Las otras caras del carbón que importamos

Las movilizaciones de los trabajadores de las minas de carbón español por el recorte del 64% de las ayudas estatales a esta industria han puesto en el ojo del huracán al ya viejo desmantelamiento de la producción de carbón en nuestro país, dejando en un segundo plano las principales causas de las movilizaciones obreras: la ausencia de alternativas de supervivencia viables en las cuencas mineras, que abocarán irremisiblemente a los trabajadores mineros y a sus familias al desempleo de larga duración y, por qué no decirlo, a la más absoluta miseria.

Pero como es la baja competitividad de nuestro carbón la que prima en el actual debate (esta omnipresente y uniforme forma de pensar en clave economicista), nos ceñiremos a ese debate.

El elevado precio del carbón español

Estamos ante una de las palabras omnipresentes en todos los debates de actualidad, se refieran estos a lo que se refieran: la competitividad.

Las críticas hacia el carbón español siempre se inician con esta verdad a medias: el carbón nacional es mucho más caro que el importado, y por eso ha de subvencionarse su precio.

Esto es cierto en algunos períodos determinados y es falso en otros tantos, porque el precio del carbón importado tiene unas oscilaciones muy acusadas a lo largo del tiempo (su precio depende de la demanda, y en períodos de alta demanda se dispara por la escasa disponibilidad de transporte de esta materia prima); pero es que, además, la referencia que se toma para comparar el precio del carbón importado con el precio del carbón nacional es fácilmente manipulable para presentar al público desprevenido unos resultados catastróficos, primero porque esos índices (el índice de McCloskey en sus diferentes variantes) son un baremo de todos los tipos de carbón comercializados y segundo porque los costes de transporte y flete se toman exclusivamente para el carbón importado al puerto de Rotterdam.

Teniendo esto en cuenta, veamos los datos que nos aportan algunos documentos sobre el carbón español; el informe de Greenpeace “El carbón: un futuro negro”, publicado en Junio de 2009, nos aportará gran parte de los datos respecto al precio real del carbón español. Lo primero a considerar: existía carbón producido en España con un precio que rondaba los 20 €/Tonelada (el lignito pardo, producido exclusivamente en dos explotaciones mineras de La Coruña –As Pontes y Meirama– que cerraron en 2007); sin embargo, las minas de carbón de más baja calidad fueron excluidas del Plan Nacional de la Minería 2006-2012 y acabaron cerrando.

Si comparamos esta última tabla (que refleja el precio medio del carbón producido en España) con la tabla del índice McCloskey para los años 2000-2010 comprobaremos que durante la parte final de 2007 el carbón de nuestras minas era más competitivo que el carbón importado, incluso con el precio subvencionado; de hecho, aunque las tablas del informe de Greenpeace no lleguen hasta el año 2008, los datos del índice McCloskey muestran el incremento desorbitado en el precio del carbón durante ese año (hasta llegar casi a los 220 $/Tn., unos 170 €/Tn.).

La razón por la cual se sigue subvencionando a la minería del carbón hay que buscarla en esos incrementos en los precios de las importaciones, que además se esperaban constantes a partir de 2008, aunque la crisis financiera cortó esa evolución al alza de los mismos, al menos temporalmente (se espera que la demanda de carbón se incremente por el mayor consumo de energía en los países emergentes y que su precio siga esa misma evolución); así, en realidad mantener las explotaciones mineras a base de subvenciones sí es una decisión estratégica de futuro, puesto que los precios del carbón nacional no tienen esas variaciones tan acusadas que se observan en el carbón importado, de forma que el ahorro futuro que se producirá gracias al mantenimiento de esta fuente de energía (utilizada en la generación eléctrica de las centrales térmicas) justificaría sobradamente su mantenimiento, aunque sea temporalmente a través de subvenciones (en el apartado siguiente comprobaremos cómo los principales productores internacionales de carbón ya están restringiendo las exportaciones para incrementar artificialmente el precio).

