Opiniones inexpertas

La construcción: un pozo sin fondo

2011-12-10T02:39:00.001+01:00

Desde luego, mi futuro no lo tengo asegurado ejerciendo de adivino; mi optimismo pasado no tenía en cuenta la consabida Ley de Murphy, esa que afirma que si algo va mal, siempre tiende a ir peor.

Analizando los datos del sector de la construcción en Octubre de 2009 y en Junio de 2010 me pareció que se adivinaba, en aquel momento, el final de la sangría en el número de operaciones de compraventa y el de la caída de precios en las viviendas; nada más lejos de la realidad: si bien 2010 fue un buen año estadístico hasta el mes de Agosto (el número de compraventas subieron respecto a los mismos meses de 2009, mientras la caída en los precios parecía tender hacia una clara moderación), en Septiembre de ese año se inició un nuevo descalabro en el número de transmisiones de viviendas, tanto nuevas como usadas, que aun se mantiene a fecha de hoy (con descensos interanuales superiores al 20% y que llegaron incluso al 40% en el mes de Agosto), mientras los precios han alcanzado nuevos mínimos en el tercer trimestre de 2011.

Según los últimos datos disponibles (de Septiembre de 2011), el número de transmisiones de vivienda nueva ha caído más de un 65% en España y casi un 80% en Castellón desde sus máximos (en Enero de 2007 y en Enero de 2008, respectivamente), mientras que en el caso de la vivienda usada el descenso en el número de transmisiones ha sido, tanto en España como en Castellón, de un 75% desde sus máximos (en Enero de 2007 en ambos casos); asimismo, los precios de la vivienda nueva llevan un descenso acumulado del 16,58% en España y del 25,42% en Castellón desde sus máximos, habiéndose vuelto a los mismos niveles de precios existentes entre 2004 (en Castellón) y 2005 (en el conjunto de España).

Respecto a los precios de las viviendas nuevas, cabe recordar que éstos se llegaron a incrementar más del 200% en España y más del 340% en Castellón en apenas 12 años (entre 1995 y 2007), y que ahora mismo existen ofertas (no del sector de la construcción, sino de las entidades financieras) en Castellón cuyos precios están incluso por debajo de los 36.000 € que costaba de media una vivienda de segunda mano de 90 m² en 1995, por lo que si el sector financiero sigue acumulando viviendas con hipotecas ejecutadas, y los precios de venta se mantienen durante mucho tiempo entorno a los 350 €/m² (una reducción de más del 75% respecto a los precios máximos alcanzados en Castellón, cuando el mercado de la vivienda usada ha reducido sus precios apenas un 18%), al sector de la construcción sólo le quedará como alternativa la desaparición.

Y si los datos propios del sector resultan alarmantes (con las empresas obligadas a vender ya por debajo del coste de construcción), no lo son menos los referentes a la fuente de financiación de las transacciones: las hipotecas inmobiliarias.

De las casi 125.000 viviendas hipotecadas en España en Enero de 2007 hemos pasado a las menos de 29.000 en Agosto de este año (el número de viviendas hipotecadas ha caído más de un 75%); si hablamos del montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas, el descenso es aun más escandaloso (superior al 80%), pasando de los casi 18.500 millones de euros concedidos en Enero de 2007 a los 3.125 millones de euros concedidos el pasado Agosto. Ambas caídas han hecho descender también, en consecuencia, la hipoteca media de las viviendas, que ha pasado de los 152.481,96 € (en Agosto de 2007) a los 106.888,70 € (en Agosto de este año), es decir, casi un 30% menos desde sus niveles más altos.

Si hablamos de los datos referentes a Castellón, los descensos son aun mayores, alcanzando las caídas el 86,23% en el número de viviendas hipotecadas (de 2.934 a 404), el 93,17% en el montante total de hipotecas concedidas sobre viviendas (de más de 422 millones de euros a menos de 29) y el 52,17% en el caso de la hipoteca media de las viviendas (de casi 150.000 € a poco más de 71.000 €).

Mientras tanto, las tasas de paro del sector se mantienen entorno al 25% en España y al 30% en Castellón, representando los parados de la construcción entre un 8% y un 9% del total de parados tanto en España como en Castellón; asimismo, se sigue manteniendo en niveles disparatados la tasa de temporalidad (por encima del 40%).

Los 1.370.700 trabajadores que aun mantenemos un empleo en el sector en España ó los 18.000 en Castellón (llegamos a ser 2.717.500 en España y48.000 en Castellón) le estamos generando hoy al sector más del doble de ingresos por la venta de cada vivienda de lo que les generábamos en 2005 (cada trabajador empleado en todo el sector en Castellón contribuía en generar unos ingresos de 3,72 € por cada vivienda de 90 m² que se vendía, mientras que ahora genera 7,52 €); sin embargo, el efecto acumulado de la caída en el número de ventas y en el precio del metro cuadrado hace inviable el mantenimiento durante mucho más tiempo de estos niveles de ocupación (esos aparentes incrementos en la productividad son completamente irreales, puesto que la producción está tendiendo a cero), por lo que es de esperar que los ajustes empresariales en costes laborales se recrudezcan aun más a medio y largo plazo, al menos mientras el sector financiero siga ejerciendo de referente en cuanto a precios y mientras el número de visados y de certificaciones siga por debajo de los niveles de 1992, cifras que llevan irremisiblemente hacia la práctica desaparición del sector, al menos en cuanto a vivienda privada se refiere.

Y si a todos estos datos estadísticos añadimos la voracidad recaudatoria de todas las administraciones (aunque muy en especial la local y la autonómica, cuyos ingresos se basan en gran parte en el gravamen sobre las propiedades o las transacciones inmobiliarias) y la imperiosa necesidad de la banca de transformar en líquido los innumerables (e incalculables) préstamos hipotecarios concedidos en tiempos de vacas gordas, el futuro a corto plazo de las empresas del sector aparece en el horizonte con meridiana claridad: deshacerse cuanto antes de todos los activos y al precio que sea, si no es que ya es demasiado tarde incluso para regalarlos.

Carta abierta al Círculo de Empresarios

2011-11-23T13:32:00.001+01:00

Estimados empresarios integrantes del Círculo de ídem; he leído atentamente su reciente documento Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura, y la conclusión es clara: son ustedes muy espabilados, además de unos hipócritas y unos caraduras.

Tras leerlo podría haberme acordado de sus familias; y no sólo por lo que proponen (que también), sino por esa sibilina autocrítica que impregna todo el documento.

“Debe flexibilizarse el marco laboral, en aras de asegurar la supervivencia de las empresas y la recuperación del empleo.

Se debe impulsar la acción de las mutuas privadas en el control del absentismo laboral”.

Es evidente que los trabajadores somos los máximos responsables de la situación de sus empresas; por nuestros salarios, por el despido que cobramos cuando nos dan la patada y por lo vagos e improductivos que somos cuando nos hacen el inmenso favor de contratarnos. También es evidente que los trabajadores más productivos y menos vagos son los familiares que ustedes ponen al frente del primer departamento en el que queda una plaza vacante (normalmente forzada, no por fuerza mayor, sino por sus cojones), cuyo despido pagan ustedes gustosamente (el de sus familiares, para contribuir solidariamente a la compra de ese coche que siempre han querido, no el del vago trabajador improductivo despedido) y cuyo salario nunca es suficiente para llegar a fin de mes. Además, al ser cargos de confianza, pueden abonarle parte del salario en negro, haciendo del puesto de trabajo el más productivo (contablemente, que no realmente) de la empresa (la de retenciones y seguros sociales que se ahorran, y la de dinero que se puede blanquear así cada año, ¿verdad?). Si al menos hubiese algún trabajador que se quedase una o dos horas más por la cara para sacar adelante esas gestiones urgentes que al mes siguiente siguen encima de su mesa (de la de usted, no de la del trabajador) no tendrían que proponer medidas de investigación privada contra el absentismo laboral; pero es lo que hay, así que no les queda a ustedes más remedio que proponerlo.

Además, sabiendo como sabemos que sólo les costamos a ustedes un 40% (ó 17.000,00 € al año) menos que los trabajadores alemanes a los competitivos empresarios germanos (seguros sociales y costes del despido incluidos), no puede entenderse cómo no nos damos cuenta de la insoportable carga en la competitividad que suponemos los trabajadores para sus empresas. Si en lugar de mirar a los alemanes mirásemos a los chinos otro gallo nos cantaría; pero no es así, y por eso se han visto obligados a proponer la reducción de la indemnización por despido y, ya de paso, también del salario mínimo interprofesional.

“La normalización del crédito es una condición necesaria para recuperar el ciclo económico y frenar la sangría del desempleo.

Las entidades [financieras] deben informar en detalle sobre su exposición potencialmente problemática, su estructura de financiación y su solvencia.

Existe un problema de exceso de estructuras comerciales y de reducido tamaño medio de las entidades [financieras], que redunda en una menor eficiencia y productividad, especialmente en las Cajas de Ahorros”.

También es obvio que las entidades financieras les engañaron a ustedes; y, vistas las cifras, les engañaron mucho: las empresas españolas tenían a finales de 2010 una deuda equivalente al 193% del PIB español, o lo que es lo mismo, estaban endeudadas por el equivalente a todo lo que se produce en nuestro país en dos años (hasta el cuello, vamos). Nada que ver con apuntarse a los pelotazos urbanísticos (es obvio que el único empresario que modificó los estatutos de su empresa para incluir la “Actividad inmobiliaria en general” fue El Pocero, conocido en el mundo entero), ni a crear una pequeña empresa con un par de solares como capital social (urbanizables, eso sí, e hipotecados, eso también); nada que ver con esa sana costumbre del “culo veo, culo quiero” en la que ustedes nunca jamás han caído, caen ni caerán. Por supuesto, también es obvio que lo firmado con la banca no es un lastre para sus empresas; por eso esos contratos financieros están para cumplirlos, no como los laborales, que hacen insoportable la rentabilidad, la liquidez y hasta la solvencia empresarial; y por eso también exigen un poco (o un mucho) más de crédito al sector financiero: aun hay margen para reducir plantilla (aun han de soportar la carga de 25 millones de trabajadores) y así poder pagar más intereses. Y es que, vista la idiocia del trabajador medio español, alguien ha de ser quien vea más allá del cortoplacismo imperante en nuestra clase obrera.

Asimismo, es indiscutible que la estructura empresarial española, basada en pequeñas y medianas empresas, aprovecha mucho más las economías de escala que cualquier otra forma de organización empresarial y permite una mejor y más eficiente gestión de las productividades (¿no es esa misma estructura la que les exigen ustedes a las entidades financieras para mejorar sus productividades?); no obstante, si la productividad y la competitividad de las empresas españolas no se incrementan lo suficiente no es responsabilidad del sufrido empresario emprendedor, sino de otros factores como la rigidez del mercado laboral, la incompetencia de los organismos públicos, las excesivas cargas impositivas, la burocracia, los sindicatos, los convenios colectivos, el sistema financiero, el socialismo, la sanidad, el comunismo, la inseguridad jurídica, los nacionalismos, la deuda pública, el INEM, la mala educación… y, sobre todo y por encima de todo, unos trabajadores vagos y poco entregados a sus obligaciones laborales.

“Si no queda más remedio, y resulta del todo inevitable, los márgenes de subida [de impuestos] menos dañinos están en la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales).

Donde sí se pueden obtener ingresos es en la lucha contra el fraude, ya que parece claro que en la actual coyuntura se está registrando un aumento de la economía sumergida”.

No podemos olvidar tampoco la incuestionable afición del vago y pícaro trabajador español a defraudar al fisco o a obligar al sufrido emprendedor a emplearlo sin contrato para ahorrarse los seguros sociales; de ahí que en su documento se hayan visto obligados a denunciar el fraude fiscal y la contratación ilegal como medida para incrementar los ingresos necesarios para que el Estado promueva actividades empresariales más productivas y les pueda financiar de paso las campañas publicitarias en el exterior para poder vender sus productos fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, como muestra de su incuestionable voluntad de contribuir a las arcas del Estado, admitirían como ultimísimo recurso un incremento en los tipos de IVA que ustedes se desgravan y que sus clientes (nosotros los trabajadores) pagan; como igual de incuestionable es que un incremento en los impuestos sobre los beneficios empresariales serían perjudiciales para la sociedad en general y para ustedes en particular, y de ahí que se nieguen rotundamente en el documento a una contribución tan injusta a la caja común.

“Los convenios de empresa deberían ser siempre prevalentes sobre el resto de convenios.

Mayor flexibilidad en el recurso a las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos de ámbito superior, tanto en lo referente a salarios como al resto de parámetros.

Se debe eliminar la actual prohibición de los contratos parciales de hacer horas extraordinarias y liberalizar la distribución de las horas complementarias de los mismos”.

Irrebatible resulta asimismo el hecho de que la unión de los trabajadores a través de sindicatos demasiado fuertes ejerce una grave distorsión sobre el normal desarrollo del libre mercado, puesto que con ello se le resta autoridad al empresariado; de ahí que se hayan visto obligados a proponer la eliminación inmediata de esas uniones de trabajadores, reduciendo primero a la nada la siempre perjudicial negociación colectiva a cualquier nivel superior a la empresa y proponiendo como única solución la libre negociación de las condiciones laborales entre empresario y trabajador, así como la conversión de los sindicatos en meros despachos de abogados privados; irrebatible es también el perjuicio que supone para las empresas españolas contratar a un trabajador a tiempo parcial y no poder emplearlo a tiempo completo por las restricciones horarias de estos contratos, por lo que han tenido que plasmar en su documento una propuesta destinada a eliminar esas restricciones. Y es que, como todo el mundo sabe, las horas del día y de la noche que un trabajador destina a otros menesteres distintos a su trabajo es una de las principales causas de que las empresas españolas no sean competitivas, y de ahí que hayan ustedes pensado en el bien que le harían a nuestro país esas horas perdidas que el trabajador dedica a las amistades, a la familia o incluso a pensar, que es aun peor.

En definitiva, que me ha llenado de honda satisfacción ver cómo ustedes son capaces de reconocer sus propios errores; un ejercicio de autocrítica nos vendría a todos muy bien para intentar remontar esta interminable crisis, y son ustedes (¿quiénes si no?) los que han dado el primer paso.

Enhorabuena.

El futuro, una simple cuestión de prioridades

2011-11-05T01:36:00.001+01:00

Podemos leer en la contraportada de un libro editado por Bankia y recientemente publicado por La Gaceta de los Negocios que esta crisis ha acercado la economía a todos los rincones de la sociedad, por lo que cabe concluir (tal cual puede leerse en ese libro) que la economía se ha democratizado; una conclusión, por otra parte, muy en la línea de los grandes pensadores neoliberales.

Sin embargo, es muy difícil llegar a esa misma conclusión sin tener como prioridad absoluta a la economía; de hecho, se llega a la conclusión contraria si se toma como prioridad la democracia: ésta se ha economizado, es decir, que se guía hoy por los poderes económicos más que por soberanías. O lo que es lo mismo: la democracia ha dejado de ser democracia.

De hecho, la única forma de democratizar la economía es a través de la gestión directa de ésta por el pueblo soberano; y eso tiene un nombre y se llama comunismo. Es de suponer que ni en Bankia ni en La Gaceta de los Negocios querían decir, y ni siquiera dar a entender, que esta crisis nos ha llevado a un sistema comunista.

Cuando la economía es la base sobre la que se pretenden desarrollar todas las demás cuestiones vitales, la única conclusión posible a la que se llegaría es que el mejor sistema político para la sociedad sería aquél que estuviese al servicio de la economía; es decir, aquél sistema político que hiciese más eficiente el desarrollo económico. Básicamente, lo que acabaría concluyéndose es que las mejores formas de gobierno son aquéllas que se asemejan más a las propias empresas (entre las cuales no se encuentra, evidentemente, la democracia); de ahí que desde la ideología neoliberal (que ha traspasado ampliamente la delgada línea que separa el desarrollo económico como medio del desarrollo económico como fin en sí mismo) se pretenda desregular el funcionamiento de la economía (es decir, separar el sistema democrático del sistema económico, evitando que pueda democratizarse). En definitiva, las teorías neoliberales aceptan las democracias como un mal menor, aunque sus insistentes demandas contra la regulación de los mercados sólo denotan en última instancia un rechazo frontal a este sistema político, considerándolo una lacra para el desarrollo económico.

Ese uso del desarrollo económico como fin en sí mismo (crecimiento económico desmesurado e ilimitado) es el que ha desembocado en la creación artificiosa de productos financieros sin base monetaria real (una burbuja financiera, que es la que nos ha llevado a esta situación de crisis sistémica), igual que sucedió con la creación artificiosa de necesidades inmobiliarias (la burbuja inmobiliaria previa a la burbuja financiera); la ausencia de regulación en el primer caso (los mercados de productos financieros secundarios –donde se mezclan productos financieros de todo tipo– nunca han estado regulados) y el mal uso de la regulación en el segundo (se utilizó y se promocionó la construcción como financiación principal de las administraciones públicas locales) permitieron que el propio mercado diese rienda suelta a ese crecimiento sin límites que ha acabado por estallarnos a todos.

Por lo tanto, la primera cuestión a determinar para construir nuestro futuro es si queremos formar un sistema basado en la economía o si queremos crear un sistema basado en la democracia. La configuración de todas las libertades individuales restantes se derivarán de esa determinación.

Así, si tomamos partido por un futuro basado en la economía deberán restringirse las libertades individuales de los trabajadores, que deberán subyugarse obligatoriamente al fin último del crecimiento económico, renunciando a muchos de los derechos existentes hoy; obviamente, tomar parte por ese futuro implica también que el sistema político asociado a esa base económica podrá ser cualquiera, si bien el democrático tendrá muy pocas posibilidades de ser el elegido (la subyugación de la masa social más numerosa, y su consiguiente pérdida de derechos, debería ser voluntaria en un sistema democrático).

Y si tomamos partido por un futuro basado en la democracia, las teorías neoliberales actuales deberán adaptarse a la subordinación del crecimiento económico a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos, asumiendo que la cesión de poder de decisión desde el sistema democrático hacia el sistema económico (que es lo que nos ha llevado al actual despotismo, que incluso es capaz de impedir el ejercicio de la soberanía a un pueblo entero) no se va a poder producir de nuevo.

Caminando hacia la revolución

2011-11-02T17:38:00.001+01:00

Parece que ya no hay vuelta atrás; la recaída en la recesión, que muchos esperaban para septiembre del año que viene, ya está aquí. No hay tiempo ni tan siquiera para tomar posiciones: el barco se hunde y cada cual va a intentar salvarse como pueda. Estados Unidos aplicando recetas expansivas y la Unión Europea aplicando (o al menos eso intentan) recetas recesivas; sin embargo, todo parece indicar que no hay receta que pueda salvar al sistema, y que su muerte será más brusca (que no indolora) de lo previsto.

Con casi cinco millones de parados en nuestro país, esta segunda recesión nos lleva directos al colapso social (el económico parece ya inminente e irremisible), y en esa situación el pacífico 15-M puede ser devorado por otros movimientos mucho menos dados a la participación y al diálogo.

Camuflada tras las rimbombantes teorías económicas neoliberales y con la impasible inoperancia política, la gran mayoría no nos habíamos dado cuenta de que el libre mercado hacía tiempo que había sido devorado por la libre especulación financiera; que cuando se hablaba de competitividad o de productividad, del Estado de Bienestar o del futuro de las pensiones, se estaba intentando medicar a un ente inerte, mientras su verdugo continuaba desgajando su cuerpo para exprimirlo por completo antes de su completa desaparición.

Hoy nos encontramos ante un mercado financiero con obesidad mórbida; y ha devorado ya a tantas víctimas que se está quedando sin alimento. Y como si fuésemos víctimas de un absurdo Síndrome de Estocolmo, le seguimos dando al mercado financiero todo aquello que nos pide (más inyecciones multimillonarias de capital) mientras el mercado financiero nos advierte de que nosotros tenemos que comer mucho menos, o mejor incluso si dejamos de comer y le damos nuestros alimentos a él.

“Este país nos va a hundir a todos”, ha afirmado rotundamente un señor señalando el nombre de Grecia en la página de un periódico que estaba leyendo esta mañana en el bar de la esquina; ante semejante ejercicio de autoconvicción he optado por asentir, aunque para mis adentros he pensado que si un referéndum en un país que supone el 2% del P.I.B. de la Unión Europea nos va a hundir a todos es porque ya estábamos hundidos mucho antes de que los griegos pudiesen votar si su muerte financiera ha de ser lenta o rápida; de hecho, los cuatro primeros párrafos de esta entrada los tenía escritos desde finales de septiembre, y parece ser (visto el panorama económico y financiero desde 2008) que podría haberlos escrito incluso mucho antes (aparqué su desarrollo y publicación por parecerme excesivamente pesimista respecto al futuro, pero el último artículo de Juan Luis Cebrián, mucho más pesimista que el inicio del mío, me ha animado a acabarlo).

La cuestión es que podemos culpabilizar de la caída del sistema a Grecia, a los mercados, a la política, a los bancos, al G-20, al vecino o a nosotros mismos, y seguro que encontraríamos una parte de responsabilidad en cualquiera de ellos; pero mientras nos obsesionamos en buscar culpables estamos perdiendo un tiempo precioso en iniciar el cambio de sistema. Y hay muchos (seguramente los menos indicados para ello) que ya están tomando posiciones; y si han de ser los férreos defensores del capitalismo más salvaje quienes nos saquen de esta crisis del sistema capitalista, el futuro se presenta poco halagüeño.

El problema es que ideológicamente el comunismo ha sido desacreditado; y en la práctica, también. Esta situación ha conllevado la omnipresencia del capitalismo como única vía ideológica posible en nuestra sociedad; este monopolio ideológico ha sido posiblemente la principal causa de su propia caída, puesto que las únicas fuerzas que podían ejercer algún tipo de contrapeso (el propio comunismo, la socialdemocracia o incluso la sociedad a iniciativa propia) han sido incapaces hasta tal punto de frenar la voracidad de lucro de los sistemas financiero y económico que incluso han acabado alentando los desmanes propios de cualquier sistema basado en la avaricia. Y si, tal y como venían pregonando desde la derecha hace ya mucho tiempo, el futuro va a tener que decidirse sin luchas ideológicas de por medio, la primera ideología que debe apartarse del futuro es la que ha caído con esta crisis: el propio capitalismo; sólo con la muerte de las dos ideologías enfrentadas desde el siglo XIX puede abordarse el futuro sin luchas ideológicas.

Ahora bien, si el teórico poder de las democracias se ha pervertido y desviado de tal forma que ha acabado en manos de una élite (una especie de nuevo despotismo ilustrado) como el G-20, los bancos centrales, el FMI o el recientemente bautizado “Merckozy”, todos ellos firmes creyentes y defensores acérrimos del actual sistema caído, de forma que la soberanía popular ha acabado siendo una utópica declaración de intenciones en las constituciones de los países autodenominados democráticos, va a ser misión imposible apartar a esas élites (completamente ideologizadas) de las decisiones sobre el futuro de nuestras sociedades. No queda otra salida, pues, que la lucha ideológica; y el inicio de esa lucha sólo puede abordarse tomando como base las dos últimas ideologías caídas (capitalismo contra comunismo). Abordar la construcción de un futuro desde la nada (sin base ideológica alguna) no es posible en tanto en cuanto el poder de decisión real está en manos de esa élite despótica; afirmar lo contrario sólo puede interpretarse como un apoyo explícito a quienes ahora tienen el poder de decisión real, que son los mismos que nos han llevado a esta crisis sistémica.

Por supuesto, estas disquisiciones son totalmente utópicas: el poder nunca abandona sus posiciones sin ofrecer resistencia, nunca reconoce sus errores si nunca antes se le han exigido responsabilidades y defenderá su ideología como la mejor o incluso como la única posible y viable. Como dice Juan Luis Cebrián en su artículo de hoy en El País, las crisis sistémicas llevan aparejadas acciones violentas contra el poder establecido que pueden acarrear destrucción y muerte; atajar esas acciones violentas mediante una revolución pacífica aun es posible si realmente se tiene la voluntad de salir adelante construyendo otro sistema más justo con todas las personas, independientemente de su capacidad adquisitiva, e incluso un sistema más participativo y en el que no quepa ningún tipo de despotismo. Es cierto que ha de ser a través de la verdad como se construya ese sistema, pero seguramente no será posible construirlo con la actual actitud de nuestros políticos.

Siempre quedará, por supuesto, la revolución violenta y la contrarrevolución sanguinaria; pero si llegamos a eso seremos muchos los que no llegaremos a conocer nunca otro sistema que el depravado sistema actual. Y es una lástima que la experiencia y la propia Historia nos hayan demostrado una y otra vez que las crisis sistémicas nunca han tenido una solución pacífica.

Anulen la reforma de la Constitución

2011-09-02T18:34:00.001+02:00

Porque es una reforma emanada de una reunión bilateral entre Francia y Alemania y por lo tanto no responde a una política de la Unión Europea ni a ningún acuerdo internacional suscrito por España.

Porque es una reforma que se salta la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y no en los representantes del pueblo francés o del pueblo alemán.

Porque con la negativa a refrendar la reforma mediante una consulta al pueblo español, que podría otorgarle legitimidad a esa modificación constitucional de carácter antidemocrático, se llega al punto más álgido del despotismo ilustrado en el que se ha convertido la supuesta democracia que instaura la propia Constitución.

Porque los mercados, a quienes debería calmar la reforma, siguen especulando con la deuda española hoy mismo, el día en el que ha quedado aprobada en el Congreso de los Diputados esa modificación constitucional.

Porque las turbulencias y especulaciones financieras que se pretenden calmar con esa reforma de la Constitución no tienen nada que ver con la Constitución.

Y, en definitiva, porque si las numerosísimas modificaciones a la Constitución que se han reclamado internamente, tanto a través de los cauces parlamentarios como a través de protestas o iniciativas ciudadanas, han sido rechazadas una y otra vez por los representantes del pueblo español, resulta muy difícil (o imposible) entender cómo “los mercados”, o dos países cualesquiera, logran en dos semanas lo que los españoles no han logrado en más de 30 años.

A no ser, claro está, que lo que se quiera es demostrar al pueblo español que su soberanía ya no sirve.

Nuestro déficit es noticia… a veces

2011-07-28T23:47:00.000+02:00

Los datos de nuestro déficit suelen ser noticia habitual en los medios de comunicación; raro será el español que no haya desayunado, comido y cenado acompañado de algún locutor de radio o de televisión advirtiendo de ese déficit que mantiene tan alterados a esos entes abstractos y omnipresentes que son los mercados.

Pues bien, el déficit también ha sido noticia hoy, aunque algunos lo habrán echado de menos; esta mañana era noticia en El País, en El Mundo y en Público, pero no por lo habitual (su imposible reducción sin tocar los sueldos –por no decir otra cosa– de los currantes, mientras Telefónica se preocupa porque sólo ha ganado poco más de 3.000 millones de euros hasta Junio y el Santander sube un 25% los sueldos a sus directivos).

Sin embargo, un vistazo al ABC o a Libertad Digital esta mañana nos hubiese dejado inquietos: el déficit no era noticia hoy, o lo era muy poco.

En ABC encontrábamos una noticia relacionada, aunque sólo referente a la Seguridad Social:

En Libertad Digital costaba encontrar la noticia:

No, no busquen; ahí no estaba. Tal vez un poco más abajo…

Pues tampoco… A ver un poco más abajo:

¡Ahí está! Bueno, tampoco seamos malpensados; puesto que se trata de una noticia económica, igual es que le tienen reservado un papel más destacado en su apartado de economía (Libre Mercado). Veamos:

Vaya, pues parece que tampoco es noticia económica de relevancia; a ver un poco más abajo:

¡Ahí lo tenemos! Escondida, pero ahí está la noticia del día sobre nuestro déficit.

Eso sí, una vez cerrada la Bolsa, ABC ya ha considerado conveniente publicar la noticia:

Cualquiera diría que hay a quien le interesa que a España la castiguen; y parece que no son sólo los especuladores del Deutsche Bank.

Veremos quiénes llevan mañana a su portada de las ediciones impresas la noticia del déficit.

Costes laborales por trabajador en España y en Europa

2011-06-22T14:02:00.001+02:00

Aprovechando la reforma de la negociación colectiva, y con el aparentemente único objetivo de forzarla a un estrepitoso fracaso, la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM) volvió a poner en la diana de todos los males empresariales a la insoportable carga en los costes laborales que han de afrontar y que supone un lastre insalvable en la competitividad de las empresas españolas; la brillante propuesta de los empresarios era crear un nuevo contrato temporal con una única obligación empresarial: pagar el salario mínimo interprofesional (641,40 € al mes).

Una vez más, los trabajadores parecemos ser los únicos responsables de la incompetencia o la avaricia de muchos empresarios y del mal funcionamiento y la pésima planificación financiera y empresarial de este país, y como castigo no nos merecemos otra cosa que ajustar nuestros salarios a los niveles existentes en Rumanía o en Lituania (de donde han tenido que huir miles de trabajadores para encontrar un trabajo medianamente remunerado); es hora de decir basta a esta falsedad, repetida hasta la saciedad por las organizaciones empresariales como la CEOE (de quien forma parte la propia CEIM), por los nuevos salvapatrias ultraliberales y por los máximos dirigentes de bancos y cajas.

Es falso que sean los costes laborales los que restan competitividad a las empresas españolas; es totalmente falso si observamos los datos internos de las empresas (el coste laboral por trabajador ha aumentado siempre por debajo del resto de partidas de ingresos o de gastos empresariales) y es totalmente falso si realizamos una comparativa con el resto de países europeos (España está por encima de Grecia, de Portugal, de Polonia, de Rumanía, de Hungría o de Malta en costes laborales por trabajador, y por debajo de Bélgica, de Alemania, de Dinamarca, de Luxemburgo, de Austria, de Finlandia, de Suecia, de Reino Unido, de Francia o incluso de Irlanda).

Año	Totales
Año	Mensuales	Anuales
2000	1.769,25 €	21.231,00 €
2001	1.840,17 €	22.082,04 €
2002	1.921,27 €	23.055,24 €
2003	2.008,76 €	24.105,12 €
2004	2.070,04 €	24.840,48 €
2005	2.128,21 €	25.538,52 €
2006	2.230,11 €	26.761,32 €
2007	2.320,23 €	27.842,76 €
2008	2.431,92 €	29.183,04 €
2009	2.516,82 €	30.201,84 €
2010	2.526,97 €	30.323,64 €

Los costes laborales totales (incluidas las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) por trabajador se han incrementado en un 42,83% entre 2000 y 2010, así que con estas cifras en la mano los empresarios alegan unas desmesuradas cargas para responsabilizar directamente a los asalariados de sus pérdidas, tanto contables como en competitividad; pero la realidad es muy distinta a lo que podrían alegar mostrando aisladamente esta gráfica o alguna similar:

Todas las variables económicas y contables de las empresas se incrementaron por encima del 60% entre los años 2000 y 2009 según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (aun no hay datos para 2010), por lo que resulta muy difícil responsabilizar a los trabajadores (cuyos costes se han incrementado unitariamente en un 42,25% en ese mismo período) de las pérdidas de competitividad de las empresas; con el fin de comprobar y comparar los datos de las diferentes variables en relación con esos costes laborales por trabajador, hemos tomado el año 2000 como referencia y hemos igualado todas las variables a los costes laborales totales por trabajador, de forma que la evolución temporal de cada variable se realice con cifras equiparables:

En el gráfico anterior, la línea azul de más abajo (la más plana) corresponde a los costes laborales anuales por trabajador; el resto de líneas se corresponden con otras variables de la contabilidad empresarial, destacando sobre todas las demás dos de ellas: los intereses pagados por las empresas y los dividendos repartidos a los accionistas.

