Todos habremos oído alguna vez a los dirigentes populares (tanto autonómicos como estatales) hablar de la necesaria reducción de impuestos para afrontar la grave crisis económica que estamos sufriendo los ciudadanos de este planeta globalizado llamado Tierra.
Francisco Camps, el flamante Presidente de la Generalitat Valenciana, no es una excepción; son múltiples sus comparecencias, a lo largo de estos últimos meses, exigiendo esa rebaja de impuestos al gobierno central de Zapatero. Se sobreentiende que si Camps exige esa rebaja a Zapatero es porque predica con el ejemplo.
Para la mayoría de los que, como yo, no disponemos del tiempo suficiente para andar consultando cómo nos puede afectar económicamente cada modificación que los políticos hacen en las leyes que regulan los impuestos, es en el momento de hacer la declaración de la renta cuando descubrimos lo cierto y lo falso de lo que se ha dicho y se ha escrito a lo largo de los meses posteriores a la aprobación de los presupuestos estatales y autonómicos.
Han sido muchos los rumores que han ido circulando a través de correos electrónicos sobre la desaparición de los 400 €, sobre la desaparición de los 2.500 € a las nuevas madres o sobre tantas y tantas supuestas modificaciones legislativas del gobierno socialista que iban a suponer una grave quiebra económica para todas las familias españolas; una vez llegado el momento de realizar la declaración de la renta puede resultar chocante comprobar cómo esas deducciones siguen estando en las mismas casillas de la declaración de la renta que el año pasado, o lo que es lo mismo, nos damos cuenta de las falsedades interesadas que van rondando por Internet, sobre todo cuando se acercan algunas elecciones.
Lo cierto es que, lejos de aquellos agoreros rumores, es de agradecer comprobar cómo el Estado ha reducido en un 6% los impuestos que gravan algunos rendimientos agrícolas (como los obtenidos en la producción de frutos secos, un sector que ha visto cómo los precios de venta al público son más del 700% más elevados que los que se obtienen de la producción) o cómo han vuelto a aparecer las casillas para la desgravación de parte del importe pagado por el alquiler de la vivienda habitual.
Lo que ya no es tanto de agradecer es comprobar cómo quienes predican (y exigen a los demás) una cosa hacen justo la contraria, y este es el caso de Francisco Camps; con más de media España (y no digamos ya los valencianos) hipotecada hasta las cejas, produce sonrojo (por no decir palabras un poco más gruesas) comprobar cómo las desgravaciones autonómicas (las que se encargan de regular nuestros dirigentes del PP valenciano) por la adquisición de la vivienda habitual se han reducido a aquellas viviendas compradas después de 2006.
No sabemos dónde deben haber ido a parar las modificaciones legislativas para bajar (o al menos para no subir) los impuestos de los valencianos, pero desde luego no están en la declaración de la renta de este año; y lo que también resulta curioso es que ninguno de aquellos rumores (¿de dónde debieron surgir?) hiciese referencia a la desaparición de las desgravaciones autonómicas para aquellos que nos hipotecamos hace más de tres años.
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