Cabe añadir, además, que han sido las explotaciones mineras de lignito pardo (las variedad de carbón de menor calidad) las que se han eliminando por completo en la interminable reestructuración del sector iniciada ya a principios de la década de los 80; así, de las 146 instalaciones operativas en 1994 sólo quedaban en pie 46 en 2007, de las cuales la mitad son explotaciones de antracita (el carbón de más alta calidad); asimismo, el cierre de empresas mineras se realiza en función de los costes de explotación (deben cerrarse todas las que superen los 120 €/tec. en minería subterránea y los 90 €/tec. en minería a cielo abierto), por lo que sólo se mantienen las explotaciones más competitivas.

La pésima calidad del carbón español

Otra de las razones por las que se critica el mantenimiento de la minería española es que nuestro carbón tiene poca capacidad energética si lo comparamos con el carbón importado, por lo que resultaría absurdo seguir subvencionando al alza los precios de una actividad que debería competir en bajos precios; también es cierto, pero también lo es sólo en parte.

El máximo exportador mundial de carbón es Indonesia (de quien compramos en 2007 el 22% del carbón importado, siendo Sudáfrica, con el 42%, nuestro máximo suministrador); este país copa el 30% de las transacciones internacionales de carbón, con 165 millones de toneladas exportadas en 2007.

Sin embargo, el 85% del carbón que se produce en ese país (187 de los 220 millones de toneladas que se extraen cada año) es de baja calidad (3.700 Kcal./Kg.) y los incrementos de producción previstos para los próximos años serán justamente para ese tipo de carbón de baja calidad; así pues, de los 165 millones de toneladas que exportó Indonesia en 2007, sólo 33 millones de toneladas eran de carbón con alto poder calórico (por encima de las 5.300 Kcal./Kg.), mientras que los 132 millones de toneladas restantes que se exportaron pertenecían a carbón de baja calidad (hulla subbituminosa y lignito negro).

Como dato adicional a tener en cuenta en relación con el precio tratado en el apartado anterior, cabe indicar que en marzo de este mismo año (coincidiendo con un acusado descenso en el índice McCloskey, que se situó ese mes por debajo de los 100 $/Tn.) el gobierno indonesio prohibió a sus explotaciones mineras exportar todo el carbón que tenga un poder calórico inferior a las 5.700 Kcal./Kg., por lo que España podría quedarse en los próximos meses sin suministro de carbón indonesio o deberá pagarlo a un precio desorbitado (Indonesia exportaba en 2007 unos 100 millones de toneladas de carbón a países del Pacífico, por lo que toda su producción de carbón de alta calidad –33 millones de toneladas, como ya hemos dicho– podría quedarse ahora allí: España, que en 2011 le compró unos 3,3 millones de toneladas, pasará a ser con toda seguridad para Indonesia un mercado poco rentable económicamente hablando, como de hecho se ha puesto de manifiesto en el incremento de las exportaciones de este país a China y a India desde 2008).

La tabla anterior (extraída del informe de Greenpeace citado anteriormente) podría hablar por sí sola si no fuese porque los datos incluidos en ella se han elaborado con el propósito de confirmar una conclusión que ya existía previamente (el carbón español es de baja calidad); es evidente que el interés de Greenpeace en este asunto no coincide con el de los mineros, así que investigando un poquito (muy poquito) veremos que en ese informe se han tomado los datos de los carbones de más alta calidad existentes en cada país, sin tener en cuenta qué es lo que se importa en España.