¿Qué significado tienen esos desvíos respecto al resto? En el caso de los intereses (la destacada línea naranja), lo que observamos es que si en el año 2000 el importe de los intereses pagados por las empresas españolas se equiparara a los costes laborales por trabajador (partiendo de una cifra de 21.231,00 € anuales), esos intereses hubiesen supuesto costes que hubiesen llegado a triplicar (hasta los 66.677,96 € en 2008) el incremento en los muy comedidos costes laborales por trabajador; esa sí podría apuntarse, por lo tanto, como una de las principales causas de la pérdida de competitividad de las alegremente endeudadas empresas españolas (y no hay que olvidar que los intereses no incluyen las obligadas amortizaciones o devoluciones de capital que siempre les acompañan). Y eso no es responsabilidad de los apaleados trabajadores.

Pero lo más curioso de esta comparativa es el disparate de la línea azul que acompaña a la naranja en la parte alta del gráfico; esa línea azul corresponde al reparto de dividendos (es decir, al reparto de los beneficios empresariales), que debería correr paralela a la línea azul (beneficios) que queda más o menos encerrada entre los impuestos (la línea morada) y los costes laborales acumulados (la verde). Ante los avisos de una inminente crisis inmobiliaria que empezaron a oírse ya con fuerza entre 2003 y 2004, parece que el empresariado español prefirió ir recogiendo beneficios antes que reinvertir sus ganancias en mejorar su competitividad o en diversificar sus actividades de cara a asegurar la futura viabilidad de sus empresas; y ahora pretenden que seamos los trabajadores quienes paguemos el pato de su avaricia y de su oportunismo rebajándonos el sueldo.

En definitiva, lo que obtenemos de los datos internos de las empresas es que los costes laborales por trabajador (es decir, lo que paga un empresario por contratar a un trabajador) se han incrementado poco más del 40% mientras el valor de la producción se incrementaba en un 60%, los pagos por intereses en un 114,21% y el reparto de beneficios en un 137,28%; y la solución que proponen los representantes de los empresarios es despedir gratis y pagar 641,40 € al mes. Esta es la lógica empresarial española.

Pero es que si los datos internos resultan escandalosos, los datos comparados con nuestros socios europeos son para llevarse las manos a la cabeza; si queremos compararnos con Alemania, observamos que a las empresas del país de Ángela Merkel les cuesta 47.772 € anuales la contratación de cada trabajador, casi un 60% más de lo que les cuesta a las empresas españolas una unidad de trabajo. ¿Son un lastre los costes laborales alemanes para la competitividad de sus empresas? Pues si nos atenemos a la opinión de empresarios, neoliberales y banqueros españoles, no. ¿Cómo se llega entonces a concluir que son los 17.448,36 € que se ahorran las empresas españolas en la contratación de cada trabajador los que suponen una carga para su competitividad respecto a las empresas alemanas?

Volvamos otra vez a aislar los datos en una gráfica (haciendo una simulación como la que hemos hecho en el gráfico anterior, de forma que España y Alemania partiesen de los mismos costes laborales en el 2000), que es la que podrían mostrar la CEOE, algún economista del Instituto Juan de Mariana o algún destacado dirigente de FUNCAS (la Fundación de las Cajas de Ahorro):

Y ya tendríamos la justificación perfecta a los argumentos esgrimidos por los ultraliberales: los trabajadores españoles deben bajarse el sueldo para recuperar la competitividad perdida desde el año 2000 a esta parte. Claro, que esta gráfica podría realizarse con otros datos, como por ejemplo la evolución del IPC:

Con lo cual tendríamos una explicación bien distinta al incremento relativo de los costes laborales en España respecto al incremento en Alemania: la convergencia europea exige esfuerzos (los precios al consumidor sí convergen hacia los precios europeos), pero esos esfuerzos también deben ir acompañados de alguna recompensa si lo que se quiere es que todos los países lleguen a niveles de consumo suficientes para absorber la producción de la propia Unión Europea. Así, unificando los dos gráficos anteriores, observamos que los costes laborales españoles han evolucionado por encima del IPC español:

Pero también podemos observar que esos costes laborales siguen estando muy por debajo de los costes laborales alemanes y que la tendencia es a la estabilización de esa diferencia:

Y todo esto teniendo en cuenta que Alemania es el 7º país europeo en coste laboral por trabajador y España ocupa una discreta 12ª posición, y siempre teniendo presente que la dispar evolución del IPC y de los costes laborales en otros países (como es el caso de Francia, que es el 4º país europeo en coste laboral por trabajador) han sido prácticamente idénticas a las de España:

Por lo tanto, los costes laborales o su indexación al IPC, si nos atenemos tanto a los costes internos de las empresas como a las cifras comparadas con los principales países de la Unión Europea, no son los grandes responsables de la pérdida de competitividad española, por mucho que se empeñen en repetirlo una y otra vez. En definitiva, que ya va siendo hora de que se deje de señalar continuamente a los trabajadores como principales responsables de los males de todas las empresas, siendo urgente que se adopten las medidas necesarias para que las políticas y las actitudes empresariales de este país se modernicen y puedan equipararse a las del resto de empresas europeas.

Por último, una cita:

El rigor de la normativa laboral y de protección de los trabajadores contra el despido, medido por un indicador desarrollado por la OCDE, se encuentra directamente relacionado con el número de empresas que declaran no contratar debido a esa protección. Sin embargo, la legislación general establece muchas exenciones, especialmente para las empresas más pequeñas, por lo que la media de los expertos considera que a una pequeña empresa le sería relativamente fácil despedir a un trabajador cuando no hay trabajo suficiente. Además, aunque resulte algo más difícil despedir a un trabajador por razones personales, tampoco parece que sea un problema insuperable considerado objetivamente. Así pues, pudiera ser que las preocupaciones de las empresas con respecto al problema del despido sean hasta cierto punto exageradas o estén basadas en información inexacta.

Esta cita corresponde a un informe encargado por la Comisión Europea a un comité de expertos para que se estudiaran las posibles mejoras en los procedimientos de contratación y de despido por parte de las PYMES; parece ser que este informe se les pasó por alto tanto a la CEOE como a los nuevos gurús del neoliberalismo.

El PP gana las elecciones y se sube los sueldos

2011-06-20T00:10:00.001+02:00

Cualquiera lo diría con esta propaganda diciendo justamente lo contrario, ¿verdad?

Bueno, pues la realidad es que se ha subido el sueldo un 2%. Él y todos los concejales del Ayuntamiento de Castellón, incluidos los del PSOE y los del Bloc (que se han abstenido ante esta propuesta “anticrisis”) y la de Izquierda Unida (que es la única que ha votado en contra de la subida).

“Es la segunda vez, pues hace un año lo rebajó un 15%”, reza el subtítulo; no cabe, por lo tanto, otra interpretación: hace un año se lo rebajó un 15% (de 90.000,00 € brutos al año pasó a cobrar 76.500,00 €) y este año se lo rebajará otro 13% (cobrará 66.555,00 €).

Claro, que si hacemos la división entre 12 meses nos salen 1.000,00 € menos de los 6.464,00 € que dice el segundo subtítulo, así que algo no cuadra aquí, y no cuadra por 12.000,00 €, por lo que no se trata de una pequeña discrepancia sin importancia.

La trampa está en que Alberto Fabra va a cobrar un 13% menos de lo que cobraba antes de la crisis; y claro, si ya cobraba un 15% menos y ahora va a cobrar un 13% menos (siempre en relación con su sueldo pre-crisis), lo que ha hecho en realidad es bajarse el suelo el año pasado un 15% y subírselo éste un 2%. Parece que algunos ya dan la crisis por finalizada, al menos en Castellón.

Y no olvidemos que PSOE y Bloc (aunque estén en minoría y sus votos no hubiesen servido para nada) se han abstenido; para que después haya quien quiera demostrar que “no todos los políticos son iguales”, ¿verdad? Pues ya va siendo hora de que se vaya demostrando, porque los hechos dan la razón a quienes dicen lo contrario.

Cómo justificar un Golpe de Estado a una democracia europea (I)

2011-06-16T19:14:00.000+02:00

La justificación del Golpe de Estado como respuesta al asesinato de Calvo Sotelo

«Julio de 1936. Es asesinado uno de los líderes de la oposición, Calvo Sotelo, mientras el otro, Gil-Robles, se libra por no hallarle en casa los criminales. Las últimas dudas de los conspiradores se disipan y una parte del ejército se subleva contra el Frente Popular. El gobierno reacciona, tras algunas resistencias, armando a los sindicatos. Con ello acaba de arrasar la Constitución y cede a la presión revolucionaria».

Este párrafo resume a la perfección el sentir y el pensar de los defensores del alzamiento nacional del 18 de Julio de 1936; el párrafo lo encontraremos, cómo no, en uno de los libros de Pío Moa (“Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas”, página 17).

El día 12 de Julio de 1936 los conspiradores aun tenían dudas; el 13 dejaron de tenerlas y el 17 llevaron a cabo un Golpe de Estado contra… ¿el Frente Popular? ¿No querrá decir Pío Moa que el ejército se sublevó contra el Gobierno elegido en las urnas cinco meses antes? No, es evidente que no es eso lo que quieren decir los defensores de Francisco Franco Bahamonde; se hace imprescindible nivelar la legitimidad democrática de las urnas y de las armas, y la balanza se desnivela demasiado si en una parte hay un Gobierno democrático y en la otra un ejército armado. Es necesario elegir otro contrapeso al que sea mucho más fácil ir restándole legitimidad hasta al menos dejarla equilibrada con la de unos golpistas; y el Frente Popular (una mezcla de tendencias ideológicas, la fórmula perfecta para aislar y destacar a la facción con menor legitimidad democrática –los anarquistas, a quienes es relativamente fácil unir otros líderes a través de declaraciones convenientemente aisladas y descontextualizadas– para acabar extendiendo sus desmanes a la totalidad de la coalición) cumple a la perfección con ese objetivo.

Paralelamente, todo lo que reste legitimidad al Gobierno elegido en las urnas servirá también para restar legitimidad al conjunto de la coalición que ganó las elecciones; así, según los defensores de la sublevación, es el propio Gobierno quien arrasa la Constitución al armar a quienes no se habían sublevado contra el orden constitucional, obviando que los primeros y los únicos que arrasaron la Constitución fueron quienes se enfrentaron a ella a través de un Golpe de Estado. El Gobierno no cede, como afirma Pío Moa, ante ninguna presión revolucionaria: el Gobierno se limita a defender el orden constitucional intentando suplir a quienes estaban obligados a hacerlo, que no eran otros que Francisco Franco Bahamonde y el resto de militares que se le unieron para aniquilar esa Constitución, que fue la que les habilitó para disponer del armamento que utilizaron después contra ella.

Pero vayamos a los datos concretos. El asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de Julio de 1936 se produjo unas horas después del asesinato del Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz de Heredia, activo militante del Partido Socialista, y pocas semanas después de varios discursos parlamentarios incendiarios del propio Calvo Sotelo en los que llegó a decir que «sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera»; sus palabras (pronunciadas el 16 de Junio de 1936) toman pleno significado si atendemos tanto a los hechos anteriores como al resto de su línea argumental parlamentaria: «No existe garantía para la vida en la calle, y amenaza la disolución social, y muchedumbres uniformadas gritan ‘¡Patria, no! ¡Patria, no!’; a los vivas a España se contesta con vivas a Rusia, y se falta al honor del Ejército, y se escarnece a España. […] Desde el 16 de febrero al 2 de abril se han producido los siguientes asaltos y destrozos; en centro políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. Centros políticos incendiados, 12; establecimientos públicos y privados, 45; domicilios particulares, 15; iglesias, 106, de las cuales 56 quedaron completamente destrozadas; huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74…». La anarquía ya se estaba produciendo, según el discurso de José Calvo Sotelo, varios meses antes (esta última cita es del 7 de Abril de 1936) de que pronunciara aquella invitación a la sublevación militar.

Pero, además, sus palabras ya estaban avaladas por los hechos; así, antes de las Elecciones de Febrero de 1936 (cuyas perspectivas para la derecha eran poco halagüeñas) se entrevistó con Francisco Franco Bahamonde para instarle a llevar a cabo el Golpe de Estado antes de Febrero en base a esas desastrosas previsiones electorales. No podemos olvidar que Calvo Sotelo llegó a ser Ministro de Hacienda durante la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera y que mantenía muy buenas relaciones con el estamento militar y con las organizaciones de extrema derecha; su entrada en Falange fue vetada por José Antonio Primo de Rivera (el hijo del dictador que le nombró Ministro), recelando que la figura de Calvo Sotelo pudiese eclipsar la suya.

Abierto defensor del fascismo (que en Italia ya había anulado el Parlamento y prohibido los partidos políticos desde 1928) en varias ocasiones en el propio Parlamento («Su Señoría [Santiago Casares Quiroga, Ministro de la Guerra desde Mayo de 1936] ha dicho que frente al fascismo el Gobierno es beligerante. Yo me he aterrado un poco al oír la frialdad con que lo decía y el calor con que los señores diputados que acompañan al señor Presidente del Consejo acogían tal afirmación de que el Gobierno se siente beligerante frente a un grupo de ciudadanos españoles»), José Calvo Sotelo era, por lo tanto, parte de la propia conspiración militar en ciernes; como afirmaría el historiador franquista Ricardo de la Cierva en 1969, los «desmandados del Frente Popular que lo eliminaron sabían muy bien lo que hacían y a dónde apuntaban».

La posterior etapa histórica de España distorsionó considerablemente tanto la relevancia política de José Calvo Sotelo durante la II República (el partido político Renovación Española, al cual pertenecía, era una fuerza minoritaria que representaba a la aristocracia, no siendo ni tan siquiera Calvo Sotelo su líder) como la relevancia real de aquel asesinato respecto a otros; aquel crimen supuso para los golpistas la excusa perfecta para adelantar sus planes y para tener una justificación ante la opinión pública, pero el asesinato de José Calvo Sotelo debe entenderse circunscrito a un continuo goteo de crímenes políticos con víctimas y verdugos tanto de derechas como de izquierdas. De hecho, los crímenes del Teniente Castillo y de Calvo Sotelo tuvieron en su día la misma relevancia mediática, como puede observarse en la portada del diario La Voz del mismo 13 de Julio de 1936 (este periódico se publicaba por la noche, por lo que recogió ambos crímenes en una misma portada).

Para entender aquella permanente situación de conflictos no puede obviarse que tanto España como el resto de países occidentales estaban pasando por la mayor crisis económica del sistema capitalista (el crack del 29 se produjo apenas 18 meses antes de instaurarse la II República) y que el principal problema social era la pobreza; la carestía, unida a la reducida protección de la que gozaban los trabajadores, explica las situaciones de violencia que afectaron a un gran número de huelgas. No hay que olvidar que fue esa carestía la que hizo triunfar las políticas extremistas en el resto de Europa, como el fascismo en Italia, el comunismo en Rusia o el nacionalsocialismo en Alemania.

La justificación del Golpe de Estado como respuesta a Octubre de 1934

Visto que el asesinato de José Calvo Sotelo no es un argumento suficientemente robusto para justificar un Golpe de Estado, los defensores del alzamiento nacional de 1936 se remontan a las revueltas revolucionarias de Octubre de 1934 para ampliar su argumentación:

«El golpe de Estado de Largo Caballero y el PSOE es considerado como el inicio de la Guerra Civil de 1936-1939». Eduardo Palomar Baró en el artículo Biografía de Largo Caballero de la Web Generalísimo Franco.

El 3 de Diciembre de 1933 la derecha (integrada en parte en la CEDA) gana las Elecciones; muere un comunista por un disparo desde la sede de Acción Nacionalista Vasca en Baracaldo, asesinan al Presidente del gremio de vaqueros de Puente de Vallecas, queda gravemente herido un socialista de Pego (Alicante) por un disparo realizado por el derechista José Ortola Alcina, acuchillan a un socialista en Paracuellos del Jarama… Se siguen clausurando locales de la C.N.T. y de la Falange, hacen explosión tres bombas en Madrid y se detiene al Comité de Huelga de Camareros. En Madrid ganan las Elecciones los socialistas, quienes acusan a la derecha de fraude electoral en los pueblos y ciudades pequeñas del resto de España mediante la compra de votos. Estas eran las noticias (pueden consultarse El Socialista o El Debate de las dos jornadas posteriores a aquellas Elecciones) de cada día en la España de 1933; en España, pero también en el resto del mundo, en una época en la que las diferencias personales se solventaban, con demasiada asiduidad, a cuchillazos, a tiros o a bombazos.

Hitler ya estaba en el poder aprovechando el sistema electoral alemán, Mussolini gobernaba en Italia desde hacía una década y la función de los campos de concentración nazis ya era conocida (ver el Editorial de El Socialista del 6 de Diciembre de 1933, en el que se habla de las condiciones extremas, las torturas y las muertes en extrañas circunstancias en el campo de concentración de Dachau, con 2.500 judíos, socialistas y comunistas detenidos en aquellas fechas); por otra parte, la dictadura del proletariado implantada en la U.R.S.S. amenazaba con extenderse al resto de Europa, sobre todo tras el cataclismo capitalista de la Gran Depresión de 1929, si bien la sustitución del expansionismo internacional de Lenin por la burocratización en clave interna de Stalin rebajó notablemente esta amenaza. La radicalización de las posturas políticas de los partidos que quedaban fuera de ambos extremos se produjo como consecuencia de las mutuas acusaciones a sus rivales políticos de querer instaurar en España bien una dictadura fascista o bien una dictadura comunista.

El fallido Golpe de Estado del 10 de Agosto de 1932 encabezado por José Sanjurjo Sacanell (condenado a cadena perpetua por esa sublevación) y su posterior amnistía (dictada por el Gobierno de derechas que saldría de las Elecciones de 1933) radicalizó aun más las posturas de los partidos de izquierdas, que vieron en esa amnistía algo más que un compadreo inadmisible entre las derechas y los elementos más reaccionarios contra el orden constitucional de la II República. De hecho, las previsiones de los partidos de izquierda se vieron plenamente cumplidas: José Sanjurjo era quien debía asumir la Jefatura del Estado tras el Golpe del 18 de Julio de 1936 (murió en un accidente de aviación dos días después de la sublevación y el general Emilio Mola lo tuvo que sustituir por Francisco Franco Bahamonde) y otros militares amnistiados junto a él (como Manuel Goded Llopis) participaron activamente en el alzamiento militar que dio origen a la Guerra Civil.

Por supuesto, los defensores del Golpe de Estado de 1936 minimizan aquel Golpe de Estado de 1932, ya que, como veremos, aceptar la relevancia histórica del mismo supondría el desmoronamiento irremisible de la línea argumental que lleva a culpabilizar a los movimientos revolucionarios de 1934 de la Guerra Civil:

«Sanjurjo había contribuido al advenimiento de la República en mucha mayor medida que los líderes republicanos, empezando por Azaña. Estando al cargo de la Guardia Civil de la Monarquía [Pío Moa evita referirse a la dictadura militar de Primo de Rivera], se había negado a emplearla contra las incipientes manifestaciones, y enseguida se había puesto a las órdenes de los republicanos.

[…]

Tampoco puede hablarse, en relación con la sanjurjada, de un golpe “de la derecha”, sino de un sector mínimo de ella, siendo repudiado por el sector principal». Pío Moa, en el artículo “El golpe de Sanjurjo” de la serie “Una visión crítica de la República y la Guerra Civil”, publicado en Libertad Digital.

Ya tenemos una visión de conjunto de la situación social y política de la II República tras el triunfo de la derecha en los últimos días de 1933; podemos entrar ahora en los hechos detallados que acaecieron los días y los meses posteriores a aquellas Elecciones.

Entre los días 8 y 11 de Diciembre de 1933 se producen graves altercados, con varios muertos y numerosos heridos, iniciados unilateralmente por la FAI; los partidos de derecha no dudan en hacer responsables de dichos altercados a toda la izquierda, incluidos el PSOE y la UGT, argumentando que se trataba de una reacción a la pérdida de las Elecciones. Las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT emitieron un comunicado conjunto (publicado en El Socialista del día 12) en el que negaban cualquier relación con aquella llamada a la revolución:

«Reunidas conjuntamente las Comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, han examinado la situación política y social del actual momento ateniéndose a las informaciones que poseen. La gravedad de dicha situación no sólo no se les oculta ni pretenden silenciarla, sino que la reconocen y subrayan.

Al hacerlo así declaran que los organismos nacionales a quienes estas Comisiones ejecutivas representan no han tenido ni tienen participación alguna en el movimiento iniciado en diversas poblaciones de España por determinado sector obrero, y consideran que la responsabilidad de que se haya producido el antedicho movimiento corresponde plenamente al Gobierno y a las personalidades y partidos políticos que, por su menosprecio de las reivindicaciones sociales, han desviado la República de aquellos cauces en que la voluntad del pueblo la situó.

Las Ejecutivas reiteran a la clase trabajadora afecta a nuestros organismos, y a la opinión pública en general, su firme decisión de cumplir, cuando la hora sea llegada, los deberes que nuestros representados y nuestros ideales nos imponen». Nota de prensa de las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de UGT, extraída de la portada de El Socialista del 12 de Diciembre de 1933.

Con motivo de esa revuelta anarquista se suscitó un debate interno que clarifica las intenciones tanto del PSOE como de la UGT tras la pérdida de las Elecciones; en el Comité Nacional de UGT del día 13, que dio su pleno respaldo a la nota de prensa conjunta de las Comisiones Ejecutivas, surgieron los dos conceptos de revolución que se barajaban en las filas socialistas en aquellas fechas:

«Besteiro: Las Comisiones ejecutivas, como ustedes saben, se han reunido y han dado una nota y en ella se dice que la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista están dispuestos a una acción para oponerse resueltamente a cualquier intento que trate de salirse de los cauces constitucionales. Yo estoy completamente de acuerdo y el Comité ejecutivo de la Unión General de Trabajadores está completamente de acuerdo con esta posición y a mí me parece que cualquiera otra es una posición endeble y que tiene los mayores peligros para nuestra organización. (…) Si hay alguna perspectiva de que tengamos un ambiente favorable, no puede consistir en otra cosa sino en decir que nosotros estamos dispuestos a hacer una defensa todo lo arriesgada que sea preciso para mantener la República con su fisonomía y con la Constitución tal como la hemos trazado.

[…]

Ya saben ustedes que acaso yo sería uno de los que estarían menos conformes con muchas partes de la Constitución, la cual se ha redactado en muchos puntos de una manera hasta opuesta a mi modo de ver las cosas. Sin embargo, creo que una vez que la Constitución se ha votado y que la tenemos y que la Constitución marca el procedimiento por el cual únicamente puede reformarse, nosotros debemos procurar que esa garantía subsista.

[…]

Pero si podemos en este instante tener algún arma para defendernos, ésta es el arma de las garantías que nos ofrece el Estado democrático más o menos puro que hemos creado. Tendremos que pasar por momentos difíciles y tendremos, dentro de este marco de democracia republicana, luchas tremendas. Ya sabemos cuales son los aspectos de esa lucha: una lucha parlamentaria y una lucha sindical. ¿Que la lucha sindical puede ser muy fuerte? Todo lo que se quiera. Habrá Federaciones, habrá Secciones que tengan conflictos graves, y puede ser que en algunos momentos se extiendan los c0nflictos y sean batallas sindicales enormes. Debemos estar dispuestos a arrostrarlas. No renunciamos a ninguna de nuestras armas, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas conquistas que hemos logrado mediante nuestro esfuerzo de muchos años y de muchos sacrificios se mantengan.

[…]

En cuanto a la posición nuestra y nuestros propósitos, éstos son oponernos resueltamente a todo intento de rebasar los límites de la Constitución.

[…]

Amaro Rosal: El compañero Besteiro dice que tenemos una garantía con la Constitución. Eso de la garantía de la Constitución, a estas alturas, me parece que no se ajusta a la realidad. Los alemanes eran tan cándidos que cuatro días antes de caer discutían si uno de los Gobiernos había sido destituido legal o ilegalmente, y cuatro días después de eso subía al poder Hitler. De modo que eso de la garantía de la Constitución no puede existir para nosotros.

[…]

También dice que una de las garantías para nosotros es el Estado moderno democrático que habíamos creado. Me parece que no haría falta andar en disquisiciones históricas para demostrar que a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive.

[…]

Yo hago una proposición concreta de que acordemos ir a un movimiento revolucionario para defender los intereses de la clase trabajadora que están en peligro.

Saborit: No hay acuerdo de implantar la dictadura del proletariado. El acuerdo unánime es hacer un movimiento contra todo intento de aplicación en España del fascismo.

[…]

El acuerdo de las Ejecutivas es éste: organizar desde ahora mismo, sin perder detalle, un movimiento de la Unión General y del Partido para hacer frente al fascismo en España, para impedir que puedan realizar aquí lo que ha sucedido en Alemania, para salvaguardar nuestras garantías de la Constitución y de la República. (…) Lo que ocurre es que no se va a decir que el movimiento es para implantar la dictadura del proletariado, porque no es para eso: es para hacer frente al fascismo. (…) A un movimiento para implantar la dictadura del proletariado, yo no voy porque no creo en eso. Para un movimiento contra el fascismo yo sí voy. Y porque, además, en ningún Congreso ha acordado el Partido Socialista defender la dictadura del proletariado, ni acabar con la democracia, ni con el Parlamento. En ninguno, ni nacional ni internacional.

[…]

Besteiro: Yo no tengo inconveniente en participar a ustedes que a mí la idea de que podamos hacer un movimiento para implantar el socialismo mediante la dictadura del proletariado, ni siquiera para gobernar los socialistas por su propia cuenta en burgués o en socialista, reformista o en socialista totalitario, me parece un absurdo imposible en las circunstancias actuales.

[…]

Amaro Rosal: Yo me ratifico en mi posición, que está, naturalmente, encajada en la concepción de que tenemos que prepararnos para la ofensiva, por la lucha, la amenaza o el ataque.

[…]

Muiño: Creo que nos separa al compañero Amaro Rosal y a mí una cuestión ideológica, no de táctica, porque lo que acabo de oír es la concepción comunista maximalista». Acta del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores del 13 de Diciembre de 1933.

La propuesta de Amaro Rosal sólo fue votada favorablemente por su propia Federación (la de Banca y Bolsa) y por la de Empleados de Oficina (representada por Félix Beltrán), siendo rechazada por las otras 34 Federaciones presentes en el Comité Nacional y por la Ejecutiva; el 94,45% de la UGT estaba, por lo tanto, totalmente en contra de saltarse la Constitución para llegar a la implantación real del socialismo. Puesto que estamos ante un foro de debate interno, cuyas deliberaciones quedaban restringidas al ámbito de la propia UGT, habremos de considerar que la postura de este sindicato tras la pérdida de las Elecciones de 1933 es la reflejada en esa Acta; y no hay que olvidar que Julián Besteiro Fernández formaba parte también de la Comisión Ejecutiva del PSOE, siendo cabeza de lista del Partido Socialista en aquellas Elecciones.

¿Qué ocurrió para que cambiase la postura del entorno socialista respecto a ese concepto de revolución desde finales de 1933 hasta Octubre de 1934? ¿Qué hechos ocurrieron para que cambiase el socialismo desde la claramente mayoritaria postura de Besteiro –revolución defensiva para salvar la Constitución a toda costa– a la minoritaria de Amaro Rosal –revolución ofensiva para tomar el poder aun en contra de la Constitución y de la República– en esos diez meses?

En el Comité Nacional de la UGT del 27 de Enero de 1934 (poco más de un mes después de aquella derrota de las tesis más revolucionarias) se discutió y votó de nuevo el camino que debía tomar el sindicalismo socialista: la ofensiva revolucionaria para instaurar la dictadura del proletariado (propuesta por la Comisión Ejecutiva del PSOE) o la oposición, frontal pero defensiva, a cualquier avance del fascismo en España (propuesta por la Comisión Ejecutiva de la UGT). Los resultados de la votación mostraron un vuelco completo a las posiciones socialistas de un mes antes: 33 votos a favor de la propuesta revolucionaria del PSOE y 2 votos en contra.

La respuesta la encontramos ante las similitudes entre el ascenso de Hitler al poder (el 30 de Enero de 1933 fue nombrado Canciller con el 34% de los parlamentarios) y las veladas pretensiones de algunos líderes de la derecha española («Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer. (…) Queremos una patria totalitaria; (…) la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición», José María Gil-Robles y Quiñones de León, líder de la CEDA, en un discurso pronunciado el 15 de Octubre de 1933, unas semanas antes de las Elecciones que ganaría dicha formación política con el 24,3% de los escaños); Hitler suspendió, en apenas un mes desde su llegada al poder, la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas y la libertad de reunión y asociación, además de ilegalizar la principal fuerza comunista (la KPD) y enviar a sus dirigentes a los recientemente creados campos de concentración. Para el 5 de Marzo de 1933 convocó nuevas Elecciones para aprovechar los resortes del poder, pero sólo obtuvo el 44% de los escaños; para lograr la mayoría que necesitaba para modificar la Constitución, arrestó a todos los diputados comunistas y a algunos socialistas, dictando a continuación (el 23 de Marzo) una Ley que anulaba temporalmente (obviamente, esa temporalidad no finalizó nunca) al Parlamento. Finalmente, el 2 de Mayo fueron disueltos todos los sindicatos obreros alemanes (un referente para los sindicalistas españoles) y enviados sus líderes a campos de concentración, el 10 de Mayo se confiscaron todas las propiedades del Partido Socialdemócrata y se cerraron sus periódicos (y sus líderes, como era de esperar, acompañaron a los líderes comunistas a los campos de concentración) y el 14 de Julio se aprobó la Ley del partido único.

La CEDA cedió el poder en Diciembre de 1933 al Partido Radical de Alejandro Lerroux (entre ambos sumaban el 45,9% de los escaños), segunda fuerza política en escaños (21,6%) y tercera en votos (8,20% frente al 20,18% del PSOE); los primeros pasos dados por el nuevo Gobierno fueron la derogación provisional de la Ley de Términos Municipales (que había permitido a los campesinos aprovechar tierras hasta entonces desaprovechadas), la modificación de los Juzgados Mixtos (una especie de juntas de arbitraje laboral integradas por empresarios y trabajadores), la supresión de los salarios mínimos en el campo y en la industria, el desahucio de miles de pequeños arrendatarios del campo, la devolución a los aristócratas de parte de las tierras expropiadas por la Ley de Reforma Agraria… El estado de alarma (con restricciones a la libertad de prensa, de reunión, de huelga y de otros derechos fundamentales) fue impuesta desde el primer momento por el nuevo Gobierno, censurando y confiscando numerosa prensa izquierdista (como El Socialista, intervenido en 51 ocasiones durante los primeros meses del nuevo Gobierno, o Avance, intervenido en más de 90 ocasiones); la represión sobre los huelguistas quedaba silenciada por la censura, incrementando la rumorología y las inevitables exageraciones; el paro había alcanzado cifras récord en Abril con más de 700.000 parados forzosos…

La sensación entre la izquierda era que la CEDA pretendía imponer un Estado fascista desde la sombra, dirigiendo a su antojo a un Gobierno que necesitaba de sus votos para poder gobernar, evitando de esa forma el inevitable desgaste producido por los continuos retrocesos legislativos, sociales y laborales gubernamentales: la República surgió como la solución a la sociedad semi-feudal que aun pervivía en España a principios de siglo (siendo los terratenientes los principales herederos de los señores feudales, con el caciquismo ampliamente instaurado en toda España y con la aristocracia, el estamento militar y la Iglesia copando permanentemente el poder) y el triunfo de la derecha el 3 de Diciembre de 1933 suponía que esa misma República que debía romper con el arcaico sistema anterior iba a servir para volver a dar el poder a los terratenientes, a la aristocracia, al ejército y al clero. En definitiva, que aquella frase del minoritario Amaro Rosal en el Comité Nacional de la UGT del 13 de Diciembre de 1933 («a la clase trabajadora este Estado democrático creado por nosotros ya deja de servirla en cuanto la República entra en declive») acabó siendo asumida plenamente también por el moderado Indalecio Prieto, quien en el verano de 1933 había pedido a las Juventudes Socialistas que calmaran los ánimos.

