentirosos que son los secesionistas de Cataluña (remarco los pasajes del bando que más excitan a los nacionalistas españoles):

«Ahora oíd, se hace saber a todos generalmente, de parte de los Tres Excelentísimos Comunes, tomado el parecer de los Señores de la Junta de Gobierno, personas asociadas, nobles, ciudadanos y oficiales de guerra, que separadamente están impidiendo que los enemigos se internen en la ciudad; atendiendo que la deplorable infelicidad de esta ciudad, en la que hoy reside la libertad de todo el Principado y de toda España, está expuesta al último extremo, de someterse a una entera esclavitud. Notifican, amonestan y exhortan, representando a Padres de la Patria que se afligen de la desgracia irreparable que amenaza el favor e injusto encono de las armas franco-españolas, hecha seria reflexión del estado en que los enemigos del Rey N.S., de nuestra libertad y Patria, están apostados ocupando todas las brechas, cortaduras, baluartes del Portal Nou, Sta. Clara, Llevant y Sta. Eulalia. Se hace saber, que si luego, inmediatamente de oído el presente pregón, todos los naturales, habitantes y demás gentes hábiles para las armas no se presentan en las plazas de Junqueras, Born y Plaza de Palacio, a fin de que unidamente con todos los Señores que representan los Comunes, se puedan rechazar los enemigos, haciendo el último esfuerzo, esperando que Dios misericordioso, mejorará la suerte. Se hace también saber, que siendo la esclavitud cierta y forzosa, en obligación de sus cargos, explican, declaran y protestan a los presentes, y dan testimonio a los venideros, de que han ejecutado las últimas exhortaciones y esfuerzos, protestando de todos los males, ruinas y desolaciones que sobrevengan a nuestra común y afligida Patria, y exterminio todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los demás españoles engañados y todos en esclavitud del dominio francés; pero se confía, que todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la Libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España, y finalmente dicen y hacen saber, que si después de una hora de publicado el pregón, no comparece gente suficiente para ejecutar la ideada empresa, es forzoso, preciso y necesario hacer llamada y pedir capitulación a los enemigos, antes de llegar la noche, para no exponer a la más lamentable ruina de la Ciudad, para no exponerla a un saqueo general, profanación de los Santos Templos, y sacrificio de niños, mujeres y personas religiosas.

Y para que a todos sea generalmente notorio, que con voz alta, clara e inteligible sea publicado por todas las calles de la presente ciudad.

Dado en la casa de la Excelentísima Ciudad, residiendo en el Portal de S. Antonio, presentes los mencionados Excelentísimos Señores y personas asociadas, a 11 de Septiembre, a las 3 de la tarde, de 1714.»

Pero en realidad ese bando y ese patriotismo español que tanto les gusta exponer a los detractores de la Cataluña secesionista no es más que una burda manipulación; Casanova no era independentista (Cataluña no pretendía separarse de España en 1714), cierto. Casanova aceptó ser Conseller en Cap de Barcelona tras participar en la declaración unilateral de guerra (el Archiduque Carlos y sus tropas abandonaron Barcelona en 1713) a Francia y a España el 9 de julio de 1713 (remarco el motivo por el cual se decide continuar la guerra en solitario):

«Ahora oíd, se hace saber a todos generalmente, de parte del Excelentísimo y Fidelísimo Consistorio, de los Excelentísimos y Fidelísimos diputados y oidores de cuentas del Principado de Cataluña, insiguiendo la resolución deliberada por los Excelentísimos y Fidelísimos Brazos Generales el día 6 del corriente mes y año, por el presente pregón y edicto que el Excelentísimo y Fidelísimo Principado de Cataluña convocado en Brazos Generales el sobredicho año y día ha deliberado continuar la guerra en nombre de la Sacra Cesárea Católica Real Majestad del emperador y rey nuestro Señor (que Dios guarde) por mantenerse vasallos de la sobredicha S.C.C.R.M. según la ley establecida en las cortes generales celebradas en el año de 1706 y por conservar las leyes, constituciones, privilegios, honores, costumbres y prerrogativas que el serenísimo duque de Anjou ha derogado queriendo que el presente Principado de Cataluña se entregue a discreción y que los naturales y habitantes no gocen en adelante más ley ni privilegio que la que a su arbitrio quiere imponerles. Por tanto, declaran que del día presente en adelante, todos los naturales y habitantes del presente Principado tengan, reputen y traten por enemigos todos los súbditos y vasallos, tanto del sobredicho serenísimo duque de Anjou como los súbditos y vasallos de la majestad del rey de Francia por cuanto es aliado y ayuda y favorece los designios del soberdicho duque de Anjou.