Indonesia (que incomprensiblemente no aparece en la tabla) nos vendió el año pasado unos 3,3 millones de toneladas de carbón, pero no fue antracita ni hulla, sino carbón de baja calidad (con un PCS –poder calorífico superior– de 3.700 Kcal./Kg., según hemos visto antes). Esos 15,49 MJ./Kg. (1 Kcal. equivale a 4,187 KJ. y la tabla anterior está expresada en MJ., que son 1.000 KJ.) están curiosamente en el entorno del PCS del lignito negro que se extrae en Teruel, y está además extremadamente alejado de los PCS que se indican en la tabla para el resto de países. De hecho, pueden encontrarse fácilmente informes sobre la calidad del carbón en otros países con mucha mayor producción que España (como Australia), elaborados a instancias de sus propios gobiernos o a iniciativa de algunas universidades, en los que esas cifras cercanas a los 30 MJ./Kg. sólo se observan en la parte más alta de una horquilla que va desde las 5.500 Kcal./Kg. (23 MJ./Kg.) hasta las 6.900 Kcal./Kg. (28,9 MJ./Kg.) para la antracita (el carbón de más alta calidad), por lo que la calidad de este tipo de carbón en España (21,1 MJ./Kg. en León según el informe de Greenpeace) no se aleja tanto de la de otros países, aun estando en la parte baja de la horquilla. Cabe indicar también, no obstante, que las importaciones de antracita en 2011 alcanzaron en España las 850.000 toneladas (el 5% de las importaciones), y tampoco fue a Australia a quien se le compró (Colombia y Ucrania fueron nuestros principales proveedores).

Pero aun hay más cosas que corregir a esas cifras de Greenpeace; en el Anexo I de la convocatoria de ayudas al carbón para este año 2012 publicada en el BOE del 31 de diciembre tenemos los cálculos del PCS para las explotaciones mineras que quedan abiertas, y resulta decepcionante (respecto a Greenpeace) comprobar cómo se pueden manipular las cifras para conseguir los fines pretendidos por esta organización ecologista; de las cifras del informe de Greenpeace se desprende que ninguna mina española llega a las cifras del carbón de más calidad de Indonesia o de Australia (los dos máximos exportadores), y sin embargo las cifras de la Secretaría de Estado de Energía dan unas cifras dentro de las horquillas que hemos visto para esos dos países (más de 5.300 Kcal./Kg. para la antracita). Y por si faltara poco, vemos en el Anexo II de esa misma convocatoria que el PCS de referencia para el carbón de alta calidad importado se sitúa en las 6.257 Kcal./Kg. (26,2 MJ./Kg.), que se aleja en más de 1.000 Kcal./Kg. de la cifra de referencia del informe de Greenpeace (el carbón polaco, con un PCS de 30,54 MJ./Kg. ó 7.294 Kcal./Kg.).

Así pues, lo único que podemos concluir es que la variedad del carbón y la disparidad de sus calidades es utilizada asidua y torticeramente por quienes, por los motivos que sean (ecológicos, ideológicos o económicos), están en contra de la existencia de las minas de carbón en España.

El carbón español es muy contaminante

Si comprobamos el informe que hemos enlazado antes respecto a Australia, veremos que el contenido de azufre del carbón de alta calidad australiano que se pone como ejemplo (sólo se indica respecto a una de las minas) está entre el 0,4% y el 0,8%, que son los mismos porcentajes en los que se mueven la mayor parte de las 25 explotaciones mineras que quedan en España en 2012.

Un trabajo más completo sobre los contaminantes del carbón en otros países productores lo podemos encontrar para India (el tercer productor mundial y el cuarto importador) y podremos observar que las características de ese carbón son muy similares a las del carbón español, aunque con un porcentaje de componentes volátiles (VM) mucho más elevados para todas las muestras tomadas en 15 minas de ese país.

Y por último, si observamos la calidad del carbón indio y la comparamos con la de las minas españolas, comprobaremos atónitos cómo el tercer consumidor de carbón del mundo utiliza un carbón de mucha más baja calidad del que producimos en España, así que si alguien entiende algo de todas las críticas al carbón nacional, que me lo explique, porque yo ya empiezo a no entender nada.

Las grandes prebendas del minero español

Y ya por último, los ataques a unos trabajadores a los que se les permite una jubilación anticipada (entre los 40 y los 64 años) por los graves problemas de salud asociados a las sustancias tóxicas que emanan del propio carbón y a las condiciones ambientales del trabajo subterráneo.