Ese temor a que la CEDA de Gil-Robles acabara convirtiendo la democracia republicana en un régimen fascista, como los casos de Italia y del más reciente de Alemania (cuyos regímenes eran visitados asiduamente por los líderes derechistas como el propio Gil-Robles –acudió a las celebraciones del 1 de Mayo de 1933 a Alemania, el día antes de la ilegalización de todos los sindicatos obreros alemanes– o Calvo Sotelo –en Febrero de 1933 se entrevistó con diversas personalidades políticas y eclesiásticas italianas–), llevaron al PSOE a aceptar la radicalización de su discurso para agitar a las masas y crear el clima necesario para tomar el poder ilegalmente y evitar así la transformación de un estado democrático en otro estado fascista; aquella primera radicalización del socialismo se fue asentando conforme se iban sucediendo hechos que no hacían más que confirmar aquellos temores, como la ilegalización del partido socialista y de los sindicatos también en Austria el 17 de Febrero de 1934.

La inclusión, el 4 de Octubre de 1934, de tres ministros de la CEDA en las carteras de Justicia, Trabajo y Agricultura fueron el detonante definitivo de la creciente radicalización de las izquierdas.

¿Había motivos suficientes para levantarse contra la propia República en Octubre de 1934? Evidentemente, desde nuestra perspectiva histórica, no. ¿Dio inicio ese levantamiento a la Guerra Civil española? Pues, por mucho que se quiera repetir lo contrario, lo cierto es que ese fue uno más (y el único protagonizado por las fuerzas de izquierda) de los múltiples intentos de Golpe de Estado que se produjeron durante la República (la Sanjurjada de 1932, otro intento militar a finales de 1935 –con el apoyo de una parte de la CEDA, el partido mayoritario de derechas que estaba en el gobierno–, otro en Febrero de 1936 –ya con Franco y Goded como protagonistas, siendo avisado de ello el gobierno saliente de derechas– y el que resultaría definitivo en Julio de 1936, en el que participaron todos los más destacados militares de los intentos anteriores); achacar a esa intentona golpista de la izquierda el inicio de la Guerra Civil e ignorar los numerosos y reiterados intentos militares de tomar el poder por las armas parece responder más a una cuestión de tozudería en intentar demostrar una imposible exculpación de los responsables del golpe militar que dio origen a la Guerra Civil que en un ejercicio de interpretación histórica de los hechos. De hecho, esos reiterados intentos golpistas del ejército (alentados por los medios de derechas como ABC, que en su editorial del 30 de Noviembre de 1932, apenas tres meses después de la Sanjurjada, llamaba “figura gloriosa” al golpista Sanjurjo) ponen de manifiesto que los militares y una parte importante de la derecha intentaron derrocar la democracia republicana desde principio a fin, hasta que lo consiguieron en 1936, por lo que la Guerra Civil sólo se hubiese podido evitar si la izquierda hubiese aceptado sin más cualquiera de los golpes de estado que intentó la derecha política y militar.

La pregunta que cabría hacerse es la misma que la que se ha planteado para el intento golpista de Octubre de 1934: ¿había motivos suficientes para levantarse en armas contra la República en 1932, en 1935 y en 1936? Y la respuesta ha de ser obligadamente la misma, aunque haya quien pretenda buscar una justificación (como la buscan aun a día de hoy a la intentona golpista del 23-F, o como sin duda habrá quien la quiera buscar a la actual situación política, económica y social) a lo injustificable.

Zapatero, responsable de todas las crisis

2011-06-07T16:40:00.001+02:00

Bajo el prisma del Partido Popular, Zapatero parece ser el político más poderoso del planeta.

Zapatero es el principal responsable del petardazo financiero que se inició en Estados Unidos en 2007 y que obligó a la intervención posterior de bancos, cajas y hasta de países enteros como Grecia, Irlanda o Portugal; tan poderoso es Zapatero que, incluso antes de llegar a Presidente de España (es decir, desde los bancos de la oposición), conspiró para desregular el mercado financiero estadounidense para que Clinton, Bush y Obama pudiesen mirar hacia otro lado y no tuviesen que preocuparse por las hipotecas basura y su posterior empaquetado financiero opaco que infectó al resto de países capitalistas del globo terráqueo.

No contentos con que los tentáculos de Zapatero llegaran a Estados Unidos, el Partido Popular le hace responsable también de la liberalización del suelo que aprobó el mismísimo José María Aznar Pérez (hipnotizado tal vez por las prominentes cejas de su sucesor), por lo que la burbuja inmobiliaria, los pelotazos urbanísticos y el ladrillazo en la cabeza de todos los españoles tras el reiteradamente advertido derrumbe del sector de la construcción son también palabra y obra de Zapatero.

Por supuesto, Ángela Merkel y una tal Cornelia Prüfer-Storcks son meras marionetas manejadas al antojo de Zapatero, principal responsable de la crisis de los pepinos y hasta de la existencia de la bacteria asesina E.coli; la denuncia a Zapatero por parte de la clausurada empresa alemana productora de brotes de soja y del restaurante de Lübek que los sirvió es solo cuestión de tiempo, puesto que el responsable está plenamente identificado. La Ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, Leire Pajín y Bibiana Aído serán declaradas seguramente colaboradoras necesarias de tanto desaguisado, la primera por salir a defender a los pepinos (qué atrevimiento) y las otras dos porque sí.

No tardaremos mucho en saber quién ha estado detrás de las crisis matrimoniales de Álvarez Cascos o de la Infanta Elena, e incluso de la de Felipe González; sí, sí, han acertado: detrás de toda crisis está Zapatero (está incluso detrás de los indignados acampados en las ciudades españolas). Tan mala persona es que incluso Francisco Camps sabe ya que Correa y su “amiguito del alma” El Bigotes eran dos mercenarios enviados por Zapatero para crear una crisis en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, resulta curioso que el Partido Popular se haya olvidado ya de criticar, e incluso de mencionar, las medidas neoliberales aplicadas por Zapatero para salvar a este país de la quiebra a costa de enviar a la quiebra a miles de familias desahuciadas por los voraces mercados financieros, expulsadas del mercado laboral por multinacionales con cada vez más beneficios y menos trabajadores, y estupefactas (e indignadas) por ser ellas las que siempre pagan el pato de los desmanes inapelables de los avaros especuladores de turno.

Claro, que visto que quien ha de ser el sucesor de Zapatero en el cargo (Mariano Rajoy) aplaude con regocijo las medidas ultraliberales aplicadas en el Reino Unido por la nueva ortodoxia económica gobernante, lo normal es no criticar demasiado lo que va a acabar aplicando él mismo, aunque multiplicado por equis; eso sí, siempre le quedará culpar a Zapatero.

No podemos premiar la corrupción

2011-05-23T17:48:00.001+02:00

Con Marbella como punta de lanza (los andaluces sí parecen haber aprendido la lección) y con la Comunidad Valenciana como reedición de aquella etapa en la que el poder judicial pretendía sustituirse desde el legislativo con un simple paso por las urnas (el GIL revalidó sus mayorías corruptas durante demasiadas legislaturas), en esta España que nos ha tocado vivir no podemos seguir premiando la corrupción en las urnas.

No sirve aquí el “todos son iguales”, porque ese argumento crea más corrupción: el partido en el poder seguirá siendo corrupto mientras pueda, esperando que el siguiente aumente el nivel de corrupción y el desmadre anterior quede diluido en el desmadre futuro. Hasta que la corrupción acabe por devorarnos a todos.

Esperanza Aguirre, en las antípodas de mi ideología política, o el PP de Baleares han sabido purgar sus listas de imputados por corrupción en anteriores legislaturas. ¿El resultado? Esperanza Aguirre revalida su mayoría absoluta y el PP de Baleares puede volver a gobernar tras una legislatura de sequía.

El PSOE de Andalucía, con los escándalos de los ERE fantasmas, ha preferido mirar hacia otra parte y apuntar con el dedo hacia la corrupción de la Comunidad Valenciana, evitando asumir sus responsabilidades políticas por la corrupción en sus filas. Y ha perdido todas las capitales de provincia en las que gobernaba.

¿Sólo eso? Pues no, no solo es eso. El próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, de Baleares y de Andalucía se tendrá que esforzar en mantener a sus corruptos a raya (esto es, expulsarlos de puestos de responsabilidad), puesto que ya saben que sus electores no quieren a políticos corruptos.

¿Y en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana seguimos premiando la corrupción política; el próximo gobierno no necesitará realizar ningún esfuerzo por controlar la corrupción, puesto que los valencianos no la castigamos en las urnas. La corrupción seguirá incrementándose en nuestras tierras mientras los ciudadanos no castiguemos a los partidos con políticos corruptos en sus filas. Y esa previsible escalada de la corrupción va a acabar pasándonos factura; una factura que acabaremos pagando los permisivos ciudadanos valencianos.

Buscando recuerdos del pasado en Internet

2011-05-09T18:51:00.001+02:00

Internet es ahora mismo una herramienta cuya eficacia en la búsqueda de información resulta completamente asombrosa, incluso para alguien que, como yo, lleva ya casi 18 años aprovechando los recursos disponibles en la red.

Cuando era un niño (hasta ayer no sabía exactamente la edad), en una noche de verano en mi pueblo natal (recordaba que era verano porque aquella noche estaba por la calle después de cenar, algo poco habitual fuera de época estival en un pueblo de montaña como Benafigos, a más de 900 metros de altura), vi junto a un amigo, estando en la plaza del pueblo, algo extraño en el cielo.

Tampoco voy ahora a especular sobre lo que era aquello (OVNI, reflejo atmosférico, avión espía o vete tú a saber), pero lo que sí recuerdo es que tras verlo desaparecer fulgurantemente en aquel cielo estrellado, entré en mi casa corriendo avisando de que acababa de ver una nave espacial o un OVNI desde la plaza del pueblo; también recuerdo que, no sé si en el mismo momento de relatar tamaño descubrimiento o unos días después, mi familia estaba frente al televisor viendo una actuación de un grupo que cantaba algo sobre un ataque preventivo de la URSS, y que yo relacioné directamente aquella canción con aquel avistamiento.

Nunca me había planteado, hasta ayer, indagar en aquel recuerdo; pero ayer se me ocurrió buscar por Internet el nombre de aquel grupo que estaba actuando en televisión aquella noche (Polanski y El Ardor, se llamaban) y al comprobar su corta trayectoria musical (1982-1984) comprendí que no sería muy difícil ubicarlos en una actuación musical en TVE (única cadena de televisión por aquel entonces).

Efectivamente, el 15 de Julio de 1983 Polanski y El Ardor actuaron en un especial del “1, 2, 3… Responda otra vez” dedicado a la música; la fecha me cuadraba con la estación estival y el programa (que veía toda España) también, pero en las hemerotecas no hay ninguna referencia a avistamientos similares en fechas posteriores a ese 15 de Julio; sin embargo, al ampliar la búsqueda a todo el año 1983 en la hemeroteca de El País (con la palabra clave “OVNI”) aparecen dos noticias en el mes de Octubre que, aunque no me dejan más tranquilo (no se sabe muy bien qué fue lo que vimos yo y muchos otros españoles), al menos me quitan el peso de pensar de mí mismo si a los 10 años no estaba tan zumbado como para no distinguir un avión de otra cosa:

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha confirmado que un OVNI sobrevoló un área próxima a Madrid durante un minuto el pasado día 12 de julio, según la respuesta dada por el Ejecutivo a la correspondiente pregunta del diputado Gabriel Elorriaga, del Grupo Popular. Ni los sistemas de defensa aérea instalados en las inmediaciones de la capital de España, ni los radares de Madrid-control, se dice en la respuesta, detectaron al objeto volador no identificado. Éste fue visto, sin embargo, por los pilotos de una formación de aviones de combate Phantom de la base de Torrejón (Madrid), por el controlador de esta base, por los pilotos de dos aviones de Iberia y por la dotación de otro aparato de la Fuerza Aérea norteamericana con base en Torrejón (El País, 05/10/1983).

La historia pública de este ovni, avistado en diversas localidades, empezó en Benicasim (Castellón), donde centenares de personas lo observaron durante varios minutos. La visión duró ocho minutos en ese área, según datos oficiales locales, y los testimonios fueron contrastados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que determinaron una coincidencia respecto a los movimientos rápidos e irregulares del objeto, así como sobre su estela y aspecto fusiforme, según señala Elorriaga en el informe que fundamenta su pregunta parlamentaria. Elorriaga, basado "en la opiniones de técnicos y observadores especializados", apunta que pudo tratarse de un misil bélico o de espionaje (El País, 14/10/1983).

Así, a través de un recuerdo e Internet, sé que el 12 de Julio de 1983 avisté, mientras mi familia estaba viendo a Jesús Hermida o el programa Vivir cada día (sobre las 22:15), lo mismo que pudieron avistar en Tarragona, en Cádiz, en Jaén o en Murcia otras muchas personas, algo que para algunos era un globo sonda (como recogía el ABC el día 14), para otros un misil espía (tal y como se reconoció oficialmente) y, para otros, alguno de los tan de moda por aquel entonces platillos volantes. Mi asociación de ideas a los 10 años (el avistamiento y la canción de Polanski y El Ardor que escuché tres días después) coincidió en aquella ocasión con la versión oficial.

Es decir, que en poco más de tres horas he podido descubrir, sólo a través de Internet y de mi vago recuerdo, lo que estábamos haciendo yo y mi familia entre las 22:15 y las 22:30 de un día de verano de hace 28 años.

Perdonen mi tara. Mi lengua materna es el valenciano.

2011-05-03T10:22:00.001+02:00

Cuando a un alcalde se le obliga a hablar en castellano ante otros valencianos o cuando otra alcaldesa ha de pedir perdón por el “defecto” de tener el valenciano como lengua materna es que algo no va bien.

Si esto ocurriese en partidos políticos a los que la democracia les estorba lo entendería; pero que esto ocurra en la proclamación de candidaturas del Partido Popular resulta más que preocupante.

El PP evitando que el catalán devore al valenciano.

En el minuto 21:35 del último 30 minuts (que no podemos ver los valencianos porque a Camps le estorban las verdades que pueda decir la televisión catalana) encontramos la hipocresía y el cinismo en estado puro, puesto que éstos son los mismos que abanderan y copan ahora mismo el valencianismo.

De ahí a prohibirlo por completo sólo media plasmarlo en una Ley, porque la voluntad la tienen y la mayoría (la tienen y la tendrán) también.

Así que, como la alcaldesa de Torrent, vayamos pidiendo perdón por nuestra imperdonable tara, porque somos valencianos defectuosos; esperemos que no acabemos siendo considerados también como un problema.

(Incluyo el enlace al programa completo por su interés documental):

Malditos trabajadores

2011-03-09T02:28:00.001+01:00

El aumento de los salarios debe ir asociado al aumento de la productividad de los trabajadores; así se lo hemos oído decir a Ángela Merkel, a la OCDE, al FMI, al BCE y hasta a Felipe González. Por supuesto, es uno de los mantras del neoliberalismo económico y una de las medidas imprescindibles para superar la crisis según todas las asociaciones empresariales españolas.

La competitividad de nuestra maltrecha economía debe mejorar urgentemente, y al parecer los únicos responsables de que nuestras empresas no sean competitivas somos los trabajadores y los impuestos; en Gran Bretaña, con sueldos que doblan a los de los trabajadores españoles (42.000 € anuales de media frente a nuestros 21.000 € anuales) y con un impuesto sobre sociedades exactamente igual al español (entre el 20% y el 30% de los beneficios contables) podrían señalar con el dedo a sus trabajadores, pero en España no acaba de entenderse muy bien qué tienen que ver los salarios con la falta de competitividad.

El pasado 20 de Febrero escribía Ángel Laborda (director de coyuntura de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros) en el suplemento de Negocios de El País que la competitividad de nuestras empresas se ha restablecido respecto a la pérdida de competitividad de años anteriores gracias al considerable aumento de la productividad de los dos últimos ejercicios; efectivamente, la productividad de los trabajadores españoles (habitualmente por debajo del 1%) se acercó en 2009 al 3% y al 2% en 2010. Sin embargo, la economía parece haberse convertido en la ciencia que trata y justifica las excepciones a la regla, y tras reconocer en el artículo esos históricos niveles de productividad leo absorto que «no cabe dejarse tentar por la idea de que sería mejor un aumento mayor de los salarios para que el consumo tirara más»; así, la escuela económica española (FUNCAS es un referente entre los economistas a la hora de crear opinión) parece empeñada en adoctrinar a los empresarios en las teorías económicas neoliberales y en cómo dejar de aplicarlas cuando les venga en gana.

Teniendo como referentes a estos maestros, no nos debería resultar extraña la escasa cultura de la eficiencia existente en muchas empresas españolas, más preocupadas en fijar sus políticas empresariales en función de la mayor o menor facilidad en la evasión de impuestos o en deshacerse de costes laborales ante el mínimo atisbo de una reducción en los beneficios que en premiar la eficiencia o en reducir otros costes estructurales totalmente desmesurados y, en muchas ocasiones, absurdamente caprichosos. Y con esas políticas empresariales, que acaban deviniendo en decisiones económicamente irracionales o laboralmente injustificables, tampoco nos debería extrañar el escaso interés de muchos trabajadores en mejorar su eficiencia en beneficio de la empresa.

Las reticencias de los sindicatos y de la izquierda en general a referenciar los salarios a la productividad no podrían entenderse sin tener en cuenta estas reflexiones, a las que cabría añadir las argucias contables (amparadas legalmente por cuanto cada empresa puede aplicar sus propios criterios contables dentro de unos amplios márgenes económicos) destinadas específicamente a rebajar o a incrementar las productividades o los beneficios empresariales en función del interés cortoplacista de cada empresa en particular.

En definitiva, lo que podemos comprobar en esta España de hoy es que mientras al trabajador se le intenta convencer de la imperiosa necesidad de referenciar nuestros salarios a nuestras productividades, a los empresarios se les está adoctrinando en las formas de evitar que los incrementos en las productividades conlleven mayores costes laborales. Algo difícil de casar si ambas informaciones llegan al trabajador.

Abundando en esta misma dirección, publicaban ayer en El País tres economistas promotores de la reforma de la negociación colectiva otro artículo que se inicia con el ya consabido mantra: «La economía española tiene un grave problema de competitividad». En este caso no sólo se responsabiliza a los trabajadores de ese grave problema (son los salarios y las condiciones de trabajo los únicos factores que impiden a las empresas disponer de la necesaria flexibilidad para aumentar su competitividad: «La negociación colectiva debe facilitar la adaptación de los salarios y condiciones de trabajo a la productividad [y] permitir que las empresas dispongan de flexibilidad en la organización del trabajo para aumentar su competitividad»), sino que incluso se va un poco más allá: los únicos responsables del «excesivo peso de sectores poco productivos» en la economía española son los salarios que cobran los trabajadores, que deberían mostrar una mayor relación «con las diferencias de productividad entre sectores y ocupaciones».

Por supuesto, las empresas españolas no tienen ninguna responsabilidad en la «reasignación de recursos hacia las actividades más rentables», porque disponen de tan poca flexibilidad interna (no pueden «alterar lo negociado» en los actuales Convenios Colectivos ni «descolgarse de lo pactado en aquéllos») que los salarios de los curritos españoles incluso «las impide aprovechar las nuevas tecnologías y restringen el crecimiento de las PYMES».

Hablando en plata: a las empresas y sectores más productivos no se les puede exigir que ofrezcan mejores retribuciones a los trabajadores más productivos (estos trabajadores tienen los salarios adecuados, justo en la mitad del salario que cobrarían en Gran Bretaña, y por eso en España no sabemos lo que es la fuga de cerebros), así que la única solución posible pasa por reducir el salario de los trabajadores menos productivos a un cuarto (el 25%) o menos de lo que cobrarían en Inglaterra. Es decir, que España sólo sería competitiva si sus trabajadores cobráramos menos del 33% de lo que cobraríamos en otro país europeo; aunque yo diría más: si de verdad queremos ser competitivos y queremos evitar que las empresas abran sus plantas de producción y trasladen sus sedes a China (por poner un ejemplo), lo que deberíamos hacer es aprender del tercer mundo y trabajar 18 horas a cambio de alojamiento.

Estos economistas del resurgimiento del capitalismo más salvaje, único responsable de la actual crisis financiera que ha paralizado por completo a España y a medio mundo, no sólo no se conforman con apalear a la clase trabajadora (a todos sin distinción excepto a ellos mismos, que nunca renunciarían a sus emolumentos en beneficio de un tercero: ¿o acaso estos economistas están trabajando gratis para ayudar a las empresas que los contratan a ser más competitivas?), sino que incluso pretenden tomarnos el pelo esperando que nos mantengamos en la más absoluta inopia y asintamos con la cabeza sin rechistar ante sus brillantes ocurrencias en nuestro beneficio.

Y yo me pregunto: ¿es que no hay nadie con la capacidad mediática suficiente para explicar a los trabajadores (la inmensa mayoría de los españoles) que el capitalismo salvaje que nos ha llevado a esta situación quiere morir matando y que van a intentar recuperar sus beneficios a costa de quien sea sin importarle lo más mínimo los medios utilizados o los daños colaterales causados?

Adiós, Polonia, adiós

2011-02-19T11:43:00.001+01:00

La persecución de todo lo que huela a catalán (no ser pancatalanista ni parecerlo ya era un requisito para acceder a la colaboración de la Generalitat Valenciana en las campañas de ayuda a los afectados por la Guerra de Bosnia) ha sido una de las señas de identidad del populismo pseudonacionalista del Partido Popular y del resto de la derecha de ~~la Comunidad~~ Valenciana; hasta tal punto llegan el histrionismo institucional y el odio visceral hacia lo catalán que incluso los enlaces que en las webs de la Generalitat de Cataluña apuntan hacia organismos de la Generalitat Valenciana son tachados públicamente por ésta de secuestro cultural.

Esta política de permanente confrontación vecinal al más puro estilo verdulero, aplastantemente mayoritaria en la Comunidad Valenciana (por algo vienen gobernando los mismos con mayorías absolutas desde antes de que finalizara la Guerra de Bosnia, hace casi 16 años, y lo que te rondaré morena), está esta semana de enhorabuena; ha triunfado el odio frente a la convivencia y el populismo ha conseguido derrotar al pancatalanismo: los canales de Televisió de Catalunya han dejado de emitirse en toda la Comunidad Valenciana.

Resulta bochornoso escuchar la versión aducida por la Generalitat Valenciana sobre la ilegalidad de las emisiones de TV3 en territorio valenciano por cuanto la Generalitat de Cataluña ha estado siempre abierta a un intercambio de emisiones de las respectivas cadenas autonómicas, a lo cual se ha negado siempre una Generalitat Valenciana consciente de que comparar al Joan Monleón de Canal 9 con el Andreu Buenafuente de TV3 no les dejaría en muy buen lugar; el último intento de llegar a un acuerdo para ese intercambio de emisiones ha fracasado porque la Generalitat Valenciana estaba dispuesta a aceptarlo sólo en el caso de que el gobierno de Zapatero autorizase cuatro canales más a Radio Televisió Valenciana, de forma que el fracaso ya tiene un responsable ajeno a la intransigente actitud del gobierno valenciano, que aprovechó la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos para imponer multas millonarias (120.000 € al mes) a Acció Cultural (propietaria de los repetidores que daban cobertura a la señal de TV3) para forzar así el corte de las emisiones antes de que finalicen los procesos judiciales que mantienen la Generalitat Valenciana y esta asociación.

Así pues, tras largos años en los que los valencianos pudieron disfrutar de programas que después copiaría descaradamente Canal 9, la primera cadena autonómica que emitió en la Comunidad Valenciana (cuando Canal 9 ni tan siquiera era un proyecto) ha dejado de existir para los valencianos.

Muchos se sentirán orgullosos hoy de poder decir “adiós, Polonia, adiós”, mientras otros (al parecer una insignificante minoría) nos tenemos que resignar a aguantar durante al menos cuatro años más los arranques nacionalistas de la derecha regionalista valenciana.

Triunfó el odio. Triunfó la incultura. Y triunfó la censura.

El negro futuro que nos espera

2011-02-04T02:12:00.001+01:00

Españoles, lo social ha muerto. Viva los mercados. Larga vida al capital, muerte al proletario.

El Gobierno debe aprobar, con anterioridad al 18 de junio de 2011, un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

Bajo un epígrafe llamado “Fondo de capitalización”, perdido entre los acuerdos en material laboral y los acuerdos en materia industrial y energética, encontramos este más que preocupante párrafo que parece no decir nada, pero que en realidad supone la habilitación de los sindicatos al Gobierno para regular el libre despido de cualquier trabajador; se trata de un fondo a pagar por los propios trabajadores (“sin incremento de las cotizaciones empresariales”), que constará de un importe equivalente a X días de salario por año trabajado (¿no les suena esto?) y que podrá utilizarse en el momento del despido (indemnización por despido derogada), en los casos de movilidad geográfica (para pagarse el alquiler), para el desarrollo de actividades de formación (para pagarse su formación) o en el momento de la jubilación (si es que al trabajador le queda algo en ese fondo a esas alturas).

Pero no crean ustedes que lo hemos visto todo ya, no. Quienes ahora tienen menos de 46 años, que no hagan previsiones para jubilarse a los 67:

A partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años.

En 2032 se realizará la primera revisión de los “parámetros fundamentales del sistema”, así que ya podemos ir rezando para que nuestra esperanza de vida se venga abajo si no queremos estar trabajando hasta los 80 años con el bastón y el andador arriba y abajo; a partir de 2032 quedarán las calles limpias de jubilados mirando las obras u ocupando los bancos de los parques con chácharas improductivas: estarán convalecientes en sus camas esperando a la muerte, y las ciudades parecerán mucho más jóvenes. Qué “guay”.

Todo esto (y, por desgracia, mucho más) lo podemos encontrar en las escasas (menos mal) 37 páginas del Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que ayer firmaron el Gobierno, los empresarios y los sindicatos; a esa derogación de las indemnizaciones por despido (para Junio de este año) y al incremento indefinido de la edad de jubilación (a partir de 2032) se unen los incrementos de las bases mínimas de cotización para los trabajadores autónomos, la supresión completa de los beneficios sociales para los trabajadores agrícolas, el incremento de los años cotizados necesarios para acceder al 100% de la pensión (de los actuales 35 se pasa a los 38 y medio) o el aumento en el período de cálculo de la base de la pensión (de 15 pasa a 25 años).

¿Y cómo contribuyen las empresas al sostenimiento del sistema? Pues, directamente, no contribuyen: eliminación de las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a tiempo parcial a jóvenes, asunción por parte de los trabajadores de las indemnizaciones por despido, mantenimiento de las bonificaciones en las cuotas empresariales de cotización a la Seguridad Social para contratos a mayores de 45 años, adecuación de todos los convenios colectivos “a fin de dar la necesaria y urgente respuesta a la viabilidad de las empresas”…

El PSOE, consciente del mazazo que esto supone para sus votantes, ha cerrado filas entorno al acuerdo (con artículo de Felipe González y panfleto de la Fundación IDEAS incluidos) para dar una cínica sensación de unanimidad en cuanto a la imperiosa e ineludible necesidad de aplicar las medidas acordadas; lo que es más difícil de explicar es cómo es posible que los sindicatos (nadie cree ya a estas alturas, con todo lo que ha caído en el último año, que el PSOE vaya a cambiar su rumbo hacia las teorías neoliberales) hayan accedido sin más a firmar un documento en el que parecen haber puesto más interés en llegar a acuerdos en materia energética que en materia laboral. Tal vez todo tenga una explicación, pero yo, personalmente, ni la veo ni creo que cualquier aclaración, por muy ingeniosa que parezca, sea válida para recuperar esa legitimidad cada vez más menguante (tal y como se reconoce en el propio acuerdo) de los representantes sindicales, cada día más políticos y menos sindicales; porque es muy poco creíble que los sindicatos no hayan manejado datos similares a éstos y que no hayan sido capaces de exhibirlos para frenar este acuerdo.

Pero por si la decepción hacia los dirigentes de la ya casi extinta izquierda española no fuese suficiente, desde el otro extremo (al menos en teoría) del espectro político se afanan (y se ufanan) en aplaudir el irremediable giro político del socialismo (Ángela Merkel y Nicolás Sarkozi han felicitado a Zapatero por su valentía) y en exigir más medidas en la misma dirección (eliminar la vinculación del aumento de los salarios al IPC, reducción a la mínima expresión de los impuestos a las empresas…).

Y si a algún incauto le queda todavía la ilusión de los avances sociales de los primeros años de gobierno socialista, que se vaya haciendo a la idea de que todo ha sido un espejismo del que Rajoy nos va a despertar con unos buenos sopapos: derogación de la Ley del Aborto, del matrimonio homosexual, de la Ley de Memoria Histórica…

Si todo esto no es una invitación a practicar activamente la abstención política, a lo que se nos obliga es a ejercer otra opción menos civilizada, aunque tal vez mucho más efectiva: la rebelión.

No future, no future, no future for you…

El enemigo en casa

2011-01-21T12:38:00.001+01:00

Siempre nos hemos quejado en la provincia de Castellón de que las inversiones –autonómicas y estatales– se quedaban habitualmente en Valencia, en Alicante o en Cataluña; supongo que en Valencia, en Alicante o en Cataluña nos acusarán de victimistas o, en el mejor de los casos, simplemente nos ignorarán.

Tener un parque temático al norte (Port Aventura) y otro al sur (Terra Mítica) debió parecerles a algunos que no era justo, así que nos vendieron Mundo Ilusión. Todo para nosotros. Sin duda, de ilusión también se debe poder vivir, porque esa es la única de las dos palabras del parque temático que tiene visos de hacerse realidad.

Es de lo mismo que vivirán en Vistabella, expectantes con la Generalitat Valenciana desde 2004 para acabar viendo cómo la mejora del ruinoso tramo final de la CV-170 (única vía de acceso para llegar al municipio y al flamante Parque Natural del Peñagolosa desde la Comunidad Valenciana) ha desaparecido de los dos últimos Presupuestos de la Comunidad Valenciana en beneficio de algún proyecto que genere más votos que los que puedan aportar los escasos 400 habitantes de este municipio del cada vez más decrépito (y menos rentable electoralmente) interior de la provincia de Castellón.

Supongo que será ese enfermizo victimismo el que me ha llevado a comprobar cómo las dos líneas principales de actuación para la protección del paisaje puestas en marcha por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para el período 2008-2011 constan de cuatro únicos proyectos: la Infraestructura Verde del Área Metropolitana de Valencia y el Gran Parque Metropolitano de Alicante (dentro de la línea destinada a preservar la diversidad de los paisajes de la Comunidad Valenciana), y el Plan de Protección de la Huerta de Valencia y el Estudio de Paisaje del Parque Natural de la Mata – Torrevieja (dentro de la línea de actuación destinada a la protección y gestión de los paisajes culturales y agrícolas más significativos de la Comunidad Valenciana). No, no busquen a Castellón, porque no lo encontrarán; aquí ya han actuado en el paisaje con los parques eólicos.

Por supuesto, tenemos (o tendremos) aeropuerto; privado (aunque construido con dinero público), pero aeropuerto al fin y al cabo. Si tenían aeropuerto en Tarragona, en Valencia y en Alicante, es lógico que a alguien se le ocurriese que en Castellón cabía otro; sobre todo para viajar a Rusia o a Austria, paraísos desconocidos para cualquier castellonense. Esperemos que los vuelos no estuviesen apalabrados (porque hasta hace tres meses sólo eran palabras pronunciadas en ruedas de prensa o en comunicados) con Air Comet y que el encargado de emitir los billetes no fuese Marsans, porque si no volvemos a nuestro eterno sino: vivir de ilusiones.