Por tanto, se prohíbe bajo las penas establecidas de crimen de lesa majestad que del día presente en adelante ninguno se atreva a tener comunicación ni trato por escrito ni de cualquier otro modo con los dichos vasallos y súbditos si no quieren ser tratados como vasallos inobedientes del emperador y rey nuestro Señor y enemigos de la Patria. Porque las dichas cosas sean a todos notorias mandan los Excelentísimos y Fidelísimos señores diputados ser hecho y publicado el presente bando y pregón en los lugares acostumbrados de la presente ciudad y otras partes donde convenga y sea menester.»

Barcelona (y Casanova al frente como Conseller en Cap desde el 30 de noviembre de 1713) defendió sus propias "leyes, constituciones, privilegios, honores, costumbres y prerrogativas" contra todo y contra todos. Incluso cuando su propio Rey les abandonó en 1713 (el Archiduque Carlos fue nombrado en Zaragoza Rey de toda la Corona de Aragón en 1706 con el nombre de Carlos III). Esa defensa de su propia legislación (totalmente distinta de la castellana), jurada en un principio por Felipe V (en 1702) y vulnerada después (hasta 1706 y después de 1714) de forma reiterada por el propio Borbón, es lo que ha llevado a Rafael Casanova a ser símbolo de Cataluña. No por independentista, sino por defender lo que había jurado defender en 1702 el propio Felipe V, un Rey que, por sus antecedentes, ya era bien conocido por su falta de palabra y por la imposición de leyes ajenas a las juradas por él mismo con anterioridad:

«Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tal liberal mano se les había concedido, así por mí como por los reyes mis predecesores, particularizándose en esto de los demás reinos de mi corona; y tocándome el dominio absoluto de los referido reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás, que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión; y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición, y derogación de las leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres podría yo alterar, aún sin los grandes y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia: He juzgado por conveniente, así por esto, como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente como desde luego doy por abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los aragoneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla, sin ninguna distinción; facilitando Yo por este medio a los castellanos motivos para que acrediten de nuevo los afectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada fidelidad, y dando a los aragoneses y valencianos recíprocas e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no están en medio de la gran libertad de los fueros que gozaban antes y ahora quedan abolidos [...]». Buen Retiro, a 29 de Junio de 1707.

¿Defendió Rafael Casanova la independencia jurisdiccional, legal y administrativa de Cataluña durante la Guerra de Sucesión española? Sí. ¿Era Rafael Casanova un independentista o un secesionista? No. ¿Felipe V atacó y abolió las administraciones y las leyes catalanas, en contra de los deseos de los catalanes? Sí, igual que hizo con las leyes aragonesas y valencianas. Felipe V juró lealtad a las estructuras legales y administrativas existentes en la Corona de Aragón, a continuación las vulneró reiteradamente (los virreyes -Francisco Fernández de Velasco fue un discípulo avanzado- se encargaron de hacerle el trabajo sucio al rey) y después (sólo después) se le declaró la guerra aprovechando que había otro pretendiente al trono (el archiduque Carlos, nombrado rey Carlos III en Zaragoza en 1706 tras jurar lealtad a las mismas estructuras a las que juró lealtad Felipe V cuatro años antes); y quede claro (porque hay historiadores que parecen no tenerlo claro): los pueblos no juraban lealtad al rey si el rey no juraba lealtad a sus leyes y administraciones. Cada rey era sucesor de quienes habían creado esas leyes y esas administraciones; un rey que renegaba de sus propios antepasados jamás podía ser proclamado rey si no era por la fuerza.

Cabe aclarar una última cuestión: Felipe V no abolió las leyes castellanas. Reordenó las competencias de los organismos castellanos existentes para centralizarlos en 1713 y dos años después (en 1715) lo volvió a dejar todo tal como estaba. ¿Modernizó Felipe V las estructuras administrativas y legales españolas? La respuesta es no: mantuvo las estructuras medievales castellanas y las impuso al resto.