En otros países mineros (como Sudáfrica), los trabajadores cobran bastante menos y los jubilan mucho antes, aunque con otros métodos.

Jubilación anticipada de mineros sudafricanos

¿Será que en España quieren imponer estas jubilaciones anticipadas para evitar que algunos trabajadores disfruten de prejubilaciones demasiado onerosas?

Déjà vu: Este sistema nos dejará tirados

Haber formado parte del devastado sector agrícola castellonense no sólo me permite ver con una cierta perspectiva cómo funciona y en qué consiste esto de la competitividad dentro del sistema capitalista, sino que, además, la experiencia vivida en primera persona me hace ser mucho más pesimista que optimista respecto a cómo va a ser la salida de esta crisis global a la que nos enfrentamos; aunque mi experiencia se limita a los sectores de los frutos secos y de la aceituna en una explotación familiar, la situación general del campo castellonense no se desvía demasiado de mis propias experiencias.

Obviamente, las deficiencias competitivas de todo un país no van a tener las mismas repercusiones negativas que las deficiencias competitivas de un único sector o de un determinado producto, sobre todo porque existe, en la globalidad de un país, mucha más diversificación que en cualquiera de las explotaciones agrícolas que se tuvieron que enfrentar a principios de los 60 a las políticas económicas del FMI y a mediados de los 80 a un mercado único europeo que resultaron ser un auténtico agujero negro para las cuentas de muchos pequeños agricultores.

Desde que las políticas económicas del FMI entraran en España, en el año 1959, se produjeron dos ajustes negativos e interrelacionados en el sector agrícola: la huida de mano de obra hacia sectores considerados económicamente más eficientes (industria y servicios) y el abandono paulatino de explotaciones al dejar de ser rentables por el incremento en el coste de la mano de obra (que prefería trabajar en los nuevos sectores emergentes, donde los salarios eran más altos). Esta primera fase del hundimiento agrícola español fue suplido en muchas ocasiones (como es el caso de Benafigos) por la sustitución de cultivos económicamente más rentables (frutos secos) frente a los cultivos tradicionales (trigo y otros cereales), lo que permitió mantener parte de la mano de obra agraria empleada por las pequeñas explotaciones familiares del interior castellonense y afrontar una primera fase de tecnificación agrícola (en mi caso particular, la adquisición de maquinaria como tractores o motocultores); esta primera fase aun no afectó de lleno al sector citrícola (cuyos productos mantuvieron unos niveles de precios que los seguían haciendo rentables), por lo que los más perjudicados (por el esfuerzo inversor requerido en el cambio de cultivos y de maquinaria asociada) fueron los pueblos del interior castellonense, que iniciaron un descenso poblacional en picado que aun se mantiene a fecha de hoy.

Tal y como ocurre hoy en la economía provincial, la inmensa mayoría de explotaciones agrícolas castellonenses seguían siendo a principios de los años 80, tras aquel primer ajuste, de tipo familiar; la entrada de España en la Comunidad Económica Europea fue antecedida por insistentes avisos sobre una nueva e imprescindible mejora en la competitividad de las explotaciones agrarias existentes, así que las explotaciones familiares que consiguieron sobrevivir a la primera fase de reforma agraria forzosa de los años 60 tuvieron que plantearse un nuevo esfuerzo inversor para modernizar y hacer más eficientes sus cultivos. Casi todas las explotaciones provinciales se vieron ante la encrucijada de endeudarse para realizar esas nuevas inversiones o mejorar los métodos aprovechando las inversiones realizadas años atrás, puesto que la rentabilidad de las explotaciones familiares no permitía afrontar nuevas adquisiciones tecnológicas con recursos propios; una vez más, en mi caso particular entendimos que las nuevas inversiones serían imprescindibles para mantener la rentabilidad de nuestras explotaciones, por lo que adquirimos nueva maquinaria para mejorar la eficiencia y se realizaron ajustes en la metodología utilizada hasta entonces, asumiendo incluso parte del proceso productivo que se realizaba en las cooperativas agrícolas que se habían creado para aprovechar mejor (sin demasiado éxito) las economías de escala.