Tampoco era necesario que al sector cerámico le dejasen caer arrastrado por el sector del ladrillo, pero lo cierto es que es eso lo que han hecho tanto desde el gobierno central como desde el autonómico; así, desde una situación de casi pleno empleo (con un paro por debajo del 5%) hemos pasado a superar con creces la media nacional (llevamos muchos meses por encima del 20% de paro); por supuesto, es lo que pasa cuando se vive de pelotazos (urbanísticos en este caso) y al final uno de tantos nos da en todos los morros, pero otros sectores también afectados por esta crisis salvaje (como por ejemplo el del automóvil) sí han sido rescatados con el dinero de todos, mientras que en nuestro caso a lo máximo que se ha llegado es a crear un observatorio del sector. No sé si a base de contemplar se solucionarán los problemas de la cerámica en nuestra provincia; lo que sí tengo claro es que las dietas y el kilometraje para asistir a esas contemplaciones van a salir de los bolsillos de quienes yo me sé, y entre ellos los de los mismos trabajadores del sector.

A pesar de estos casos tan flagrantes de dejadez por parte de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y el Partido Popular de la provincia insisten una y otra vez en apuntar con el dedo acusador sólo hacia Madrid como responsable de todos los males; claro, que entre todas las declaraciones y noticias que podemos ver en las imágenes anteriores (con Moliner diciendo que sólo se han hecho tres obras en Castellón impulsadas por el Gobierno central –no creo que sea necesario reproducir aquí la lista completa de obras financiadas en Castellón por el Plan-E, incluidas las tres guarderías y el fiasco de los maceteros revienta-coches–, con Marta Gallén repartiendo mierda o con la propia Generalitat acusando a los demás de no dar dinero ni para pipas), hay una que resulta demoledora:

¿El Ayuntamiento de Castellón le tiene que devolver dinero (12 millones de euros) al Gobierno central por un exceso en las transferencias? Muy caras deben ser las pipas que comen en el Ayuntamiento de Castellón o muy dura tienen la cara algunos a la hora de hablar en público.

Nota aclaratoria: Aunque el Ayuntamiento de Castellón no quiera reconocerlo, un millón de los doce que ha de devolver corresponde al fiasco de los maceteros, que fueron financiados con el Plan-E. Al no ejecutarse el proyecto se ha de devolver la financiación, pero como se la han gastado en otros menesteres, ahora no pueden devolver el dinero.

“Y matadles donde deis con ellos”

2010-12-21T11:14:00.001+01:00

José Donís Català, un paisano con el que coincidí en los combates dialécticos contra los argumentos de los Peones Negros (aquéllos individuos que pregonaban que los atentados terroristas del 11-M habían sido un nuevo GAL), ha escrito un libro bajo el título “La quinta invasión: Islamismo 711-2011” en el cual se pone de manifiesto el peligro de que el radicalismo integrista dominante (al menos según lo que transciende en los medios de comunicación) entre los adeptos a la religión de Mahoma acabe devorando a las condescendientes y excesivamente indulgentes democracias occidentales.

Tal y como está concebido el libro, tal vez su lectura permita devolver la visión a algunas personas que prefieren mantener sus ojos vendados ante el evidente (y tan real como los casi 200 muertos del 11-M) peligro de ese terrorismo religioso que utiliza el Corán como justificación a sus muertes indiscriminadas; sin embargo, las sesgadas conclusiones a las que conduce la línea argumental del libro pueden convertirlo en una obra peligrosa y temeraria si no se tienen en cuenta algunas cuestiones que no quedan reflejadas en el texto editado.

Que el Corán, como se demuestra en el libro, contiene enseñanzas y pasajes incompatibles (e incluso confrontados) con nuestras democracias es más que evidente; igual de evidente que resulta que, en base a la lectura literal del Corán, la única conclusión posible a la que se puede llegar es que la religión islámica es cruel, violenta e inmisericorde tanto con los creyentes como con los no creyentes. Y de la misma forma, podría concluirse también (como de hecho se concluye en el libro) que no existe ni puede existir un islamismo moderado tomando el Corán como un conjunto, más allá de posibles pasajes más humanistas (que también los hay, aunque no queden reflejados en el libro) utilizados por algunas corrientes del islamismo que conviven libremente en nuestras propias sociedades.

El principal problema de toda esta serie de conclusiones, que podríamos considerar como ciertas si nos atenemos a la lectura literal del Corán, es que se puede llegar, como veremos, a las mismas conclusiones respecto de la lectura literal de los libros de referencia (la Biblia) de cualquiera de las otras dos religiones monoteístas mayoritarias (el judaísmo y el cristianismo); por lo tanto, y siguiendo la línea argumental del libro, podrían declararse antidemocráticas y radicales, sin demasiado problema, las tres religiones.

Así, respecto al trato a dispensar a las mujeres y a su estatus social (que es uno de los puntos principales tratados en el libro) podemos encontrar citas equivalentes en las tres religiones:

«Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque
Alá los ha hecho superiores a ellas. Las mujeres virtuosas
son las verdaderamente devotas, que guardan la intimidad que Alá ha ordenado que se guarde. Pero a aquellas cuya
animadversión temáis, amonestadlas, y luego dejadlas solas en el lecho; luego pegadles» (Corán 4:34).

«Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón» (Corintios I 11:5-7).

«Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su madre un mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer» (Deuteronomio 21:10-13).

«Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación» (Corintios I 14:34-35).

Tampoco la explícita crueldad del Corán para con sus enemigos es exclusiva del islamismo:

«Judith se aproximó entonces a la barra del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su espada, y acercándose al lecho, lo tomó por la cabellera y exclamó: “¡Fortaléceme en esta hora, Dios de Israel!”. Luego le asestó dos golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza» (Judith 13:6-8).

«Pelearon contra Madián, como Yavé había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madián: Eví, Requem, Sur, Jur y Rebá; eran los cinco reyes madianitas. Mataron también a espada a Balaam, hijo de Beor. Los hijos de Israel trajeron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños y recogieron sus animales, sus rebaños y todas sus pertenencias. Prendieron fuego a todos los pueblos en que vivían y a todos sus campamentos. Habiendo reunido todo el botín y los despojos, hombres y bestias, llevaron los cautivos y el botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la comunidad de los hijos de Israel, en las estepas de Moab, que están cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro hasta fuera del campamento. Moisés se enojó contra los jefes de las tropas, jefes de mil y jefes de cien que volvían del combate. Moisés les dijo: “¿Así, pues, han dejado con vida a las mujeres? Precisamente ellas fueron las que, siguiendo el consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a que desobedecieran a Yavé (en el asunto de Baal-Peor); y una plaga azotó a la comunidad de Yavé. Maten, pues, a todos los niños hombres, y a toda mujer que haya tenido relaciones con un hombre. Pero dejen con vida y tomen para ustedes todas las niñas que todavía no han tenido relaciones”» (Números 31:7-18).

«También vosotros, etíopes: “Víctimas de mi espada serán ellos”. Él extenderá su mano contra el norte, destruirá a Asur, y dejará a Nínive en desolación, árida como el desierto» (Sofonías 2:12-13).

«Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella, a una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos, los voy a herir de muerte» (Apocalipsis, 2:22-23).

Ni tampoco son exclusivos del islamismo los castigos a quienes se desvían de la Ley Sagrada (incluyendo la crucifixión, el fuego purificador o los linchamientos públicos):

«Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti» (Deuteronomio 22:20-21).

Otros aspectos tratados en el libro para demostrar la maldad intrínseca del islamismo tienen también su reflejo en otras religiones; así, la precoz mayoría de edad de las niñas en el Islam (tratado en el libro en referencia a la pederastia) tiene su paralelo en el judaísmo (13 años es la mayoría de edad para los niños y para las niñas), igual que la Sharia (la ley islámica emanante del Corán) tiene su equivalente en la Torah judía (la ley emanante de los cinco primeros libros de la Biblia o Tenakh). Y el terrorismo, por desgracia, también ha sido utilizado por otras religiones en fechas no tan lejanas (el Irgun y el Palmaj lo ejercieron contra los británicos en la década de los 40, siendo el atentado contra el hotel King David de Jerusalén–91 muertos, el 22 de julio de 1946– el más conocido).

Sin embargo, al poner el foco en la literalidad de los libros sagrados del islamismo omitiendo las numerosas equivalencias existentes en el resto de religiones, queda aislado artificialmente el objetivo y queda la vía expedita para denigrar y desacreditar cualquier elemento relacionado con el Islam; evidentemente, si el objetivo del libro era demostrar la intrínseca perversidad del Islam no tenía por qué hacerse referencia a la intrínseca brutalidad de las otras dos religiones monoteístas mayoritarias, pero al llegar a las conclusiones a las que se llega en el libro se requeriría al menos una mínima comparativa que permitiese al lector al menos intuir que cualquier religión, y no sólo la islámica, está sujeta a interpretaciones al menos igual de malévolas que las que se ponen de manifiesto en el libro respecto al Islam (recordemos que la Santa Inquisición interpretaba los mismos libros sagrados que la actual iglesia católica).

De hecho, tanto el judaísmo (en menor medida) como el cristianismo han ido introduciendo evoluciones a sus propias interpretaciones teológicas, teniendo que matizarlas e incluso negarlas, para adaptarse a las sociedades en las cuales han ido quedado integradas; y es que el islamismo tiene el mismo problema que cualquier otra religión: no pueden introducirse enmiendas a textos que son inamovibles, puesto que contradecir o modificar la palabra de un ente superior y supuestamente perfecto conduciría irremisiblemente a la muerte de la propia religión, de forma que cualquier evolución o adaptación a la realidad social de cada momento histórico sólo puede implementarse a través de la libre interpretación de esa palabra sagrada. Sin embargo, en el libro se le niega al islamismo cualquier posibilidad de evolución interpretativa, cuando la realidad es que no sólo esa evolución se ha producido en otras religiones, sino que en la actualidad ya existen (y conviven con nosotros) otras interpretaciones del Islam mucho menos rigoristas y violentas que las que transcienden en los medios de comunicación.

La inclusión en el libro de ejemplos concretos de esas interpretaciones evolucionadas del Islam (representadas en nuestro país por las más variopintas asociaciones islámicas) devienen en una especie de caza de brujas por haber incorporado entre sus filas a algunos individuos en concreto que han acabado siendo acusados judicialmente de colaboración o incluso de integración con el terrorismo islamista; al haberse determinado previamente que el islamismo moderado no existe, se utiliza a estos individuos (y por extensión a las asociaciones en las cuales estaban integrados) para confirmarlo. Esa confirmación de la radicalidad de una asociación islamista en base a la existencia de algún terrorista en sus filas resulta completamente superficial, puesto que presupone que la asociación era consciente de las actividades terroristas de un individuo en concreto y que, sabiéndolo, le recibió con los brazos abiertos, mientras que el terrorista simplemente pasaba por allí y acudió a la llamada de la asociación, lo cual es mucho presuponer.

El siguiente paso conduce indefectiblemente a las administraciones públicas y a los gobiernos, a quienes se les acusa de financiar el terrorismo islamista al otorgar subvenciones a asociaciones islámicas, hayan tenido terroristas en sus filas o no (porque, recordemos, ya se ha establecido previamente que el islamismo moderado no existe, o lo que es lo mismo en última instancia, que islamismo equivale a terrorismo); el libro cierra, por lo tanto, la puerta a la promoción de una religión islámica más acorde con los valores de nuestras democracias.

Llegados a este punto, repasemos todas las puertas que cierra el libro al declarar que el islamismo moderado no existe:

El islamismo no evolucionará como lo han hecho el judaísmo o el cristianismo, puesto que se trata de una religión intrínsecamente malévola.
Las asociaciones islamistas no son moderadas, puesto que no existe un islamismo moderado.
Las asociaciones islamistas no pueden ser promovidas por el Estado, puesto que hacerlo significaría promover el terrorismo islamista.

La gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿Y entonces, qué hacemos con quien se declara seguidor de la religión islámica? Si sabemos que eso significa que es intrínsecamente malévolo (es lo único que ha podido aprender de esa religión), que no es moderado aunque lo pueda parecer y que no puede ser ayudado por el Estado puesto que es un terrorista en potencia… la solución final parece clara, ¿no?.

En definitiva, y sin negar la realidad expuesta en el libro (que el terrorismo islamista es una seria amenaza para nuestras democracias y que las actuales interpretaciones del Islam son una fuente inagotable de terroristas, llegándose incluso a justificar pública e impunemente las motivaciones de asesinatos en masa), las conclusiones a las que se llega son peligrosas y temerarias por cuanto sólo se deja abierta una puerta a quien no quiera renunciar a su religión.

Tal vez (sólo tal vez) mirando retrospectivamente a nuestra historia (incluso la más reciente, cuando el adulterio o la homosexualidad eran, además de pecado para los cristianos, un delito para todos los españoles) las conclusiones hubiesen sido bien distintas y hubiese salido a relucir el verdadero problema de todas las religiones: imponer leyes anteriores al medievo a sociedades que dejaron atrás hace mucho tiempo las catapultas y las armaduras sólo puede devenir en sometimiento feudal al iluminado de turno, sea éste musulmán, judío o cristiano.

Nota sobre el título: El título de este artículo es parte de la Sura 4:91 del Corán, que habla de la forma de actuar respecto a los no creyentes que “desean vivir en paz con vosotros [creyentes] y con su propia gente”, pero no se mantienen aparte o no se ofrecen para someterse.

P.D.: El libro “La quinta invasión: Islamismo 711-2011” puede adquirirse por menos de 4 € en formato digital (PDF ó ePub), además de estar disponible en cualquier librería por unos 13 €.

¿Privilegios o derechos?

2010-12-09T12:32:00.001+01:00

Que los controladores han acabado fuera de todo control lo tuvo que reconocer el propio portavoz de la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) el mismo viernes en el que, por primera vez en la historia de España, el espacio aéreo español quedó completamente cerrado por una repentina pandemia que afectó exclusivamente a ese colectivo; hasta tal punto están fuera de control que incluso tuvieron que ser llamados a acudir a sus puestos de trabajo por el propio sindicato.

Aunque con otro artículo más, a estas alturas de la película (con los descontrolados bajo supervisión, mando y jurisdicción militar), criticando la actuación de los controladores aéreos pueda parecer que se pretende hacer leña de un árbol caído (casi 500 controladores aéreos se enfrentan a un calvario de expedientes, demandas y juicios, incluso con peticiones de penas de prisión por sus actuaciones), lo cierto es que el asunto aun merece algún que otro comentario gracias a los intensos intentos del colectivo de los controladores aéreos por explicar, sobre todo a través de Internet, una actuación de casi imposible explicación.

En primer lugar, una cuestión previa: es perfectamente legítimo utilizar todos los medios al alcance de los trabajadores para intentar no perder los derechos que se hayan podido conquistar con muchísimo esfuerzo. Ahora bien, no parece que lo que los controladores se niegan a perder puedan tener la consideración de derechos, sino más bien una serie de privilegios que ellos mismos se han encargado de transformar en insostenibles tras hacer un uso y un abuso de ellos completamente fraudulentos.

Cristina Antón, una controladora aérea de Palma de Mallorca, escribió el pasado sábado un iracundo y desafortunado artículo titulado “A ver si nos entendemos” que iniciaba con la frase “en lugar de leer los periódicos pagados por el gobierno lee el Boletín Oficial del Estado, ahí está todo y luego decides lo que te crees y lo que no”.

Efectivamente, en el Boletín Oficial del Estado podemos encontrarlo casi todo, aunque no precisamente lo que pretende esta controladora que encontremos (su particular verdad), sino todo lo contrario; baste con leer, por ejemplo, la literalidad de los ocho primeros párrafos del Preámbulo de la Ley 9/2010 en el Boletín Oficial del Estado publicado el 15 de Abril de este año; aunque fue ésta la normativa más directa (y el origen de la actual situación), no fue la primera que intentó atajar los abusos institucionalizados a través de ese I Convenio Colectivo de 1999 que se cita en ese Preámbulo. Ya el Gobierno de José María Aznar, en su recta final (en Febrero de 2004), lo intentó, aunque poniendo como excusa dos Directivas europeas, integrando a los controladores aéreos dentro de los colectivos afectados por la regulación sobre Jornadas Especiales de Trabajo a través de una modificación del Real Decreto 1561/1995; esa exclusión de los controladores aéreos de la normativa general establecida en el Estatuto de los Trabajadores (“dicha subsección pasa a denominarse «Transporte y trabajos aéreos» para englobar todas las actividades relacionadas con la aviación civil y no sólo las de transporte, como ocurría hasta ahora”, se dice en la Exposición de Motivos del Real Decreto 294/2004) no parece que tuviese los efectos que se pretendían.

Si consultamos el origen del conflicto (el I Convenio Colectivo entre AENA y el colectivo de Controladores de la Circulación Aérea, publicado en el BOE del 18 de Marzo de 1999) podremos comprobar cómo el sueldo base anual quedó establecido entre un mínimo de 17.000 € y un máximo de 43.000 €, que con complementos (aplicables a todos los controladores) quedaban entre 36.000 € y 91.000 € (sin incluir dietas ni pluses por transporte); allí encontraremos la jornada laboral máxima (1.200 horas anuales), la licencia especial retribuida (LER) y el resto de condiciones laborales que la Ley 9/2010 pone en entredicho por ser una carga insoportable para asegurar el correcto funcionamiento del tráfico aéreo español.

Lo cierto es que excepto por un par de cuestiones (la citada LER y la ineptitud sobrevenida, ambas derogadas por la Ley 9/2010), el Convenio Colectivo recoge un buen número de reivindicaciones obreras de difícil consecución en cualquier otro sector, como la autorregulación de los turnos de trabajo, la determinación de las necesidades de nuevo personal, una jornada reducida con descansos incluidos (un máximo de 120 horas mensuales incluyendo descansos del 33% al 50% de la jornada, que son 6 horas al día –entre 3 y 4 horas efectivas descontando los descansos– trabajando 5 días a la semana) y un sueldo elevado, aunque esté ajustado a la responsabilidad del puesto de trabajo; desde esta situación de partida, es comprensible que algunos controladores aéreos, como la citada Cristina Antón, vean sus actuaciones como una pelea por recuperar sus derechos y su dignidad profesional y personal. Y desde ese punto de partida, poco cabría objetar por parte de otros trabajadores que no gozamos de las mismas condiciones laborales.

Ahora bien, aunque en la teoría del texto escrito del Convenio Colectivo todo aparente ser una delegación de responsabilidades de la empresa pública AENA en uno de sus colectivos de trabajadores, en la práctica lo que ha ocurrido es que esos trabajadores han utilizado fraudulentamente sus derechos hasta convertirlos en privilegios insostenibles, de forma que lo que debía ser una demostración de responsabilidad de los trabajadores se ha acabado convirtiendo en todo un ejemplo de irresponsabilidad y, lo que es más preocupante, en un argumento de difícil refutación sobre los peligros de dejar por escrito y en manos de los trabajadores no sólo cualquier tipo de responsabilidad en la organización interna de una empresa cualquiera, sino incluso la propia negociación de otros convenios colectivos, poniendo en consecuencia en tela de juicio la misma naturaleza de la negociación colectiva.

Algún controlador aéreo podría decir que esto no es así y que se trata de una opinión basada en los argumentos de una única parte (la empresa pública AENA y el Gobierno), pero lo cierto es que no sólo hay pruebas directas en ese sentido (costes laborales disparados fuera de los importes establecidos en el propio Convenio Colectivo), sino que incluso hay controladores aéreos que han ratificado por escrito los usos y abusos de esos derechos, como Francisco Capella, a quien ya dediqué un artículo hace unos meses.

Los fraudes utilizados reiteradamente por los controladores aéreos eran múltiples, a cada cual más tosco y siempre en beneficio a muy corto plazo de su propio bolsillo. Desde utilizar las bajas laborales como medio de huelga (así no perdían el salario de cada día de huelga y, además, contabilizaban el día completo para sumar horas al límite anual de 1.200) hasta inflar el número de controladores necesarios en cada turno –recordemos que los turnos se los organizaban ellos mismos– para así agotar antes ese límite de 1.200 horas anuales y cobrar los excesos como horas extraordinarias, pasando por la reinterpretación de los tiempos efectivos de trabajo para establecer como voluntarias unas horas que cobraban incluso por encima de las extraordinarias o la restricción a la entrada de nuevo personal para mantener así artificiosamente su nivel de ingresos. Y todo ello con cargo al bolsillo de todos los españoles y a través de mecanismos o pactos con la empresa pública AENA que quedaban al margen del Convenio Colectivo para así escapar del control presupuestario que requieren las retribuciones del personal que cobra de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, de los 505 millones de euros en gastos de personal de AENA en 2000 se pasó a los 1.207 millones en 2009 (un incremento de un 149%) , mientras que el número de trabajadores pasó de 9.242 a 13.143 (un incremento del 42%) durante ese mismo período de tiempo y el de controladores de 1.661 a 2.404 (un incremento de casi el 45%); ese desfase entre el incremento de la plantilla y el de las remuneraciones es el que denunció la Intervención General de la Administración del Estado al menos desde 2002, tal y como consta en el citado Preámbulo de la Ley 9/2010, y cuya causa proviene del descontrolado uso de las horas extraordinarias y voluntarias por parte del colectivo de los controladores aéreos. En cifras redondas, los 1.661 controladores del año 2000 costaban 150 millones de euros (el 30% de los gastos de personal de AENA), mientras que los 2.404 controladores de 2009 costaban casi 800 millones de euros a las arcas públicas (el 66% de los gastos de personal de AENA); no estaría nada mal que los controladores aéreos desmintieran o al menos explicaran su versión de estas cifras, puesto que la contabilidad de AENA es pública y esas cifras oficiales tienen una continuidad desde mucho antes de iniciarse el actual conflicto.

Por supuesto, por mucho descontrol que haya en las remuneraciones, nadie en su sano juicio debería utilizar ese argumento para exprimir hasta la extenuación a un profesional del que dependen miles de vidas por cada turno laboral que realiza, y ésta es la parte más pública (si no la única) que esgrimen los controladores aéreos a la hora de argumentar a su favor; el problema es que ese argumento se ha vuelto, gracias al abuso que de él han hecho los propios controladores aéreos, poco o nada creíble, y menos aun si el tiempo real de trabajo –descontando descansos– era de 3 ó 4 horas al día (entre 60 y 80 horas mensuales) y lo que se les ha obligado es a cumplir un tiempo de trabajo real de entre 80 y 107 horas mensuales –entre 4 y 5 horas y media al día– (no olvidemos que el tiempo real de trabajo de un trabajador a turnos de otros sectores –a razón de 21 días de trabajo y 7 de descanso– es de entre 168 a 192 horas mensuales, con derecho a un descanso de 15 minutos). No parece, por lo tanto, que una reducción del trabajo efectivo de entre el 44% y el 54% respecto al resto de trabajadores a turnos sea poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, y mucho menos la salud de los propios controladores aéreos, sino más bien todo lo contrario.

El descrédito del argumentario de los controladores aéreos, a pesar de sus esfuerzos, aumenta cada vez que aparecen las declaraciones de algún controlador o de algún familiar intentando explicar cómo el Real Decreto Ley del viernes llevó a todas las plantillas de controladores aéreos de España incluso a vomitar en las esquinas de las torres de control (explicación dada en la Cadena SER el lunes por la tarde por la mujer de un controlador), tratándose en cualquier caso de unos hechos muy poco creíbles si no un auténtico insulto a la inteligencia del resto de ciudadanos.

No obstante todas estas críticas a los controladores aéreos, tampoco pueden obviarse otros datos que respaldarían sus tesis (que no la actuación puntual de este pasado puente); y es que la empresa pública AENA culpabiliza de sus pérdidas durante los últimos ejercicios (165 millones de euros en 2008 y 353 en 2009) a los elevados costes laborales de los controladores aéreos (es el mantra que oímos a todas las empresas: los costes laborales son los únicos gastos que resultan insoportables para mantener la viabilidad de los negocios), obviando que si los costes laborales se han incrementado un 149% desde el año 2000, la financiación externa lo ha hecho en un 2.570% (de unas deudas a largo plazo de 380 millones se ha pasado a los 10.143 millones del último ejercicio) y los gastos financieros se han incrementado en un 4.267%, pasando de los 6 millones del año 2000 a los 284 de 2009. Igual que tampoco hay que olvidar que el Convenio Colectivo fue aceptado por la empresa en 1999 y firmado por sus entonces responsables, por lo que las responsabilidades sobre el descontrol de los sueldos de los controladores aéreos no habría que buscarlas sólo entre los trabajadores, sino también entre los dirigentes políticos que se encontraban al frente de AENA en aquellos momentos (otra cosa muy distinta sería la negociación para la modificación del Convenio Colectivo, que sí se ha visto imposibilitada por la intransigencia reiterada de USCA a ceder respecto a las nuevas condiciones laborales impuestas por la actual crisis económica).

Y todo ello sin olvidar que los controladores aéreos cobran de los Presupuestos Generales del Estado y que, por lo tanto, deberían apretarse el cinturón igual que lo hemos hecho el resto de conciudadanos, que somos al fin y al cabo quienes les pagamos sus sueldos.

Jaime I, el 9 de Octubre y los agujeros negros

2010-10-28T12:53:00.001+02:00

El 9 de Octubre es el día de ~~la Comunidad~~ Valenciana; se conmemora la entrada de Jaime I el Conquistador en la ciudad de Valencia, allá por el año 1238.

Podría haberse elegido el día en el que conquistó cualquiera de las primeras fortalezas en su camino desde Aragón y Cataluña, como pudiera ser Morella, seis años antes; pero aquí, en ~~la Comunidad~~ Valenciana, los años que van desde 1232 hasta 1238 no entran dentro de la Historia de verdad. Digamos que es una historia menor, en minúsculas.

Igual que se celebra el día de ~~la Comunidad~~ Valenciana para conmemorar la entrada de Jaime I en la ciudad de Valencia (y no en el territorio de la actual autonomía), también somos la única comunidad autónoma multiprovincial que toma el nombre de la que en su día fue capital del Reino (del Reino de Valencia, por supuesto), quedando reducido de esa forma cualquier atisbo de identidad diferenciadora de las otras dos provincias.

Podría pensarse que este universalismo valenciano (de Valencia) tiene algún otro origen histórico indiscutible e indiscutido, pero lo cierto es que tampoco es así; de hecho, la provincia romana Tarraconensis dividía en dos el actual territorio de ~~la Comunidad~~ Valenciana, y Tortosa fue hasta fechas muy recientes la capital eclesiástica de una buena parte del norte de la comunidad autónoma.

Tan extraña resulta la terminología y la cultura de ~~la Comunidad~~ Valenciana que incluso el idioma que trajeron aquí los repobladores leridanos y gerundenses se ha tenido que denominar valenciano (de Valencia) cuando en realidad su mayor uso se da fuera de la capital de aquel antiguo Reino (el de Valencia), una ciudad más preocupada, al parecer, por ofrendar nuevas glorias a España que por mantener viva una lengua de la cual algunos se han apoderado (o al menos lo intentan) terminológica, gramatical y ortográficamente.

La Diada catalana (el 11 de Septiembre) conmemora la caída de la última ciudad catalana (Barcelona) a manos de las fuerzas leales a Felipe V tras 14 meses de asedio y la consiguiente abolición de los fueros de toda la Corona de Aragón, siendo un símbolo de la resistencia catalana frente a las imposiciones externas; el día de Extremadura (el 8 de Septiembre) se corresponde con el día de su patrona, la Virgen de Guadalupe (cuyo monasterio y origen están en Guadalupe, un pueblo de Cáceres); el día de Cantabria (celebrado cada segundo domingo de Agosto) nació en un municipio de Santander llamado Cabezón de la Sal como un día de exaltación de las costumbres, tradiciones y valores etnográficos de la región; el día de Aragón (el 23 de Abril) se corresponde con el día de su patrón (San Jorge), cuyos orígenes se remontan a la ayuda prestada por dicho santo a Pedro I de Aragón durante la conquista de Huesca en el año 1096; el día de Castilla y León (también el 23 de Abril) se conmemora la caída de Villalar de los Comuneros (en Valladolid) el año 1521, símbolo de la pérdida de la libertad castellana a manos de Carlos I, quien acabó con las Juntas Comuneras; el día de Castilla-La Mancha (el 31 de Mayo) se conmemora el nacimiento de sus cortes autonómicas. Así podríamos continuar con todas y cada una de las comunidades autónomas, donde se conmemoran actos que significaron el principio o el fin de algo que afectó a toda la comunidad autónoma, ocurriera esto en su capital o en cualquier otra población.

La extensión de una celebración eminentemente local (Jaime I no inició la reconquista de la actual ~~Comunidad~~ Valenciana el 9 de Octubre de 1238 ni la acabó cuando entró en Valencia) a la fiesta de toda la comunidad autónoma por el simple hecho de haberse producido el hecho en la capital del antiguo Reino de Valencia nos previene de algo que tal vez pueda ocurrir en el futuro: si alguna vez, en las fotos aéreas de Valencia, aparece algo similar a un agujero negro, que nadie se asuste. Es un ombligo.

Carta abierta a Díaz Ferrán

2010-10-14T22:51:00.001+02:00

Según usted, la única forma de salir de esta crisis es trabajando más y cobrando menos; parece que le ha entrado a usted de repente la vena solidaria, aunque me temo que es sólo eso: una apariencia, un espejismo o un ejercicio de prestidigitación.

Entiendo que no debe ser usted habitual de las manifestaciones (incluso me atrevería a decir que ni tan siquiera de los manifiestos, mucho menos obreros en estos tiempos que las manifestaciones) en defensa de la familia; y me explico.

Si usted quiere que los trabajadores trabajemos más horas (38 le parecen pocas, aunque parece que se le olvida que somos muchos más los que trabajamos, como mínimo, 40 horas semanales) supongo que tendrá prevista la solución a un pequeño inconveniente: meter a nuestros hijos en algún sitio donde suplan la ausencia de sus padres; por supuesto, usted tendrá a sus hijos (si es que los tiene, que ni lo sé ni me importa) recluidos en algún centro privado sin que le molesten lo más mínimo para poder trabajar más. Yo podría hacer lo mismo que usted y dejar que a mis hijos los eduquen otros, los mimen otros y que sean otros los que hablen con ellos sobre lo que les ha pasado durante todo el día; podría hacerlo, pero hay un gran inconveniente: usted también quiere que yo cobre menos, así que no puedo (ni tampoco quiero) permitirme el lujo de pagar un centro privado para recluir a mis hijos.

Personalmente, no me importaría lo más mínimo cambiarle los pañales a mi hijo encima de la mesa de su despacho, pero mucho me temo que su idea tampoco incluye estar acompañado por los hijos durante parte de esa jornada laboral ampliada que usted promueve, ¿verdad?

También quisiera recordarle que yo me he casado (no sé si usted lo está con una persona o con sus negocios, aunque eso a mí ni me va ni me viene) para compartir mi vida; y no me he casado con usted ni con ninguna empresa, sino con mi mujer. Desconozco si tiene usted problemas con las relaciones afectivas o si todo esto viene porque es socio de algún despacho de abogados especialistas en divorcios; pero lo que sí tengo claro es que no va a ser usted ni ningún empresario quien me diga con quién debo compartir mi vida.

Dejando a un lado la conciliación de la vida laboral con la familiar (ahora se estará preguntando usted qué demonios es eso), no estaría mal que recordara a todos esos trabajadores que ha despedido usted mismo de sus empresas; si lo que se necesita para salir de esta crisis es trabajar más, ¿no cree que recurrir a un ERE para echar a casi toda la plantilla es contradictorio con lo que predica? Una de las dos incógnitas de su ecuación (trabajar más) la tendría resuelta hoy si ayer no hubiese tenido la mano tan ágil para firmar los despidos masivos de sus propios trabajadores, puesto que se sobreentiende con sus palabras que hay más trabajo del que pueden asumir los escasos trabajadores que ha dejado en sus empresas. ¿Ha pensado en contratar más trabajadores, señor Díaz Ferrán, en lugar de sobreexplotar a los pocos que aun no ha despedido?