En ambas fases, la productividad agrícola se incrementó notablemente, pero esta vez la mayor eficiencia fue acompañada de algo más: la caída brutal de todos los precios agrícolas, tanto los de productos de secano como los de productos citrícolas, por la entrada masiva de productos provenientes de terceros países en los que la mano de obra es mucho más barata (Turquía para los frutos secos o Marruecos para los productos citrícolas) y en los que la mayor parte de explotaciones son de gran tamaño (Estados Unidos, Marruecos y Turquía). Mientras que en la primera fase los precios agrícolas acompañaron al IPC, en esta segunda fase el IPC ha ido siempre por encima de los precios agrícolas, con el añadido de un mucho menor crecimiento de los precios percibidos por los productores, lo cual ha acelerado aun más el abandono de las explotaciones agrarias más pequeñas (las que no llegaron a realizar el esfuerzo inversor en los años 80) y también el de las explotaciones medianas (que sí llegaron a realizar inversiones, pero que quedaron excesivamente endeudadas por las mismas al caer abruptamente los precios y las rentabilidades), que sólo sobreviven hoy en día gracias a las subvenciones europeas que van a dejar de existir en 2013, puesto que se considera que, tras la evolución del sector en las últimas décadas, la única salida que le queda a la agricultura europea es el trasvase de recursos hacia otros sectores, de forma que sólo sobrevivan aquéllas explotaciones que resulten rentables por sí mismas.

Las lecciones que podemos extraer de esta evolución de nuestro sector agrícola son varias:

1. El gran incremento de las productividades no ha tenido recompensa alguna para las empresas agrícolas de tamaño pequeño y mediano, que simplemente han visto aplazado su cierre gracias a que el crecimiento del resto de la economía ha permitido que se mantuviesen las ayudas a la producción.
2. Tampoco se ha visto recompensado el esfuerzo inversor de las explotaciones medianas, que han visto cómo sus productos perdían valor a pesar de haber realizado grandes esfuerzos por mantener o incrementar su calidad y su eficiencia.
3. La mano de obra agrícola tampoco se ha visto beneficiada por las inversiones de las explotaciones medianas al haberse reducido drásticamente los márgenes de beneficios por la competencia en precios de países con una mano de obra mucho más barata y la imposibilidad de llevar a cabo políticas de promoción de la calidad.

Estos tres puntos nos pueden dar una pista sobre la evolución de la actual crisis global en nuestro país, donde las productividades van a incrementarse sustancialmente por la huida masiva de mano de obra local que no encuentra un trabajo o lo encuentra a salarios inferiores a los esperados (primera fase en el sector agrícola), donde ya estamos asistiendo al cierre masivo de los pequeños (no rentables) y medianos (demasiado endeudados por las inversiones anteriores) negocios, donde vamos a asistir a caídas de precios en los productos internos (con la consiguiente pérdida de márgenes de beneficios) y donde la mano de obra barata y globalizada no va a hacer más que tirar aun más hacia abajo de los salarios locales.

Si la evolución que se espera de nuestra economía como país es la de los ajustes realizados sobre nuestro sector agrícola (y así es como yo lo veo), el 99% de las empresas españolas habrán de desaparecer y el 89% de los puestos de trabajo existentes antes de la crisis deberán reubicarse o desaparecer; según FUNCAS, las pequeñas y medianas empresas generaban en 2007 el 14,2% del V.A.B. (el P.I.B. antes de impuestos), mientras que el 1% de las empresas (las grandes) generaban el resto y ocupaban al 11% de trabajadores.

Los dos ajustes sobre el sector agrícola se produjeron mediante el trasvase de mano de obra y de capital hacia otros sectores nacionales (en parte también mediante la huida de mano de obra a través de la emigración, aunque en mucha menor medida) y hacia otras empresas españolas; sin embargo, si los actuales ajustes han de solventarse de igual forma, no existe capacidad para absorber interiormente a ese 89% de la mano de obra que trabajaba en las empresas menos eficientes por su tamaño. Y aunque pudiese absorberse a la mitad de esa mano de obra (algo imposible a corto y medio plazo), seguirían sobrando en nuestro país casi la mitad de los actuales trabajadores.

Así ha funcionado siempre este sistema y así seguirá funcionando mientras todos sigamos creyendo en él; pero el problema es que esta vez no se le exige su adaptación a sectores concretos de determinados países, sino a los propios países en su conjunto. Y el país que no se adapte, se quedará por el camino.

Y la pregunta es… ¿a costa de qué estamos dispuestos a adaptarnos a esta ley de la jungla?

Miserables

Nuevas propuestas de la ortodoxia neoliberal para ayudarnos a salir de esta crisis sistémica, esta vez de parte del Banco Central Europeo; he de advertir que cada vez entiendo menos sus propuestas, no las que nos afectan a los trabajadores (éstas siempre han ido en la misma dirección: contención salarial cuando las cosas van bien, reducción salarial cuando las cosas no van tan bien y esclavismo laboral cuando las cosas van mal), sino las que van de comparsa.

Las propuestas de siempre en materia laboral para un sistema económico perfecto

Como punto de partida para intentar entender hacia dónde nos llevan (o hacia dónde quieren que nos lleven) las medidas propuestas por nuestro Banco Central, veamos en qué medida este organismo lanza las propuestas en función de la situación preexistente en cada país.

Con los datos anteriores a la crisis (2007), comprobamos que nuestro estado del bienestar no parecía estar sobredimensionado (destinábamos un 5% menos de nuestro P.I.B. a gastos sociales y educación que el resto de países de la Unión Europea y un 10% menos que países como Dinamarca, Francia o Suecia); trasladado a gasto social (esta vez sin incluir la educación) por habitante (España destinó 5.713,20 € a gasto social por cada español en 2008), las cifras aun se disparan más en nuestra contra: un 10,92% menos que la media europea (6.337,20 €) y más de un 50% menos que Dinamarca (8.700,80 €) o Suecia (8.850,70 €) y un 40% menos que Francia (7.913,50 €).

Vistos los gastos destinados a evitar los fallos del sistema capitalista que llevan a incrementar el riesgo de pobreza y de exclusión social en nuestro país, la propuesta de reducción del Salario Mínimo Interprofesional (establecido en España en 748,30 € –catorce pagas de 641,40 €–) suena a chiste, aunque es una de las medidas estrella del neoliberalismo; sólo con las cifras comparativas del SMI sería suficiente para comprobar que España no tiene un problema de salarios excesivos (Irlanda, uno de los países rescatados, casi dobla nuestro SMI tras dos años bajo la tutela del FMI y del BCE), y si además unimos los datos de gasto social (un SMI bajo no permite afrontar a los trabajadores con sus propios recursos un colchón de seguridad ante posibles contingencias adversas, como es el despido), la medida propuesta parece una auténtica insensatez.

La reducción de las indemnizaciones por despido (medida ya implementada en la última reforma laboral, incluyendo el despido libre y sin indemnización para el primer año de contrato) es la otra medida estrella del neoliberalismo, reiteradamente exigida por esos organismos que tan educadamente nos aconsejan a los trabajadores que nos empobrezcamos un poco más cada año; asimismo, la absoluta libertad de la empresa para modificar a la baja los salarios o endurecer las condiciones laborales (otra medida también implementada ya por la última reforma laboral) también entra dentro de los últimos consejos que desinteresadamente nos da el BCE.