Pero claro, introduce usted la segunda incógnita de la ecuación, que aparentemente le permite jugar con ventaja, puesto que contratando más para trabajar más sólo cuadraría la ecuación cobrando menos; permítame acusarle de hipócrita y cínico, señor Díaz Ferrán, porque está acusando a los trabajadores de ser la causa principal de esta crisis, por ser unos vagos y cobrar demasiado, cuando la principal y casi única causa de esta crisis ha sido la patética y avariciosa gestión del endeudamiento por parte de la banca y de ustedes, los empresarios, que se ven ahora ahogados por los préstamos que firmaron hace unos años y prefieren apuntar con el dedo a los trabajadores.

Esta crisis, señor Díaz Ferrán, tiene como salida una ecuación de dos incógnitas: rendir al 100% y endeudarse menos. Y usted, señor Díaz Ferrán, lo sabe mejor que nadie: su empresa Air Comet multiplicó por más de 5 sus gastos financieros entre 2006 y 2009, sus deudas a largo plazo se multiplicaron por 50 entre 2005 y 2009, sus deudas a corto plazo con las entidades financieras se multiplicaron por 3 entre 2006 y 2009… ¿Se le ha ocurrido a usted comprobar cuánto ha incrementado las remuneraciones de sus trabajadores? Yo se lo recuerdo, señor Díaz Ferrán: entre 2006 y 2009 usted multiplicó por 1,75 los gastos de personal porque contrató a 139 trabajadores más de los 550 que ya tenía en plantilla.

Usted puede seguir apuntando con el dedo a donde o a quien quiera, señor Díaz Ferrán; pero apuntar con el dedo hacia el punto equivocado le deja a usted aun más en evidencia de lo que ya lo estaba, porque pasar de los 136.145 € de beneficios en 2005 a los 56 millones de euros de pérdidas en 2009 no se explica acusando a los trabajadores de vagos o de saqueadores de las arcas empresariales.

Reforma laboral a la basura

2010-10-05T10:33:00.001+02:00

A la basura (o al archivador redondo, como decía mi antiguo jefe) es donde debería ir a parar la última reforma laboral aprobada por el Gobierno.

Los últimos datos de empleo no pueden ser más contradictorios para una reforma laboral cuyo principal objetivo es abaratar los despidos para los trabajadores indefinidos y aminorar así la alta tasa de temporalidad que existe en España; es fácil deducir, por lo tanto, que el Gobierno achacaba a esa ingente cantidad de contratos temporales las desbocadas cifras de paro que hemos visto incrementarse desde hace ya demasiados meses.

Pues bien, parece que el empresariado español es ajeno a cualquier abaratamiento en las indemnizaciones por despido.

De los más de 13.000 contratos de trabajo que se han realizado en Castellón en el mes de Septiembre, casi 11.000 (el 90%) han sido temporales; es decir, que al empresario castellonense le da exactamente igual pagar 45 días de indemnización que 13 (33 días, de los que 20 los paga el FOGASA, es decir, todos nosotros), así que echa mano inmisericordemente de las indemnizaciones de 8 días que les corresponden a los contratados eventualmente.

Si con esta reforma laboral no sólo se siguen manteniendo las altas tasas de temporalidad laboral, sino que incluso se incrementan (como revelan los últimos datos); si con esta reforma laboral, que facilita enormemente a las empresas el despido de sus trabajadores indefinidos (puesto que el de los temporales ya lo tenían fácil), el empresariado sigue a lo suyo y sigue prefiriendo la temporalidad de sus trabajadores; y, en definitiva, si con esta reforma laboral lo que se ha conseguido es quitarles derechos a los trabajadores para dar una satisfacción a las teorías (que no a la práctica, puesto que no la aplican) defendidas por la patronal de Díaz Ferrán y compañía… lo más lógico y consecuente sería retirarla de la circulación y restablecer los derechos que hemos perdido los trabajadores, puesto que el objetivo perseguido por esa reforma parece estar destinado irremisiblemente al más absoluto fracaso.

Y si sigue en pie, ¿nos subirán los sueldos?

Sin embargo, el Gobierno no parece estar por la labor de retirar nada; habrá quien piense que si no lo hace es porque algo bueno ha de tener la reforma, y lo cierto es que es así según las teorías económicas de la patronal (que no las prácticas, puesto que tampoco las aplican).

Cuando se habla de los beneficios del despido libre (y por ese camino va esta reforma laboral), es evidente que esos beneficios también deben afectar al trabajador (a no ser que haya quien piense que el trabajador es tonto por naturaleza); y, efectivamente, así es: al desaparecer las indemnizaciones por despido, el mercado laboral (otra vez los mercados) acabaría por asimilarlas (eso sí, en un futuro incierto e indefinido) y eso haría que el sueldo de los trabajadores acabase engordando en relación a esas desaparecidas indemnizaciones.

Esa es la teoría, pero… ¿y en la práctica? ¿Qué pasaría en la práctica? Pues en la práctica pasaría que el dinero de las indemnizaciones se quedaría en manos de quien ahora debe pagarlas; a ver si ahora vamos a hacer tontos a los empresarios.

De hecho, a los trabajadores contratados temporalmente no se les aplica hoy en día (y los contratos temporales hace mucho tiempo que existen) ningún tipo de suplemento o plus por lo que se ahorra el empresario a la hora de pagarle la indemnización; si se aplicara a la realidad la teoría de la patronal, ese ahorro en la indemnización debería repercutir en favor del trabajador (según las leyes de los consabidos mercados, entre ellos el laboral); pero resulta que la realidad es demasiado tozuda, y la realidad dice que esas teorías patronales son un auténtico timo, porque el trabajador eventual cobra el mismo sueldo base que el indefinido y la indemnización se la ahorra (ahora, hace diez años y dentro de diez años) el empresario.

Total, que si esta reforma laboral sigue en pie tampoco nos subirán los sueldos. Conclusión: reforma laboral a la basura.

El Banco de Valencia engaña a sus clientes

2010-09-24T02:52:00.001+02:00

Para empezar, deberíamos saber lo que es un bono hipotecario: cuando tu banco firma la hipoteca de tu casa sabe que va a ingresar mensualmente los intereses que tú le vas a pagar religiosamente; pero además, tu banco también sabe que no va a tener que esperar 30 años a que le devuelvas el dinero, porque esa hipoteca que tú pagas puede revenderla a otros al estar garantizada con tu casa. A esa reventa de la hipoteca de tu casa se le llama bono hipotecario; así, los bancos obtienen beneficios mensuales con tus intereses y, además, recuperan rápidamente el dinero que te han prestado.

Puesto que ese fue el inicio de la actual crisis financiera (se revendían hipotecas por un importe superior al valor de las viviendas que las garantizaban, a lo que se unió el impago de muchas de ellas y la consiguiente cancelación de las mismas –aquellos bonos hipotecarios sólo podían devolverse a los clientes tras vender o subastar la vivienda en un mercado con precios a la baja y con cada vez menor demanda–), el Banco de España ha ido endureciendo las condiciones para que un banco pueda revender las hipotecas que firma.

El Real Decreto 716/2009 regula en detalle esas condiciones; así, sólo pueden revenderse en forma de bono hipotecario las hipotecas cuyo importe no supere el 80% del valor de tasación de la vivienda (en algunos casos, como ocurre con los locales comerciales, no puede superar el 60%), cuando la vivienda haya sido previamente tasada por una entidad homologada y, lo que más nos interesa en este caso, cuando la vivienda esté asegurada contra daños e incendio:

«Artículo 3. Préstamos y créditos elegibles.

Se considerarán préstamos y créditos elegibles a efectos de servir de cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios […] los préstamos y créditos hipotecarios […] que cumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo.

[…]

Artículo 10. Seguros de daños.

1. Los bienes sobre los que se constituya la garantía hipotecaria deberán contar con un seguro contra daños adecuado a la naturaleza de los mismos. Los riesgos cubiertos deberán ser, al menos, los incluidos en los ramos de seguro 8 y 9 [incendio y daños].»

La inmensa mayoría de entidades bancarias (entre ellas el Banco de Valencia) andan detrás de sus clientes exigiéndoles que les presenten en sus oficinas no sólo el recibo del seguro del hogar, sino también las condiciones detalladas de ese seguro, entre las cuales exigen que conste una cláusula ilegal según la cual el banco debe constar en la póliza como beneficiario del seguro. Aunque no es este el tema principal del artículo, merece la pena que nos detengamos en esta exigencia (generalizada entre las entidades bancarias y admitida sin más por las compañías de seguros, que no dudan en introducir dicha cláusula abusiva entre las condiciones de los seguros del hogar).

En primer lugar, la entidad bancaria no puede exigirnos unos datos que no tienen nada que ver con nuestra relación comercial con ellos (ni la cuota que hayamos pactado con la compañía de seguros, ni las condiciones particulares de dicha póliza, ni el exceso de valor del continente respecto al importe hipotecado, ni el valor del contenido declarado a la compañía de seguros, afectan lo más mínimo a la hipoteca), porque esas exigencias están prohibidas expresamente por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales («Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido»). Pero es que, además, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones viene declarando desde 2008 que en los seguros del hogar «sólo tiene derecho a percibir la indemnización el propietario del bien asegurado», ya que indemnizar a un tercero (como es la entidad hipotecaria) «produciría un enriquecimiento injusto, puesto que dicha persona no ha sufrido menoscabo o quebranto económico», por lo que se declararon estas cláusulas «contrarias al carácter indemnizatorio de los seguros de daños y al equilibrio contractual».

No parece que esta forma de perseguir a los clientes para que contraten un seguro del hogar que les permita a su entidad bancaria revender sus hipotecas sea muy efectiva, puesto que el Banco de Valencia (no sé si otras entidades también) ha decidido dar un paso más allá y han optado por mentir directamente a sus clientes bajo un aparente manto de legalidad.

El Banco de Valencia, al parece demasiado acuciado por la necesidad urgente de liquidez, pasa directamente de las oficinas de sus clientes a los Directores de la entidad bancaria: el Director General Adjunto y el Director del Área de Clientes se atreven a remitir una misiva atribuyendo una obligación a sus clientes cuando en realidad se trata de una condición que debe cumplir la entidad bancaria para poder revender las hipotecas que ha firmado.

¿Recuerdan el artículo 10 del Real Decreto 716/2009 que hemos citado más arriba? ¿Aquel que exigía que la vivienda hipotecada estuviese asegurada si la entidad bancaria quería que sirviese de cobertura para emitir sus bonos hipotecarios? Pues según el Banco de Valencia, ese artículo 10 no dice eso, sino esto:

«Nos permitimos informarle que el Real Decreto 716/2009 obliga a que las operaciones hipotecarias lleven asociado un seguro de daños sobre el bien hipotecado.

Si usted ya dispone de este seguro, debe pasar por su oficina con la documentación y completaremos la información de su hipoteca.

Si aún no posee este seguro, le invitamos a que pase por su oficina habitual y compruebe lo poco que cuesta estar bien asegurado y disfrutar de una amplia protección, con máxima calidad a un coste reducido.»

Sobra cualquier otro comentario.

Un repaso a Castellón

2010-08-31T14:25:00.001+02:00

Castellón rebosa optimismo, y si no que le pregunten al contribuyente.

Hace un año, sobre estas mismas fechas, se conoció el IPC del mes de Julio, que es el que utiliza el Ayuntamiento de Castellón para realizar los ajustes en sus impuestos; hace dos años el IPC subió un 5,3%, y los impuestos municipales subieron el 5,7%. El año pasado el IPC de Julio bajó un 1,4%, pero el Ayuntamiento de Castellón ya no utilizó ese IPC, evitándose así bajar los impuestos al contribuyente; este año (con una subida del IPC de Julio del 1,9%), nadie dice nada en el Ayuntamiento de Castellón sobre qué pasará con los impuestos. Pero el problema no es adivinar cual será la decisión final del PP (las rebajas de impuestos no parecen estar entre las opciones posibles), sino la absoluta indiferencia del contribuyente castellonense, no sólo ante la aleatoriedad de esa decisión final, sino también ante el uso que el Ayuntamiento de Castellón está haciendo de esos incrementos en la presión fiscal de los castellonenses.

El Ayuntamiento de Castellón está tan boyante económicamente que se permitió el lujo de dejar perder casi un millón de euros del Plan-E al tirar a la basura uno de los proyectos (una ocurrencia del Alcalde Alberto Fabra) de los que solicitó subvención al Gobierno de Zapatero: los maceteros rompe-coches. Tan a rebosar están las arcas municipales de Castellón que, no contentos con ese millón de euros, el Ayuntamiento de Castellón regala locales públicos (cuya construcción costó tres millones de euros, financiados, eso sí, por el Plan-E) a negocios privados a cambio de nada.

Esta demostración de derroche de dinero público no parece afectar lo más mínimo al contribuyente castellonense, al parecer convencido (o habituado) de que esta es la mejor (o la única) forma de hacer política y de gestionar el dinero de todos; tal vez esa mayoría (cada vez mayor, según la encuesta que se enlaza más arriba) de castellonenses tengan razón (por aquello de que todos los políticos son iguales y más vale malo conocido que bueno por conocer), pero yo estoy convencido de que existen otras formas de gobernar y, sobre todo, convencido de que pasados ocho años de Gobierno (ya sea municipal, autonómico o estatal), todo empieza a pudrirse y a corromperse por esa extraña manía de los políticos de considerar exclusivamente suyo lo que en realidad es de todos.

Pero volvamos a Castellón, una ciudad que hemos visto durante el último año levantada por todos los puntos cardinales por obras de todo tipo; tanta obra pública en beneficio de todos los contribuyentes podría ser una buena justificación a las últimas subidas de impuestos municipales, y de ahí el pasotismo de los castellonenses ante tanto derroche (es bien sabido que aquí pueden sobrevivir sin problemas el despilfarro y la corrupción si a cambio se hace algo –ya sea poco o mucho– por Castellón). El problema viene cuando descubrimos (y para descubrirlo no hay que ser muy observador: basta con mirar los carteles informativos que acompañan a cada obra) que el Ayuntamiento de Castellón no ha invertido ni un solo euro en las principales obras que se han hecho en Castellón al menos durante los dos últimos años.

La gran pregunta que puede hacerse el contribuyente castellonense (si es que quiere hacérsela, puesto que siempre habrá quien prefiera no ver, no oír, no hablar y, por supuesto, no pensar demasiado) es dónde han ido a parar sus impuestos y las subidas de los últimos años. ¿Alguien lo sabe?

Controladores

2010-08-23T12:35:00.001+02:00

Supongo que todos conocemos de sobra la privilegiada nómina de los controladores aéreos (una media de 330.000 € anuales), así que voy a ir directamente al grano.

El Director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana es, además de liberal y comentarista de opinión en Libertad Digital, controlador aéreo desde hace once años y afiliado a la USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos, el sindicato mayoritario de su gremio); tras 11 años y unos cuatro millones de euros (reconoce que su nómina está por encima de la media) se ha decidido a denunciar las presiones y las malas artes de sus compañeros de trabajo en un artículo de opinión en Libertad Digital.

Que es científico se lo dice él mismo y no tenemos por qué dudarlo (tiene «formación académica como físico, en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, y como economista»); ahora bien, las dudas nos pueden asaltar en otras muchas cosas.

Al parecer, el economista liberal es aquél que se enriquece a lo bestia (4 millones de euros, que son unos 665 millones de pesetas) en un sector que es todo lo contrario a las teorías económicas liberales (un gremio completamente cerrado y que se determina a sí mismo las retribuciones, ajenas por completo al mercado o a la eficiencia y con fuertes restricciones de entrada impuestas por ellos mismos) para después denunciar que hay otros que también se están enriqueciendo a lo bestia.

Sin embargo, lo que más choca del artículo (o mejor, del articulista) es que haya tardado 11 años y 4 millones de euros en encontrar la ética y el tiempo para denunciar los abusos del sector al cual pertenece; sobre todo si resulta que dice ser el responsable de ética de un instituto de economistas liberales.

Seguramente, en el Instituto Juan de Mariana estarán orgullosos de que su Director de Ética haya encontrado la ética que se le supone; a mí particularmente, lo que me parece es que esa ética es la única que conocen los economistas liberales: aprovecharse de la ausencia de ética para enriquecerse y después intentar aparentar una inmaculada ética profesional de la que adolecen por completo.

A algunos se les caería la cara de vergüenza; a otros (como es el caso) les parece no sólo lo más normal del mundo, sino incluso todo un ejemplo a seguir.

Y la calle se llenó de banderas españolas

2010-08-03T11:28:00.001+02:00

Muchos se vieron sorprendidos, tras el pase de la selección española a las semifinales del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ante la invasión de banderas rojigualdas por las calles de toda España en los momentos previos y posteriores a los dos últimos partidos de ese campeonato; de hecho, la sorpresa es lógica, puesto que no es lo habitual en nuestro país tamaña muestra de amor hacia uno de los símbolos nacionales españoles. Ahora bien, tampoco debería sorprender a nadie que esas muestras de amor patrio no vuelvan a externalizarse hasta que la selección española vuelva a ganar otro mundial de fútbol.

El problema de la bandera española (y del resto de simbología nacional) es que nunca se ha utilizado (ni social ni políticamente) como elemento común e integrador de los españoles, sino como oposición frontal a otras maneras (menos anacrónicas) de entender España; habrá quien diga que eso no es así, pero lo cierto es que, por poner un ejemplo, nunca se ha empuñado una bandera española para defender el uso del catalán o del vasco, sino para reclamar su sumisión plena a la supremacía absoluta y absolutista del castellano, aun cuando las tres lenguas son igual de españolas e igual de oficiales (a pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional).

La bandera española sigue sin ser, tras más de treinta años de Constitución, un símbolo de la pluralidad española; la pluralidad se muestra en España con otra simbología, nunca con la bandera española, que sigue siendo el símbolo no de la unidad, sino de la uniformidad. Que esto sea así ha sido una contribución de ambas tendencias: el falso victimismo del centralismo y el exagerado victimismo del independentismo.

Y es que ni España se puede romper sin que el conjunto de la propia España quiera romperse, ni España es el estado imperialista, colonial y cruel que el independentismo intenta esbozar en cualquiera de sus numerosas y constantes proclamas.

Ese constante recurso al victimismo por parte de ambas tendencias muestra la evidente ausencia no sólo de argumentos, sino también de predisposición a la aceptación de cualquier argumento que se salga del credo inquebrantable de cada una de las partes; todo el argumentario se limita a buscar la solidaridad de otros españoles con esas falsas y fingidas víctimas, responsabilidad exclusiva de la parte contraria.

Pero el problema de la solidaridad es que se extingue cuando se descubre que las víctimas no son víctimas, sino simples cazurros. Y por eso muchos españoles prefieren dejar la solidaridad con la bandera rojigualda para que esos cazurros se expresen; y por eso el independentismo es y seguirá siendo una minoría radical (y cada vez más radicalizada), aunque su simbología cree más simpatías por tener una parte de razón (aunque sea mínima) en su papel de víctimas.

Sólo cuando los cazurros de ambas tendencias dejen de ser (y de ejercer de) cazurros podrá un español cualquiera empuñar la bandera española como símbolo de la unidad; pero para que eso ocurra es necesario utilizar argumentos y aparcar definitivamente el falso y desmesurado victimismo de unos y otros.

Mientras tanto, la bandera española sólo podrá ondear masivamente por las calles de España cuando una selección de fútbol (ajeno a la cazurrería y con argumentos futbolísticos) gane un Mundial.

Inconstitucional

2010-07-16T17:12:00.001+02:00

Hace casi un año escribí un artículo sobre tres de los aspectos más controvertidos del nuevo Estatuto de Cataluña: la soberanía, las lenguas oficiales y la nación. Tras cuatro largos años de deliberaciones fallidas por parte del Tribunal Constitucional, al fin disponemos de las razones por las cuales es o no constitucional lo especificado en el texto estatutario respecto a esas tres cuestiones.

Los tres preceptos han sido considerados insconstitucionales, aunque para declararlos insconstitucionales se hayan utilizado circunloquios poco clarificadores para dar una apariencia de semi-constitucionalidad; el caso más flagrante de este recurso a los argumentos enrevesados lo tenemos en la cuestión del deber de conocer el catalán.

El artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña decía, respecto al castellano y al catalán, que “todas las personas tienen el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas”; como dije en su día, el Estatuto introducía así la equiparación absoluta entre las dos lenguas oficiales de Cataluña, acabando de esa forma con una convivencia ilógicamente desequilibrada en favor del castellano (siendo ambas lenguas igual de oficiales, resulta un tanto absurdo que sólo una de ellas deba ser conocida); la Sentencia del Tribunal Constitucional restringe ese deber de conocimiento de la otra lengua oficial de Cataluña a la educación y a los funcionarios: “se trata, aquí sí, no de un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, sino de la imposición de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del art. 35.2 EAC, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios” (Fundamento Jurídico 14.b)).

Por mucho que forcemos la frase del Estatuto, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional no tiene ninguna cabida racional en el texto estatutario, puesto que “los ciudadanos de Cataluña” no se circunscriben a ningún ámbito específico, sino a todos y cada uno de los ciudadanos catalanes, ya sean profesores, alumnos, funcionarios, barrenderos, ingenieros, jueces, empresarios o parados; el Tribunal Constitucional debería haber declarado inconstitucional, sin rodeos ni circunloquios, ese deber de conocer las dos lenguas oficiales, manteniendo así la actual infra-oficialidad del catalán respecto al castellano y asumiendo, en consecuencia, que no cabe en la Constitución la cooficialidad real de las distintas lenguas españolas.

Evidentemente, esto significa (aunque el Tribunal Constitucional haya intentado ocultarlo sin demasiado éxito) que no existe la cooficialidad de las lenguas en España, o que al menos la actual Constitución no la admite; es decir, que hay lenguas de primera categoría y lenguas folclóricas (aunque dignas de protección y potenciación cultural, como los bailes regionales) de segunda categoría. No voy a ser yo quien contradiga al Tribunal Constitucional, pero si es eso lo que dice la Constitución considero que es algo que necesita un cambio urgente; es decir, que si queremos reconocer la oficialidad de las diversas lenguas existentes en España deberemos dotarlas de un mismo status allí donde coexistan más de una (incluyendo el deber de conocerlas), pero si unas son totalmente oficiales y las otras no, habrá que cambiar la definición de las inferiores en la propia Constitución (rebajándoles el status de oficiales y definiéndolas como folclóricas, como secundarias, como reminiscentes, como insignificantes, como triviales, como intrascendentes o como se quiera, pero nunca como oficiales).

La inicial definición de Cataluña como nación en el articulado del Estatuto aprobado en el Parlamento catalán, trasladada posteriormente al Preámbulo, ha viciado por completo la argumentación interna sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de otros aspectos del Estatuto; la flagrante inconstitucionalidad de esa definición (que colisiona frontalmente con el artículo 2 de una Constitución que, como recuerda el Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 12, “no conoce otra que la Nación española”) ha servido para distorsionar hasta límites insospechados el debate interno del propio Tribunal, como comprobaremos en los votos particulares emitidos por alguno de sus miembros. Esa definición de Cataluña como nación (que no puede ser entendida sino como una provocación en toda regla por parte del Parlamento catalán) ha servido, en definitiva, para que todo el debate interno se centrara en una supuesta intencionalidad global del Estatuto de Cataluña dirigida hacia una reforma encubierta de la Constitución, de forma que todo el articulado impugnado ha acabado analizándose en función de su posible relación directa con esa intencionalidad; hasta tal punto ha quedado distorsionado el debate en el seno del Tribunal Constitucional que casi todos los votos particulares se exponen en relación con un concepto del Preámbulo (la definición de Cataluña como nación) que la propia Sentencia con la que discrepan ha determinado que no tiene ningún tipo de valor interpretativo respecto del articulado.

Si observamos las argumentaciones respecto a ese deber de todos los ciudadanos catalanes de conocer tanto el catalán como el castellano nos daremos cuenta de cómo esa distorsión en el debate ha llevado a todos los miembros del Tribunal Constitucional, sin distinción, a determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese deber obviando a la propia Constitución.

Vicente Conde Martín de Hijas, en un voto particular cargado de supuestas buenas intenciones y exquisita juricidad (niega que el Tribunal Constitucional deba inmiscuirse como árbitro de opciones políticas) acaba concluyendo que ese deber de conocer el catalán (apartado 11 de su voto particular) ha de ponerse en relación con las ideas de Nación y Estado, de forma que niega que un Estatuto de Autonomía pueda establecer determinados deberes a los ciudadanos residentes en una Comunidad Autónoma, no porque la Constitución lo prohiba, sino porque resulta inidóneo en cuanto que un Estatuto no es una Constitución y, por lo tanto, los deberes básicos de los ciudadanos (como el conocimiento de una lengua) están reservados en exclusiva a la propia Constitución; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que inicialmente utiliza su voto particular para denunciar la desaparición (¡en 1985!) del recurso previo de inconstitucionalidad y una supuesta persecución al Tribunal Constitucional plasmada en una proposición de reforma de la Ley Orgánica que regula el Tribunal, que ni tan siquiera se ha llegado a debatir en las Cortes (fue presentada por Convergència i Unió el 4 de Junio pasado), utiliza una argumentación estrictamente política e incluso basada en sus particulares circunstancias personales, llegando a afirmar que la lengua materna (la suya, que no la mía ni la de otros muchos españoles) es la oficial del Estado y que la educación en esa lengua materna (el castellano, que es la suya y no la mía ni la de otros muchos españoles) es un derecho vinculado a la dignidad humana (o lo que es lo mismo, que mi dignidad humana puede y debe prescindir de mi lengua materna), finiquitando todo el asunto del catalán declarando inconstitucional incluso el derecho a ser atendidos en otra lengua distinta a la materna (la suya, que no la mía ni la de otros muchos españoles).

Como puede observarse, ni la posición mayoritaria ni los votos particulares explican (de hecho, ni tan siquiera se preocupan de mencionarlo) qué significado tiene en la Constitución que dos lenguas sean definidas con el mismo concepto (todas son oficiales) y cómo se llega a la conclusión de que la palabra “oficial” tiene una diferenciación jurídica de una entidad tal que incluso queda prohibido –sin que la Constitución lo haya prohibido expresamente– referirse a dos lenguas oficiales en términos similares.

Más preocupados por la provocación del Parlamento catalán y por las divagaciones acerca de una imposible e inviable (además de argumentalmente absurda) reforma encubierta de la Constitución (puesto que eran ellos mismos quienes tenían en sus manos salvaguardarla: esa es exactamente una de sus principales funciones), los miembros del Tribunal Constitucional han acabado por contradecir a la propia Constitución, negándole a una de las lenguas oficiales el carácter de oficial (puesto que el carácter de oficialidad se reserva en exclusiva al castellano, lo cual no se corresponde con el artículo 3 de la Constitución, que dice que también es oficial el catalán allí donde sea de aplicación el Estatuto de Cataluña).

La Constitución, ahora sí, ha empezado a morir: acaba de ser declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (V)

2010-06-29T23:49:00.001+02:00

El huevo o la gallina

Tal vez la demonización (a veces merecida, aunque no siempre) del sector inmobiliario (es evidente que han existido las estafas inmobiliarias o que los especuladores han campado a sus anchas en el sector para alterar al alza unos precios a los que rápidamente se han apuntado el resto de empresarios inmobiliarios) haya contribuido a buscar dentro del propio sector la principal causa de la debacle que aun hoy (y parece que durante un largo tiempo más) sigue su curso; mucho se ha hablado del exceso de oferta (el sector construyó muy por encima de lo que teóricamente la demanda podía absorber) como causa principal de la crisis inmobiliaria, y no hay que minimizar el hecho de que se construyera a un ritmo vertiginoso y, muy posiblemente, excesivo.

Pero lo cierto es que el stock de viviendas nuevas sin vender se calcula, en numerosos estudios (los más alarmistas), en base a los proyectos visados por los Colegios de Aparejadores, que en 2006 constituyeron la friolera de 865.561 viviendas a construir (una media de 72.130 viviendas al mes); como hemos visto en el primero de los artículos de esta serie, las compraventas de vivienda nueva alcanzaron su máximo (desde que se tienen datos mensuales) en Enero de 2007, con 33.480 viviendas nuevas transmitidas. Se construía, por lo tanto, a un ritmo de 40.000 viviendas en exceso cada mes (más de 450.000 viviendas se querdarían sin comprador cada año de seguir ese ritmo), si bien esas cifras de 2006 fueron ciertamente excepcionales (las cifras estuvieron en los años precedentes en torno a las 15.000 viviendas mensuales o las 200.000 anuales de más); es evidente que, con esas cifras, debía realizarse un ajuste en la oferta.

El problema es que los proyectos visados no son más que eso: proyectos. Muchos de esos proyectos se convertirían en promociones, pero otros muchos nunca llegarían a materializarse; las cifras correspondientes a las certificaciones de obras finalizadas así lo ponen de manifiesto: de las 8.112.724 viviendas proyectadas desde 1992, sólo se han materializado 5.251.381. Así, el máximo de viviendas construidas se alcanzó en 2007, con 547.285 (una media de 45.607 viviendas al mes, que son 12.127 más que las compraventas que se produjeron en Enero de 2007).

Si tomamos el número de viviendas finalizadas desde Enero de 2007 vemos que según las certificaciones son 1.434.102, mientras que según los visados (teniendo en cuenta que han de transcurrir entre 18 y 24 meses hasta que puedan finalizarse los proyectos) serían 2.319.530; el número de viviendas nuevas transmitidas desde Enero de 2007 es de 901.285, por lo que el desajuste entre la oferta y la demanda sería, según se tomase uno u otro dato, de 532.817 ó de 1.418.245 viviendas. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, el stock acumulado en 2009 (que incluye los cálculos acumulados desde 2004) sería de 688.044 viviendas (34.366 correspondientes a Castellón), más acorde con los datos de las certificaciones que con los de visados (utilizados asiduamente por determinados medios ultraliberales como Libertad Digital, como puede observarse en este artículo de 2008 o en éste de esta misma semana).

Como ya vimos también en el segundo artículo de la serie, los precios de la vivienda nueva han experimentado caídas máximas del 10,73% en el conjunto de España y del 15,49% en Castellón, muy lejos del 30% ó del 40% que se manejan en ciertos círculos; por supuesto, con las cifras de stock que manejan algunos expertos y al ritmo de ventas y de construcción actuales, las viviendas nuevas sin vender no se podrían absorber hasta que transcurrieran entre 10 ó 15 años, por lo que es evidente que el ajuste de los precios habría de ser acorde con aquellas cifras o incluso mayor. Sin embargo, las cifras del stock de viviendas basadas en los visados es completamente irreal, por lo que el descenso de precios previsto en base a dichos datos también lo es, como de hecho parecen demostrar las últimas cifras oficiales sobre precios (ver la actualización de datos de esta serie de artículos).

Aunque las actuales cifras de compraventas rondan las 225.000 viviendas nuevas al año (unas 19.000 viviendas al mes), en 2005 se registraron más de 430.000 compraventas (unas 36.000 mensuales) y no fue hasta 2008 cuando las operaciones bajaron de las 300.000 anuales; recordemos que la crisis financiera estalló en Agosto de 2007 y que el número de hipotecas concedidas empezó su descenso en picado (con descensos interanuales superiores al 30%) justo ese mes, como puede observarse en el gráfico siguiente (en Marzo de 2008 se concedieron casi 50.000 hipotecas menos que en Marzo de 2007).

¿El descenso en el número de compraventas fue consecuencia del exceso de oferta? Con toda probabilidad, incidió en el descenso en el número de compraventas de 2006 y 2007 (hasta el estallido de la crisis financiera se produjeron descensos interanuales puntuales cercanos al 10% en el número de hipotecas concedidas), sobre todo cuando empezaron a aparecer los informes que hablaban de descensos en los precios de hasta un 40% por el teóricamente desorbitado stock de viviendas que se estaba acumulando; aquellos descensos interanuales en el número de compraventas de entre el 10% y el 20% podían responder a la propia crisis del sector inmobiliario, pero tiene difícil explicación su extensión en el tiempo (éste será el cuarto año consecutivo de crisis en el sector) si no tenemos en cuenta que en el momento en el que se tuvo que iniciar la recuperación (es difícil encontrar crisis sectoriales superiores a los dos años, por lo que a mediados de 2008 se debería haber iniciado una ligera remontada que nunca llegó) estaba en pleno auge la crisis financiera.