En el caso de los despidos (y en especial en el caso de los despidos procedentes), los trabajadores españoles sí disfrutamos de una mayor protección (si lo analizamos respecto a los meses de indemnización) que el resto de trabajadores europeos; tomados de forma aislada, estos datos podrían considerarse una rémora para nuestras empresas (y para la omnipresente competitividad), y eso es justo lo que afirma el BCE en su último informe mensual. Claro, que si lo tomamos en función del importe real de la indemnización (que depende de los salarios), de la capacidad de ahorro –y de habilitarse un colchón de seguridad ante contingencias imprevistas– de los trabajadores despedidos (que también depende de los salarios) y de los posteriores niveles de protección social para contrarrestar el riesgo de pobreza y de exclusión social (que ya hemos visto que en España eran en plena burbuja inmobiliaria cinco puntos inferiores a la media europea), las cosas cambiarían sustancialmente.

Obviamente, la primera gran conclusión a la que podemos llegar si queremos entender qué es lo que nos está aconsejando el BCE es que sus consejos sólo tienen en cuenta variables económicas puras, de forma que sus recomendaciones funcionarían si el sistema económico fuese perfecto o si sus imperfecciones no pudiesen crear miseria.

Como conclusión derivada de la anterior, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sus consejos se basan en previsiones realizadas sobre modelos matemáticos en los que se introducen variables exclusivamente económicas, o en los que las variables no económicas pueden modificarse o minimizarse para corregir los efectos distorsionadores de un sistema económico con el que conviven personas de carne y hueso que no llegan a fin de mes. O lo que es lo mismo, que sus modelos matemáticos no son aplicables a una economía real, por lo que sus consejos sólo funcionarán por pura casualidad.

Para finalizar este apartado, una mención especial a uno de los gráficos del último informe: el que nos muestra la evolución de las remuneraciones por empleado respecto a la media de la Unión Europea; España consiguió reducir ligeramente la brecha existente en las remuneraciones por trabajador respecto a sus socios europeos hasta el año pasado. Con la aprobación de la última reforma laboral, el BCE espera (y se alegra de ello) que el resto de los trabajadores europeos incrementen la brecha existente respecto a lo que cobramos aquí; toda una declaración de intenciones sobre lo que esperan de España, y en especial de sus trabajadores.

Las nuevas propuestas

Sin embargo, merece la pena que nos paremos en algunas nuevas propuestas del último informe mensual del BCE, que son esas propuestas que no alcanzo a entender ni cómo las puede realizar una institución como el BCE ni cómo pueden llegar a aplicarse en las empresas reales.

La reducción de márgenes de beneficios en algunas empresas de algunos sectores dirigidos al público local; parece una adivinanza, y de hecho lo es, porque no dice absolutamente nada de a quién habría que reducirle los márgenes de beneficios, una medida que resulta de lo más absurdo para quien defiende las bondades de las teorías y los cálculos económicos neoliberales (¿alguien habrá llegado a pensar que el BCE quería decir que las empresas debían ganar menos, cuando el resto de las medidas propuestas iban en la dirección contraria mediante la reducción de los costes laborales empresariales?); sabiendo cual es la ideología económica del BCE (que no duda en utilizarla y aplicarla mientras algunos nos enzarzamos en discusiones sin sentido sobre si hoy existen o no existen las ideologías, repitiendo como un rebaño lo que pregonaban desde hace lustros quienes hoy están al frente del FMI o del BCE), habría que buscar algún sector que aun perciba subvenciones públicas. Así que habrá que esperar a que el Gobierno aplique la recomendación para salir de dudas, aunque el sector de las energías renovables ya ha sido señalado y tiene muchas papeletas para ser el candidato elegido.

Otra propuesta chocante es la de la relajación de las normas jurídicas que penalizan las ilegalidades empresariales; es decir, la legalización de los desmanes empresariales. O la vida al margen de la Ley de las personas jurídicas. Es difícil saber si el BCE se refiere a delitos económicos de evasión de capitales o si se refiere a alguna protección del empresario frente a los desmanes de sus trabajadores; o si se trata de dejar al empresario la libre interpretación de las normas tributarias para pagar los impuestos cuando lo considere oportuno. Habrá que esperar también a que el Gobierno actúe para salir de dudas, pero no parece nada bueno que los delitos puedan dejar de ser delitos por razones económicas.