Puesto que la demanda de vivienda necesita de una fuente de financiación, y ésta no estaba disponible (en Enero de 2009 se concedían un 58% de hipotecas menos –unas 72.000 menos– que dos años antes), la razón del estancamiento y del descenso en el número de operaciones de compraventa a partir de 2008 la hemos de establecer en la inexistente demanda (por falta de financiación debido a la crisis de liquidez del sector financiero), y no exclusivamente (ni principalmente) al exceso de oferta; no es, por lo tanto, una crisis de oferta del sector inmobiliario lo que estamos observando en estos momentos, sino una crisis de demanda por la concatenación de la crisis financiera a la crisis del sector de la construcción.

¿Deben bajar más los precios de la vivienda nueva por un exceso de oferta? En una situación de crisis sectorial, posiblemente fuese una solución para reanimar las ventas; pero si la demanda no existe por la existencia de una crisis financiera paralela, la variación en los precios de venta no tiene efecto alguno en el mercado, puesto que cualquier atractivo que pudiesen tener para la demanda unos precios ajustados quedaría completamente cercenado por la imposibilidad manifiesta de acceder a la financiación necesaria para llevar a cabo la operación de compraventa.

Los importes medios de las hipotecas nos ayudarán a poner de manifiesto la principal contradicción de las teorías que afirman que los precios de las viviendas han de seguir bajando; el descenso en el valor medio de las hipotecas concedidas ha llegado al 26,71% desde sus niveles más altos, mientras que los precios han descendido poco más del 10% (según los datos referidos al conjunto de España). Mayo de 2007 supone el punto de inflexión tanto en el número de hipotecas como en el importe medio, iniciándose en Agosto las caídas más acusadas en ambas variables; lo esperable sería que el número de hipotecas condedidas acompañase al número de compraventas de viviendas y que los importes medios de las hipotecas acompañasen a los precios de venta de las viviendas. Sin embargo, no es eso lo que ocurrió.

El número de compraventas ya descendió en 2006 y continuó haciéndolo en 2007, mientras que el número de hipotecas no alcanzó su máximo hasta Mayo de 2007; totalmente ajenas a las cifras de ventas del sector de la construcción, las entidades financieras siguieron concediendo más y más hipotecas hasta que, en Mayo de 2007, Lehman-Brothers e inversores similares empiezan a huir de los fondos hipotecarios y la falta de liquidez empieza a notarse en el mercado financiero. Se inicia ese mes un ligero descenso en el número y en el importe de las hipotecas concedidas, que acabaría siendo un auténtico descalabro a partir de Agosto, justo tras el anuncio de la quiebra de las norteamericanas Blackstone, American Home Mortgage y National City Home Equity y del banco alemán IKB y tras las posteriores, a la vez que urgentes y multimillonarias, inyecciones de liquidez coordinadas entre la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Canadá y el Banco Central de Japón. No obstante, el acusado descenso en el número de hipotecas concedidas (un 58% desde Mayo de 2007) se corresponde aproximadamente con el descenso en el número de compraventas (un 53,16%), habiéndose equiparado aproximadamente ambas variables, aunque los ritmos de las caídas han sido muy desiguales (mucho más acusados en el número de hipotecas, que se desplomaron más tarde y cuya caída ha sido mucho mayor).

Con estos datos en la mano, es muy aventurado afirmar que los precios de las viviendas han de seguir bajando, puesto que actualmente el principal problema del sector no es el exceso de oferta, sino que estamos ante un problema común al resto de la economía: el sector financiero no concede créditos y, por lo tanto, la demanda no existe. Siendo éste el principal problema, el ajuste de precios a la baja en el sector de la construcción sólo sería efectivo si alcanzasen un nivel tal que los compradores no necesitasen un préstamo para comprar una vivienda; como esta situación es completamente inviable, las teóricas rebajas en los precios de las viviendas van a continuar siendo mínimas (de hecho, los precios están empezando a remontar), puesto que las empresas promotoras saben que la demanda no va a poder reaccionar (el número de hipotecas que concede el sector financiero está a niveles inferiores a los de 2003) por mucho que bajen los precios.

Además, si añadimos los datos del importe medio de las hipotecas condecidas (que pasó de 152.481,96 € en Agosto de 2007 a los 111.753,36 € en Agosto de 2009, lo cual supone una bajada de casi el 30%) podemos llegar a entender el actual comportamiento de la demanda: sólo pueden acceder a una hipoteca quienes tienen una determinada capacidad de ahorro, de forma que las escasas hipotecas que se conceden tienen como prestatarios a personas que no necesitan financiación más allá del 60% ó del 70% del precio de cada vivienda o que, en cualquier caso, su futuro económico inmediato no se va a ver oscurecido por las circunstancias de los mercados.

Así, mientras los precios de las viviendas se han ajustado apenas un 10% en cuatro años de crisis inmobiliaria, los datos de la crisis financiera (un descenso de casi un 30% en el importe medio de las hipotecas y de un 70% en el total concedido –de más de 18.000 millones de euros mensuales concedidos en Enero de 2007 se ha pasado a menos de 6.000 millones de euros–) ponen completamente en entredicho las teorías que defienden casi como única opción válida la crisis de oferta en el sector de la construcción, cuando lo que hay en realidad es una crisis galopante de demanda debida a la crisis del sector financiero.

En definitiva, que podemos señalar al huevo (el exceso de oferta) como origen inicial de la crisis del sector inmobiliario, pero no podemos seguir señalando al huevo desde el mismo momento en que la gallina (la ausencia de demanda por la falta de financiación para la compra) aparece como clara y preponderante protagonista de la actual situación del sector de la construcción.

Las políticas laborales ultraliberales, en cifras

2010-06-20T11:07:00.001+02:00

El ultraliberalismo aboga por la práctica supresión del Estado y la consiguiente reducción a la mínima expresión de los impuestos que gravan las relaciones laborales; según esta corriente, cada vez más mayoritaria entre la derecha española y europea, las actuales políticas estatales en materia laboral suponen un intervencionismo en los mercados que perjudica tanto al trabajador como al empresario, que se verían ampliamente beneficiados con políticas de intervención cero.

Que un trabajador pueda verse beneficiado con las políticas ultraliberales es mucho decir, pero vamos a concederle el beneficio de la duda a esta teoría, así que nos vamos a poner a hacer números; por supuesto, si es beneficioso para todas las partes partiremos de la premisa de que el trabajador, como mínimo, va a mantener sus condiciones de vida en los mismos niveles que con otras políticas más intervencionistas.

Para realizar los cálculos tomaremos un sueldo de 1.500 € brutos al mes, que con el 10% de retención por IRPF y con el 6% que va a parar a la Seguridad Social se convierten en unos 1.250 € netos; como la Seguridad Social no existe en las teorías económicas ultraliberales y el Estado es mínimo, el 6% desaparece y el 10% se reduce a un 1%, por lo que el sueldo neto pasa a ser de 1.485 € mensuales. Mola, esto del ultraliberalismo: por la jeta, 235 € más al mes para gastarse.

Pero eso no es todo, no. Si eliminamos la Seguridad Social, el empresario ya no tiene que pagar al Estado la otra parte de mis cuotas, que son otro 30%: 450 € brutos más para el trabajador. Vaya chollo. De cobrar 1.250 €, nuestro trabajador pasaría a cobrar, con la aplicación de las teorías ultraliberales, 1.930,50 € al mes (le hemos restado el 1% de IRPF a esos nuevos 450 €). ¡Un aumento de sueldo instantáneo de 680,50 € ó del 54%!

Claro, que a ese nuevo sueldo habrá que restarle algunas cantidades si lo que queremos es que ese trabajador, más contento que unas pascuas con su nuevo salario, mantenga los niveles de protección que ahora puede exigir porque la Ley así lo prevé.

Empezaremos por la indemnización por despido, que con las teorías ultraliberales, por supuesto, desaparecerían; vamos a suponer que al trabajador le han hecho hoy uno de los nuevos contratos indefinidos y que le corresponderían, por lo tanto, 33 días de indemnización por año trabajado, que es un 9,09% del sueldo mensual bruto (1.500 €) o, lo que es lo mismo, 136,35 €. Ese importe es el que debería reservar el trabajador en su cuenta cada mes para que, el día que lo despidan, pueda tener un colchón equivalente al que ahora le corresponde por Ley (recordemos que, según las teorías ultraliberales, todos salimos beneficiados con sus medidas); pero no pasa nada, porque aun así seguiría cobrando 1.794,15 € (un 43,53% más).

Vamos a continuar con la pensión de jubilación, que, por supuesto, tendría que ser privada (la Seguridad Social nos la hemos cargado de un plumazo); supongamos que nuestro feliz trabajador tiene 18 años, por lo que aun le quedan, como mínimo, 47 años más de trabajo. Si todo va bien, podrá disfrutar de su pensión (privada) 20 años (suponiendo que la esperanza de vida de dentro de 30 años sean los 85), así que, para disfrutar de una pensión equivalente a su sueldo neto (tomemos los 1.250 € iniciales) tendría que destinar 638,30 € al mes para su fondo de pensiones. Y aquí se acaban los cálculos, porque el sueldo de nuestro trabajador se le quedaría en 1.155,85 €, que son 94,15 € menos de los que cobra ahora ó un 7,53% menos (que supera la reducción de sueldos del 5% a los funcionarios por la crisis).

Haremos un pequeño inciso respecto a los planes de pensiones, porque un ultraliberal nos diría que estas inversiones se revalorizan a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la aportación sería menor; la realidad, sin embargo, es bien distinta: un plan de pensiones puede revalorizarse, pero también puede devaluarse. De hecho, en las actuales circunstancias, tanto los planes de pensiones con inversión en renta fija (que dan tipos de interés por debajo de la inflación) como los que invierten en renta variable (con la bolsa en descenso libre) están sufriendo una continua devaluación, por lo que los cálculos realizados se quedarían cortos y nuestro trabajador se quedaría, al final de su vida laboral, con una pensión por debajo de la que habíamos previsto.

No obstante, podríamos seguir haciendo cálculos hasta acabar con el sueldo del trabajador; por ejemplo, nos podemos preguntar quién pagaría los recibos mensuales de la luz, del teléfono, del agua, del fondo de pensiones o de la hipoteca de un trabajador en baja laboral por una enfermedad grave. Las entidades bancarias suelen ofrecer seguros (por unos 25 € al mes, así que el sueldo de nuestro trabajador bajaría a los 1.130,85 €) que cubren un máximo de 12 meses del pago de las cuotas de la hipoteca en estos casos, pero de la luz, del agua o del teléfono no se hace cargo nadie. Los medicamentos están subvencionados al 60%, así que ese porcentaje tendría que salir también del sueldo de nuestro trabajador, y la atención médica privada completa ronda los 60 € mensuales, por lo que el sueldo se reduciría por debajo de los 1.070,85 €…

Pero no es sólo el sistema de protección de la salud lo que nos hemos cargado con la aplicación de las políticas ultraliberales; hemos rebajado el IRPF del 10% al 1% porque el Estado se ha quedado en los huesos y no necesita mucho alimento, y eso tiene también sus contrapartidas: la educación de nuestros hijos será privada y la pagaremos nosotros íntegramente. Nuestro trabajador tendrá que ir ahorrando lo necesario para que su hijo (o sus hijos) tenga una formación, así que vamos a hacer un cálculo, con precios de hoy, de lo que constaría la educación liberal (y privada); la educación infantil (la guardería) le costaría unos 16.000 €, la básica (desde los 6 hasta los 16) unos 75.000 € y la secundaria otros 24.000 €. Todas las pagas extraordinarias de la vida laboral de nuestro trabajador (180.000 €) más las de su pareja (suponiendo otros 180.000 €) cubrirían la educación de tres hijos; en cualquier caso, la educación para cada hijo adicional (115.000 €) supondría restar de su sueldo y del de su pareja otros 100 € mensuales a cada uno. Por supuesto, ni nos planteamos que nuestros hijos cursen estudios universitarios, ya que eso supondría unos 30.000 € adicionales por cada hijo (unos 30 € al mes del sueldo de nuestro trabajador y otros 30 € del sueldo de su pareja).

Con estos gastos básicos que supondrían la aplicación del sistema ultraliberal es suficiente para comprobar que no todos salen beneficiados (nuestro trabajador se quedaría con un mínimo de 200 € menos al mes de sueldo y sin pagas extraordinarias); pero es que, además, hemos hecho una pequeña trampa (es la que hacen los ultraliberales para cuadrar sus cuentas) al considerar que las cuotas empresariales a la Seguridad Social (450 € al mes) irán a parar al bolsillo del trabajador, lo cual es mucho suponer, no ya porque no sea lo habitual que las rebajas de impuestos sean destinadas por las empresas a incrementar los salarios de sus trabajadores, sino porque son las propias empresas las que están hablando de reducir los salarios.

Pero es que de todas formas los ultraliberales, siguiendo la ortodoxia de las teorías económicas, consideran que por las reglas de la oferta y la demanda todo lo que reste en un principio al salario del trabajador sería rectificado por el propio mercado laboral; así, si el trabajador perdiese 200 € con los cambios de sistema, ese mercado acabaría por exigirle al empresario un incremento equivalente en los salarios de sus trabajadores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si al empresario le cuesta ahora 1.950 € el trabajador (los 1.500 € de salario bruto más los 450 € de las cuotas empresariales a la Seguridad Social), con la aplicación de las teorías ultraliberales el mercado le obligaría a que destinase a costes laborales los 200 € que perdería el trabajador, suponiéndoles entonces unos costes de hasta 2.150 €. Con lo cual podríamos afirmar que ni trabajador ni empresario se beneficiarían del sistema económico ultraliberal.

Y la pregunta obligada es… si tanto el empresario como el trabajador acabarían perdiendo, ¿cómo es posible que haya quien todavía defienda esas teorías? La respuesta es fácil: los mercados tienen fallos, y uno de ellos es el desequilibrio entre la capacidad negociadora del empresario y del trabajador; como es el primero el que tiene mayor capacidad para imponer sus condiciones, el mercado nunca llegaría a regularizar las pérdidas del trabajador, por lo que el perdedor siempre sería el mismo: nuestro inicialmente feliz trabajador, que perdería los 200 € que hemos calculado más los 450 € que la empresa se ahorraría con la eliminación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Nuestro inicialmente feliz trabajador vería cómo sus anteriores cheques de 1.250 € se convierten en una nómina real de 600 € con la aplicación de las teorías ultraliberales. ¡Menudo chollo!

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (IV)

2010-06-17T11:16:00.001+02:00

El mercado laboral

Como hemos visto en las anteriores entregas de esta serie (la primera sobre el número de operaciones de compraventa de viviendas y la segunda sobre la evolución del precio del metro cuadrado tanto en inmuebles de este tipo nuevos como usados), existe un elevado grado de rigidez (poca capacidad de reacción) en los precios de las viviendas ante un descalabro de la demanda como el que tuvo lugar en 2006; lo que vamos a ver ahora es si esa rigidez en los ingresos es una característica estructural del sector o si, por el contrario, se trata de una mera actuación de oportunidad.

Empezaremos por la característica más destacada de este sector, que es la alta temporalidad en los contratos laborales; el Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos desagregados por provincias respecto a la temporalidad, pero nos servirán los datos globales correspondientes al conjunto de España. Hay que tener en cuenta que tanto el sector de la construcción clásico (cuyos datos ya figuraban individualmente en las anteriores estadísticas del INE) como el de la promoción y el de los comerciales inmobiliarios (APIs) han quedado integrados, con la nueva clasificación del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) dentro del sector de la construcción.

Como podemos observar en el gráfico superior, la temporalidad media estuvo en España entre el 30% y el 35% hasta el primer trimestre de 2008 (no bajó de los 5 millones de trabajadores hasta el segundo trimestre de 2008), aunque empezó a estar en la parte baja de esa horquilla ya desde el primer trimestre de 2007 tras haber alcanzado su máximo (34,59%) en el tercer trimestre de 2006; aun siendo una temporalidad elevada en comparación con los países de nuestro entorno, el sector de la construcción llegó hasta el 56,98% de temporalidad en el tercer trimestre de 2006.

Desde el tercer trimestre de 2006 (cuando había 5.661.400 trabajadores con contratos temporales) hasta el primer trimestre de 2010 han desaparecido 1.940.900 contratos temporales, a la vez que el paro se ha incrementado en 2.960.900 personas (han entrado en el mercado laboral otras 1.346.200 personas, se han incrementado los contratos indefinidos en 828.200 y el resto –otros 500.000 puestos de trabajo perdidos– corresponden a personal no asalariado –trabajadores por cuenta propia, empleadores, empresarios…–); sólo en el sector de la construcción han desaparecido 710.000 puestos de trabajo temporales desde que se alzanzara su máximo en cifras absolutas (1.218.500 contratos en el segundo trimestre de 2007), mientras que el paro ha llegado a incrementarse en más de 600.000 personas (antes de que el Plan-E y el descenso de la población activa –476.800 trabajadores de la construcción han dejado de buscar trabajo en el sector o han pasado a engrosar la abultada lista de parados de larga duración, que no tienen asignado un sector concreto– diesen un cierto respiro a las terribles cifras de las estadísticas).

Tanto de las cifras de temporalidad como de las de parados (a partir del segundo trimestre de 2007 la tasa de paro en la construcción se dispara, tanto en España como, sobre todo, en Castellón), observamos que aquella rigidez para adaptar los precios de venta de las viviendas no se da aparentemente a la hora de reducir los costes laborales; no obstante, no hay que olvidar que son las empresas promotoras (último eslabón de la cadena de costes), y no las constructoras (que al ser el primer eslabón fueron las primeras en no renovar sus contratos temporales ante la creciente inactividad del sector, aunque sí repercutieron sus costes al siguiente eslabón), las que establecen esos precios, por lo que los ajustes difícilmente pueden ser inmediatos.

La situación del mercado laboral del sector inmobiliario en Castellón es mucho más crítica que en el resto de España; de ser el sector castellonense con una menor tasa de paro (llegó a tener apenas el 1,64% en el segundo trimestre de 2007) ha pasado a batir todas las cifras conocidas, llegando en la actualidad a tener una tasa de paro del 32,92%; aunque las cifras del sector en España están también disparadas (del 5,50% de tasa de paro en el sector en el tercer trimestre de 2005 se ha llegado hasta el 27,32% durante el primer trimestre de 2009), el peso del sector en Castellón ha hecho que la provincia pase de ser una de las que mejores cifras globales de desempleo presentaba (habitualmente dos o tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional) a ser una de las que presenta unas tasas de paro más desbocadas (por encima del 26% en la actualidad, casi cinco puntos porcentuales por encima de las cifras globales de España).

La importancia del sector de la construcción en la provincia de Castellón lo podemos observar en el último gráfico, en el que se observa cómo el peso relativo (respecto al total de trabajadores con contrato en todos los sectores) del número de ocupados en esta actividad era superior entre dos a seis puntos (llegando hasta cerca del 18% de todos los ocupados en la provincia) al peso del sector a nivel nacional (que nunca llegó a suponer el 14%); en la actualidad, ese peso relativo de las personas ocupadas en el sector de la construcción respecto al total de ocupados se ha igualado a la baja tanto en España como en Castellón, suponiendo ahora alrededor del 10% de los trabajadores asalariados. Por el contrario, el número de trabajadores parados ha pasado de representar alrededor de un 8% del total de parados (tanto en España como en Castellón, aunque con mayores altibajos en este caso) a superar el 16% de peso relativo, representando en la actualidad entre el 12% y el 14% del total de parados. No hay que olvidar que la contribución de este sector al P.I.B. nacional ha estado en torno al 10% desde el año 2005 (acercándose al 11% durante 2006), aunque en la actualidad se encuentra ligeramente por debajo (9,44% en el primer trimestre de 2010).

En resumen, la alta temporalidad laboral del sector de la construcción ha permitido ajustar los costes laborales de las empresas a través de despidos masivos de trabajadores (hay un 58,27% de contratos temporales menos en el sector, habiendo pasado a engrosar las listas del paro el 97,40% de los trabajadores con este tipo de contrato, sin olvidar que también hay un 29,85% de contratos indefinidos menos); a pesar del bajo peso relativo del sector en el conjunto de la economía (un 10% del P.I.B. y un 12% de los trabajadores), la contribución del sector al incremento del paro nacional ha sido del 20% y a la destrucción de trabajos temporales del 37%, mientras que en Castellón la contribución directa al incremento del paro ha sido del 33% (la indirecta sería mucho mayor, puesto que el sector industrial –con la cerámica a la cabeza– se ha visto gravemente afectado por la crisis de la construcción). La tan reivindicada (por parte de las asociaciones de empresarios) flexibilidad del mercado laboral en el sector de la construcción es, por lo tanto, altísima; sin embargo, esa flexibilidad en los costes no se ve reflejada en una flexibilidad similar a la hora de hacer frente a retoques en los ingresos, que muestran una extremada rigidez poco acorde con un mercado competitivo en costes (al menos en los laborales).

El sector de la construcción no necesitaba, por lo tanto, retoques competitivos en cuanto a su estructura laboral (en cualquier caso, lo que necesitaba era una mayor estabilidad laboral, como demuestra la alta siniestralidad del sector); por el contrario, lo que sí hubiese necesitado la construcción habría sido una política empresarial menos especulativa, menos oportunista y menos rígida. La virulenta corrección a estos déficits en las políticas empresariales ha tenido que venir, por desgracia, en forma de innumerables concursos de acreedores, con la consiguiente repercusión, de nuevo, en los puestos de trabajo.

Veremos en la próxima entrega de esta serie los orígenes del descalabro del sector, cuyo principal motivo no puede achacarse al exceso de oferta (que también ha podido contribuir a la crisis del sector, aunque no en los términos primordiales que parecen haberse establecido entre la opinión pública).

Nota metodológica: Las cifras de paro que he utilizado incluyen a las personas que buscan su primer trabajo (323.900 en España y 3.300 en Castellón en el último trimestre), por lo que las tasas de paro serán ligeramente superiores (entre un 1% y un 1,5%) a las reconocidas oficialmente en la Encuesta de Población Activa, que es la fuente desde la que se han tomado los datos.

El sector inmobiliario y la crisis en Castellón (III)

2010-06-16T17:11:00.001+02:00

Actualización de datos

En Octubre del año pasado traté los datos de compraventa de viviendas y los precios de las mismas referidos a España y a Castellón; respecto al número de compraventas nacionales, decía que estábamos en mínimos, tanto en vivienda nueva como usada (globalmente por debajo de las 40.000 compraventas mensuales y por debajo de las 20.000 en ambos tipos de viviedas), al igual que en Castellón, aunque en este caso con un comportamiento más errático (teniendo siempre en cuenta que los datos interanuales de nuestra provincia mostraban la continuidad de la crisis, aunque con una cada vez menor sangría en las compraventas, sobre todo en vivienda nueva).

Los precios mostraban, tanto en España como en Castellón, una destacada falta de flexibilidad ante los cambios en la demanda (las caídas de las operaciones de compraventa en 2006 –mucho más acusadas en Castellón, con una caída del 41% frente al 10% del conjunto de España– no fueron reflejadas en los precios hasta el segundo y el tercer trimestre de 2008); además, las caídas interanuales de los precios (tanto en vivienda nueva como usada) hasta el tercer trimestre de 2009 (último trimestre con datos en aquella fecha) no ofrecían expectativas de mejora ni para Castellón ni para el conjunto de España. Como dato a tener en cuenta, el precio del metro cuadrado a nivel nacional mostraba una extraña equiparación entre la vivienda nueva y la usada, algo que no ocurría, como dicta la lógica, en Castellón.

Los últimos datos mostrados en Octubre se referían al mes de Julio de 2009 y al tercer trimestre de ese año, mientras que en estos momentos están disponibles ya los datos del mes del primer trimestre y de Abril de 2010, por lo que, antes de continuar con la serie, creo conveniente actualizar los datos y comentar las evoluciones más destacables.

El número de compraventas de viviendas en el conjunto de España se ha mantenido más o menos estable (entre las 32.000 y las 40.000 operaciones mensuales) con ligeras variaciones; como decía en Octubre, los tres datos consecutivos al alza (de Mayo a Julio de 2009) no podían ser tomados con demasiado optimismo, puesto que partían del nivel más bajo de operaciones (el mes de Abril no llegaron a las 30.000) de toda la serie. Y en efecto, en Agosto se registró una nueva caída, aunque en los meses posteriores se han dado oscilaciones tanto al alza como a la baja que han mantenido los niveles, como he dicho con anterioridad, dentro de una cierta estabilidad. El número de compraventas, en cualquier caso, es muy similar (casi al 50%) para ambos tipos de viviendas (nueva y usada); asimismo, las tres caídas consecutivas hasta Abril de 2010 tampoco pueden tomarse ahora en sentido pesimista, como comprobaremos en los gráficos correspondientes a las variaciones interanuales.

Los datos erráticos que ya mencioné en Octubre se mantienen en Castellón en los meses siguientes; así, de las poco más de 200 viviendas nuevas vendidas en Diciembre de 2009 (el peor dato corresponde a Diciembre de 2008, por lo que este mes parece ser el peor para las operaciones de compraventa en Castellón) pasamos a las más de 700 en Agosto de 2009 o a las casi 500 de Octubre, bajando de nuevo a las poco más de 200 en Marzo de 2010. Ese mismo comportamiento errático lo encontramos en la vivienda usada, aunque con caídas y remontadas menos virulentas (desde Enero de 2008, las operaciones en este tipo de viviendas se han mantenido entre las 300 y las 500 mensuales).

Aunque todavía con ciertas reservas (sobre todo en el caso de Castellón), las variaciones interanuales en las operaciones de compraventa parecen mostrar una clara inflexión de la tendencia, sobre todo en la vivienda usada (con cinco subidas consecutivas, las tres últimas por encima del 20%); la vivienda nueva todavía mantiene descensos, aunque ya intercalados con pequeños repuntes en el número de operaciones respecto al año anterior, sin olvidar, no obstante, que el nivel desde el que se partía era el más bajo de la serie.

Los precios nacionales mantienen la tendencia a la baja iniciada en el segundo trimestre de 2008; asimismo, se mantiene también la equiparación de precios entre la vivienda nueva y la usada.

En Castellón se manteniene la tendencia a la baja de los precios de la vivienda usada, aunque la diferencia respecto al de la vivienda nueva se ha visto reducida por el acusado descenso de éste en el primer trimestre de 2009; los dos últimos trimestres han visto un repunte en el precio del metro cuadrado de la vivienda nueva respecto a los trimestres precedentes, aunque las tasas interanuales siguen siendo todavía negativas, por lo que no puede hablarse todavía de una tendencia al alza de estos precios.

Aunque los precios empezaron a moderarse de forma clara desde el primer trimestre de 2006 (año en el que se produjo un acusado descenso en las operaciones de compraventa de viviendas, sobre todo en Castellón), el descenso en los precios del metro cuadrado no se produce hasta el primer trimestre de 2008 en Castellón y hasta el cuarto en el conjunto de España; los últimos datos interanuales muestran lo que parece un claro cambio de tendencia (más acelerado en Castellón), aunque todavía con descenso en los precios del metro cuadrado.

Con esta actualización de los datos podemos continuar con esta serie, cuya próxima entrega versará, como ya había anunciado en Octubre, sobre el mercado laboral.

Para acabar con las dos primeras entregas más esta actualización, mencionar que los datos utilizados hasta ahora provienen íntegramente del Instituto Nacional de Estadística (de su serie Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, cuya fuente primaria es el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España; y de su serie Estadísticas de la Construcción, subserie Precio de las Viviendas, cuya fuente primaria es la Dirección General de Programación Económica del Ministerior de Fomento).

Pasamos de nivel: próxima catástrofe, la guerra

2010-06-14T13:46:00.001+02:00

Los medios de comunicación ultraliberales reaccionaron a la debacle fraudulenta del sistema financiero culpabilizando a los Estados de no se sabe muy bien qué; visto el estrepitoso fracaso de la desregulación de los mercados (fueron los desregulados mercados de derivados –mezclas de productos financieros– los que consiguieron ocultar y globalizar las hipotecas basura), que no olvidemos que es la base sobre la que se sustenta el ultraliberalismo económico (el Estado sólo debería limitarse a garantizar una justicia independiente, quedando el resto de la sociedad en manos de los supuestamente más eficientes mercados), urge salvar toda la devaluada teoría económica ultraliberal, así que hay que buscar responsables al fallo de los mercados fuera de los propios mercados. Y vaya si lo están intentando.

Las más absurdas y patéticas hipótesis son acogidas, siempre que incidan en la dirección correcta –responsabilizar a otros de la catastrófica crisis que nos afecta a todos–, como un credo en los medios de comunicación ultraliberales, que no dudan en elevar a la categoría de expertos gurús a meros chamanes de pacotilla; el principal argumento ultraliberal (ampliamente extendido y aceptado por estas teorías económicas) culpabiliza a un Gobierno de izquierdas (aunque habría mucho que matizar al respecto) de haber intervenido en los mercados y haber sido, con ello, el principal responsable de la crisis financiera internacional. ¿Que cómo? Pues lo cierto es que de una forma tan enrevesada que a cualquier persona poco fanatizada le costaría muchísimo hacerse a la idea de cómo Clinton fue el responsable de la mayor estafa financiera de toda la historia del capitalismo: relajar las condiciones de acceso a una hipoteca.

Yo también creo que Clinton se equivocó, pero no por intervenir en los mercados (puesto que lo que hizo fue desregularlos –justo lo contrario a intervenirlos– al permitir al sector financiero entrar en un sector que hasta entonces le estaba vetado), sino por no acompañar aquella desregulación con un mayor control, dejando al libre albedrío la inconmensurable voracidad del sistema capitalista; no obstante, hay que dejar claro que no fue aquella desregulación la que creó la posterior crisis financiera (pocos querían un producto derivado de aquellas hipotecas basura, perfectamente identificadas y calificadas con riesgo muy alto), sino la posterior adaptación de una fórmula que facilitaba (casi de forma automática) la calificación crediticia de mezclas de productos financieros que estaban compuestos de riesgos completamente dispares (la fórmula simplificaba la forma en la que se podía calificar el riesgo de una mezcla de un producto fiable –como los bonos del Estado– con un producto de alto riesgo –como las hipotecas basura–, de forma que el producto resultante obtenía un riesgo medio) y que salían a la venta en mercados sin ningún tipo de regulación (el paraíso del ultraliberalismo).

Pero lejos de limitarse a teorías tan retorcidas como la anterior (considerando intervencionismo socialdemócrata lo que desde siempre ha sido una desregulación en línea con las teoría económicas liberales), cada día aparece en la prensa ultraliberal algún nuevo artículo que va superando a los anteriores, aprovechando cualquier conferencia o escuela de verano de las hiperactivas organizaciones ultraliberales; lo último ha aparecido hoy en Libertad Digital bajo el sugerente título de «Marc Faber: “Los bancos centrales, no los mercados, están fuera de control”». La entradilla del artículo dice que «el prestigioso inversor Marc Faber insiste en que la crisis desembocará en tensiones bélicas e hiperinflacionarias por culpa de la banca central», y en el interior del artículo (que es en realidad una entrevista) podemos adivinar que a lo que se refiere ese prestigioso inversor es a la Tercera Guerra Mundial, con China (porque «China tiene una larga frontera con varios países») y Japón (porque «las relaciones de Japón con Estados Unidos se han deterioriado») enfrentados a Estados Unidos (y al mundo occidental en general); pero lo mejor es la recomendación que hace este experto: invertir en Asia, que es justo el mercado en el que él mismo opera y en el que es un experto inversor. Sólo le ha faltado dejar su número de teléfono y su cuenta bancaria para ofrecer los servicios de consultor a quien quiera seguir su consejo.

Parece que los agoreros tienen trabajo asegurado una larga temporada en la prensa ultraliberal; Nostradamus sería un consultor multimillonario si hubiese vivido en épocas de crisis como ésta.

A/a: Sres. Mercados

2010-05-18T17:48:00.001+02:00

Muy señores míos:

Hace tiempo que busco su dirección para dirigirme a ustedes y comentarles algunas cosas que no acabo de entender; puesto que esto de la realidad virtual de la red es lo más parecido al mundo en el que parecen vivir ustedes, supongo que este será el medio más adecuado para hacerles llegar esta misiva.

Como los mortales no sabemos muy bien la cara que tienen (la tienen dura, eso sí lo sabemos) ni qué es exactamente lo que quieren (a parte, según nos cuentan los economistas, de generar riqueza… ¿para quién?), no estaría mal que se presentaran a algunas elecciones y así (además de renovar a esta clase política que nos ha tocado sufrir) podríamos elegir cual de ustedes es más guapo, cual de ustedes se merece nuestro respeto (es un decir) o cual de ustedes se merecería un buen cachete; no es que quiera que se metan ustedes en política, pero pienso yo que si son ustedes capaces de hundir países enteros como Grecia (y de hacer tambalear a otros como Portugal, Irlanda o España), es de suponer (igual soy un pobre iluso) que tendrán también la fórmula para hacernos vivir un poco mejor, que es, al fin y al cabo, para lo que teóricamente sirve la política.

Además, conociéndonos mutuamente podríamos intentar evitar que ustedes se enfaden y nos envíen al paro o incluso podríamos advertirles cuando su avaricia (no se me enfaden ahora por llamarles avariciosos, porque el saco se ha roto y yo no he sido) excediese lo que el sentido común (ese gran desconocido para ustedes) dicte.

Y es que, ¿saben lo que pasa? Que esos profetas que ustedes envían para hacer de intermediarios entre ustedes y nosotros tampoco se aclaran entre ellos, unos se contradicen a otros y al final no sabemos muy bien a qué atenernos; muchos de esos profetas (los economistas, para entendernos) tienen una fe tan ciega en ustedes que no se han acordado de preguntarles (los economistas a ustedes) qué pasó con aquella autorregulación de los mercados que tan protegidos nos tenía a todos. Porque claro, la autorregulación de los mercados aparentaba ser (según han explicado siempre sus profetas) un mecanismo automático que impedía que los abusos y las estafas financieras y económicas pudiesen prosperar, castigando en todo caso a quien osara a hacer uso de esas pillerías dentro de los siempre autorregulados mercados; seguro que tienen ustedes una explicación, y a muchos –afectados, sin comerlo y sin beberlo, por esos fallos en su autorregulación– nos gustaría escucharla.

Por no extenderme más, que deben andar ustedes saturados de trabajo haciendo subir y bajar el IBEX, el euro, la deuda o el oro (y, por supuesto, el paro), me gustaría que hicieran una sincera reflexión: visto que ustedes, por sí mismos, han sido incapaces de controlar su propia avaricia y nos han llevado –ustedes solitos, sin la ayuda de nadie– a los demás a la ociosa y mal pagada vida del parado (o, en el mejor de los casos, bordeándola), ¿por qué no dejan que sean otros los que pongan los límites a sus pecados y se dejan de falsas y utópicas autorregulaciones?

Esperando no se ofendan demasiado, reciban un poco cordial saludo de un trabajador que ya se ha hartado de que su trabajo penda de un hilo porque “los mercados están muy mal” y que no entiende cómo, si tan mal están, no los tienen en observación (o no los han desconectado ya).

¿Monumento a todos los caídos?

2010-05-06T01:51:00.001+02:00

El Valle de los Caídos siempre ha estado envuelto de un elevado grado de secretismo, sólo rebajado hasta fechas muy recientes por los artículos que, insistentemente, hablaban de ese monumento como un símbolo de reconciliación nacional, aportando como argumentos datos incontrastables (que no es lo mismo que incontestables) como éstos:

«No se convierte en limitación, ni mucho menos en motivo de exclusión, el haber combatido en bando republicano, como algunos están empeñados en mantener. Éste fue y es un monumento para todos los españoles» (Del apartado «Enterramientos» de la Web Cuelgamuros, El Valle de los Caídos).

«Allí, por piadosa y patriótica iniciativa de Franco, permanecen recogidos los restos de millares de combatientes de ambos bandos en la guerra civil» (Del artículo «La verdad sobre la construcción del Valle de los Caídos», del Boletín nº 101 de la Fundación Nacional Francisco Franco, Enero-Marzo de 2005).

Hablan erróneamente, en el primer artículo citado, de una Orden promulgada el 11 de Julio 1946 (Orden por la que se prorrogan indefinidamente los enterramientos temporales de los restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de Julio siguiente) por una cuestión bien distinta a esa pretendida reconciliación nacional de la que tanto les gusta alardear a los halagadores de la figura de nuestro más reciente dictador.

Dicha Orden, firmada por Luis Carrero Blanco, fue promulgada porque la legislación establecía un plazo máximo de 10 años para dar traslado a los restos mortales desde una sepultura temporal a una fosa común (pasados esos 10 años se debía –y aun hoy se debe– comprar a perpetuidad una sepultura si no se querían perder los restos); como dice la Orden:

«De no llevarse a cabo la adquisición a perpetuidad de un enterramiento, y muy adelantados ya los trabajos de construcción de la cripta que en el Valle de los Caídos ofrecerá digna sepultura a los restos de los héroes y mártires de la Cruzada, se hace preciso evitar que, por falta de medios o por descuido de sus familiares, pudieran perderse algunos de los que dieron su vida por la Patria.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer:

El plazo de diez años, señalado para la duración de los enterramientos temporales, se considerará prorrogado indefinidamente, cuando se trate de enterramientos de restos de caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas en el período comprendido entre el 18 de Julio de 1936 y el 1º de Abril de 1939; o aun en fecha posterior, en el caso de que la defunción fuese a consecuencia directa de heridas de guerra o sufrimientos de prisión».

Como queda meridianamente claro, el Valle de los Caídos sigue estando reservado en 1946, como en sus orígenes, a los «héroes y mártires de la Cruzada», entre los que sólo quedan incluidos los que «perecieron en las filas del Ejército Nacional» (es decir, los soldados) y los que «sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas»; en 1952 seguimos encontrando esas mismas restricciones: «En el Valle de los Caídos serán perpetuados cual merecieron por su muerte en los campos de batalla o en cualquier checa».

En el segundo artículo citado se hace referencia a un anuncio del Gobernador Civil de Madrid publicado en la prensa el 30 de Junio de 1958; dicho anuncio (lo podemos encontrar en la página 37 del ABC de ese día) es una nota informativa sin reflejo alguno en el Boletín Oficial del Estado, manteniéndose invariable por lo tanto el destino original del monumento:

«Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.

A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada» (Decreto de 1 de Abril de 1940 disponiendo se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en las vertientes de la sierra del Guadarrama (El Escorial), conocida por Cuelga-muros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de Abril de 1940).

La nota informativa del Gobernador Civil de Madrid no es en realidad más que una exigencia del Vaticano, cuyo máximo representante (Pío XII) debía declarar oficialmente como Basílica la Iglesia de la Santa Cruz erigida junto a la cripta, hecho que acaecería dos años después de esa nota, en 1960 (siendo Papa Juan XXIII); aunque es evidente que el Vaticano no podía aceptar una cripta en la que sólo podían ser enterrados unos determinados católicos, el texto de la propia nota –mentira piadosa mediante– no deja lugar a ninguna duda:

«Uno de los principales fines que determinaron la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros (Guadarrama), fue el de dar en él sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal que fueran de nacionalidad española y de religión católica».

Así pues, no es cierto, como se afirma en el segundo artículo citado, que la apertura de la cripta a las víctimas del bando republicano fuese una «piadosa y patriótica iniciativa de Franco», quien nunca rectificaría sus órdenes iniciales respecto al verdadero destino del Valle de los Caídos.

Ese hermetismo que ha envuelto siempre todo lo relacionado con el Valle de los Caídos ha servido, sin embargo, para afirmar sin ningún pudor que se trataba de un monumento a todos los caídos porque allí «permanecen recogidos los restos de millares de combatientes de ambos bandos en la guerra civil»; aquella nota informativa del Gobernador Civil servía de argumento, puesto que el anuncio rezaba lo siguiente:

«Próximas a su total terminación las obras de dicho Monumento, se pone en conocimiento de los parientes de personas en quienes concurrieran aquellas circunstancias, invitándoles a que manifiesten, en el plazo de quince días y mediante escrito dirigido a este Gobierno Civil, si desean o consienten que los restos de sus familiares sean trasladados al enterramiento del Valle de los Caídos.

En caso afirmativo, en el escrito en que así lo hagan constar, deberán expresarse:

a) Nombre y apellidos y domicilio del solicitante y su parentesco con la persona cuyo traslado de restos se interesa.

b) Nombre y apellidos del fallecido, con expresión de la fecha, lugar y circunstancias de su muerte, si fueran conocidas.

c) Lugar en que actualmente esté enterrado, con el mayor número de indicaciones posibles para su exacta localización».

El censo detallado de los enterrados en el Valle de los Caídos ha permanecido en secreto hasta el pasado 27 de Marzo, de forma que tanto las cifras que se barajaban como lo que se esperaba encontrar en dicho censo no eran más que especulaciones; por supuesto, podían haber enterrados allí combatientes de ambos bandos. Pero el censo detallado ha revelado alguna sorpresa al respecto.

De las 33.833 personas enterradas en el Valle de los Caídos (muy lejos de las más de 50.000 personas que se suponían enterradas allí), sólo hay identificadas 21.423; las otras 12.410 personas no tienen en ese censo ningún dato que las identifique más allá, en el mejor de los casos, del municipio en el que yacían sus cuerpos.

En la Web de la que se ha extraído la primera cita de este artículo se puede leer:

«Unos en camión, otros en coches fúnebres, van llegando hasta la Cripta, donde los Padres Benedictinos levantan testimonio de cada inhumación».

Nada más lejos de la realidad; casi el 40% de los enterrados en el Valle de los Caídos no se sabe quiénes son. No hubo, por lo tanto, consentimiento alguno de familiares, ni identificación de ningún tipo, en 12.410 casos.

Por supuesto, en el Valle de los Caídos puede haber caídos de ambos bandos; unos, perfectamente identificados, yacen ahora al lado de su particular salvador. Otros, sin embargo, fueron sacados de unas fosas comunes para enterrarlos en otra fosa común junto a su verdugo, siendo vilmente utilizados para afirmar que el Valle de los Caídos es un símbolo de reconciliación nacional porque allí yacen combatientes de ambos bandos.

El Valle de los Caídos, como dictaminó con total claridad el Régimen, es un monumento a los «caídos en nuestra Guerra de Liberación, tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas».

El espíritu de reconciliación impuesto por el Vaticano tuvo que ser asumido a la fuerza por ese Régimen; una imposición que intentó utilizar el franquismo para tapar su revanchismo vengativo sin límites, recurriendo incluso al enterramiento forzoso de asesinados republicanos para intentar demostrar ante la opinión pública lo que era (y sigue siendo, ahora más que nunca con los verdaderos datos encima de la mesa) completamente indemostrable.

Guarderías públicas que cuestan 425 € al mes

2010-04-23T17:44:00.001+02:00

Hay algunos que deben pensar que el ciudadano de a pie es idiota perdido; no digo que alguno no lo sea, pero otros muchos, la mayor parte del tiempo, supongo que no deben serlo.

Alberto Fabra, Alcalde de Castellón, inauguró el pasado 9 de Abril tres nuevas guarderías municipales; aquella inauguración, con vídeo incluido, ha quedado recogida en la propia Web del Ayuntamiento de Castellón: «El Ayuntamiento de Castellón oferta 356 nuevas plazas para niños entre 0 y 3 años en las nuevas Escuelas Infantiles "Biberons", "Peücs", y "Chupetes"». Entre las declaraciones incluidas en esa noticia podemos encontrar las siguientes frases de Alberto Fabra:

“Nos comprometimos que dotaríamos a la ciudad con nuevas guarderías infantiles que permitieran a los padres y madres tener un recurso económico, de calidad y cercano para los niños y niñas de 0-3 años. Y lo hemos conseguido. Hemos creado 3 escuelas infantiles en los distritos sur, norte y oeste.”

“Vamos a permitir la escolarización de 356 niños y niñas de Castellón y, probablemente serán esas casi cuatrocientas familias las que se van a beneficiar el próximo curso de estos servicios.”

“Estamos dando servicio a las familias para conciliar la vida familiar y laboral.”

En el propio texto de la noticia, publicada por el propio Ayuntamiento en su Web municipal, encontramos también estas frases:

La gestión administrativa, técnica y pedagógica de la escuela, así como su organización, estará bajo la supervisión del Ayuntamiento de Castellón, y sujeta a lo regulado en la normativa vigente para la financiación y gestión de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil, y todas las normas establecidas en esta materia de ámbito estatal y autonómico.

Las Escuelas Infantiles de titularidad municipal están acreditadas por la Conselleria de Educación, entrando a formar parte de la red pública de Escuelas Infantiles como un servicio que parte de las necesidades sociales y educativas de atención infantil.

Cualquiera diría (ver los textos remarcados en negrita, extraídos de la noticia publicada por el propio Ayuntamiento) que se trata de tres nuevas guarderías públicas. Pues no.

No es el Ayuntamiento quien oferta 356 nuevas plazas de Educación Infantil, sino una empresa privada; una empresa privada (una Unión Temporal de Empresas integrada por Mediterránea Gestión Social y Cultural, S.R.L., Atreyu Blota Carto, S.L. y Mistral 2010, S.L.) que, por supuesto, se ha creado para generar beneficios a sus socios. Para no andarnos con rodeos, esa UTE (es decir, esas tres empresas privadas) va a ingresar cada curso entre 1.110.720 € y 1.815.600 € gracias a la conciliación de la vida familiar y laboral de las 356 familias que matriculen a sus hijos allí; en total (puesto que el contrato es para cuatro años, prorrogables hasta ocho), los padres van a ingresar a la UTE entre 4.442.880 € y 14.524.800 €. No está nada mal, ¿verdad?

¿Y qué percibe a cambio el Ayuntamiento? Pues nada. Absolutamente nada. Por no percibir, el Ayuntamiento no percibe ni alquiler. Claro, que al Ayuntamiento le salió barata la construcción de las tres guarderías: costaron en total 3 millones de euros, a cargo, cómo no, del Plan-E.

Es decir, que el Ayuntamiento de Castellón ha construido tres guarderías con dinero público ajeno y les ha regalado los tres locales a tres empresas privadas.

Mediterránea Gestión Social y Cultural (convertida en sociedad anónima esta misma semana) es una vieja conocida del Ayuntamiento de Castellón (aunque también de los de Almazora u Oropesa), puesto que ya se le han adjudicado otros servicios con anterioridad (desde una ludoteca hasta la elaboración y ejecución de ferias para la tercera edad, pasando por la elaboración de los stands de Castellón para ferias turísticas o el mantenimiento de las aulas municipales de informática); Mistral 2010, aunque se trate de una empresa de nueva creación (2009) y tenga su sede social en Madrid, tiene al mismo administrador que la anterior. Este administrador lo es también de otras empresas beneficiarias de diversas adjudicaciones por parte del Ayuntamiento de Castellón, como Intur Esport, S.L. (empresa concesionaria de diversos servicios de ayuda a domicilio, del servicio de dinamización de parques o del servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Castellón); además, en Intur Esport coinciden los mismos cargos sociales que ostentan la administración de Mediterránea Gestión Social y Cultural, entre ellos algún profesor de educación física de un Instituto de Educación Secundaria de Castellón cuya familia está muy ligada al deporte.

Atreyu Blota Carto, la tercera empresa concesionaria de las nuevas guarderías, no parece tener relación con las dos anteriores; no obstante, su sede social (Colmenar Viejo, en Madrid) coincide con la localidad en la que se firmó la última modificación mercantil de Mistral 2010, además de haber constituido al menos otra UTE junto a Mediterránea Gestión Social y Cultural (en San Sebastián de los Reyes, otro ayuntamiento con mayoría absoluta del PP).

Por supuesto, estos datos no tienen ningún otro significado que el mero hecho de que coincidan varias empresas y sus cargos en el espacio y en el tiempo en un sinnúmero de adjudicaciones de diversos ayuntamientos de un mismo color político.

Y volviendo al tema principal de esta entrada (el precio de las guarderías públicas de Castellón), aclaremos finalmente que los 425 € al mes podrían verse reducidos en un importe indeterminado gracias al bono infantil (habrá que dividir los 31 millones presupuestados para todo el curso entre todos alumnos de todas las guarderías de la Comunidad Valenciana que se acojan al mismo); claro, que como muchos sabrán (y quien no lo sepa, lo sabrá ahora), ese bono tampoco tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Castellón, aunque éste cuente con él a la hora de calcular el precio final de la mensualidad.

En relación con este futurible, baste indicar que a fecha de hoy esas tres guarderías aun no constan entre las autorizadas por la Generalitat Valenciana; y las guarderías que no estén autorizadas no pueden solicitar ese bono. Y el plazo para solicitar los bonos finaliza el 30 de Abril, que es el viernes que viene.

El principal riesgo que corre el mentiroso es que la mentira le estalle en la cara; en el Ayuntamiento de Castellón tienen una semana para evitar que la mecha alcance la pólvora.

¿Lo conseguirán?

Sintrom a mansalva para nuestr@s abuel@s

2010-04-17T01:51:00.001+02:00

Antes de entrar en materia, una advertencia: no soy médico, ni pretendo suplantar las prescripciones médicas que se aplican a cada paciente; tampoco es una crítica contra el medicamento en sí, cuyas virtudes no voy a cuestionar en absoluto, ni esta entrada va a versar sobre polémicas con ningún laboratorio o marca comercial. Dicho esto, vayamos al tema.

El Sintrom parece haberse convertido en la panacea médica para la tercera edad; parece que no hay médico que se precie que no recete un buen número de pastillas para evitar las tan comunes y temidas trombosis en las viejas arterias de nuestros abuelos y abuelas.

De la misma forma, nuestros abuelos y nuestras abuelas saben de sobra que, más pronto que tarde, algún día llegarán al Club de los Ensintromados. “Ya me toca el Sintrom” debe ser una de las frases más repetidas entre la tercera edad.

Como todo medicamento, el Sintrom tiene determinados efectos secundarios, puesto que al ser un anticoagulante de la sangre puede afectar a cualquier parte del cuerpo del paciente; así, se citan en el prospecto posibles hemorragias (las más comunes en la nariz, aunque también pueden ser internas), entre otros muchos que no es necesario reproducir aquí para no asustar al lector (no pasa sólo con el Sintrom, sino con casi todos los medicamentos: una vez llegamos al apartado de efectos secundarios, la primera reacción es tirar la receta, la caja, el prospecto y, sobre todo, el medicamento, a la basura, puesto que si nos lo tomamos seguro que nos vamos a poner peor de lo que estamos).

Sin embargo, el prospecto del Sintrom no incluye como efectos secundarios ciertos síntomas que, en el mejor de los casos, pueden resultar desagradables; me refiero a síntomas que los médicos parecen achacar exclusivamente a la avanzada edad del paciente, como pueden ser debilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza o falta de aliento.

Cuando a un familiar cercano le detectaron, hace ya unos años, una pequeña trombosis pulmonar, pasó a formar parte del Club de los Ensintromados; como buen paciente que es, se tomaba sus prescritas dosis diarias de pastillas puntualmente. Pero de ser una persona activa (trabajaba todos los días en el campo siendo casi octogenaria) pasó a verse completamente impedida para realizar cualquier otra tarea que no fuese permanecer sentada frente al televisor o estar en posición horizontal.

Cuando fue a visitar a su médico a contarle su situación, este debió pensar: “¡Pero cómo no va a estar cansada, si tiene casi ochenta años!”; así que le recetó más dosis de otras pastillas cuyo único efecto fue que, además de estar rendida, le provocaba mareos. Así que la única solución, a sus casi ochenta años, era resignarse y vivir como una anciana desvalida de ochenta años.

Por supuesto, eso le acarreó otros problemas, mucho más indetectables médicamente: sensación de inutilidad y de ser una carga para sus familiares, desesperación ante la imposibilidad de realizar un mínimo esfuerzo sin que notara que le faltaba el aire… Puesto que los síntomas aparecieron tras su salida del hospital, la causa podía ser la administración de sus elevadas dosis diarias de Sintrom, pero también podía tratarse de un efecto irreversible de la trombosis pulmonar (aunque esto no nos fuera advertido al recibir el alta médica), así que mantuvo las dosis prescritas durante una temporada más. Cada vez que iba a realizarse los análisis periódicos daba la vara a quien le atendía, pero como los análisis de sangre siempre le salían bien (estaban dentro de los parámetros considerados normales), nadie le cambiaba la dosis; todos los médicos debían pensar como su médico.

Por suerte, un médico amigo de la familia tuvo conocimiento de su nueva y desesperante situación, así que nos advirtió de que uno de los efectos secundarios del Sintrom era ese estado de desvalimiento; le recomendó que disminuyese ligeramente sus dosis de Sintrom poco antes de sus próximos análisis, y que si los análisis seguían mostrando unos niveles normales, que mantuviese las nuevas dosis. Eso sí, que no se lo dijera a su médico (más adelante veremos por qué).

Pues hete aquí que la disminución de sus dosis de Sintrom le hicieron revivir, que los análisis siguieron saliendo perfectos y que nunca más se sintió desvalida por el exceso de pastillas prescritas. Eso sí, su médico sigue sin saber nada.

¿Tan difícil resulta disminuir las dosis de un medicamento que deja desvalidos a ancianos llenos de vitalidad? ¿A qué se debe esa reticencia a modificar las dosis prescritas de un medicamento, aun a costa de la degradación en la calidad de vida del paciente?

Pues la solución a esta extraña casi unanimidad entre los médicos me ha llegado por el caso de otro familiar del Club de los Ensintromados; en este caso, el efecto secundario era de los que sí están en el prospecto: una hemorragia nasal que le ha tenido más de medio día ingresado en el hospital al tener que recibir una transfusión ante la excesiva pérdida de sangre.

¿Y cuál creen ustedes que ha sido la solución a esa enorme hemorragia nasal, síntoma reconocido de un exceso en las dosis necesarias de Sintrom? Pues la solución ha sido taponarle la nariz… ¡y mantenerle las dosis de Sintrom! ¿Pero qué les pasa a los médicos con el Sintrom?

La razón que le han dado para no reducirle las dosis de Sintrom ha sido que el cardiólogo que lleva su caso no estaba en el hospital… y no estará hasta la semana que viene, así que si vuelve a tener una hemorragia… que acuda al hospital y le taponarán otra vez la nariz.

¿Tan difícil resulta dar unas instrucciones para casos tan flagrantes de exceso de dosis de Sintrom? ¿Tan difícil resulta explicar que ante una hemorragia nasal como esa es procedente eliminar parte de la dosis?

Pues no, parece que no. Las dosis de Sintrom se mantienen y punto. Porque lo ha dicho el cardiólogo. Y que nadie se atreva a tocar las dosis de su paciente.

Pues yo, sinceramente, no lo entiendo. ¿Alguien me lo quiere explicar?

Pío Moa, todo un artista

2010-04-16T01:24:00.001+02:00

Un artista de la manipulación, claro.

En sendos artículos suyos a cuenta de la memoria histórica, Pío Moa (poco amigo de las leyes, de la justicia y de todo lo que huela a democracia) nos muestra su particular modo de ver la realidad.

En el primero de sus artículos (Aclarando ideas al señor Carrillo) nos dice:

Los crímenes del Frente Popular, que no del "campo republicano", no fueron mucho menores que los contrarios, sino prácticamente iguales en número, mayores proporcionalmente a la extensión y población sometidas a ellos, y acompañados de un sadismo que no se alcanzó en el bando nacional. Todo eso está hoy suficientemente documentado, le recomiendo que lea, entre otros, a R. Salas Larrazábal, a A. D. Martín Rubio, o mi Los crímenes de la guerra civil.

Pocos párrafos pueden contener tanta cantidad de mentiras.

Los crímenes cometidos en zona republicana (cometidos por el Frente Popular, pero también por personas ajenas al mismo cuya motivación era, como ocurrió en la zona nacional, estrictamente personal) ascienden a unos 50.000; los cometidos en zona nacional ascienden a unos 150.000. El número de crímenes en una y otra zona difieren notablemente, aun cuando en ambos casos deba considerarse que estamos ante una represión brutal.

Pío Moa toma los datos aportados por Ramón Salas Larrazábal en 1977 (y utilizados también por A. D. Martín Rubio) en base a un estudio elaborado a partir de los datos obrantes en los Registros Civiles; según ese autor (militar franquista, para más señas) todos los asesinados por la represión en ambos bandos estaban correctamente registrados. Sus conclusiones: los sublevados cometieron casi 60.000 asesinatos y los republicanos casi 75.000.

Esas disparatadas conclusiones (que Pío Moa toma como ciertas asumiendo alguna rectificación) tienen su explicación en la duplicidad de asesinados por los republicanos, muchas de cuyas víctimas aparecen registradas tanto en su lugar de origen como en el lugar donde fueron ejecutadas; la Causa General (que juzgó los crímenes del bando republicano) determinó que fueron casi 40.000 los ejecutados por la represión marxista, aunque se estima que fueron unos 50.000 los realmente represaliados.

Por otra parte, Ramón Salas Larrazábal aportó datos que se han demostrado completamente erróneos a través de estudios parciales; así, según este militar franquista fueron 2.964 las personas ejecutadas en la provincia de Badajoz por parte de los nacionales (eso es lo que consta registrado oficialmente), aunque algunos estudios posteriores han demostrado que las ejecuciones ascendieron en realidad (a falta de los datos de 73 municipios de la zona oriental de esa provincia) a más de 8.000.

Pío Moa no sólo obvia a conveniencia los estudios de Julián Casanova o de Francisco Espinosa Maestre que demuestran los errores de Ramón Salas Larrazábal, sino que además pretende realizar una comparación proporcional para relativizar el número de víctimas de la represión franquista. Es como si pretendiéramos extrapolar los datos de las víctimas de la organización terrorista GRAPO durante sus dos primeros años de vida (que es cuando Pío Moa estuvo integrado en ella como fundador bajo el alias de Verdú) y concluyéramos que los seis asesinados y los dos secuestrados son mayores proporcionalmente que los casi 1.000 asesinados y secuestrados por ETA teniendo en cuenta el período de tiempo estudiado y el número de militantes de cada grupo terrorista. Es de esperar que tamaña muestra de manipulación no le hiciera ni pizca de gracia al arrepentido fundador de los GRAPO, aunque él la utilice sin vergüenza alguna para intentar vanamente demostrar algo que es indemostrable por ser completamente falso.

Respecto al nivel de sadismo empleado por unos y otros, baste reproducir algunos textos de oficiales franquistas como el General Emilio Mola («Es necesario propagar una imagen de terror; cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del
Frente Popular debe ser fusilado») o el General Queipo de Llano («Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará») para entender que el nivel de sadismo entre los envalentonados nacionales no debía andar muy lejos del que debía imperar en el otro bando.

Sigue Pío Moa el artículo culpabilizando de los fusilamientos de republicanos a los líderes del Frente Popular (tal cual) y justificando la represión de inocentes en base a que la mayoría sí eran culpables. Pero nos detendremos en este otro párrafo:

Los franquistas autores de crímenes no fueron juzgados, como pasa en todas las guerras con los vencedores. En la II Guerra Mundial también los aliados cometieron numerosos crímenes, pero no se juzgaron a sí mismos.

Resulta curioso (por decir algo) que Pío Moa compare a los aliados en la II Guerra Mundial (que lucharon contra el levantamiento en armas de Hitler) con los golpistas que cambiaron el régimen democrático (más o menos perfecto para aquellas épocas) existente en España a través de un alzamiento armado. Esta ridícula comparación dice mucho sobre su forma de entender la Historia; después publica lo que publica y se ofende cuando los historiadores lo ponen en ridículo.

En su otro artículo (La justicia según el New York Times) critica la injerencia de ese diario en el caso seguido contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, acusando al periódico estadunidense de ignorante, entre otras muchas lindezas; detengámonos en este párrafo:

Hay más que suficiente material publicado que prueba, sin lugar a dudas, que lo más próximo a un genocidio cometido en España fue, sin duda, la persecución religiosa, de la que sus autores y quienes se consideran herederos de sus autores jamás han mostrado el más ligero indicio de autocrítica.

Ese material publicado más que suficiente son, por supuesto, sus libros y los del militar franquista Ramón Salas Larrazábal; en el artículo niega que el franquismo pueda ser acusado de genocida o de cometer crímenes imprescriptibles de acuerdo con la legislación internacional suscrita por España y que, por el contrario, sí podrían ser juzgados por ello los líderes del Frente Popular (que, recordemos, no fueron quienes se alzaron en armas contra el Gobierno elegido en las urnas unos meses antes).

El problema es que nadie niega (aunque Pío Moa intente hacer parecer lo contrario) que se asesinó a religiosos (unos 7.000); sin embargo, y a pesar de lo escandaloso de la cifra (reconocida de forma casi unánime por todos los historiadores), los dirigentes de sindicatos obreros o de partidos políticos de izquierdas que fueron represaliados constituyeron el grueso de los 150.000 asesinados por el bando nacional.

Si, según el argumento utilizado por Pío Moa, 7.000 asesinados está muy próximo a un genocidio, la cifra de 150.000, ¿a qué se debe aproximar según esa particular forma de argumentar?

Gürtel según Canal 9

2010-04-08T00:20:00.001+02:00

El levantamiento del secreto de parte del sumario del caso Gürtel no podía fallar a la cita manipuladora de nuestra televisión más dicharachera.

Voy a hacer una simple transcripción de la noticia introduciendo algún comentario aislado, puesto que el guión lo dice casi todo (no del contenido de los 50.000 folios del Sumario, pero sí de otras muchas cosas):

“Reacciones del Partido Popular después de conocerse los detalles del sumario del caso Gürtel.

Según los populares, esta documentación no aporta nada nuevo y añadieron que se trata de un sumario que hemos conocido durante todo un año a partir de filtraciones interesadas.”

Aquí acaba en realidad la noticia. No hay nada nuevo porque lo ha dicho el Partido Popular.

A partir de este momento, hay que dar paso a la oposición, que el caso lo merece. Veamos.

“Después de más de un año de filtraciones periodísticas continuas, el sumario del caso Gürtel ha visto la luz; una investigación que inició el juez Garzón y que el Partido Popular siempre ha considerado una caza contra su formación.”

Hablando de caza, en este preciso instante aparece la portada de El Mundo con el dimitido Bermejo y el juez Garzón cazando en una finca de Jaén.

“De hecho, la relación entre el juez, cargos policiales y quien era en aquel momento Ministro de Justicia provocaron la dimisión de Bermejo.”

La oposición ya ha tenido su primer momento de gloria (¿y qué pintará Bermejo en todo esto?). Pasemos ahora a repetir el mantra.

“Para el PP, el sumario conocido ahora no aporta nada nuevo y recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya archivó la parte valenciana del caso.”

No hubiese estado de más que hubieran advertido que El Bigotes sólo hacía chanchullos con los chinos de Sudáfrica; pero volvamos a darle cancha a la oposición, que el caso lo sigue mereciendo.

“Sí que se preguntan [el PP] por el hecho de que los socialistas valencianos tuvieran acceso a un sumario secreto una semana antes de hacerse público, tal y como el portavoz del PSPV mostró en las Cortes Valencianas.”