También resulta extraña la referencia a la toma de decisiones valientes frente a los lobbies de grupos privilegiados y con intereses creados. Siendo hoy el BCE el principal lobby de presión en nuestro país, podríamos pensar que se tratar de un llamamiento al Gobierno a desobedecer todas sus recomendaciones anteriores, pero sería demasiado bonito para ser cierto; viendo esas recomendaciones, casi todas referidas a generalizar la miseria entre los trabajadores y librar de la cárcel a los empresarios, tendremos que mirar hacia las organizaciones de trabajadores como destinatarios finales de esa acusación de ser un grupo privilegiado y con intereses creados. Algo habitual entre el neoliberalismo despótico, muy dado a considerar que la participación de los trabajadores en las decisiones políticas que les afectan no es un derecho, sino un privilegio a eliminar.

¿Y hacia dónde vamos con estas medidas?

Pues aquí es donde entra el título de esta entrada.

Las medidas miserables de las acepciones 3 y 4 del Diccionario de la Real Academia nos llevan a los trabajadores a ser unos miserables de las acepciones 1 y 2; estamos abocados a ser desdichados e infelices, al abatimiento y a no tener relevancia ni valor alguno ni para nuestros gobernantes ni para nadie.

Siguiendo las recomendaciones del BCE y del FMI, Grecia ha reducido su SMI un 22% este mismo año, lo que trasladado a nuestro SMI (si hemos de seguir esas recomendaciones en base a lo que han hecho otros países de nuestro entorno) nos llevaría a un salario mínimo de 500 € (583 € con las pagas extraordinarias prorrateadas si se mantienen las 14 pagas); y no olvidemos que el salario mínimo se utiliza para referenciar una multitud de percepciones dinerarias máximas, como el salario máximo que se puede recibir del FOGASA (el doble del SMI tras la última reforma laboral), pero también mínimas, como por ejemplo los ingresos considerados inembargables.

Irlanda, vecina de la neoliberal Gran Bretaña, ha sido la alumna aventajada de los consejos del BCE y del FMI; el paro pasó del 4,5% en 2006 y 2007 al 14,8% desde 2010. Ni el rescate (hace casi dos años ya) ni su ortodoxa política laboral han tenido efecto alguno en las cifras de paro, que se ha mantenido por encima del 14% (el último dato iguala su máximo histórico del 14,8%) a pesar de que el país ha perdido a 100.000 trabajadores (el 2,2% de la población activa irlandesa, que ha huido del país) y ha prohibido la entrada a trabajadores búlgaros y rumanos. Si España aspira a seguir los pasos de Irlanda, más de 500.000 españoles en activo deberían ser expulsados forzosamente del país en busca de mejores oportunidades laborales y sobre 1 millón de extranjeros comunitarios en activo deberían abandonar sus trabajos y volver a su país; la tasa de paro española pasaría entonces al 18% y, con toda probabilidad, la Comisión Europea, el BCE y el FMI aplaudirían de nuevo la seriedad en la aplicación de las políticas laborales por parte del Gobierno español, tal y como hicieron el mes pasado con los decepcionantes datos de la economía irlandesa, y hablarían de sus grandes esfuerzos por proteger a los más desfavorecidos (como hipócritamente publicaron tras el informe de Irlanda, con cada vez más irlandeses en la miseria gracias a las políticas de austeridad auspiciadas por ellos mismos, tal y como está ocurriendo con Letonia o Lituania –con gobiernos neoliberales– , cuyos datos macroeconómicos reflejan datos positivos, pero a costa de incrementar las tasas de pobreza de su población por encima del 30% y dejar a ambos países en los últimos puestos europeos del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU).

Si las míseras políticas neoliberales que pretenden que nos apliquemos son las mismas que ya se han aplicado en estos países, la experiencia nos demuestra que a lo único a lo que podemos aspirar es a acompañar a Grecia, Irlanda, Letonia o Lituania en sus niveles de miseria.

Miserables unos, miserables otros y miserables nosotros.