Ya está bien de oposición. Volvamos a la opinión del PP.

“Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas: «El haber estado revelando secretos del sumario, propiciando intoxicaciones hacia la opinión pública, filtrando informaciones que no eran reales, es propio de personas que están en el límite de la delincuencia».”

Hoy se lo merece la oposición. Unos segundos más para ellos:

“Ni Jorge Alarte ni Ángel Luna han querido decir cuál es la procedencia del informe”.

Y así acaba la noticia sobre el caso Gürtel.

Supongo que esto es lo que habitualmente se llama rigor informativo.

Libros a 200 euros

2010-04-06T17:58:00.001+02:00

En vista de los regalos que repartió El Bigotes entre los altos cargos de la Generalitat Valenciana con motivo de las Navidades, no es de extrañar las feroces luchas internas dentro de los partidos políticos para ser alguien (aunque sea de florero) dentro del organigrama del poder.

Sin duda que el reloj de 400.000 pesetas (2.400 €) que le regalaron a Milagrosa Martínez (Consellera de Turismo, que recordemos que es el sector en el que mejor se desenvolvían esta pandilla de corruptos, puesto que fueron los organizadores de la feria FITUR durante varios años consecutivos) se lleva el récord absoluto, aunque tampoco desmerecen la maleta de Ricardo Costa (casi 200.000 pesetillas), un bolsito de 780 € para la mujer de Víctor Campos y otro de 750 € para la de nuestro Molt Honorable President Francisco Camps o los 450 € de la corbata del Conseller Font de Mora.

Por supuesto, hay tiendas de lujo con esos precios y personas dispuestas a pagarlo. Me lo creo.

La ristra de personas con gemelos de 100 € debían formar parte de los compromisos por pequeños favorcillos, muchos de ellos en el entorno de nuestro Molt Honorable President (uno de sus asesores) o de su defenestrado Vicepresidente (incluyendo a su jefe de prensa).

Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido el libro de 200 € que le regalaron a un tal Antonio Corbí, de quien no hay más datos en la lista de aguinaldos. Se me ha venido a la cabeza que se tratase de alguno de los tomos de la Enciclopedia Británica, que tiene fama de ser lo mejor de lo mejor, pero la edición de lujo (limitada a 500 ejemplares) no pasa de los 120 € por tomo; también me ha venido a la cabeza el Samuelson, pero sus casi 1.000 páginas de teorías económicas no pasan, en sus ediciones más caras, de los 70 €. Claro, que todo cambia si el libro de marras se compra en un anticuario, como parece ser el caso.

Pero lo que más me ha llamado la atención es que el destinatario de ese libro, pagado (es decir, financiado) por una empresa dedicada a la organización de ferias turísticas como FITUR, pueda ser alguien con sotana y alzacuellos. ¿Qué pinta en todo este embrollo la Iglesia Católica? ¿Qué tienen que ver la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y su Instituto Universitario de Investigación en Derechos Humanos Benedicto XVI con toda esta trama corrupta?

Sólo hay un evento que reúna todos los requisitos y que, además, cuente con al menos dos de los protagonistas incluidos dentro de los agasajados: el Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en Valencia en Julio de 2006.

Aquí los tienen.

Sectores gubernamentales y políticos de la izquierda y de la prensa laicista más radical fomentan el sexo con niños

2010-04-06T17:26:00.001+02:00

Esta es la reacción a los casos de pederastia en la Iglesia Católica; las más rancias ideas sectarias e hipócritas de los cristianos españoles defensores de la criminalización de las mujeres violadas siguen saliendo a la luz, cada vez de una forma más burda, torticera y maquiavélica.

Tras haber dejado un agujero de 30.000 euros (5 millones de pesetas) con una campaña antiabortista que les costó 70.000 euros cuando sólo tenían disponibles 40.000, la organización ultracatólica Hazte Oír (HazteOir.org) sigue enrabietada y embiste ferozmente ahora contra todos aquellos que se definan más o menos próximos al gobierno, contra todos aquellos que ellos mismos consideren que están menos a la derecha de lo que debieran y, en definitiva, contra todos aquellos que no hacen de la religión católica su ombligo particular, acusándoles de fomentar la pederastia.

Pero no contentos con eso, equiparan a cualquiera que ose expresar su repulsa ante los casos de pederastia entre los sacerdotes católicos, y también ante la condescendiente pasividad e hipocresía de los más altos estamentos eclesiásticos ante esos casos, los equiparan, decía, con los partidarios de la guillotina en la Revolución Francesa, con los nazis alemanes y con los asesinos de religiosos durante la Guerra Civil española.

Transcribo aquí los dos párrafos que podrían pasar sin demasiada dificultad a los anales de la desfachatez, de la hipocresía y del odio:

Pero el brutal hostigamiento contra el Papa y toda la Iglesia no se ha detenido en una defensa de la infancia que tiene mucho de farisaico, viniendo de sectores gubernamentales y políticos de la izquierda y de la prensa laicista más radical que fomentan el sexo con niños, adoctrinan sobre las bondades de su práctica en las escuelas públicas y promueven, de común acuerdo con la poderosa minoría del lobby gay, cambios de mentalidad y legislativos para rebajar la edad en la que es lícito mantener relaciones con un menor.

La clave de fondo de esta nueva campaña, una más de la obstinada corriente de odio anti-religioso que nace con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días, pasando por ominosos episodios de exterminio masivo como la shoah en la Alemania nazi y la quema de iglesias y el asesinato de religiosos en la España republicana y guerracivilista, radica en que la Iglesia Católica se ha convertido en el más sólido obstáculo a las políticas contra la dignidad humana y contra la libertad individual seguidas por gobiernos occidentales de todo signo.

Camps nos toma el pelo (I): Ayudas a la vivienda

2010-03-24T09:20:00.001+01:00

Todos sabemos que las desgravaciones estatales por el alquiler de la vivienda habitual desaparecieron hace unos años; o que las desgravaciones por la compra o rehabilitación de nuestra residencia desaparecerán para las adquisiciones que se produzcan a partir del próximo año. Canal 9 nos informa puntual e insistentemente de las impopulares medidas que toma el Gobierno central y que nos afectan, queramos o no queramos, a todos los valencianos.

Pero, ¿alguien sabe que el 42% de las familias valencianas con su vivienda alquilada perdieron el derecho a deducirse ese alquiler en la declaración de la renta realizada en nuestra Comunidad Autónoma en 2008?

Según la Encuesta de condiciones de vida de 2008, ese año vivían en alquiler 8.100 familias valencianas; ese era el número de familias que, teóricamente, podían deducirse el 10% (más de una mensualidad) del alquiler pagado en 2008 a través de su declaración de la renta de ese año.

Pero nuestro Molt Honorable President debió pensar que 8.100 familias eran muchas familias, así que introdujo un requisito adicional para poder desgravarse ese 10% del alquiler de todo el año 2008: que la fianza del alquiler se hubiese depositado en la Agencia Valenciana de Alquiler.

Si hemos de hacer caso a las noticias de autobombo de la propia Agencia Valenciana de Alquiler, en 2008 había, como máximo, 4.700 contratos de alquiler formalizados a través de esta Agencia; de un plumazo, al menos 3.400 familias valencianas (el 42% de las que vivían en alquiler) se quedaron sin esa desgravación.

Por otra parte, reclamar la gestión de determinadas ayudas, como la Renta Básica de Emancipación (210 € mensuales a jóvenes entre 22 y 30 años), haciendo pasar todas las solicitudes por la Conselleria competente, sirve para apuntarse los tantos que otros marcan para, además, anunciarlo a bombo y platillo como una ayuda propia cuando en realidad de esos 210 € nuestro Molt Honorable President no pone ni un solo euro.

Pero de eso Canal 9, la televisión de todos los valencianos, no habla.

La maquinaria de los bancos se pone en marcha, pero…

2010-03-23T18:13:00.001+01:00

Parece que el tan ansiado punto de inflexión de la crisis ha llegado por fin; claro, que el hecho de que ya hayamos pasado por el fondo de la crisis no significa que todos los problemas que ésta ha generado se vayan a solucionar hoy, ni mañana, ni pasado. Pero al menos, parece, el fondo se va a ir alejando poco a poco.

El mejor síntoma de ese punto de inflexión es que la maquinaria financiera de los bancos, y sobre todo de las cajas, se ha puesto de nuevo en marcha; la venta de viviendas está remontando gracias a que la antaño congelada concesión de préstamos para adquirirlas ha empezado a descongelarse. Pero que nadie espere encontrar en el sistema financiero la solución a la crisis.

El sistema financiero está gravemente tocado, y la opacidad con la que las entidades de ese sector suelen trabajar no ayuda lo más mínimo a conocer lo terminal de su enfermedad; la revivida concesión de préstamos para la adquisición de viviendas no significa, aunque muchos estén dispuestos a verlo así, que el sistema financiero ya se haya repuesto de la debacle que nos arrastró a todos.

Las entidades financieras se han puesto de nuevo en marcha porque han encontrado la forma de sanear sus maltrechas cuentas a costa de las aun más maltrechas cuentas del sector inmobiliario, y no porque hayan decidido resucitar su otrora gallina de los huevos de oro, sino porque no hacerlo podría arrastrarles a muchas de ellas a una inevitable quiebra en cadena.

Las compras que está financiando la banca en España no están, aunque pudiera parecerlo, dentro de las transacciones normales de mercado; lo que está financiando hoy la banca es la dispersión de su riesgo crediticio, alejándolo aceleradamente del sector inmobiliario para repartirlo entre particulares. Y es que raras son las operaciones de financiación de compra de viviendas que no sean un mero traspaso de la titularidad de la hipoteca entre dos clientes de una misma entidad financiera; en eso consisten, básicamente, las actuales ofertas para la compra de vivienda, como el “Compromiso Vivienda Bancaja 2010”, que se nutre de las promociones que ella mismo financió y que han estado estancadas durante tres largos años porque nadie quería financiar a los compradores.

Si el sector financiero hubiese continuado durante mucho tiempo con aquellos primeros chollos que publicitó la banca al completo (consistente en la venta de viviendas a precio de hipoteca) se hubiesen visto abocados al suicidio colectivo, puesto que les estaban aplicando una eutanasia encubierta a unas empresas inmobiliarias con unas viviendas hipotecadas a precios muy superiores a los que estaban ofertando bancos y cajas. Y la muerte forzada de esas empresas inmobiliarias les hubiese inundado de nuevas viviendas con un tipo de interés nulo (es decir, sin ingresos por intereses) y cuya amortización hubiese sido imposible sin incurrir en pérdidas (puesto que hubiesen tenido que rebajar la hipoteca concedida inicialmente para adaptarla a los precios que ellos mismos estaban imponiendo).

En definitiva, que aquel dicho de que la banca nunca pierde es tan real como esta crisis que nos ha tocado aguantar.

Nota adicional: El Banco de España ha obligado a las entidades financieras a provisionar (es decir, a considerar como pérdidas que pueden ser recuperables o no) tanto los numerosos inmuebles que han adquirido por ejecuciones de hipotecas (se considera como pérdida el 30% de su valor) como la totalidad de las refinanciaciones de deudas que, a 31 de Diciembre de 2009, mantenían algún tipo de impago. Muchas cajas de ahorro han sufrido pérdidas (la mitad, según el último informe de la CECA) por esta última medida en el último trimestre del año, mientras dos (Caja Castilla la Mancha y Cajasur) han cerrado 2009 con unos 500 millones de pérdidas cada una; estas pérdidas, directamente relacionadas con el sector inmobiliario, son las que quieren evitar a toda costa las entidades financieras.

Propongo una indemnización por despido de 365 días por año trabajado

2010-03-02T21:33:00.001+01:00

Y subir el Salario Mínimo Interprofesional a los 6.000 €, aunque esto se podría revisar.

Y subir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social al 100%.

Y cláusulas obligatorias en los contratos según las cuales esté prohibido despedir a ningún trabajador mientras la empresa no entre en quiebra técnica.

Y la devolución a favor del Tesoro Público del 10% de los dividendos repartidos entre los accionistas por cada trabajador despedido por la empresa de la que tengan acciones.

Y…

¿Que se me ha ido la olla? Bueno, a éstos también, y están negociando con el Gobierno.

¿Se mueven las baldosas de tu acera?

2010-02-08T13:44:00.001+01:00

El pasado viernes cedió una parte del pavimento de la recién remodelada Plaza Fadrell de Castellón (se hizo un boquete en el suelo de unos dos metros de diámetro y unos 50 centímetros de profundidad); no, no cedió ante un golpe virulento ni por un excesivo peso. Cedió al paso de un viandante.

En estos mismos momentos hay cuatro trabajadores del Ayuntamiento reparando el boquete; independientemente del número de operarios necesarios para realizar la reparación (con dos sería más que suficiente, puesto que hay uno mezclando la arena, el cemento y el agua, otro colocando las nuevas bladosas y los otros mirándose entre ellos), en estas épocas de crisis no parece que algunas administraciones públicas estén por la labor ya no sólo de ahorrar en gastos (que también), sino tampoco de hacer las cosas más o menos bien para que no haya que estar haciendo reparaciones cada dos por tres.

Vayamos al origen del problema: tenemos, en general (y no sólo las administraciones públicas) unos oficiales de pacotilla. A pocos oficiales con dos dedos de frente y/o con algo de experiencia se les ocurriría rellenar con 50 centímetros de cemento el firme sobre el que han de sostenerse las baldosas, porque justo esa ha sido la causa de que se produjera el boquete que ahora están reparando.

Primera razón para no hacerlo así: el derroche de dinero público en cemento. Segunda razón para no hacerlo así: el derroche de dinero público en reparaciones contínuas por la deficiente construcción de las aceras. Tercera razón para no hacerlo así: la seguridad de los viandantes.

¿Y cómo habría que hacerlo, se preguntarán algunos? Pues con algo tan simple, tan abundante y tan barato como las piedras.

Introducir piedras entre el cemento ahorra cemento. Introducir piedras entre el cemento evita que se formen burbujas de aire entre el cemento, que son las que han causado ese boquete. E introducir piedras entre el cemento evita que ante el peso de un viandante pueda ceder el piso de las aceras.

El problema es que en ninguna obra de las muchas que se han realizado durante este pasado año con el Plan-E he visto a ningún operario poner piedras entre el cemento. Todas las aceras de Castellón son susceptibles de ceder ante el paso de un viandante cualquiera.

Se compra cemento a mansalva, se mezcla bien y se echa tal cual en las aceras; y con pegarle cuatro golpes con el martillo a las baldosas se acabó el trabajo… hasta que las baldosas empiezan a moverse (porque se forman bolsas de aire en el cemento) y hay que volver a levantar el suelo para cambiarlas por otras nuevas.

Viva la crisis, viva los oficiales de pacotilla y vivan nuestras administraciones públicas.

No explotarás al jornalero

2010-02-05T12:17:00.001+01:00

Retrasar el descanso del trabajador dos años, quitarle en plena crisis 33,33 € de su nómina cada mes, quitárselos también al trabajador que ha decidido iniciar ese descanso o anunciarle que para calcular la pensión que percibirá durante su retrasado descanso se va a tener en cuenta el importe de la nómina que cobraba 25 años antes solicitar la jubilación.

O fue un error el pasaje de la Biblia que eligió Zapatero para leerlo en público en su visita a Estados Unidos (que se inicia con la frase que titula esta entrada) o son un error tras otro las medidas que nuestro Presidente está proponiendo para salir de esta interminable crisis.

Puede entenderse que los privilegiados que aun mantenemos hoy nuestro puesto de trabajo debamos ser solidarios con quienes lo han perdido, así que, aunque a regañadientes, podemos aceptar que los 400 € de menos que pagamos a las arcas públicas los dos últimos años los tengamos que pagar este año para ayudar a cubrir los subsidios por desempleo que, me temo, algún día tendré que cobrar yo también; aunque también entiendo que si yo, mileurista, puedo hacer un esfuerzo de 400 €, también lo podrán hacer los dosmileurista de 800 € al año, los cuatromileuristas de 1.600 € y los controladores aéreos o los futbolistas de un porcentaje similar (por ejemplo, al controlador aéreo que el año pasado cobró 900.000 € le correspondería este año un esfuerzo solidario de 30.000 €). Si hay que hacer un esfuerzo, se hace, pero que todos realicen ese esfuerzo en función de sus posibilidades.

Lo que ya no se entiende tanto es que el esfuerzo lo deban hacer también los trabajadores que han pasado a disfrutar de su merecido descanso tras al menos 15 años durante los cuales ya ejercieron esa solidaridad; y es que un trabajador en activo siempre puede tener la oportunidad de recuperar su poder adquisitivo perdido por una medida como ésta buscando otro trabajo mejor remunerado, pero un pensionista sólo puede esperar que los Presupuestos Generales del Estado le concedan una revalorización acorde al menos con el IPC. Y si esa revalorización se la come el Estado con el IRPF, lo único que le va a quedar al trabajador jubilado es comprobar cómo los ingresos mensuales en su cuenta se han quedado más pequeños que el año pasado.

También puede llegar a entenderse (si se explica debidamente, claro) que se retrase dos años la edad de jubilación ante la creciente descompensación entre el número de trabajadores en activo y el número de trabajadores jubilados (cada vez hay más de estos últimos y menos de los primeros); claro, que la solución a esa descompensación también podría venir por la vía del fomento de la natalidad, algo que evitaría que, dentro de unos años, se proponga un nuevo retraso hasta los 70 años. Y si a la ausencia de explicaciones y a las alternativas que existen a esa medida unimos el hecho de que España no está entre los países con la edad de jubilación más temprana, nos econtramos con una propuesta que parece responder más a un guiño hacia los liberales y siempre críticos poderes económicos europeos y mundiales, que fueron los únicos que aplaudieron la propuesta, que a una medida para garantizar las pensiones futuras.

Y lo que no se entiende nada es la propuesta de aumentar de 15 a 25 los años tenidos en cuenta para el cálculo de las pensiones futuras; si España es uno de los países desarrollados con los salarios más bajos, las pensiones serán, en consecuencia, también de las más bajas. Es toda una incógnita lo que se espera conseguir con una rebaja más al incluir en los cálculos las nóminas de 25 años atrás, aunque la sensación que dan estas propuestas es que se están asumiendo las mismas teorías económicas que se pretenden aplicar en otros países con salarios y pensiones que no tienen nada que ver con las que tenemos los españoles.

Y para finalizar, un último inciso relacionado con nuestro nivel salarial y con el título de esta entrada; para relanzar la sagrada competitividad empresarial española, los siempre ingeniosos gurús liberales proponen, un día sí y el otro también, que nuestros salarios deben bajar hasta un 10%. Curiosas teorías las de estos señores, que sólo saben meter mano al bolsillo de los trabajadores; porque digo yo, que si los trabajadores ya tenemos los salarios por los suelos si los comparamos con otros países desarrollados, las causas de esa supuesta baja competitividad empresarial española habrá que buscarlas en los bolsillos de otros, ¿no creen?

SGAE: ¿Quién roba a quién?

2009-12-03T02:12:00.001+01:00

No acabo de entender muy bien a dónde se quiere llegar con tanta acusación de piratería a diestro y siniestro.

Si me compro un CD virgen me cobran un canon (impuesto por la SGAE y toda su troupe) porque me consideran (de antemano, por su cara bonita) un pirata; pues bien, si lo soy y además ya me multan por anticipado por serlo, lo que no voy a hacer es poner cara de pardillo y dedicar mis CDs (vírgenes además de piratas) a copiar fotos que he hecho yo con mi cámara. Lo que voy a hacer, pirata de mí, es instalarme un programa de P2P y actuar como lo que soy.

Ahora saldría el enteradillo y me diría que se puede solicitar que te devuelvan el canon si utilizas tus CDs para otras cosas que no sean la piratería. Pues no. El tiempo que necesito para hacer la solicitud también vale dinero (bastante más que el canon de un CD); además, me pedirían mi CD como medio de prueba y me harían pagar a mí los gastos de envío, y para devolvérmelo me volverían a cobrar los portes. Que no, que no. Que si ellos dicen que yo soy un pirata, lo asumo y en paz.

Pero no contentos con que ejerza esa mi segunda profesión (la de pirata) con los CDs (y cuando digo CDs incluyo, por supuesto, a los DVDs), también me multan con el canon cuando compro un disco duro, una grabadora, un reproductor y hasta una televisión. Pues nada, hombre, a actualizarse toca en materia de tecnología: también tengo que descargarme programas pirata para poderlos instalar en mi disco duro, tengo que utilizar la grabadora para hacer más copias piratas y repartirlas (gratis total, por supuesto) entre mis amistades y tengo que buscar los cables necesarios (¿también incluyen el canon?) para que el reproductor de DVD y la televisión estén debidamente conectados a la grabadora o al disco duro… En fin, que al final me van a convertir, a base de multas preventivas, en todo un pirata.

Claro, que ahora, además de repartir el carnet de pirata para todos los compradores de tecnología de España (además de multarles preventivamente), quieren también ejercer de censores con licencia para cerrar páginas molestas según sus particulares criterios económicos. ¿Pero saben estos señores que las páginas que han de cerrar están alojadas en discos duros a los que, preventivamente, ya les han otorgado (¡¡¡ellos mismos!!!) la licencia (¡¡¡cobrada por ellos mismos!!!) para contener copias piratas?

Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay algo que falla. O la piratería está prohibida (y se prohíbe cobrar un canon por algo que está prohibido) o no lo está (y me siguen acusando y multando preventivamente por pirata y, en consecuencia, me dejan ustedes ejercer esa segunda profesión en paz), pero todo a la vez no cabe en ninguna cabeza que no esté afectada irremisiblemente por una avaricia sin límites.

Yo les propongo algo. Soluciones concretas. Cuando ustedes ponen a la venta una película en DVD a 40 € por copia, no pongan a la venta un disco de música con DVD incluido a 20 € por copia ni un disco de música (sin DVD) por 18 €, porque a mí eso me produce una extraña sensación de estar siendo estafado. O un DVD vale 40 € (como el de la película) o vale 2 € (como el del disco de música); y por la misma regla de tres, o un disco de música vale 18 € (como el que no incluye DVD) o no vale ni un euro (como el que incluye un DVD a mitad de precio que la película).

Ya, claro, que es que hay discos de música y discos de música y hay películas y películas. Claro, por eso en mi colección de CDs (comprados, mal que me pese) tengo algunos que sólo aprovecha una canción, o por eso al salir del cine te devuelven el dinero si la película ha resultado ser un auténtico bodrio.

Que no, señores, que no. Que ustedes han estado cobrando fortunas a cambio de mierdas (y sin derecho a devolución) y ahora que nadie quiere pagar por cagarrutas, ¿se enfadan? Una mierda con dolby surround y con sonido envolvente sigue siendo una mierda, igual que una mierda grabada en unos estudios del Polo Norte sigue siendo también una mierda.

¿Que no les gusta que veamos la mierda antes de que nos cobren por ella? Bueno, pues no fabriquen ustedes mierda y no hagan que nosotros, sus sufridos consumidores, nos sintamos estafados y sin derecho a nada cuando nos hacen pagar fortunas por productos de pésima calidad.

¿Lo van pillando? ¿Quién es el pirata? ¿Quién roba a quién?

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

2009-12-03T00:06:00.001+01:00

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

La dignidad del ciudadano de a pie

2009-11-29T09:02:00.001+01:00

El jueves se publicó un Editorial conjunto en doce periódicos editados en Cataluña bajo el título “La dignidad de Cataluña” que ha causado un gran revuelo social y mediático; ni me gustó el tono ni me gustó el momento, pero fue una respuesta más que previsible.

La caverna mediática, harta de insultar, presionar, vilipendiar, deslegitimar y atacar en días anteriores al Estatut, a Cataluña, a los catalanes y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, no tardaron en salir en manada en mensajes televisivos, radiados y escritos… ¡¡¡en defensa del Tribunal Constitucional!!!

No voy a hacer ahora una recopilación de las barbaridades que Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos y otros periodistas de la misma tribu han dejado plasmadas, en papel o en las ondas, respecto a la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar una decisión sobre la constitucionalidad o no del Estatut (las hemerotecas hablan por sí solas).

Esos periodistas cavernícolas saben perfectamente que el editorial conjunto no es más que la respuesta a sus anteriores desmanes; es la reacción legítima de una sociedad y de una opinión maltratadas sin escrúpulos con editoriales, columnas y artículos manipuladores y generadores de odio hacia esa sociedad que ahora ha respondido. Esos cavernícolas saben perfectamente que ese editorial conjunto no es más que la respuesta que intenta equilibrar las presiones de los cavernícolas sobre el Tribunal Constitucional.

Pero con el editorial hay otro problema. Si el Tribunal Constitucional ya estaba completamente deslegitimado para la opinión pública que sigue habitualmente a los cavernícolas, ahora también lo está para gran parte de los catalanes. Deslegitimado para unos y deslegitimado para otros, sea cual sea el resultado de la próxima sentencia no va a ser aceptada por ninguna de las dos partes; ese va a ser el único resultado al que van a contribuir unos y otros con sus presiones y sus deslegitimaciones.

¿Y qué hacemos el resto de ciudadanos que consideramos que los miembros del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por sus conocimientos jurídicos siguen teniendo esos conocimientos por los que fueron elegidos? Porque por mucha batalla mediática que haya por deslegitimar al Tribunal Constitucional, sus miembros lo siguen siendo por sus conocimientos jurídicos.

El resto de ciudadanos podemos optar por unirnos a la deslegitimáción del Tribunal Constitucional (esta es la opción más cómoda, puesto que así les damos la razón a unos y a otros), por descojonarnos ante las rabietas de ambas partes al dictarse la sentencia (también es una opción cómoda, y además la risa es más saludable que la indignación) o por decirles a ambas partes que dejen trabajar al Tribunal Constitucional y que dejen de utilizar su deslegitimación para preparar a sus fieles ante una sentencia que no les va a dar la razón al 100% ni a unos ni a otros.

Hubiese sido todo un triunfo para la democracia que la aprobación del Estatut hubiese servido para abrir un debate en la sociedad acerca de sus propuestas más conflictivas; pero con la caverna encerrada en su cueva dando continuos alaridos ha sido misión imposible. Y al final, alaridos desde la cueva y alaridos desde fuera de la cueva.

Triste realidad la de esta España que nos ha tocado vivir.

El aborto como crimen

2009-11-27T11:44:00.001+01:00

Tras casi 25 años de la despenalización del aborto en determinados supuestos, y sin que los Gobiernos de izquierda y de derecha con mayorías absolutas hayan puesto en duda dichos supuestos (por lo que entiendo que hay una amplia aceptación social en los casos recogidos por la Ley), he de reconocer que me choca encontrarme con personas que, a día de hoy, no aceptan el aborto ni tan siquiera cuando estamos ante un embarazo provocado por una violación (uno de los supuestos en los que abortar está despenalizado); haciendo juegos malabares con los daños morales de la mujer violada, acaban concluyendo que esa mujer, víctima de un crimen, está obligada a cargar al menos nueve meses (si no toda la vida) con el fruto de su violador. Pocas veces veremos (por no decir nunca), en legislaciones democráticas avanzadas, que una víctima deba ser castigada con obligaciones por el delito de su agresor; pero la moral cristiana (y la religiosa en general) es capaz de eso y de mucho más.

A la hora de discutir del aborto con algún antiabortista, recurrir habitualmente a este caso extremo del aborto por violación es el camino más directo para que reflexionen sobre la crueldad a la que lleva esa moral religiosa que poco o nada tiene que ver con lo que se sabe, en pleno siglo XXI, del desarrollo del feto y de sus distintas etapas vitales; es el eterno retorno eclesiástico (tan cristiano) a la caza de brujas y a la quema de herejes, que acaba habitualmente con una condescendiente absolución caritativa de un crimen cometido por la violada que acaba por abortar (curiosamente, hay muy pocos antiabortistas que condenarían a una mujer violada por abortar), clara manifestación de que la hipocresía sigue siendo la única vía que pueden seguir los cristianos ante la enquistada inoperancia eclesial ante los avances en el conocimiento médico-científico. La única solución cristiana moralmente válida al aborto de una mujer violada es, cómo no, mirar hacia otro lado, aunque la mujer sea considerada una asesina infanticida.

El gran problema de los antiabortistas es que no pueden reconocer ninguna excepción al aborto como crimen, puesto que reconocer alguna excepción (aunque se trate de la más vil y cruel de las violaciones) desmoronaría por completo todo el castillo de naipes en el que se fundamenta su concepción del aborto.

El feto, según la visión antiabortista, tiene vida propia (humana) desde el mismo momento de la fecundación; esa vida propia no tiene una base científica o médica, sino que viene determinada de antemano por las Sagradas Escrituras: Dios crea y da vida, por lo que, desde el mismo momento de la existencia de un embrión, existe un alma. Poco importa que esa alma sea un cúmulo deforme de células sin brazos, sin corazón, sin cerebro o sin sensaciones: Dios lo ha creado y la mujer, violada o no, no tiene más opción que resignarse y asumir el destino divino.

Sin embargo, científicamente está demostrado que el feto (que es embrión hasta las ocho semanas) no desarrolla un sistema nervioso (es decir, no tiene sensaciones, ni dolorosas, ni placenteras, ni de ningún otro tipo) hasta la 16ª semana, cuando se desarrolla el primero de los cincos sentidos: el tacto. El feto pesa entonces 120 gramos.

Aunque lo que diga o deje de decir la ciencia no les interesa lo más mínimo a los antiabortistas, ante la imposibilidad de demostrar el sufrimiento físico (como el que pudiera tener cualquier ser vivo) del embrión o del feto, los antiabortistas acuden raudos a las, según ellos, extraordinarias secuelas físicas en la mujer, trasladando datos de principios de los 70 a la actualidad (cuando ni tan siquiera se requiere intervención quirúrgica para abortos practicados hasta el 2º trimestre de gestación) o extrapolando técnicas abortivas que sólo se practican en los estados de gestación más avanzados (como la histerotomía o la histeroctomía) a la totalidad de las distintas etapas del embarazo; a esta serie de burdas manipulaciones le suelen acompañar leyendas urbanas acerca de la mayor propensión a contraer cáncer de útero si se ha practicado un aborto o relatando crueles, sangrientas y mortales operaciones abortivas que resultan ser mezclas de distintas historias, todas ellas ajenas a los centros médicos y algunas, incluso, de hace décadas.

En esta ocasión es la propia realidad la que pone a cada uno en su sitio, puesto que no existen complicaciones en más del 99% de los abortos practicados, mientras que la tasa de mortalidad es inferior al 0,001%.

La huida hacia adelante de un antiabortista ante este baño de realidad pasa, indefectiblemente, por recurrir a los daños morales de la embarazada; en este caso, el principal problema reside en que un antiabortista nunca acepta los daños morales que puedan resultar de la obligación de una mujer violada de llevar en su seno el fruto de su propia violación. El Fundamento Jurídico 11º de la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, en la que se trató el Proyecto de Ley para despenalizar el aborto, sirve perfectamente para explicarle a un antiabortista la aberración (tanto jurídica como moral) a la que aboca esa extraña moralidad:

«La gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.

Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución». Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, Fundamento Jurídico 11º.

Finalmente, y por no alargar más este artículo (aunque haya materia de sobra para alargarlo), siempre habrá quien apele a una parte de la ciencia para intentar justificar su argumentación; es el caso, por ejemplo, en el que se alude al ADN como portador de la vida (en lo que aparenta una especie de equiparación entre el alma y el ADN). Existe un serio problema al respecto, puesto que el ADN (toda la información genética) que formará el feto ya está presente tanto en los óvulos que cada 28 días son asesinados por las mujeres en edad de procrear como en los miles de millones de espermatozoides que son exterminados todos los días en nuestro país; y es que no podemos olvidar que, para evitar que la sociedad civil, a través de consideraciones religiosas, caiga en el más absoluto de los absurdos, el propio Código Civil sólo otorga la condición de persona al feto nacido con figura humana y que sobreviva más de 24 horas fuera del seno materno.